Durante el año 2023, se registró un promedio diario de 20 personas fallecidas de forma agresiva en Centroamérica (PNUD, 2024). La violencia es una de las principales características de la región y se debe entender de manera amplia, abarcando no solo los actos físicos, sino también las estructuras sociales y las ideologías que mantienen la desigualdad económica que la produce. Así entonces la violencia no solo debe considerarse en términos de agresiones físicas, sino también como una manifestación estructural que refleja y perpetúa las desigualdades sociales y económicas.

Desde esta perspectiva crítica, la violencia se ejerce no solo a través de actos individuales de agresión, sino también mediante la imposición de condiciones sociales opresivas que limitan las oportunidades y derechos de ciertos grupos. Este enfoque resalta la necesidad de considerar el contexto histórico y social en el análisis de la violencia, reconociendo que los actos violentos son síntomas de problemas más profundos y sistémicos. Al entender de esta forma la violencia, se vuelve fundamental abordar no solo los síntomas más visibles como pueden ser las agresiones directas e intencionales de forma física, sino también las causas subyacentes en las estructuras sociales y las ideologías que dan lugar a estas situaciones (Martín-Baró, 1990).

En este trabajo analizamos la percepción del tipo de violencia más frecuente para la población centroamericana y algunos predictores psicosociales asociados a esta percepción. A continuación, se brinda una caracterización de la violencia en Centroamérica, el abordaje de la psicología social de los diferentes tipos de violencia y la relación entre la desigualdad subjetiva y la violencia.

Centroamérica se ha convertido en una de las regiones del mundo con mayores índices de violencia. Sampó (2013) menciona que gran parte de esto ha surgido debido a la expansión de las maras, lo cual ha generado niveles elevados de una violencia omnipresente en la cotidianidad de las personas habitantes de países como Honduras, El Salvador y Guatemala. Aunado al incremento de la violencia, la presencia de las maras también ha ido creando un ambiente de inseguridad y miedo en otras zonas de América Latina.

Este problema no solo afecta a las pandillas, sino que también repercute en elementos esenciales de la vida cotidiana de la población civil como, por ejemplo, ser atacada o extorsionada en el transporte público. Además, las maras han establecido vínculos con organizaciones criminales transnacionales que están dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas y trata de personas, lo cual ha provocado que la violencia vaya en incremento (Sampó, 2013).

En los últimos años, la violencia en Centroamérica ha alcanzado niveles extremos. Esta situación sombría se evidencia en el total de 8597 víctimas de homicidio en el 2023, lo que representa una tasa de 17.3 homicidios por cada 100 000 habitantes. Comparativamente, estas cifras superan significativamente las proyecciones para Latinoamérica y el Caribe, donde se estima una tasa de 16.8 homicidios por cada 100 000 habitantes para el mismo período (PNUD, 2024). Costa Rica es el país en la región que encabeza el crecimiento en la tasa de homicidios desde el 2012 al 2022. Mientras que países como Honduras, El Salvador y Guatemala se encuentran en niveles mucho mayores a pesar de que han logrado disminuirlos (Bermúdez, 2023).

Con el fin de contextualizar la situación se destacan algunos hechos históricos que han moldeado esta realidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la región centroamericana experimentó un proceso de transformación y modernización económica y social, conservando su esencia agroexportadora. La comercialización e industrialización de nuevos productos posibilitó una diversificación de la economía y con ella una creciente urbanización. Sin embargo, en los años ochenta el modelo agroexportador entró en una profunda crisis, lo cual implicó la instauración de un nuevo modelo económico basado en la liberalización del comercio (Segovia, 2021).

Este sistema económico y político se caracterizó en la concentración de la riqueza y el poder, así como en el debilitamiento y reducción del aparato estatal (García-Castro et al., 2023). Ante este escenario, las personas jóvenes han visto reducidas sus oportunidades laborales, y sobreviven en condiciones de desempleo, subempleo e informalidad. La exclusión y la desposesión que sufre la población las hace vivir únicamente en el tiempo presente y la necesidad imperativa de encontrar la estrategia para sobrevivir cada día. Es entonces que las actividades ilegales con los grupos de crimen organizado se convierten en ofertas atractivas para sobrevivir. El espacio físico, material y el territorio devienen como referentes de una identidad colectiva y por lo tanto dotadores de sentido para la vida, lo cual facilita disputas violentas entre grupos por la dominación del espacio (Pérez, 2021).

