INTRODUCCIÓN

El objetivo del artículo es mostrar los alcances ideológico-culturales de la intervención del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) mediante la Estrategia Nacional para reducción de la pobreza extrema Puente al Desarrollo1 en la subjetividad de las mujeres que fueron integradas a la estrategia durante el periodo 2015-20182. Es decir, supone el analizar las dimensiones objetivas y subjetivas desde su articulación de forma tensional en un contexto histórico-social, el cual tiene su origen en la totalidad capitalista.

Los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) en América Latina tienen su auge en la primera década del siglo XXI, esto coincide con el periodo de gobiernos progresistas de la región, así como del aumento de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. El contexto histórico social de los cambios económicos y políticos impulsó un eje de discusión en el campo de las ciencias sociales, de ahí que existe un acervo de investigaciones relacionadas con los PTC y la pobreza desde organizaciones como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a partir de diferentes perspectivas que discuten los aportes y limitaciones para la atención del empobrecimiento. Por otra parte, desde visiones críticas los aportes refieren a la relación de este tipo de programas sociales con la focalización y el proyecto neoliberal.

Es preciso señalar que América Latina tiene el mayor número de PTC y la más alta cobertura en el ámbito mundial3. Además, su desarrollo pasa por varias etapas, o tres olas distintas tal como lo propone Barba Solano (2016). La adopción de estos programas focalizados tiene su fundamento en un cambio de orientación de las políticas sociales en la región: se sustituye la orientación tradicional en que la provisión de bienes y servicios sociales debía efectuarse a través de políticas universales, para pasar ahora a una orientación dominante donde las políticas sociales deben ser focalizadas, compensatorias y subordinadas a la nueva política económica de ajuste estructural.

El trabajo expondrá en un primer apartado una descripción breve de la metodología de la investigación, luego se discute la importancia de la base teórica marxista para analizar el objeto de estudio. Un tercer apartado continuará con el contexto general de los Programas de Transferencias Condicionadas en América Latina. A continuación, se hará la presentación de algunos resultados más importantes, específicamente, la relación entre aumento de la capacidad productiva, capital humano, emprendedurismo, empoderamiento y las condiciones de pobreza de las mujeres trabajadoras. Por último, el documento mostrará las conclusiones del artículo.

METODOLOGÍA

La investigación realizada fue de tipo cualitativa, se tuvo un acercamiento al dato empírico mediante el uso de la historia de vida4, análisis de contenido y entrevistas semiestructuradas. La población estuvo conformada por mujeres en condición de pobreza participantes de la primera fase de la Estrategia Puente al Desarrollo (2015-2018), dos cogestoras, la segunda vicepresidenta del Gobierno de Luis Guillermo Solís, una encargada del Área de Atención Integral e Interinstitucional del IMAS y, por último, una ejecutiva de la fundación Horizonte Positivo. En total se aplicaron 20 historias de vida y cinco entrevistas semiestructuradas5.

En el caso de las mujeres en condición de pobreza se utilizó la historia de vida, con el objetivo de incorporar la acción individual o el papel del agente en el proceso histórico-social del capitalismo. Dado que, tal como lo explica Engels (1995), los seres humanos hacen su historia al perseguir sus propios presupuestos conscientemente, pero, mediados y condicionados por una serie de procesos económicos, sociales, políticos e ideológico-culturales determinantes que se expresan en sus estructuras mentales y praxis cotidiana. Por eso, el análisis no se queda en el individuo y sus representaciones singulares.

La base teórica-metodológica marxista permitió analizar el objeto de estudio como un fenómeno social, es decir, “que no sale ni de la imaginación (en el sentido de propensión a crear fantasmas) de los investigadores, ni de la del interlocutor mitómano: allí está lo social que se expresa a través de voces individuales” (Bertaux, 1989, p. 92). Por ese motivo, el enfoque cualitativo asumido incorporó las interpretaciones de las personas participantes, pero en el marco general de procesos histórico-sociales. Los relatos de las mujeres en esta investigación ilustran la realidad empírica, pero analizada desde herramientas teóricas con el objetivo de profundizar en los aspectos estructurantes que median en su vida cotidiana.

Asimismo, se establecieron criterios de selección que guiaron la revisión de la base de datos del IMAS, a fin de ordenar la información de acuerdo con las prioridades establecidas6, específicamente, la lista de mujeres fue proporcionada por la Unidad Local de Desarrollo de Pavas. Todas las mujeres entrevistadas eran residentes del distrito de Pavas del cantón de San José, Costa Rica. La selección del otro grupo de participantes fue mediante el criterio experto —sobre todo en el caso de las cogestoras— y por su influencia política en el desarrollo e implementación de la Estrategia Puente al Desarrollo.

El trabajo de campo fue realizado en un periodo de aproximadamente tres años. Para aplicar la historia de vida se coordinó con las mujeres con el objetivo de establecer el horario de acuerdo con sus posibilidades y el espacio de preferencia. Esto implicó el traslado de la investigadora a Pavas y permanecer durante todo el día en el lugar. Cada una de las entrevistas tuvo su propia dinámica de tiempo, las condiciones y la forma que las participantes lograban desarrollar sus experiencias. La mayoría se llevaron a cabo en dos sesiones, en algunos casos en el mismo día y otras en momentos diferentes.

Por otro lado, el proceso de análisis implicó triangular la teoría, las dimensiones, categorías y subcategorías, y los datos obtenidos en el trabajo de campo. De ahí que el método del materialismo dialéctico, es decir, el ascenso del concreto representado a lo abstracto y luego al concreto pensado o concreto-concreto, fue medular para alcanzar la visión de la totalidad, tal como señala Kosik (1967), es “el método del desarrollo, o explicación, de los fenómenos sociales, partiendo de la actividad práctica objetiva del hombre histórico” (p.52). Por ese motivo, implicó colocar la historia de vida de las mujeres en el movimiento dialéctico del todo, la praxis en el contexto histórico social capitalista.

Los datos fueron codificados a partir de códigos, se identificó cada unidad de análisis de acuerdo con las dimensiones teóricas operacionalizas en categorías y subcategorías. Para realizar esta tarea, el programa Atlas ti, versión 7.5.7 proporcionó herramientas metodológicas como los memos y las redes. También, la información se ordenó en tablas por cada participante, lo que permitió identificar características que mostraran tendencias entre las mujeres y comparar información con las diferentes poblaciones entrevistadas.

LÍNEAS TEÓRICAS. CUESTIÓN SOCIAL: LA CONTRADICCIÓN CAPITAL-TRABAJO

La producción y reproducción de la pobreza en el capitalismo deriva de su proceso expansivo de la ley del valor. La expansión de la sociabilidad capitalista en el nivel extensivo e intensivo ha implicado el despojo histórico de los medios de subsistencia necesarios para reproducción social, tal como lo plantea Vega Cantor (2013), una de sus características estructurales es convertir a los seres humanos en sujetos asalariados, parias, fácilmente descartables y disponibles para la explotación, de acuerdo con las necesidades de la acumulación de capital. Por eso, el proletariado debe vender su fuerza de trabajo, dado que es la única posesión con la que cuenta para subsistir. Mientras que, la persona capitalista compra en el mercado un tiempo de trabajo de esa praxis creadora transformada en una actividad alienada, al desarrollarse en relaciones de explotación, que se ocultan mediante el salario.

En el proceso de producción parte del trabajo es apropiado por el dueño de los medios de producción, además la clase trabajadora no tiene control sobre la organización del trabajo y lo que produce, de ahí que sus objetivaciones se efectúen en un divorcio entre quien produce “y la propiedad sobre las condiciones para la realización del trabajo” (Marx, 2014, p. 638). Por ese motivo, de acuerdo con Marx (2014), la persona trabajadora es “un medio directo para la valorización del capital” (p. 454). El producto pertenece a quien compró el valor de uso de esa fuerza de trabajo para crear valor, cuyo fin es la acumulación de capital. De manera que, la contradicción capital-trabajo es la base explicativa para comprender cómo la producción de riqueza produce y reproduce la pobreza moderna.

