Introducción

En el siglo XVIII, el Virreinato de la Nueva Granada1 experimentó una serie de fracasos en torno a las empresas de poblamiento y en los proyectos de modernización económica promovidos por la Corona española. Estos fracasos no fueron simplemente el resultado de errores individuales o de cálculos erróneos por parte de los administradores coloniales. Más bien, estas reformas nacieron muertas debido a la condición de dependencia estructural del Virreinato. Esta dependencia se traducía en una desventaja competitiva frente a otras potencias comerciales, haciendo inviable una “competencia libre” que pudiera beneficiar tanto al virreinato como al resto del Imperio español.

Para la comprensión de cómo surgen las condiciones dependientes en el Nuevo Reino de Granada, hay que tener presente la categoría de “competencia”, como un mecanismo que permite transferir valor de una nación a otra o de un territorio periférico a uno central. Desde la perspectiva marxista, la competencia no genera ningún tipo de valor, sino que actúa como un mecanismo que nivela los precios de las diversas mercancías (Dussel, 2014). Al confrontar las mercancías producidas por distintos capitales, este proceso determina una ganancia media, siendo esta su función principal en el mercado2. Esto significa que los capitales, según su composición orgánica y el nivel de desarrollo tecnológico, pueden producir bienes con mayor o menor valor3.

Los productos con menor valor, resultado de tecnologías más avanzadas o composiciones orgánicas superiores, logran precios más bajos y son favorecidos en el mercado, dado el impacto positivo que la competencia tiene sobre ellos. Así, el capital más “competente”, será aquel que demuestre mayor eficiencia en comparación con sus pares. En esencia, la competencia establece una relación entre agentes económicos que buscan igualdad en el acceso al mercado (Dussel, 2014c). En este sentido, para marxistas como Dussel, la competencia no solo enfrenta a un capital con otros, ya sean individuales, sectoriales o nacionales, sino también consigo mismo. Este mecanismo nivela las ganancias, dando lugar a diferentes tipos de rentabilidad: ganancias medias, ganancias extraordinarias o incluso ganancias acompañadas de pérdida de plusvalor, entre otras (Dussel, 2014).

En este sentido, la competencia puede entenderse como una tendencia inherente al capital que opera como una forma de coerción ejercida por otros capitales. Esta coerción, que puede interpretarse como una fuerza o violencia interna, es el motor del desarrollo del capital; sin ella, este dejaría de existir como tal. La libre competencia, entonces, es la relación del capital consigo mismo reflejada en la existencia de otros capitales, es decir, su manifestación concreta como capital en acción. En este proceso, la competencia obliga al capital a enfrentarse constantemente a sus propios límites, percibiéndolos como barreras que deben superarse (Dussel, 2014). Este impulso perpetuo, descrito por Hegel como “el mito de la mala infinitud y asociado al concepto de “progreso”, lleva al capital a un crecimiento continuo” (Dussel, 2014, p. 133). En su afán insaciable por incrementar la tasa de ganancia, el capital se ve forzado a reducir el valor de las mercancías, minimizar el tiempo necesario de trabajo y aumentar el plusvalor, persiguiendo siempre un desarrollo cuantitativo sin fin (Dussel, 2014).

En este orden de ideas, la composición orgánica del capital del Virreinato del Nuevo Reino Granada por su condición periférica era subdesarrollada en comparación con la composición orgánica de los capitales de las potencias europeas centrales, los cuales se destacaban por su alto nivel de desarrollo. El imperio español en su totalidad había perdido su poderío y el papel central que había gozado durante el siglo XVI, sin embargo, sus intentos por recuperar tal posición con la implementación de las reformas borbónicas terminarían en fracaso.

Las razones de estos malos resultados en las empresas de poblamiento llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII tienen su origen en la situación de dependencia y condición periférica del territorio. Asimismo, la falta de competitividad derivada de la realidad colonial del virreinato es un fenómeno completamente historiable y puede rastrearse a través de diversas fuentes. En este sentido, el propósito de este artículo es analizar, desde las categorías de la teoría de la dependencia marxista, las causas del fracaso de las reformas borbónicas en el Nuevo Reino de Granada en el contexto de la consolidación del sistema-mundo capitalista. En particular, se examinan las reformas orientadas a la creación de empresas de poblamiento y los proyectos de modernización económica en el virreinato, así como las consecuencias de estos fracasos. Este análisis busca no solo comprender el declive del Imperio español, sino también evidenciar el surgimiento de estructuras dependientes que perpetuaron la pobreza y el subdesarrollo, tanto en el virreinato como de las naciones latinoamericanas que precedieron.

Metodológicamente, el trabajo se enmarca en la historia económica y parte de un análisis cualitativo de diversas fuentes primarias del siglo XVIII, entre las que se encuentran las Relaciones de mando del oidor Francisco Antonio Moreno y Escandón, los informes de los virreyes Francisco Gil y Lemos y Josef de Ezpeleta, los informes del visitador Mon y Velarde, y, por último, los diarios militares y de viaje de Martín Fidalgo. La elección de dichas fuentes se debe a la información detallada que se encuentra acerca de las complicaciones en cuestiones de comercio, productividad, desarrollo, comunicaciones y competitividad en el Nuevo Reino de Granada, por parte de agentes pertenecientes a la esfera del Estado español. Revelando a su vez, las limitaciones inherentes que enfrentaba el Virreinato, iluminando las complejidades de su posición en el sistema-mundo capitalista emergente. A partir de estos documentos se demostrará cómo el fracaso de las empresas de poblamiento y de los proyectos de modernización económica del Virreinato de la Nueva Granada fue consecuencia de las relaciones de dependencia económica impuestas por las dinámicas de competencia entre los imperios coloniales, es decir, no se pretende hacer una descripción detallada de los procesos de modernización del siglo XVIII, sino explicar su falta de resultados por medio de la teoría de la dependencia marxista.

El presente trabajo se encuentra dividido en tres apartados centrales, en primer lugar, se abordará mediante un balance historiográfico los estudios sobre la dependencia económica que florecieron en los años sesenta, así como de sus posteriores desarrollos teóricos e historiográficos en el contexto del periodo colonial, señalando los aportes, vacíos y limitaciones de la historiografía existente, así como de los diversos enfoques interpretativos al abordar este periodo. En segundo lugar, se describirá el contexto y las “condiciones de posibilidad” sociales que permitieron la implementación de las reformas borbónicas en el Nuevo Reino de Granada, ofreciendo una comprensión profunda de las dinámicas internas y externas que influyeron en el desarrollo de políticas modernizadoras. Finalmente, se explorarán las condiciones económicas periféricas del Virreinato durante la segunda mitad del siglo XVIII, destacando cómo estas condiciones limitaban las posibilidades de éxito de los proyectos de poblamiento y modernización económica.

