La finalización de los conflictos armados en Centroamérica durante la década de 1990 no marcó el inicio de una paz duradera, sino el surgimiento de una dinámica de violencia en la que los actores y las motivaciones dejaron de ser políticos, predominando en su lugar intereses criminales (Calderón Umaña, 2018; Kruijt, 2015). Después de la transición democrática, varios países de la región han registrado tasas de homicidios dolosos que los posicionan, de manera recurrente, entre los más violentos del mundo (Call, 2000; Zinecker, 2009; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2023).

En este escenario, Costa Rica logró escapar tanto de los conflictos bélicos que marcaron la región durante más de dos décadas, como de las nuevas formas de criminalidad homicida. Históricamente, este país ha figurado entre las naciones latinoamericanas con las tasas de homicidios más bajas, compartiendo esta característica con Chile, Argentina y Uruguay. No obstante, esta situación está cambiando. La tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes se duplicó en la última década: pasó de 8.6 en 2013 a 17.2 en 2023. En este último año, el país superó las tasas de Guatemala (16.7) y El Salvador (2.4), posicionándose como uno de los más violentos del Istmo (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2024).

Según las autoridades, esta situación se debe principalmente al accionar de grupos que organizan actividades ilícitas, ya que estos emplean la violencia homicida para resolver sus disputas (Bermúdez, 2023). Sin embargo, hay evidencia de que este proceder no es exclusivo de dichos actores, tal y como se lee en los titulares de diversos medios de circulación nacional. Por ejemplo: “Yerno contrató a sicarios para asesinar a suegro” (La Nación, 2015). “Mujer y su hija detenidas como presuntas autoras intelectuales del homicidio de XX” (La Nación, 2016). “Paga ¢2,3 millones para matar esposo” (Diario Extra, 2018). “Novio de XX habría ordenado asesinarla para ocultar relación que tenía con ella” (La Nación, 2020).

En este sentido, investigaciones realizadas en otros países de la región, reportan que, cuando los grupos ilícitos incrementan la violencia homicida, esta tiende a desbordarse hacia otros ámbitos y personas ajenas al mundo criminal empiezan a utilizarla para resolver problemas cotidianos (Betancourt Ledezma y Castillo Garcés, 2019; Carrión, 2009a; Montoya Prada, 2009; Schlenker, 2012). Si bien estos hallazgos podrían no aplicarse al caso costarricense, pues derivan de entornos con conflictos armados de larga data y tasas de homicidios históricamente elevadas, la evidencia de otros contextos sociales y criminológicos tan distintos al latinoamericano, como Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos, confirma que los homicidios remunerados, por contrato o sicariato, no son exclusivos de redes criminales (Black, 2000; Blackshaw, 1996; Brolan et al., 2016; Cameron, 2014; Macintyre et al., 2014; Mouzos y Venditto, 2003).

Por la relevancia social del tema y la falta de estudios sobre esta problemática en Costa Rica, este trabajo ¹ analiza los homicidios remunerados que ocurrieron en el país entre 2000 y 2020, para identificar sus características, así como las diferencias y similitudes que podrían existir entre aquellos cometidos por grupos criminales y los empleados por actores no delictivos. Para ello se desarrolló una aproximación novedosa al tema. En lo conceptual, se considera la multiplicidad de actores y la complejidad de relaciones que establecen entre sí, a fin de superar el énfasis que suele darse a las relaciones económicas entre autores intelectuales y materiales. En el plano metodológico, se utilizaron sentencias condenatorias, debido a que contienen información inaccesible por otros medios y permiten abordar de manera segura el tema.

En los siguientes apartados se expone el marco conceptual y metodológico, el análisis de los datos y sus principales resultados, así como las reflexiones finales que incluyen recomendaciones de política pública y sugerencias para futuras investigaciones. Además, se incorpora un anexo relacionado con el análisis estadístico de los datos (Anexo 1).

Los datos utilizados en esta investigación provienen de un conjunto de sentencias condenatorias emitidas por los tribunales de justicia entre 2000 y 2020, por el delito de homicidio calificado, agravado por la figura de remuneración o la promesa de remuneración. ⁴ Para identificar y acceder a estos documentos se diseñó una estrategia de búsqueda que incluyó la consulta de diversos sistemas de acceso público del Poder Judicial (NexusPJ y Consulta en Línea, por ejemplo), ⁵ así como la solicitud de información a instancias tales como el Archivo Judicial, la Contraloría de Servicios y el Centro de Información Jurisprudencial (CIJ). Posteriormente, se revisaron las notas de prensa que, sobre sentencias condenatorias por homicidio calificado bajo la agravante de remuneración, publicaron, para el periodo de estudio, tres medios de circulación nacional: La Nación, Diario Extra y CrHoy.com. ⁶ Por último, se contrastaron los resultados obtenidos de los sistemas institucionales con las sentencias reportadas en las notas de prensa, para asegurar que no se omitiera ningún caso. Al final del proceso se logró identificar la existencia de un total de 21 sentencias con condenatoria en firme para el delito de interés.

