1. Introducción

Para el 2020, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2024a), el 3,6% de la población mundial era migrante internacional, lo cual representa alrededor de 281 millones de personas. De estas, el 48,1% eran mujeres y niñas y al menos 13% eran personas menores de edad. Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportó 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo para el 2023, ya sea por persecución, conflicto, violencia, violación de derechos humanos, entre otros, cifra que fue superada apenas en abril del 2024, cuando ya se contabilizaban 120 millones de personas desplazadas (ACNUR, 2024).

Estos datos muestran cómo el desplazamiento humano ha sido parte de la historia de la humanidad. No obstante, en las últimas décadas, los movimientos migratorios han tenido una tendencia al alza, ya que, durante el año 2003, 1 de cada 164 personas a nivel mundial era desplazada por la fuerza, para el 2013 la cifra aumentó a 1 de cada 142 personas, mientras a finales del año 2023 este dato representó a 1 de cada 69 personas en el mundo (ACNUR, 2024). Específicamente Costa Rica, es considerado un país de tránsito, pero también un país de destino migratorio.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (2023), entre el 13,5% y el 15,5% de la población que vive en el país es extranjera, de los cuales un 80,7% es nicaragüense, siendo quienes encabezan los datos de la población migrante registrada. Asimismo, otras poblaciones como las provenientes de Venezuela y Cuba han venido mostrando un aumento sostenido en los últimos años, sumándose a otras nacionalidades como personas colombianas y salvadoreñas, quienes han visto en Costa Rica una opción para establecerse de forma definitiva o como vía de paso.

Además, contrario a las cifras mundiales, según la Encuesta Nacional de Hogares publicada en el 2023, las mujeres encabezan las estadísticas de las personas migrantes con un 55,4%, dato relevante pues refleja la necesidad de abordar el tema de la feminización de la migración, que como explica Echeverri (2014), no solo refiere al número de mujeres que migran, sino a las condiciones en que lo hacen y a las reconfiguraciones en las relaciones de género que se construyen durante y después de la migración, por lo que en este recorrido migratorio, las instituciones representan un rol clave de intervención para acompañar este proceso.

Margheritis y Pedroza (2022), sitúan que América Latina se ha caracterizado por un consenso normativo regional que da mayor fuerza a la protección de los derechos de las personas migrantes mediante la cooperación multilateral. Sin embargo, la participación de las instituciones no ha sido homogénea, lo que se refleja en los diferentes abordajes que estas instancias realizan, algunos más humanitarios y otros más restrictivos. También está presente un involucramiento de las organizaciones internacionales, que destacan, especialmente, durante las crisis humanitarias.

En medio de estos abordajes, las acciones regulatorias derivadas de la pandemia por COVID-19 y las limitaciones de coordinación entre Estados han incidido en su interacción con la persona migrante (Margheritis y Pedroza, 2022). Por su parte, Doering-White et al. (2024), ubican aportes específicos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en contraposición a las instituciones estatales y refieren a esta capacidad de despolitizar que brindan al proceso migratorio, mediante adaptación a contextos políticos cambiantes, la provisión de servicios, mediación entre instancias y población migrante, así como la construcción de redes de solidaridad que dan seguridad ante las amenazas enfrentadas.

Frente a este contexto, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica, implementó en el año 2022, el proyecto “Representaciones sociales, migración nicaragüense, discursos y prácticas de igualdad en Costa Rica”, comprendiendo que el estudio de las migraciones requiere de la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque interseccional al considerar que es esencial ante la influencia de las dinámicas sociales actuales que siguen favoreciendo la expulsión de las poblaciones vulnerabilizadas a través de políticas restrictivas y prácticas deshumanizantes.

Este proyecto responde a los lineamientos establecidos en la Agenda 2030, en particular a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 5 y 10, que rescatan la importancia de reconocer la contribución positiva que tiene la migración para el desarrollo sostenible del planeta, así como el compromiso con la igualdad efectiva, los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como ejes transversales. Asimismo, se sustenta en la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030) del Instituto Nacional de Mujeres (2018), en la cual se retoman compromisos asumidos en el Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI 2017-2032) y en las recomendaciones señaladas por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) para la creación de acciones que eliminen la discriminación hacia todas las mujeres, incluyendo las migrantes.

De esta forma, a continuación se describen los principales hallazgos obtenidos a través de la segunda fase del proyecto, la cual tuvo como objetivo el determinar las representaciones sociales y las prácticas de abordaje para la inclusión de la igualdad de género en las instituciones que trabajan con población migrante en Costa Rica, esperando sea un recurso de reflexión sobre el papel fundamental que desarrollan las instancias consideradas a saber: instituciones estatales, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que acompañan a esta población, y que son un aporte trascendental en la integración al país de destino, fomentando la garantía de los derechos humanos a la realidad migratoria.

2. Marco teórico y conceptual

El análisis de la relevancia que tienen las instituciones en el abordaje de la migración es escaso, y aún más cuando se busca vislumbrar el valor que tiene la perspectiva de género y el enfoque interseccional en el trabajo que estas realizan. Ante esto, el presente artículo recoge algunos referentes conceptuales que se consideran trascendentales en la comprensión del aporte institucional en la migración y como el género marca la experiencia migratoria de quienes se desplazan del país de origen, en este caso Nicaragua, a un país de destino, como lo es en esta ocasión Costa Rica. Siguiendo a autoras como Carretero (2015), Rodríguez (2021), entre otras, el proyecto migratorio comprende las motivaciones para desplazarse del país de origen a otro, en búsqueda de mejores condiciones de vida, en donde no solo se incluyen factores económicos, políticos y sociales, sino también la salida de situaciones adversas que responden de manera particular a la condición de género.

