De acuerdo con los estudios sobre violencia realizados por Benjamin (2010), se plantea que este fenómeno social no es un fin de ciertas prácticas, sino un medio para alcanzar ciertos fines. En todo caso, el desenlace que busca la violencia está apoyado en las estructuras normativas de la moral, de aquello que es considerado lo bueno y lo malo para un sector poblacional concreto. Ergo, una moral normativizada socialmente, empuja a sus ciudadanos para conseguir el máxime ético y, para obtenerlo, se recurre a dispositivos disciplinarios que, en la mayoría de las ocasiones, están permeados de elementos violentos(Foucault, 1984).

Esta práctica de la violencia como medio ha sido visibilizada en América Latina como un fenómeno sociocultural alarmante, en primer lugar, porque la región es considerada como la más violenta en el mundo; en segundo lugar, porque su impacto tiene un vínculo directo con las juventudes en dos formas particulares: la de víctimas y la de victimarios (Rodríguez, 2004).

En este sentido, los fenómenos violentos no pueden ser vistos y reducidos a una sola dimensión social, sino que se les debe entender de forma compleja, posibilitando que todos los hechos sociales no queden enmarcados en una sola esfera, sino que, por el contrario, se expresan transversalmente en todo el complejo social (Morin, 1990). Así lo confirma Pueyo (2006) cuando señala que la violencia está en todos los ámbitos de las juventudes, como en la escuela, el ocio, la familia, el trabajo, la salud, entre otras.

Siguiendo con Rodríguez (2004), se apunta que, en todas las naciones de la región, la violencia ha adquirido un carácter generalizado, surgiendo como la causa predominante de mortalidad entre las personas jóvenes. Este fenómeno que abarca desde accidentes de tránsito hasta homicidios y feminicidios refleja un aumento exponencial en la participación por parte de las juventudes en diversas formas de violencia organizada, como lo son los robos, homicidios y secuestros. Es importante destacar que este incremento se ve marcado por patrones de género y estratificación social, lo que acentúa la gravedad del problema.

En el caso mexicano, Valenzuela (2012), ha enmarcado la condición de las personas jóvenes a través del concepto de juvenicidio, el cual hace referencia al contexto de exclusión, precariedad económica, desempleo, declive de la educación, violencia y muerte que acecha a este grupo etario. En resumen, se puede observar que las juventudes son el grupo demográfico más afectado y con mayor número de víctimas en términos de vulnerabilidad (Urteaga Castro-Pozo y Moreno Hernández, 2020).

Por lo tanto, resulta crucial no solo reconocer la violencia a la que se enfrentan las juventudes, sino también abordar las consecuencias que este fenómeno tiene en su entorno. Específicamente, es de interés para este estudio, analizar este fenómeno por las consecuencias que implica en el contexto del bono demográfico que señala una proporción mayor de la población en edad laboral (de 15 a 64 años) en comparación con aquellos que están en edades económicamente dependientes (de 0 a 14 años y de 65 años en adelante) (Pinto, 2016).

Desde 2010, diversos estudios anticipaban un panorama demográfico favorable para el país entre los años 2012 y 2033, tal como lo señalaba García (2012) en su investigación. Esta proyección se confirmó en el 2020: según análisis basados en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI-México, la población entre 15 y 29 años (considerada como personas en la etapa de juventud por el mismo instituto) representó un 24,8% del total nacional. Además, un 62,7% de la población se encontraba en edad laboral, de la cual las personas jóvenes abarcaban un 39,6%.

Todo esto se vuelve aún más relevante cuando se informa que el acervo demográfico ha concluido y, peor todavía: no fue aprovechado. En sintonía con Paz (2023), se ha señalado que el bono demográfico no se ha materializado porque las personas jóvenes han sido excluidas del campo laboral, lo que ha imposibilitado su desarrollo individual y el crecimiento del país.