Se consideró que el resultado de la búsqueda en las notas de prensa constituía un contrapunto valioso a las indagaciones en las instancias judiciales, ya que el carácter mediático de estos hechos generalmente garantiza su cobertura. En este sentido, un estudio previo encontró que, en 2008, el número de homicidios reportados por la prensa nacional (La Nación y Diario Extra) coincidió en un cien por ciento con los casos reportados por las autoridades judiciales (Monge-Nájera y Vega, 2012). Bajo esta premisa, no existen razones para pensar que la búsqueda haya excluido casos relevantes; por lo que se considera que los veintiún casos identificados, constituyen el total de sentencias condenatorias emitidas por los tribunales de justicia para los homicidios de interés, durante el período de estudio.

Dos aclaraciones al respecto. Primero, el procedimiento descrito sirvió exclusivamente para reconstruir el universo muestral; es decir, el total de casos de interés. Segundo, el conjunto de sentencias identificado, aunque exhaustivo, no constituye una muestra –probabilística o no– del total de homicidios remunerados que ocurrió en el país durante esos años. ⁷ Sin embargo, es importante señalar que dentro de las 21 sentencias identificadas se reproduce la mayoría de las características reportadas por estos homicidios en otros contextos. Por ejemplo, la mitad de las sentencias responde a situaciones originadas en disputas criminales y la otra mitad a homicidios ligados a conflictos por convivencia. Dentro de los primeros, además, se tienen asesinatos ligados no solo a disputas por drogas, sino también a casos de estafa y robo cometidos por grupos de distinto alcance: barrial, nacional y trasnacional. En el segundo grupo, hay asesinatos por distintos motivos, tales como disolución de vínculos afectivos y disputas económicas; además, los grados de organización y complejidad del homicidio son muy diversos: incluyen casos ejecutados por menores en adicción, así como otros orquestados desde centros penales.

Una vez ubicadas las sentencias de interés, estas fueron solicitadas al CIJ para su despersonalización y garantizar así el derecho a la protección de los datos de las personas involucradas en estos procesos judiciales. La petitoria resultó en el acceso a 18 de los 21 documentos requeridos; tres no pudieron ser despersonalizados por el formato en que se encontraban. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto sobre lo descrito en el párrafo anterior, pues se mantuvo la presencia de casos con las características indicadas.

Tras la lectura y análisis minucioso de estos documentos, se elaboró un resumen de los casos y, la información obtenida se organizó en tres bloques temáticos relativos a las características del caso, de las víctimas y de los victimarios (Tabla 1). Para cada uno de estos bloques de información se diseñó una base de datos y se procedió a calcular tablas de frecuencias y estadísticos descriptivos. Al observar que algunas de estas características variaban en función del móvil del homicidio, se decidió, a la luz del objetivo central del estudio, realizar pruebas de hipótesis para explorar cómo covariaba cada una de esas variables con respecto al móvil del asesinato.

Para ello se utilizaron la Prueba Exacta de Fisher y la Prueba U de Mann-Whitney, ambas idóneas para analizar relaciones en conjuntos de datos pequeños como los utilizados en este trabajo. ⁸ Se calculó, además del valor p de las pruebas, la razón de probabilidades (RP), para las variables que reportaron una relación significativa (p < 0.05) con el móvil del asesinato; esto para cuantificar la intensidad de la relación. Una RP igual a 1 indica ausencia de asociación entre las variables analizadas y el móvil del homicidio. Una RP menor a 1 señala una asociación negativa y, una RP mayor a 1, sugiere una asociación positiva.

Tabla 1 Tabla 1 Características del caso, de las víctimas y de los victimarios encontradas en las sentencias condenatorias (2000-2020)

Características
Caso	Víctimas y victimarios*
-Día y hora en que se atendió el homicidio -Día y hora en que se dictó sentencia -Medios por los cuales la autoridad conoció el caso -Móvil del asesinato -Lugar del ataque -Lugar del deceso -Tipo de arma empelada -Cantidad de armas empleadas -Monto pactado	-Cantidad -Sexo -Edad -Estado civil -País de origen -Desarrolla actividades criminales al momento del proceso judicial -Pertenencia a grupo criminal -Antecedentes penales -Acusación por otros delitos en la causa por homicidio -Víctimas no relacionadas con el caso -Ligamen víctima y autor intelectual -Ligamen víctima y autor material -Ligamen autor material y autor intelectual.

Nota. *Victimarios se refiere a las personas que recibieron una condena en el proceso judicial. Elaboración propia con datos de sentencias judiciales.

Este procedimiento no se diseñó para generalizar los resultados al conjunto de homicidios remunerados que tuvo lugar en el país durante el periodo de referencia, pues tal y como ya se dijo, las sentencias analizadas no constituyen de una muestra probabilística. Su objetivo más bien consistió en dotar a la investigación de las herramientas necesarias para organizar y dar sentido a la información. Desde esta perspectiva, los hallazgos obtenidos poseen un valor analítico orientado a generar un acercamiento y comprensión preliminares sobre las características, dinámicas y contextos de estos homicidios. Por esta razón, el análisis se complementó con referencias a casos cuidadosamente seleccionados por su capacidad para ilustrar y matizar, de manera concreta, las dinámicas y tendencias generales identificadas en el análisis estadístico.