Por ende, el origen y desarrollo de la relación social capitalista ha implicado violencia, destrucción, invasiones, esclavitud y despojo con el objetivo de expandir el proceso de acumulación de capital, lo cual ha tenido como resultado la mercantilización de la vida. De manera que, condena a las personas trabajadoras a vender su fuerza de trabajo, sin embargo, como parte de su lógica destruye la fuerza productiva trabajo, busca la manera de intensificar la explotación e implementar estrategias para reducir los costos del capital variable, es decir, la fuerza de trabajo, dado que “La producción capitalista no es solamente producción de mercancías, sino esencialmente producción de plusvalía” (Marx, 2014, p. 454). De igual forma, el proceso es contradictorio y desata las posibilidades de la organización colectiva para la lucha social y de clase, opuesta en diferentes niveles a los determinantes sociales, económicos, políticos e ideológico-culturales de la sociedad burguesa que pretende expandir la dominación de clase, género, raza, etnia mediante la igualdad y libertad formal, pero que en lo cotidiano, la población trabajadora en condición de pobreza vive sin contar con los medios para la subsistencia diaria.

Por eso, en el capitalismo la libertad e igualdad formal que supone una ciudadanía para garantizar derechos pretende ocultar la conflictividad social y de clase, desatada objetivamente por el proceso de acumulación de capital. De acuerdo con Heller (1987), corresponden a un sistema normativo abstracto que no toma en cuenta al ser humano en su particularidad y mundo concreto. Esa ciudadanía formalizada mediante el Estado y el derecho es contradictoria a las condiciones sociomateriales determinadas por la clase social y cuestiones socioculturales como el género. La población trabajadora vive en su cotidianeidad las carencias y frustraciones de una sociedad que concentra y centraliza la riqueza a partir de la explotación y opresión fundamentada en la propiedad privada de los principales medios de producción. Así, despojado el proletariado de todo medio de subsistencia, solamente tiene su fuerza de trabajo mercantilizada, sin embargo, el capitalismo en su lógica genera desempleo y precarización del trabajo para avanzar.

LA CLASE Y EL GÉNERO: LAS MUJERES EN CONDICIÓN DE POBREZA EN EL CAPITALISMO

Para comprender la pobreza en las mujeres trabajadoras se utiliza el marxismo como base teórica-metodológica articulada con la teoría de la reproducción social (Arruza, 2010, 2016; Battacharya, 2018a, 2018b; Bhattacharya y Arruza, 2020; Ferguson, 2017; Ferguson y McNally, 2017), a fin de vincular la explotación y las relaciones de género opresivas. Como el punto de partida es la contradicción capital-trabajo, implica determinar que en el capitalismo la opresión de las mujeres corresponde a una parte de las formas extraeconómicas imbricadas en el proceso de acumulación, mediante la sociometabolización (Grüner, 1998) de la jerarquización de las relaciones de poder basadas en la topología social de los cuerpos sexualizados (Bourdieu, 2000) a partir del patriarcado. En consecuencia, “el capital, en la época del capitalismo, se convierte en una estructura significativa, que determina el contenido interno y el sentido objetivo de los factores o elementos, sentido que era distinto en la fase precapitalista” (Kosik, 1967, p. 73). Por ese motivo, se aleja de una visión dual o interseccional.

Para lograr el objetivo de no fragmentar la explicación y tampoco caer en visiones reduccionistas y que desvalida la importancia de la opresión de género como parte de las formas de desigualdad en la sociedad capitalista, la perspectiva de la totalidad se convirtió en una categoría fundamental, ya que tal como lo plantea Kosik (1967), “La creación de la totalidad como una estructura significativa es, por tanto, y al mismo tiempo, un proceso en el cual se crea realmente el contenido objetivo y el significado de todos sus factores y partes” (p.73). Es decir, los procesos se comprenden en relación y en movimiento, pero jerarquizando las partes, de ahí que la clase es la base o punto de partida para analizar esta forma de opresión.

Las relaciones de poder basadas en el género son una forma de dominación imbricada en la acumulación de capital con sus propias especificidades y particularidades. Desde la división sexual del trabajo, las mujeres trabajadoras son colocadas en relaciones de poder opresivas, asignadas al proceso de la reproducción en lo doméstico, este espacio considerado como no productivo y sin valor, pero funcionalizada de manera extraeconómica a fin de reproducir la fuerza de trabajo. Por ende, su trabajo y fuerza de trabajo son desvalorizados, asumida de forma complementaria del aporte del hombre al hogar (Toledo, 2010), se determinan socioculturalmente sus actividades laborales de trabajo fuera del hogar a peores condiciones de explotación y opresión respecto a los hombres de su misma clase social, es decir de la clase trabajadora.

El trabajo de la reproducción en la familia no se comprende de forma aislada o separada del trabajo de la producción y de la totalidad de la reproducción de la sociedad, sino que son espacios de una misma sociedad burguesa, que estructura su realidad a partir de diferentes dimensiones concretadas en relaciones de dominación y opresión, en este caso, en la vida de las mujeres en condiciones de pobreza, tanto en lo doméstico, como en relaciones de trabajo fuera del hogar (Ferguson y McNally, 2017). Es una forma del capitalismo de reproducir la fuerza de trabajo, pero sin “pagar” por el costo del trabajo doméstico y el de cuidados, por el contrario, son asignados a las mujeres de manera gratuita, esto por medio de la articulación y manteniendo algunas inercias, siempre de forma tensional, del patriarcado al proceso de acumulación de capital, como parte del ordenamiento de la división social y sexual del trabajo.

Tal como lo explica Grüner (2006, 2007), el capitalismo presenta una ilusión ideológica, es decir, una falsa totalidad que aparenta una imagen reconciliada, disimulando sus fracturas, injusticias, desgarramientos y su condición de campo de batalla. Para esto, es necesario el control social mediante dispositivos de poder como la asistencia social, caracterizada por ser una forma de contener las contradicciones en la sociabilidad capitalista, es decir, la construcción de hegemonía por parte del bloque en el poder a partir de la organización de la política social en el Estado.

La reproducción de las formas de dominación capitalista no surge automáticamente como un proceso instintivo, requiere de una constante intervención, elaboración y creación de dispositivos que permitan expandir las relaciones sociales burguesas a los diferentes espacios cotidianos de la población trabajadora. Por ende, el Estado como forma política de la relación capitalista estructurada y estructurante, implementa prácticas y visiones de mundo, buscando intervenir sobre el accionar de las personas, grupos y colectivos. Así, mediante las políticas públicas, específicamente en la investigación realizada, para la asistencia social se despliegan una serie de prácticas sobre las disposiciones frente a la manera de explicar el mundo y como pretenden las personas explicar su relación con el mundo.

En este sentido, la teoría del Estado desde un enfoque derivacionista a partir de Altvater (1976), Hirsch (2007, 2017), Holloway (1980, 1994, 2017), Holloway y Piccioto (2017), combinada con los aportes de Poulantzas (1972, 1983), Gramsci (1980) y Bourdieu (1997), aportó para la comprensión del accionar estatal mediante la política social en el ámbito de la asistencia social en la vida cotidiana de las “mujeres trabajadoras pobres”. El Estado como forma política del capital, implica al igual que la visión de la teoría de reproducción social, que no se puede explicar la forma de Estado desvinculada del proceso de acumulación, por lo tanto, se trata de un momento del proceso de producción y de reproducción de las relaciones sociales capitalistas.

En consecuencia, se deriva una funcionalidad que incluye el control social de la reproducción de la fuerza de trabajo en el ámbito extraeconómico, representado por la familia u otros espacios cotidianos. Así, la política de asistencia social corresponde a una forma de tutelar y vigilar por medio de la hegemonía del poder simbólico y político el proceso de socialización para la disposición de la futura fuerza de trabajo, de comportarse según los dictados del capital, a través del control de las estructurales mentales, la subjetividad y praxis cotidiana de la población trabajadora.

