Introducción

Con pocas excepciones, la literatura sobre las “nuevas derechas” latinoamericanas abordó tangencialmente a las centroamericanas (Bolcatto y Souroujon, 2020; Goldstein, 2024; Rovira Kaltwasser, 2024; Muggenthaler et al., 2020, entre otros).¹ La irrupción de Fabricio Alvarado en Costa Rica (2018) y el triunfo electoral de Nayib Bukele en El Salvador (2019), considerados derechas populistas radicales o ultraderecha (Luna y Rovira Kaltwasser, 2021; Treminio Sánchez y Salas Naranjo, 2021; Meléndez-Sánchez, 2023) atrajeron la mirada hacia el centro de América, pero muy poca atención se prestó a las derechas gobernantes de Guatemala, una de las más radicalizadas del Istmo.

Este texto reflexiona sobre las derechas posneoliberales que gobernaron Guatemala entre 2016 y 2024, a través de los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS), ambas fuerzas derrotadas en las elecciones de 2023 por el Partido Semilla, pero aún activas y con poder en las instituciones del Estado. El adjetivo “posneoliberal” –provisorio–no tiene otro sentido que el de indicar el contexto de emergencia de estas fuerzas que corresponde a una etapa de desmoronamiento del orden neoliberal de posguerra y de apertura aún indefinida hacia nuevos ordenamientos sociales.

Hablar de partidos políticos en Guatemala requiere una consideración inicial dado que hay quienes sostienen, por ejemplo, que Guatemala es una sociedad “sin partidos en sentido estricto” y que las nuevas derechas deben buscarse en actores del espectro conservador económico o social (Alvarado, 2014). Desde la transición al régimen democrático, no obstante, la forma de acceso al poder político es a través de los partidos políticos. Su poca institucionalización, sin embargo, estructuró un sistema de partidos caracterizado por su inestabilidad (Sánchez, 2008).

Progresivamente, el sistema se fue convirtiendo en lo que Briscoe y Rodríguez Pellecer (2010) llamaron un “mercado político”. Un sistema marcado por personalismos, líderes presidenciables y redes políticas que se mueven de un partido a otro trasladando su “capital electoral” sin costo político. Las elecciones más que representar diferentes alternativas ideológicas se constituyen en disputas de intereses de grupos rivales de poder que financian las campañas.² Casi todos los partidos son de derecha. En Guatemala, a diferencia de Nicaragua y El Salvador, la derrota temprana de la insurgencia y la debilidad resultante de los partidos de izquierda hicieron innecesaria la unidad de las derechas (Martí i Puig, 2020, p. 643) y su organización en partidos políticos fuertes. Más que estudiar a los partidos políticos, en tanto estructuras organizativas e ideológicas, en este texto estudiamos las fuerzas sociales y económicas de derecha que, a través de FCN-N y VAMOS, gobernaron el país durante 2016 y 2024, asumiendo que la derecha es la posición política que expresa a las clases dominantes, pero que crecientemente ha ido cooptando a considerables hombres y mujeres de las clases subalternas (Ansaldi, 2022, p. 127).

Los análisis de estas fuerzas políticas, en su mayoría, se han centrado en describirlas en el marco de lo que popularmente se conoce como “pacto de corruptos”, una alianza que surge en 2018 en función de sus objetivos de “control de las instituciones de contrapeso y equilibrio democrático para proteger estructuras criminales, de corrupción y poder que controlan el Estado” (El Observador, 2020, p. 4). Sin embargo, las prácticas que caracterizan al “pacto de corruptos” se encuentran vigentes en el sistema político guatemalteco desde tiempo antes.

En 2006, Luis Mack caracterizó los partidos políticos como “redes de inclusión” que utilizan el marco institucional-legal de manera sistemática para esconder acuerdos coyunturales, intereses particulares y redes clientelares que debilitan a la institucionalidad legal (Mack, 2006, p. 16). Una práctica política clientelar, excluyente y autoritaria que caracterizaba no solo a los partidos políticos, sino a todos los actores sociales relevantes. Por ello, la estrategia política más recurrente es la política de pactos y acuerdos coyunturales, ya que se basan en la correlación de fuerzas y no en la capacidad de mediación institucional (Mack, 2006, p. 17). Lo que diferencia al “pacto de corruptos” es su reacción violenta ante los intentos de quebrar la impunidad con que se mueve, el cinismo y lo explícito de esa alianza. No obstante, las derechas posneoliberales son más que un pacto entre corruptos.

Así las cosas, en este trabajo buscamos reconectar la forma de ejercicio del poder de estas derechas con el conflicto social y político, es decir, con el enfrentamiento de grupos o clases en una coyuntura histórica concreta, la cual se abre a partir de la crisis de 2015. Pretendemos, en el devenir, reflexionar sobre el vínculo de estas derechas con la “democracia”, asumiendo la historicidad del fenómeno, dimensión necesaria para analizar acabadamente a los actores y la coyuntura.

En función de este objetivo, recurrimos a una de las proposiciones de Waldo Ansaldi (2022) para estudiar a las derechas latinoamericanas “en su concreta manifestación”, “en una situación histórica precisa […] pero inserta en la larga duración”: trabajar con la distinción entre la “lógica de la guerra” y la “lógica de la política”, en cuya delimitación se pone en juego una forma de concebir la conflictividad social y política. La lógica de la guerra alude a una comprensión del conflicto en términos excluyentes de amigo-enemigo. El enemigo es un objetivo para aniquilar física o simbólicamente.

La lógica de la guerra concibe lo social como unidad, negando la diversidad y, por tanto, la conflictividad inherente a lo político. Así planteado el conflicto, la violencia se erige como principio central de la acción política. La lógica de la política, en cambio, implica el reconocimiento y la práctica de una condición clave de la política, la de ser un espacio de conflictividad. Lo social, bajo esta lógica, es concebido como diversidad. El otro no es tanto un enemigo cuanto un adversario. La lógica de la política supone la existencia y el acatamiento de una legalidad que regule los intercambios políticos en términos de competencia (Ansaldi, 2022, pp. 138-139).

Ansaldi hace hincapié en que apelar a la lógica de la política no significa concebirla como una práctica carente de lucha, todo lo contrario. Ambas lógicas no son mutuamente excluyentes. En su análisis, la lógica de la guerra se asocia, en términos gramscianos, a la dominación, y la de la política a la hegemonía. Vale recordar que ambos términos, dominación y hegemonía se vinculan a los mecanismos y formas de ejercicio del poder político para garantizar la reproducción de la dominación de clase. Mientras el dominio refiere al uso de mecanismos coercitivos, la dirección o hegemonía se asocia a los mecanismos de la sociedad civil a través de los cuales se consigue obtener el consenso activo de los dominados.

En lo que sigue buscaremos argumentar que lo característico de las derechas posneoliberales remite, por un lado, al abandono de cierto margen de lógica política que mantuvieron las derechas neoliberales –sobre lo que volveremos a lo largo del texto– y a la generalización de una lógica de guerra cuyo germen, no obstante, se encuentra en el ciclo neoliberal. Vale la pena aclarar que la lógica de la política se vincula con la democracia, pero no son términos equivalentes. Plantear que la acción de una fuerza política es guiada por una “lógica de la política” en el marco de su proyecto de construcción hegemónica no implica que esa fuerza sea, en esencia, democrática. Por otro lado, la “lógica de la guerra” (y la violencia como práctica) y la democracia como régimen político no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, en un régimen democrático la lógica de la guerra puede coexistir con la lógica de la política solo a costa de su subordinación.

En Guatemala, la generalización de una lógica de guerra conlleva la extensión de la práctica de criminalización empleada contra la protesta socioambiental hacia los demás ámbitos de conflicto que emergieron en el marco de la crisis del orden neoliberal de posguerra y, específicamente, de la crisis política de 2015: en las instituciones democráticas y el sistema de justicia, los ámbitos de poder político, la educación, la sexualidad, las identidades y las formas de familia. Es decir, la generalización de la lógica de guerra se vincula con una reacción-rechazo a las demandas de ampliación de la democracia y, aún más, pone en cuestión los sentidos mínimos que la democracia tiene en el país desde la firma de los Acuerdos de Paz (1996). La democracia –aún en su sentido restringido de régimen político– se sustenta en el reconocimiento del conflicto. El régimen democrático implica la existencia de mecanismos establecidos para la lucha por el poder los que, junto a la idea de igual jurídica establecida en la ley, habilitan la lucha por la igualdad de hecho. En concreto, habilitan la disputa por el poder y por los sentidos y contenidos de la democracia. La generalización de una lógica que busca anular la conflictividad inherente a la política resulta en la negación de la democracia en su sentido mínimo de democracia política.³

Nuestra argumentación se apoya teórica-epistemológicamente en la sociología histórica, hibridación de disciplinas que buscar “entender la relación entre actividad personal y experiencia, por un lado, y la organización social, por otro, como algo que es construido continuamente en el tiempo” (Abrams, 1982, p. 16). El tiempo es una dimensión fundamental de toda interpretación social, pero no como mero “contexto”, sino como constituyente de lo social, como “coeficiente histórico” de la una sociedad (Sztompka, 1995). Desde esta perspectiva, usamos el concepto de derecha para referir a una identidad o posición política que se define de manera histórica y relacional en el marco del binomio que forma con la izquierda.