Otra limitación de las sentencias es la disparidad en el registro de la información sociodemográfica de los protagonistas tanto al interior de una misma sentencia como entre sentencias. Por ejemplo, no siempre se consignan los mismos datos para todos los participantes en lo que respecta a ocupaciones, grados educativos o bien antecedentes penales. De igual manera, la capacidad institucional no es la misma en todos los juzgados. Por ejemplo, en el circuito judicial que atiende el distrito central de Limón, solo se encontró una sentencia condenatoria, lo que contrasta con el hecho de que este es el área geográfica que más concentra los homicidios de interés, según las estadísticas policiales (Calderón, 2023). Por su parte, los circuitos judiciales que atienden los cantones más afectados de la provincia de San José, segunda área geográfica de importancia en estos homicidios, fueron los que reportaron la mayor cantidad de sentencias condenatorias.

Sumado a lo anterior, existe una serie de desafíos importantes para acceder a estos documentos. No se cuenta con un registro unificado de acceso público que permita conocer el total de sentencias emitidas por los tribunales para este tipo de homicidios. De ahí la necesidad de plantear estrategias como la que se diseñó para esta investigación, las cuales, si bien son efectivas, consumen una gran cantidad de tiempo y recursos. Además, el proceso de despersonalización de las sentencias, también requiere una cantidad importante de tiempo que afecta el desarrollo de la investigación.

Pese a todas las limitaciones y desafíos descritos, las sentencias constituyen una fuente de información sumamente valiosa que no pude desaprovecharse, porque ofrece datos no disponibles en ningún otro lugar, como los relacionados con las características de los victimarios (autores materiales e intelectuales), los montos pactos, los móviles y antecedentes del caso, así las dinámica del ataque. A ello hay que sumar el hecho de que, recurrir a estos documentos, permite superar muchos de los desafíos de seguridad típicamente asociados a la investigación de estas temáticas.

Finalmente es importante destacar que el uso de sentencias condenatorias para investigar este tipo de homicidios, así como el tratamiento brindado a las notas de prensa, constituyen una innovación metodológica en la literatura especializada. Para América Latina no se encontraron estudios que empleen esta fuente de información. En los trabajos de habla inglesa se recurre a documentos legales como transcripciones de juicios y reportes de los sospechosos (Black, 2000; Corsaro, 1998; Macintyre et al., 2014), pero estos no necesariamente contienen los mismos datos que las sentencias. ⁹ Por otra parte, y a diferencia de la mayoría de las investigaciones que recurren a notas de prensa (Black, 2000; Brolan et al., 2016; Cameron, 2014; Carrión, 2009b; Macintyre et al., 2014), estas no se emplearon como fuente de información sobre los casos, sino más bien, para apoyar el proceso de reconstrucción del universo de estudio, tal y como ya se mencionó.

Características generales de los homicidios remunerados

En la mayoría de las sentencias analizadas (13 de 18), las autoridades registraron y atendieron los eventos de manera casi simultánea a su ejecución. El tiempo transcurrido entre uno y otro momento fue de pocas horas, incluso minutos. El lapso más prolongado (3 días) se reportó en un único caso. Las autoridades conocieron del evento principalmente por llamadas al 911 e intervención directa de la policía, cada una con siete casos. ¹⁰ Se logró establecer, asimismo, que el tiempo promedio para alcanzar el dictado de la sentencia (poco más de 3 años), fue bastante cercano (2,6 años) a la duración media de los procesos en la jurisdicción penal ordinaria (Programa Estado de la Nación, 2022). ¹¹

En la mitad de las sentencias (9 de 18), los homicidios fueron ejecutados por actividades ilícitas en que participaban las víctimas: comercialización de drogas prohibidas (4), estafas (4) y asaltos (1). En el otro 50 %, las muertes se originaron en deudas o disputas por bienes materiales (5), disolución de vínculos entre parejas afectivas (2), femicidio (1) y por cuestionamientos de la víctima sobre la legalidad y honorabilidad de las acciones del autor intelectual del homicidio (1) (Tabla 2).

Tabla 2 Tabla 2 Sentencias condenatorias, según móvil de los homicidios (2000-2020)

Móviles	Frecuencia	Porcentaje
Criminales	9	50,0
Comercio de drogas ilícitas	4	22,2
Estafas	4	22,2
Asaltos	1	5,5
No criminales	9	50,0
Deudas o disputas por bienes materiales	5	28,0
Disolución de vínculos afectivos	2	11,1
Afrenta al honor	1	5,5
Femicidio	1	5,5
Total	18	100

Nota. Elaboración propia con datos de sentencias judiciales.