Aspectos historiográficos y teóricos por considerar

Durante la década de 1960, Occidente4 vivió una intensa revolución cultural que transformó las ciencias sociales, al introducir nuevos objetos de estudio como los enfoques de género, culturales y decoloniales, así como alternativas para el desarrollo económico. En este contexto, también surgieron nuevas perspectivas para analizar la historia y comprender la posición de América Latina y otras regiones periféricas dentro del sistema capitalista global. En este marco nacieron las teorías de la dependencia, formuladas inicialmente en la década de 1950 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, bajo la dirección del economista argentino Raúl Prebisch (Malerba, 2010). Se dieron una serie de recomendaciones a los gobiernos latinoamericanos en las que se les pidió pasar de un modelo de desarrollo orientado “hacia afuera” —basado en la exportación de materias primas— hacia un modelo “hacia adentro”, donde el Estado jugaría un papel central. Aunque no implicaba una regulación completa de la economía, este enfoque asignaba al Estado la responsabilidad de organizar, fomentar y supervisar los esfuerzos de industrialización en cada país (Malerba, 2010).

Las primeras ramas de las teorías de la dependencia sostenían que los términos del comercio internacional durante el siglo XX eran desfavorables para las naciones periféricas exportadoras de productos primarios. Según estas perspectivas, la solución al problema del desarrollo en América Latina residía en la intervención activa de los gobiernos a través de lo que la CEPAL denominó “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (ISI). Este enfoque contradecía la tesis del desarrollismo, el paradigma liberal dominante en la región, que postulaba una guía evolutiva y lineal para todas las naciones, clasificándolas como “subdesarrolladas”, “en desarrollo” o “desarrolladas”. Dicho paradigma, sostenido por economistas liberales tras la Segunda Guerra Mundial, sentó las bases ideológicas del neoliberalismo (Malerba, 2010). Los análisis derivados de las teorías de la dependencia marcaron un hito al proponer una interpretación genuina y contextualizada desde América Latina, capaz de explicar tanto su historia como su situación contemporánea.

No obstante, el marxismo también desarrolló enfoques propios sobre la teoría de la dependencia, con antecedentes que se remontan directamente a Vladimir Lenin. En su obra El Imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin introdujo conceptos como “dependencia” y “países adelantados” para describir la explotación entre naciones. También empleó categorías como “ganancia extraordinaria” y “desarrollo desigual” para explicar las dinámicas del capitalismo global (Dussel, 2014). Otros autores marxistas, como Henryk Grossman y Radolsky, ampliaron estas ideas al analizar cómo las mercancías de los países desarrollados se venden a precios de producción superiores a sus valores reales. Según su perspectiva, en el mercado mundial ocurren transferencias de plusvalor desde los países menos desarrollados hacia los capitalistas altamente industrializados dentro de la esfera de circulación (Grossman, 1979). Concluyendo así, mediante la teoría de la explotación marxista, que entre naciones existe un intercambio desigual (Radolsky, 1978). Por su parte, Arghiri Emmanuel, en 1962, abordó el concepto de “valor internacional” como una manifestación del intercambio desigual. Sin embargo, se apartó de autores como Radolsky y Grossman al argumentar que la composición orgánica del capital (la proporción entre capital constante y capital variable en un país o territorio) no era un factor determinante en esta teoría (Emmanuel, 1973). Este matiz marcó una divergencia en el desarrollo del pensamiento marxista sobre la dependencia.

En América Latina también surgieron teorías de la dependencia con enfoques cercanos al marxismo, como la propuesta por André Gunder Frank. En sus inicios, Frank rechazaba la teoría del valor de Marx (Dussel, 2014). Sin embargo, en un artículo centrado en el contexto latinoamericano, afirmó que “los países subdesarrollados no son sistemas independientes, sino que forman parte de una totalidad del mercado mundial, donde desempeñan una función subordinada dentro de un horizonte histórico específico” (Gunder, 1972, p. 62). Por su parte, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, en su obra clásica Dependencia y Desarrollo en América Latina, argumentaron que el subdesarrollo de los países periféricos fue el resultado de procesos históricos. Según ellos, la expansión del capitalismo comercial y posteriormente del capitalismo industrial integró a un mismo mercado economías con distintos niveles de diferenciación productiva. Esta integración asignó a cada economía posiciones específicas y desiguales dentro de la estructura global del sistema capitalista.

De este modo, las economías desarrolladas no solo se diferencian por el nivel de desarrollo de sus sistemas productivos, sino también por la función o posición que ocupan dentro de una estructura económica internacional de producción y distribución (Henrique y Faletto, 1978). Por otro lado, Mauro Marini, en su obra Dialéctica de la dependencia, introdujo el concepto de “transferencia de plusvalor”. Sin embargo, su enfoque ha sido objeto de críticas, especialmente porque concluye que “el fundamento de la dependencia es la súper explotación del trabajo” (Marini, 1991, p. 101). Autores como Enrique Dussel (2014) han señalado que la superexplotación es una consecuencia, y no la esencia, de la transferencia de valor entre economías (Dussel, 2014), lo que cuestiona la centralidad de esta idea en la explicación de las relaciones de dependencia entre capitales.

Aunque los autores coinciden en que las relaciones de dependencia entre los países centrales desarrollados y los periféricos subdesarrollados son el resultado de procesos históricos estructurales, sus enfoques suelen limitarse al análisis de su contexto contemporáneo. Esto deja poco espacio para explorar las raíces históricas de estas relaciones, particularmente, las condiciones de dependencia existentes durante el periodo colonial. En muchos casos, se pasa por alto el origen de las estructuras dependientes en los territorios americanos bajo la dominación colonial española. Además, los estudios sobre la dependencia en el periodo colonial son escasos, con excepciones como los trabajos de Sergio Bagú y Enrique Dussel, quienes se centraron principalmente en los virreinatos clave del Imperio español, como la Nueva España y el Virreinato del Perú. Por otro lado, las investigaciones sobre las relaciones de dependencia en el Nuevo Reino de Granada son prácticamente inexistentes, salvo por las aportaciones puntuales de autores como Mario Arango Jaramillo en El proceso de capitalismo en Colombia (1985), Salomón Kalmanovitz en El desarrollo tardío del capitalismo en Colombia: Un enfoque crítico de la teoría de la dependencia (1983) y Ensayos sobre el desarrollo del capitalismo dependiente (1977). Por último, de manera más reciente Santiago Castro Gomez, con La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816) (2005).

A su vez, recientes estudios sobre la economía colonial, centrados en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, han abordado aspectos clave de la economía política del Estado español, así como la producción y comercialización de mercancías durante el periodo colonial. Aunque no se enfocan directamente en la dependencia económica del virreinato, estos trabajos aportan luces sobre dicha problemática. Por ejemplo, el artículo Artesanos y producción manufacturera en la Nueva Granada: la industria textil en la Provincia del Socorro, siglos XVIII y XIX (2006), del historiador René Álvarez Orozco, y Circulación, mercados y comerciantes de harina de trigo en el norte del Nuevo Reino de Granada, segunda mitad del siglo XVIII (2022), de Julián Andrés Sánchez Gutiérrez, analizan cómo la integración del virreinato a mercados extranjeros no impulsó un desarrollo económico significativo. En lugar de ello, dicha integración contribuyó al estancamiento productivo y a una relativa escasez, causada por factores externos que dificultaban la competencia de los productos neogranadinos frente a mercados dominantes. Asimismo, el trabajo de maestría del historiador Fabián Andrés Lancheros Herrera, titulado Caminos Coloniales: una Historia de las vías de comunicación en la región central del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII (2017), examina la problemática de las comunicaciones. Destaca que, a pesar del desarrollo del concepto de “camino” en el periodo colonial, en aspectos generales, el territorio permanecía estructuralmente incomunicado, limitando su potencial productivo.