Norberto Bobbio señaló que “el hecho de que derecha e izquierda representen una oposición quiere decir simplemente que no se puede ser al mismo tiempo de derecha e izquierda. Pero no quiere decir nada del contenido de las partes contrapuestas” (Bobbio, 1995, p. 129). Como señaló tempranamente José Luis Romero, las derechas asumen posiciones variables en función del “juego de situaciones reales y de controversias en el que surge y se desarrolla” (1970, p. 11). No obstante, la historia concreta del fenómeno permite plantear que hay algunos aspectos permanentes que permiten distinguir la derecha de la izquierda. Según la clásica definición de Bobbio (1995) es la actitud frente al binomio igualdad/desigualdad.

En América Latina, las identidades de derecha se vincularon históricamente con “una serie acumulativa de rechazos concretos a innovaciones políticas, sociales, económicas, jurídicas o culturales de carácter igualitario o inclusivo que son percibidas como una desposesión” (Morresi, 2021, p. 6). Así pues, asociamos la derecha al conservadurismo valórico, a la defensa de las desigualdades sociales y a la permanencia de las relaciones sociales capitalistas (Ansaldi, 2022, p. 127). En la región, los actores de derechas han sido, además, particularmente autoritarios. En Guatemala, llevaron al Estado al despliegue inusitado de violencia.

El texto desarrolla su objetivo a partir de este enfoque que contempla la historicidad de las derechas, razón por la cual la caracterización de la forma de ejercicio del poder de estas fuerzas políticas se lleva a cabo a partir de ubicarlas en el entramado social que emerge desde la crisis de 2015, pero contemplado en la coyuntura de mediana duración que se inicia a partir de los Acuerdos de Paz y que parece estar culminando en el presente. A la vez, el texto reflexiona en una temporalidad más larga, la cual se inicia en el marco de la guerra fría latinoamericana. La argumentación se construye a lo largo de cuatro apartados. En el primero, trabaja la emergencia de las derechas posneoliberales que se expresan políticamente en el FCN-N y VAMOS, las bases o las alianzas sociales que las constituyen y la forma de acceso al gobierno, de manera que se inscribe este proceso en el entramado socioeconómico y el sistema político resultante de la crisis del orden neoliberal posguerra y específicamente de la crisis de 2015.

En el segundo apartado se analiza la forma de ejercicio del poder de estas derechas, junto con los puntos más visibles de conflictividad social y política en el período 2015-2024. Se argumenta en torno a la idea de generalización de una lógica de la guerra anclada en la criminalización de la protesta, cuyos orígenes se remontan al ciclo neoliberal. La noción de generalización remite a una profundización de una práctica o dispositivo, con lo cual el apartado pretende marcar líneas de continuidad respecto de las derechas neoliberales. El análisis no persigue un abordaje profundo del dispositivo de criminalización, sino estudiar su vinculación con “el juego de situaciones y de controversias”, en el cual esa práctica se generaliza, y reflexionar sobre su novedad en relación con la forma de ejercicio del poder en el ciclo histórico neoliberal.

En el tercer apartado avanzamos con una pregunta en torno a la historicidad del fenómeno o, en otros términos, profundizamos en el “coeficiente histórico” de las derechas guatemaltecas. En este apartado analizamos el proceso de generalización de la lógica de guerra como una reactualización o revitalización de una tradición de las derechas guatemaltecas vinculada a la democracia que se reactiva de diversas maneras en las llamadas “democracias de fachada”, en la “democracia contrainsurgente” y en la “democracia neoliberal”.⁴ Por último, retomamos algunos puntos que consideramos centrales para el estudio de las derechas en Guatemala a modo de reflexiones finales.

La emergencia de las derechas posneoliberales: 2015 y la crisis del orden de posguerra

La crisis política de 2015 desatada a partir de la publicidad de un escandaloso caso de corrupción conocido como “La Línea” fue el escenario inmediato de reconfiguración de las fuerzas políticas en Guatemala. El caso investigado por la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) daba cuenta de la existencia de redes político-económicas ilícitas que, según la comisión, habían “capturado al Estado” (CICIG, 2019) y en las que estaban implicados el presidente Pérez Molina y su vicepresidenta, grandes empresarios y políticos. La pesquisa generó protestas masivas inéditas en la historia reciente del país y la repolitización de varios sectores sociales que transformaron la escena política de Guatemala.

El 2015, no obstante, no puede comprenderse por fuera de una crisis de magnitudes más amplias: la crisis del orden neoliberal de posguerra.⁵ Un orden construido a partir de la “implantación democrática”,⁶ un Estado débil en términos de su penetración territorial y sus “capacidades estatales”⁷ y una economía desregulada y transnacionalizada orientada a las exportaciones de nuevas actividades extractivas, servicios, finanzas, el turismo y la industria maquiladora (Segovia, 2021) en sintonía con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe de la administración Reagan, luego Plan Puebla Panamá y Plan Mesoamérica. Un esquema de acumulación que requiere el acceso y la apropiación de los recursos de la naturaleza y de la fuerza de trabajo en el marco de lo que AVANCSO denomina el quinto ciclo extractivo o ciclo de despojo capitalista (AVANCSO, 2020).⁸ Un orden excluyente con consecuencias desastrosas en términos sociales: a nivel laboral, se borraron los límites entre la formalidad y la informalidad laboral; creció el autoempleo de subsistencia y el desempleo estructural.

La tierra y la propiedad comunal pasaron a ser objeto de conquista –en tanto eje central de acumulación de capital– hasta el despojo. Aumentó la violencia común, la violencia patriarcal y la violencia homicida, se expandieron las maras, las extorsiones y el sicariato. La migración internacional y las remesas se erigieron en el costado B del nuevo proceso de inserción internacional del país, a tono con el espíritu globalista de la burguesía neoliberal guatemalteca de posguerra. Si en sociedades con tradición democrática liberal, el neoliberalismo implicó un proceso de vaciamiento de la democracia (Brown, 2016), en Guatemala construyó una democracia limitada a sus sentidos básicos de democracia electoral la que, si bien permitió inicialmente cierto “desarrollo democrático” estimulado por el contexto de posguerra, rápidamente aumentó las desigualdades en todos los aspectos de la vida social y la consecuente asimetría de poder, violencia social y represión.

Hacia el primer lustro del siglo XXI, dicho orden empieza a ser cuestionado. Para entonces, la democracia, largamente deseada, comenzaba a ser una desilusión para la población guatemalteca. Según Latinobarómetro el apoyo a la democracia en Guatemala que era de 54 % en 1998 se reduce a 31 % en el 2007. En términos de política institucional, la crisis neoliberal se manifestó con el triunfo del entonces partido de centro izquierda Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de la mano de Álvaro Colom (2008-2012) quien se integró tímidamente a la llamada “marea rosa centroamericana” (Cannon y Hume, 2012). Colom tocó algunos puntos neurálgicos del orden neoliberal de posguerra y el statu quo vigente. Concretamente, instaló como tema de agenda pública la redistribución de ingresos, la corrupción y la impunidad ligada al genocidio.⁹ Aunque fueron tímidos esfuerzos, bastaron para despertar de su breve sueño de posguerra al anticomunismo devenido para la ocasión en antipopulismo.¹⁰

A un año de gobierno, la gestión de Colom tambaleó ante el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y la circulación de una grabación posmortem en la que el abogado acusaba al presidente de asesinarlo. Una masiva “marcha blanca” pidió su renuncia. La rápida investigación de la CICIG –recientemente en funcionamiento– demostró que la acusación era falsa y que el abogado había pagado por su propia muerte. Ello permitió la continuidad del gobierno de Colom, pero eliminó sus facetas más transformadoras. Las características del modelo económico se mantuvieron e incluso profundizaron. Un modelo que, según Alexander Segovia (2021), heredó del viejo modelo agroexportador tradicional su carácter depredador, ineficiente, concentrador y excluyente, con el agravante de que es menos productivo, genera menos crecimiento y concentra aceleradamente la riqueza en pocas manos. La crisis social y el deterioro de la situación socioeconómica y ambiental no se resolvió, sino que se profundizó hasta configurar la actual crisis multidimensional que atraviesan el país y la región. En ese escenario se produjo la crisis política de 2015.

