INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enfoca en estudiar la conflictualidad² en el campo costarricense, mediante la reconstrucción de las acciones de protesta registradas en el país para el período enero 2014-mayo 2018. En concreto, interesa entender cuáles son las acciones, actores y demandas que estructuran los conflictos sociales durante el período en cuestión. Para esto, se utiliza la información registrada en la base de datos protestas³, proyecto del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, dedicado a monitorear las acciones de protesta reportadas en medios de comunicación escrita⁴.

Durante la última década, las configuraciones y reconfiguraciones económicas, sociales y políticas del campo costarricense, han recobrado interés como objeto de estudio para las ciencias sociales. Tras casi tres décadas de transformaciones estructurales, donde el campo se constituyó como un espacio central de cambio social y económico (Llaguno et al., 2014; León, 2015), la producción de conflictos de corta, mediana y larga duración, ha generado un complejo escenario de confrontación, donde destacan las tensiones sobre los territorios y bienes comunes entre el Estado, el capital —nacional y transnacional—, sujetos campesinos e indígenas y comunidades rurales.

Junto a las conflictualidades surgidas con las transformaciones en el capitalismo agrario costarricense (Llaguno et al., 2014), la persistencia de conflictos en torno a la tenencia y control de la tierra y el territorio, como el caso de las comunidades campesinas e indígenas, configuran un complejo escenario de lucha multiescalar, donde se confrontan distintas territorialidades y proyectos territoriales (Fernandes, 2004).

De esta manera, este trabajo parte de la consideración de que la producción de conflictos en el campo costarricense se relaciona, en primer lugar, con las transformaciones estructurales ocurridas en el agro costarricense desde la segunda mitad de la década de 1980, las cuales se superpusieron con otras conflictualidades persistentes que fueron el resultado de las formas de territorialización y desterritorialización de actores como el Estado, el capital y las comunidades rurales, campesinas e indígenas durante las décadas precedentes⁵. En este sentido, en la producción de los conflictos en el campo se superponen temporalidades no-lineales que muestran la dinámica concreta de los procesos de territorialización y desterritorialización (Fernandes, 2004 y 2012).

Asimismo, se considera que los conflictos discutidos remiten, directa o indirectamente, a las tensiones que surgen de formas contrapuestas de entender la relación con la tierra-territorio y los bienes comunes (Gutiérrez, Navarro y Linsalata, 2017). Dichas contraposiciones constituyen una fuente (potencial) de conflictos, pues los actores entran en disputa por el manejo y control territorial y de los bienes comunes.

Para efectos de trabajo, la discusión se estructura en cuatro secciones. Primero, se ofrece una serie de datos relacionados con las dinámicas sociales y económicas predominantes en el campo costarricense. Segundo, se discute la utilidad de la categoría de acción de protesta para el estudio de la conflictualidad en el campo. Tercero, se proponen cuatro ejes de conflicto identificados con base en el análisis de la información obtenida de protestas. Cada uno de estos ejes se concentra en un tipo particular de conflicto: 1) producción agropecuaria y pesquera, 2) capital-trabajo, 3) medio ambiente y recursos naturales, y 4) tierra-territorio. Finalmente, el trabajo propone una serie de conclusiones para entender la configuración de la conflictualidad en el campo costarricense durante el período de estudio.

Resulta necesario introducir una serie de precisiones referidas a la definición de campo manejada en este trabajo y el alcance de los datos. La primera precisión es que el campo se definió, en este caso, mediante la identificación de un conjunto de actores y demandas registradas en la base de datos, cuyas dinámicas remiten a lo que en este artículo se considera como campo⁶. De este modo, cabe señalar que no se consideraron una serie de acciones de protesta que, si bien, en términos territoriales, ocurrieron en la ruralidad, sus dinámicas no se relacionan necesariamente con esta⁷.

Una segunda precisión se relaciona con el “punto de mira” de este trabajo. Considerando el tipo de datos usado, se ha decidido enfocarse en la identificación de las características y tendencias generales de la conflictualidad en el campo. En este sentido, la referencia a casos concretos debe tomarse como una forma de ejemplificar esas características y tendencias, y no como un fin en sí mismo⁸.

Finalmente, se debe señalar que debido a las características de las fuentes usadas es posible que una serie de acciones de protesta, pero no necesariamente de conflictos y ejes de conflicto, no resulten retratados en este trabajo. Tratándose de una base que toma como fuente de datos a los periódicos de circulación nacional, es posible que ciertas acciones de protesta ocurridas a escala local y regional, no fueran consideradas. No obstante, desde la misma construcción de los ejes de conflicto se consideró esta limitación metodológica y se trató de subsanar haciendo referencia a los marcos generales en los cuales cada conflicto se inscribe y, como se mencionó, centrarse en las características y tendencias generales de cada eje.

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO COSTARRICENSE

Entender el conflicto en el campo costarricense desde las acciones de protesta supone estudiar el escenario general en el cual las mismas se insertan. En este sentido, resulta necesario identificar las características más determinantes del campo en Costa Rica y las formas de territorialización-desterritorialización (Fernandes, 2005) que se han desarrollado históricamente.

El análisis de los datos sobre protesta social en Costa Rica en el periodo 2014-2018, permite notar cómo los conflictos en el campo costarricense manifiestan, en diferentes formas y medidas, las tensiones ocasionadas por el modelo de desarrollo que se ha establecido en los territorios rurales, el cual, cabe señalar tiene un carácter heterogéneo, pues sus formas cambian según donde se concreta.

Este modelo supone un fuerte empuje de la economía agroexportadora basada en el monocultivo (Grupo de Trabajo clacso-Sección Costa Rica, 19 de diciembre de 2017). Junto a esto, en los territorios costeros, particularmente en el caso de Guanacaste, predomina el desarrollo turístico (Villalobos, 2018). Además, los megaproyectos de infraestructura como las plantas hidroeléctricas están presentes en diferentes territorios, lo cual se inscribe en proyectos de escala nacional y regional como el Proyecto Mesoamérica o Plan Puebla-Panamá (Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, 2016).