La mayoría de las sentencias (15) se refiere a casos en los que se planeó un único asesinato y, en dos casos, se registró la muerte de personas no relacionadas con los hechos. ¹² Por otra parte, la generalidad de estos homicidios (90 %), fue ejecutada con un arma de fuego (revólveres o pistolas 38 mm y 9 mm), en vía pública (83 %) ¹³ y las víctimas murieron mayoritariamente en el lugar de los hechos (61 %). El monto promedio pagado por estos asesinatos, independientemente del móvil, fue de $6240.00 dólares estadounidenses; esto equivale a casi diez veces el salario mínimo estipulado para el primer semestre de 2024 ($687.00). ¹⁴ Sin embargo, los precios registraron una gran fluctuación: el más bajo (170.00 dólares) fue 37 veces inferior al promedio, y el más alto (20 000 dólares), casi tres veces mayor a esa cifra. ¹⁵

Al excluir las víctimas no relacionadas con los hechos y focalizar la atención en aquellas a las que iba dirigido el ataque (21 de 26), se encontró que casi la totalidad eran hombres (19); más del 60 % reportó edades superiores a los 35 años y la edad promedio fue de 44; además, los costarricenses (11) y colombianos (6) aportaron el 80 % de las víctimas. Se pudo constatar, asimismo, que prácticamente la mitad de las víctimas desempeñaba actividades ilícitas (10) y que una cantidad similar (9) pertenecía a grupos criminales. También se encontró que tres víctimas reportaron antecedentes penales, pero este dato debe ser tomado con cautela, ya que esta información no estuvo disponible para la mayoría de las víctimas (11 de 21). Los casos donde se tenía previsto aniquilar a más de una persona, así como aquellos en los que se utilizó más de un arma de fuego, correspondieron a móviles criminales; es decir, a asesinatos motivados por las actividades ilícitas desarrolladas por la víctimas al momento de los hechos. ¹⁶

Por otra parte, un total de 61 personas fueron responsabilizadas y castigadas penalmente por estos asesinatos: 24 fueron condenadas por la autoría intelectual (idearon y ordenaron el homicidio) y 37 por la autoría material (ejecutaron o participaron en el asesinato). El involucramiento de estos últimos asumió distintas formas: intermediario entre el autor intelectual y el atacante (10 de 61), ejecutores de la víctima (17 de 61), conductores encargados de trasladar al ejecutor hacia y desde el lugar del hecho (7 de 61), y, acompañantes, encargados de labores logísticas y de inteligencia como corroborar la presencia de la víctima en el sitio fijado para el ataque, monitorear la presencia policial, y otros hechos que pudieran afectar el éxito de la operación (3 de 61).

La mayoría de los autores intelectuales fueron hombres (17 de 24), casados o en unión libre (10), costarricenses (18), y con una edad promedio de 37 años. La mayoría se dedicaba a actividades ilícitas y pertenecía a grupos criminales (17), y, aunque solo seis reportaron antecedentes penales, al igual que en el caso anterior, este dato debe interpretarse con cautela, debido a la falta de información en una cuarta parte de los casos (6). A este respecto, cabe destacar que casi la mitad de los autores intelectuales (11) fueron condenados, además del homicidio en cuestión, por otros delitos como asociación ilícita, estafa e infracciones a la Ley de Sicotrópicos. La participación de mujeres como autoras intelectuales es notable, ya que su representación (7 de 24) es mucho mayor que en su condición de víctimas (2 de 21) o intermediarias (2 de 37); además, porque contrataron homicidios tanto para resolver disputas no criminales (5) como criminales (2).

Los autores materiales son fundamentalmente hombres (35 de 37), jóvenes (28 de 37), con una edad promedio de 28,5 años, ¹⁷ costarricenses (30 de 37), casados o en unión libre (15 de 37), aunque los solteros representan una proporción importante (10 de 37). La generalidad estaba involucrada en actividades económicas ilícitas (23 de 30) ¹⁸ y pertenecía a grupos delictivos (17 de 27). La información sobre antecedentes penales no estuvo disponible para más del 40 % de estos sujetos (16 de 37). Sin embargo, en el resto de los casos, casi una tercera parte había sido procesada por diversos delitos como venta de drogas, estafas y homicidios, entre otros. En la causa penal analizada, a la mayoría se le acusó y condenó únicamente por el homicidio en cuestión (23 de 37). Pero hubo una cantidad importante, cercana al 40 %, que también fue procesada por otros ilícitos como privación de libertad, asociación ilícita, homicidio simple e infracción a la Ley de Sicotrópicos. Se pudo constatar, además, la participación de menores de edad en tres casos y, en igual número de ocasiones, la intervención de policías (activos e inactivos). Los primeros se reportaron en homicidios por móviles no criminales y los segundos en móviles por razones criminales.

Con respecto a las relaciones entre los protagonistas de todos estos homicidios, se encontró que prácticamente en la totalidad de las sentencias (17 de 18), las víctimas tenían algún tipo de relación previa con los autores intelectuales. Pero, en ningún caso, tenían vínculos previos con los ejecutores. En 16 de las 18 sentencias, los autores intelectuales reportaron lazos anteriores al asesinato con los autores materiales; específicamente, con las personas que fungieron como intermediarios y, estos, a su vez, conocían personalmente a los ejecutores en la mayoría de los casos. ¹⁹

La descripción realizada permite afirmar, para el conjunto de datos analizados, que los homicidios remunerados son un fenómeno predominantemente masculino, ejecutado con armas de fuego, en vía pública, y que se utilizan para resolver tanto disputas entre actores criminales como no criminales. Estos rasgos se alinean con la evidencia existente en contextos tan disímiles al costarricense como Gran Bretaña (Cameron, 2014; Macintyre et al., 2014) y Australia (Mouzos y Venditto, 2003). Además, el predominio de hombres, así como de armas de fuego, coincide con lo que ocurre en la generalidad de los homicidios dolosos en Costa Rica y en el resto del mundo (Calderón Umaña, 2023; UNODC, 2019, 2023).