El impacto social de la violencia se agudiza en zonas con altos índices de criminalidad, ya que reduce la calidad de vida de la población al no permitir o restringir la ocupación y aprovechamiento del espacio público. Se afecta no solo la libertad de movimiento, sino también el desarrollo de la comunidad aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, provoca un bajo rendimiento académico, alto abandono escolar e incluso genera problemas de salud mental por su impacto en el tejido social (Maydeu-Olivares, 2016).

Como ejemplo de las rupturas en el entramado social producto de la violencia figuran las migraciones. Se calcula que entre un 10 y 12 por ciento de la población centroamericana ha abandonado sus países de nacimiento por migraciones intra o extra regionales, lo que cuadriplica la estimación a nivel mundial (Sandoval, 2015).

En la misma línea, la violencia urbana figura como una de las preocupaciones primordiales para las personas responsables de políticas y planificación en todo el mundo. En su afán por abordar este desafío, las autoridades a menudo recurren a medidas represivas. Sin embargo, este enfoque se enfrenta a una realidad compleja y multifacética, ya que la violencia urbana se manifiesta de diversas formas y responde a dinámicas igualmente diversas. Por lo tanto, se trata de un fenómeno de difícil diagnóstico y sobre el cual se han implementado intervenciones puramente coercitivas de baja efectividad (Jütersonke et al., 2009).

En el contexto centroamericano, la violencia urbana adquiere matices particulares, especialmente en relación con las pandillas urbanas, donde a menudo son etiquetadas como una “nueva insurgencia urbana” que desafía la estabilidad gubernamental y el orden público. Sin embargo, las respuestas basadas únicamente en la represión estatal tienden a pasar por alto los factores subyacentes que alimentan la violencia y las complejas motivaciones que impulsan a los actores involucrados. Por lo tanto, las estrategias represivas paradójicamente llegan a con-tribuir a la radicalización de las pandillas y a su transición hacia formas más organizadas de criminalidad (Jütersonke et al., 2009).

De igual forma, en el análisis de la problemática de la violencia en Centroamérica, resulta de mucha importancia dirigir la atención hacia un factor fundamental, el cual es la desigualdad económica. Este aspecto socioeconómico no solo constituye un elemento central en la configuración de la realidad regional, sino que también se ha revelado como un factor crucial en la comprensión de los niveles de violencia que caracterizan a la región. Destaca el hecho de que las áreas con marcadas disparidades en ingresos tienden a experimentar niveles más altos de actividad delictiva, lo cual respalda la idea de que la desigualdad económica no solo es un síntoma de la inequidad social, sino también un factor determinante en la dinámica de la violencia en Centroamérica (Itskovich y Factor, 2024)

Por todo lo anterior, se resalta la necesidad de abordar el aspecto socioeconómico, si se pretende combatir de manera efectiva la violencia en la región. La intersección entre estos dos aspectos no solo es evidente en la correlación entre indicadores socioeconómicos y tasas de criminalidad, sino que también se manifiesta en la compleja red de factores que perpetúan ambas realidades. Desde la exclusión social hasta la falta de oportunidades equitativas, la desigualdad económica alimenta un ciclo de pobreza y marginalización que desemboca en la proliferación de actividades criminales y violentas. Por otro lado, desde una perspectiva psicosocial, la relación entre desigualdad económica y delincuencia puede entenderse a través del concepto de confianza social y sus implicaciones en el comportamiento humano. El estudio de Elgar y Aitken (2011) revela que la desigualdad económica puede generar bajos niveles de confianza social entre los individuos de una sociedad, donde se plantea que esta falta de confianza puede surgir como resultado de la percepción de injusticia y exclusión que acompaña a la desigualdad, así como de la competencia y la lucha por recursos limitados en un entorno marcado por diferencias económicas significativas.

Además, la falta de confianza social también puede contribuir a la desintegración de los lazos comunitarios y a la disminución de los mecanismos de control social informal. Esto debido a que cuando las personas desconfían unas de otras, es menos probable que cooperen en la aplicación de normas sociales y en la prevención del delito dentro de sus comunidades, lo cual da como resultado el debilitamiento de la capacidad social para regular y contener la violencia. Esto último puede dar lugar a un aumento de la tolerancia hacia comportamientos violentos y antisociales, especialmente entre aquellas personas que se sienten excluidas o marginadas (Elgar y Aitken, 2011).