Uno de los acontecimientos regionales más significativos para el proceso que analizamos fue el golpe de Estado en Honduras en 2009. Este “golpe blando” envalentonó a las derechas locales en un contexto internacional que –como consecuencia de la crisis económica mundial de 2008– viraba progresivamente hacia formas autoritarias de dominación política (Brown, 2020; Traverso, 2021, entre otros). En ese entramado, no obstante, los partidos de derecha neoliberal que habían hegemonizado el proceso político posfirma de la paz, entraron en rápida descomposición. El Partido de Avanzada Nacional (PAN) expresión directa de la burguesía modernizante de los ochenta y noventa (Casaús Arzú, 1992) y partido de gobierno entre 1996 y 2000 cambió su fisonomía al quedar en manos de los sectores medios provenientes de las secretarías departamentales. La Gran Alianza Nacional (GANA), forma-da en 2004 a partir de la unión de la derecha empresarial ligada a la gran burguesía transnacionalizada frente a la candidatura del militar Efraín Ríos Montt, se fracturó hasta la atomización. A poco de iniciar su período de gobierno (2004-2008) la GANA quedó reducida al PSN y surgieron varias formaciones partidarias menores, entre ellas el Partido Patriota (PP).¹¹

Para las elecciones de 2011, la UNE no pudo obtener su reelección. Un fallo del máximo tribunal logró la proscripción para la candidatura presidencial de Sandra Torres,¹² cofundadora de la UNE y administradora de los programas sociales de la gestión de su marido, Álvaro Colom. Esto sucedió en el marco de una campaña rabiosa contra el “populismo” de Torres que inauguró lo que popularmente se conoce como “sandrofobia”. De tal forma, se abrió el camino al líder del emergente Partido Patriota (PP), general retirado Otto Pérez Molina –favorito en las encuestas junto a Sandra Torres– quien aprovechó la ola de violencia que sacudía la ciudad capital para conquistar a la población con el eslogan “mano dura” y una campaña millonaria. Su triunfo implicó el retorno al poder del Estado de un sector de la oficialidad militar vinculada a la contrainsurgencia y, por ende, de las viejas estructuras criminales aliadas –en democracia y paz– tanto al capital tradicional como al emergente.¹³

El gobierno del PP, no obstante, duró menos de lo esperado. La movilización popular desatada ante el caso de corrupción “La Línea” condujo a la renuncia del presidente y la vicepresidenta y al desenlace de una aguda crisis política. La crisis agravó la pérdida de legitimidad del sistema político y del orden neoliberal construido a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. Se activaron varios sectores sociales, especialmente urbanos, proliferaron liderazgos jóvenes y surgieron decenas de colectivos y organizaciones. La publicidad y juzgamiento de hechos de corrupción, en línea con la “política anticorrupción” estadounidense para la región, comenzaron a ocupar un gran espacio en la agenda política agudizando el malestar social. La corrupción se instaló como eje central de debate e irradió desde Guatemala a toda la región centroamericana.

Esta amplia crisis fue el escenario de reestructuración de las estructuras políticas partidarias. A la izquierda de las existentes, emergieron el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) –vinculado al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y a la defensa del territorio, con el objetivo de avanzar hacia un Estado Plurinacional– y el Movimiento Semilla, vinculado al mundo intelectual y estudiantil, más urbano, con propuestas de restauración democrática y anticorrupción. A la derecha del espectro, en paralelo a la descomposición de los partidos de derecha neoliberal, se fortaleció el Frente de Convergencia Nacional (FCN-N) creado en 2008 y se creó Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) en 2017, dos partidos que representan a fuerzas políticas de derecha posneoliberal, y que alcanzaron sucesivas presidencias con Jimmy Morales (2015-2020) y con Alejandro Giammattei (2019-2024).

En la creación del FCN-N se vieron implicados ex militares del ala dura vinculados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) como José Luis Quilo Ayuso y Luis Felipe Miranda Trejo, a la “Fundación contra el Terrorismo”¹⁴ y empresarios y políticos de extrema derecha, algunos vinculados con escuadrones de la muerte de los años sesenta. Luego de su victoria electoral con la fórmula Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, el partido se convirtió en “una enorme recicladora de políticos. Personajes desgastados, “huérfanos”, sin agrupación legislativa, infidentes, antiguos operadores de partidos hoy desaparecidos como Libertad Democrática Renovada (Lider) o el Partido Patriota (PP), encontraron en FCN-Nación un refugio” según expresa el equipo de No Ficción (2019). Varias de esas personas buscaban inmunidad para protegerse en los diversos casos judiciales generados por la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Todas mantenían un discurso marcadamente conservador, religioso, en contra de los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual y el feminismo.

VAMOS es un partido hecho a la medida de su creador, Alejandro Giammattei, originario de una familia católica ultraconservadora, ligada al sector cafetalero y al poder político más conservador y reaccionario. El partido se basó en la estructura de GANA y se integró, además, por empresarios conservadores y militares vinculados a la contrainsurgencia.¹⁵ Giammattei reclutó figuras de los múltiples partidos por los que pasó a lo largo de su vida política y en poco tiempo VAMOS se convirtió en una fuerza con presencia territorial en el país. Ganó la presidencia en 2019 junto al Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Guillermo Castillo.

Sus gobiernos representaron nuevas alianzas sociales que involucran actores emergentes y otros secundarios o relativamente marginados del poder político durante el ciclo neoliberal, pero con creciente poder económico y social: políticos vinculados a la burguesía tradicional conservadora, militares retirados, religiosos y sectores económicos emergentes legales e ilegales. En esta reestructuración de las fuerzas políticas, la gran burguesía modernizada y transnacionalizada que hegemonizó el proceso político posfirma de la paz, sigue siendo un actor clave en la determinación de la política económica y dentro del régimen de dominación en general, pero ya no es el eje principal sobre el que gira la acción política de las derechas posneoliberales.¹⁶

La oportunidad del FCN-N llegó en el marco de la crisis política de 2015. Para gestionar y controlar la crisis, el gobierno de transición convocó a elecciones en las cuales el FCN-N llevó como candidato al cómico televisivo y evangélico, Jimmy Morales quien fue presentado como “outsider”. Con el lema “ni corrupto ni ladrón” compitió contra los favoritos, Sandra Torres (UNE) y Manuel Baldizón (LÍDER) e, inesperadamente, triunfó. La campaña estuvo marcada por la acusación de actos de corrupción al partido de Baldizón por parte de la CICIG, y por una feroz campaña “antipopulista” contra Torres.¹⁷ Morales contó con el apoyo de una buena parte del sector empresarial que estaba en tensión con Baldizón y que buscaba frenar el triunfo de Torres. Alcanzó el primer lugar en la primera vuelta gracias al voto urbano, en los comicios más participativos de la historia democrática del país (71 % del padrón). En la segunda vuelta, hubo un abstencionismo del 56,32 % y Morales derrotó a Torres (Plaza Pública, 2015).

A Morales lo sucedió Giammattei (VAMOS). Su campaña, como en las otras tres en las que fue candidato presidencial, tuvo un tono religioso muy marcado y se comprometió a luchar contra la corrupción, pero se opuso a renovar el mandato de la CICIG que su antecesor había revocado. Este organismo fue el que lo acusó de participar en la ejecución extrajudicial de siete presos cuando dirigía el Sistema Penitenciario entre los

años 2005 y 2007 durante el gobierno de GANA. Causa por la cual estuvo preso. Llegó en segundo lugar al balotaje contra Sandra Torres quien lo aventajaba por medio millón de votos. Su victoria, inesperada al igual que la de Morales, se logró con apenas el 22 % del Padrón Electoral vigente para esos comicios dado que la abstención en la segunda vuelta llegó al 57.29 % del electorado. En esa ocasión contó con el apoyo de los partidos políticos presentes en el parlamento y aliados al gobierno saliente de Jimmy Morales (El Observador, 2020, pp. 3 y 5).