Finalmente, los artículos Economía política y producción de conocimiento en la formación del virreinato de Nueva Granada (2023), de la historiadora María José Afanador Llach. Además, de El recurso a la teoría económica neoclásica en el análisis de la sociedad colonial hispanoamericana. Nuevo Reino de Granada, siglos xvi-xviii. Consideraciones inactuales (2023), del autor Renán Silva, y Precios, oferta monetaria y crecimiento económico en la Nueva Granada de la segunda mitad del siglo XVIII (2013), del historiador James Vladimir Torres Moreno, analizan los procesos de modernización económica en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII. Aunque no se centran específicamente en la dependencia económica, estos estudios exploran la construcción e incorporación de una ciencia económica en el territorio, orientada a aumentar su fuerza productiva. Dichas reformas buscaban una integración más eficiente con economías más consolidadas y centrales como las europeas, promoviendo una mayor competitividad en el territorio durante el contexto global de la época.

El surgimiento del capitalismo mercantil: Reformas borbónicas y el nacimiento de la categoría de población

Durante el siglo XVI y principios del XVII, los territorios americanos se destacaban por su relativa riqueza, en gran medida gracias a la producción de plata en regiones como Potosí en el Virreinato del Perú y Zacatecas en la Nueva España. Estas explotaciones mineras abastecieron los mercados europeos, mientras que ciudades como el Cuzco se consolidaron como centros poblados y prósperos, no solo en el continente americano, sino a nivel mundial. El Perú, en particular, alcanzó una relevancia económica extraordinaria, al punto de aportar riquezas que duplicaban las del resto de las colonias y cuadruplicaban las de la Nueva España (Tovar, 1997). Según James Hamilton, en su obra El tesoro americano y la revolución de los precios en España 1511-1650, las enormes cantidades de plata extraídas del virreinato peruano inundaron Europa, provocando una “revolución de los precios” en España. Este fenómeno, alimentado por el flujo masivo de oro y plata provenientes de América, marcó profundamente las relaciones económicas globales durante los dos siglos siguientes de la era moderna (Hamilton, 2000).

El flujo masivo de oro y plata hacia Europa desencadenó lo que la historiografía colonial denomina la “Revolución de los precios”. Este fenómeno inflacionario, que afectó principalmente a España como principal receptora de estos metales a finales del siglo XVI, es interpretado por la historiografía marxista como el origen del capitalismo moderno. La crisis resultante, caracterizada por un aumento de hasta el 400% en los precios de alimentos y productos manufacturados, culminó en la llamada crisis del siglo XVII (Kriedte, 1994). Sin embargo, este impacto no se produjo de manera uniforme en toda Europa; mientras algunos países quedaron relativamente al margen, el fenómeno marcó el traslado del centro de crecimiento económico de los Estados continentales a las potencias marítimas (Kriedte, 1994).

El exceso de metales preciosos convertidos en moneda sin respaldo real provocó un alza generalizada en los precios de productos manufacturados y materias primas, afectando gravemente la competitividad económica de las manufacturas. Este sector, el más perjudicado por la crisis, quedó rezagado frente a competidores en regiones menos impactadas. Como consecuencia, los países mediterráneos entraron en declive, incapaces de integrarse a la evolución económica de sus rivales del norte, lo que marcó una división entre el norte y el sur de Europa desde el siglo XVI. En el norte, particularmente en las regiones del Báltico y el mar del Norte, prosperaba un comercio basado en bienes de consumo masivo. En contraste, el Mediterráneo, aunque con un importante comercio de cereales, mantenía una economía anclada en estructuras tradicionales centradas en especias y artículos de lujo provenientes de Oriente (Kriedte, 1994). De manera similar, el comercio colonial de España y Portugal permaneció fiel a ese modelo tradicional, reflejando no solo el nivel socioeconómico de la península Ibérica, sino también perpetuando las relaciones de producción de carácter casi feudal predominantes en la región (Kriedte, 1994).

A finales del siglo XVI y principios del XVII, la estructura del comercio intercontinental, especialmente el americano, comenzó a transformarse significativamente. América empezó a consolidarse como un mercado clave para la venta de productos manufacturados europeos y como el principal proveedor de caña de azúcar para los mercados del continente. Sin embargo, las principales beneficiarias de esta evolución no fueron las potencias pioneras de la expansión ultramarina, como Portugal y España, sino nuevas potencias emergentes como Holanda e Inglaterra. Esta reestructuración del comercio intercontinental, liderada por las potencias marítimas del noroeste de Europa, tuvo consecuencias profundas. Las metrópolis de esta región, donde se concentraba el capital comercial y a las que pronto se sumaría Francia, incorporaron a los países del sur en un sistema de división internacional del trabajo desigual. Este modelo reducía el margen de maniobra tanto para las economías del sur de Europa como para los territorios de ultramar (Kriedte, 1994). El cambio en las rutas comerciales hacia América no fue un acontecimiento aislado, sino que refleja las dinámicas divergentes de crecimiento entre las economías nacionales europeas.

En el siglo XVII, varias regiones semi-periféricas experimentaron un declive significativo, como España, Portugal y el norte de Italia, que perdieron competitividad y hegemonía, integrándose progresivamente a una periferia mediterránea. Sin embargo, otras áreas lograron fortalecerse, destacando Suecia, Prusia y las colonias septentrionales de la Norteamérica británica, como Nueva Inglaterra y las del Atlántico medio. Mientras las primeras regiones cedían terreno en la economía-mundo, las segundas comenzaban a posicionarse como aspirantes al núcleo de este sistema económico global, marcando el inicio de su lucha por alcanzar un lugar en el centro de la economía-mundo de la época (Wallerstein, 1999).

Es en este contexto donde parte la decadencia de España, el cual es uno de los fenómenos más destacables del siglo XVII, visible incluso para los hombres de la época. Las causas de su pérdida de poder radican en las estructuras económicas y políticas de España. Su relativa debilidad venía ya de finales del siglo XVI, aunque había quedado oculta en parte por el poderío militar y la riqueza en metales preciosos de España, pero los reveses económicos de la economía-mundo en su conjunto rasgaron la envoltura y pusieron al descubierto esta debilidad tanto a los ojos de los españoles como a los ojos del mundo.