La violencia es una condición social que tiene muchos personajes y escenarios involucrados, uno de ellos son las calles. En este escenario, la violencia es más que un acto delictivo porque muchas de las acciones que ejecutan las personas en la calle no está tipificada, pero otras sí. Existen manifestaciones más recurrentes como el robo, peleas callejeras u homicidios, los cuales tienen un impacto devastador en la calidad de vida de las personas y la cohesión social (Carrión, 2008).

Una de las principales causas de la violencia en las calles es la desigualdad socioeconómica, que crea condiciones de marginalización y exclusión para ciertos grupos de la sociedad. La pobreza y la falta de oportunidades pueden propiciar el aumento de la delincuencia y la violencia en las calles. Además, la falta de acceso a servicios básicos, como educación de calidad, puede contribuir a la desesperanza y la alienación social, lo que a su vez alimenta la violencia (Fajnzylber et al., 2002; Luneke y Varela, 2020). Según Sampson (2013) cuando las comunidades y las familias están desintegradas es más fácil que ocurra un acto de violencia en las calles. La exposición a la violencia en las calles puede perpetuar un ciclo intergeneracional de agresión y comportamiento antisocial (Saxbe et al., 2018).

La cultura también influye en la violencia, por ejemplo, cuando los medios de comunicación son sensacionalistas y celebran las conductas agresivas (Gurr, 2011). La exposición constante a imágenes de violencia puede desensibilizar a las personas y normalizar la agresión como una forma aceptable de resolver conflictos. Asimismo, el acceso a armas de fuego aumenta el número de homicidios (Cook y Ludwig, 2006).

El crimen organizado se define como aquellos grupos de personas que se asocian para realizar conductas delictivas. Existen diferentes niveles dependiendo del objetivo que se quiere alcanzar, ya sea nacional o internacional. Los métodos que usan para cumplir sus objetivos son la intimidación, la violencia, la extorsión y la corrupción. El crimen organizado tiene consecuencias a nivel económico, físico y psicológico. Las personas se ven afectadas psicológicamente porque viven en constante alarma y porque la intimidación que generan estas organizaciones es considerable. Crean una cultura de terror, porque existe inseguridad, y en la sociedad todo esto se traduce en un debilitamiento físico y psicológico de los seres humanos (Villalta e Instituto Costarricense sobre Drogas, 2019).

Las pandillas, caracterizadas por su estructura jerárquica y lealtad tribal, suelen reclutar a jóvenes de poblaciones desfavorecidas que buscan pertenencia y oportunidades económicas limitadas. Estas organizaciones delictivas, a menudo, están involucradas en actividades como el tráfico de drogas, extorsión, robo y homicidio. La participación en pandillas juveniles aumenta la probabilidad de involucrarse en comportamientos delictivos y violentos, lo que perpetúa el ciclo de la violencia urbana (Spergel, 1995).

La violencia de Estado se define como el ejercicio sistemático de distintos tipos de acciones agresivas por parte del Estado que pueden manifestarse en formas como la guerra, la tortura, la desaparición forzada de personas o los homicidios políticos (Becerra y Trujano, 2011). Así mismo, existen gobiernos que ejercen su poder criminalizando movimientos sociales bajo la excusa de la “conservación de la paz social”, reprimiendo la libre expresión de las personas que conforman un movimiento social y encarcelando a activistas. También existen formas de violencia de Estado sutiles que llegan a ejercer una agresión igualmente. Generalmente estas agresiones sutiles suelen ser cubiertas bajo una excusa de preocupación por la inseguridad pública, lo cual se utiliza como excusa para realizar actos violentos, utilizando estrategias de control y la represión del delito que ya han demostrado ser contraproducentes. Por tanto, la brutalidad policial solo es una de las expresiones más comunes de violencia de Estado (Becerra y Trujano, 2011).

La violencia intrafamiliar en niños y mujeres se define como el daño físico, psicológico, patrimonial, económico y sexual dentro o fuera del hogar por parte de alguna persona con la cual se tenga una unión por medio de la sangre. En el caso de que esta violencia sea ejercida por la pareja de alguna persona, se considera violencia conyugal. Sin embargo, en ambos tipos de violencia la mayoría de las víctimas son del género femenino (Tibaná-Ríos et al., 2020; Sevillano et al., 2023; Velazco, 2010). Este tipo de violencia se ve acompañada por otros tipos de daños o de violencia, como la violencia vicaria (asesinato de los hijos/as con el objetivo de que la mujer no se recupere jamás del trauma) (Tibaná-Ríos et al., 2020; Porter y López-Angulo, 2022).