Considerando esto, es importante situar en el marco de este artículo la forma en que algunas de estas dinámicas se han dado en los últimos años. En el sector agropecuario, se puede mencionar que en el año 2014 se desarrolló el Censo Agropecuario (Morales y Segura, 2017). Este fue el primer censo en los últimos 30 años, pues el último fue hecho en 1984. La falta de datos recientes limitó las posibilidades de mostrar las transformaciones sufridas por el sector agropecuario como resultado de los procesos de cambio estructural escenificados precisamente entre las décadas de 1980 y 1990.

Según los datos, las fincas agropecuarias ocupan un 47,1% de todo el territorio (93 017 fincas en 2.4 millones de hectáreas) (Morales y Segura, 2017), lo cual supone una reducción de 21,6 % en el territorio dedicado a estos fines. Según la Sección Costa Rica del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural de clacso (19 de diciembre de 2017), esto responde a un proceso de desagrarización del país, ya que diferentes datos muestran cómo la economía depende crecientemente del sector terciario.

Si bien, el área total dedicada a la producción agropecuaria ha disminuido, Morales y Segura (2017) señalan que el coeficiente de Gini de distribución de la tierra pasó de 0.79 en 1973 a 0.82 en 2014, lo cual demuestra una mayor desigualdad y un proceso de concentración de tierras en el campo. En términos porcentuales, esto supone que el 50% de las fincas ocupa solamente el 3% de todo el territorio, mientras el 80% representa el 15%. Es decir, que un 20% de las fincas en 2014 ocupa el 85% de todo el territorio dedicado a producción agropecuaria (Morales y Segura, 2017).

Junto a este incremento de la desigualdad en la distribución de la tierra, es importante notar la forma en que se ha transformado la producción (gráfico 1) y por tanto, las exportaciones de productos agrícolas (tabla 1). Estos cambios han sido parte de una clara serie de políticas impulsadas por el Estado, desde las cuales se dejó de atender a medianos y pequeños productores, mientras se liberalizó el mercado de granos básicos y se establecieron estímulos a la exportación de productos no tradicionales (Llaguno, et al. 2014).

Además, en los territorios indígenas es posible señalar que cerca de un 20% de estos se encuentra en manos de personas no indígenas. Esto a pesar que desde 1977, la legislación de Costa Rica prohíbe la tenencia de tierra a población no-indígena en los territorios indígenas (Grupo de Trabajo clacso-Sección Costa Rica, 19 de diciembre de 2017). Además del incumplimiento por parte del Estado para otorgar estas tierras a las personas indígenas, se puede mencionar que la mayoría son dedicadas a la producción agropecuaria en control de población no-indígena, incluidas empresas transnacionales dedicadas a la producción de monocultivos como la piña.

Gráfico 1

Distribución de las hectáreas según producto para Costa Rica

1984 y 2014

Llaguno y Martínez, 2017.

Junto a la desigualdad en la distribución de la tierra y la conflictualidad que esto genera, surgen otros factores que, en sí mismos o en relación con lo anterior, potencian la producción de conflictos en el campo costarricense. La primera es la brecha de género. Los datos muestran que, de las fincas en control de personas físicas, solamente el 15,6% están en manos de mujeres (Morales y Segura, 2017). Esta brecha se incrementa si se consideran las fincas según su tamaño, llegando a ser de 5% en las fincas mayores a 100 hectáreas.

En otro sentido, como mencionan Morales y Segura (2017), se identifica una relación entre la pobreza y el tamaño de las tierras destinadas a la producción agropecuaria. Los datos muestran que en los cantones con mayor acaparamiento en las fincas agrícolas se ubica un mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (medida de pobreza). Asimismo, se establece una relación entre pobreza y personas asalariadas que trabajan en la producción agropecuaria.

De este modo, en términos de producción, el agro costarricense pareciera ordenarse en torno a dos polos que configuran la estructura agraria nacional: la economía de mercado y la de intercambio local y regional (Grupo de Trabajo clacso-Sección Costa Rica, 19 de diciembre de 2017). De la misma manera, es fundamental reconocer el papel de las diferentes instituciones estatales en esta dinámica y en los conflictos que se generan alrededor de la misma:

El Estado juega un rol central dentro de esta separación de las dos economías agrícolas: por un lado, las entiende como “dos sectores” e intenta hacer que la segunda se transforme en la primera (el eufemismo de la agricultura tradicional y moderna); por el otro, la mayor parte de su apoyo se dirige a las grandes empresas. No sorprende entonces que, según diferentes monitoreos de la conflictualidad social, aparece en la mayoría de los conflictos rurales el Estado como un actor central. ¿Por qué? Porque el Estado promociona la economía agroexportadora de monocultivos, en detrimento de los sistemas agroalimentarios locales. [Y] Es en los puntos de contacto entre estas dos economías donde aparece la mayoría de los conflictos agrarios del país, con el estado (sic) siempre como protagonista (Grupo de Trabajo clacso-Sección Costa Rica, 19 de diciembre de 2017).

En esta dinámica es importante señalar que estas transformaciones en la ruralidad no se dan de forma casual, sino que responden a formas de acumulación y despojo, las cuales suponen una transformación del trabajo y del territorio. En este escenario, se menciona que en la región latinoamericana el trabajo agrario asalariado es desde su estructuración, precario y flexible (Acosta, 2014). Situación que responde a un proceso de desterretorialización del campesinado ante la territorialización del capital (Salgado, 2017).

Este conjunto de procesos que han producido cambios marcados como el incremento de la desigualdad en el campo costarricense, se entretejen con otro conjunto de conflictos centrados en la lucha contra el despojo de bienes comunes. Como menciona Villalobos (2018), desde mediados del siglo xx, las diferentes políticas de desarrollo han generado conflictos alrededor de las fuentes hídricas, estos no solamente como resultado del aumento de la agroindustria, sino también de la expansión de la ganadería, la inserción del mercado eléctrico en el corredor mesoamericano, la minería y el megaturismo en las costas, especialmente en el Pacífico Norte y Central del país⁹.