La historiografía tradicional sobre la España del siglo XVII describe un panorama marcado por la decadencia económica. Durante este período, los campos sufrieron la falta de riego y cultivo, acompañados de una relativa escasez de ganado. Además, las exportaciones disminuyeron significativamente, afectando particularmente a la industria textil. Toledo, centro clave de la producción de seda y lino en España, prácticamente desapareció como eje productivo en apenas dos décadas, entre 1600 y 1620 (Wallerstein, 1999). Sin embargo, la decadencia no se limitó al sector textil; la siderurgia y la construcción naval también entraron en declive. España perdió gradualmente no solo sus mercados de exportación, sino también gran parte de sus mercados internos y coloniales, los cuales fueron captados por ingleses, franceses y holandeses en las décadas siguientes. En esta era de estancamiento, el país enfrentó no solo una involución agrícola en las regiones periféricas, sino también un proceso de desindustrialización. Las consecuencias de esta crisis fueron dobles: por un lado, una creciente polarización y un aumento de los conflictos regionales dentro de España; por otro, la necesidad de depender cada vez más de su patrimonio colonial para mantener su economía a flote (Wallerstein, 1999).

Con la llegada de los borbones al poder a inicios del siglo XVIII, se impulsó un conjunto de reformas destinadas a revertir la “decadencia de España” y modernizar la economía de sus colonias americanas, integrándolas al sistema-mundo capitalista. A pesar de su debilitamiento progresivo, el Estado español buscaba competir con potencias como Inglaterra, Francia y Holanda para consolidarse como una parte central y competitiva del orden económico global. Estas reformas incluyeron la formulación de políticas poblacionales orientadas a configurar un orden territorial que favoreciera la producción y explotación económica. Esto implicó un control más estricto sobre la población, promoviendo que se asentaran y vivieran “a son de campana”, es decir, en comunidades estructuradas alrededor de núcleos urbanos donde pudieran desempeñar actividades económicas de manera eficiente. Asimismo, se reforzó la autoridad del soberano, consolidando el poder del gobierno central para garantizar la implementación de estas políticas y el aprovechamiento de los recursos coloniales.

En el siglo XVI, tal como lo señala Michel Foucault (2022), el concepto tradicional de población era percibido como un elemento positivo y un indicador del poderío del soberano, según se refleja en textos de cronistas y viajeros como Bernardino de Sahagún en su Historia General de las cosas de Nueva España (Foucault, 2022). Para que un soberano fuera considerado poderoso, debía gobernar un territorio extenso y densamente poblado. Una población numerosa garantizaba la disponibilidad de grandes tropas, ciudades prósperas y mercados activos. Sin embargo, para que esta población contribuyera efectivamente al poder del soberano, era necesario que cumpliera con dos condiciones clave: debía ser obediente y estar motivada por un fuerte deseo de trabajar, es decir, mantener una actitud activa (Foucault, 2022). Solo bajo estas condiciones el soberano podía consolidar su poder, al ser al mismo tiempo obedecido por sus súbditos y enriquecido gracias a su labor productiva.

A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la concepción de la población comenzó a transformarse bajo la influencia de la escuela mercantilista, cuyas ideas fueron adoptadas por el Imperio español en el marco de las reformas borbónicas destinadas a modernizar su economía y fortalecer el Estado. Para los mercantilistas, la población dejó de ser únicamente un símbolo del poder del soberano para convertirse en un elemento central dentro de la dinámica del poder estatal (Foucault, 2022). En esta nueva visión, la población se entendió como un factor determinante que condicionaba todos los aspectos económicos. Proporcionaba la mano de obra necesaria para la agricultura, lo que garantizaba cosechas abundantes, el cultivo de más tierras y, en consecuencia, precios bajos para los granos y otros productos agrícolas. Asimismo, ofrecía trabajadores para las manufacturas, reduciendo la dependencia de importaciones y el gasto de metales preciosos como el oro y la plata en pagos a otros países (Foucault, 2022). En este contexto, la población pasó a ser un pilar fundamental de la economía política, considerada la base misma de la riqueza del Estado.

Para articular y posicionar a la población como la base de la riqueza, era imprescindible establecer un sistema regulatorio que desalentara la emigración, atrajera inmigrantes y promoviera el crecimiento demográfico. Este sistema debía, además, identificar las producciones consideradas útiles y exportables, definir los bienes a fabricar, los métodos de producción y los salarios, al tiempo que eliminaba la ociosidad y el vagabundeo (Foucault, 2022). En esencia, se trataba de un conjunto de normas diseñadas para garantizar que la población, vista como el pilar del poder y la prosperidad del Estado, trabajara de manera eficiente en las actividades y lugares asignados para la producción. Así, el mercantilismo enfocaba su atención en la población como fuerza productiva, siempre que estuviera disciplinada, organizada y vinculada al sistema económico mediante mecanismos de control (Foucault, 2022).

Bajo el marco de la lógica mercantilista predominante, se estructuraron las reformas borbónicas implementadas en el Virreinato de la Nueva Granada. Estas reformas, orientadas a la modernización económica del imperio, redefinieron el ordenamiento poblacional y espacial con el objetivo de optimizar la productividad económica, no solo del virreinato neogranadino, sino también del resto de las colonias americanas. Su propósito era recuperar y fortalecer el dominio español en el mundo atlántico, compitiendo por posicionarse como un centro clave de la economía-mundo capitalista. El notable crecimiento demográfico del Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII, junto con la necesidad de integrarlo al desarrollo económico del imperio español y de ejercer un control más riguroso mediante “mecanismos de poder” efectivos, convirtió a la población en un asunto no solo teórico, sino también práctico. Esto la transformó en objeto de vigilancia, análisis, intervenciones y medidas destinadas a modificar y orientar su comportamiento (Pérez y Montoya, 2010).

Poblamiento y reordenamiento territorial en las provincias del Nuevo Reino de Granada

La creación del Virreinato de la Nueva Granada en 1739 formó parte del proyecto de implementación de las reformas borbónicas en América. Este virreinato tenía como uno de sus principales objetivos fortalecer la presencia y autoridad de la Corona española, afectada por las constantes incursiones de contrabandistas extranjeros que minaban las ganancias estatales. Sin embargo, la aplicación de estas reformas llegó tardíamente, especialmente en las últimas décadas del siglo XVIII. Su fracaso fue abrupto y se debió, en gran medida, a la posición periférica del virreinato, que lo hacía incapaz de competir con las potencias mercantiles dentro de la economía-mundo capitalista.

El Estado español buscaba reformar tanto sus estructuras políticas como a su sociedad, percibida como atrasada, aferrada a tradiciones contrarias a la razón, considerada clave para el progreso (Castro, 2005). Para ello, se plantearon reformas como someter a la Iglesia al poder real y desamortizar sus bienes, promover el libre comercio y la iniciativa económica, implementar una ley agraria para optimizar la producción de alimentos, limitar la autonomía municipal y educar a la población en ciencias prácticas. Este conjunto de medidas representaba un esfuerzo por modernizar política y económicamente el imperio, centrado en la figura del individuo (Conde, 1995). Aunque el movimiento ilustrado en España fue más conservador, ambiguo y contradictorio en comparación con el de Francia o Alemania, no dejó de impulsar, a su propio ritmo, un proyecto de modernización social. En el contexto de las colonias americanas, este proyecto tuvo un impacto directo en la población.