La violencia patrimonial se define como el daño a bienes dentro del matrimonio. Mediante este tipo de violencia, la persona victimaria se autoasigna el rol de propietario del patrimonio y el derecho de disponer de este, lo cual niega el derecho a la propiedad y a la decisión de la pareja (Castillo, 2023; Deere y León, 2021; Tibaná-Ríos et al., 2020). Por otro lado, la violencia económica es la utilización del poder económico para controlar a la pareja, de modo que además se supervisan y limitan las decisiones que la persona pueda tomar (Deere y León, 2021; Tibaná-Ríos et al., 2020; Silva-Martínez y Vázquez-Pagán, 2019).

La violencia sexual es la realización de cualquier tipo de acto sexual sin el consentimiento de una o ambas partes. En este tipo de violencia la victima suele no encontrarse en la condición de tener encuentros sexuales, no poder negarse a las relaciones sexuales, aunque no las desee, manoseos sin consentimiento, forzamiento, chantaje y malos tratos de carácter sexual o no sexual, y violaciones (Afanador y Caballero, 2011; De La Hermosa y Polo, 2018). La violencia física se conoce como todo daño a la integridad corporal de un individuo como lo son el forcejeo, asfixia, patadas, cachetadas, empujones, jaloneos, arañar y pegar (Fernández, 2022; Tibaná-Ríos et al., 2020).

Otro tipo de violencia común en nuestras sociedades es el acoso escolar o bullying. Según Rodríguez y Mejía (2012), es un tipo de práctica de abuso prolongado ya sea físico, psicológico o emocional, que una persona intimidante con mayor fuerza y reconocimiento, así como control, ejerce sobre alguna otra en situación de desventaja para responder o defenderse. Es importante mencionar que para que el concepto de bullying pueda ser utilizado, este tipo de acoso debe darse únicamente en espacios escolares y entre estudiantes.

La violencia verbal, o también llamada violencia emocional o acoso moral, ocurre tomando en consideración la forma en que se exprese una pregunta, el tono utilizado, el volumen en el cual se expresa y las palabras seleccionadas. Ese tipo de violencia se da mediante comentarios o preguntas atacantes que colocan a la víctima como blanco de arranques de ira, sarcasmo o indiferencia (Herrera et al., 2004). Es un tipo de violencia que se encuentra muy naturalizada dentro de nuestra cultura (Bermúdez et al., 2018). Las manifestaciones más comunes en este tipo de violencia suelen ser apodos, ofensas o generar rumores negativos acerca de alguna persona. La violencia verbal tiene el propósito de desmoralizar a la víctima, bajar su confianza y autoestima o cambiar su actitud a una más acorde a los gustos del victimario (Herrera et al., 2004). De la misma forma, es relevante mencionar que la violencia verbal no se da únicamente de forma presencial, ya que es un tipo de violencia muy común en plataformas de redes sociales. En estas se presenta en forma de eslóganes o hashtags que reciben mayor difusión dentro de las redes sociales y abren tópicos de discusión dentro de comunidades digitales que dan paso a que sucedan manifestaciones de violencia verbal (Bonilla, 2020).

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los diferentes tipos de violencia.