Para el alcance de los objetivos planteados, el rol que desempeñan las instituciones que acompañan la experiencia migratoria se vuelve fundamental. Como bien menciona la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2023a), las dinámicas migratorias actuales requieren de “estrategias de atención y abordaje que aseguren ante todo la dignidad y el respeto a los derechos humanos de quienes se desplazan de un sitio a otro, promoviendo opciones para la migración segura, regular y ordenada” (párr. 8), de ahí que la labor que realizan estas instancias sea clave en la reubicación exitosa de las personas migrantes en el país de destino.

Uno de los factores relevantes en el abordaje migratorio, es el papel que cumple la persona funcionaria como parte de la institucionalidad que aborda el tema, ya que el personal humano forma parte de la construcción del tejido integrador y de apoyo que se procura para la atención oportuna de las personas migrantes. Según Carretero (2015), las personas que trabajan dando atención directa a población migrante no solo deben reunir múltiples competencias desde distintas profesiones como docencia, psicología, derecho, entre otras, sino que requiere de personas que estén anuentes a estar en continuo aprendizaje ante contextos dinámicos y complejos.

De igual forma es importante hacer referencia a que las personas funcionarias son la primera impresión de la institucionalidad, por lo que ser un primer apoyo o sostén para la persona usuaria es de vital importancia para generar un vínculo de confianza y esperanza, que en muchas ocasiones puede ser determinante para la vinculación de esta a la institución y, posteriormente, a la sociedad de acogida. Carretero (2015) señala que resulta fundamental que el personal cuente con un conjunto de habilidades que le permita brindar una atención competente. Entre estas se incluyen el ser consciente de las desigualdades, el acogerse a un proceso de desaprendizaje que promueva el análisis de su propio marco de referencia, el cual, comúnmente, puede estar cargado de desconocimiento, estereotipos y prejuicios, así como el integrarse a espacios de trabajo multidisciplinarios y el realizar prácticas interdisciplinarias que impulsen el análisis, la reflexión y el intercambio profesional dentro de un contexto siempre cambiante.

Asimismo, se comprende como persona usuaria a quienes se apersonan a las diversas instituciones estatales y no estatales para solicitar un servicio (Ley 9158, 2013), que en el caso de quienes migran, en particular, las mujeres y personas menores de edad, configuran un sector de la población específico que integra diversas características al presentar condiciones de mayor vulnerabilidad, las cuales se profundizan de acuerdo al género, edad, discapacidad, embarazo, pobreza, entre otros, por ende, sus consultas ante las instituciones tienden a ser múltiples. Herrera (2012) agrega que el aumento de las mujeres en los procesos migratorios ha permitido visibilizar que este sector representa una multiplicidad de roles e identidades, ya sea como acompañantes de sus parejas, estratega de reunificación familiar, migrantes con un proyecto propio, pioneras en procesos migratorios dentro de su familia o cuidadoras de otras personas que dependen de ellas.

En este sentido, las representaciones sociales tanto de las personas que atienden a esta población como de quienes solicitan los servicios influyen en el alcance de los derechos humanos de la población migrante. Se entiende por representaciones sociales, según García y Martínez (2023) retomando los aportes de Jodelet (1986), Banchs (1986) e Ibáñez (1988), como aquellas construcciones históricas que devienen de un sistema de valores, actitudes y significantes que estimulan expresiones y comportamientos en las personas, en el contexto de sus entornos y sus cotidianidades.

Por lo anterior, toma especial interés el analizar las representaciones sociales a partir del enfoque de género. Esto implica ampliar el panorama, generando la reconstrucción de ideas y la apertura a visibilizar distintas realidades, partiendo de que el enfoque de género invita a conocer y considerar que las personas son transversalizadas por su experiencia, condicionada por su género. Ante esto, no cabe duda, que la categoría de género debe ser tenida en cuenta como una construcción social, establecida a partir de ciertas prácticas, afectos y experiencias dentro de un sistema social determinado, que establece roles distintos para hombres y mujeres, comprendiendo que la persona no es una mera receptora pasiva de esas normas o expectativas sociales, sino activa que interviene en el desarrollo de su propia construcción de género.

En esa misma línea se resalta el interés en la perspectiva de género, ya que esta genera una interpretación profunda, que va retomando algunos aspectos asociados a los factores que constituyen la vivencia de las personas, contemplando sus diversos contextos, en este caso específico, la experiencia migratoria. Como menciona Rodríguez (2021), el incorporar la perspectiva de género al análisis de las migraciones ha sido un acierto ya que ha permitido mostrar cómo la migración se vive de manera distinta para los hombres que para las mujeres. No obstante, “otras dimensiones como la clase social, la raza o la sexualidad se encuentran imbricadas con el género y exigen una vuelta de tuerca más” (Rodríguez, 2021, p. 77), exigiendo un análisis crítico y situado del contexto.