Conviene destacar que la política social no solamente transfiere recursos monetarios, sino, como plantean Álvarez (2005, 2011), Faleiros (2000), Coutinho (2000) y Vasconcelos (2000), se trata de la intervención estatal dirigida sobre las condiciones socioeconómicas e ideológico-culturales de las personas, a fin de hegemonizar el orden burgués para mantener las estructuras de dominación capitalistas mediante el “consenso”. Asimismo, de acuerdo con la propuesta de Bourdieu (1997), constituyen formas de poder de mediación en lo social, dado que logran gestionar las diferentes problemáticas que cuestionan el orden social imperante, en otras palabras, la cuestión social.

CONTEXTO. LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS EN AMÉRICA LATINA Y LA POBREZA

Los PTC surgieron en el contexto neoliberal de la región latinoamericana, su origen se encuentra en la década de los años 90, pero su expansión fue en el primer decenio del siglo XXI. En este proceso mediaron los organismos internacionales, que, desde sus cuestionamientos frente a la pobreza y los altos índices de desigualdad, violencia, desempleo e informalidad, influyeron en las formas de intervenir los Estados mediante las políticas de asistencia en la cuestión social. Se trata de un periodo de “revitalización o resurgimiento” de la política social, según lo planteado por Pichardo (2014), o de acuerdo con la propuesta de Álvarez (2011), son parte de la segunda generación de focopolíticas, constituidas a partir de las voces hegemónicas en acciones para “mejorar la cohesión social”, basado en visiones neoinstitucionalistas, social-liberales y enmascaradas en argumentos de “posliberalismo” (Stolowicz, 2009).

De acuerdo con Stolowicz (2009), para mediados de los años 90 fue promovida desde la derecha una estrategia caracterizada como un nuevo Consenso Posliberal que se oficializó en la Segunda Cumbre de las Américas en 1998, enmarcado en el discurso ideológico de ir más allá del Consenso de Washington mediante la aprobación de una tercera vía en la que el Estado tuviera un papel más activo promoviendo políticas públicas, esto fue institucionalizado por el Banco Mundial. Sin embargo, lo que demostraron las “nuevas reformas posliberales” fue que se crearon para reforzar el Consenso de Washington y así, recuperar la estabilidad de la dominación, ante una crisis de gobernabilidad detonada por las políticas neoliberales y la crisis de 1995 y 1997.

Una de las condiciones más importantes para la aprobación de los organismos como el Banco Mundial y el PUND respecto a los PTC en América Latina, aparte de ser políticas sociales baratas, es el aumento de la capacidad productiva y la generación de capital humano. Desde que el Banco Mundial se erigió como ente rector de la pobreza en la década de los años 70, propicia el desarrollo de capacidades mediante el capital humano como uno de los fines más importantes y necesarios para la medición respecto a la atención de la pobreza, sobre todo, la pobreza extrema. Es la acción más valorada por parte de los Estados, y gran parte del financiamiento se dirige a incentivar este capital. Por ende, es la estrategia asumida en el contexto neoliberal de recortes, desempleo y precariedad para contener el posible descontento social, que de igual forma cumple el papel de un dispositivo de control social.

El Banco Mundial define capital humano a partir de los conocimientos, las aptitudes y la experiencia de los seres humanos que los hacen económicamente productivos, asimismo, para el organismo internacional permite gestionar las fallas del mercado porque “fomenta una justicia social básica”7. Por eso, de acuerdo con Álvarez Leguizamón (2005, 2011), es una forma de brindar mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía a las personas en condición de pobreza, sin trastocar las estructuras que producen el empobrecimiento masivo de América Latina. Su incremento puede realizarse invirtiendo en educación, atención de la salud y capacitación laboral, pero en los niveles básicos. Para evaluar la inversión de los países en capital humano, el Banco formuló el Índice de Capital Humano vinculado con el Proyecto de Capital Humano creado en 2018. De manera que se convierte en indicador de mejora en las cifras respecto a la pobreza de los países.

Según la CEPAL (2004), la región inicia el siglo XXI con cifras alarmantes sobre pobreza, a pesar de cierto crecimiento económico, en 1999 la proporción de población en esta condición fue de 211.4 millones, en el caso de la indigencia la cantidad abarcó a 89.4 millones. En términos de la población en indigencia o pobreza extrema hay una descendencia mínima de 4 millones, pero la pobreza básica aumenta de 1990 a 1999 en 11 millones de personas. También, los índices de desigualdad no mejoraron, considerada la región como la más desigual del mundo. Ahora, entre 1999 y 2002 la pobreza pasó de 43,8% al 44,0% y la pobreza extrema creció 0,9 correspondiendo al 19,4% de la población. El 2002 fue el año en que esta zona alcanzó los niveles más altos en dicha condición desde 1990. Este panorama social tuvo como resultado el descontento generalizado de la población que se expresó mediante un conjunto de rebeliones en el área.

Tal como explica Katz (2008), las rebeliones de finales del siglo XX y principios del XXI estuvieron caracterizadas por el cuestionamiento al neoliberalismo y el autoritarismo, y en otros casos, al imperialismo. Las demandas convergieron en reclamos sobre la nacionalización de los recursos más importantes de la producción de la riqueza —tierra, agua, minerales—, para anular las privatizaciones, así como la exigencia por democratizar la vida política. En consecuencia, emergieron una multiplicidad de sujetos colectivos que diversificó el sujeto histórico de la lucha popular a saber: personas trabajadoras precarizadas y desempleadas, campesinado despojado por las grandes transnacionales, movimiento indígena, personas pobladoras de las ciudades en condición de pobreza, clase media representada por profesionales, juventud de los sectores populares, el movimiento de mujeres y feminista. Además, los levantamientos reivindicaron “problemas viejos”, es decir: la miseria de la gran mayoría, autoritarismo y apropiación de los recursos fundamentales en manos del capital transnacional aliado con los capitales locales, ganadores de los nuevos cambios impulsados por la reestructuración capitalista mediante las políticas neoliberales implementadas por los Estados nación de la periferia.

Cabe destacar, que también surgieron otros cambios medulares para comprender el contexto de los PTC, como lo fue la contrarreforma en Estados Unidos por parte el gobierno de Clinton en 1996 respecto a la asistencia social, sobre todo su transformación de la universalización hacia la focalización, en la búsqueda de modular las conductas y las estructuras mentales de las personas en condición de pobreza. De acuerdo con Wacquant (2010), se impuso una reforma a la asistencia social como medida contrarrevolucionaria:

… dado que en esencia abolió el derecho a la asistencia para los niños más pobres del país, que se había conseguido después de medio siglo de luchas, y fue reemplazado por la obligación al trabajo no cualificado y mal remunerado para sus madres a corto plazo. En segundo lugar, no fue extensiva: solo afecto a un pequeño sector del gasto social registrado en Estados Unidos, es decir, las ayudas destinadas a las familias desposeídas, los discapacitados y los indigentes (p. 132).

Así, sería la respuesta a las crisis económicas, los conflictos y luchas sociales que proliferaron a mediados de los años 90 y tuvieron una expansión a inicios del siglo XXI. La implementación, pero a escala reducida de los PTC inicia en Brasil con dos economistas, cuyas ideas fueron aplicadas en el ámbito local, para luego México presentar en 1997 el Programa Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación), en aquel momento solamente atendía zonas rurales, y así se expandió a escala global, “se dio a lo largo de la década de los 2000, y muy especialmente a mediados de la década” (Cecchini y Atuesta, 2017, p. 16).

En este contexto macroestructural, las políticas foco (Álvarez, 2011) denominadas técnicamente como PTC, se instalaron en los Estados de América Latina y el Caribe con el apoyo de los organismos internacionales, sobre todo el PNUD, el Banco Mundial, Banco BID y la CEPAL. Estos programas están acompañados de otros dispositivos como lo es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), considerado una nueva metodología para medir la pobreza a través de dimensiones que varían en los países de la región. Para el caso de Costa Rica fueron integradas cinco dimensiones: vivienda y uso de internet, trabajo, salud, educación y protección social, implementado a partir del gobierno de Luis Guillermo Solís 2014-2018, como parte de la Estrategia Puente al Desarrollo.

