PRESENTACIÓN

Las políticas públicas generalmente se originan en el plano formal, mediante instrumentos jurídicos como leyes, decretos, lineamientos o directrices, según corresponda a la institución estatal que las emita, ya sea el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo u otros órganos con facultades para ello. Estos instrumentos, elaborados a través de procedimientos normativos, reflejan generalmente procesos de negociación entre distintos sectores sociales interesados en el tema que la política aborda. No obstante, existe con frecuencia una brecha, a veces pequeña o a veces significativa, entre la promulgación de la política pública y su implementación efectiva. Esta distancia puede manifestarse en términos sustantivos, cuando la ejecución concreta difiere significativamente del contenido literal del instrumento jurídico que la establece. En algunos casos, lo que se logra implementar es mínimo; en otros, se logra una aplicación coherente que refleja fielmente lo promulgado.

La magnitud de esta brecha depende, en gran medida, de las dinámicas de poder entre los actores sociales involucrados, los mismos que, en muchos casos, participaron en las etapas iniciales de formulación. Comprender estas tensiones y desafíos es fundamental para analizar críticamente el ciclo de vida de una política pública, desde su gestación normativa hasta su impacto real en la sociedad.

De eso trata el tema central de esta revista titulado “Políticas Públicas: brechas entre la promulgación y la implementación”, en el cual se cuenta con la colaboración de Arias, quien reflexiona sobre la equidad en el acceso de los derechos a través de las políticas públicas. El fortalecimiento de la democracia está estrechamente vinculado a la capacidad de las políticas sociales para fomentar la equidad y abordar las desigualdades estructurales. Estas políticas buscan principalmente reducir los privilegios concentrados en ciertos sectores, con el fin de avanzar hacia un acceso más justo y equitativo a los derechos fundamentales. En este sentido, el caso de México se presenta como un pun

Las políticas públicas generalmente se originan en el plano formal, mediante instrumentos jurídicos como leyes, decretos, lineamientos o directrices, según corresponda a la institución estatal que las emita, ya sea el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo u otros órganos con facultades para ello. Estos instrumentos, elaborados a través de procedimientos normativos, reflejan generalmente procesos de negociación entre distintos sectores sociales interesados en el tema que la política aborda. No obstante, existe con frecuencia una brecha, a veces pequeña o a veces significativa, entre la promulgación de la política pública y su implementación efectiva. Esta distancia puede manifestarse en términos sustantivos, cuando la ejecución concreta difiere significativamente del contenido literal del instrumento jurídico que la establece. En algunos casos, lo que se logra implementar es mínimo; en otros, se logra una aplicación coherente que refleja fielmente lo promulgado.

La magnitud de esta brecha depende, en gran medida, de las dinámicas de poder entre los actores sociales involucrados, los mismos que, en muchos casos, participaron en las etapas iniciales de formulación. Comprender estas tensiones y desafíos es fundamental para analizar críticamente el ciclo de vida de una política pública, desde su gestación normativa hasta su impacto real en la sociedad.

De eso trata el tema central de esta revista titulado “Políticas Públicas: brechas entre la promulgación y la implementación”, en el cual se cuenta con la colaboración de Arias, quien reflexiona sobre la equidad en el acceso de los derechos a través de las políticas públicas. El fortalecimiento de la democracia está estrechamente vinculado a la capacidad de las políticas sociales para fomentar la equidad y abordar las desigualdades estructurales. Estas políticas buscan principalmente reducir los privilegios concentrados en ciertos sectores, con el fin de avanzar hacia un acceso más justo y equitativo a los derechos fundamentales. En este sentido, el caso de México se presenta como un punto de partida para explorar alternativas de políticas públicas que promuevan la inclusión efectiva de poblaciones históricamente excluidas. Estas propuestas se basan en el principio de igualdad sustantiva y tienen como objetivo garantizar condiciones mínimas de vida digna.

Morales examina el discurso y la política empleada por el Gobierno mexicano para implementar el megaproyecto del Tren Maya. A través de su análisis, identifica la presencia de los conceptos de colonialidad y desarrollo en el discurso estatal, los cuales se articulan para imponer patrones de raíz colonial, justificando el cambio como beneficioso, sin tomar en cuenta elementos culturales, ambientales ni las relaciones existentes en los territorios afectados. Dentro de esta lógica, se considera que formas de subsistencia no capitalistas, como la economía campesina y cooperativa, deben ser eliminadas e incorporadas al modelo de desarrollo capitalista. Como parte del proceso se realizó una consulta a las poblaciones indígenas por medio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); no obstante, solo participó un 3,1% de la población. Este bajo nivel de participación se explica por la exclusión de diversos sectores de la convocatoria, así como por la falta de traducción de la información a las lenguas mayas. A pesar de ello, el megaproyecto fue aprobado con base en una consulta que no puede considerarse ni relevante ni representativa. Ante esta situación, el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX) ha encabezado una lucha en defensa de sus derechos, argumentando la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada, así como a la autodeterminación de sus territorios.

Desde una perspectiva de género, Vargas analiza la participación de las mujeres en el ámbito político costarricense durante el periodo 1949-2022. El estudio se fundamenta en la revisión de documentos, normativas y legislación que reflejan el proceso paulatino de reconocimiento y adquisición de derechos políticos de las mujeres. Esta transformación ha sido impulsada por las luchas históricas de mujeres que han reivindicado la igualdad y la equidad en la representación política. Dichas luchas han generado importantes reformas en el ordenamiento jurídico costarricense, lo que se ha traducido en un incremento en la representación femenina en la Asamblea Legislativa, así como en la presencia de mujeres en cargos de poder dentro de los gobiernos de turno. Estos avances han contribuido a la construcción de procesos democráticos inclusivos y representativos. No obstante, se trata de un proceso aún en curso, pues persisten desafíos estructurales y culturales que limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, lo que demanda la continuidad de las acciones afirmativas para consolidar su igualdad en el ámbito político.