Ante el panorama actual, nacen interrogantes sobre el propósito de la violencia y su vínculo con las juventudes. ¿Es este comportamiento violento una herramienta para alcanzar ciertos objetivos?, en otras palabras, ¿se justifica la violencia contra las personas jóvenes para promover una moralidad específica? de ser así, ¿cuál es la naturaleza de esta moralidad? por otro lado, si la violencia hacia las juventudes es inadmisible, ¿por qué persiste?

Un análisis preliminar de la muestra de datos revela la persistencia de un fenómeno preocupante en México: la violencia hacia las juventudes. Esta problemática se encuentra arraigada en diversas esferas de la sociedad mexicana, lo que imposibilita la inclusión favorable de las personas jóvenes y limita sus posibilidades de desarrollo personal y social frente a un panorama demográfico que parecería ser favorable. La violencia puede impedir que los jóvenes accedan a la educación, al trabajo y a otros recursos esenciales para su desarrollo personal y profesional.

Por ende, en esta exposición, se ha propuesto examinar cuatro variables y su correlación con el contexto estatal, las cuales se encuentran dentro del marco conceptual previamente delineado en esta introducción: el deterioro psicológico y la salud mental, con un enfoque particular en sus repercusiones en el fenómeno del suicidio; la marginación social, específicamente la discriminación y el desempleo; y, por último, la violencia de género, centrándonos en las formas en que afecta a las mujeres en el entorno laboral.

El propósito es analizar la interrelación entre estas variables de violencia hacia las personas jóvenes entre sí, y luego examinar cómo afectan de manera diferencial en distintas regiones del país. Además, interesa reconocer cómo estas constantes influyen en las diferencias y similitudes en los niveles de violencia hacia las juventudes a nivel estatal.

Para alcanzar este objetivo, el primer apartado, nombrado caso de estudio, presenta un breve panorama de la situación de las personas jóvenes a través de categorías estigmatizantes, las cuales han sido parteaguas teóricas para la elección de las variables; posteriormente, los datos de las variables de interés han sido obtenidas de las más recientes encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI-México, estás son presentadas y descritas en el segundo apartado; a continuación, se procesa la información con el modelo descriptivo de Análisis de Componentes Principales (PCA por sus siglas en inglés), la metodología expone un resumen puntual de los objetivos alcanzables con esta herramienta y, en el apartado de resultados presentamos el comportamiento de las variables. Todo este análisis se realiza con el lenguaje de programación R y la biblioteca factoextra. Finalmente, en el apartado de discusión y conclusiones se exponen los principales hallazgos y una reflexión acerca de los resultados obtenidos.

Si bien, el nuevo siglo ha traído consigo avances tecnológicos y sociales importantes para todos los sectores poblacionales, para la población joven la realidad dista mucho de ser un panorama esperanzador. Tal como lo señala diversos investigadores, el desempleo, la inestabilidad económica, el trabajo precario, la violencia, el estigma, la discriminación, la exclusión, el encierro simbólico, la expulsión e, incluso, la muerte, son solo algunos de los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones (Castro, 2023). Profundizando en esta problemática, Tinoco-García et al. (2019) afirman que las personas jóvenes perciben su situación como la de juventudes sin futuro, marcada por la desesperanza y una profunda desilusión con las estructuras sociales y políticas tradicionales.

Este contexto desolador de injusticia social, que bien está justificado por las personas jóvenes, tiene como base la violencia estructural, que no es otra cosa que una violencia indirecta, violencias directas y culturales. Estas violencias presentan a las personas jóvenes como responsables de sus propias acciones, vinculando la violencia de la que son acreedores y proveedores a sus propias motivaciones, dejando de lado las esferas sociales-culturales-históricas-económicas.