Tabla 1 Tabla 1 Tipos de violencia

Tipo de violencia	Definición
Violencia en las calles	La desigualdad es una de sus principales causas y crea condiciones de exclusión. La pobreza, falta de oportunidad y de acceso a servicios básicos y familias desintegradas aumentan o perpetúan un ciclo intergeneracional de violencia en la calle (Fajnzylber et al., 2002; Luneke y Varela, 2020).
Crimen organizado	Conductas delictivas realizadas por parte de una organización. Existen distintos niveles de organizaciones y utilizan métodos violentos para cumplir sus fines (Villalta e Instituto costarricense sobre drogas, 2019).
Pandillas y maras	Grupos caracterizados por su estructura jerárquica y lealtad tribal, que reclutan a jóvenes desfavorecidos. Se involucran en actividades como tráfico de drogas, extorsión, robo y homicidio (Spergel, 1995).
Violencia de Estado	Se define como el ejercicio sistemático de acciones agresivas por parte del Estado. Estas pueden ser a nivel macro o micro (Becerra y Trujano, 2011).
Violencia intrafamiliar	Daño físico, psicológico, patrimonial, económico y sexual dentro o fuera del hogar por parte de alguna persona con la cual se tenga una relación de consanguinidad (Tibaná-Ríos et al., 2020).
Violencia patrimonial	Daño a bienes materiales dentro del matrimonio (Castillo, 2023; Deere y León, 2021; Tibaná-Ríos et al., 2020).
Violencia sexual	Cualquier tipo de acto sexual sin el consentimiento de una o ambas partes (De La Hermosa y Polo, 2018).
Acoso escolar/ Bullying	Tipo de práctica de abuso prolongado físico, psicológico o emocional que se da en espacios educativos (Rodríguez y Mejía, 2012).
Violencia verbal	Comentario o pregunta que busca atacar a otra persona y se basa en modificaciones particulares de la forma en que se exprese una pregunta, el tono utilizado, el volumen en el cual se expresa y las palabras seleccionadas (Herrera et al., 2004).

Nota. Elaboración propia.

La desigualdad subjetiva, la intolerancia a la desigualdad y la clase social subjetiva son conceptos interrelacionados que se refieren a cómo las personas perciben y reaccionan ante las diferencias socioeconómicas. Estos conceptos pueden tener implicaciones significativas en el comportamiento y las dinámicas sociales, incluyendo la violencia.

La desigualdad subjetiva se refiere a la percepción individual de la desigualdad económica y social en una sociedad. A diferencia de las medidas objetivas de desigualdad, la desigualdad subjetiva se centra en cómo las personas perciben su posición relativa y la distribución de recursos y oportunidades a su alrededor. Esta percepción no está determinada por los recursos que realmente tiene la persona, sino que puede estar influenciada por factores como la información disponible, las comparaciones sociales y las experiencias personales (De la Torre, 2023; López, 2016).

La intolerancia a la desigualdad es la actitud negativa hacia la desigualdad socioeconómica. Se manifiesta cuando las personas no aceptan las disparidades percibidas como justas o legítimas y pueden sentirse motivadas a actuar para reducirlas. Esta intolerancia puede variar según el contexto, las normas sociales, las experiencias individuales de justicia y equidad, y los intereses de los medios de comunicación, porque es versátil (Dawes et al., 2007). La clase social subjetiva se refiere a cómo los individuos se perciben a sí mismos en la jerarquía socioeconómica, independientemente de su posición objetiva basada en ingresos, educación u ocupación (García-Castro et al., 2022; Xin, 2016).

La desigualdad subjetiva y la intolerancia a la desigualdad pueden contribuir a la violencia de varias maneras. Percibir injusticia y desigualdad puede generar frustración, resentimiento y hostilidad, especialmente cuando se siente que las disparidades son ilegítimas o inmerecidas. La clase social subjetiva también puede influir en la tendencia a la violencia, ya que las personas que se auto perciben en una posición más baja pueden sentir una mayor desesperación o falta de poder, lo que puede llevar a comportamientos agresivos como una forma de expresión o autoafirmación (Wilkinson y Pickett, 2009). Los países con menor desigualdad de ingresos y desempleo tienen niveles inferiores de homicidio y violencia (Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo citado en Blackwell y Duarte, 2011).

Esta investigación tiene como objetivos conocer cuál es el tipo de violencia que se percibe como el más frecuente en Centroamérica y cuales variables psicosociales se asocian con esta percepción. Para ello, hacemos uso de la base de datos publicada por Latinobarómetro (2023). ¹

Primero, se realizó la limpieza de la base de datos, de la cual se eliminaron 1036 observaciones con valores perdidos. Luego, se realizaron diferentes análisis descriptivos de variables de interés. En tercera instancia, se realizaron análisis exploratorios de posibles relaciones entre variables. Seguidamente, se seleccionaron las variables que mostraron una relación entre sí para construir el modelo de regresión, incorporando las variables demográficas como variables de control.