La implementación del IPM estuvo dirigida por la fundación Horizonte Positivo mediante el vínculo con la Segunda Vicepresidencia de la República, representada en aquel momento por la señora Ana Helena Chacón, quien también era la encargada del Consejo Presidencial Social, a su vez tuvo el apoyo de la Presidencia del IMAS, cargo ocupado por Carlos Alvarado. En Horizonte Positivo se conglomera parte de la élite empresarial y política del país, es una organización que se presenta como interesada en brindar “asesoría” al Estado respecto a la temática de la pobreza, también vende un tipo de “paquete de atención a la pobreza” a las empresas privadas. Es decir, el IPM como base para organizar la Estrategia Puente al Desarrollo conforma parte de los acuerdos del bloque en el poder (Poulantzas, 1972, 1983), a fin de establecer los lineamientos para que el Estado en Costa Rica defina e intervenga en la pobreza por medio de una “nueva” metodología de la asistencia social.

Entonces, la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo conforma parte de esa segunda generación de focopolíticas (Álvarez, 2011), caracterizada por la incorporación en el aparato estatal de los PTC que “Consisten en la entrega de un subsidio a familias o personas (aunque generalmente las mujeres son las destinatarias), con hijos menores de edad bajo la condicionalidad o corresponsabilidad de aumentar el capital humano de sus hijos y/o de sus hogares” (p.266). Según la misma autora, desde la noción de cohesión social, se basan en la búsqueda de la “inclusión de las personas pobres” como estrategia de control social para quienes, si están integrados e integradas, pero de manera subordinada en los límites del hambre y la miseria o debajo de estos. Para ello, el Estado cumple una función importante en este proceso, ya que son necesarios en el capitalismo los mecanismos extraeconómicos para el proceso de acumulación de capital (Hirsch, 2007, 2017).

De acuerdo con la investigación de Cecchini y Madariaga (2011), los PTC en América Latina combinan los subsidios en efectivo directo, con transferencias de tipo no monetario vinculadas al acceso de ciertos servicios y bienes públicos, capacitaciones o el ingreso al sistema de instrucción formal. La oferta de capacitaciones puede ser brindada por entes del sector privado como empresas u organizaciones no gubernamentales. Por lo general, ambas formas son incluidas, las diferencias se presentan en el papel que cada transferencia tiene dentro del programa respecto a las condicionalidades o prioridades establecidas para “atacar la pobreza”. Así, los PTC son cualitativamente distintos, según los objetivos relacionados con los niveles de consumo básico o la canasta básica sobre todo alimentaria, incrementar el desarrollo humano, fortalecer la inserción laboral, y en algunos casos permitir el acceso a algunos de los servicios gubernamentales necesarios para mejorar las capacidades de las familias.

De manera que, se configuran en una plataforma que puede facilitar el disfrute de ciertos servicios públicos a las personas en condición de pobreza. Sin embargo, esto es de forma temporal porque solamente cubre el periodo determinado en cada plan familiar, establecido entre la familia y el Estado. De ahí que, no crean o afirman derechos (Ivo, 2016)8. Por otra parte, su efectividad a largo plazo no se demuestra en los datos, además dependen del financiamiento según los intereses de los gobiernos y de los precios de las materias primas.

De acuerdo con las cifras, para 2014 el porcentaje de pobreza en América Latina fue de 28% lo que equivale a 167 millones de personas, la pobreza extrema descendió a 8,2, y llegó a 48 millones. Además, entre 2015 y 2016 los datos indican un crecimiento general de la pobreza. De manera que, en 2016 “el número de personas pobres en América Latina llegó a 186 millones, es decir, el 30,7% de la población, mientras que la pobreza extrema afectó al 10% de la población, cifra equivalente a 61 millones de personas”(CEPAL, 2018a, p. 88). Esto coincide con la caída de las exportaciones y de los precios de las materias primas entre 2012 y 2017. A su vez, durante 2014 y 2017 hubo un aumento en el número de personas desempleadas, la cifra alcanzó a 22,8 millones en 2017 (CEPAL, 2018b). De manera que, a partir de 2015, se detuvieron los avances en los indicadores sociales y en algunos casos se revirtieron.

De acuerdo con la CEPAL (2019), son tres componentes que explican este retroceso, pero el principal refiere al cambio en la distribución de los ingresos laborales, complementado con los otros dos: las transferencias y las pensiones. Por ejemplo, en 2017 la incidencia de la pobreza entre las personas desempleadas duplicó a la registrada entre las personas ocupadas, 41,9% frente a 20,9%, respectivamente (CEPAL, 2019). Asimismo, en “2015 la región experimento una fuerte disminución en términos reales de la inversión en PTC por persona, llegando a los 111 dólares anuales por persona que vive en hogares destinatarios de los PTC” (Cecchini y Atuesta, 2017, p. 40).

En Costa Rica, la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza extrema Puente al Desarrollo, se formuló e inició su implementación en el país durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), en el marco de su Plan Nacional de Desarrollo. Para su implementación tomó como base Red Unidos de Colombia, además la idea de la figura de persona cogestora social (PCGS) proviene de ese país y también de Chile. Pero, el perfil profesional difiere, ya que el IMAS estableció la contratación de profesionales en las ciencias sociales, al contrario de estos países que aceptan personas con un nivel técnico o incluso bachilleres en secundaria.

La justificación principal para implementar Puente al Desarrollo fue basada en la necesidad de transformar la metodología de atención de la pobreza, con el objetivo de disminuir sus niveles, discurso del Banco Mundial que ha transmitido a los países de la periferia desde los años 70, es decir, la discusión de la pobreza a partir de las formas de medición y el mapeo; luego en los años 90 junto con el PNUD se agregó otro componente que refiere a las metodologías de atención implementadas por los Estados. El conjunto de estos tres elementos son parte de las explicaciones oficiales del porqué los países de América Latina no avanzan, retroceden o se estancan en este fenómeno social.

Para el caso de la Estrategia Puente al Desarrollo parte de los fundamentos que justificaron su implementación refiere a los resultados del estudio del PNUD (2014) Reducir la pobreza en Costa Rica es posible. En la investigación, Sauma y Trejos analizaron la efectividad de los programas sociales del Estado en Costa Rica, de acuerdo con los resultados los programas sociales selectivos inciden en la reducción de los hogares pobres, esto medido por la línea de pobreza o necesidades básicas insatisfechas, además tienen una amplia cobertura, sin embargo, presentan filtraciones de poblaciones consideradas no pobres.

Por ese motivo, según los investigadores, el Estado debe crear una estrategia para articular los programas selectivos y propiciar su vinculación con los programas de carácter universal, además de mejorar en su focalización y selectividad de la población. Los mismos autores indican que es importante consolidar una base de datos única de personas beneficiarias para su adecuado control, de ahí la inclusión del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) en la propuesta de Puente al Desarrollo (Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2015a).

En Costa Rica, desde mediados de la década de los años 90, la carencia de recursos medida por medio de la línea de la pobreza se mantuvo aproximadamente en 20%, con ciertas oscilaciones, en algunos periodos baja, pero en otros vuelve a incrementarse, tal como se presenta en la tabla 1. Para el 2007 y 2008, a pesar de un contexto internacional de crisis capitalista, el país logró disminuir los índices de pobreza, esto debido a las fuertes inversiones en programas de atención social, sobre todo en la creación de AVANCEMOS y la implementación del Plan Escudo, además que el país mantenía en aquel momento un sistema bancario público. Sin embargo, las medidas tomadas fueron una contención momentánea, de corto alcance, para evitar el avance del descontento que podría haber generado el deterioro de las condiciones de vida, así los resultados de la crisis son más leves de lo esperado (Programa Estado de la Nación, 2010).

Tabla 1
Datos de hogares en pobreza Costa Rica, 2001-2011
Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2001 a 2011

El año 2010 es un punto de inflexión, durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) se evidencia el deterioro de las condiciones de vida de la población. Fue un periodo de acrecentamiento de los índices de desigualdad, pobreza y violencia; se intensificó la estructura desigual de la economía mediante las limitaciones de crecimiento y permanencia de las micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con los datos del Programa Estado de la Nación (2011), el crecimiento de la economía fue moderado y no hubo una recuperación de la crisis. Para Pacheco Jiménez y Elizondo Barboza (2019), “Durante todo el periodo 2010-2018 se observa una tendencia a la baja del PIB real, con un desmejoramiento marcado después del 2012 (año en el que se alcanzó el mayor crecimiento en el periodo)” (p. 5). Asimismo, aumenta el deterioro de las finanzas públicas, la inversión extranjera continuó volátil dependiente de los precios internacionales del petróleo, los alimentos y materias primas. También, la economía se desacelera para finales de 2010, y tal como lo muestra la tabla 1, la pobreza y la pobreza extrema elevaron sus índices.