Por ejemplo, el concepto de juvenicidio, propuesto por Valenzuela (2012), está vinculado con la violencia estructural (Tinoco-García et al., 2019) al invisibilizar los problemas que enfrentan ciertas poblaciones jóvenes y responsabilizarlas de los procesos de exclusión, violencia y expulsión a los que son sometidas. Estas formas de invisibilización se manifiestan en la estigmatización a través de categorías culpabilizadoras, las cuales se han abordado en otro trabajo mediante el análisis del discurso y la narrativa estigmatizante (Castro, 2024). Los resultados previos han motivado a profundizar en los efectos demográficos observables a nivel estatal en México, a través de lo que ocultan los conceptos de estigmatización hacia las personas jóvenes, como lo son: la “generación de cristal”, “feminazis” y “ninis”.

Por esta razón, se propone revisar brevemente las situaciones de violencia, violencia estructural y juvenicidio que ocultan estas categorías. En primer lugar, el suicidio se considera una forma de violencia estructural, vinculada a factores psicosociales como la depresión, los problemas académicos, la inactividad laboral1,el abuso de sustancias psicoactivas o alcohólicas, el acceso limitado a tratamientos, etc. (Ballesteros et al, 2010). Contemporáneamente, este fenómeno puede asociarse a la respuesta simbólica atribuida a la llamada “generación de cristal” (Smith, 2019).

Esta generación, tildada despectivamente de “llorona” y “poco resistente”, ha sido objeto de burlas y ataques en las redes sociales por su supuesta sensibilidad ante situaciones complejas. Su preocupación por problemas sociales inadmisibles les ha valido el mote de “generación de cristal”, un término que enmascara la incomprensión y la falta de empatía hacia sus legítimas inquietudes, relacionadas desde la perspectiva adultocéntrica como problemas de salud mental (Juárez Guerrero et al., 2022; Vázquez, 2013).

Por otro lado, la violencia de género, al igual que otras formas de violencia juveniles, ha recurrido a la culpabilización de las mujeres por su situación social. En este caso, el feminismo ha sido objeto de ataques por parte de ciertos grupos sociales que lo tildan de “feminazismo” debido a la radicalidad de las protestas del feminismo radical (Puleo, 2023).

De acuerdo con los apuntes de Puleo (2023), se afirma que el feminismo radical ha sido principalmente representado por grupos de mujeres jóvenes menores de 23 años. Se caracterizan por ser mayormente estudiantes y no estar comprometidas o relacionadas formalmente con hombres, lo cual facilita promover posturas más radicales que otros tipos de feminismos. En todo caso, lo importante es identificar que esta situación se convierte en otro tipo de violencia estructural de las juventudes al atacar las demandas y culpabilizar a las mujeres, identificándolas anacrónicamente con el nazismo.

En esta misma línea, las personas jóvenes que por sus circunstancias adversas no encuentran trabajo y tampoco estudian, han sido categorizados como “ninis”: jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esta etiqueta despectiva, no solo discrimina y excluye a las personas jóvenes menos favorecidas, sino que además invisibiliza la preocupante situación de estos grupos demográficos (Assusa, 2019).

Este concepto, importado de Europa y adoptado en México, ha servido para culpabilizar a los y las jóvenes de su precaria situación. En lugar de responsabilizar a las instituciones o a la sociedad, se les acusa de ser los causantes de su propio infortunio; se les tacha de “ninis” por no querer trabajar ni estudiar, y, según Assausa (2019), esta etiqueta se utiliza incluso para justificar la violencia que sufren, tanto como perpetradores como víctimas, debido a su inactividad.

Ahora, el prototipo de “la juventud ideal” vista desde las perspectivas adultocéntricas, impulsa a su vez el estereotipo sobre las juventudes aberrantes. La juventud, desde su proceso histórico exhibe una condición de subordinación, de aprendiz; es un sujeto en proceso de normativización. Lo normal aparece desde las instituciones y los sujetos de habla; estos mismos sujetos institucionalizados son quienes determinan las conductas y prácticas anormales (Foucault, 1984; Echeverría, 2016).