Durante sus gobiernos, el Estado se instituyó directamente como el promotor de alianzas entre sectores empresariales, actores y organizaciones criminales y sociedad civil, llegando a constituir lo que se denomina gobernanzas híbridas (Terán-Mantovani y Scarpacci, 2024).¹⁸ En este entramado, la corrupción es un instrumento clave de dominación a través del cual, entre otras cosas, se facilita la actividad de las organizaciones delincuenciales locales y transnacionales que formaron parte de las alianzas gobernantes.

En las elecciones de 2023, los partidos de derecha posneoliberal tuvieron un mal rendimiento y fueron sorprendidos por el triunfo del Partido Semilla con la fórmula Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera. FCN-N fue cancelado en 2024 por no haber logrado la mínima representación en el Congreso en el proceso electoral del 2023. Nuevamente, el apellido Arévalo despertó los miedos de las clases dominantes y envalentonó a las derechas posneoliberales insertas en las instituciones del Estado a redirigir sus cañones hacia Semilla.

La generalización de la lógica de la guerra

Luego de la explosión de la crisis de 2015, los actores que encabezaron la llamada “lucha anticorrupción”, particularmente la CICIG y la FECI, avanzaron con la investigación de casos e impulsaron reformas legales de las instituciones clave. La organización social y popular destrabada tras la crisis se aglutinó detrás de y sostuvo a estos actores. La “lucha contra la corrupción” adquirió su principal sentido en la idea de reconstitución del Estado y de las instituciones estatales a fin de ampliar los márgenes de la democracia en Guatemala. El centro de gravedad de la protesta, como argumenta Ricardo Sáenz de Tejada (2022) viró progresivamente hacia los pueblos indígenas y sus organizaciones y autoridades, las organizaciones feministas, las organizaciones de la diversidad y de disidencias sexuales y los colectivos de jóvenes.¹⁹ Hasta ahora, esa lucha no tiene una articulación orgánica con las luchas en los territorios a pesar de la necesaria vinculación de los procesos extractivos con la corrupción.

La reacción, sin embargo, no tardó en articularse. A medida que avanzaban las investigaciones de la CICIG y la FECI y las reformas institucionales, funcionarios y exfuncionarios, militares en situación de retiro vinculados a crímenes de lesa humanidad y aliados, empresarios de diversos niveles, grupos criminales y propietarios de algunos medios de comunicación, fueron consolidando la alianza política –iniciada durante el gobierno de Colom– y lograron el control del Estado.

Este es el escenario o el “juego de situaciones reales y de controversias” en el que actúan las derechas posneoliberales. Cuando las investigaciones de la CICIG avanzaron hasta llegar al presidente, a su familia y al “núcleo oligárquico de la clase dominante” (Sáenz de Tejada, 2022), la alianza gobernante respondió contundentemente: en 2019, Morales expulsó a la CICIG en un acto rodeado de militares donde afirmó que “Guatemala y nuestro Gobierno creen en la vida. Nuestro Gobierno y Guatemala creen en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer”.²⁰ La afirmación que irrumpió como algo, al parecer, desconectado de la CICIG, dejaba clara la alianza reaccionaria articulada en el Estado y su objetivo de mantener un orden social, cultural y económico excluyente y jerárquico percibido como en declive.

La decisión de Morales, fue copiada por los gobiernos vecinos del expresidente y narcotraficante Juan Orlando Hernández en Honduras en 2020 y de Nayib Bukele en El Salvador en 2021. Todos contaron con el apoyo del primer gobierno de Donald Trump. El proceso fue acompañado de un discurso anti “comunidad internacional”, contra la “injerencia externa”, por la “soberanía nacional”, contra la “ideología globalista”. Como resumió el candidato del FCN-Nación para las elecciones de 2019, Estuardo Galdamez “la agenda globalista, abortista, comunista y en contra de la familia que promueve hoy Naciones Unidas NO la vamos a aceptar en Guatemala”.²¹

Las derechas guatemaltecas se unen al discurso antiglobalista característico de la cuarta ola de ultraderecha en Europa fortalecida por los triunfos de Trump (2017-2021 y 2023-). Esto ocurre en un contexto de retirada de la “cooperación internacional” de Centroamérica luego de concluidos gran parte de los proyectos para las reformas de “posguerra” y en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones internacionales a la política autoritaria. Un “antiimperialismo oportunista”, según Sáenz de Tejada (2022), que rechaza la “intervención extranjera” y apela al nacionalismo cada vez que la comunidad internacional denuncia la persecución de personas, la violación de derechos humanos y la corrupción. El viraje del orden internacional hacia una “tercera ola de autocratización” (Lührmann y Lindberg, 2019), a diferencia del contexto de democratización internacional que acompañó al proceso de transición a la democracia y al auge de las derechas neoliberales, estimula a las derechas posneoliberales y preocupa por la evidencia de una creciente articulación internacional autoritaria (De Orellana y Michelsen, 2019; Goldstein, 2024).²²

A partir de la expulsión de la CICIG, se generalizó una lógica de la guerra en Guatemala que abarca todos los ámbitos de visible conflictividad: desde la disputa por la tierra, por las instituciones democráticas y el sistema de justicia, los ámbitos de poder político, hasta la educación, la sexualidad, las identidades y las formas de familia. Los enemigos están en todos lados y se construyen a partir de su identificación con el crimen. Esta generalización de una lógica bélica implica la extensión de la práctica de criminalización empleada previamente contra la protesta socioambiental hacia los demás ámbitos de protesta, organización y resistencia. En otros términos, la criminalización de la protesta socioambiental es su antecedente inmediato o, en términos foucaultianos, el dispositivo de control social que se generaliza.

Como señalamos en la introducción, las derechas neoliberales que protagonizaron el proceso político pos firma de la paz, asumieron una lógica política que involucró el respaldo a la democracia electoral y a un conjunto de instituciones que pretendían configurar un sistema de contrapeso de poderes como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General de la Nación, el Tribunal Supremo Electoral, el Procurador de los Derechos Humanos y la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Ello dio forma a un nuevo orden político en el cual, no obstante, se reactualizó la lógica de guerra a través de la problematización de la “inseguridad” que –lejos del paradigma de la seguridad democrática por entonces en boga– delimitó nuevos enemigos: “mareros”, “delincuente común”, “terroristas”.²³ La sanción de las leyes antiterroristas luego de septiembre de 2001, fue un elemento clave en esta configuración. El combate contra la “inseguridad” fue, desde la transición democrática, uno de los principales dispositivos que los partidos de derecha utilizaron para ganar elecciones en una sociedad donde la pobreza y la extrema pobreza alcanzaban a más de la mitad de la población y la violencia llegaba a niveles alarmantes.

En 2005, según señala Claudia Samayoa se dio una expansión del uso del concepto terrorista hacia el activista social y comunitario que emerge a la palestra pública resistiéndose a la profundización del modelo extractivo que los acuerdos de libre comercio estaban impulsando. El gobierno de Óscar Berger (GANA) comenzó a estructurar el dispositivo de criminalización de la protesta. Durante el gobierno de Pérez Molina ese dispositivo se fortaleció a la par del desarrollo de un nuevo ciclo de conflictividad social impulsado por la organización comunitaria y territorial en defensa del territorio y la naturaleza (Yagenova, 2017; Bastos y De León, 2014; Cadena, 2017).²⁴ Durante los años de gobierno del PP, se sumó una discursividad propia de la guerra (AVANCSO, 2020, p. 205) y la criminalización asumió su forma más acabada al imbricarse con precisión las dos dimensiones que, según Mónica Mazariegos, la componen: simbólico-discursiva y jurídico penal (Mazariegos, 2020, p. 84). En este esquema, el sistema judicial y los medios de comunicación o redes sociales se tornan instrumentos centrales.

La generalización del dispositivo criminalizador a partir del gobierno del FCN-N fue posible, en parte, por la expulsión de la CICIG. Eso permitió avanzar en el control de las instituciones de equilibrio y contrapeso del poder. Se nombró, entre otres, a María Consuelo Porra en el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público, organismo autónomo encargado de investigar los delitos de acción pública y, progresivamente, la alianza de derecha posneoliberal tomó pleno control del sistema de justicia y parte del parlamento.²⁵ Lograron articularse con medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y fundaciones como la previamente nombrada “Fundación contra el Terrorismo” que sirven de aparatos ideológicos para la construcción de los enemigos y para el hostigamiento público.

