Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar el discurso1 sobre el megaproyecto del Tren Maya (TM) emanado desde el Estado mexicano. El análisis resalta la concepción desarrollista y de modernidad de ese megaproyecto consubstancial al actual gobierno en el que subyace el proceso de colonización. Esto deriva en eventos de violencia representativa para con las comunidades y pueblos indígenas por parte de los instrumentos legales que legitiman la construcción del proyecto. En ese sentido, se utilizarán las críticas que han hecho autores poscoloniales como Césaire (s.f.) y Said (2008); además de autores como Quijano (2001) y Dussell (2001) que se inscriben en el marco de la decolonialidad. Asimismo, se emplea el tema de la subalternidad que se relaciona con autores como Spivak (2003), Chakrabarty (s.f.) y Rodríguez (2000), para así observar el proceso de lucha y de agencia por parte del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX) en cuanto a la suspensión del TM en su territorio.

El artículo se estructura en tres secciones. En la primera parte, se analizará el discurso del desarrollo utilizado por el Estado con el propósito de examinar cómo opera como un dispositivo tanto científico como de poder. Se trata de un discurso que, enarbola una continuidad a ideas, procesos, formas de organización e instrumentos relacionados con la modernidad-colonial, debido a que pretende despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, religiones, riquezas naturales y, asegurar una mano de obra explotable para la industria del turismo; así como determinar a las comunidades y naturaleza de la región como objetos del desarrollo a partir de la violencia representativa y la condición ontológica de considerar subdesarrollada a la región, cuya salida solo será lograda mediante el megaproyecto.

En la segunda sección se describe la violencia representativa de los instrumentos legales y cómo esto se utilizó, mediante una consulta a los pueblos indígenas, que impuso la voluntad del Estado para construir el proyecto del TM. Dicha violencia ocasionó la lucha subalterna realizada por el CRIPX, está organización existía previo a la implementación del TM, la cual, a partir de la apertura de espacios políticos logró la cancelación del megaproyecto el 20 de marzo de 2020 ante el Juzgado 1º de Distrito en el Estado de Campeche, concediendo la suspensión definitiva de toda obra de ejecución del Tren Maya solamente para la comunidad de Xpujil, en el municipio de Calakmul. No obstante, el proceso de construcción del TM sigue ejecutándose a pesar del amparo concedido a este Consejo. Finalmente, se presenta las conclusiones que recogen los hallazgos más relevantes de este trabajo, así como una breve reflexión en torno al empleo de las tensiones identificadas referidas a los procesos de subalternidad y de colonización que envuelve a este megaproyecto y que permitirán avanzar en el curso de subsiguientes investigaciones.

I) El discurso “desarrollista” sobre el Tren Maya

El discurso es un dispositivo en tanto se refiere a dos cualidades: “1) tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder y 2) permite distinguir lo que es aceptado como un enunciado científico de lo que no es científico” (Agamben, 2011, p. 251). Esto quiere decir que dentro del discurso se encierra una relación de poder de manera vertical u horizontal; es decir, se pueden presentar relaciones con o sin jerarquías, además se inscribe como algo científico, y si lo es debe ser verdadero.

El desarrollo se identifica con la capacidad de incrementar el producto interno de una nación para que este sea sostenible en el largo plazo, con ello, se pretende mejorar las condiciones de vida de la población en tanto a sus ingresos, educación, salud, vivienda, entre otros elementos; así como mejorar, la acumulación de capital para que este proceso se reitere obteniendo una mayor tasa de ganancia; esta visión a pesar de ser muy clásica sigue siendo vigente para el Estado mexicano, debido a que pretende reproducir este escenario en el sureste mexicano.

Por lo tanto, el desarrollo se instaura “a menudo como un paso necesario para pasar de un orden social a otro” (Domínguez, 2016, p. 8), connota siempre por lo menos una cosa: “la capacidad de escapar de una condición vaga, indefinible, indigna llamada subdesarrollo” (Esteva, 2009, p. 1). El subdesarrollo es lo opuesto al desarrollo, se define como la incapacidad, de una nación o región, de no lograr un crecimiento económico sostenido en el largo plazo, lo cual genera el estancamiento de los países en cuanto a sus niveles de ingreso, producción y esto limita las condiciones de vida de sus poblaciones, ya que existen problemas de empleo, salud, vivienda, educación, entre otros.

El desarrollo y su contraparte, el subdesarrollo, surgieron como discursos2. Al ser entonces ese discurso un dispositivo, guarda una relación de poder que se ha vuelto un enunciado científico; por enunciado científico debe entenderse que ha sido el método científico quién ha comprobado su eficacia y, por ende, se puede universalizar, para atender y replicar la metodología utilizada en diversos contextos y con ello, obtener los mismos resultados. Este enunciado científico “impone un camino, un modo de hacer las cosas en orden, un procedimiento de hallar la verdad y enseñarla […]” (Labajo, s.f.); es decir, se trata de replicar esa situación.