Así pues, las divergentes praxis juveniles, aquellas que no corresponden con las premisas prototípicas del joven ideal se materializan como prejuicios conductuales que a su vez se convierten en estigmas (Pérez, 2010). El estigma como una práctica de discriminación aparece cuando un-otro es procesado negativamente a través de un-nosotros (Bajtín, 2012). Dicho procesamiento es reforzado una vez que se identifican ciertos signos aberrantes de ese-otro-que-no-soy-yo, tales como, la vestimenta, la religión, las ideas, la cultura, el género, la orientación sexual, la edad, etc. (Aravena, 2007).

Las praxis divergentes que caracterizan a las juventudes son en todo caso conductas que se salen de lo esperado por una sociedad adultocéntrico-institucional (Brito, 2002; Castro, 2023). En cuanto son identificadas y, si no aportan lo que la sociedad demanda de una juventud ideal, estas se cargan de signos y símbolos discriminatorios identificados en categorías estigmatizantes como “ninis”, “feminazi” y “generación de cristal”.

Este recorrido ha puesto de relieve tres fenómenos particularmente preocupantes de discriminación y estereotipo de las personas jóvenes: el “feminazismo”, la “generación de cristal” y los “ninis”. Estas etiquetas estigmatizantes encasillan y marginan a ciertos grupos de jóvenes, perpetuando prejuicios y limitando sus oportunidades.

Estos fenómenos sociales han sido punto de partida de la presente investigación, al generar interés en la indagación del problema subyacente que suele quedar invisibilizado en los conceptos previamente mencionados. En ese sentido, el texto busca averiguar el impacto de esta violencia estructural multidimensional a nivel estatal, así como describir la relación entre las variables expuestas y su influencia en la manera en que ciertos grupos juveniles (juvenicidio) se convierten en poblaciones de alta vulnerabilidad.

Como se mencionó anteriormente, este estudio analiza a nivel estatal los procesos de violencia, violencia estructural y juvenicidio resultado de observaciones que parten de la invisibilización categórica-estigmatizadora. Para ello, se utilizarán bases de datos de encuestas y censos nacionales, lo cual permitirá, a diferencia de una exploración cualitativa, una perspectiva macrosocial y descriptiva de estas problemáticas a nivel estatal, identificando patrones de divergencia y convergencia entre diversas variables.

Como se mencionó anteriormente, este estudio analiza a nivel estatal los procesos de violencia, violencia estructural y juvenicidio resultado de observaciones que parten de la invisibilización categórica-estigmatizadora. Para ello, se utilizarán bases de datos de encuestas y censos nacionales, lo cual permitirá, a diferencia de una exploración cualitativa, una perspectiva macrosocial y descriptiva de estas problemáticas a nivel estatal, identificando patrones de divergencia y convergencia entre diversas variables.

Es importante señalar que los análisis a nivel estatal, como el propuesto en este estudio, presentan limitaciones propias de la investigación macrosocial que solo pueden ser resueltas desde perspectivas cualitativas. Al emplear bases de datos nacionales, se obtiene una visión panorámica que puede ocultar heterogeneidades locales y dificultar la comprensión de contextos específicos. Además, las relaciones estadísticas identificadas no siempre implican causalidad, y la ausencia de variables relevantes puede sesgar los resultados. Asimismo, la calidad y comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo pueden verse afectadas por cambios metodológicos y conceptuales.

A partir de los objetivos exploratorios, se consultaron la base de datos del INEGI-México. Se recopilaron datos actualizados de diversas fuentes estadísticas sobre el país y su relación con las juventudes. Posteriormente, se procesaron los datos a una tasa por cada cien mil habitantes, desglosándolos por entidad federativa.

Para el análisis de la discriminación (discri), se consultó la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS, 2022), obteniendo la prevalencia de discriminación declarada por adolescentes y jóvenes; la información sobre inactividad de las personas jóvenes (noact) se obtuvo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2023); los datos de suicidio de personas jóvenes (suici) provienen de las defunciones registradas por suicidio en 2022; finalmente, la información sobre violencia contra mujeres jóvenes (violescm), principalmente la expuesta en relaciones laborales, se obtuvo de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021).