A pesar de la forma en la que se desarrolla la ruralidad costarricense y la clara dinámica de desigualdad creciente en el tema agrario, gran parte de los conflictos se manifiestan en términos socioambientales (Grupo de Trabajo clacso-Sección Costa Rica, 19 de diciembre de 2017). No obstante, muchos de estos no suelen ser registrados en los medios de comunicación oficiales, especialmente por el carácter fragmentario de los registros noticiosos. Como menciona la sección Costa Rica del Grupo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural (19 de diciembre de 2017), la mayoría de formas de disputa se dan a nivel local-comunitario, lo cual complejiza el estudio de la dimensión socioambiental. Asimismo, las protestas relacionadas con lo socioambiental suelen tomar la forma de recursos legales dirigidos a la institucionalidad formal, incluida la ambiental, con lo cual es un elemento a considerar para el análisis de esta dimensión de la conflictualidad rural.

LAS ACCIONES DE PROTESTA COMO ENTRADA ANALÍTICA PARA EL ESTUDIO DE LA CONFLICTUALIDAD EN EL CAMPO

Las acciones de protesta, definidas en este trabajo como una “forma de acción de carácter colectivo desarrollada por un actor demandante con el fin de plantear un reclamo ante un actor demandado” (Alvarado y Martínez, 2018, p. 6), constituyen una rica entrada analítica para la reconstrucción de la dinámica de la conflictualidad rural en un espacio-tiempo determinado. De esta manera, la identificación de la protesta social permite registrar las tensiones y antagonismos inherentes a los procesos de acumulación de capital. Para autores como Fernandes (2004; 2012), entender el conflicto como inherente a los procesos capitalistas de producción, es resultado de sus mismas lógicas, posibilita desentrañar los elementos estructurales de una formación económico-social y, particularmente, las dinámicas políticas que esta genera en la forma de confrontación social.

Por esta razón, mediante la reconstrucción de las acciones de protesta en el campo, es posible, entre otras cosas, identificar las tendencias generales de la conflictualidad, al notar cuáles son los ejes que estructuran las tensiones como efecto de la dinámica que se establece entre los diferentes actores que participan, según sus intereses y recursos, en la producción territorial. Dicha dinámica refiere a diferentes historicidades, pues en su interior, el campo es un territorio complejo donde los conflictos manifiestan diferentes procesos.

En este sentido, las acciones de protesta, entendidas como un momento de la conflictualidad, ofrecen la posibilidad de registrar las tensiones que surgen de la confrontación entre las diferentes formaciones territoriales y, particularmente, cuando estas tensiones se hacen públicas, es decir, cuando toman la forma de un conflicto manifiesto entre los diferentes actores sociales.

Las acciones de protesta permiten, entre otras cosas, identificar quiénes entran en confrontación, esto es, los actores que se disputan el control territorial y de los recursos que están “en juego”. Para esto, se estudia la dinámica entre quién demanda y quién es demandado, con lo cual surge un complejo tablero de relaciones sociales de poder, definido desde los intereses y recursos que maneja cada uno de los actores sociales.

En segundo lugar, se registra el cómo, es decir, la forma de los conflictos y, principalmente, los formatos de acción a los que los actores demandantes recurren para confrontar a los actores demandados. Se trata de los repertorios de protesta, los diferentes formatos, tanto institucionales como no-institucionales/contenciosos, que integran las rutinas de acción de los actores.

En tercer lugar, las acciones de protesta hacen manifiesto sobre qué está en disputa, permiten entender por qué los diferentes actores entran en confrontación. Se trata de las demandas que los actores demandantes plantean a sus antagonistas, lo cual resulta en reclamos de orden económico, político, cultural, territorial, etc.

En síntesis, las acciones de protesta constituyen una entrada analítica que permite concretar la lectura de la conflictualidad reconstruyendo la dinámica entre los actores en confrontación, sus formas de actuar y sus demandas, esto último centrándose en los actores demandantes, los cuales son, precisamente, los que recurren a las acciones de protesta como una manera de manifestar sus demandas.

CONFLICTOS Y ACCIONES DE PROTESTA EN EL CAMPO COSTARRICENSE

EJE 1: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA

Las protestas referidas a la producción agropecuaria y pesquera durante el periodo de estudio son desarrolladas por actores claramente diferenciados. En primer lugar, se encuentran los pequeños productores agrícolas y de pesca artesanal, y en segundo lugar, los productores agrícolas y pesqueros industriales agrupados en cámaras empresariales. A pesar de que las formas de protesta¹⁰ y los intereses de estos dos tipos de actores se diferencian entre sí, los nudos de conflictualidad desde ambas posiciones giran en torno a la importación y exportación agrícola y pesquera, las cuales demandan la presencia estatal y la protección de la producción nacional. De esta manera, los focos de protesta sucintamente relatados en esta sección se enmarcan dentro de un proceso sostenido de apertura comercial en Costa Rica, que ha puesto en claro las profundas desigualdades entre pequeños y medianos productores agrícolas y las empresas relacionadas a la industria agroalimentaria global.

En relación a las demandas referidas a la protección de la producción agropecuaria se colocan las protestas de pequeños y medianos productores de granos básicos, quienes exigen apoyo estatal para el comercio y financiamiento de la producción campesina. Asimismo, se encuentran las acciones de productores industriales de arroz, palma y café que, mediante cámaras empresariales, exigen la participación estatal en el control de precios, como en el caso de los productores de arroz frente a la fuerte competencia de los importadores de granos¹¹. Además, se colocan las demandas sobre el aseguramiento de las cosechas de café y palma aceitera frente a enfermedades causadas por plagas. Es importante destacar que este tipo de producción corresponde principalmente a medianos y grandes productores que tienen un importante acceso a tierra, crédito y a insumos agropecuarios, debido a que tienen mercados “asegurados”.

Durante este periodo destacaron las protestas de campesinas y campesinos productores de frijol y de maíz de Pérez Zeledón, que mediante bloqueos y marchas exigieron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería comprara las cosechas de frijol¹². Estos pequeños y medianos productores, originarios de uno de los cantones “granero” del país, perdieron buena parte de sus cosechas debido a que una parte del sector industrial compró frijol importado, el cual se comercia a un menor precio que el frijol nacional.