El desarrollo, como enunciado científico, tiene su origen en la tradición occidentalista que, como menciona Said: “expresa y representa, desde un punto de vista cultural e incluso ideológico, esa parte como un modo de discurso que se apoya en unas instituciones, un vocabulario, unas enseñanzas, unas imágenes, unas doctrinas e incluso unas burocracias y estilos coloniales” (2008, p. 20). Aunque él se refiere a la mirada que tiene occidente sobre oriente, la concepción de desarrollo es muy análoga a ella. Esto permite establecer, conforme a esa concepción, que en la economía global existan dos grupos de naciones; aquellas que han alcanzado un estatus económico, social, democrático y político con mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones conforme a los designios occidentalistas; y el otro grupo de países en los que conviven graves problemas económicos, sociales, democráticos y políticos, padeciendo del malestar del subdesarrollo. Por lo tanto, los del primer grupo son el camino y modelo que alcanzar. Tal como lo señala Dussel, al referirse a la modernidad que “aparece cuando Europa se autoafirma como el “centro” de una Historia Mundo que ella inaugura; la “periferia” que rodea este centro es, consecuentemente, parte de esta auto-definición” (Dussell, 2001, p. 57); en otras palabras, no existiría un centro sin una periferia.

Adicionalmente, el desarrollo guarda una íntima relación con el colonialismo, debido a que ambos replican el modelo occidentalista, esto es, procesos civilizatorios que pretenden modificar e imponer nuevas condiciones de vida para las poblaciones originarias, ambas transforman las ideas, creencias, religiones y formas de vida de otras poblaciones por las occidentales, la diferencia es que en el colonialismo una nación sometía a otra de forma coaccionaría; es decir, mediante la fuerza, siendo que este colonialismo fue un proceso histórico y político de dominación territorial por parte de las grandes potencias europeas; mientras que, en el modelo de desarrollo persiste la misma condición y la misma transformación solo que reproduce las estructuras de poder y pensamiento impuestas durante el colonialismo a través de la colonialidad, la cual, como en la tabla 1, presenta los matices a juicio de Quijano (2001).

Tabla 1.

Características de la colonialidad

Fuente: Elaboración propia con base en Quijano (2001)

Para Quijano estos rasgos configuran la colonialidad del poder, entendida como

… el carácter colonial del poder y su inevitable conflictividad, el antagonismo histórico central quedó establecido entre los “europeos” o “blancos” y los “indios”, “negros” y “mestizos”, […] la dependencia histórica-estructural […] [y] las poblaciones fueron atrapadas entre en patrón epistemológico aborigen y el patrón eurocéntrico (Quijano, 2001, p. 123).

El desarrollo, al instaurarse como un proceso de colonialidad, presenta una heterogeneidad en su concepción por parte de los actores involucrados, lo cual genera conflictos. En la actualidad, el desarrollo se volvió un fetiche del pensamiento económico dominante y es parte integral del desarrollo planeado justificado por el Estado, ahora guía de sus decisiones para adaptarse al modelo económico neoliberal, tal como se observa en la figura 1.

Figura. 1

Relación entre el colonialismo, colonialidad y desarrollo

Fuente: Elaboración propia con base en Quijano (2001)

En el esquema anterior, se observa la relación entre el colonialismo, la colonialidad y el desarrollo; debido a que, el primero fue un procesos histórico y político de dominación europea al resto del mundo, la colonialidad retoma esas estructuras de poder mediante el discurso atendiendo a los rasgos antes descritos, los cuales encajan en el proceso de desarrollo. Esto manifiesta que el desarrollo no solo es una condición colonial de poder y un discurso, sino que esa colonialidad encierra un proceso de cosificación, un ente que todos deben de alcanzar. Así lo explica Césaire (s.f.):

…una ecuación: colonización = cosificación […]. Me hablan de progreso, de realizaciones, de enfermedades curadas, de niveles de vida por encima de ellos mismos. Yo hablo de sociedades vaciadas en ellas mismas, de culturas pisoteadas, de instrucciones minadas, de tierras cosificadas, de religiones asesinadas, de magnificencias artísticas aniquiladas, de extraordinarias posibilidades suprimidas. (p. 20).

En efecto, el desarrollo implica un proceso de destrucción de diversos aspectos, tanto culturales, religiosos y sociales. Lo que sucede es que esa cosificación se justifica “científica”, porque, se enmarca conforme al criterio de racionalidad. Se apela a que la razón del hombre y su conocimiento sobre la naturaleza permitirán mejorar su vida. Así, se plantea que el futuro para la humanidad será mejor, siempre y cuando la racionalidad científica conduzca ese proceso. De esa figuración se presupone que solo pueden ocurrir cosas positivas en ese futuro.

Sin embargo, esa racionalidad constituye una falacia que:

… consiste en pensar que el patrón del moderno desarrollo europeo debe ser seguido unilateralmente por toda otra cultura. Desarrollo tomado aquí como una categoría ontológica y no simplemente sociológica o económica. Es el “movimiento necesario” del Ser para Hegel, su inevitable desarrollo (Dussell, 2001, p. 60).

De esta forma se genera un movimiento ontológico que justifica, por un lado, el imponer los patrones de desarrollo occidentales. Esto genera “también [una] marca el origen de un proceso de ocultamiento o no reconocimiento de lo no-europeo” (Dussell, 2001, p. 58). Además, niega la existencia y subjetividad del otro; en otras palabras, se vive un proceso de violencia representativa que conforme a Spivak “es el remotamente orquestado, extendido, y heterogéneo proyecto de constituir el sujeto colonial como Otro” (2003, p. 317), de ahí la necesidad de intervenir mediante políticas para negar esa ontología del ser y constituir lo que podría ser.