Por otra parte, se observa que los jóvenes no son los únicos protagonistas de estas muertes. Aunque predominan como autores materiales, no es así en el caso de los autores intelectuales, ni de las víctimas. De hecho, existe una progresión y diferencia de edades de casi diez años entre estos grupos: la edad media de los autores materiales es de 28,5 años, la de los autores intelectuales 37 y la de las víctimas 44. Este patrón es consistente con lo reportado por Mouzos y Venditto (2003) y por Cameron (2014). Pero, discrepa, al menos en lo que a víctimas se refiere, con la información disponible en los Anuarios de Estadísticas Policiales (AEP) para el propio caso costarricense. En estos compendios, el 55 % de las personas asesinadas a cambio de una remuneración entre 2000 y 2015 eran jóvenes de entre 20 y 34 años. ²⁰ La información recaba no permite explicar el porqué de esta inconsistencia.

En cuanto al lugar de los hechos, esta investigación encontró que la vía pública fue el escenario más recurrente, lo cual se alinea con los resultados de Carrión (2009b) para Ecuador, pero contrasta con lo descubierto por Brolan, Wilson y Yardley (2016) para Gran Bretaña. En este último trabajo, se encontró que los espacios públicos abiertos ocuparon el tercer lugar (19 %), superados por la casa de las víctimas (41 %), así como por bares y restaurantes (22 %).

La información disponible no permite explicar esta discrepancia, por lo que será necesario analizarla en próximas investigaciones, debido a su importancia, ya que, la escogencia que realiza el asesino del lugar del ataque no es aleatoria (Brolan, Wilson y Yardley, 2016). Generalmente responde a una combinación de factores logísticos, como la facilidad o dificultad para escapar, así como otros de carácter simbólico. Por ejemplo, enviar un mensaje a una determinada audiencia, la cual juega un papel central en las dinámicas de violencia (Collins, 2009).

A contrapelo de la generalidad de investigaciones consultadas, aquí se logró recuperar información sobre los vínculos entre los diversos protagonistas de estos homicidios, y se pudo constatar que dichas relaciones tienden a comportarse según lo previsto teóricamente. Esto es, que existen vínculos previos de distinto tipo entre autores intelectuales y víctimas, así como entre los primeros y los autores materiales, más no así entre estos y las víctimas. Los datos analizados también sugieren que los homicidios originados en dinámicas criminales, presentan algunos rasgos que los distinguen de los que se utilizan para resolver disputas sociales entre actores que no se dedican a actividades delictivas. Por ejemplo, en los primeros se observa la participación de (ex)policías y víctimas múltiples, mientras que, en los segundos, se detectó la presencia de menores de edad, así como una mayor cantidad de mujeres en condición de autoras intelectuales. En la siguiente sección se abordan sistemáticamente los contrastes que existen entre estos homicidios cuando se los analiza según el móvil.

Después de analizar las características de los casos, las víctimas y los victimarios en su relación con el móvil del homicidio (criminal vs no criminal), se encontró que ocho de ellas se asocian estadísticamente con este (Tabla 3). En todos estos casos, el valor de la razón de probabilidades (RP), muestra una fuerte relación entre las variables examinadas y el motivo del homicidio, revelando que este último está influenciado por la participación de la víctima y de los perpetradores en actividades criminales.

Tabla 3 Tabla 3 Pruebas exactas de Fisher, Chi-cuadrado y Razón de probabilidades para características de las víctimas y victimarios según móvil del homicidio*

Características de las personas involucradas	Motivo del homicidio			Total	Valor p**		RP	Intervalos confianza
	Criminal	No criminal			Fisher	Chicuadrado		Inferior	Superior
Víctima desarrollaba actividades criminales
Sí	10		0	10	0.00	0.00	0.09	0.01	0.58
No	1		10	11
Víctima pertenecía a grupo criminal
Sí	11		0	11	0.00	0.00	--	--	--
No	0		10	10
Autor intelectual desarrollaba actividad criminal
Sí	14		3	17	0.00	0.00	3.33	1.29	8.59
No	0		7	7
Autor intelectual pertenecía a grupo criminal
Sí	14		3	17	0.00	0.00	3.66	1.39	9.62
No	0		8	8
Autor intelectual con antecedentes penales
Sí	5		1	6	0.04	0.01	15.0	1.21	185.9
No	3		9	12
Autor material desarrollaba actividad criminal
Sí	15		9	24	0.00	0.01	1.66	1.10	2.51
No	0		6	6
Autor material pertenecía a grupo criminal
Sí	14		3	17	0.00	0.00	18.6	2.55	136.4
No	2		8	10
Autor material condenado por otros delitos
Sí	10		4	14	0.02	0.01	5.71	1.36	24.6
No	7		16	23

Nota. *Pruebas al 5 % de significancia. **Se reporta el valor de Chi-cuadrado para mostrar la consistencia de los resultados. Elaboración propia con datos de las sentencias.