De acuerdo con los datos de Pacheco Jiménez y Elizondo Barboza (2019), no solamente el gobierno de Laura Chinchilla mostró poco dinamismo al crecimiento de la economía y una tendencia a la baja del Producto Interno Bruto (PIB), además de un deterioro de las finanzas públicas con el crecimiento de la deuda pública, que se explica en parte por problemas de elusión y evasión fiscal, un sistema tributario regresivo y, por otro lado, la dependencia de la inversión extranjera directa y las exportaciones. Por ejemplo, un informe de Bank of America indica que los intereses de Costa Rica para el pago de la deuda pública son de los más altos del mundo y advierte vulnerabilidad a impagos (Díaz Zeledón, 2020).

Tal como lo indican Esquivel Monge y Lankester Campos (2019), entre 2008 y 2017 la deuda se duplicó al pasar de menos del 25% del PIB al 49%. Por lo que, en 2017 el 32,8% del presupuesto se destinó para la deuda: “En 2018, el déficit fiscal se mantuvo en un 5,9% del PIB y la deuda pública representó el 54%” (Programa Estado de la Nación, 2019, p. 3). En este contexto, las recetas neoliberales y neoconservadoras advierten que el déficit fiscal causa problemas macroeconómicos, por ende, la necesidad de recortar la inversión social y contener el “crecimiento del Estado”, de manera que, sus propuestas giran en austeridad y flexibilidad laboral para atraer la inversión extranjera directa y mejorar las exportaciones hacia mercados globales9.

Por consiguiente, el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), representó una salida ante el descontento por el deterioro de las condiciones de vida. Fue presentado a modo de alternativa progresista y diferente a los “partidos tradicionales” como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Sin embargo, su propuesta económica y social no se alejó del proyecto hegemónico neoliberal, con sus matices y particularidades. En relación con la política social implementó el modelo propuesto en América Latina de los PTC mediante la Estrategia Nacional para la atención de la pobreza extrema Puente al Desarrollo, la que cumplía con las características fundamentales de este tipo de metodología para la intervención, sobre todo, de la pobreza extrema.

El discurso para su desarrollo giró en ser más eficientes y eficaces con los recursos que tiene el Estado, así, no se necesitaba invertir más, al contrario, se trataba de mejorar en la articulación de los diferentes programas sociales e instituciones, de modo que se lograra llegar a las personas “realmente pobres”, tal como lo estableció en su Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas” 2015-2018. Por ese motivo, determinó como prioritario un cambio en la forma de filtrar y asegurar los recursos, además de plantear la organización de la propuesta a partir de criterios de elegibilidad.

Así, las características que debían cumplir las familias elegidas fueron: familias con mujeres jefatura de hogar y con hijos e hijas menores de edad; familias con personas en condición de discapacidad; familias con personas adultas mayores a cargo; familias con jefatura desempleada; y familias indígenas (Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2015b). También fue establecido un orden de prioridad de los criterios para la selección de las familias, tal como se indica a continuación:

1. 1. Familias incorporadas en la estrategia y que cumplen con tres o más de las anteriores características.

2. 2. Familias incorporadas a la estrategia y que cumplen con dos de las anteriores características.

3. 3. Familias incorporadas en la estrategia y que cumplen con una de las anteriores características (Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2015b, p. 24).

La Estrategia Puente al Desarrollo no fue creada con una partida presupuestaria propia, dependía de los recursos de la oferta programática y de los beneficios del IMAS, además de los programas sociales de las otras instituciones que integran por normativa el proceso de articulación interinstitucional. La cantidad de familias para ser incluidas en la nueva metodología de atención lo determinó el gobierno, es decir, tal como lo indica la CEPAL respecto a los PTC en América Latina, dependen de los intereses emitidos en los planes de cada administración, por ende, tienen un componente político. El subsidio de los ¢75 000 recibido por las mujeres participantes del estudio provino del componente de Bienestar Familiar del IMAS, específicamente, el beneficio Atención a Familias que consiste en “promover la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y servicios públicos mediante una transferencia económica” (Instituto Mixto de Ayuda Social [IMAS], 2020, párr. 1).

CAPITAL HUMANO Y EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA “ERRADICAR” LA POBREZA: EMPRENDEDURISMO Y EMPODERAMIENTO

Para ordenar los resultados de la investigación fueron consideradas las dimensiones establecidas en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, las variables que integran el IPM, así como lo expuesto por la población participante por medio de las diferentes técnicas implementadas. Por ende, se incluyeron las dimensiones: educación y capacitación, vivienda, trabajo y dinámica familiar. Estas variables analizadas evidenciaron que había un objetivo fundamental para el IMAS: la importancia de un proceso para que las mujeres participantes de Puente al Desarrollo no se mantuvieran por más de dos años en la institución y “egresaran” con las capacidades a fin de insertarse en el mercado laboral o productivo, tal como se muestra en la figura 1. Entonces, de acuerdo con los datos obtenidos, modular la conducta se convirtió en la actividad más importante mediante las condicionalidades establecidas en el plan familiar10.

Figura 1
Capacidad productiva y capital humano en las mujeres en condición de pobreza
Elaboración propia a partir de la base de datos de Monge Arias (2022a, 2022b)

Con el objetivo de participar durante los dos años en Puente al Desarrollo y recibir los ¢75 000, las mujeres firmaron un contrato con el IMAS fundamentado en el discurso de la corresponsabilidad, es decir, las participantes son responsables de ciertas tareas y actividades asignadas por la institución. De manera que, asumieron el compromiso de cumplir con las metas establecidas en el documento, por ende, se configura un tipo de tutela por parte del Estado. De igual forma, el plan familiar firmado entre la PCGS y las mujeres se asemeja a los certificados de la pobreza descritos por Castel (1997) en su análisis sobre la caridad y la filantropía como formas de gestionar la pobreza.

De acuerdo con el autor, son una forma de etiquetar el buen o mal comportamiento de una persona en condición de pobreza, tiene la función de clasificar entre quienes asumen o no las reglas institucionales y aceptan con mayor facilidad las condiciones emitidas por el aparato estatal, representado en este caso por el IMAS. También, en el contexto actual de desempleo, trabajo precarizado y recorte del gasto social que, a su vez, genera descontento social, el cual es contenido por la vía represiva y mediante el “consenso social” propiciado por las políticas sociales como parte de la hegemonía (Gramsci, 1980), puede identificarse el plan familiar como un dispositivo extraeconómico para el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, fuera del proceso productivo y el salario (Hirsch, 2007).

El plan familiar fue establecido con base en las dimensiones incluidas en Puente al Desarrollo en relación con las variables del IPM, por ese motivo, parte de las tareas o actividades por cumplir de las mujeres participantes de la investigación implicaron vincularse a procesos de capacitación técnica, familiar y psicosocial, otra opción consistía en ingresar al sistema de instrucción formal. El objetivo principal era fomentar el capital humano y aumentar la capacidad productiva en las mujeres para que pudieran insertarse en el mundo del trabajo o se transformen en “emprendedoras”. De manera que, las personas integradas a la nueva metodología de la asistencia social modifiquen su visión respecto al apoyo estatal, es decir, la institución tiene como fin transformar el asistencialismo que produce “dependencia” y limita el descubrimiento de las capacidades, por la corresponsabilidad establecida mediante un contrato.