Al hacer una revisión de la estadística descriptiva, se observó que, en promedio, un 22 212 por cada cien mil habitantes de las entidades federativas del país declararon haber sufrido la afrenta de la discriminación, teniendo como mínimo 15 227 y un máximo de 32 827 personas que declararon haber sido discriminados. En lo referente a la inactividad, se observó que 40 559 personas son la media de inactivos juveniles, observando un máximo de 32 000 personas y una desviación estándar de 2988 personas jóvenes inactivas (figura 1).

El suicidio exhibe un promedio de 11 defunciones de personas jóvenes a causa de esta variable; con un máximo de 24 y una desviación estándar de aproximadamente 4 personas. Por último, la violencia contra mujeres en el contexto laboral expone una media de 14 782 declaraciones de violencia hacia su persona, con un máximo de 16 684 declaraciones (tabla 1).

Tabla 1. Tabla 1. Estadística descriptiva sobre discriminación, inactividad, suicidio y violencia laboral contra mujeres, México, 2021-2023 Tabla 1. Estadística descriptiva sobre discriminación, inactividad, suicidio y violencia laboral contra mujeres, México, 2021-2023 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2021-2023.

Figura 1 Figura 1 Distribución de frecuencia por variable, personas jóvenes, México, 2021-2023 Figura 1 Distribución de frecuencia por variable, personas jóvenes, México, 2021-2023 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2021-2023.

La figura 2 evidencia la persistencia en el territorio mexicano de un fenómeno de violencia dirigido hacia las juventudes, arraigado en múltiples esferas que obstaculizan una inclusión positiva de las personas jóvenes y sus oportunidades de desarrollo personal, así como de un desarrollo internacional vinculado a este grupo etario. Con lo observado en este primer momento descriptivo de los datos, se argumenta que uno de los factores que más afecta a las juventudes, de acuerdo con lo declarado, es la inactividad, es decir, la falta de empleos que cubran la demanda de este sector. La discriminación y la violencia laboral contra mujeres se exteriorizan como las variables que más han afectado a los declarantes. Por último, aunque la tasa de suicidio es relativamente baja en comparación con otras variables, el número de defunciones juveniles por esta causa sigue siendo un motivo de preocupación.

ara investigar el comportamiento de los Estados en relación con las variables, se utilizó el Análisis de Componentes Principales, una técnica ampliamente reconocida en el

Para investigar el comportamiento de los Estados en relación con las variables, se utilizó el Análisis de Componentes Principales, una técnica ampliamente reconocida en el campo de la estadística y la investigación.El PCA, como señala Jolliffe (2002), tiene como objetivo principal realizar una descripción detallada de los datos sin necesidad de imponer supuestos rigurosos.

El PCA es una herramienta esencial para la identificación de patrones dentro de conjuntos de datos complejos, su capacidad para destacar tanto similitudes como diferencias entre variables lo convierte en una técnica invaluable en el análisis estadístico. Esta relevancia se hace aún más evidente en contextos donde los datos se presentan en dimensiones elevadas, en el que el PCA facilita la tarea de discernir tendencias y estructuras subyacentes. Otra las ventajas destacadas de este enfoque metodológico es su capacidad para reducir la dimensionalidad de los datos, conservando al mismo tiempo una cantidad significativa de información (Smith, 2002).

De acuerdo con Urdinez y Cruz (2021), el PCA implica trabajar con la interrelación entre las variables, permitiendo discernir tanto las características compartidas como las únicas de cada una. En esencia, este enfoque ayuda a identificar y cuantificar tanto las tendencias generales presentes en los datos como las peculiaridades que cada variable mide de manera independiente.

Los componentes estarán asociados con un Eigenvalor, el cual constituye una medida que indica la cantidad de variabilidad de las variables originales que cada componente logra explicar. Estos Eigenvalores permiten clasificar los componentes en orden descendente según la cantidad de varianza que explican. Por lo general, se opta por retener únicamente aquellos componentes cuyos Eigenvalores superan la marca de 1, siguiendo esta regla como criterio general (Urdinez y Cruz, 2021).