Cascante estudia las transformaciones en la política social asistencial costarricense, especialmente desde de la promulgación de la Ley No. 9137, que establece el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Este sistema incorpora el uso de la Inteligencia Artificial para identificar y seleccionar a las personas que serán beneficiarias de apoyos y subsidios estatales, sustituyendo, en parte, la valoración técnica realizada tradicionalmente por profesionales del área social. Esta automatización de los procesos de focalización representa un cambio significativo en la gestión de la política social, con implicaciones profundas para las profesiones involucradas, especialmente para el Trabajo Social. En instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, se comienzan a experimentar procesos de desprofesionalización, donde se debilita el papel técnico y ético del personal profesional, al reducir su intervención a la aplicación de criterios predefinidos por sistemas algorítmicos. Las decisiones se fundamenten casi exclusivamente en datos, modelos y algoritmos, dejando de lado las dimensiones sociales, éticas, culturales o políticas que también son esenciales para el bienestar colectivo. En consecuencia, se plantea un debate urgente sobre los límites de la tecnocracia y la necesidad de resguardar la dimensión humana y ética en la implementación de políticas sociales.

En la sección de ARTÍCULOS, Monsalve realiza un recorrido histórico para comprender el fracaso de las iniciativas de poblamiento y modernización económica impulsadas por Estado español en el siglo XVIII en el Virreinato de Nueva Granada (Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá). Este proceso enfrentaba serias limitaciones estructurales —como la falta de infraestructura, el escaso acceso a tierras productivas, el trabajo artesanal poco desarrollado y el contrabando— que lo hacían poco competitivo en el mercado mundial. Aunque las reformas borbónicas intentaron modernizar la economía y reorganizar el territorio mediante proyectos de poblamiento, estos fracasaron debido a la persistente dependencia del virreinato y a su incapacidad para generar riqueza. Las fuentes históricas evidencian que la falta de rutas comerciales modernas y la competencia de productos extranjeros más baratos terminaron por afectar gravemente la industria local y consolidar el fracaso económico y social de dichos proyectos, profundizando la condición de dependencia colonial.

Serra analiza las percepciones sobre los impactos económicos, sociales y culturales generados en la Reserva de Biosfera Isla de Ometepe, en Nicaragua. Se observa una dinamización de la economía local, impulsada principalmente por el turismo como fuente clave de ingresos. Esto ha propiciado un aumento en la producción de bienes y servicios, la creación de pequeñas empresas, generación de empleo y mejoras en la infraestructura. No obstante, también se reportan efectos negativos, como el aumento en el costo de bienes, servicios, tierra y vivienda; así como la inestabilidad de los ingresos, que suelen ser temporales, dificultando la creación de empleos estables y salarios dignos. Otros problemas identificados incluyen el incremento de desechos, una mayor demanda de agua potable y electricidad, el tráfico de madera para construcción, y el consumo de estupefacientes. Esta realidad también se manifiesta en zonas turísticas de Costa Rica, como Guanacaste y Puntarenas, donde se evidencian consecuencias similares: gentrificación, escasez de agua potable, apropiación de espacios públicos, aumento de la criminalidad, prostitución, precariedad laboral y afectación de áreas protegidas. Esto evidencia que, sin una planificación sostenible e inclusiva, el turismo puede reproducir desigualdades y profundizar las problemáticas sociales y ambientales que busca aliviar.

Leiva, Villalobos, Rodríguez y Arguedas realizan una revisión de literatura con el objetivo de describir el estado actual de las investigaciones sobre el consumo ocasional de marihuana en personas jóvenes que no presentan dependencia. Este enfoque es relevante debido a que la adolescencia y la juventud temprana son etapas críticas del desarrollo cerebral, durante las cuales el cerebro aún se encuentra en proceso de maduración, particularmente en áreas relacionadas con el control de impulsos, la planificación y la toma de decisiones. La revisión identificó que existen aún pocas investigaciones centradas específicamente en el consumo no habitual y sin dependencia. Sin embargo, los estudios disponibles revelan que incluso el uso esporádico puede estar asociado con alteraciones estadísticamente significativas en funciones ejecutivas y cognitivas, tales como la memoria de trabajo y la toma de decisiones, evaluadas mediante pruebas psicométricas especializadas. Estos hallazgos subrayan la necesidad de profundizar en este campo, especialmente considerando las posibles repercusiones en el rendimiento académico, la regulación emocional y la autonomía personal en una etapa clave para el desarrollo integral.

Para finalizar, en la sección de Reseña bibliográfica, Manzanelli, Ramírez, Palomo, Dunayevich, Couceiro, Murúa y Rodríguez analizan el libro Naturalezas neoliberales. Conflictos en torno al extractivismo urbano-inmobiliario, coordinado por Patricia Pintos y Sofía Astelarra (2023). La obra ofrece un enfoque interdisciplinario sobre las prácticas actuales del extractivismo urbano-inmobiliario y las formas de resistencia impulsadas por comunidades vulneradas. A través de sus capítulos, se promueve el debate y la reflexión crítica en torno a los modelos de desarrollo hegemónicos y los conflictos urbano-ambientales derivados de la mercantilización del territorio. El libro constituye, además, un testimonio del activismo local y de las luchas comunitarias frente a lógicas mercantilistas y neocoloniales que expropian tierras, borran memorias colectivas y profundizan desigualdades.

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