De acuerdo con las cogestoras entrevistadas y una encargada del Área de Atención Integral e Interinstitucional, el plan familiar permite implementar la “corresponsabilidad”, estrategia indispensable para que los hogares en condición de pobreza extrema puedan salir adelante con su pobreza. Por ende, el incumplimiento de las condicionalidades implicaría que las personas no podrán ser autónomas y persistirá la dependencia hacia el IMAS. Entonces, según los relatos de las participantes, las familias que no logran asumir durante los dos años las responsabilidades asignadas estarían perdiendo una oportunidad de aumentar su capacidad productiva para mejorar su situación de pobreza. De ahí, la importancia por parte de la institución de cambiar la modalidad de atención, tal como se enfatiza en los extractos de las entrevistas expuestos a continuación:

En muchas ocasiones tenemos una familia que viene al IMAS le damos seis meses, se va, viene al IMAS le damos seis meses y ya sabe que todos los años que viene al IMAS le damos seis meses pero ser independiente va a significar sobrevivir sin las transferencias del Estado, la corresponsabilidad sienta esas bases, de que yo más bien quiera ya no depender de una transferencia económica sino de que el ingreso sea por mi cuenta, o que sea yo la que pueda generar ese ingreso y hacer lo que necesite hacer con ese ingreso, eso no es tan sencillo por supuesto (Informante clave, Área de Atención Integral e Interinstitucional, comunicación personal, 11 de diciembre de 2019).

A cómo hay personas que ya han pedido la beca, se han salido, han venido y han dicho ¡bueno, quiero lo de las ideas productivas! y ya se han puesto un taller, un salón de belleza y lo han dejado botado y entonces sienten que si vuelven a entrar a un programa como Puente, es como; “Ay, me lo van a volver a dar”, pero entonces ahí es donde chocan contra pared, porque no le dice: “bueno, usted tuvo la oportunidad de…¿Qué es lo que lo que va a marcar la diferencia ahora?, verdad, entonces creo que sí, lo que marca la diferencia mucho es un tema de verlo como una oportunidad para cambiar o para generar herramientas, verdad, que no las personas que lamentablemente han estado en el asistencialismo por mucho tiempo anteriormente (Cogestora 1, comunicación personal, 13 de julio de 2020).

De acuerdo con el enfatizado por las mujeres participantes sobre su propio ingreso en procesos de capacitación e instrucción formal, se evidencia el incentivo para aumentar su capacidad productiva y el desarrollo del capital humano, dado que Puente al Desarrollo propició el consumo de capacitaciones, educación y la atención de la salud en las mujeres y su familia. Para el Banco Mundial y el PNUD este capital debe ser incrementado en las familias para “romper el círculo vicioso de la pobreza”. El discurso de los organismos internacionales refiere que el capital humano es primordial para que las personas desarrollen capacidades y habilidades a fin de autogestionarse sus necesidades en el mercado, que puede ser el mercado laboral o productivo. Entonces, significa propiciar fuerza de trabajo con la disposición física y mental para emplearse según lo demande el mercado y potenciar “el espíritu empresarial”, de manera que el deseo de convertirse en personas emprendedoras forme parte de sus opciones para obtener medios de subsistencia.

El énfasis es puesto en generar acciones basadas en el proyecto económico, político e ideológico-cultural neoliberal del ayúdate a ti mismo, por eso, proponen romper con el círculo de la pobreza invirtiendo en políticas sociales condicionadas, es una forma de modular las subjetividades para que la personas en condiciones de empobrecimiento asuman de manera individual sus necesidades, es decir, la estructuración de la estructuras mentales mediante el poder simbólico del Estado (Bourdieu, 1997). Según fue mencionado, los resultados de la investigación evidenciaron que las mujeres cumplieron con el requisito de aumentar su capacidad productiva y capital humano de acuerdo con la disposición de recursos brindados por la institución, algunas incorporan el discurso del IMAS respecto a la dependencia y la importancia de “arriesgarse para salir adelante”. Tal como se ejemplifica con el relato a continuación:

— Adriana: ¿Usted qué piensa de que Puente al Desarrollo sea por dos años?

— Martha: Ay bueno…, por ejemplo yo a veces siento que fue muy corto pero por otra parte sí porque hay otras personas que también necesitan, porque como nos explicaron a nosotras en una oportunidad que nosotros estuvimos, en ese transcurso de dos años, era para que…, la idea es que nosotros creciéramos y nos arriesgáramos a buscar un trabajo, para no depender de la ayuda del IMAS siempre, por esa parte yo entiendo y por la otra también porque si hay otras personas que también necesitan esa ayuda, no todo el tiempo vamos a estar dependiendo del IMAS, entonces me parece bien, a los que necesitan de verdad tal vez dejarlos un poco más o pasarlos a sostenibilidad (persona participante, Comunicación personal, 02 de marzo de 2018).

La condicionalidad para recibir el beneficio de los ¢75000 impulsó a las participantes en la búsqueda por capacitarse e ingresar al sistema de instrucción formal. No obstante, la oportunidad de permanecer en el sistema de instrucción formal o recibir capacitaciones de diferente tipo fue momentáneo o de corto plazo, dado que, solamente cubrió el periodo de los dos años establecido por el IMAS. Por lo tanto, se manifiesta lo planteado por Ordóñez Barba (2018), Midaglia y Silveira (2016), Ivo (2016), y Barba y Valencia (2016), respecto a los PTC, estos son un dispositivo para disfrutar derechos como el de la salud, educación, subsidios por desempleo, alimentación, capacitaciones, entre otros, pero sin convertirse en derechos desde el ámbito normativo y cultural.

De ahí que, bienes y servicios mínimos, sujetos a la demostración de la pobreza válida, y al recibir un subsidio pierden su carácter de derechos, se vacían de contenido político para transformarse en una caridad hacia la persona asistida, con esto se provoca la segmentación en el acceso a los derechos desde el Estado (Ivo, 2016). Los PTC al no constituirse en derechos niegan la titularidad de ciudadanía de los sujetos, ya que las mujeres en condición de pobreza solamente son las asistidas, las tuteladas elegidas mediante todo un aparato tecnológico de clasificación según medidas econométricas, donde se implementaron distintas formas de determinación de la pobreza válida o meritoria y, por ende, pueden recibir un beneficio “no contributivo por parte del Estado”, pero siempre que exista el compromiso contractual del plan familiar y sobre todo los recursos para financiar la política social.

Así, cuando se realizaron las entrevistas, 9 de las 20 mujeres estaban cursando la educación formal como parte de los requisitos o condicionalidades por cumplir para la Estrategia Puente al Desarrollo. Sin embargo, prevalecía la incertidumbre si fuera posible continuar o no, ya que dependían del subsidio, situación que fue afirmada por las participantes al referirse a su permanencia en el sistema educativo. La baja escolaridad es uno de los datos sobresalientes respecto a las condiciones sociales de las mujeres participantes de la investigación: cinco no tenían ninguna instrucción formal, seis cursaron primaria incompleta, cinco habían finalizado la primaria, tres tenían secundaria incompleta y solamente una cursó secundaria completa.

Las mujeres trabajadoras en condición de pobreza participantes de la investigación acumularon capacitaciones como activo (in) tangible para demostrar el incremento de su capital humano y, de ahí, el desarrollo su capacidad productiva. De las capacitaciones mencionadas fueron comunes las relacionadas directamente con la división social y sexual del trabajo, así la intervención de la institución reafirmó su rol de madres, por ejemplo, con la Escuela para Padres, u ocupaciones consideradas desde la ideología patriarcal propias de lo femenino: costureras, cocineras, estilismo, servicio al cliente y actividades manuales. La información recibida en cada uno de los cursos tuvo aportes importantes para tomar en cuenta, pero descontextualizado de las condiciones sociomateriales de las mujeres y sobre todo no implicó un aporte sustancial en sus carencias y necesidades (Monge Arias, 2022a), al contrario, reafirmaron su posición desigual de clase.

Visto que, una parte y en algunos casos el total del valor de las capacitaciones o el ingreso al sistema de instrucción formal fue asumido por las mujeres con sus propios recursos, la tendencia fue buscar centros o institutos privados11 de bajo costo. Asimismo, las capacitaciones en las que se insertaron estuvieron vinculadas con oficios de baja calificación y desvalorizados, relacionados con su propia trayectoria laboral, sobre todo en lo trabajos informales. Entre las principales capacitaciones indicaron: emprendedurismo, pintar uñas, formación humana, manejo de límites, manipulación de alimentos, escuela para padres o manejo de límites, costura, cocina, manualidades, asistente de pacientes, policía comunitaria, globoflexia-pinta caritas, actividades para el oficio de payasa, servicio al cliente, barbería, panadería y Empléate. Cada una de estas respondió específicamente a las dimensiones: dinámica familiar, trabajo e ingresos, así como educación y capacitación de Puente al Desarrollo.