Para los autores de la decolonialidad, representar al otro es un acto de violencia, ya que, más que representar el hecho que ocurre es el de la sustitución del otro. Al respecto, Mohanty (2008), quien escribe sobre la representación de las mujeres del Tercer Mundo por parte de las feministas occidentales, señala que se:

…asume un universalismo metodológico con base en la reducción de las categorías analíticas naturaleza/cultura: femenino/masculino a la demanda de pruebas empíricas de su existencia en diferentes culturas, se confunde el discurso de representación con la realidad material, y se borra la distinción antes hecha entre [Mujer] y [mujeres] (Mohanty, 2008, p. 16).

Esto significa que, en el marco del desarrollo, existe un proceso constante de negación de las culturas alternas a la modernidad capitalista del poder hegemónico, para invisibilizar, mezclar o destruir la cultura y saberes de la alteridad, con el propósito de volverlo racional en el sentido económico y, con ello inhibir o desaparecer la agencia del otro. Ahora bien, se puede hablar de los siguientes tipos de discurso del desarrollo (Tabla 2).

Tabla 2

Tipos de discurso sobre el desarrollo

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Domínguez (2016). T-MEC3

En este sentido, el discurso de desarrollo engloba las tres características. Está presente la pretensión colonial de dominación de poder, y se justifica que el transformar, cambiar o implementar algo es necesario por los beneficios que traerá. Aunque ello requiere destruir ciertos elementos, tales como, saberes, culturas, entes sagrados, el medioambiente y las relaciones sociales preexistentes; ese proceso de destrucción caracteriza al desarrollo. Asimismo, destaca el hecho de que debe de imponerse la racionalidad económica occidentalista para constituir la subjetividad de los individuos, por ello importan los beneficios que, además se presuponen serán distribuidos para todos.

Finalmente, el desarrollo genera una otredad, al momento colocar la ontología de desarrollo/subdesarrollo. Quiere decir que niega la subjetividad e identidad del otro por ser atrasado o tener maneras distintas de vivir, de pensar y construir saberes. Existen, por lo tanto, personas subalternas en las que recae ese proceso de transformación que, como en el caso de México, suelen ser las comunidades indígenas por negarles su existencia y su subjetividad al considerarlas subdesarrolladas.

La subalternidad se define como una “expresión de la experiencia y la condición subjetiva del subordinado, determinada por una relación de dominación” (Modenosi, 2012). Esta dominación genera una subjetividad que implica una “conciencia y acción política” (Modenosi, 2012), por parte de los subordinados, frente al poder, que regularmente el poder es representado por el Estado, mediante sus acciones políticas o leyes. Con base en Ileana Rodríguez, la subalternidad se encuentra desarrollada en los aportes de Gramsci:

En la teoría marxista, particularmente en Gramsci, la subalternidad se construye a partir de la relación del sujeto con su circunstancia histórica, inscrita dentro de los medios de producción. Esta constitución suscribe entonces los principios de la “determinación económica” y de la economía como “instancia última”. La subalternidad es pensada como una condición ontológica en relación a contextos históricos predeterminados. “El hombre piensa como vive”, dicen en Cuba. Para Gramsci, el sujeto también se piensa como vive. Y dado que el sujeto subalterno es un sujeto dominado, el pensamiento sobre y desde él aparece primariamente como una negación, como un límite. […] La dinámica entre estas determinaciones y condiciones viene a constituirse en agencias (Rodríguez, 2000, p. 36).

En ese contexto, resulta importante destacar que la subalternidad es dinámica y se construye de acuerdo con las circunstancias históricas en que se ven inmersos los actores sociales. El desarrollo al negar la subjetividad y considerar que la modernidad es un paso necesario para pasar a un orden social superior, contribuye a delimitar las condiciones en las que las personas deberán relacionarse. Se está en presencia de un acto social donde emerge de manera clara la imposición, la coerción y la resistencia. Esto para poblaciones como las indígenas contradice su forma y organización de vida, lo cual genera conflictos frente al desarrollo y frente a ellas buscan reivindicar su agencia.

Siguiendo a Rodríguez (2000) quien menciona que la subalternidad se observa en el momento en que el lugar del subalterno se contraviene frente al Estado, dado que este es el ente ordenador y normalizador de la historia, entonces “la subalternidad conduce hoy al estudio de la historia en términos de formación de legalidades. La subalternidad se discute ahora a través de los significados de los conceptos de ciudadanías, hegemonías, subordinaciones, sociedad civil, espacio público y gobernabilidades” (p. 41). A partir de esta breve descripción del desarrollo como discurso, se procederá al análisis del discurso que ha concitado el megaproyecto Tren Maya.

II) El discurso del Tren Maya

El TM es una iniciativa del Gobierno Federal que está contenido dentro del PND 2019-2024, el cual se sitúa dentro del Objetivo 3 cuyo alcance es: garantizar empleo, educación, salud y bienestar, en el que se señala que para la creación de puestos de trabajo son necesarios los programas regionales. Asimismo, se concibe como un proyecto que dará solución al problema del subdesarrollo en la zona sur del país, así como ser un acicate en la atracción de inversión privada. Se trata de “una ruta de infraestructura ferroviaria con desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, supone un profundo reordenamiento territorial en cinco estados del sureste de México” (Conacyt, 2019, p. 6), que serían los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Yucatán.

En ese contexto, se observa que desde su concepción el TM es visto como algo positivo que beneficiará a la región sur del país, el cual traerá el anhelado desarrollo. Conforme al discurso oficial del Gobierno Federal, este ha mantenido una visión positivista y de desarrollo en la consecución del megaproyecto, el cual:

… podría ser una oportunidad para empezar a pagar una deuda histórica que tiene el país con el sur y sureste. Esta región vive en la paradoja de contar con una gran riqueza de recursos naturales que benefician a todo el país, mientras padece un marcado atraso económico y social (Flores, 2021, p. 3).