Por lo anterior, se vuelve necesario sumar al abordaje de las migraciones el enfoque interseccional, ya que este acercamiento cuestiona el hablar de mujer o de hombre como categoría homogénea frente a las desigualdades y, por el contrario, expone que las experiencias humanas son diversas y múltiples, pero que en el caso de la migración tienden a estar marcadas por sistemas de poder en donde se entrecruzan el género con la clase social, la raza o la etnia, el lugar de origen, entre otros, traduciéndose en realidades sociales desiguales para cada individuo (Cubillos-Almendra et al, 2023).

En el caso de la perspectiva de género, su aplicación permite observar diversos fenómenos que ocurren con relación al género y sus construcciones, un ejemplo claro, son los roles de género, ya que estos imponen una serie de normas sociales que condicionan las prácticas y actividades de cada persona, desde una perspectiva binaria; hombres y mujeres. Los roles de género varían de una sociedad a otra asignando funciones distintas a mujeres y a hombres, en el caso de las mujeres se vinculan con “el desempeño de tareas en el ámbito doméstico, relacionadas con el cuidado del hogar y con el cuidado de las personas en el entorno familiar” (Carretero, 2015, p. 76), mientras que, en los hombres los roles se asocian con el espacio público como, por ejemplo, el empleo remunerado.

Los roles de género además de generar una división social entre las diversas actividades de la sociedad, también condiciona el acceso a las oportunidades. Rodríguez (2021) afirma que “la economía está marcada por el género: las oportunidades de generar ingresos que poseen las mujeres y los hombres son distintas. Los roles de género y la división sexual del trabajo explican esta diferenciación de oportunidades” (p.57). Por su parte, la mirada interseccional expone que esto trasciende más allá de la construcción identitaria por género, en donde otras categorías, como la clase social, la discapacidad, la maternidad, entre otras, conforman realidades sociales situadas en un contexto determinado, favoreciendo múltiples interacciones mediadas por dichas condiciones.

Por todo esto, el quehacer institucional es de gran interés, comprendiendo la necesidad de incorporar en los servicios ofrecidos una atención interseccional de género que medie en el apoyo a las personas migrantes, ya que esto “permite acercamientos complejos a los fenómenos sociales y posibilita romper con lecturas unidimensionales” (Cubillos-Almendra et al, 2023, p. 146). De manera más específica, y siguiendo a Chaves (2020), “las transformaciones en las dinámicas migratorias exigen mecanismos ágiles y viables por parte de la institucionalidad” (p. 50), en donde los abordajes retomen un enfoque diferenciado de acuerdo con las necesidades de las personas usuarias.

Al acoger la propuesta de incorporar la perspectiva de género interseccional, se hace posible que se integren los temas de interés y las experiencias de mujeres y hombres de forma específica, particularmente dentro de la atención de los procesos migratorios, tanto en el tránsito como en el destino, lo que promueve la equidad de género en dicho contexto y evita que situaciones de desigualdad sean perpetuadas. Bobes (2017) destaca la importancia del trabajo desarrollado por las instituciones en los servicios ofrecidos a la población migrante, debido a que juegan un papel fundamental en la integración de dicha población al país de destino, aportando en la aplicación de los derechos humanos a la realidad migratoria a partir del diseño de políticas, servicios de acompañamiento, asesoría, difusión de información contextualizada, trabajo humanitario, entre otros.

Con base en lo anterior, los conceptos y las teorías antes definidas se relacionan de manera directa con el enfoque de derechos humanos, ya que el mismo integra una serie de principios y valores que reconocen que las personas indiferentemente de su raza, género, edad, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, entre otros, son portadoras de derechos, por lo que su dignidad humana debe de ser respetada. Por su parte, trabajar desde el enfoque de derechos humanos implica reconocer que las personas migrantes deben gozar de los derechos fundamentales sin importar la pertenencia a una determinada nacionalidad (IPPDH, 2016).

3. Metodología

La investigación en la que se basa el presente artículo se llevó a cabo de enero del 2022 a junio del 2024, aplicando el enfoque cualitativo e incorporando la perspectiva de género e interseccional. Dicho estudio contó con cuatro fases, en la primera se presentó el proyecto a diversas instituciones que trabajan con población migrante para consultar su interés en apoyar la investigación, además se trabajó de manera directa con hombres y mujeres migrantes nicaragüenses analizando sus percepciones acerca de las prácticas y el discurso de género en Costa Rica. Posteriormente, se indagó con instituciones clave las acciones e intereses que tenían en incorporar la perspectiva de género en su labor.

A partir de lo obtenido en estos dos momentos, se realiza en la tercera fase diversas actividades públicas con el fin de definir propuestas y retos para abordar la migración desde la perspectiva de género, para finalmente, en una cuarta fase, desarrollar una estrategia formativa en derechos humanos, género y migración dirigido a personas funcionarias que abordan la temática. De forma específica, el presente artículo se concentra en mostrar los resultados de la segunda fase del proyecto de investigación, en la cual se propuso: determinar las representaciones sociales y las prácticas de abordaje para la inclusión de la igualdad de género desarrolladas por las instituciones que trabajan con población migrante en Costa Rica.

Para alcanzar dicho objetivo, se desarrollaron durante el 2023, entrevistas semiestructuradas, todas bajo modalidad virtual, a representantes de instituciones que trabajan en atención directa o indirecta a población migrante y que participaron del proyecto desde la fase previa, contando con los aportes de tres instituciones estatales, cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y dos organismos internacionales, para un total de 10 entrevistas. Previo a su aplicación, se diseñó una guía semiestructurada que establecía las categorías de interés para dar cumplimiento al objetivo establecido. Posteriormente, se hizo la firma del consentimiento informado con el fin de resguardar la participación voluntaria y la confidencialidad de las personas entrevistadas, en donde se constató la autorización para grabar en audio y video la conversación, su posterior transcripción y sistematización. Todas las entrevistas fueron desarrolladas a través de la plataforma Office Teams.