El intento de modernizar la economía colonial del Virreinato de la Nueva Granada para integrarla a la competencia en la economía global implicó una serie de campañas de urbanización en las zonas marginales del territorio. Estas iniciativas, promovidas por la Corona española bajo el principio de “defender poblando,” buscaban consolidar una política de ocupación en las regiones fronterizas donde la presencia estatal era débil. Además, estas áreas, consideradas despensas agrícolas, ofrecían el potencial de garantizar reservas alimenticias en tiempos de escasez, conflictos bélicos o incrementos en los precios (Conde, 1995). Las políticas de poblamiento no solo tenían como objetivo someter a los indígenas belicosos o frenar las ambiciones expansionistas de potencias extranjeras como Holanda e Inglaterra. También buscaban controlar a las comunidades dispersas que vivían al margen de la estructura de la república de españoles, reubicándolas en colonias agrícolas destinadas a abastecer de alimentos a ciudades, villas y rancherías (Conde, 1995).

Un ejemplo de estas empresas de poblamiento fue la liderada por Antonio de la Torre y Miranda entre 1774 y 1778 en la provincia de Cartagena. Estas políticas reflejaban la necesidad de los funcionarios borbónicos de realizar un inventario de los recursos naturales y humanos disponibles, con el propósito de racionalizar su administración y optimizar su explotación. El objetivo final era mejorar las condiciones de vida, generar riqueza y dinamizar el comercio de metales y productos agrícolas. En este contexto, el pensamiento económico borbónico se fundamentaba en la explotación estratégica de los recursos naturales del territorio (Pérez y Montoya, 2010).

Para la fundación de asentamientos en estos territorios deshabitados, era imprescindible la convergencia de dos elementos fundamentales. El primero consistía en la presencia de funcionarios y gobernantes ilustrados, cuya labor era establecer nuevas relaciones entre la población y el Estado. El segundo elemento abarcaba una serie de estrategias relacionadas con la gestión de bienes comunales, como los ejidos, y el ejercicio de la jurisdicción territorial. Estas estrategias se basaban en políticas de poblamiento sustentadas en el principio de que “gobernar es poblar”. No obstante, la implementación de estos elementos modernizadores en los proyectos de colonización provocó tensiones y conflictos entre los burócratas ilustrados españoles y las élites locales. Estas últimas buscaban preservar los privilegios patrimoniales que habían consolidado durante los dos siglos previos. Las reformas borbónicas, al final, vulneraron el pacto político entre los poderes locales de provincias como Cartagena y Santa Marta y la Corona española. Dicho pacto, surgido de la debilidad del propio Estado español, había permitido el predominio de estas élites regionales (Conde, 1995).

En el caso de las provincias costeras como Santa Marta y territorios aledaños como La Guajira, la zona costera permanecía despoblada debido al éxodo de la población indígena hacia los valles inaccesibles de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas áreas del Cesar. Este desplazamiento fue provocado por los procesos de conquista y el comercio de esclavos indígenas (Mendoza, 2009). Desde su fundación, la historia de los habitantes de la ciudad de Santa Marta estuvo marcada por el rancheo de oro con los indígenas, saqueos, enfrentamientos internos, frustraciones y expediciones hacia territorios habitados por tribus cercanas a la recién fundada ciudad durante el siglo XVI (Mendoza, 2009).

Para el siglo XVII, solo quedaban algunos centenares de españoles junto con grupos dispersos de esclavos negros e indígenas. Estas comunidades habitaban un extenso territorio en pequeños pueblos, parroquias, villas y ciudades aisladas entre sí (Mendoza, 2009). El mestizaje y el cimarronaje en la región contribuyeron, desde la perspectiva del Estado moderno español, a una desorganización civil que caracterizó a las provincias caribeñas como un territorio de “desorden poblacional”. Ante la necesidad de ejercer mayor control sobre la población, las autoridades coloniales identificaron la urgencia de comprender con precisión la ocupación del territorio. Esto llevó a los responsables de la política borbónica a integrar dichas demandas en el proyecto reformista, dando origen a una nueva política de poblamiento. A través de esta política, el Estado español buscaba consolidar lo que llamó la “segunda conquista de América” (Mendoza, 2009).

La política de reordenamiento poblacional y territorial en las provincias de Cartagena y Santa Marta fue liderada por Joseph Fernando de Mier y Guerra y Pedro Agustín de la Sierra entre 1744 y 1776. Durante este periodo, Guerra impulsó la fundación de varias poblaciones a lo largo de las márgenes de los ríos Magdalena y Cesar entre 1744 y 1770. Además, abrió rutas que mejoraron la comunicación entre las diversas localidades de las provincias de la Costa Caribe y su conexión con el interior del virreinato, utilizando principalmente el río Magdalena como vía de transporte. Estas fundaciones y refundaciones tuvieron un impacto significativo, incluyendo el desplazamiento de la nación Chimila hacia el centro de la provincia. En esta región, la manigua, la selva y los pantanos se convirtieron en barreras naturales que dificultaron su supervivencia y resistencia (Mendoza, 2009). Este proceso de poblamiento en una zona de frontera abierta también facilitó la expropiación de tierras a comunidades indígenas, como sucedió con los Chimilas. En el caso específico de Santa Marta, las nuevas fundaciones formaron un semicírculo estratégico diseñado para proteger las poblaciones de posibles ataques indígenas y establecer una frontera defensiva frente a los Chimilas (Mendoza, 2009).

En Antioquia también se desarrollaron procesos de poblamiento y colonización, aunque, a diferencia de otras regiones, estas iniciativas fueron mayormente privadas y no lideradas directamente por el Estado. Se trataba de desplazamientos emprendidos por los habitantes de Antioquia en busca de tierras más fértiles y mejores condiciones de vida. Esta provincia, considerada probablemente la más pobre del virreinato, presentaba un panorama desolador descrito por diversos viajeros y visitadores, entre ellos Mon y Velarde. Durante el siglo XVIII, se establecieron nuevas colonias impulsadas por montañeses y baquianos que se adentraron en los bosques para abrir pequeñas rocerías. Algunas de estas iniciativas eran individuales, mientras que otras se realizaban en comunidad. Sin embargo, estas poblaciones permanecieron sumidas en la pobreza, ya que no contaban con acceso a un mercado para comercializar sus productos (Jaramillo, 2006). La producción se limitaba a satisfacer sus necesidades básicas, sin generar excedentes significativos. Hacia finales del siglo XVIII, se dio una nueva ola de colonización en la cordillera occidental, marcada por la búsqueda de oro, sal, pastos y suelos fértiles (Jaramillo, 2006). Este movimiento migratorio resultó en la fundación de importantes hatos, como los de Urrao, consolidando un proceso de ocupación que, aunque limitado, transformó parcialmente la estructura productiva y social de la región.