En este discurso se puede observar cómo se integra el pensamiento colonial y la violencia representativa que rige la lógica en la consecución del megaproyecto. Desde el Estado, se enuncia un discurso ontológico porque se cuenta con los recursos, pero no están produciendo. Es decir, se refiere a que se debe negar su existencia para que las relaciones sociales existentes pasen a formar parte de otras consideradas como desarrolladas.

Esto significa que aquella riqueza generada por las relaciones sociales bajo la modalidad de economía campesina y cooperativas, fundadas en la propiedad social no capitalista, deben ser eliminadas para entonces gestar el proceso de la explotación y productividad para el capital. Los megaproyectos son operadores de esa sustitución, tal como lo explica Vázquez (2021a, 2021b). Asimismo, se ha reiterado en diversas ocasiones que se trata de un acto de justicia social que, como lo menciona Mejía (2020), el gobierno ha señalado que “es un gran proyecto sobre todo porque va a rescatar y exaltar la gran riqueza cultural del sureste” (p.4), con ello se confirma la violencia representativa emanada desde el discurso por parte del Estado.

La visión que tiene el Estado mexicano hacía las comunidades indígenas y sus recursos naturales en el fondo son de una visión improductiva; es decir, que no están produciendo para el capital, se tienen los recursos sin movimiento para su explotación, por esa razón, con la implementación del megaproyecto y todo el proyecto de reordenamiento territorial se está inspirando el transformar esa lógica bajo la concepción de productividad y de racionalidad. Tal como lo expuso Said, “la importancia política de una materia proviene de que pueda traducirse en términos económicos” (2008, p. 32). Por ende, se está en presencia de un discurso que oculta su verdadera intención: generar una derrama económica mediante una neo-colonización, que viene a racializar, distribuir identidades, negar el imaginario y la subjetividad de los pueblos originarios; así como, presentar la riqueza y lo sagrado de la cultura maya como un producto realizable en el mercado.

Son compatible ese discurso y los actos que ejecuta el actual gobierno con aquello que dice Quijano: “la colonialidad […] fue encauzada como racionalidad instrumental o tecnocrática, en particular respecto de las relaciones sociales de poder y de las relaciones con el mundo [..]” (2001, p. 123). En ese tenor, se observa cómo los tres tipos de discursos se entrelazan, porque a pesar de ser una política planificada implica una transformación de la naturaleza y del orden social. De acuerdo con Césaire (s.f.), el desarrollo se trataría de un discurso en el que “hablan de civilización, yo hablo de proletarización y de mistificación” (Césaire, s.f., p. 21). En efecto, se trata de despojar a las comunidades indígenas de sus tierras, riquezas culturales, ambientales y sociales, para con ello asegurar un flujo de mano de obra para el capital en el marco de la industria del turismo, así como de la serie de actividades económicas que surjan por el proceso mismo de expansión de la lógica del capital.

Para contextualizar lo que implica el TM, este consta de siete tramos (véase el mapa del TM en el anexo figura 2). El proyecto es más ambicioso; es decir, no solo se trata de la construcción de la vía del tren, sino que viene a desarrollar complejos turísticos4

Por otro lado, la inversión para la construcción del megaproyecto está siendo llevada a cabo por medio de la Asociación Pública Privada (APP), es decir, mediante la inversión del Estado y empresas privadas5: “para el 2021 y el 2022, el gasto de inversión ejercido fue de 38 mil y de 195.5 mil millones de pesos, respectivamente. Mientras que, al tercer trimestre del 2023, la SHCP reportó un ejercicio de 148.2 mil millones de pesos” (De 228%, el sobrecosto del Tren Maya, 2023). Adicionalmente, para su construcción ha requerido la expropiación de las tierras ejidales, con los cuales ha conseguido fragmentar la propiedad social de la región.

III) La lucha de los subalternos en contra del Tren Maya: el caso del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX)

En esta sección se aborda el tema de la violencia representativa, esta consiste en cómo el Estado a través de su aparato legal y de dominio, funge como representante de los subordinados bajo su imperio; en palabras de Ileana Rodríguez, se trata de una “hegemonía […] cuya función es narrar la unidad de la gente alrededor del concepto del estado” (Rodríguez, 2000). Esto significa que el Estado, representa mediante sus políticas, leyes y acciones la voluntad de los pueblos y determina la forma de vivir y relacionarse de éstos. En ese sentido, se describirá cómo el Estado mexicano mediante el uso de la consulta a los pueblos indígenas y los instrumentos legales, instauró la violencia representativa sobre los pueblos del sureste mexicano; es decir, se explica cómo mediante su imperio hegemónico, determinó la decisión de la construcción del TM. No obstante, este proceso no fue homogéneo, debido a que instauró la lucha subalterna; es decir, se contravino frente al megaproyecto, a partir de una decisión de Estado, como se definió es el proceso de agencia que realizan las y los actores sociales frente al Estado, cuando este incursiona en la vida de éstos, como el CRIPX frente al TM para lograr su cancelación en el territorio de Xpujil.