La pertenencia del autor material a un grupo criminal (RP=18.6; IC 95 %: 2.55-136.4), el hecho de que este haya sido condenado por otros delito, además del homicidio en cuestión, (RP=5.71; IC 95 %: 1.36-24.6) aumentan enormemente las probabilidades de que el homicidio se origine en conflictos criminales. Igualmente, la participación del autor intelectual en actividades criminales (RP=3.33; IC 95 %: 1.29-8.59), su pertenencia a un grupo ilícito (RP=3.66; IC 95%: 1.39–9.62), y el hecho de contar con antecedentes penales (RP=15.0; IC 95 %: 1.21-185.9), se asocian fuertemente con móviles ligados a disputas criminales. Además, todas las víctimas que murieron por un asesinato inscrito en entramados criminales, pertenecían a grupos dedicados a actividades ilícitas, lo que expresa una relación extremadamente fuerte entre ambas variables.

En contraste, hay un asociación débil entre los homicidios con móviles criminales y el hecho de que la víctima no estuviera involucrada en actos de esta índole (RP=0.09; IC 95 %: 0.01-0.58), lo cual se refuerza al observar que la totalidad de víctimas de homicidios por conflictos sociales no pertenecía a asociaciones delictivas. ²¹ En esta línea, destaca el hecho de que la participación del autor material en actividades ilícitas reportara una relación moderada con el móvil del homicidio (RP=1.66; IC 95 %: 1.10-2.51), lo que sugiere que esta variable influye de manera menos contundente en la motivación criminal del hecho.

Un último aspecto que vale la pena mencionar sobre estos hallazgos es que la amplitud de los intervalos de confianza (IC) para algunos valores de la RP (sobre todo, para las variables: antecedentes penales del autor intelectual y pertenencia del autor material a grupo criminal) sugieren que la intensidad de esa relación puede variar sustancialmente, y, por lo tanto, expresan una menor precisión de la estimación, lo cual puede deberse a factores como el reducido número de casos analizados o la alta variabilidad en los datos. Sin embargo, esto en nada afecta el hecho de que esas variables se encuentran estadísticamente asociadas con el móvil del homicidio, lo cual se refuerza al constatar que los intervalos de confianza para todas las RP son diferentes a 1; esto, a su vez, es consistente con los valores p de las pruebas de hipótesis. En síntesis, las variables analizadas aumentan las probabilidades de que el móvil del homicidio se origine en disputas criminales, pero hay que interpretar con cautela la magnitud de las asociaciones entre algunas de las variables estudiadas y el móvil del homicidio.

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí es posible afirmar que los asesinatos originados en la venta de drogas, estafas y asaltos están estrechamente asociados con entramados criminales en los que tanto las víctimas como los perpetradores participan activamente. En contraste, los homicidios motivados por disputas sociales suelen involucrar a personas que no están vinculadas a actividades delictivas, que se dedican a labores económicas lícitas y, que no forman parte de grupos criminales. Esto indica que, lo que distingue y agrupa a estos homicidios en dos categorías distintas (móviles criminales vs. no criminales) es una combinación de factores relacionados con el contexto del evento y las características de los involucrados que interactúan con el móvil del asesinato.

Esta tendencia, sin embargo, no debe interpretarse como una división rígida que separa a los casos en dos grupos claramente definidos y homogéneos en su interior. Primero, porque tal y como ya se mencionó, todos estos homicidios comparten el hecho de ser ejecutados predominantemente por hombres, en espacios públicos, empleando para ello armas de fuego. Segundo, porque al revisar los casos ubicados en uno u otro subgrupo, emergen matices importantes que no pueden ser obviados sino es a condición de sobresimplificar el problema, tal y como se observa de manera ejemplar en los siguientes casos.

Los dos primeros, ambos referidos a homicidios por razones criminales, sirven para mostrar que las actividades desarrollada por estos grupos, así como su nivel de organización y, el alcance de sus operaciones es muy disímil. El primero revela la existencia de una estructura compleja, dedicada a estafas internacionales, mientras que el segundo remite a un clan, basado en vínculos familiares, cuyo negocio es la venta de drogas ilícitas en el barrio donde viven. El primer caso, además, resulta útil para ilustrar que no todos estos asesinatos son el resultado de conflictos entre grupos en disputa, sino que, más bien, las víctimas pueden ser ejecutadas por mandato de su propia organización.

Caso 1. Un estadounidense, residente en el país, lideraba un grupo dedicado a estafar a ciudadanos norteamericanos desde Costa Rica, en colaboración con otros extranjeros radicados en Estados Unidos. Para deshacerse de uno de sus socios, este individuo contrató a dos sujetos de origen colombiano, para eliminarlo durante una de sus visitas a Costa Rica. Sin embargo, los colombianos decidieron advertir a la potencial víctima, quien, a su vez, los contrató para asesinar al líder de la organización, es decir, a su propio socio. Enterado del nuevo escenario, el líder, a través de uno de sus guardaespaldas, contrató a un policía en ejercicio para eliminar a los dos colombianos. Tras acordar un pago de 4000 dólares estadounidenses en total, el policía ejecutó los asesinatos en días y lugares distintos. Ambos ataques se llevaron a cabo con armas de fuego, mientras las víctimas se desplazaban en sus vehículos particulares. Cada una recibió doce impactos de bala, resultando en la muerte instantánea del primero y la hospitalización del segundo, quien murió horas después en el dispensario. Todos los involucrados en este caso tenían antecedentes penales y fueron procesados por múltiples delitos.