En relación con el tema pesquero, la conflictualidad durante este periodo de estudio se centró particularmente en torno a la pesca de arrastre, tema que fue posicionado a partir de una resolución (nro. 2013-10540) de la Sala Constitucional que declaró en agosto de 2013 inconstitucionales los artículos referidos a la pesca de camarón con red de arrastre en la Ley de Pesca y Acuicultura nro. 8436¹³, con lo que prohibieron este tipo de práctica.

La respuesta estatal frente a las distintas demandas en torno a la producción de alimentos fue diferenciada en cada caso. Por un lado, con el sector pesquero se manifiesta una institucionalidad estatal aparentemente comprometida con la protección del medio ambiente, en detrimento de la pesca camaronera a gran escala. No obstante, debido a los recursos políticos de este sector, este tema se ha logrado sostener en un largo debate público, exigiendo que la pesca de arrastre sea permitida.

En el caso de las demandas de grandes, medianos y pequeños productores de arroz, frijol y maíz que buscan colocar en el sector industrial la producción nacional parece ser una constante durante este periodo. En este sentido, las respuestas estatales fueron diferentes, en donde se denota la predominancia que tienen las cámaras empresariales para interactuar directamente con las autoridades estatales. No obstante, la conflictualidad en torno a la defensa de la producción nacional frente a las importaciones de granos básicos parece un tema irresuelto durante este periodo de tiempo.

EJE 2: CAPITAL-TRABAJO

Para autores como Fernandes, el capital es uno de los factores que modela la estructura social y económica en el campo. Este produce un tipo de territorio orientado en función de sus necesidades de producción y reproducción. De este modo, el capital en el proceso de producción de su territorialidad produce necesariamente una serie de conflictos con los otros sujetos (y territorialidades) presentes.

En el caso laboral, la predominancia de las malas condiciones laborales y salariales, así como, las limitaciones que pesan sobre el derecho a sindicación, generan un escenario de confrontación, no en todo momento manifiesto. En esta sección, se estudian los conflictos en torno a la relación capital-trabajo en el campo costarricense, mediante la reconstrucción de una serie de acciones de protesta registradas en el período 2014-2018. La información reconstruida con base en el monitoreo de protestas sociales permitió identificar dos regiones donde se concentraron las acciones de protesta durante el período en cuestión: la Norte y la Caribe Sur. Asimismo, estas regiones remiten a la presencia de un tipo particular de monocultivos en cada caso. En el caso de la Norte, predominan las plantaciones de piña, mientras la Caribe es reconocida como territorio bananero. Para efectos de ordenar la presentación de los resultados, se distinguirá entre estas dos regiones.

Región Norte: piña y conflicto laboral

Costa Rica es reconocida como el mayor productor de piña fresca en el mundo (Aronne, 24 de mayo de 2017); este producto se ha situado como uno de los principales de exportación nacional, al generar transacciones mayores a los $1100 millones y más de 50 mil trabajos directos, según los últimos cálculos (Aronne, 24 de mayo de 2017).

La presencia de este tipo de producción en diferentes regiones ha generado que incluso se les nombre como “territorios piñeros” (Valverde, Porras y Jiménez, 2016), debido a la dinámica que genera sobre las tierras y comunidades alrededor de donde se instala. En el Censo Nacional Agropecuario (Morales y Segura, 2017), se estimó en 37 660 las hectáreas sembradas de piña en todo el país, lo cual representa un 6% de todo el territorio costarricense. La región Norte de Costa Rica es precisamente la de mayor presencia piñera en todo el país, con un total de 17 860 hectáreas (Carazo y Aravena, 2016).

También en la región Norte es donde se han registrado mayores conflictos capital-trabajo en torno a la producción piñera, debido, entre otras cosas, a las condiciones de explotación y sobre explotación que los mismos trabajadores y trabajadoras de la piña han denunciado durante los últimos años.

En este sentido, es posible señalar que las demandas de este sector se han enfocado fundamentalmente en reclamar condiciones laborales y salariales mínimas, ante el sistemático incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas piñeras.

Para esto, la población trabajadora ha recurrido sobre todo a la huelga como repertorio de protesta para plantear sus demandas. Esta se inscribe como un repertorio clásico de este sector laboral, el cual recurre a la suspensión de labores como mecanismo de presión debido, entre otras cosas, a la falta de mecanismos institucionales de procesamiento de las demandas o a la ineficacia de estos¹⁴.

En este proceso, ha resultado fundamental la formación del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (sitrasep) para contribuir a la organización de las personas trabajadoras piñeras, pues la baja sindicación en el sector privado es uno de los factores que potencia el irrespeto a los derechos laborales.

A todo lo anterior, se suma una condición particular de este sector y es que la mayoría de quienes trabajan en las plantaciones son migrantes nicaragüenses en condición migratoria irregular. Dicha condición genera una situación de mayor inseguridad laboral y jurídica para estas personas, quienes en reiteradas ocasiones han denunciado el incumplimiento de sus derechos laborales¹⁵.

el caso de Exportaciones Norteñas

Durante el período de estudio, el caso más destacado en relación con la conflictualidad capital-trabajo en las plantaciones piñeras, fue el registrado en las fincas propiedad de Exportaciones Norteñas (actualmente Tropical Fruits), en el cantón Los Chiles, ubicado en la frontera con Nicaragua. De un total de 12 huelgas registradas en el campo costarricense entre 2014 y 2018, 6 ocurrieron en las fincas de esta empresa¹⁶.

La demanda fundamental de esta población ha girado en torno a respetar las condiciones laborales y salariales mínimas, específicamente lo relacionado a pago de salario mínimo, seguro social, prestaciones, permisos de trabajo para personas migrantes, etc. Asimismo, durante las últimas huelgas se sumó el respeto a las libertades sindicales, ante las denuncias de persecución contra las personas trabajadoras sindicadas y contra las dirigencias sindicales.