El proceso de construcción del TM ha estado envuelto en aspectos de violencia representativa, por parte del Estado mexicano; por ejemplo, el uso de las herramientas legales para legitimar el proyecto y justificarlo, atendamos la pregunta siguiente: ¿el Estado mexicano consultó a los pueblos indígenas para la aprobación de la construcción del TM? Entre los días 14 y 15 de diciembre de 2019 se realizó una consulta en 84 municipios de los cinco estados del suroeste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo donde pasará el megaproyecto del TM. La institución encargada de realizar dicha consulta fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El director de este Instituto indicó que “la consulta ser[í]a un diálogo directo con las comunidades indígenas asentadas en el trayecto con la finalidad de (…) construir los acuerdos para que puedan participar las comunidades en un tema tan importante como es la cuestión de los beneficios justos y equitativos que puedan derivar de un proyecto tan importante” (INPI, 2023); sin embargo, como se observará nada de lo mencionado se realizó.

La consulta del TM se enmarca en una esfera de consultas más amplia que tuvieron lugar durante la gestión del partido hoy en el poder, como fueron la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el inicio de la construcción del hoy aeropuerto AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles); así como de las poblaciones afectadas del Istmo de Tehuantepec por la construcción del Corredor Interoceánico y la Refinería Dos Bocas, todas ellas llenas de controversias y relacionadas con un discurso ideológico propagado por el Estado, para enarbolar una supuesta participación democrática. En particular, la consulta del TM consistió en una sola pregunta que decía: ¿estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral del TM? (Véase anexo figura 3). Las opciones de respuesta eran un sí o no, las cuales debían ser marcada por los participantes según su preferencia. “El proceso, como era de esperarse, dio como resultado la aprobación del Tren Maya, con un porcentaje favorable del 92.3 por ciento del total de los 100,940 votantes en términos absolutos” (Gasparello, 2020, p. 140). Lo anterior se observa en la figura 1:

Figura 1

Participación y aprobación en la consulta del TM en 2019

Fuente: Elaboración propia con base en Gasparello (2019)

Del total de la población en edad de votar que era de 3 344 552, el 96,9% (3 243 612 habitantes) no participó en dicha consulta, y solo el 3,1% (100 940 habitantes) participó en ella. De esos 100 940 participantes que representan el 92,3% (93 168 habitantes) aprobó el TM y el 7,7% (7,772 habitantes) no lo aprobó. Estos datos revelan que la consulta no tuvo mucha relevancia, de hecho, estadísticamente no fue representativa.

Este hecho también se explica en parte porque diversos sectores de la población no fueron invitados a participar en ella “como el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil” (Gasparello, 2020, p. 140); aunado a que existieron denuncias sobre que dicha consulta no fue traducida a las lenguas mayas. A pesar que el artículo 2° del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que: “está Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía” dentro de la fracción VI se indica que los pueblos indígenas podrán “acceder […] a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra […], al uso y disfrute preferente de los recursos naturales”, y además, México ha celebrado convenios internacionales sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, como, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue aceptado y ratificado por el gobierno mexicano en 1989 y 1997, respectivamente.

Dicho Convenio “tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan” (OIT, 2014, p. 8). En ese sentido, se observa como la ley se utiliza para legitimar las políticas en los que “los lenguajes seculares de la ley y los marcos constitucionales coexistieron e interactuaron con estrategias inconmensurables de dominación y subordinación” (Chakrabarty, s.f., p. 15). Los marcos legales sirven para perpetuar las lógicas de colonización del poder, en este caso para validar un megaproyecto que no respeta lo que el marco legal ordena, es decir, consultar y permitir la autodeterminación de los pueblos originarios.

Por otra parte, se observa una violación al marco legal del propio Estado, al imponer su voluntad por encima de lo que determina la ley; es decir, la consulta solo fue una simulación para ratificar con un margen de participación bajísimo una política que fue determinada por el poder central. Este fenómeno “se debe a las propias características del proceso consultivo, que está dirigido a autoridades e instituciones representativas de los pueblos indígenas y no a la población en general” (Gasparello, 2020, p. 138). Además, “los procesos de consulta deben proporcionar el tiempo y los espacios necesarios para que los pueblos indígenas puedan tener pleno conocimiento sobre el alcance y los impactos de la medida propuesta antes de su aprobación” (Tauli-Corpuz, 2019, p.6), lo cual, en el caso descrito no se observaron estos elementos.

Por otro lado, para iniciar la construcción del megaproyecto era necesario hacer estudios previos de impacto ambiental conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que ordena la evaluación del impacto ambiental, la cual “se sujetará [a] la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente”. Sin embargo, estas evaluaciones no se hicieron a tiempo, se hicieron posterior a empezar a construir la obra.

Estos son dos claros ejemplos, sobre como prevalece el discurso desarrollista fundamentado en una violencia representativa, que conforme con Spivak (2003), la alteridad o los sujetos afectados “no [son] visto[s] como una conciencia representativa –un representar [de] la realidad adecuadamente” (p. 308). Aunque, el marco legal lo ordene, se vulnera por el imperio económico de racionalizar el territorio para beneficiar a la industria turística, de modo que queda excluida la población para tomar las decisiones y, el medioambiente, no fue considerado como criterio de evaluación de la viabilidad del proyecto.

Es así como la subalternidad de la naturaleza6 y los pueblos, considerados entonces objetos del desarrollo y con base en el discurso, serán transformados de su actual condición ontológica hacia la racionalidad capitalista, donde es necesario ocupar el espacio, el territorio y el tiempo para su reducción e implementar el movimiento del capital que trasladará mano de obra, mercancías y consumidores (turistas) para la obtención de beneficios privados.