La expansión de la frontera minera durante el siglo XVIII fue otro factor clave que impulsó la colonización de nuevos territorios. Un ejemplo notable de este proceso se observa en las tierras bajas del Pacífico, correspondientes a la gobernación del Chocó, y en la gobernación de Popayán. Aunque el Estado no asumió directamente la dirección de estas iniciativas de poblamiento, facilitó su desarrollo mediante la concesión de permisos y licencias que permitieron a los colonos explorar y establecer nuevas minas (McFarlane, 1997). El avance de la minería en estas regiones dependió en gran medida del trabajo de los esclavos negros, cuya población creció de manera significativa. Informes enviados al Consejo de Indias señalaban que la población esclava en el Chocó y Popayán aumentó de forma constante durante las décadas de 1720 y 1730. En contraste, la expansión de la frontera minera en Antioquia se sustentó principalmente en el trabajo independiente de sus habitantes, un fenómeno estrechamente vinculado al crecimiento natural de la población en la región (McFarlane, 1997).

El nuevo orden poblacional, orientado a la productividad económica que deseaba la Corona, “requería no sólo del conocimiento de la población, sino también de su racionalización y ordenamiento” (Pérez y Montoyazmán, 2010, p. 39). Para alcanzar este objetivo, era fundamental llevar a cabo un registro y una clasificación de la población mediante padrones, además de velar por su salud y su capacidad productiva. El “despoblamiento” de ciudades y villas en el Nuevo Reino se consideraba una de las principales causas de la pobreza y el atraso de sus habitantes. Para enfrentar este desafío, las autoridades coloniales adoptaron medidas específicas. Entre ellas, se desarrollaron padrones que organizaban a la población según criterios étnicos (blancos, indígenas, esclavos negros y libres como mestizos, mulatos y zambos) y demográficos, incluyendo categorías como hombres, mujeres, niños, solteros y casados. También se establecieron registros de nacimientos y defunciones. Estas clasificaciones tenían como propósito calcular el tamaño de la población y evaluar su capacidad productiva (Pérez y Montoya, 2010). De esta necesidad surgieron las empresas de poblamiento, cuyo propósito principal era organizar a la población en sectores productivos. Este esfuerzo no solo pretendía aumentar la productividad económica, sino también mejorar las condiciones de vida de los habitantes del virreinato. De este modo, se alineaban con los ideales del Estado liberal y moderno, que buscaban garantizar la libertad y la felicidad de sus súbditos.

Condiciones económicas del Nuevo Reino de Granada: Nacimiento de las estructuras dependientes

En la cita 36 de El Capital, Karl Marx realiza una observación notable sobre la decadencia de España. En ella afirma: “Ya don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era una institución compatible con todas las formas económicas de la sociedad” (Marx, 1973, p. 46). Esta reflexión ilustra cómo las estructuras económicas pre-burguesas, de carácter casi feudal, que predominaban en el imperio español, resultaban incompatibles con las dinámicas de las nuevas fuerzas económicas burguesas que se consolidaban en las potencias del norte global. España, incapaz de adaptarse a los cambios que impulsaban la naciente economía-mundo capitalista, quedó relegada a una posición de dependencia y semiperiferia. Su integración tardía y en condiciones de desventaja la colocó en una situación de incapacidad para competir de manera eficiente. Esto resultó en su derrota definitiva frente al imperio británico y su relegación económica frente a naciones como Francia, los Países Bajos y Prusia, que se consolidaron como líderes en el nuevo orden económico.

El fracaso de los proyectos de modernización económica y de las empresas de poblamiento en el Virreinato de la Nueva Granada fue resultado de una combinación de factores, todos ellos vinculados a su condición periférica dentro del sistema imperial. El declive de estas iniciativas en provincias como Cartagena y Santa Marta enfrentó numerosos obstáculos y dificultades, ya que su éxito o fracaso dependía en gran medida de las condiciones productivas y competitivas del Virreinato. Entre los esfuerzos más destacados, Fernando de Mier y Guerra impulsó durante casi tres décadas la fundación de varias poblaciones a lo largo de la margen derecha de los ríos Magdalena y César. Paralelamente, promovió la apertura de caminos estratégicos para mejorar la comunicación entre los asentamientos y facilitar el transporte de mercancías, lo que buscaba reducir los costos asociados al transporte y la producción. Un ejemplo de estos esfuerzos se evidencia en la real cédula de 1769, que aprobó la apertura de un nuevo camino entre Ciénaga, la ciudad de Valencia y Valledupar, además de autorizar la fundación de dos nuevas poblaciones.

Que habiéndonos propuesto este gobernador el beneficio público que resultaría de abrir un camino entre el pueblo de San Juan de la Ciénaga y las ciudades de Valencia y Valle de Upar, para facilitar la conversión de aquellos indios, el libre transporte de los ganados y efectos que se llevan a Cartagena y el cultivo de aquellas fértiles tierras e impedir el comercio ilícito, no solamente le aprobasteis esta idea, sino que le estimulasteis a ella; y que puesta con efecto en práctica os remitió un exacto plan por el que se reconocía que el camino que antes no podía transitarse sin muchos riesgos y extravíos, quedó minorado a cinco jornadas, sin necesidad de escoltas ni prevenciones, y que habiéndose propuesto el propio gobernador las ventajas que se conseguirían de establecer allí dos pueblos, cada uno de veinte y cinco familias, conducidas desde Canarias, para el cultivo de aquellos amenos campos (De Mollinedo, 1987, p. 11).

La construcción de caminos tenía como principal objetivo facilitar el comercio y reducir tanto el tiempo como los costos asociados al transporte de mercancías, ganado y alimentos. Sin embargo, gran parte de este transporte dependía del río Magdalena, que, a pesar de ser una vía estratégica, presentaba numerosos desafíos. Joaquín Francisco Fidalgo, en su expedición por La Guajira, describe en su diario las incomodidades de navegar por este extenso río. Señala: “La navegación del río Magdalena es desagradable por las circunstancias expuestas de las bogas, estrechez de los buques, sumo calor, infinitos mosquitos, que atormentan día y noche y malísimos sitios o pueblos de tránsito, que apenas prestan auxilio alguno” (Fidalgo, 1999, p. 46). Esta descripción resalta las dificultades que enfrentaban los viajeros y comerciantes al depender de esta ruta fluvial, a pesar de su importancia para la economía de la región.

Estas condiciones incrementaban el costo de las mercancías, haciendo que sus precios fueran poco competitivos frente al contrabando inglés, que lograba superar a los productos del virreinato en términos de competencia. Además, las condiciones productivas en el resto del territorio tampoco eran óptimas. Hasta 1780, la llegada masiva de mercaderías importadas desde España debilitó significativamente la economía local (De la Cruz Vergara, 2021). Ante este panorama, el virrey José de Ezpeleta destacó la necesidad de fortalecer el comercio interno como estrategia para estimular el comercio marítimo y exterior. Propuso de manera urgente la mejora de las rutas comerciales existentes, incluyendo la apertura de nuevos caminos y la negociación con los pueblos indígenas que obstaculizaban el intercambio comercial. Asimismo, recomendó establecer la total libertad de comercio entre las provincias, ya que los impuestos cobrados en los diversos puertos fluviales por los que transitaban los comerciantes dificultaban la consolidación de esta actividad económica (Ezpeleta, 1989).