En el caso del emprendedurismo, solamente cinco de las 20 mujeres no ingresaron a este tipo de capacitación, sin embargo, puede que lo llevaran antes o no lograron obtener cupo en los diferentes cursos ofrecidos durante su proceso en Puente al Desarrollo. El emprendedurismo es una de las capacitaciones centrales para el IMAS, conformaba parte de la condición necesaria a fin de tener acceso al beneficio de Emprendimiento Productivo Individual que ofrece la institución, según lo indicaron las mujeres participantes de la investigación. La mayoría de ellas tenían la expectativa de poder ingresar en este beneficio, y por esa razón, constantemente buscaron mostrar a la cogestora el cumplimiento de los requisitos, entre estos, una conducta con rasgos emprendedores y la disposición para ser autónomas en la satisfacción de sus necesidades. Tal como se muestra en el relato de una de mujeres a continuación:

— Adriana: ¿Y eso quién se lo pagaba? [La pregunta es sobre un curso de costura]

— Rosa: Diay yo, yo me pagaba los pases, me los conseguía yo ahí, yo iba por mis propios medios al curso, allá en la León, y así terminé ese curso, después ya yo le dije a doña Elizabeth, que era la que daba atención a la familia, yo le dije yo quiero ideas productivas, yo ya había ido antes y había hablado con Gabriela, entonces me dijo Gabriela: — ¡Ayy! Es que ya pasó la lista, casualmente hoy se cerró. Y yo le dije: —bueno, entonces me espero al otro año. Y, así entonces me metí a sacar ese curso y luego hablé con doña Elizabeth, pero es que tiene que sacar el curso de emprendedurismo, porque el IMAS se lo pide me dice, para idea productivas, entonces hice el intento varias veces de sacarlo en el INA, pero se me hacía difícil (persona participante, comunicación personal, 21 de febrero de 2018).

La permanente disposición por parte de las mujeres de mostrarse con cualidades emprendedoras no es un subjetivismo, ilusión o fantasía sin materialidad, al contrario, se trata del efecto en las estructuras cognitivas (Bourdieu, 1997) de las condiciones reiteradas en cada una de las visitas realizadas por la cogestora y de la información práctica recibida en las capacitaciones, como parte del cumplimiento del plan familiar determinado por la institución. De acuerdo con la informante clave del Área de Atención Integral e Interinstitucional, el “emprendedurismo incluso podría ser la respuesta a muchas familias que no van a tener un perfil para incorporarse en el sistema educativo formal y vincularse con un empleo formal” (comunicación personal, 11 de diciembre de 2019). Es preciso señalar, que el emprendedurismo “es una modalidad de trabajo informal que, sobre el manto de la autonomía, hace que el sujeto emprendedor imagine que basta ser el patrón —a veces de sí mismo— para tener el chance de cambiar de clase social” (Tavares, 2018, p. 109. Traducción propia). En la interpretación de las entrevistas se observó que a partir de su participación en el curso de emprendedurismo, las mujeres organizaron los nuevos conocimientos prácticos desde un núcleo central de aprendizaje: “como ser pequeña mujer empresaria”.

Tal como lo explican Abilio (2015) y Antunes (2005, 2019, 2020), el emprendedurismo conforma parte de la jerga neoliberal para fetichizar los problemas de desempleo, precariedad laboral y expansión del trabajo informal producto de los cambios en la acumulación de capital, a su vez, se configura en una nueva estrategia para extraer plusvalía que en lo aparente no aparezca como trabajo asalariado “Para esto la intervención del Estado es fundamental, pues su función es crear el aparato legal a través del cual la relación de capital convierte a la fuerza de trabajo una empresa ” (Tavares, 2018, p. 110. Traducción propia). De manera que, surja una subjetividad “empoderada”, “con una buena actitud frente a la adversidad” o lo que el PNUD (1997) ha definido como “pobreza resiliente”.

Por otro lado, las mujeres asistieron a los cursos de Formación Humana12 que, de acuerdo con las participantes, uno de los aportes más importantes fue que obtuvieron las herramientas emocionales para proyectarse en el futuro, en otras palabras, no reproducir comportamientos dependientes de la asistencia social. Asimismo, el objetivo es que las mujeres asimilen en sus estructuras cognitivas una “alta autoestima”, a fin de propiciar la disposición para convertirse en emprendedoras, la disciplina de una trabajadora productiva y preocupada por cumplir con los requisitos necesarios de acuerdo con las demandas del mercado de trabajo, mediante el desarrollo de sus capacidades y habilidades en el marco de los valores neoliberales que son parte de las políticas sociales como Puente al Desarrollo, que replican el discurso de “no sirve dar el pescado es necesario enseñar a pescar”.

Cabe señalar que, las mujeres participan en el curso de Formación Humana como parte de los compromisos de su plan familiar, solamente 7 de las 20 mujeres indicaron no levalo, pero porque fue cursado antes de ingresar a Puente al Desarrollo. De acuerdo con lo interpretado por la mayoría de las mujeres, en el curso aprendieron el valor de sí mismas, es decir la responsabilidad de su propia vida, además de apreciar las “pequeñas cosas como grandes logros”, aunque sus condiciones socioeconómicas y de género no tengan una mejora significativa o de largo plazo, es decir la ideología neoliberal que refiere a que solamente se puede modificar lo cotidiano, lo local, lo cercano, desplazando la posibilidad de las transformaciones estructurales por medio de la rebelión.

De modo que, aparece el Estado por medio del IMAS interfiriendo en la vida cotidiana (Holloway, 1980), controla la praxis cotidiana de las mujeres en condición de pobreza, y afirma sus actividades desde el posibilismo, así las lleva a interiorizar sus logros cotidianos como emancipadores, a pesar de seguir subsistiendo desde el trabajo informal, sin la posibilidad de resolver su problema de la vivienda o tener el dinero para cancelar los servicios públicos y comprar los alimentos diarios13, es decir, continúan en los niveles existenciales de la reproducción (Heller, 1986), en el aquí y el ahora (Heller, 1987), pero subjetivamente son “resilientes” o “empoderadas”, y el gran logro ha sido desaprender el fatalismo. Esto representa la forma en que se institucionaliza el feminismo liberal a partir de las políticas neoliberales de desarrollo personal, con el objetivo de promover una supuesta identidad femenina activa “cuestionando una subjetividad en apariencia pasiva” (Schild, 2016, p. 72) que asignan a las mujeres. Al respecto, se ejemplifica con un extracto de la historia de vida de Martha, cuando indica que la “pobreza mental”14 se puede intervenir mediante cursos como los impartidos por el INAMU:

Yo digo que son personas que no les han dado como cursos, personas como que no han ido a cursos del IMAS, o sea porque son…, ese curso del IMAS de Puente, el del INAMU es uno de los que le ayuda a que usted se valore, que usted sepa que usted puede, entonces son personas que nadie las motiva, y más bien las echan para abajo (Martha, comunicación personal, 02 de marzo de 2018).

En suma, el resultado es desigual y combinado, ya que, tal como se viene desarrollando en este apartado, las mujeres trabajadoras en condición de pobreza tuvieron acceso a una serie de bienes, servicios, capacitaciones e información por medio de Puente al Desarrollo, sin embargo, es desde la tutela del Estado para modular conductas dirigidas con el objetivo de aumentar la capacidad productiva mediante el desarrollo del capital humano para la empleabilidad en trabajos de baja calificación o el emprendedurismo. Este último reviste el trabajo informal de autonomía y fetichiza la identidad de las mujeres al asumirlas como “dueñas de su propio negocio”, es decir, cercanas al capital y alejadas del trabajo (Tavares, 2018). De ahí que el Estado mantiene un orden y contiene el potencial “desorden” por la desigualdad y la pobreza asignando la responsabilidad en cada persona mediante la ideología del emprendimiento transmitida a través de las políticas sociales.