Todo este proceso muestra que “el desarrollo no constituye una verdad objetiva sino un concepto que siempre está sujeto a discusión y a diversas interpretaciones, las cuales varían dependiendo de las coordenadas sociales y políticas desde las cuales se localice el sujeto” (Domínguez, 2016, p. 10). Es decir, los diversos actores sociales tienen una interpretación heterogénea de lo que representa el desarrollo. En ese sentido, dentro del desarrollo no confluyen los mismos intereses y en diversos proyectos se consolidan actores a favor y en contra de los procesos de desarrollo. Aunque, los actores que pueden estar a favor o en contra del desarrollo, no necesariamente son las personas afectadas; el posicionamiento frente al desarrollo es subjetivo y responde a lógicas políticas, intereses y convicciones que pueden ser auténticas o no.

La subalternidad se hace más visible a partir de la intromisión del Estado en las decisiones públicas, porque con estas valida, silencia, destruye, combina o se apropia de la subjetividad de los pueblos. En ese sentido, se toma como ejemplo el caso del CRIPX. El Consejo existía previo a la implementación del TM, debido a que es una organización de composición mayoritariamente indígena. Tiene su área de influencia en la parte norte, centro y sur del Municipio de Calakmul, Campeche, el cual se encuentra considerado con grandes índices de pobreza y marginación. Su objetivo es impulsar proyectos tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de sus miembros, la defensa de la tierra; y hacer un uso sustentable de los recursos naturales7. Se fundó “como una Sociedad Civil (S.C) en 1995, en el contexto de expansión del modelo neoliberal y de creciente tensión social y represión política luego del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994” (Bachelot, 2020, p. 107). Asimismo, el Consejo es resultado de una organización colectiva que ha permitido empoderar a sus miembros.

El Consejo inició su movilización en contra del TM8 a partir de “expresar su inconformidad y proporcionar información al conjunto de los pueblos y comunidades afectadas sobre su derecho a ser consultados de forma previa, libre, informada y culturalmente adecuada” (Bachelot, 2020, p. 108). Para ello, el CRIPX inició una acción colectiva, la cual “adopta muchas formas: puede ser breve o mantenida, institucionalizada o disruptiva, monótona o dramática. En su mayor parte se produce en el marco de instituciones” (Tarrow, 1997, p. 19). Esto se refiere a que las luchas sociales empiezan dentro los propios límites de las herramientas del Estado. Cabe destacar que los movimientos sociales surgen a partir de una oportunidad política. Esto se refiere a que en el marco de las decisiones políticas se crean espacios donde esas decisiones chocan con los intereses de personas y abren una brecha para constituir un movimiento que quiere modificar, cancelar o ser tomados en cuenta dentro de una decisión política, en otras palabras, buscan reivindicar su subjetividad frente a las decisiones de poder del Estado.

El Consejo articuló su movimiento social como forma de resistencia contra la consulta organizada por el Estado mexicano respecto con la aprobación del TM, ya que, pedía que se respetara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo9, el cual en términos generales establece el derecho a los pueblos indígenas a preservar sus culturas, sus formas de organización y vida; además de ser consultados sobre decisiones que afecten a sus territorios. El CRIPX mediante su lucha tuvo “la virtud de cambiar los signos y sus significados culturales; cómo, en el momento en que el subalterno transgrede su lugar asignado, empieza a ejercer su poder epistemológico; y cómo sólo las narrativas contra-estatales reconocen su agencia” (Rodríguez, 2000, p. 40), tal como lo hizo el CRIPX.

El problema radicó en que el Estado mexicano no hizo efectivo este Convenio y la consulta realizada los días 14 y 15 de diciembre de 2019, además de ser un fracaso, violentó los derechos de los pueblos indígenas a una consulta libre e informada, porque varios pueblos indígenas, entre ellos, el CRIPX, no fueron convocados a las urnas, nunca se hizo efectiva una información que señalara los aspectos negativos del TM, como la pérdida de empleos, las negociaciones sobre las tierras y la destrucción ambiental. En este punto se observa cómo la organización surgió a partir de una decisión política que no incluyó a todos los pueblos indígenas a la consulta ni proporcionó información referente con los aspectos negativos del megaproyecto. En palabras de Romel González Díaz, uno de los fundadores del CRIPX, menciona que:

—Nosotros nos enteramos del interés del gobierno federal de poner un megaproyecto, como es el tren, por los medios de comunicación. Ni siquiera lo supimos por las autoridades. Fue entonces que nos preguntamos: ¿de qué se trata eso? Empezamos a ver que había un problema serio, porque contemplaban un mal llamado Tren Maya y en la región no sabíamos de qué se trataba.

Cuando llegó Rogelio Jiménez Pons al municipio —entonces director del Fonatur— a hablar del proyecto le comenzamos a preguntar. Decían que es un proyecto que va a traer desarrollo. Les preguntamos a qué tipo de desarrollo se referían y nos hablaban de lo que para ellos significa desarrollo. A nosotros nunca nos preguntaron, todo se planteó desde el centro del país (Gómez, 2022).