Caso 2. Un clan dedicado a la venta y distribución de crack, cocaína y marihuana en un barrio del sur de la capital, entró en conflicto con un individuo que empezó a comercializar drogas en su área de influencia. Uno de los miembros del clan, en acuerdo con sus hermanos, contrató a dos personas para asesinar al rival. El acuerdo se concretó durante uno de sus viajes recurrentes al caribe costarricense, para abastecerse de estupefacientes. Se pactó un pago único de un millón de colones (poco más de 1800 dólares estadounidenses), una vez que se concretara el homicidio. Días después, la víctima fue atacada en la vía pública con un arma calibre 38. Recibió dos disparos por la espalda: uno en el cráneo y otro en el tórax. Aunque fue trasladado al hospital, murió minutos después. Todos los participantes reportaron antecedentes penales y fueron procesados por diversos delitos, además del homicidio.

De manera similar a lo ocurrido en estos casos, en los homicidios motivados por conflictos no criminales, también hay diferencias relevantes, no solo en cuanto a las motivaciones (económicas, emocionales, etc.), sino también en lo que respecta a las características de los perpetradores, sus niveles de organización y, sus habilidades para concretar el hecho. En el primero de los casos que se describe a renglón seguido, la muerte se originó en una motivación económica: la apropiación de los bienes de la víctima por parte de su victimaria y, el asesinato muestra un grado de organización importante. El segundo ejemplo que se incluye, por su parte, relata un homicidio originado en relaciones sentimentales, acometido –de manera bastante rudimentaria– por personas menores de edad, adictas a las drogas prohibidas.

Caso 3. Una mujer que compartía relaciones comerciales con su expareja sentimental, eran copropietarios de un local comercial y ella administraba varios de los negocios de su excompañero, decidió asesinarlo para quedarse con sus bienes. Con la ayuda de un amigo, quien a su vez contactó a un conocido, que para ese momento se encontraba recluido en un centro penal, la autora intelectual organizó la contratación de los perpetradores. Después de acordar un pago de diez millones de colones (unos 19 000 dólares estadounidenses), los asesinos, que residían en un barrio del sur de la capital, se trasladaron al lugar de residencia de la víctima y la autora intelectual (Pacífico Central). Siguiendo el plan acordado, la mujer, bajo engaños, citó a la víctima al lugar previamente definido con los ejecutores. Una vez que estos fueron alertados por la contratante de que la víctima se encontraba en el lugar acordado, uno de los cómplices inspeccionó el lugar. Posteriormente, dio el visto bueno a los ejecutores y, estos emboscaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio del ataque.

Caso 4. El contratante del homicidio mantenía relaciones sexuales esporádicas con la víctima. En algún momento, esta, en complicidad con una amiga, ideó un plan para engañarlo, haciéndole creer que estaba embarazada. Ante la noticia, el hombre decidió asesinarla, para evitar problemas con su familia y su otra pareja. Para ejecutar el homicidio, contactó a una adolescente adicta al crack, quien, a su vez, localizó a un sicario, también menor de edad y adicto. Se acordó un pago de 150 000 colones (poco menos de 300 dólares estadounidenses) para llevar a cabo el asesinato. Esta cifra incluía el pago de la intermediaria y del asesino. Tras planear y acordar los detalles, el contratante invitó a la víctima a una salida a la que también asistirían unos supuestos amigos suyos, quienes en realidad eran la intermediaria y el sicario. En el sitio acordado (espacio abierto), la víctima fue asesinada de un disparo y su cuerpo arrojado a un precipicio. El cadáver fue encontrado meses después, gracias a una denuncia anónima que informó a las autoridades sobre el crimen y el lugar del hecho.

Finalmente, el siguiente caso se incluye para mostrar la complejidad detrás de móviles atribuidos por los procesos policiales y judiciales a estos homicidios, lo cual, a su vez, evidencia la necesidad y utilidad de introducir una perspectiva procesual en el análisis de este fenómeno.

Caso 5. El líder de un grupo dedicado a la venta de drogas ilícitas en diversos barrios de la región caribe del país (Banda A), ordenó a sus subordinados asesinar a dos miembros de otro grupo involucrado en el narcotráfico dentro de su zona de influencia (Banda B). Esta represalia respondía, aparentemente, al reciente asesinato de un miembro de la Banda A por parte de la Banda B durante un robo de drogas. Sin embargo, al revisar los antecedentes del caso, se encontró que el conflicto entre estos grupos no se originó en la recuperación de drogas, ni tampoco en disputas territoriales, sino que, más bien, fue el resultado de un agravio personal: un miembro de la Banda B, había matado a un asociado cercano de la Banda A, tras descubrir que este último mantenía una relación romántica y sexual con su pareja.