En cuanto a la etapa de análisis, la información fue organizada y seleccionada siguiendo las categorías y variables establecidas al inicio del estudio, así como otras que fueron emergiendo en el proceso de indagación. Posteriormente, se identificaron similitudes y diferencias entre los relatos, los cuales fueron confrontados con la teoría. Es importante agregar que esta investigación contó con el aval y el seguimiento permanente del Comité Ético Científico de la Universidad Nacional según el Protocolo No: CEC-UNA-P005-2022. A partir de esto, se exponen a continuación los principales resultados y su respectiva discusión.

4. Resultados y discusión

Para llegar a los resultados que a continuación se presentan, se realizó una indagación por medio de cinco criterios que se agrupan en tres aspectos principales: caracterización de los servicios de atención, representaciones sociales que subyacen en las experiencias de atención a personas migrantes y necesidades de las instituciones para trabajar la perspectiva de género interseccional y derechos humanos. Se concretó la indagación con tres tipos de institución que atienden personas migrantes: (1) Organismos no gubernamentales de la sociedad civil o fundaciones (ONG), (2) organismos internacionales (OI) y (3) instituciones estatales (IE).

Las instituciones consultadas surgen entre los años 1940 a 2018. En su mayoría tienen sede en San José y otras sedes en zonas donde confluye población migrante en territorio costarricense, principalmente zonas fronterizas. Prevalece una diferencia entre la cantidad de personas que conforma una ONG o OI (de 9 a 45 personas) y la que presenta una IE (250 a 1500 personas). Con respecto a los tipos de servicios que brindan, se menciona que el principal es la asesoría en tramitología y regulación migratoria, pero también, dependiendo del tipo de institución, se facilitan servicios más específicos vinculados a necesidades identificadas como: formación académica y artística, emprendimientos y empleabilidad (p.e. financiamiento), prevención y atención de la violencia (acogida a personas víctimas), incidencia política y comunicación, atención psico-legal.

Para brindar este tipo de servicios, las instituciones han conformado equipos de trabajo de especialidades como trabajo social, sociología, derecho y psicología. Sin embargo, también destaca que en el caso de algunas ONG’s han integrado a sus equipos personas migrantes sin una profesión específica, quienes, a través de su experiencia vivida, presentan una empatía particular para atender a personas en proceso de movilización. Carretero (2015) enfatiza en que es importante que las personas funcionarias que atienden a población migrante cuenten además con “la formación, experiencia y recursos para la acción específica en temas de género, violencia de género, conocimiento de los movimientos migratorios y gestión de la diversidad cultural” (p. 52), para lograr un servicio competente y de calidad.

Llama la atención que los grupos de trabajo encargados de los procesos de atención están conformados mayormente por mujeres. El principal medio para brindar sus servicios es mediante los puntos de atención físicos, pero a esto se suma el uso tecnológico y, por lo tanto, el manejo de WhatsApp es frecuente para ofrecer orientación inicial a la persona usuaria. Las personas entrevistadas que trabajan en ONG’s refieren que el trabajo y la atención dirigidos a las personas migrantes es integral y se realiza desde el enfoque de género y los derechos humanos. Las motivaciones que orientan su trabajo responden a la necesidad de situar a las personas migrantes como el centro de las acciones y estrategias que aseguren su integridad y dignidad humana, así como facilitar su adecuada incorporación al país. Tanto las IE como las OI coinciden al plantear que su motivación está vinculada al empoderamiento de las poblaciones migrantes, y que ello es clave para su bienestar y mejorar sus condiciones de vida.

Lo anterior, coincide con lo que proponen Carretero (2015) y Cubillos-Almendra et al. (2023), quienes indican que cuando las instituciones incorporan la perspectiva de género interseccional en la atención de la población migrante, las personas funcionarias a cargo de los servicios ofrecidos logran identificar las desigualdades que se dan a partir del cruce de condiciones con base a la raza, etnia, género, discapacidad, sexo, origen, entre otros, de las personas usuarias, y por tanto, se consiguen desarrollar acompañamientos acordes con las necesidades de un contexto que tiende a cambiar de manera constante.

4.1 Caracterización de la población migrante desde la perspectiva de las personas que brindan servicios de atención

Mediante las entrevistas se exploró el perfil de la persona migrante que asiste a los servicios de atención, así como las representaciones sociales acerca de la población migrante identificadas por quienes brindan los servicios. Rodríguez (2020) define a quien migra como:

… una persona que se desplaza de un país a otro —o de una región a otra, lo suficientemente distinta—, por cualquier medio, de forma “regular” o “irregular”, debido a un variado sistema de razones, por tiempo indefinido, por tiempo prolongado o de manera temporal (p.56).

Con base en este concepto, el tipo de población atendida varía según la institución. En el caso de las ONGs, un primer aspecto que les caracteriza es que reciben mayormente a mujeres migrantes, mientras que los organismos internacionales señalan recibir tanto mujeres como hombres, en proporción similar. El rango de edad en el que se encuentran es de los 18 a 45 años con algunas excepciones de personas adultas mayores y menores de edad que también solicitan apoyo. Esto no impide que el servicio brindado, como es el caso de las instituciones estatales, esté consignado para las personas en cualquier rango de edad. La escolaridad a nivel general se reporta con baja escolaridad, principalmente primaria incompleta, con excepción de los últimos años donde reciben población con conocimiento técnico o títulos universitarios.