En este pequeño diálogo, se observa cómo la concepción de desarrollo es heterogénea, cómo el Estado mediante su violencia representativa quiere colocar lo que para el propio Estado significa desarrollo, lo cual contraviene la concepción de las comunidades indígenas, en este caso del CRIPX. El proceso surgió derivado de la no consulta a todos los pueblos de la región y el asunto llegó a:

… organismos internacionales como el Comité contra el Racismo y la Discriminación de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora Especial para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas [que coincidieron] en que el llamado Tren Maya no cumple los estándares y violenta los tratados internacionales (Cruz, 2023).

El CRIPX inició una lucha y una resistencia. Esta situación llevó a aprovechar la ventana de oportunidad abierta por organismos internacionales y ante la omisión de las autoridades nacionales, el CRIPX empezó una lucha legal en contra de la consulta, puesto que el 6 de enero de 2020 presentó una demanda de juicio de amparo10 ante el Juzgado 1º de Distrito en el Estado de Campeche “reclamando dos actos de autoridad: el proceso de consulta indígena y participación ciudadana, por no respetar el Convenio 169 […] y los estándares internacionales, y el proyecto de desarrollo Tren Maya porque violenta el derecho a la libre determinación” (Bachelot, 2020, p. 113), lo cual fue evidenciado a través de la consulta.

La acción colectiva fue iniciada por el CRIPX, que convenció y recibió el apoyo de otras comunidades aledañas, tzotziles, tzeltales, choles y de la Organización No Gubernamental (ONG) Diálogo y Movimiento (DIMO. A.C) para la interposición de la demanda de amparo, así como el apoyo de la sociedad civil y de profesionales del derecho. Aquí ocurrió lo que Tarrow denomina la suma de aliados que muestran la vulnerabilidad de las autoridades y las elites, en este caso la vulnerabilidad se formó en el marco jurídico. Sin embargo, la situación no fue fácil debido a que fueron acosados e, incluso, intimidados por funcionarios públicos, principalmente, por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para evitar interponer la demanda. La respuesta del juzgado fue conceder la suspensión definitiva de toda obra de ejecución del TM, para la comunidad Xpujil en Calakmul el 4 de marzo de 2020. De acuerdo con Cruz (2023), el CRIPX se pronunció y accionó:

Esto significa que hemos podido expresar nuestra voz y nuestra inconformidad. Nuestra voz ya quedó en la historia de México. Se deja constancia de que sí hay oposición, sí hay inconformidad a los megaproyectos porque se imponen de la misma manera que gobiernos anteriores. No es la primera vez que resistimos. Y como no es la primera vez, sabemos que la lucha va a ser larga, hasta que realmente el Ejecutivo Federal tenga voluntad de escucharnos. Nuestra voz quedó y quedará en la historia. Nuestros hijos e hijas podrán ir con su vista en alto porque sabrán que sus padres y madres no cedieron ante la intimidación y que nuestra voz quedó ahí, y que, así como nosotros ellos podrán también alzar su voz ante cualquier injusticia (Cruz, 2023, p.3).

Si bien, existieron aliados, estos pueden ser visto como una forma de solidaridad que permitieron la agencia del Consejo. Sin embargo, pasada la aprobación del amparo los funcionarios del Fonatur lo quisieron minimizar al argumentar que no eran indígenas los que firmaron la demanda de amparo y que son una minoría frente a quienes aprobaron el TM en la consulta. Ante ello, la respuesta de los pueblos indígenas fue firmar un escrito con más de 4000 firmas el día 16 de marzo de 2020.

Estas firmas, según Cruz (2023) fueron “de indígenas tzeltales, cho’oles [sic], tojolabales y tsotiles [sic], que habitan en Chiapas y que forman parte de las distintas parroquias de la Diócesis de San Cristóbal. En el escrito señalan que apoyan el juicio de amparo contra el Tren Maya, piden respeto a su autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; exigen respeto a la integridad física, moral y psicológica de los hombres y mujeres que habitan Xpujil, Calackmul [sic], Campeche” (Cruz, 2023, p.4), esto permitió fortalecer su lucha.

Este es un pequeño ejemplo de cómo las y los subalternos pueden hacer efectiva una lucha frente al desarrollo, reivindicando su agencia. Las decisiones políticas, no obstante, por parte de las autoridades pueden regresar o se pueden imponer por medio de la violencia, por lo cual el CRIPX ha indicado que su lucha seguirá por defender la autonomía y la libre determinación. La respuesta del Estado mexicano al observar la agencia lograda por el CRIPX fue de subordinar a los demás ejidos y comunidades indígenas mediante decretos que colocaban a los territorios ejidales como asuntos de utilidad pública y de seguridad nacional.

En noviembre de 2021, el Estado ordenó de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente” (Decreto, edición 19, 2021). Este decreto fue objetado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien lo declaró inconstitucional debido a que violentaba el acceso a la información pública y fue invalidado el 18 de mayo de 202311. Ese mismo día se publicó el Decreto, edición 16 (18 de mayo de 2023), en el cual, tanto el Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se declaraban de seguridad nacional y de interés público12; este Decreto según la SCJN no viola el acceso a la información y lo resolvió el 5 de julio de 2023 (SCJN, 2023). Esto fue una forma de legitimar la subordinación del resto de las comunidades, colocando la soberanía, la utilidad pública y la seguridad nacional como conceptos enfocados al desarrollo, apropiados por el Estado para excluir las alteridades en la lucha legal.