Las ideas de emprendimiento manifestadas por todas las mujeres en la historia de vida estaban vinculadas a su propia trayectoria laboral, caracterizada por condiciones laborales en la informalidad y precariedad. Entonces, las participantes tratan de agenciar sus necesidades interpretando por medio de su praxis cotidiana lo demandado por el Estado. Por ende, el IMAS afirma y reproduce el trabajo informal, dado que es considerado una actividad con potencial para transitar hacia un emprendimiento exitoso. Tal como lo indica Davis (2014):

… los expertos del “capitalismo del hombre pobre”, como el incontenible Hernando de Soto, vean en realidad a esta población enorme de peones marginados, funcionarios despedidos y antiguos campesinos como una colmena frenética de ambiciosos empresarios ansiosos por derechos de propiedad formales y por un espacio competitivo desregulado, pero tiene un sentido más evidente considerar a la mayor parte de trabajadores informales como desempleados “activos” a los que les queda otra elección que subsistir por algún medio o pasar hambre (p. 26).

También, las capacitaciones del INAMU mediante el programa de Formación Humana enfatizan en la desigualdad entre hombres y mujeres desde el feminismo liberal, por ende, reproduce y afirma en las mujeres participantes el discurso de la individualidad de sus propias situaciones a través del “empoderamiento”, sin relacionar el fenómeno de la violencia con las relaciones capitalistas, solamente se muestra un tipo de cuestionamiento radical, para no sentirse desvalorizadas en relación con los hombres, o la importancia de tener “amor propio” y una alta autoestima. Es una forma de aumentar el conocimiento cotidiano, a través de las nuevas experiencias adquiridas en los procesos de capacitación (Heller, 1987), pero sin lograr la consolidación de un “para nosotras”, es decir, la realización a partir de la colectivización para enfrentar el problema de la violencia, sino que es desde la singularidad, en sí mismas estaría la solución a un problema estructural, dependería de cada una y sus decisiones.

Por eso, se quedan en una objetivación en sí (Heller, 1987), aunque tengan un reconocimiento inmediato que no deben ser violentadas por los hombres, lo que representa un avance, pero continúan asumiendo la responsabilidad individual, en otras palabras, si una mujer recibe violencia es porque no es lo suficientemente empoderada o tiene una baja autoestima15. En consecuencia, representa la individuación del Estado cuando clasifica, ordena y regula las relaciones sociales (Holloway, 1980, 1994), pero abstrayendo a las “mujeres trabajadoras pobres” de sus condiciones sociomateriales y socioculturales, validadas desde su afirmación como mujeres ahora “empoderadas”, ya que buscan “tener sus propios negocios”, capacitarse o resolver sus situaciones de violencia a partir del diseño de estrategias individuales, justificadas en un neoliberalismo progresista que determina la justicia social a partir del mérito y la valorización cultural de ciertos aspectos del feminismo liberal (Fraser, 2016).

De acuerdo con los datos de las entrevistas a las diferentes poblaciones, el empoderamiento se obtiene mediante el consumo de ciertas capacitaciones e información que permite a las mujeres asumir que pueden desarrollar la habilidad de autogestionarse sus carencias y “ser libres”, se trata de un cambio actitudinal en lo inmediato. No obstante, en la vida cotidiana las mujeres continúan sin tener control sobre sus necesidades, trabajos y las condiciones materiales para dejar de ser “las pobres asistidas”, dado que refiere a un cambio de las disposiciones desarrollado mediante el incremento y acumulación de capital humano, obtenido a partir del cumplimiento disciplinado de las tareas y actividades establecidas en el plan familiar, que significó asistir a capacitaciones de tipo motivacional y de oficios de baja calificación o, en el caso de algunas, ingresar al sistema de instrucción formal, pero que por su bajo nivel escolar, contrario al tiempo establecido en Puente al Desarrollo, el avance fue mínimo y en otras nulo.

CONCLUSIONES

La Estrategia Puente al Desarrollo conforma parte de los PTC originadas en América Latina desde mediados de los años 90, en el marco de las crisis económicas y el avance de distintas rebeliones que cuestionaron la estrategia neoliberal. Se configuran en una herramienta para enfrentar la pobreza mediante la condicionalidad de las familias para que desarrollen capital humano y aumenten su capacidad productiva, de modo que “rompan con el círculo generacional de la pobreza”. En consecuencia, la responsabilidad de asumir sus propias condiciones es revestido en el discurso de la corresponsabilidad, puesto en práctica mediante los planes familiares oficializados a través de la figura contractual entre el Estado y las mujeres en situación de pobreza, que lograron demostrar su condición. Por ende, se trata de una nueva forma de permitir al Estado intervenir en lo social, pero restringiendo el gasto, pues el fin de este tipo de política pública es articular los programas sociales existentes y refocalizar hacia la pobreza extrema, de ahí que responde a visiones neoinstitucionalistas, social-liberales y el fetichismo de un “posliberalismo”, que devienen en un individualismo moralizante.

El binomio emprendedurismo y empoderamiento se configura en el resultado de la pobreza resiliente propuesta por el PNUD desde los años 90, para entender la pobreza más allá del ámbito económico, cabe señalar que estas visiones se relacionan con las ideas de Amartya Sen sobre capacidades, habilidades, agencia y titularidades. Estos cuatro elementos son base explicativa teórica y práctica de la pobreza, por ese motivo, para los organismos internacionales como el Banco Mundial y el PNUD es fundamental el acceso por parte de las familias al desarrollo del capital humano y de aumentar su capacidad productiva. Para el caso de las mujeres participantes de la investigación tener acceso a servicios públicos, las capacitaciones, el subsidio de Emprendimiento Productivo Individual o la posibilidad del ingreso al sistema de instrucción formal, representó el consumo de habilidades y la mejora en sus capacidades de empleabilidad y emprendedurismo. Es decir, el capital humano y la capacidad productiva incrementada en los mínimos y básicos, produce y reproduce en las subjetividades la fetichización de la autonomía, como solución a la pobreza mediante la individualización de la cuestión social.

El empoderamiento refiere a un tipo de transformación subjetiva mediante la intervención de la asistencia social en la modulación de las conductas de las mujeres, pero el proceso no es mecanicista, al contrario, es dialéctico, cada una de las mujeres asimila la articulación de las estructuras cognitivas por medio de su praxis cotidiana. De manera que, las mujeres piensan su realidad de acuerdo con las condiciones dadas, reflexionan sobre la subsistencia y lo establecido por la institución, de ahí que deciden según las opciones posibles de concretar en relación con su lugar en la división social del trabajo y la división sexual del trabajo. Por ese motivo, el cambio tiene un nivel existencial, en lo inmediato del aquí y el ahora, manteniendo el orden y seguridad en el proceso de acumulación capitalista, dado que se logra contener las contradicciones por medio de la asistencia social.

El desequilibrio fiscal evidenciado en la creciente deuda pública ha sido instrumentalizado por la ortodoxia neoliberal para reducir aún más la inversión de los Estados mediante un conjunto de políticas públicas, que demuestran su incapacidad para hacer frente al crecimiento y agudización de la desigualdad y la pobreza. Así, los PTC son la forma de atender el fenómeno de la pobreza austeramente, de manera que una de sus características importante es que son considerados políticas de bajo costo y además refocalizan la atención del Estado, pues como parte de sus objetivos implica articular la red institucional a lo interno del aparato estatal, los programas y proyectos dirigidos para la atención de la pobreza y pobreza extrema.

Otro de sus rasgos es enfocarse en las alianzas público-privadas para la ejecución de las condicionalidades por parte de las personas participantes. Por ende, enfatizan en que el Estado utilice los recursos y medios existentes, así restringe los presupuestos para la ejecución de las políticas sociales, pero manteniendo cierto consenso social fetichizado mediante el otorgamiento de mínimos y básicos a la población en esta condición. De manera que, esta forma de la asistencia social es coherente con las necesidades y demandas del capital para recuperar la tasa de ganancia en el proceso de acumulación, limitando el accionar del Estado en aspectos laborales, sociales y económicos a fin de institucionalizar la “libertad del mercado”.

REFERENCIAS

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Notas