Se utilizó un modelo de regresión logística binaria jerárquica. La regresión logística es un modelo estadístico para calcular el efecto de una o más variables sobre una variable de respuesta, de manera que se utiliza para predecir las categorías binarias de una variable a partir de las puntuaciones de otra(s), entre mayor sea la asociación mayor es la capacidad de predicción (Tabachnick y Fidell, 2019). En esta investigación, se trató de predecir la percepción de la violencia en las calles, para lo cual se desarrolló un modelo de regresión logística binaria jerárquica en el que se incorporaron de manera progresiva variables explicativas para evaluar por pasos la influencia de cada una en la predicción final.

En el primer paso, se incluyeron como variables de control los datos sociodemográficos, que incluyen la edad, el sexo, el nivel de estudios y la percepción sobre la capacidad del salario para satisfacer las necesidades. En el segundo paso del modelo, se incorporó la variable de preocupación sobre ser víctima de un delito con violencia. En el tercer paso, se incluyeron las variables de ideología política y de clase social subjetiva. Por último, en el cuarto paso, se añadió al modelo los predictores sobre intolerancia a la desigualdad y de justicia en la distribución del ingreso.

A las personas se les preguntó lo siguiente: “¿Cuál de los siguientes tipos de violencia es más frecuente donde Ud. vive?”. En la Figura 1 se muestra cuántas personas seleccionaron cada una de las siguientes opciones: Violencia en las calles (N = 1566), Violencia verbal (N = 1316), Violencia intrafamiliar contra las mujeres (N = 1012), Bullying / Acoso (N = 959), Maras / Pandillas (N = 929), Crimen organizado (N = 880), Violencia intrafamiliar contra los niños (N = 866) y Violencia de Estado / Abuso de violencia policial (N = 653).

Figura 1 Figura 1 Distribución de tipos de violencia Figura 1 Distribución de tipos de violencia Nota. Elaboración propia.

Como variable de respuesta para el modelo de regresión, se eligió la opción Violencia en las calles, dado que esta fue la elegida por un mayor número de personas. En lo que respecta a los otros tipos de violencia, fueron seleccionados por una cantidad relativamente baja de personas. Estos resultados indican que la violencia en las calles es lo que se observa con más frecuencia por parte de las personas, mientras que los demás tipos de violencia son poco frecuentes o se perciben con menor frecuencia.

Se verificaron los supuestos de la regresión logística binaria, a saber: (1) relación lineal entre el logit o log-odds de la variable respuesta y cada predictor numérico, (2) independencia entre las observaciones y (3) ausencia de alto grado de multicolinealidad. En lo que respecta a la relación lineal entre cada predictor y el logit de la variable de respuesta, en la Figura 2 se puede apreciar que este supuesto se cumple.

Figura 2 Figura 2 Logit de la violencia en las calles y predictores Figura 2 Logit de la violencia en las calles y predictores Nota. Elaboración propia.

En lo que respecta al supuesto de independencia entre las observaciones, cabe señalar que cada participante de la muestra aportó una única respuesta a cada pregunta. En este sentido, las observaciones son independientes debido a que cada una proviene de distintas personas.

Para evaluar el supuesto de multicolinealidad, se utilizó el factor de inflación de la varianza (vif, por sus siglas en inglés). Los valores obtenidos fueron los siguientes: 1.017 (Sexo), 1.091 (Edad), 1.125 (Nivel educativo), 1.116 (Salario), 1.035 (Preocupación por los delitos), 1.084 (Ideología), 1.050 (Clase social subjetiva), 1.112 (Intolerancia a la desigualdad) y 1.102 (Justicia distribución del ingreso). Todos estos valores están por debajo de 5, lo cual indica que los niveles multicolinealidad son bajos.