El estatus migratorio de las personas atendidas es diverso, con un peso mayor en casos catalogados por el personal entrevistado como “irregulares que buscan regularizarse” o “solicitantes de refugio”. También se presentan otras condiciones como “residentes o que buscan residencia”, personas en trámite de naturalización o apatridia. Una institución indicó que solo puede atender personas con estatus migratorio regular. En respuesta a esta diversidad que caracteriza la población migrante nicaragüense es que se propone la incorporación de la perspectiva de género interseccional, siendo fundamental para determinar “su acceso a derechos y oportunidades, así como en las situaciones de privilegio o de exclusión que de ellas se deriva” (Magliano, 2015, p. 700), con el fin de realizar acciones situadas a la realidad de las personas usuarias.

Según datos de la OIM (2024b), en la Encuesta de caracterización de personas migrantes nicaragüenses, para el año 2022, la mayor parte de esta población se encontraba en condición regular (41%), seguido del estatus irregular (18%), solicitante de estatus regular (13%), refugiado reconocido (12%) y solicitante de refugio (10%). Dentro de las razones que motivaron la migración sobresale la búsqueda de mejores condiciones de vida (54%), la reunificación familiar (44%), trabajar en Costa Rica por una temporada (41%) y 11% lo hizo por desplazamiento forzado. Casi la mitad (45%) viajó de manera individual.

Partiendo de estos datos, una institución señaló la dependencia de la regularización migratoria para acceder a otros derechos y necesidades básicas:

Si vos me preguntás es una, ¿cuál es la principal problemática que la gente tiene aquí? Es los papeles, porque si vos no tienes papeles no hay manera que puedas tener un empleo con seguro, con derecho, no vas a tener acceso a las políticas sociales del gobierno (...) ninguna gestión en un banco (...) entonces llega un momento en que no existís (ONG-1, comunicación personal, 21 de marzo de 2023).

Lo señalado, refleja el vínculo entre la regulación migratoria con la posibilidad de una persona migrante a ser considerada ciudadana de derecho. Rodríguez (2020) enfatiza en que, si bien, el estatus migratorio lo define el estado receptor, “la vida de los «sin papeles» es mucho más de lo normativo, es el estigma diario y profundo en su vivencia, sumado a que los derechos se ven limitados” (p.6). Esto se vincula con la detección de situaciones especiales que presentan las personas migrantes que solicitan atención en las instituciones indagadas, quienes indican que prevalecen experiencias de violencia, situaciones de orden político y vulnerabilidad económica, temas asociados a su salud y, particularmente, su salud sexual y reproductiva. Un par de casos hacen referencia a manifestaciones específicas de violencia como la trata y tráfico de personas o la violencia intrafamiliar. Tres casos hacen referencia a la atención de personas en condición de discapacidad como situaciones de atención detectadas.

En el caso de las personas dependientes de personas migrantes que acuden a las instituciones, se presentan diferencias en la caracterización obtenida, siendo las ONGs o los OI quienes detallan con mayor claridad esta descripción. Las ONGs reportan que esto varía, ya que en el caso de las mujeres se presentan como madres solteras que conviven con hijos e hijas, padres, madres, personas adultas mayores, hermanas o hermanos, nietas o nietos, en hogares donde ellas son cabeza de familia. Ante esta situación, la OIM (2023b) expone que el migrar no anula las necesidades de cuido, sino que estas se modifican de manera constante, “es decir cambia los modos de cuidado, los recursos con los que se cuenta y a los que se accede, el cómo se gestiona y cómo se entiende la familia, la maternidad o la paternidad” (p. 9). En el caso de los hombres, no hacen una referencia explícita a familiares, sino a personas conocidas con las que conviven, tampoco se presentan en los espacios de atención con personas dependientes.

De esta forma el género influye en las estrategias de adaptación al país de destino, ya que las mujeres migrantes deben responder a las necesidades inmediatas de su grupo cercano más allá de las personales. Por todo esto, la PIEG 2018-2030 expone que desde las interseccionalidades que presentan las mujeres migrantes, estas pueden verse envueltas en un círculo vicioso debido a que “ingresan al mercado laboral manteniendo sus responsabilidades para la sostenibilidad de la vida de las personas integrantes del hogar, pero a la vez, viéndose de nuevo en la necesidad de salirse del mercado laboral para proporcionar los cuidados” (p. 74), lo que les impide acceder y permanecer en un trabajo digno y a partir de esto, se violentan una multiplicidad de derechos.

No sorprende que las personas que se acercan a los servicios institucionales sean mayoritariamente mujeres y que recurrentemente cuenten con personas a su cargo o que sus consultas respondan a necesidades de terceras personas, esto como parte de los roles de género asignados socialmente en donde se asume que las mujeres son las responsables de los afectos, el cuido y el trabajo doméstico, lo cual en las mujeres migrantes se interpone con la posibilidad de tener ingresos económicos, que a su vez repercute en las posibilidades de alcanzar la regularización y todos los derechos que a esto se asocia.