IV) Conclusión

En este trabajo se realizó un análisis del discurso sobre el desarrollo, siendo el caso de estudio el megaproyecto TM, para ello, se utilizaron breves exposiciones sobre la percepción que tiene el actual gobierno frente al territorio del sureste mexicano, la cual se posiciona en una visión desarrollista en el sentido económico de generar riqueza, empleo, inversión y crecimiento. Dicho discurso se contravino frente a la lucha que hizo el CRIPX, al negarle, por parte del Estado mexicano, sus derechos a la consulta y a la autodeterminación de su territorio, lo cual, condujo al Consejo a realizar una lucha legal frente al megaproyecto del TM; estos discursos se antagonizaron por medio de la concepción modernizadora y colonialista que representa el Estado mediante una violencia representativa sobre el desarrollo, contra la agencia de los subalternos en el marco de la lucha política del Consejo.

El megaproyecto del TM consolida al desarrollo como un dispositivo lleno de supuestos beneficios en torno a los territorios del sur-sureste mexicano. Pero, en el fondo, se trata de un proyecto colonialista que guarda muchos elementos de violencia representativa que configura el Estado hacia los pueblos de la región en el marco de la modernidad capitalista y su determinación dentro de la falacia ontológica al negar la subalternidad de los pueblos y comunidades indígenas hacia una concepción acorde a la instrumentación racionalista.

Esta falacia del desarrollo se inscribe en lo que Dussell (2001) critica de Kant al considerar a la humanidad culpable de inmadurez, por estar distanciado del estado de la Ilustración que vivió Europa durante el Renacimiento. En ese sentido, el estado culpable de inmadurez se vincula con “la pereza y la cobardía son las razones por las cuales la mayor parte de la humanidad permanece en este estado de inmadurez. Para Kant, inmadurez, o adolescencia, es un estado culpable, pereza y cobardía su ethos existencial” (Dussell, 2001, p. 60). Esta falacia sigue presente dentro del Estado mexicano, que como se observó a través del discurso denomina al sur-sureste mexicano como atrasado y subdesarrollado, que cuenta con muchos recursos (humanos y naturales), pero tienen la característica de estar perezosos; es decir, se encuentran dentro de ese estado de inmadurez. Con el megaproyecto del TM se pretende cambiar esa lógica hacia la pretensión de productividad, modernidad y desarrollo; en otras palabras, superar el estado de inmadurez.

Asimismo, se analizó cómo este megaproyecto guarda una fuerte relación con la colonialidad del poder que conforme a Quijano (2001) se trata de un proceso que implica “el despojo y la represión de identidades, […], formas de explotación y de control del trabajo” (Quijano, 2001, p. 120). Detrás del discurso de modernidad, se esconde un proceso colonialista, que pretende el despojo de las tierras y de los saberes ancestrales indígenas para su venta, y del control de la población, mediante la explotación de su fuerza de trabajo en el marco de la industria del turismo y, alimentar el abismal mercado que reproducirá la fuerza de trabajo para su constante explotación.

Para la realización del megaproyecto del TM, el Estado mexicano ha empleado la violencia representativa; la cual consiste en asumir al otro “dentro de la formación estatal y de la ley” (Spivak, 2003, p. 308). Esta representación la hizo el Estado a través de una consulta sobre la construcción del megaproyecto y a pesar de que violentó convenios internacionales y aunado a que la participación fue casi nula, y que no se otorgó toda la información correspondiente a los efectos negativos del TM, el Estado mexicano con esa baja participación dio visto bueno a la consulta y representó la voluntad de los pueblos indígenas respecto de la decisión del TM, excluyendo la toma de decisiones que por derecho, le correspondía a los pueblos indígenas según el Artículo 2° de la CPEUM y el Convenio 169 de la OIT, en relación a su territorio.

Por otro lado, se aterrizó el análisis en el nivel micro y se observó como a través de la lucha subalterna se logró frenar la construcción del TM en Xpujil, Campeche, derivado de la lucha que realizó el CRIPX13. A dicho Consejo, se le concedió la suspensión definitiva por la construcción del TM sobre el territorio de Xpujil. Este ejemplo, permite observar como el subalterno “pueden hablar y conocer sus condiciones” (Spivak, 2003, p. 321), para poder tomar y reivindicar su agencia. Sin embargo, el Estado mexicano, para desalentar la lucha subalterna ordenó decretos en los que se declaraba de utilidad pública y seguridad nacional los territorios en los cuales se requería la construcción de proyectos con infraestructura. Por lo tanto, con base en la ley se observa cómo el Estado vuelve hacer un proceso de violencia representativa al imponer su voluntad en aras de implementar el proyecto del TM.

Finalmente, a manera de reflexión, a pesar de que se esbozó cómo el megaproyecto se inserta dentro de un proceso colonialista y es un discurso ontológico desde la visión del Estado, se requiere profundizar en estos aspectos y en los procesos de la lucha subalterna por los ejidos. Este trabajo es una invitación a buscar las tensiones que se gestaron durante esos procesos de resistencia y, no quedarse con la visión del Estado y la forma en que representa a las comunidades y pueblos indígenas. Por ende, se requiere un acercamiento con los pueblos en resistencia para construir su historia y en cómo el TM tensionó problemas previos a esta iniciativa de desarrollo, lo cual permitirá enriquecer el análisis y tener un panorama más enriquecido sobre los procesos de resistencia y de la lucha subalterna de la región.

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Anexos

Figura 2

Mapa del Tren Maya, en los Estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas en México.
Fuente: Fonatur. https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/

Figura 3

Papeleta de la consulta para la aprobación de la construcción del Tren Maya
Fuente: Baranda (2019)

Notas

Información adicional

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