El 1 de mayo de 2016, se fundó el sitrasep, en el cantón Los Chiles, precisamente en el marco de una de las huelgas de trabajadores y trabajadoras de la piña (sitrasep: nace una herramienta contra los ataques a nuestros derechos, 08 de abril de 2016). La fundación marcó un hito en la organización de este sector laboral, pues permitió generar un espacio de coordinación y de interlocución de los conflictos con la empresa. En julio de 2016, durante la resolución de una de las seis huelgas, el sitrasep fue reconocido como representante de trabajadoras y trabajadores sindicados, ofreciéndole la posibilidad de interlocución (¡Triunfa huelga de piñera Santa Fe!, 15 de julio de 2016).

Desde la primera huelga reportada en marzo de 2016, el conflicto ha escalado por los reiterados incumplimientos de la empresa en relación con los acuerdos tomados entre las partes, con la mediación del Ministerio de Trabajo (mtss), para terminar con las protestas. Asimismo, las personas trabajadoras y los dirigentes sindicales del sitrasep han enfrentado diferentes formas de represión y persecución por parte de la empresa y el mismo Estado (Gray, 15 de marzo de 2016; Barquero, 16 de marzo de 2016; Nuevos disparos contra huelga en Exportaciones Norteñas deja trabajadores golpeados y oficial detenido, 04 de abril de 2016; Gobierno reprimirá huelga de Exportaciones Norteñas con antimotines y policía migratoria, 05 de abril de 2016; Alertan posible represión a huelga de Exportaciones Norteñas en horas de la madrugada, 05 de abril de 2016; Policía de Migración detiene a obreros piñeros nicaragüenses en huelga para beneficiar a Exportaciones Norteñas, 13 de enero de 2018).

Región Caribe Sur: banano y conflicto laboral

La histórica presencia de las plantaciones bananeras en las costas Caribe y Pacífico de Costa Rica, generó constantes procesos de transferencia de mano de obra campesina a labores obreras, lo cual configuró un escenario de intensa lucha social hasta prácticamente la década de 1980.

Si bien, dichos conflictos no terminaron en la década mencionada, sí se redujeron como consecuencia de una serie de procesos articulados que incluyeron la salida de la bananera de la región Pacífico Sur de Costa Rica y la reducción de la producción en el Caribe.

En el período de estudio, las acciones de protesta relacionadas con la producción bananera se concentraron en el Caribe costarricense, particularmente en el cantón Talamanca, perteneciente a Limón. En este cantón, las plantaciones de la empresa bandeco, propiedad de la transnacional Del Monte, enfrentaron una huelga en el año 2015, la cual se inscribe dentro de un conflicto también de larga duración, en torno a la negociación y firma de un contrato laboral entre las partes.

A mediados de enero de 2015, las trabajadoras y los trabajadores de las plantaciones de bandeco, mediante el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (sitepp), se declararon en huelga para denunciar medidas unilaterales de la empresa en relación con el contrato laboral. A finales de 2014, la empresa decidió concluir la relación laboral y recontratar a las personas trabajadoras de las fincas, con lo cual se interpreta que el término de la renta de tierras a la corbana y la firma de un nuevo contrato le facultaba para iniciar una relación laboral (Araya, 25 de febrero de 2015).

En dicho conflicto, tal como ocurre en otros como el mencionado sobre la producción piñera, el eje articulador de la lucha se coloca en el reclamo de condiciones laborales y salariales mínimas y, en última instancia, en el cumplimiento de lo establecido en la legislación laboral en materia de derechos de la población trabajadora.

Tal como ocurre en otros conflictos, el recurso de la represión y la persecución también ha estado presente. En el marco de una de las últimas huelgas registrada en las fincas propiedad de bandeco en Talamanca, fue denunciada la creación de un sindicato blanco (o paralelo) por parte de la empresa, con el fin de debilitar la posición de las personas trabajadoras y de su organización.

Las protestas reseñadas en esta sección son muestra de un nudo irresuelto de conflictos en torno a la relación capital-trabajo en el campo costarricense. Este eje de conflictualidad se concreta en las tensiones surgidas de una forma particular de producción cuyas lógicas son tendencialmente generadoras de condiciones de explotación y sobre explotación laboral, lo cual sienta las bases para la producción de este tipo de conflictualidad.

En el caso de Costa Rica, las mayores generadoras de conflictos de este tipo han sido la producción piñera y la bananera, lo anterior surge casi como un correlato de su predominancia en términos económicos y sociales a escala local, regional y nacional. Son precisamente el banano y la piña los dos mayores productos de exportación en el sector primario y el segundo y tercer producto en general (junto a los microprocesadores) (Carazo y Aravena, 2016).

Ahora bien, ambos conflictos muestran una serie de elementos en común, lo cual permite hablar en términos de un tipo de conflictualidad específica surgida de la relación capital-trabajo en el campo costarricense. En primer lugar, la demanda fundamental de las personas trabajadoras es la de mejores condiciones laborales y salariales, la cual se desdobla en una denuncia de las condiciones de explotación y sobre explotación que sufren en las plantaciones. En segundo lugar, los procesos de organización sindical de este sector han desembocado en una dinámica de persecución que ha generado una segunda demanda relacionada precisamente con la defensa de las libertades sindicales. Tercero, en ambos casos se ha señalado que el Estado no ha cumplido con sus funciones en materia de respeto de los derechos laborales e, incluso, se han señalado dinámicas de colusión entre este y el capital. Cuarto, el recurso a la huelga como repertorio tradicional de este sector sigue destacando, pero articulado con otros formatos como el bloqueo, particularmente en las cercanías de las plantaciones. Quinto, la condición migratoria es determinante en ambos casos y manifiesta la articulación compleja de esta con su condición laboral, lo que genera mayores condiciones para el irrespeto de la legislación laboral.

EJE 3: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Esta sección se enfoca en las acciones de protesta cuyas demandas fueron la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, donde el actor principal fueron personas ambientalistas. En este escenario es posible identificar que la mayoría de las acciones de protesta registradas remiten a demandas por la defensa de los llamados bienes comunes (agua, ríos, naturaleza, etc.), frente a los intentos de despojo de estos por parte de actores privados o el Estado.