La criminalización, la represión y la violencia ilegal directa contra integrantes de las comunidades defensoras de territorios y el medioambiente se profundizaron. En 2018, Guatemala se convirtió en el país más peligroso para defender el medioambiente considerando los asesinatos per cápita (Global Witness, 2019, p. 9). Aumentaron los encarcelamientos y las persecuciones a las personas defensoras y a quienes les dan apoyo y visibilidad. Dos ejemplos que cobraron notoriedad: el de Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo maya q’eqchi’, cabeza del reclamo contra la planta hidroeléctrica OXEC, quien fue condenado en 2018 a siete años y cuatro meses de prisión²⁶ y el de Carlos Choc, periodista comunitario, quien fue hostigado, acosado y perseguido judicialmente desde 2017 por su trabajo de documentación de la contaminación del Lago Izabal y la violencia contra los pobladores de El Estor perpetradas por las fuerzas de seguridad y la empresa extractivista rusa Solway Investment Group.²⁷ A estas prácticas, se suma la creación de nuevos “Think tanks” como El Observatorio de Derechos de Propiedad impulsado por el CACIF (2021) como instrumento ideológico para acompañar y legitimar la represión y el proceso de despojo.

La criminalización se extendió a personas vinculadas a otros ámbitos de conflictividad: Juezas y fiscales vinculadas a delitos de corrupción y lesa humanidad, opositores políticos, estudiantes y activistas de diversos movimientos sociales. La figura del preso político volvió a ser “normalizada” a la par que se actualizó la práctica del exilio para evitar la persecución.

Entre los casos más resonantes se encuentran el de la fiscal Virginia Laparra, jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango quien fue capturada en marzo de 2022, sometida a prisión preventiva desde entonces, y finalmente fue condenada en diciembre de 2023, y el del periodista Rubén Zamora cuyo caso implicó encarcelamiento, persecución de varios periodistas y el cierre del diario El Periódico. Asimismo, un hijo de Zamora tuvo orden de captura y su esposa debió salir al exilio. Persiguieron a sus abogados, dos de ellos terminaron presos. El periodista tuvo que cambiar varias veces de abogados hasta terminar con un defensor público de oficio, quien asumió́ el caso apenas unas horas antes del juicio. Un ostentoso proceso de intimidación a la prensa y la libertad de expresión. Otro caso emblemático es el llamado “Caso Toma USAC” entablado contra estudiantes y docentes que buscaron frenar el fraude electoral que impuso a Walter Mazariegos, aliado de las fuerzas de derecha que analizamos, en la rectoría de la única universidad pública del país, la histórica Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El sistema de justicia fue utilizado en la campaña electoral de 2023, primero para frenar las candidaturas que representaban opciones políticas diferentes a la alianza gobernante. Ya iniciado el proceso electoral, se prohibió –por supuestos motivos técnicos– la participación de varias candidaturas, entre ellas la de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del MLP. También se prohibió a los partidos de derecha PODEMOS, PODER y Prosperidad Ciudadana. Luego de la primera vuelta en la que el Movimiento Semilla resultó, inesperadamente, en segundo lugar, comenzó un feroz proceso para impedir su llegada al balotaje y, finalmente, para impedir la asunción presidencial de Arévalo (Sala, 2023). La fuerte movilización popular en “defensa de la democracia”, el apoyo internacional y, especialmente, la resistencia de los pueblos indígenas hicieron posible que Arévalo asumiera la presidencia. A partir de entonces, el sistema de justicia orquestó constantes procesos penales espurios contra el partido Semilla y miembros del gobierno de Arévalo.

Si bien algunos autores sugieren no confundir la criminalización de la protesta”²⁸ con la “guerra jurídica” o Lawfare²⁹ (Muñoz, 2024) aquí consideramos que remiten a procesos similares que implican la articulación, por parte de una alianza de actores, con la institucionalidad judicial y, en algunos casos, legislativa con el fin de eliminar –física o simbólicamente– a los movimientos, organizaciones y actores que representan o pueden representar un cuestionamiento al orden social. Ese uso está necesariamente articulado a prácticas simbólico-discursivas que durante todo el proceso apuntan a generar desprestigio, deslegitimidad, incluso “muerte social”, al actor criminalizado. Ese actor se convierte discursivamente en un enemigo social por su criminalidad. La acción de identificar al movimiento, organización, líder o lideresa o personaje con un crimen borra el conflicto que dio origen al proceso. Es justamente el objetivo de estas prácticas: ocultar a la sociedad el conflicto social a la vez que lo reprimen. En esa acción quitan la conflictividad de la esfera de la política, la despolitizan.

La despolitización de la vida social tiene consecuencias graves para la democracia porque anula, justamente, la lógica de la política y la posibilidad de tramitar los conflictos a través de reglas de juego claras y aceptadas por toda la sociedad, con argumentos, debates e ideas. Como señala el trabajo de investigación sobre el “lawfare” encabezado por Alejandro Medici y Daniel Cieza, lo que suele escapar a la vista cuando se estudian estos procesos es que:

hay un conflicto de proyectos sociopolíticos que explican el uso del derecho en las prácticas de “Lawfare”; que no hay un código compartido entre las partes en conflicto, que los actores y víctimas del “Lawfare”, pese a las apariencias del discurso y los rituales jurídicos, no sólo no comparten el mismo código, sino que tampoco están en condiciones de igualdad (2024, p. 14).

Esta característica es compartida con los llamados “golpes blandos” o “neogolpismo”. De hecho, fue el golpe de Estado en Honduras en 2009 el primer ejercicio de las fuerzas de derecha regionales en esta dirección. Su éxito dejó marcado un curso de acción: mostrar la legalidad de los hechos, su inscripción dentro de la ley, para lograr cierto umbral de legitimidad en el marco del aún vigente consenso democrático.

La lógica de la guerra se extendió, también, hacia la militancia vinculada a lo sociocultural. El tradicionalismo moral vinculado al género, la familia y la sexualidad se reforzó a nivel estatal a través de la discursividad y de políticas concretas. La irrupción del evangélico Fabricio Alvarado en las elecciones de 2018 en Costa Rica fue un hecho importante en la consolidación del clivaje sociocultural en las derechas de Guatemala lo que las acerca a las “ultraderecha” en auge en la región (Rovira Kaltwasser, 2024). En las elecciones de 2019, incluso la candidata Sandra Torres –ya ubicada del lado conservador del espectro político– usó el eslogan “Por ti y por tu familia” y se mostró a favor de la “familia tradicional” y en contra de una ampliación de derechos para la población LGTBI.

Guatemala se caracteriza por la ausencia total de normativa para la protección de derechos y tipificación de delitos contra población LGBTIQ+. Frente a esto, el Congreso de Guatemala aprobó el 8 de marzo de 2022 –provocativamente– la “Ley para la protección de la vida y la familia”. La ley, aprobada de manera exprés, prohibía el aborto y criminalizaba a las mujeres con penas de hasta diez años, además, obligaba a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia y prohibía hablar sobre educación sexual en el país.

Las protestas en el ámbito nacional e internacional lograron la derogación de la ley a los pocos días. La normativa formaba parte de las estrategias del gobierno de Giammattei en el marco de su “Política Pública de Protección a la Vida y la institucionalidad de la Familia” presentada en 2021. Como parte de esa política, se aprobó la conmemoración del “Día por la Vida y la Familia” fijado para cada 9 de marzo. En 2023, Giammattei encabezó un acto por el primer aniversario del “Día por la Vida y la familia” con presencia de los máximos representantes de los poderes del Estado. A la par, los crímenes de odio contra personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ se incrementaron.

Las derechas y la democracia en cuestión

En términos generales, las derechas han mantenido en toda la historia del país una relación problemática con la democracia. Un repaso rápido y poco exhaustivo por la historia del país, permite argumentar que la apelación a la democracia y el uso de las instituciones democráticas para legitimar un orden autoritario y excluyente estuvo presente en la práctica de las derechas locales desde, al menos, el inicio de la Guerra Fría. Veamos. El ataque al proceso revolucionario (1944-1954) y el golpe de Estado contra Árbenz (1954) se hizo apelando al binomio opositor democracia versus comunismo. Era una apelación cínica a la democracia, pero eficiente en términos de construcción de legitimidad social para enfrentar los verdaderos intentos democratizadores de la revolución. El anticomunismo en Guatemala es mucho más que una corriente contraria a las ideas y prácticas comunistas. Como ha señalado Edelberto Torres Rivas, la ideología anticomunista era un “absolutismo moral” que permitía atar “prejuicios y sospechas, fanatismos religiosos e ignorancias básicas, odios clasistas y miedos, todos diversos componentes para conformar una visión simplista y maniquea de la sociedad…” (Torres Rivas, 2011, pp. 227-228).