En primer lugar, se lleva a cabo un análisis de correlación entre las variables de estudio para determinar la fuerza y dirección de la relación existente entre las entidades federativas. En situaciones donde dos o más variables presentan una correlación significativa entre sí, su influencia será considerable en la orientación de los componentes resultantes (Urdinez y Cruz, 2021).

Posteriormente, se realiza un análisis de componentes principales con el objetivo de identificar los módulos subyacentes que explican la mayor parte de la variabilidad en los datos. La representación gráfica de los resultados del PCA visualiza la agrupación de las entidades de acuerdo con su similitud en las variables consideradas.

Los resultados del PCA se realizaron con el lenguaje de programación R, versión 4.3.2. Se utilizó la biblioteca tidyverse para la manipulación de datos, ggcorrplot para la visualización de la matriz de correlaciones y factoextra para la generación de los gráficos del PCA. El análisis se realizó sobre un conjunto de datos de 32 observaciones y 4 variables.

Por último, es importante agregar que, si bien, el análisis de componentes principales es una herramienta poderosa para la reducción de dimensionalidad y la exploración de datos, presenta ciertas limitaciones inherentes. Su supuesto de linealidad puede no capturar relaciones complejas entre variables, y su sensibilidad a outliers y a la escala de las variables puede sesgar los resultados. Además, la interpretabilidad de los componentes principales puede ser desafiante, especialmente en conjuntos de datos de alta dimensión. Asimismo, la reducción de dimensionalidad implica inevitablemente una pérdida de información, y el PCA no está diseñado para identificar relaciones causales, solo descriptivas (Urdinez y Cruz Labrín, 2021).

El presente análisis examina diversas variables clave que afectan a las juventudes, incluyendo la inactividad laboral y educativa, la violencia, el suicidio y la discriminación. A continuación, se presentan los hallazgos específicos de cada variable, con el fin de comprender mejor su impacto en las juventudes.

La Figura 2 ilustra la correlación entre las variables, las relaciones negativas se muestran en azul, mientras que las correlaciones más fuertes se resaltan en rojo. Se observa una fuerte correlación entre la violencia contra las mujeres y la discriminación, lo que indica que estas variables son las que más influyen en los componentes. La siguiente correlación más fuerte se encuentra entre la violencia contra las mujeres y el suicidio.

Asimismo, la inactividad se destaca como la variable con menor influencia en los componentes, ya que presenta correlaciones negativas con todas las demás variables. Esto sugiere que la inactividad laboral entre las personas jóvenes tiene una relación débil con las otras variables, lo que podría ser explicado por la mayor relación que existe entre las variables de discriminación, suicidio y violencia contra las mujeres con las prácticas agresivas.

Figura 2. Figura 2. Correlación positiva y negativa de variables, personas jóvenes, México, 2021-2023 Figura 2. Correlación positiva y negativa de variables, personas jóvenes, México, 2021-2023 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2021-2023.

La Figura 3 ofrece una visión detallada de la dimensionalidad de los componentes, destacando la significativa contribución del primero al abarcar cerca del 39,9% de la varianza total de las variables seleccionadas. De forma complementaria, el segundo componente abarca un 26,1%, mientras que el tercero alcanza un 19,1%. Este análisis pone de manifiesto la distribución de la variabilidad entre los distintos componentes, lo cual subraya la importancia relativa de cada uno en la explicación integral del conjunto de datos.

Figura 3.

Porcentaje de varianza

Para comprender la composición de estos elementos, es esencial analizarlos mediante clusters y un diagrama biplot. En la Figura 4 se identifica, a través del diagrama de codo, el número óptimo de clusters para estas variables, con el cual se hace una sugerencia de dos.