A finales del siglo XVIII, aunque el comercio hacia el interior del Virreinato de la Nueva Granada experimentó un aumento, los comerciantes enfrentaron grandes dificultades para transportar sus mercancías. Este comercio se centraba en la importación de bienes provenientes de España. Sin embargo, como lo señaló el virrey Francisco Antonio Moreno y Escandón en su relación de Estado de 1772, muchos comerciantes optaron por recurrir al contrabando, adquiriendo productos a precios más competitivos de otras naciones, como Inglaterra, Holanda y Francia. La preferencia por bienes extranjeros se debía, en gran parte, a los costos significativamente más bajos de producción en países como Inglaterra, que ya estaban entrando en la era de la revolución industrial. En contraste, el Imperio español y sus territorios de ultramar producían mercancías a un costo mucho mayor, lo que dificultaba competir en precio. Esta disparidad fomentó prácticas ilegales como el contrabando, que se convirtió en una respuesta a la ineficiencia económica del sistema imperial español.

Los vecinos y habitadores no tienen facultad ni arbitrio para habilitar embarcaciones en que transportar los frutos, para lo cual se requiere licencia real, por estar prohibido a los gobernadores; y la que de algún tiempo a esta parte se concede para girar de unos puertos de españoles a otros es insuficiente, porque en ellos solo se pueden lograr ventajas haciendo el comercio con otras naciones; de donde dimana que trayéndoles los extranjeros ropas, y otros efectos que les franquean a cambio de los frutos de sus provincias, convienen gustosos y aún se dan por afortunados de lograr estas ocasiones para proveerse de lo necesario y salir de sus efectos, y más con la circunstancia de que los consiguen a precios más baratos que los venidos de España, lo que induce a preferir el trato ilícito de extranjeros, aun cuando sus géneros son contrahechos y de inferior calidad, que suele no advertirse por aquellas gentes poco versadas en el comercio (Moreno y Escandón, 1989, pp. 205-206).

La descripción anterior no solo evidencia la dependencia de España frente a potencias comerciales como Inglaterra, que abastecía a los territorios de ultramar con una gran variedad de mercancías, sino que también pone de relieve las relaciones de subordinación entre el Virreinato de la Nueva Granada y la metrópoli española. Este fenómeno puede interpretarse como un proceso de transferencia de valor hacia las metrópolis europeas: al importar y consumir bienes provenientes de los centros industriales, el excedente generado en el virreinato se canalizaba primero hacia España y, posteriormente, hacia las economías del norte global. Esta dinámica estaba profundamente arraigada en las diferencias de tiempo y costo de producción, que, a través de la competencia, se igualaban en el mercado. En consecuencia, el valor adicional producido en el virreinato terminaba beneficiando a las metrópolis. Como lo señala el virrey Francisco Antonio Moreno y Escandón, el comercio en el Virreinato de la Nueva Granada era relativamente limitado, lo que hacía prácticamente inevitable la demanda de mercancías provenientes de Inglaterra, Holanda o Francia:

Ningún comercio activo disfruta este reino, pues como se ha dicho consiste su subsistencia actualmente en el oro que se saca de sus minas, sin giro, expendio ni salida de sus frutos y algunas manufacturas. Su provisión de mercaderías, y géneros llamados de Castilla depende de uno u otro registro remitido por el comercio de Cádiz a la plaza de Cartagena, de donde se trasladan estos efectos a lo interior del reino, causando costos en derechos y conducción, con tanta decadencia que son muy raros lo que disfrutan de alguna utilidad y menos lo que medran en carrera (Moreno y Escandón, 1989, p. 203).

Moreno y Escandón destacó la existencia de una pequeña industria en ciertas zonas del virreinato, como Tunja, Socorro, Vélez y parte de los Llanos. En estas regiones se producían lienzos de algodón, carpetas, camisetas, frazadas, mantas y otros artículos similares, que fomentaban un lento pero constante comercio entre las provincias, donde dichos productos eran consumidos (Moreno y Escandón, 1989). Sin embargo, la dependencia económica del virreinato continuó siendo una constante. Su posición periférica lo subordinaba a la naciente división internacional del trabajo, caracterizándose sus exportaciones por ser principalmente materias primas, especialmente metales como el oro y la plata (Moreno y Escandón, 1989). En cuanto al poblamiento, Martha Herrera Ángel señala que, en los Andes centrales del virreinato de la Nueva Granada, predominaban los pueblos de indios. En estos asentamientos, la vida cotidiana de los habitantes estaba bajo la vigilancia de clérigos, autoridades indígenas y alcaldes pedáneos, quienes cumplían un rol central en la organización social (Herrera, 1994).

Por esta razón, las formas de producción predominantes en las regiones habitadas por población indígena se caracterizaban por su naturaleza artesanal. Esto significaba que los productos fabricados localmente, como mantas y vestidos de lana, tenían un mayor valor debido al trabajo incorporado en su elaboración, lo que los hacía más costosos en comparación con las ropas importadas del extranjero, cuyos precios eran significativamente menores. La competencia desleal generada por el contrabando y la importación de estos productos transfería la diferencia de valor hacia los capitales centrales (Dussel, 2014). Aunque la Corona intentó fomentar la producción textil local mediante el aumento de aranceles a las telas extranjeras, e incluso prohibiendo su entrada tanto a España como a sus colonias, estas medidas solo consiguieron estimular el fraude y el contrabando (McFarlane, 1997). En este contexto, el comercio de contrabando adquirió una importancia clave, no solo por facilitar la transferencia de valor de los territorios coloniales hacia las economías centrales, sino también por contribuir a la destrucción de la limitada industria del Virreinato. Esta problemática fue señalada con preocupación por el virrey Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien denunció el impacto del contrabando en el Nuevo Reino de Granada.

La venta de trigo cuyo cultivo será sin duda mayor siempre que corresponda el precio y su consumo, quitándose a los extranjeros esta negociación y los fraudes que con el pretexto de harinas se cometen introduciéndose las ropas; cuyo medio será el más oportuno para restablecer las provincias de Vélez y Tunja, donde se siembran copiosas sementeras por lo aparente de la tierra y más si se facilita su conducción por el camino de Opón (Moreno y Escandón, 1989, p. 208).

El contrabando representó un problema significativo para el Virreinato, no solo por el riesgo que implicaba la presencia de potencias extranjeras en los mares del Imperio o en territorios españoles habitados por indígenas hostiles (Fidalgo, 1999), sino también porque las mercancías extranjeras, al ser más económicas que las españolas, ponían en peligro la sostenibilidad de la industria virreinal. Esta situación generaba una creciente dependencia de productos provenientes de imperios como Inglaterra, Holanda y Francia. Un ejemplo de ello se encuentra en el informe de Francisco Gil y Lemos, quien señala que la prohibición de importar harinas extranjeras provocó el desabastecimiento en las plazas de Cartagena, evidenciando la vulnerabilidad del territorio ante la necesidad de bienes extranjeros (Gil y Lemos, 1989).