Luego, los regímenes militares constitucionales de los años setenta conocidos como “democracias de fachada” (Solórzano Martínez, 1984) utilizaron las formas legales de la democracia electoral para intentar legitimar un sistema político reducido a pocos partidos –todos anticomunistas– en el que la elección presidencial confirmaba, mediante el fraude, la decisión política y administrativa tomada por el Alto Mando castrense. Este régimen se basaba en una alianza militar-oligárquica que se expresaba en términos políticos en la alianza del Partido Institucionalista Democrático (PID) y el ultraderechista Movimiento de Liberación Nacional (MLN) alrededor de la cual giraban otros partidos políticos como la Democracia Cristiana o el Partido Revolucionario. Esta derecha dictatorial se guiaba por una lógica de guerra contra un mordaz enemigo, “el comunismo”, frente al cual no había reglas de juego y sólo cabía la represión constante. Cuando la organización popular y revolucionaria convergieron en unidad de acción, este régimen perdió la fachada y se hizo enteramente dictatorial y genocida.

El proceso de “transición a la democracia” de los años ochenta fue orquestado por un sector de las Fuerzas Armadas como una estrategia que apuntaba a ganar “la guerra” por otros medios, salvar al Ejército de la debacle y reconstruir el orden político manteniendo los términos de la dominación (Sala, 2018, p. 231). Esto sucede en un contexto de irrupción de la “tercera ola democrática” en el ámbito internacional, de fuerte presión estadounidense por democratizar para aislar a Nicaragua y de progresiva consolidación, a nivel regional, de un pensamiento de derecha que avalaba la democracia procedimental como una opción de recomposición hegemónica. Como en toda América Latina, la burguesía modernizada guatemalteca –consolidada durante los regímenes militares– promovió el cambio de régimen político para adecuar el Estado a sus nuevos intereses.

El pacto político que permitió la “implantación institucional” se sustentaba en un clima de época fortalecido por las ciencias sociales que asociaba lo autoritario con lo militar y la democracia con lo civil y las libertades políticas (Lesgart, 2002). Se pensó la democracia en términos procedimentales, una democracia restringida a la formalidad del régimen político con progresiva subordinación militar. Se sustanciaron elecciones para una asamblea nacional constituyente, se dictó una nueva constitución, se crearon nuevas instituciones y se llevaron adelante elecciones presidenciales de las que resultó ganador un civil, Vinicio Cerezo Arévalo de la Democracia Cristiana, uno de los más progresistas de la contienda.

Sin embargo, el andamiaje jurídico-político que dio forma al régimen democrático incluyó una serie de disposiciones y continuidades institucionales destinadas a combatir y controlar a los “enemigos” reales y potenciales. De ahí que la democracia en Guatemala adquirió un carácter contrainsurgente (Torres Rivas, 2007). A diferencia de otros procesos de transición democrática de América Latina, la democracia era compatible con el aniquilamiento del “enemigo”, la política convivía con la “guerra”. En democracia seguía existiendo la “subversión” que dio en llamarse “delincuente subversivo”. La democracia no trajo consigo las garantías constitucionales a las y los ciudadanos en igualdad de condiciones: había “enemigos subversivos” que el Estado podía matar sin restricciones.

La firma de los Acuerdos de Paz cambió los sentidos de la democracia. Implicó el fin de la “guerra”, por lo que el Ejército regresó progresivamente a los cuarteles donde inició un nuevo proceso de profesionalización institucional, reducción y cambio doctrinal a tono con uno de los acuerdos más importantes del proceso de paz: el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC). A su vez, los acuerdos permitieron la transformación de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) en partido político y con ello, el sistema político pasó a ser, por primera vez en la historia, formalmente libre y competitivo.

Para entonces, ya aniquilado el enemigo, un sector de la clase dominante se había alejado del Ejército (Mccleary, 1993), había asumido plenamente la ideología neoliberal y había creado sus propios partidos políticos como el PAN a través de los cuales accedieron al control del Estado. Era una “nueva derecha” surgida de la derecha dictatorial. La novedad era que apoyaba la democracia liberal (Marín, 1990) y mantenían un discurso abierto a las agendas del momento: derechos humanos, fin de los conflictos armados, apelaciones a diálogos y consensos. Aspectos que estaban en sintonía con la reformulación de la estrategia imperialista de Estados Unidos para la región. Las continuidades, sin embargo, eran evidentes: era el retorno al poder de las “viejas oligarquías” transformadas en élites modernizantes (Casaús Arzú, 1992, p. 183).

El triunfo de los partidos políticos de derecha neoliberal como el PAN o la GANA, así como el accionar de las organizaciones de producción ideológica como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) o la Universidad Francisco Marroquín fueron decisivos en el proceso de neoliberalización de la sociedad (Fischer y Waxenecker, 2020; Cannon, 2014). La hegemonía ideológica del neoliberalismo alcanzó, incluso, a la izquierda revolucionaria (Álvarez, 2011).

La democracia neoliberal se limitó a la instauración de la institucionalidad correspondiente a un régimen democrático que permitiera, por primera vez, reglas de juego compartidas para acceder al poder y lograr su contrapeso (aunque ello no implicó un sistema de partidos estable que coadyuvara a la consolidación institucional). Esta democracia neoliberal se mantuvo divorciada de las nociones de igualdad, participación popular y bienestar. En parte porque nació de una derrota inicial –producto de un genocidio– que marcó los límites de lo posible: la derrota del proyecto revolucionario. Allí radica el vínculo “armónico” de las derechas neoliberales guatemaltecas con la democracia. La democracia en sociedades capitalistas es, en principio, una forma de dominación de clase cuyo contenido y mecanismos variarán en función de la clase o fracción de clase que detente el poder (Ansaldi, 2007, p. 63). La burguesía modernizada que hegemonizó el proceso político en este período no tenía ningún interés ni necesidad de ampliar los estrechos márgenes de esa democracia y, por ende, del Estado. Como vimos, fue lo contrario. La violencia y la “inseguridad” se convirtieron en los asuntos públicos más importantes. La problematización de la “inseguridad” y a la represión del conflicto socioambiental que mantuvieron a las Fuerzas Armadas en el ejercicio del control interno, fueron la forma en que se reactualizó la lógica de la guerra, aunque en un marco de relativa subordinación a las reglas de la democracia procedimental.

En todos estos momentos históricos, las derechas controlaron el poder del Estado y construyeron sentidos y prácticas en torno a la democracia y la conflictividad social que forman parte del “coeficiente histórico” de la sociedad guatemalteca. Las derechas actuales reactualizan parte de esa tradición en el devenir de los cambios producidos en la sociedad desde el primer lustro del siglo XXI. A diferencia de las derechas neoliberales, las actuales se enfrentan a las consecuencias de la crisis de 2015 y, de modo general, la crisis del orden neoliberal de posguerra que la pandemia agudizó. La democracia pasó a ser una cuestión en disputa sostenida por la reorganización de partidos de izquierda, la persistencia de las fuerzas comunitarias en defensa del territorio, las organizaciones de derechos humanos y feministas, el amplio movimiento anticorrupción y la trascendental movilización indígena. El accionar de estos sectores en pos de una ampliación de los límites estrechos de la democracia guatemalteca, destrabaron la reacción autoritaria de las derechas. Por ello, Carlos Figueroa Ibarra y Octavio Moreno sostienen que la derecha posneoliberal “se acerca a los extremismos que la derecha neoliberal pudo evitar dado el margen de acción de su contexto histórico” (Figueroa Ibarra y Moreno, 2021, p. 84).

Luego de 2015, la lógica de la guerra volvió a ser la razón de la acción de estas derechas a través de la cual se expresa la reacción frente a un orden social, económico y moral en cuestión. La institucionalidad democrática que permitió márgenes de libertad política luego de la firma de la paz, se usa para limitarla, para perseguir, hostigar, encarcelar y reprimir opositores políticos, económicos y morales; mientras el absolutismo moral propio del discurso “anticomunista” de la Guerra Fría vuelve a instalarse con otros significantes: “terroristas” o “narcoguerrillas” que defienden el medioambiente, “pervertidos sexuales” o feministas asesinas de bebés. Las derechas posneoliberales generalizaron a todos los conflictos sociales la lógica de la guerra que sus predecesoras, las derechas neoliberales, aplicaron de manera subordinada a una lógica política. La novedad es la generalización de la lógica de la guerra a partir de un dispositivo de control que le da, como sostiene Mazariegos, una impostura legal a la represión.