4.2 Representaciones sociales sobre la población migrante en Costa Rica

Las personas entrevistadas han ofrecido una serie de constructos que dan un acercamiento a las representaciones sociales sobre la población nicaragüense migrante que históricamente ha transitado por Costa Rica. Se identifican en este sentido, prácticas y discursos que se elaboran, significan y resignifican en relación con la igualdad de género. Siguiendo a Suárez-Vaca y Robles-Rodríguez (2021), las representaciones sociales comprenden un sistema cognitivo que permite que los individuos comprendan el contexto social en el que se desarrollan a partir de “un sistema de creencias, costumbres y conocimientos propios de cada cultura, los cuales posibilitan comprender la realidad y actuar en consecuencia y relación a ella” (pp.4-5). Como queda plasmado en la Tabla 1, se consultó a las instituciones sobre la percepción acerca de mujeres y hombres migrantes.

Tabla 1.

Percepciones de las instituciones sobre mujeres y hombres migrantes nicaragüenses, Costa Rica, 2022-2024

Fuente: Elaboración propia, 2025.

García y Martínez (2023) resaltan en que las representaciones sociales de las personas dan sentido a lo que observan y determinan las formas de comportamiento ante aquello que se interpreta. En el caso de las instituciones participantes, dichas representaciones son contraposiciones donde se cataloga a la persona migrante tanto desde sus potencialidades como desde los prejuicios que se tienen sobre estas. Destaca en esta caracterización, que la mayoría de las instituciones tuvo mayor facilidad de establecer una descripción de cómo perciben a las mujeres migrantes a las que se les coloca en un papel protagónico del proceso antes, durante y después de movilizarse. Particularmente, las IE hacen observaciones relacionadas a construcción social de género que rodea la vivencia de la mujer migrante:

...este flujo femenino ha sido más notorio, pero ya como cabeza de su propia familia. O sea, viene migrando con sus hijos e hijas, eh, y con las personas a cargo (...) sí hay una tendencia a que, hay más mujeres, o sea, son más visibles (...), que no vienen solas (...) Más bien, vienen, si vienen varones, son estos adolescentes, o son estas personas que de alguna forma son dependientes de esa, digamos, cabeza de familia, que es digamos la mujer, ¿verdad? Hay abuelas que traen a cuestas sus nietos (IE-3, comunicación personal, 07 de marzo de 2023).

De esta forma, las instituciones destacaron el tema del cuido como el elemento de impulso para una mayor participación de las mujeres migrantes, que asocian con la sostenibilidad familiar, la necesidad de mejorar sus aprendizajes y la necesidad de protección en la vivencia migratoria. En el caso de los hombres llama la atención la poca participación que tienen en estos espacios institucionales, muchas veces mediado por la dificultad de pedir ayuda y se plantea la necesidad de profundizar en su vinculación mediante el abordaje de las masculinidades positivas para determinar de mejor manera estas variantes condicionadas por el género.

Otro aspecto para destacar es que las ONGs profundizaron en aspectos relacionados con las emociones que experimenta la persona migrante, lo que puede estar asociado con un mayor grado de vinculación entre las ONGs y la persona migrante que les permite a su vez conocer en mayor profundidad las necesidades de su población, coincidiendo con lo señalado por Doering-White et al. (2024). En contraposición, las IES caracterizan a las personas usuarias posicionándose en el reconocimiento de las problemáticas sociales que logran observar, describiendo una relación un poco más distante.

4.3 Mandatos de género

Las instituciones identifican discursos que refieren a mandatos de género y que prevalecen en su proceso migratorio. Como menciona Cortés (2022), en la migración:

… el género es una relación social que informa la movilidad de las mujeres y la dificulta de manera especial por la falta de recursos económicos, las responsabilidades de cuidado asignadas, y/o las restricciones al movimiento implícitos en el orden de género, así como la permanente amenaza y temor a la violencia durante la migración (p.4).

En consonancia con lo anterior, un primer mandato claramente identificado está relacionado con los roles y las funciones de mujeres y hombres en el que las primeras priorizan las labores reproductivas y de cuido. Este mandato limita el ejercicio de las mujeres a optar por un trabajo remunerado, o aspirar a otras actividades que no sean relacionadas con el cuido de otras personas. Esto también impacta en la obtención de trabajos asociados a labores domésticas y de cuidado. Un aspecto que prevalece es la asociación de estas tareas con una carga de culpabilidad que no percibe de la misma manera un hombre:

La carga de culpabilidad está en la mujer, ¿verdad? Yo abandoné a mis hijos, yo fui quien, quien los dejé, y el hombre sí que se desentiende mucho más o se desliga mucho más fácil (ONG-2, comunicación personal, 17 de marzo de 2023).

Las brechas son bien profundas, absolutamente profundas, nosotras ahorita estamos en el rol de mujer y sostener el hogar…El hombre no vive ese acoso sexual, entonces aquí estamos en el modelo que te enfoca en una labor que une maternidad con cuido, y te separas de todas las otras esferas (ONG-3, comunicación personal, 08 de marzo de 2023).

También se identificó una mayor vulneración cuando se habla de la autonomía del cuerpo de las mujeres quienes son percibidas como objeto de abuso, principalmente en su sexualidad, donde ellas no pueden decidir y no logran ser dueñas de sus cuerpos. Por su parte, los mandatos de género asociados a hombres se relacionan más con el deber de productividad económica, lo que le coloca mayormente en el espacio público y le brinda mayores, aunque limitadas libertades en su desarrollo. Esto se corresponde con estudios como el realizado por Mora et al. (2020) quienes exponen que las configuraciones desde sociedades patriarcales como la costarricense, establecen mandatos de género específicos para hombres y mujeres que sostienen la división sexual del trabajo, legitimando una forma específica de ser hombres y teniendo repercusiones en cómo se viven estas presiones en el caso particular de los migrantes.