Figura 4

Ancho de silueta promedio

Número de cluster k

Una vez que se han identificado los clusteres, la Figura 5 los representa de la siguiente manera: en el cluster 1 están los estados de 1. Aguascalientes, 3. Baja California Sur, 5. Coahuila, 6. Colima, 8. Chihuahua, 11, Guanajuato, 14. Jalisco, 15. Estado de México, 17. Morelos, 18. Nayarit, 19. Nuevo León, 22. Querétaro, 23. Quintana Roo, 26. Sonora y 31. Yucatán; el cluster 2 contiene a 2. Baja California, 4. Campeche, 7. Chiapas, 9. Ciudad de México, 10. Durango, 12. Guerrero, 13. Hidalgo, 16. Michoacán, 20. Oaxaca, 21. Puebla, 24. San Luis Potosí, 25. Sinaloa, 27. Tabasco, 28. Tamaulipas, 29. Tlaxcala, 30. Veracruz y 32. Zacatecas.

Figura 5. Figura 5. Distribución de variabilidad de PCA según clusters Figura 5. Distribución de variabilidad de PCA según clusters Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2021-2023.

Se confirma que, en el primer agrupamiento, las entidades más representativas son: Colima, Jalisco y Quintana Roo al posicionarse cerca del centro, por el contrario, Chihuahua y Querétaro figuran como los menos típicos en este grupo. En el segundo cluster Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala se encuentran cerca del centro y Chiapas es la región más alejada.

Seguidamente, en su visualización del biplot se presentará en forma de vectores un plano bidimensional, representando los dos primeros componentes del análisis. La Figura 6 explica que la discriminación emerge como la variable más significativa, destacando con el vector más extenso en el análisis. Los Estados con niveles más altos de discriminación hacia las juventudes, como Chihuahua y Nayarit, ocupan posiciones prominentes en la parte superior del biplot. Esta tendencia se refuerza por la correlación positiva que exhibe con la violencia contra mujeres jóvenes. Así, aquellos Estados con mayores índices de violencia contra mujeres jóvenes, como Baja California Sur y Aguascalientes, también se posicionan en la parte superior del biplot.

Por otra parte, la variable de suicidios muestra una correlación positiva tanto con la discriminación juvenil como con la violencia contra mujeres jóvenes. De esta manera, los Estados con las tasas más elevadas de suicidio de personas jóvenes, como Jalisco y Colima, se sitúan en la parte superior derecha del biplot, reforzando la asociación entre estos fenómenos.

Contrariamente, la inactividad de las juventudes se correlaciona de manera negativa con las demás variables analizadas. Los Estados con mayores índices de inactividad, como Ciudad de México y Veracruz, tienden a ocupar posiciones en la parte inferior del biplot. Este patrón sugiere una relación inversa entre la inactividad y los niveles de discriminación, violencia y suicidio de las personas jóvenes en el contexto estudiado.

Destaca el Estado de Chiapas como la entidad que menos se relaciona con la media del resto de regiones al colocarse fuera de la elipse de confianza, lo que significa que su valor en las componentes principales se desvía significativamente y puede indicar que tiene características diferentes al resto de los Estados.

Figura 6. Figura 6. Análisis Biplot-PCA de variables por Estado, México, 2021-2023 Figura 6. Análisis Biplot-PCA de variables por Estado, México, 2021-2023 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2021-2023.

El análisis de componentes principales es una herramienta descriptiva que proporciona una visión general de los datos, por lo tanto, es fundamental abordar con precaución las interpretaciones derivadas de este análisis. Para obtener afirmaciones más precisas y rigurosas, sería necesario realizar análisis estadísticos más complejos que permitan corroborar los resultados obtenidos en este estudio.

Entonces, con base a los resultados obtenidos mediante el PCA, se ha identificado tres grupos distintos de Estados con diferentes niveles de riesgo en relación con los fenómenos analizados.

El primer grupo, clasificado como de “Alto riesgo”, incluye a los Estados de Chihuahua, Nayarit, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco y Colima. Estos Estados muestran niveles elevados de discriminación, violencia contra mujeres y suicidios, lo que sugiere una mayor urgencia en la implementación de medidas preventivas y de intervención.