Reflexiones finales

Las fuerzas políticas que gobernaron Guatemala desde 2016 y aún mantienen poder en las estructuras del Estado representan una alianza conservadora, reaccionaria y delincuencial cuyo propósito es mantener los términos de la dominación que están siendo cuestionados. La corrupción es parte de sus prácticas, pero no su objetivo final ni su característica más importante. Retomar el concepto de “derecha” desde una perspectiva sociohistórica para analizar estas fuerzas políticas tiene la ventaja de ubicarlas en relación con su oposición, las izquierdas, y al juego de situaciones y de controversias que enfrenta a este binomio y las define en tanto tal. Lo que está en juego en Guatemala es la ampliación o la limitación de la democracia.

Los gobiernos de derecha posneoliberal del FCN-N y VAMOS, como intentamos argumentar a lo largo del texto, generalizaron una lógica de guerra hacia todos los ámbitos de conflictividad vigentes. Un proceso anclado en el dispositivo criminalizador que sugiere una continuidad con las derechas neoliberales y a la vez un salto cuantitativo que marca una novedad respecto del proceso de mediana duración que se inauguró con los acuerdos de paz. Novedad que puede ser pensada como una reactualización del coeficiente histórico autoritario de las derechas guatemaltecas.

La pérdida del control del ejecutivo en las elecciones de 2023 no implicó el retiro de estas fuerzas del poder político que continúan actuando con los mismos principios. Desde el sistema judicial se orquestaron los múltiples intentos de impedir la toma de posesión de Arévalo y los diputados del Partido Semilla, y desde allí se articulan las estrategias para recomponer el poder de dicha alianza y destituir al gobierno. Como mencionamos al inicio de este texto, cuando la lógica de la guerra se convierte en principio central de la acción, la democracia –aún en su sentido restringido– se apresta a morir. ¿Cómo hacer política con actores que buscan la guerra?, ¿cómo construir otra democracia?

Referencias

Abrams, P. (1982). Historical Sociology. Cornell University Press.

Alvarado, F. (2014). Guatemala busca salir de la Guerra Fría. Nueva Sociedad, 254. https://nuso.org/articulo/guatemala-buscar-salir-de-la-guerra-fria/

Alvarado Alcázar, Alejandro. (2020). La criminalización de la protesta social: Un estado de la cuestión. Revista Rupturas, 10(1), 25-43. https://dx.doi.org/10.22458/rr.v10i1.2749

Álvarez, A. M. (2011). Desafiando la hegemonía neoliberal: ideologías de cambio radical en la Centroamérica de posguerra. Historia Actual Online, 25, 111-123.

Ansaldi, W. (2022). Propuesta para una agenda de investigación sobre las derechas latinoamericanas. Revista CIDOB d’Afers Internacionals 132, 123-144. doi.org/10.24241/rcai.2022.132.3.123

Ansaldi, W. (2007). Introducción. La democracia en América Latina, un barco a la deriva. Fondo de Cultura Económica.

ASIES. (2011). Monografía: los partidos políticos guatemaltecos en el proceso electoral 2011. Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

AVANCSO. (2020). Espirales de despojos y violencias en Tezulutlan, Verapaz. AVANCSO. https://avancso.org.gt/wp-content/uploads/2022/02/C.I.-30-Espirales-de-despojos-y-violencia.pdf

Bastos, S. (2024). El Payxail Yajaw Konob’ Akateka, Chuj, Popti’, Q’anjob’al y la acción política de los pueblos indígenas ante el despojo en Guatemala. Revista de Investigación y Proyección Eutopía, 8, 1-32.

Bastos, S. y de León, Q. (2014). Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Diakonía-Colibrí Zurdo. https://prensacomunitaria.org/wp-content/uploads/2019/06/Dinamicas_de_despojo_y_resistencia_en_Gu.pdf

Bobbio, N. (1995). Derecha e izquierda. Razones y significado de una distinción política. Taurus.

Bolcatto, A. y Souroujon, G. (Eds.). (2020). Los nuevos rostros de la derecha en América Latina Desafíos conceptuales y estudios de caso. Ediciones UNL.

Briscoe, I. y Rodríguez Pellecer, M. (2010). A State under Siege: Elites, Criminal Networks and Institutional Reform in Guatemala. The Netherlands Institute of International Affairs (Clingendael).

Brown, W. (2016). El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Malpaso.

Brown, W. (2020). En las ruinas del neoliberalismo: el ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente. Tinta Limón

Cadena. (2017). Peritaje sobre el fenómeno de la criminalización de la protesta social a la luz del derecho internacional de los Derechos Humanos. Revista de Investigación y Proyección Eutopía, 4, 245-289.

Caldentey del Pozo, P. (2022). América Central: fin de ciclo, ¿nuevos consensos? Nueva Sociedad 300. https://nuso.org/articulo/america-central-fin-de-ciclo-nuevos-consensos/

Cannon, B. y Hume, M. (2012). Central America, civil society and the ‘pink tide’: democratization or de-democratization? Democratization, 19(6), 1039-1064. https://doi.org/10.1080/13510347.2011.619775

Cannon, B. (2014). Political parties: the right. En S. Martí i Puig y D. Sánchez-Ancochea (Eds.), Handbook of Central American Governance (pp. 219-235). Routledge.

Casaús Arzú, M. (1992). La metamorfosis de las oligarquías centroamericanas. Revista Mexicana de Sociología, 54 (3), 69-114.

CICIG. (2019). El legado de justicia en Guatemala. Informe de cierre. CICIG. https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/InformeLegadoJusticia_SI.pdf

De Orellana P. y Michelsen, N. (2019). Reactionary Internationalism: the philosophy of the New Right. Review of International Studies, 45(5), 748-767.

El Observador. (2007). ¿Cuál es el estado de la democracia guatemalteca?https://elobservadorgt.org/2016/03/22/el-observador-no-5-cual-es-el-estado-de-la-democracia-en/

El Observador. (2020). Gobierno de Giammattei Falla sostenido por inteligencia militar. https://elobservadorgt.org/2020/12/04/el-observador-no-70-gobierno-de-giammattei-falla-sostenido-por-inteligencia-militar/

El Observador. (2021). Burguesía burocrática, una renovada consumación y toma mafiosa de la CC. https://elobservadorgt.org/2021/06/03/boletin-el-observador-no-72-burguesia-burocratica-renovada-consuma-toma-mafiosa-de-la-cc/

Epe, M. y Kepfer, J. R. (2014). El enemigo interno en Guatemala. Contrainsurgencia y su herencia en la configuración de nuevos conflictos. CAFCA.

Figueroa Ibarra, C. y Moreno Velador, O. (2021). Derecha posneoliberal y neofascismo en América Latina. Bajo el Volcán, 2(3), 77-107. http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/bevol/article/view/2184/1594

Fischer, K. y Waxenecker, H. (2020). Redes de poder: consideraciones sobre la élite neoliberal de poder y conocimiento en Guatemala. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 126, 89-116. doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.89

Global Witness. (2019). Enemies of the State? How governments and businesses silence land and environmental defenders. Global Witness.

Goldstein, A. (2024). La internacional reaccionaria y su influjo sobre América Latina. Centro Andino de Acción Popular.

Hernández, O. (2015). El último cacique de los criollos. Plaza Pública. https://www.plazapublica.com.gt/content/el-ultimo-cacique-de-los-criollos

León Pérez, R. (2019). La fuerza política plurinacional, una posible salida a la crisis política en Guatemala, 2017-2018. De Raíz Diversa, 6(12), 145-177. http://dx.doi.org/10.22201/ppela.24487988e.2019.12.71578

Lesgart, C. (2002). Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década del ochenta. Estudios Sociales, 163-185.

Luna, J. P. y Rovira Kaltwasser, C. (2021). Castigo a los oficialismos y ciclo político de derecha en América Latina. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 29(2), 135-152.

Lührmann, A. y Lindberg, S. (2019). Una tercera ola de autocratización ya está aquí: ¿qué hay de nuevo en ella? Democratización, 26(7), 1095-1113. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029

Mack, L., Donis J. y Castillo, C. (2006). Redes de inclusión: Entendiendo la verdadera fortaleza partidaria. FLACSO.

Marín, R. (1990). La nueva derecha en Centroamérica. Pensamiento Propio, 30(7).