Los resultados presentados en esta sección son innovadores, ya que, a diferencia de los descritos en el apartado anterior, no hay, en la literatura revisada, estudios que analicen minuciosamente las diferencias y similitudes en los homicidios remunerados según sus móviles. Los estudios donde se aborda este tema se limitan a señalar la coexistencia de casos ligados a actividades criminales y a conflictos sociales, sin ofrecer un análisis detallado o evidencia empírica que sustente tales afirmaciones (Carrión, 2009a; Montoya Prada, 2009; Schlenker, 2012). En contraste, este estudio ha logrado identificar regularidades que, junto con la riqueza y diversidad de los casos estudiados, brindan información valiosa para identificar características específicas que distinguen a cada uno de estos dos tipos de homicidio remunerado. Esto, a su vez, ayuda a generar hipótesis y líneas futuras de investigación sobre el tema que de otra manera no se habrían identificado.

Esta investigación se propuso analizar las características de los homicidios remunerados que tuvieron lugar en Costa Rica entre 2000 y 2020, diferenciando entre aquellos relacionados con redes criminales y los derivados de conflictos sociales. Utilizando sentencias condenatorias como fuente primaria de datos, el estudio confirma aspectos ya explorados en la literatura, al tiempo que presenta hallazgos novedosos que amplían la comprensión de este tipo de violencia.

Entre los resultados más importantes, destaca la relación entre la participación de las víctimas y los perpetradores en actividades delictivas y los motivos detrás de los homicidios. Aquellos involucrados en el tráfico de drogas, estafas o robos, fueron más propensos a ser parte de asesinatos motivados por disputas criminales, mientras que los homicidios por conflictos sociales tendieron a involucrar personas sin vínculos con el crimen.

Otro hallazgo relevante es el papel de las mujeres como autoras intelectuales, lo que desafía las concepciones tradicionales que las posicionan como figuras pasivas frente a la violencia. Estas mujeres organizaron homicidios tanto por motivos criminales como sociales, abriendo una nueva línea de investigación sobre la dinámica de género en estos crímenes.

El trabajo, además, introduce el concepto de homicidios por lealtad, asesinatos que no se comenten por razones económicas, sino por vínculos de obediencia o compromiso. Este fenómeno, hasta ahora inexplorado, revela la complejidad de las motivaciones subyacentes en los homicidios que suelen englobarse en la categoría sicariato, las cuales combinan factores económicos, emocionales y morales que es necesario reconocer dadas sus implicaciones analíticas y prácticas.

Los hallazgos también guardan implicaciones importantes para las políticas públicas. Los esfuerzos preventivos deben enfocarse no solo en las redes criminales y las motivaciones económicas, sino también en los vínculos sociales y emocionales que pueden impulsar estos crímenes. Por ejemplo, sería relevante contar con mecanismos efectivos de protección para quienes pudieran, debido a vínculos de lealtad, verse forzados a participar en estos homicidios.

De igual manera, hay que fortalecer los mecanismos institucionales para la resolución alterna de conflictos, a fin de impactar en los casos originados en problemas de convivencia. No hay que olvidar, eso sí, medidas comunes a ambos tipos de homicidios. En concreto, el control de armas de fuego ilegales y la intervención sobre el funcionamiento de los mercados ilícitos que, en la mayoría de los casos, requiere coordinaciones internacionales, dado el carácter transnacional de los fenómenos en cuestión: drogas, estafas, etc.

En resumen, la investigación ofrece herramientas analíticas y evidencia empírica que, por un lado, mejoran la comprensión del fenómeno del sicariato en general, y de los homicidios remunerados en particular, a partir de lo que está sucediendo en Costa Rica. Y, por otro lado, proporciona una base sólida para futuras investigaciones, así como recomendaciones clave para diseñar intervenciones que aborden tanto los aspectos criminales como sociales de este fenómeno.

Anexo 1 Anexo 1 Variables exploradas con las pruebas de hipótesis

Característica
Prueba	Caso	Víctima	Autor intelectual	Autor material
Exacta de Fisher	Tipos de arma (fuego/otra). Cantidad de armas (una/más de una). Lugar ataque (vía pública/otro). Lugar muerte (hospital/otro).	Cantidad (una/más de una). Sexo (masculino/femenino). País origen (CR/otro). Involucrado en actividades ilícitas (sí/no). Pertenecía a grupo criminal (sí/no). Antecedentes penales (sí/no). Cantidad (una/más de una). Edad (joven/no joven). Relación previa con autor intelectual (sí/no). Relación previa con autor material (sí/no). Tipo (objetivo/no relacionada).	Sexo (masculino/femenino). País de origen (CR/otro). Involucrado en actividades criminales (sí/no). Pertenecía a grupo criminal (sí/no). Antecedentes penales (sí/no). Edad (joven/no joven). Relación previa con autor material (sí/no)	Sexo (masculino/femenino). País de origen (CR/otro). Involucrado en actividades ilícitas (sí/no). Pertenecía a grupo criminal (sí/no). Antecedentes penales (sí/no). Edad (joven/no joven).
U de Mann-Whitney	Tiempo de registro y atención de evento. Tiempo para dictado de sentencia. Monto pactado.		Cantidad	Cantidad

Nota. Elaboración propia.