Para este caso, sería esencial implementar programas de intervención temprana dirigidos a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, con un enfoque en la prevención de la violencia de género y el apoyo psicológico para reducir el riesgo de suicidio. Además, sería necesario fortalecer las políticas de inclusión social y combatir activamente los estigmas que perpetúan la discriminación de personas jóvenes.

En el segundo grupo, categorizado como de “Riesgo medio”, se encuentran los Estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Tabasco, Hidalgo y Puebla. Estos Estados presentan niveles intermedios en las variables analizadas, lo que indica la necesidad de monitorear de cerca la evolución de estos indicadores y considerar acciones dirigidas a la prevención y atención de los riesgos identificados.

Sería pertinente desarrollar campañas de sensibilización para erradicar actitudes discriminatorias y violentas, junto con iniciativas comunitarias que promuevan la inclusión y el bienestar de las juventudes. Además, el monitoreo regular y la creación de redes de prevención de la violencia y apoyo comunitario pueden reducir los riesgos antes de que aumenten. Por otro lado, el tercer grupo se caracteriza como de “Bajo riesgo” e incluye a Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Estas regiones muestran niveles relativamente bajos en las variables estudiadas, lo que sugiere un contexto menos urgente en términos de intervención, aunque sigue siendo crucial mantener la vigilancia y fortalecer las políticas de prevención.

Finalmente, en este grupo se puede trabajar en la consolidación de programas de prevención que ya han mostrado efectividad, así como en la implementación de políticas proactivas que promuevan la cohesión social y prevengan la discriminación y las violencias.

Este análisis proporciona una base sólida para la identificación de áreas prioritarias de intervención y la asignación eficiente de recursos para abordar los desafíos relacionados con la discriminación de las juventudes, la violencia contra mujeres jóvenes y los suicidios de personas jóvenes en México.

La problemática de la discriminación de las juventudes, la violencia dirigida contra mujeres jóvenes y los suicidios de personas jóvenes germinan como importantes desafíos en el contexto mexicano y su impacto es especialmente notable en los Estados ubicados en las regiones del norte y centro del país. Estas manifestaciones de violencia y desigualdad reflejan no solo un problema a nivel local, sino también un fenómeno arraigado en dinámicas sociales, culturales y estructurales amplias.

La inactividad se presenta como un problema de menor magnitud en comparación con las otras variables analizadas. Sin embargo, esto no implica que deba pasarse por alto o minimizarse su importancia. La falta de participación de los jóvenes en actividades educativas, laborales o comunitarias puede tener consecuencias significativas a largo plazo, tanto a nivel individual como social (piénsese en el acervo demográfico). La inactividad puede ser indicativa de barreras estructurales que limitan el acceso a oportunidades de desarrollo y empleo, así como de la falta de políticas y programas efectivos para fomentar la inclusión y el empoderamiento de esta población.

En definitiva, las formas de violencia descritas configuran un juvenicidio, tal como se planteó al inicio de este trabajo, las juventudes continúan siendo excluidas, marginadas y expulsadas de los sectores que impulsan su desarrollo personal. Esta investigación confirma que el juvenicidio no solo afecta a las juventudes directamente, sino que, en la complejidad social, este fenómeno limita el desarrollo individual y colectivo al desaprovechar la condición demográfica del país (Valenzuela, 2012; Morin, 1990).

Este estudio pone de relieve la necesidad de ahondar en el análisis de las formas de violencia encubiertas en las estructuras sociales. Dichas distribuciones estructurales enmarcadas en la violencia, en su afán por alcanzar determinados fines, han materializado la desigualdad social, perpetuando juvenicidios que afianzan la exclusión, discriminación y expulsión de las juventudes menos favorecidas.

El discurso de odio y la estereotipación de las prácticas juveniles encubren las problemáticas y necesidades de este sector poblacional, invisibilizando su potencial y vulnerando sus derechos. Las conclusiones de este estudio invitan a la reflexión y a la acción para abordar la violencia estructural que afecta a las juventudes y su relación con el crecimiento y desarrollo del país.