Martí i Puig, S. (2020). Evolución de las percepciones de las élites políticas en democracias frágiles: los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Revista Española de Sociología, 29(3), 635-653. http://dx.doi.org/10.22325/fes/res.2020.39

Martín Álvarez, A. y Pirker, K. (2022). La revitalización de las derechas autoritarias: Europa, Estados Unidos, América Latina. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 132, 7-23. doi.org/10.24241/rcai.2022.132.3.7

Mazariegos, M. (2020). En nombre del desarrollo, el interés nacional y el bien común: violencia legítima y derecho penal del enemigo en tiempos de antiterrorismo. Deusto Journal of Human Rights 5, 69-98. http://dx.doi.org/10.18543/djhr.1749

McCleary, R. M. (2003). Imponiendo la democracia: las elites guatemaltecas y el fin del conflicto armado. Artemis Edinter.

Medici Cieza, D., Dinella, D., Bianco, C., Maitini, F., Díaz, A., Vallefin, L., Vallefin, J. y Quintana, A. (2024). Guerras jurídicas contra la democracia. Reflexiones desde la experiencia de investigación crítica del denominado “Lawfare”. Wayra 1, e007. https://doi.org/10.24215/30088798e007

Meléndez-Sánchez, M. (2023). La ultraderecha en El Salvador: el peculiar caso de Nayib Bukele. FES. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/20675.pdf

Milián Lemus, B. y Masek, V. (2023). ¿Institucionalizar el estallido en Guatemala?: del movimiento estudiantil 2015 al movimiento semilla de 2023. Escripta, 5(10). https://revistas.uas.edu.mx/index.php/ESCRIPTA/article/view/625/454

Morresi, S. (2021). Las derechas políticas, el enfoque sociohistórico y algunos apuntes personales. Sociohistórica, 47, e131. https://doi.org/10.24215/18521606e131

Muggenthaler, F., Hoetmer, R., Aguirre, M. y Robayo, A. (Eds.). (2020). Nuevas derechas autoritarias: conversaciones sobre el ciclo político actual en América Latina. Abya Yala.

Muñoz Elías, J. P. (2024). Lawfare o Guerra Jurídica: el uso del derecho para obstruir la democracia en Guatemala. Boletín Enfoque. Análisis de situación, 16(95), 3-36. https://elobservadorgt.org/2024/09/19/boletin-enfoque-analisis-de-situacion-no-95-lawfare-o-guerra-juridica-el-uso-del-derecho-para-obstruir-la-democracia-en-guatemala/

No Ficción. (2019). FCN-Nación: el anhelo de los reutilizables.https://no-ficcion.com/fcn-nacion-el-anhelo-de-los-reutilizables/

Ortega, A. (2018). La defensa del principio de alternabilidad en el poder en Guatemala: Una cuestión de identidad constitucional. En J. A. Mejía R. La reelección presidencial en Centroamérica: ¿Un derecho absoluto? (pp. 147-177). Editorial Guaymuras. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r38379.pdf.

Plaza Pública. (2015). La abstención, tercera más baja de la democracia, supera en 600 mil votos a Morales. http://www.plazapublica.com.gt/content/la-abstencion-tercera-mas-baja-de-lademocracia-supera-en-600-mil-votos-moralesoctubre

GuatemalaLeaks y Connectas. (2022). El “francotirador” de los referentes de la lucha anticorrupción en Guatemala. https://www.plazapublica.com.gt/multimedia/anticorrupcion-guatemala/index.html

Programa Estado de la Región. (2008). Informe del estado de la región en desarrollo humano sostenible. PER.

Rodas Núñez, I., Gutiérrez, E., Sáenz de Tejada, R. y Mack, L. (2017). Las transformaciones en la cultura política de Guatemala: lecturas sobre la crisis de 2015. Instituto Nacional Demócrata. https://ndicentroamerica.org/transformaciones-de-la-cultura-politica-en-guatemala-lecturas-sobre-la-crisis-de-2015/

Romero, J. L. (1970). El pensamiento político de la derecha latinoamericana. Paidós.

Rovira Kaltwasser, C. (2024). La ultraderecha en América Latina. Particularidades locales y conexiones globales, Nueva Sociedad, 312. https://nuso.org/articulo/312-la-ultraderecha-en-america-latina/

Sáenz de Tejada, R. (2015). Democracia y elecciones en Guatemala 1984-2011. CaraParens- URL.

Sáenz de Tejada, R. (2022). Guatemala: ¿del Estado capturado al Estado plurinacional? Nueva Sociedad 300. https://www.nuso.org/articulo/guatemala-del-estado-capturado-al-estado-plurinacional/imprimir/

Sala, L. y Rostica, J. (2025). “The authoritarian radicalization of post-neoliberal right-wing governments in Central America, 2010-2023”. En A. Goldstein (Ed.), The right in Latin America. Manchester University Press.

Sala, L. (2014). El Estado guatemalteco y la seguridad en tiempos de paz. En J. Rostica y E. De Gori (Eds.), Centroamérica. Política, violencia y resistencia: miradas históricas. Editorial Nueva Trilce.

Sala, L. (2018). Los militares estratégicos y la reformulación del pensamiento militar, Guatemala 1978-1986. Revista Latinoamérica, 67, 203-238. http://www.revistadeestlat.unam.mx/index.php/latino/article/view/57034/50809

Sala, L. (2020). El cambio de régimen político, los militares y la “inseguridad”, Guatemala, 1986-1996. En C. Arenas, P. Fernández, J. P. Gómez, A. Flores y L. Sala (Coords.), Políticas encadenantes: sobre cuerpos y violencia en Centroamérica. CLACSO-AVANCSO.

Sala, L. (2023). Guatemala a las puertas de una nueva primavera. Revista Jacobin. https://jacobinlat.com/2023/09/guatemala-a-las-puertas-de-una-nueva-primavera/

Sánchez, O. (2008). Guatemala’s Party Universe: A Case Study in Underinstitutionalization. Latin American Politics and Society, 50(1), 123-151.

Segovia, A. (2021). 150 años de capitalismo a la carta en Centroamérica. Anuario de Estudios Centroamericanos, 47, 1-40. https://doi.org/10.15517/aeca.v47i0.50731

Segovia, A. (2022). Centroamérica en su laberinto: reflexiones sobre la naturaleza de la crisis y criterios para abordarla. Documentos de trabajo, 72 . Fundación Carolina.

Solórzano Martínez, M. (1984). Centroamérica: democracias de fachada. Revista Sistema, 60-61, 103-133.

Sztompka, P. (1995). Sociología del cambio social. Alianza editorial.

Terán-Mantovani, E. y Scarpacci, M. (2024). Economías criminales, extractivismo y acu-mulación entrelazada: un análisis multiescalar de los nuevos escenarios latinoamericanos. URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 38, 8-31. https://doi.org/10.17141/urvio.38.2024.6146

Torres Rivas, E. (2007). ¿Qué democracias emergen de una guerra civil? En W. Ansaldi, La democracia en América Latina, un barco a la deriva. Fondo de Cultura Económica.

Torres Rivas, E. (2011). Revoluciones sin cambios revolucionarios. FyG Editores.

Traverso, E. (2021). Las nuevas caras de la derecha. Siglo XXI.

Treminio Sánchez, I. y Salas Naranjo, M. (2021). La nueva derecha en Costa Rica: el fenómeno de la radicalización populista en el eje conservador. FES.

​​Yagenova, S. V. (2017). Movimientos sociales guatemaltecos: del proceso de paz a un nuevo ciclo de lucha popular, 1996-2013. En A. Cordero Ulate y P. Almeida (Eds.), Movimientos sociales en América Latina: perspectivas, tendencias y casos (pp. 563-576). CLACSO.

Notas

Información adicional

Laura Yanina Sala: Argentina. Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), Magíster en Estudios Latinoamericanos (Universidad Nacional de San Martín) y Licenciada en Sociología (Universidad de Buenos Aires). Es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe de la Universidad de Buenos Aires, donde co-coordina el Grupo de Estudios sobre Centroamérica (GECA). Asimismo, co-coordina el Grupo de Trabajo CLACSO “Violencias en Centroamérica”. Es docente de grado de la Universidad Nacional de José C. Paz y dicta cursos de posgrado en distintas universidades de Argentina y en CLACSO.

Agradecimiento: Agradezco a las personas evaluadoras y a Santiago Bastos por sus valiosos comentarios a este trabajo.

Información adicional

redalyc-journal-id: 152