El poder identificar cómo influyen estos mandatos en el alcance de derechos como la salud, el trabajo, la familia, entre otros, refleja la importancia de que las instituciones puedan incluir la perspectiva de género interseccional en su trabajo, ya que esta permite “complejizar la concepción de género al concebirla una dimensión entre otras dentro del complejo tejido de las relaciones sociales y políticas” (Magliano, 2015, p. 694), en donde no todas las personas usuarias llegan a la institución con las mismas necesidades ni con los mismos recursos para resolver sus demandas, a pesar de compartir entre ellas el ser parte de un colectivo, en este caso ser personas migrantes.

En el marco de esta consulta, se indagó sobre la percepción entre personas costarricenses y migrantes, así como aspectos diferenciadores en cada cultura desde la mirada de género. Las instituciones coinciden en el caso de las mujeres, que las diferencias identificadas están relacionadas a la pertenencia con el país, si hay un tema cultural, pero está fuertemente relacionado con la condición migratoria irregular de muchas mujeres nicaragüenses y el reconocerse con derechos donde el acceso al derecho a la salud y la educación son los más vulnerados. Fuera de esto, no se reconocen diferencias en los mandatos de género a los que están sometidas tanto costarricenses como nicaragüenses, ya que ambas asumen los cuidados y otros roles de género con la misma disposición, pero, en el caso de la mujer costarricense si cuenta con información, conoce sus derechos y se dispone a defenderlos.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015) ha hecho un llamado reiterativo acerca de la importancia de generar acciones que favorezcan el acceso a la información como “un derecho instrumental para el respeto y garantía del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminaciones” (p.16), ya que la falta de información clara y oportuna sobre cómo acceder a los distintos derechos coloca a las mujeres más vulnerables a condiciones de desigualdad y mayor riesgo, entre estas se encuentran las mujeres migrantes, pobres, con discapacidad, adultas mayores o, incluso, la confluencia de estas condiciones en una misma persona.

En esta misma línea, las IE apuntan a que no se logra identificar una clara percepción diferenciadora entre los hombres costarricenses y nicaragüenses. Su apreciación más precisa refiere a la caracterización del tipo de trabajo donde la labor del nicaragüense es catalogada como de menor valía, reflejado en salarios precarios y en trabajos asociados a la fuerza física. Por esto, toma mayor importancia el incorporar en los servicios institucionales no solo la perspectiva de género, sino también la interseccionalidad, principalmente en aquellas instituciones que atienden tanto población costarricense como migrante, brindando sus servicios de manera homogénea o priorizando solamente el género. Como mencionan Cubillos-Almendra et al. (2023), este enfoque permite una mirada más amplia al reconocer que las categorías se entrecruzan, por lo que no puede hablarse de una perspectiva jerárquica en donde debe priorizarse una categoría sobre otra, sino más bien responder al contexto.

A nivel general, se identifica que prevalecen percepciones que se contraponen cuando se hace referencia a la persona migrante, ya que se le asocia a valores tanto positivos (gente trabajadora, honesta, que genera aportes), como negativos (discriminación que se manifiesta en los prejuicios y estereotipos), lo que se complejiza cuando se mira de manera interseccional al reconocer que de manera simultánea se les discrimina por su condición económica, de género, origen, además de su condición migratoria, entre otras, determinando vivencias desiguales dentro de un entramado de interacciones sociales que responden a un contexto social.

4.4 Necesidades de las instituciones para la atención de personas migrantes

Las instituciones procuran articular su quehacer desde la capacitación, la orientación y el apoyo para fomentar el empoderamiento de estas personas, por lo que ven pertinente e indispensable realizar su labor desde un enfoque de género. Sin embargo, el abordaje que utilizan no siempre es claro. En algunas instituciones se asocia su alcance al trabajo con mujeres y en otras se trasciende para articularlo con los procesos de socialización, el enfoque interseccional y de derechos humanos. Particularmente, las OI si logran en su narrativa una expresión más clara de cómo el enfoque de género se puede analizar desde una perspectiva interseccional.

Contar con claridad respecto a cómo incorporar la perspectiva de género interseccional en la labor diaria de estas instancias resulta fundamental para comprender e identificar de qué manera las expectativas con respecto al género u otras categorías pueden influir en la percepción y provisión de los apoyos disponibles. Por eso, como lo enfatiza Carretero (2015), las personas que atienden a la población migrante deben tener presentes sus propias creencias y actitudes, así como ser conscientes de las desigualdades culturales, sociales, de género, entre otras, que presentan las personas usuarias.

En este contexto, todas las instituciones coinciden en que el enfoque de género ofrece un acercamiento necesario para atender de manera adecuada las demandas de las personas usuarias en situaciones particularmente en lo relativo a la prevención y atención de las diferentes violencias de género, la identificación de relaciones impropias, la promoción y creación de relaciones más equitativas y el respeto a la igualdad. Asimismo, se reconoce su aporte en la mejora las condiciones de vida y en la comprensión de que el bienestar de las mujeres repercute positivamente en sus familias y, por tanto, en la sociedad.