Para presentar de una manera más completa las problemáticas presentes y las protestas alrededor de las mismas, los datos se han ordenado en dos sub ejes, referidos a las regiones geográficas y los nudos de conflicto que se han presentado.

Región Pacífico Central y Pacífico Sur: la defensa de los ríos

Con respecto a las acciones de protesta que han sido registradas en esta región se identificaron dos sub ejes de conflicto. El primero, la lucha por la defensa de los ríos y el recurso hídrico, centrada en la oposición a proyectos hidroeléctricos (Guerrero, 10 de diciembre de 2016; Pezeteños bloquean puente en lucha contra hidroeléctrica, 12 de diciembre de 2016) y de riego (Ruíz, 19 de junio de 2014; Torres, 14 de diciembre de 2015; Liberianos insistirán en recuperar Cabuyal, 13 de febrero de 2015). En segundo lugar, la lucha contra la expansión piñera, particularmente manifiesta en la serie de protestas contra la empresa Del Monte debido a la apropiación de tierras que forman parte del Humedal Térraba Sierpe (Quirós, 24 de abril de 2017; Ramírez, 15 de mayo de 2017; Mora, 15 de mayo de 2017; Retana, 24 de abril de 2017).

En estas acciones, los registros permiten señalar la presencia predominante de tres actores: comunitarios, ambientalistas e indígenas. De estos, las acciones sostenidas por los segundos son ubicadas principalmente en el conflicto ante la expansión piñera. Si bien, la mayoría de estos grupos dirigen sus demandas principalmente hacia la institucionalidad estatal mediante denuncias y reuniones, es posible reconocer cómo los actores comunitarios han transformado el bloqueo en un repertorio tradicional para manifestar sus demandas. Por lo general, este acompaña como forma de presión, los procesos de denuncia institucionalizados.

En el caso de la oposición a proyectos hidroeléctricos y de riego, se señala que si bien, los datos solamente consiguen identificar una porción de las acciones de protesta, como el ph El Diquís¹⁷, el ph San Rafael y el proyecto de riego en Guacimal, se inscriben en toda una coyuntura de proliferación de proyectos de este tipo a lo largo de los ríos del Pacífico del país, así como de las organizaciones en oposición durante el periodo en estudio¹⁸.

El otro foco de conflicto destacado en esta región, consiste en la serie de protestas relacionadas con la oposición a la expansión piñera sobre el Humedal Térraba Sierpe entre los meses de mayo y junio de 2017. Esto se genera a partir de la denuncia de distintas organizaciones, tanto ambientalistas como comunitarias ante la concesión de permisos por parte de la setena para la explotación de 23,4 hectáreas en humedales —donde se ubican esferas de piedra que han sido declaradas patrimonio de la humanidad— por parte de empresas piñeras¹⁹ (Retana, 24 de abril de 2017; Quirós, 24 de abril de 2017; Mora, 15 de mayo de 2017).

A partir de las diferentes acciones registradas en la región Pacífico Sur es posible sostener que las demandas hacia la defensa de los bienes comunes traen consigo una problemática de fondo. Como se señalará más adelante, en esta los conflictos generados parten de formas de desarrollo impuestas a comunidades que chocan con sus cotidianidades y su visión de lo común dentro de los territorios. Por lo tanto, el reducir las dinámicas y conflictos a un tema ambiental podría dejar una visión corta de lo que ocurre en el caso de este eje y los procesos que encierra (Svampa, 2012).

Región Norte y Caribe: contaminación por monocultivos

En el caso de las regiones Norte y Caribe, según las acciones de protesta registradas, los principales actores fueron ambientalistas y comunitarios. A esto se le suma una serie de protestas puntuales en las que sus actores fueron grupos de personas campesinas, indígenas o trabajadoras.

La principal forma de acción reportada consistió en la denuncia ante entidades nacionales o internacionales, como forma de reclamar la presencia de la institucionalidad estatal u otros entes en la resolución de los conflictos. Si bien, los actores son diferentes, es posible encontrar en las denuncias un repertorio común a todos. Este consiste en que la mayoría de acciones se dan en respuesta a lo que es señalado como efectos de la agroindustria sobre los territorios en que se desarrolla.

Como se ha señalado, para este caso también se puede sostener que las problemáticas en torno a la agroindustria parten de la imposición de un modelo de desarrollo, cuyas dinámicas de desposesión generan diferentes efectos sobre las comunidades y territorios donde se instalan, entre los cuales se incluye la contaminación, convirtiéndose en un foco de denuncia durante el período (Alvarado, 16 de agosto de 2017; Rojas, 11 de abril de 2017).

Sin embargo, algunos de los grupos organizados plantean acciones en las que denuncian de manera más amplia las consecuencias de los monocultivos. Un ejemplo de esto es la organización de una manifestación por parte de la Red de Mujeres Rurales ante la posible instalación de una piñera en una comunidad de Siquirres de Limón. En esta señalan que reconocen y han vivido la destrucción que ocasionan dichas empresas y, por lo tanto, se oponen a estas (Castro, 17 de junio de 2017). Además de esta acción, se presenta la protesta desarrollada por Jorge Castro y Mariana Paniagua desde los Chiles en la frontera Norte del país hasta San José (alrededor de 180 km) denunciando las repercusiones de esta actividad en las comunidades campesinas (sitrasep: Acompañemos la caminata de Jorge y Mariana con lucha de obreros y pequeños campesinos, 17 de mayo de 2017).

Guanacaste: privatización del espacio y los recursos

Para la región de Guanacaste, el estudio de los datos registrados en la base de datos permitió identificar acciones de protesta que demandan la defensa del ambiente y luchan contra la privatización en las costas de esta región. Además, es posible señalar que los actores identificados son fundamentalmente comunitarios, cuyas principales formas de acción pasan por el mitin y la denuncia ante entidades nacionales o internacionales.