Tabla 2 Tabla 2 Modelos de regresión logística

	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
Intercepto	OR = 0.492 p < 0.001 [0.341, 0.709]	OR = 1.615 p = 0.023 [1.067, 2.446]	OR = 2.465 p < 0.001 [1.549, 3.930]	OR = 2.271 p = 0.003 [1.328, 3.890]
Sexo	OR = 1.144 p = 0.040 [1.006, 1.301]	OR = 1.109 p = 0.122 [0.973, 1.265]	OR = 1.101 p = 0.153 [0.965, 1.256]	OR = 1.107 p = 0.133 [0.970, 1.263]
Edad	OR = 0.999 p = 0.705 [0.995, 1.003]	OR = 0.999 p = 0.597 [0.995, 1.003]	OR = 1.000 p = 0.905 [0.996, 1.004]	OR = 0.999 p = 0.702 [0.995, 1.003]
Nivel educativo	OR = 1.011 p = 0.192 [0.995, 1.027]	OR = 0.995 p = 0.565 [0.979, 1.012]	OR = 0.995 p = 0.572 [0.979, 1.012]	OR = 0.993 p = 0.432 [0.977, 1.010]
Salario cubrir necesidades	OR = 1.005 p = 0.897 [0.934, 1.081]	OR = 0.983 p = 0.649 [0.911, 1.060]	OR = 1.009 p = 0.819 [0.934, 1.089]	OR = 1.000 p = 0.995 [0.926, 1.080]
Preocupación delitos		OR = 0.686 p < 0.001 [0.648, 0.726]	OR = 0.686 p < 0.001 [0.648, 0.727]	OR = 0.692 p < 0.001 [0.653, 0.733]
Izquierda/derecha			OR = 0.985 p = 0.165 [0.965, 1.006]	OR = 0.994 p = 0.571 [0.973, 1.015]
Clase subjetiva			OR = 0.882 p < 0.001 [0.827, 0.941]	OR = 0.876 p < 0.001 [0.820, 0.934]
Intolerancia a la desigualdad				OR = 0.973 p = 0.021 [0.951, 0.996]
Justa distribución del ingreso				OR = 1.081 p = 0.070 [0.994, 1.175]
R de Nagelkerke	0.002	0.060	0.065	0.069

Nota. Elaboración propia.

En la Tabla 2, se observa que el sexo es un predictor significativo únicamente en el paso 1 (OR = 1.144, p = 0.040), mientras que los demás predictores no son significativos. Tomando en cuenta que los hombres fueron codificados con un 1 y las mujeres con un 2, estos resultados indican que (manteniendo los demás predictores constantes) la probabilidad de percibir la violencia en las calles como la más frecuente es mayor en las mujeres que en los hombres. En el paso 2, se observa que la preocupación por los delitos es un predictor significativo (OR = 0.686, p < 0.001), controlando por las variables sociodemográficas del paso 1. En este caso, cuando aumenta la preocupación por los delitos, disminuyen (manteniendo las demás variables constantes) las probabilidades de percibir la violencia en las calles como la más frecuente. Dicho predictor mantiene su significancia estadística en todos los demás pasos (OR = 0.686, p < 0.001; OR = 0.692, p < 0.001). En el paso 3, al agregar como predictores la ideología y la clase social subjetiva, se observa que esta última es estadísticamente significativa y se mantiene su significancia en el paso 4 (OR = 0.882, p < 0.001; OR = 0.876, p < 0.001), pero la ideología no. Finalmente, al incluir la intolerancia a la desigualdad y la justicia en la distribución del ingreso se observa que solamente la intolerancia a la desigualdad es estadísticamente significativa (OR = 0.973, p = 0.021). En la Tabla 2 también se puede apreciar que la proporción de varianza explicada por parte de los predictores en todos los modelos son bajas (.002, .060, .065 y .069).

La violencia en las calles se percibe como el tipo violencia más frecuente en Centroamérica. Este resultado se puede deber a varios factores socioculturales y contextuales específicos de la región. La violencia callejera, manifestada a menudo en forma de asaltos, homicidios y enfrentamientos entre pandillas, representa una amenaza directa e inmediata a la seguridad física de las personas. Asimismo, la prevalencia de estas formas de violencia en espacios públicos contribuye significativamente a la sensación de inseguridad en la población, impactando negativamente la calidad de vida y el bienestar psicológico de los ciudadanos (PNUD, 2013).

Además, la violencia callejera en Centroamérica está estrechamente ligada a la presencia y actividades de pandillas organizadas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18. Estas organizaciones criminales perpetúan la violencia a través de actividades ilícitas y generan un clima de miedo y coerción que afecta a comunidades enteras donde la respuesta gubernamental, a menudo insuficiente, y la percepción de impunidad agravan la situación, reforzando la idea de que la violencia en la calle es una de las mayores amenazas para la seguridad pública en la región (Cruz, 2010).