La falta de competitividad del Virreinato también se reflejaba en las actividades agrícolas dentro de su territorio. El costo de los alimentos en América era considerablemente más alto, lo cual se atribuía a diversos factores, como la calidad de las tierras, las limitaciones en el transporte y el uso de tecnologías poco avanzadas en la producción agrícola. El virrey José Manuel de Ezpeleta, en su relación de gobierno, denunció el estado de abandono de la agricultura en el Nuevo Reino de Granada, a pesar de la abundante riqueza natural del virreinato (Ezpeleta, 1989). Este abandono estaba estrechamente vinculado con la importación de productos como harina y cacao desde otras potencias, lo que minaba las escasas ganancias de la producción local. Aunque se prohibió la entrada de estos artículos desde colonias extranjeras, las harinas provenientes de España tampoco impulsaron la inexistente industria agrícola en el territorio. La competencia desleal provocó una transferencia del valor generado en los territorios americanos hacia la metrópoli española (Ezpeleta, 1989). En la gobernación de Antioquia, la visita de Mon y Velarde al pueblo de indígenas de Sabanalarga evidenció el problema de la escasez de alimentos. Esta situación no solo se debía al elevado costo de los productos locales en comparación con los importados, sino también a la baja calidad de las tierras cultivables. Esto encarecía aún más los pocos productos cosechados, como el maíz, la caña dulce y los frijoles (Mon y Velarde, 1788).

Tras este panorama, los proyectos de colonización se plantearon como una solución al problema de la escasez en el Virreinato, mediante la fundación de nuevos pueblos y la ocupación de tierras aptas para la agricultura. Esto implicó la expansión más allá de las fronteras agrícolas, lo que conllevó el despojo y ocupación de territorios indígenas. En este contexto, se implementó una política de reducción de poblaciones indígenas consideradas hostiles, como ocurrió con los indios Chimilas, cuya subordinación era vista como esencial para el éxito de las iniciativas colonizadoras en la provincia de Magdalena (De Maturana, 1987). Esta política de reducción no solo significó el desplazamiento de los indígenas de sus tierras originarias, sino también su reubicación forzosa, con el objetivo principal de facilitar un mayor control espiritual y fiscal sobre estas poblaciones (Tovar, 1980). La ocupación de dichas tierras pretendía destinarlas a labores de poblamiento y producción agrícola, con la intención de mitigar la escasez en el virreinato. Para incentivar este proceso, se promovió el reparto de tierras entre los colonos dispuestos a trabajarlas (Granados, 1987).

Las estructuras dependientes del Virreinato de la Nueva Granada, que limitaban la competitividad de las mercancías producidas en el territorio, fueron las principales responsables del fracaso de las empresas de poblamiento impulsadas durante la segunda mitad del siglo XVIII. La decadencia de estas fundaciones se manifestó a medida que no lograron cumplir los objetivos para los que habían sido creadas. Inicialmente, la permanencia de los colonos en los pueblos y villas se garantizaba mediante sueldos o pagos que incentivaban el trabajo en las tierras asignadas, evitando su abandono. Sin embargo, con el tiempo, estas fundaciones se volvieron improductivas e insuficientes, lo que llevó a la eliminación progresiva de dichos incentivos económicos (De Narváez, 1987). Ante la falta de estímulos, los pobladores comenzaron a abandonar los asentamientos, provocando que muchas de estas localidades quedaran finalmente despobladas.

En un segundo momento, las empresas de poblamiento y los asentamientos que lograron sobrevivir en el tiempo también fracasaron, principalmente porque no consiguieron alcanzar su propósito fundamental: transformar las estructuras de dependencia que subordinaban al Imperio español frente a potencias extranjeras como Inglaterra, Francia y Holanda. Este fracaso no solo evidenció las limitaciones de las iniciativas de colonización, sino también el colapso general de las reformas borbónicas. La continua transferencia de valor desde el Virreinato de la Nueva Granada hacia naciones extranjeras perpetuó su posición de dependencia frente al norte global. A esto se sumaron los elevados costos del Estado burocrático español, que resultaban insostenibles. Ante esta crisis financiera, el imperio no tuvo más alternativa que aumentar impuestos y gravámenes en sus colonias para sostener su ineficiente aparato administrativo. Este aumento de cargas fiscales generó descontento entre la población del territorio neogranadino, lo que desencadenó inconformidades y rebeliones. Estas tensiones contribuyeron a la fragmentación del Imperio y, finalmente, a la pérdida total de las colonias españolas.

Conclusiones

En conclusión, el análisis de los mecanismos de transferencia de valor de un territorio periférico a las metrópolis mundiales centrales permiten comprender las lamentables condiciones en las que se encontraba el virreinato de la Nueva Granada en la segunda mitad del siglo XVIII, esto debido a los diversos componentes que determinaban la poca competitividad en la introducción de los territorios americanos al mercado mundial, tales como, la falta de infraestructura para el transporte de mercancías, el escaso acceso a la tierra productiva, las formas de trabajo artesanal y poco desarrolladas, y el contrabando pusieron en jaque al imperio español y a su enorme burocracia.

La aplicación de las reformas borbónicas en el virreinato de la Nueva Granada trajo consigo una serie de proyectos para modernizar la economía y la organización social de los territorios neogranadinos representadas en empresas de poblamientos que buscaban organizar el territorio americano para que fuera productivo en función de la producción. Es decir, organizar el territorio de tal manera que permitiera la creación de riqueza y florecimiento del comercio y así recuperar la hegemonía del imperio español frente a las potencias extranjeras como Inglaterra, Holanda y Francia. No obstante, las lamentables condiciones de dependencia del virreinato no permitieron que tales proyectos fueran exitosos, por el contrario, no terminaron siendo productivos, lo que ocasionó un desplome definitivo del imperio.

Las diversas fuentes consultadas, tales como relaciones de mando y documentos relacionados con las empresas de colonización y poblamiento, permiten historiar las condiciones económicas del virreinato, denotando la lamentable situación del territorio en términos de competencia y productividad, una situación en donde el comercio no florecía por la ausencia de rutas y caminos modernos que mejoraran los tiempos y costos de carga y transporte. A su vez, fenómenos como el contrabando debilitaban la pobre industria virreinal, dado que las mercancías extranjeras al tener menos valor, es decir, menor trabajo incorporado en su producción, poseían un menor precio, por lo que su comercialización era más barata, poniendo en jaque no solo a la industria española, sino también a la débil industria artesanal neogranadino.

Por último, la falta de productividad en la reducción de los valores de producción de las mercancías americanas frente a la competencia comercial de las demás potencias extranjeras, es decir, su ineficacia para producir riqueza, terminaron por determinar el fracaso no solo de los proyectos de modernización económica, sino también la falta de rentabilidad de las empresas de poblamiento que terminarían con la desaparición de pueblos o su sometimiento como poblaciones dependientes de capitales centrales nacionales o extranjeras, fracasando en su intento por revertir la condición de dependencia a la que fue sometida el imperio español durante el siglo XVII.

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Notas

Información adicional

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