Los datos muestran dos focos de conflicto. El primero refiere a la privatización de acceso a las playas por parte de empresas hoteleras y turísticas, en el cual las comunidades costeras, mediante acciones de denuncia, buscan que los gobiernos locales tomen medidas para garantizar el acceso público a las playas (Liberianos insistirán en recuperar Cabuyal, 13 de febrero de 2015; Méndez, 07 de junio de 2016). El caso más reciente en este tema se presentó en playa Conchal, en Brasilito de Guanacaste, donde la comunidad se ha mantenido protestando contra la decisión el Tribunal Contencioso de permitir que el hotel Playa Conchal cierre el acceso a la playa, pues lo consideran como una forma de privatización en beneficio de las cadenas hoteleras (Madrigal, 03 de mayo de 2018).

El segundo foco de conflicto consiste en la serie de acciones sostenidas por la comunidad de Sardinal. Esta se manifiesta en contra de la construcción de un acueducto²⁰, el cual, según señalan, tomará el agua de sus comunidades para suplir a hoteles ubicados en las costas. En noviembre de 2017, las comunidades se manifestaron nuevamente ante el reinicio de las obras, demandando información referente a los permisos necesarios para el desarrollo de las obras otorgados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (setena), los cuales, según las personas, no habían sido colocados en un lugar visible (Sancho, 30 de noviembre de 2017).

En el caso de esta región se puede visibilizar que al igual que en los casos anteriores (regiones del Pacífico Central, Sur y Caribe), el conflicto se genera ante el avance de intereses privados por bienes considerados como comunes. Con la especificidad en este caso de tratarse de industria turística, lo cual responde a planes de desarrollo impuestos desde hace ya varios años en la región.

EJE 4: LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN DISPUTA

En este eje de conflictualidad se engloban las protestas desarrolladas por comunidades campesinas e indígenas en defensa de sus tierras y territorios. Según la información registrada, los conflictos sobre el acceso y defensa territorial en comunidades campesinas e indígenas se desarrolló principalmente en la región Pacífico Sur, particularmente en los cantones de Buenos Aires y Osa de Puntarenas, donde el acceso, la titularidad y el control de la tierra se coloca como elemento articulador y detonante de las protestas campesinas e indígenas durante el periodo de estudio.

Destacan los ciclos de protesta relacionados con dos conflictos socio-territoriales de larga duración y complejidad²¹: 1) la lucha de las campesinas y los campesinos de Finca Chánguena y Térraba en Palmar Sur contra el desalojo de sus tierras y 2) los procesos de recuperación y saneamiento territorial desarrollados en los territorios indígenas ubicados en Buenos Aires de Puntarenas.

Región Pacífico Sur: conflictos territoriales

1) El caso de fincas Chánguena y Térraba

El conflicto agrario de finca Chánguena y finca Térraba en Palmar Sur de Osa gira en torno a la disputa sobre la tenencia y posesión de la tierra entre un grupo de campesinos y campesinas quienes desde 2001 iniciaron un proceso de ocupación de estas fincas²², y Oscar Echeverría Heigold, empresario bananero y arrendatario de estas tierras, quien solicita el desalojo policial de las personas ocupantes. Este conflicto está constituido por tramas y escenarios legales muy complejos²³, que corresponden a la sostenida irregularidad e inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra de muchas fincas exbananeras de Palmar Sur²⁴. Este elemento es central para comprender la conflictualidad agraria en el Pacífico Sur de Costa Rica y la configuración de las acciones de protesta campesinas acontecidas durante este periodo.

En el marco de esta conflictualidad, el ciclo de protesta más intenso se registró en agosto de 2015, cuando las campesinas y los campesinos ocupantes de las fincas tomaron el puente sobre el río Grande de Térraba, ubicado en la carretera Interamericana Sur, luego de haber sido desalojados de estas tierras²⁵. Estas personas permanecieron desde el 1 hasta el 14 de agosto en el puente, por lo que este se convirtió en el escenario y símbolo de la protesta campesina de Palmar²⁶ y fue el lugar donde se desarrollaron las acciones de represión por parte de la policía contra las personas manifestantes.

El desalojo de las familias campesinas tomó una importante notoriedad en la agenda pública y política nacional, por lo que días después de la toma del puente, se dieron una serie de reuniones entre representantes de gobierno y dirigentes campesinos. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo entre las partes, ya que la demanda de las campesinas y campesinos era que se les reconociera la titularidad y el derecho de posesión sobre estas tierras, mientras la solución del gobierno fue elaborar un plan para dotar de empleo a las familias, apoyo económico del Instituto Mixto de Ayuda Social (imas) y otorgarles casas temporales en un lote del Instituto de Desarrollo Rural (inder) en Palmar Norte de Osa.

Debido a que las propuestas del gobierno no pasaban por el reconocimiento del derecho de posesión de las tierras de las familias campesinas, el 15 de agosto de 2015 estas decidieron retomar la ocupación de las tierras de las que fueron desalojadas, con el fin de reconstruir sus casas y sembradíos. Este hecho generó nuevas amenazas de desalojo, las cuales fueron denunciadas por organizaciones campesinas y de derechos humanos, quienes lograron detenerlas mediante protestas y mecanismos legales, por lo que este conflicto permanece latente.

2) El caso de Salitre

La actual conflictualidad en los territorios indígenas ubicados en Buenos Aires de Puntarenas, se remonta a procesos políticos de larga duración²⁷ en donde el acceso y el control territorial ha sido el elemento articulador.

Durante este periodo de estudio resaltan las acciones de protesta sucedidas en el marco del proceso de recuperación de tierras en el territorio indígena de Salitre, el cual se desarrolla en un escenario donde gran parte de los territorios indígenas de la región Pacífico Sur se encuentran acaparados por poseedores no indígenas. Según datos de Forest Peoples Programme para el 2014, en el caso de Salitre, el 60% de la tierra estaba en manos de personas no indígenas, lo que señala la centralidad del acaparamiento de las tierras indígenas en este conflicto (Alvarado, 2017).