Así mismo, uno de los principales predictores de percibir la violencia en las calles como la más frecuente es la preocupación por la actividad criminal. Es decir, las personas que más se preocupan por el crimen tienen mayor probabilidad de referir la violencia en las calles como la más frecuente en la región. El miedo frente a la presencia de grupos criminales en el espacio público, cuyas actividades se asocian con robos, tiroteos, homicidios, tráfico y consumo de drogas puede propiciar esta respuesta. El crimen organizado deteriora la habitación y utilización de espacios como parques, plazas y calles que antes se consideraban seguros, afectando la calidad de vida de los habitantes, sus posibilidades de organización comunitaria, el desarrollo socioeconómico y su identidad colectiva asociada con la pertenencia e identificación con un territorio o espacio físico-material (Huhn et al., 2013; Trujillo, 2017).

Por otro lado, las personas que menos toleran la desigualdad son quiénes más probabilidad tienen de considerar la violencia en las calles como la más frecuente. La investigación de Widyastaman y Hartono (2022) respalda este resultado al identificar cómo la falta de acceso a recursos y oportunidades igualitarias contribuye al entorno propicio para el surgimiento y la persistencia de la violencia en comunidades afectadas por la desigualdad económica. La segregación socioespacial, junto con la desigualdad económica, hacen que no haya condiciones igualitarias en el acceso a recursos y oportunidades públicas lo cual propicia el surgimiento de mayor actividad delictiva (Itskovich y Factor, 2024; Widyastaman y Hartono, 2022) y podría explicar porque quienes menos toleran la desigualdad consideran la violencia callejera como la más frecuente.

Debido a una serie de factores relacionados, las personas de clase social más baja en Centroamérica frecuentemente señalan que la violencia callejera es la más común. Primero, estas comunidades están más expuestas a entornos urbanos marginales donde el crimen organizado y las pandillas son más evidentes. Estos grupos generalmente controlan áreas específicas y participan activamente en actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión y el robo, lo que crea un entorno inseguro. Además, la falta de oportunidades económicas y educativas en estos sectores marginales limita las opciones de los residentes, lo que aumenta la probabilidad de involucrarse en delitos o ser víctimas de ellos (Dammert, 2017; Fay, 2005)

Por otro lado, la cobertura mediática y la atención pública centrada en crímenes visibles y violentos también pueden aumentar la percepción de que la violencia callejera es el problema más prevalente. Los medios de comunicación suelen enfocarse en eventos importantes como homicidios o asaltos, lo que puede sesgar la percepción pública de que la violencia callejera es el principal problema de seguridad en la región (Santos, 2024).En resumen, las personas de clase social más baja identifican la violencia callejera como una de las preocupaciones más acuciantes en Centroamérica debido a la combinación de condiciones socioeconómicas precarias, la presencia de pandillas y las percepciones mediáticas.

Una de las limitaciones de esta investigación es la medición de la violencia en las calles. Al tratarse únicamente de una única medición, no es posible estimar su confiabilidad, lo cual podría explicar en parte las bajas proporciones de varianza explicada de los modelos de regresión. Adicionalmente, el concepto de violencia en las calles pudo haber sido interpretado de diferentes formas por las personas participantes, las cuales no pueden ser exploradas en detalle porque la pregunta no está desagregada en diferentes tipos de violencia callejera. Otra limitación de los datos es su naturaleza transversal, es decir, no se cuenta con datos longitudinales que permitan conceptualizar los predictores como factores causales. Adicionalmente, los datos son de naturaleza observacional, lo cual no permite establecer con certeza la relación causal entre los predictores y la variable de respuesta. Finalmente, cabe destacar que las proporciones de varianza explicada en los modelos son bajos, lo cual impide utilizar estos modelos para fines predictivos.

En cuanto a posibles investigaciones futuras, sería de utilidad desarrollar un instrumento que profundice en las distintas dimensiones de la violencia en las calles. De esta manera, se podría cuantificar el error de medición asociado a la medida y también se contarían con evidencias de validez sobre la capacidad del instrumento para medir el constructo de interés. Asimismo, para futuros estudios se pueden plantear mediciones longitudinales que permitan conceptualizar los predictores como posibles factores causales.

La violencia genera impactos negativos en la salud mental y en la cohesión social (Itskovich y Factor, 2024). La relevancia del presente trabajo es poder conocer cuál es el tipo de violencia que se percibe como el más frecuente en la región para poder así derivar políticas públicas y programas sociales destinados a su reducción. Además, las variables psicosociales asociadas generan un conocimiento de base sobre la construcción de la percepción social de la violencia en Centroamérica. La reducción de la violencia y la desigualdad son de los mayores desafíos de la región, sobre los cuales este trabajo pretende contribuir.