Frente a la posesión ilegal de tierras en manos de no indígenas²⁸, Salitre fue el primer territorio indígena que inició en el 2010 las acciones de ocupación de hecho por parte de familias indígenas de estas tierras. En la actualidad, se encuentran procesos de recuperación en los territorios indígenas de Térraba, Cabagra, China Kichá y Curré ubicados en el Pacífico Sur, por lo que se considera a Salitre como el territorio indígena pionero en los actuales procesos de recuperación y saneamiento territorial. Siguiendo lo planteado por Alvarado (2017), las recuperaciones de tierra por parte de grupos familiares indígenas se han constituido:

…como un mecanismo de acción directa mediante el cual, las y los recuperantes, desarrollan, en la práctica, el control sobre su territorio (...) recuperar representa un acto político mediante el cual, las y los recuperantes, buscan restituir no sólo las tierras perdidas sino también sus derechos a la autonomía territorial (p. 109).

La respuesta de los poseedores no indígenas frente a estos procesos fue el uso de la violencia organizada y sistemática contra las personas recuperantes de tierra. Esta incluyó el impedimento de la entrada y salida del territorio, la quema de viviendas y de cosechas, la agresión física, la persecución y la amenaza contra las y los indígenas participantes en las recuperaciones de tierra (Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, 2017). Ante estos actos de violencia contra la población indígena, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) exigió en el 2015 que el Estado costarricense tomara medidas cautelares para proteger a esta población. Asimismo, se generó una comisión especial desde el poder ejecutivo, mediante el Viceministerio de la Presidencia del gobierno de Luis Guillermo Solís, para manejar el conflicto territorial.

El conflicto por el control territorial de Salitre está traspasado por matrices coloniales de violencia estructural contra las poblaciones indígenas en Costa Rica, por lo cual, el control efectivo por parte de las y los indígenas de su territorio se relaciona íntimamente con la recuperación, el fortalecimiento y la territorialización de la memoria, la cultura y la identidad indígena en las tierras recuperadas.

CONCLUSIONES

Como se ha señalado, el presente artículo ofrece elementos para el análisis de la coyuntura y la conflictualidad en el campo costarricense a partir de las acciones de protesta registradas en la base de datos protestas durante el periodo de enero de 2014 a mayo 2018.

El análisis de estas protestas permitió ubicar algunas tendencias generales que colocan tensiones y conflictos desarrollados en el marco de las transformaciones productivas durante las últimas décadas. De esta manera, los ejes de conflictualidad expuestos a lo largo de este trabajo refieren a las dinámicas agrarias y socioterritoriales en Costa Rica, configuradas por los actuales mecanismos de acumulación y despojo, así como por la producción de sujetos políticos diversos en torno a las nuevas configuraciones del capital.

De esta manera, se identifican, por un lado, conflictualidades en torno a formas productivas y de acumulación con una larga trayectoria en la historia agraria del país, tal como, las condiciones laborales en la producción en monocultivo y, por otro lado, conflictualidades con características más recientes de los actuales procesos de acumulación y despojo, tal como, los conflictos en torno a la producción y defensa comunitaria de los bienes comunes.

A pesar de la heterogeneidad expuesta en relación con los actores, mecanismos de presión y desarrollo de cada uno de los conflictos vistos a través de las protestas, se encuentra que —exceptuando las protestas de grandes productores, exportadores e importadores agrícolas— existe una permanente tensión y confrontación entre las diferentes formas de entender el desarrollo y las racionalidades en torno a la tierra, los territorios y los bienes comunes. Esto es particularmente manifiesto entre los actores con un “anclaje territorial”, pues el territorio, tal como sostiene Wahren (2012), es una “elección de los propios movimientos que recuperan y resignifican políticamente sus territorios, a tiempo que construyen o resignifican políticamente sus identidades” (p. 135).

Asimismo, se denota el papel del Estado como uno de los espacios determinantes en los nudos de conflictos desarrollados. En este caso, el Estado tiene diferentes facetas y manifestaciones institucionales, entre las que se identifican: a) como productor de conflictos mediante la apertura y la generación de condiciones de acumulación y despojo, b) como actor represor y ejecutor de violencia mediante la criminalización y la presencia/ausencia policial, y c) como mediador mediante mecanismos de institucionalización y canalización de conflictos, por ejemplo, el papel de las mesas de diálogo y de instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y las universidades públicas en determinados conflictos. Estos distintos estadíos estatales se entrecruzan, por lo que dentro de un mismo conflicto se pueden encontrar manifestaciones estatales de violencia y despojo, así como puede ser visto como espacio de mediación e, incluso, de representación de determinados sujetos colectivos.

Este entrecruce complejiza el proceso mismo del conflicto y la producción de antagonismos e identidades políticas colectivas en el marco de una cultura política donde priman los mecanismos de la institucionalidad democrática para la resolución de conflictos y se relegan las relaciones de antagonismo²⁹. De esta manera, la producción de relaciones de antagonismo —particularmente las que se colocan fuera del imaginario dominante de la identidad nacional— es invisibilizada en el marco del “mito democrático costarricense” (Álvarez, 2015, p. 222) y de la “paz agraria y la democracia rural” en Costa Rica (Martínez y Morales, 2012, p. 17).

En este contexto, los actores demandantes combinan métodos de lucha institucionales y no-institucionales, lo cual es reflejo de una práctica política que no solamente recurre a la calle y a los repertorios contenciosos, sino que presiona por respuestas a la institucionalidad estatal haciendo uso de los mecanismos de la propia institucionalidad (Alvarado y Martínez, 2018).

Por esta razón, en la producción de sus luchas, los actores recurren a encuadres estratégicos que les permiten posicionar sus demandas en la agenda pública y política. Este es el caso del uso e incorporación de lenguajes y demandas basadas en derechos humanos y sobre el medio ambiente, los cuales permiten a los actores colectivos interactuar con los espacios institucionalizados y dotar de legitimidad —mediante argumentos técnicos y normativos— sus demandas y mecanismos de lucha.

A modo de conclusión, las protestas en el mundo rural costarricense durante el periodo de estudio muestran una gran diversidad de actores colectivos, algunos con un anclaje territorial y otros con un carácter sectorial y gremial. Esto es determinante en el tipo de recursos con el que cuenta cada uno de los actores para plantear sus demandas en el marco de un conflicto y el tipo de relación que establece con el Estado y con la dinámica de acumulación de capital.

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Notas