El género decide quién migra, cómo se migra, en qué condiciones, cuáles son las implicaciones al migrar, conlleva riesgo o no en el origen, en el tránsito, en el destino (...). Entonces como básicamente impacta tanto nuestra población meta, las personas con las que trabajamos, nuestra intervención, necesitamos sí o sí, este, incorporarla (OI-1, comunicación personal, 19 de abril de 2023).

Este enfoque es integrado en diferentes herramientas y procesos, por ejemplo, en políticas institucionales, en los indicadores de medición, en la planificación, en el trabajo articulado con otras instancias nacionales e internacionales, en el acceso y oferta de capacitaciones, en la investigación y en el trabajo con grupos específicos como personas jóvenes. Sobre las necesidades institucionales, se identificaron tres aspectos clave: (1) la formación, sensibilización y capacitación sobre la perspectiva de género aplicada a su quehacer, (2) el acceso a más estudios, datos, estadísticas e indicadores de género y (3) el obtener acompañamiento para la planificación estratégica que permita la transversalidad de la perspectiva de género.

Para ello, se considera como una fortaleza la posibilidad de trabajar directamente con la población migrante, lo que permite acceder a información de primera mano, la posibilidad de establecer alianzas institucionales y aprovechar la experiencia acumulada con este grupo poblacional. Sin embargo, enfrentan limitaciones como la falta de recursos económicos, tecnológicos, de espacio físico, la falta de sensibilización o capacitación administrativa, limitaciones legales y el aumento en la demanda de servicios que puede afectar sus capacidades para dar respuesta a las necesidades que tiene la población migrante, así como las posibilidades que disponen para conciliar su vida familiar y laboral.

5. Conclusiones

Las instituciones estatales, no gubernamentales y los organismos internacionales que abordan el trabajo con población migrante representan un factor trascendental en la integración exitosa y humanitaria de este colectivo al país de acogida. Aunado a lo anterior, la incorporación de la perspectiva de género interseccional permite que la atención brindada a las personas migrantes por parte de estas instancias se realice desde un enfoque contextualizado a sus realidades. Este considera condiciones de desigualdad que trascienden el ser migrante, entre las que se incluye su condición de género que se entrecruza con otras categorías como la edad, la discapacidad, los cuidados, la condición económica, el estatus migratorio, el lugar de origen, entre otros.

Es importante destacar que el género juega un papel fundamental dentro de las diversas dinámicas migratorias, por lo que se reafirma la necesidad de observar con una mirada interseccional las múltiples realidades donde las mujeres migrantes han tenido que situarse para poder seguir subsanando su rol de madres y cuidadoras, lo cual deja en evidencia que la experiencia migratoria es diferenciada a razón de género. Ante esto, es necesario reconfigurar los servicios institucionales a partir del entendimiento de las desigualdades estructurales. De igual forma, es necesario resaltar que la interseccionalidad no puede limitarse al reconocimiento de múltiples identidades, sino que debe evidenciarse desde la aplicación de metodologías concretas de atención y análisis apegadas a un contexto social, comprendiendo que una persona usuaria puede experimentar múltiples opresiones que se entrelazan de forma específica y requieren respuestas institucionales diferenciadas y efectivas.

Por otra parte, tal como lo plantea la teoría y lo reafirman las instituciones participantes, el rol de la persona funcionaria que brinda atención directa a esta población constituye un puente fundamental para responder a las demandas de las personas usuarias. Más allá de su formación académica, aspectos como la revisión constante de los propios estereotipos y prejuicios hacia poblaciones vulnerables, la identificación de sesgos de género, la empatía en el trato, el trabajo interdisciplinario y el conocimiento del contexto sociocultural resultan determinantes en la calidad de la atención. Estos elementos marcan la diferencia para las personas migrantes, quienes enfrentan múltiples dudas e inseguridades al estar en un país distinto al de origen.

Asimismo, el ofrecer información segura, clara y de fácil acceso es el primer paso para que las personas migrantes puedan agenciar sus derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo digno y el vivir libre de violencia. Por lo tanto, la actualización constante del personal, respaldada institucionalmente, constituye una tarea necesaria y permanente. Esta práctica puede traducirse en un trabajo estructural con mayor alcance, al interpelar las lógicas de poder, promover una cultura de derechos humanos y propiciar una atención situada y humanitaria frente a la experiencia migratoria.

Finalmente, el Estado tiene un papel crucial en el abordaje de las migraciones, no solo por ser el ente encargado de regular, planificar y proteger los derechos de todas las personas que habitan el país, entre las que se encuentran las personas migrantes, sino también al ser un transmisor del imaginario social que se tiene acerca de este grupo, por lo que si su papel se proyecta hacia la acogida y la gestión justa y sostenible de la migración, la ciudadanía tendrá actitudes más conciliadoras y receptivas. Contrariamente, si desde el Estado se sostiene un discurso de rechazo y exclusión de la población migrante, conductas xenofóbicas y excluyentes tendrán mayor validación entre la ciudadanía, debilitando a su vez las instituciones que abordan la temática. En conclusión, el trabajo institucional es decisivo para facilitar la integración social de las personas migrantes, en donde la perspectiva de género interseccional es una herramienta indispensable para eliminar las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad.

6. Referencias

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (2024). Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2024. ACNUR. https://bit.ly/4ir7MiG

Bobes, V. (2017). ONG de migración como actores de un campo de acción solidaria. Migración y Desarrollo, 15 (28), 125-146. https://www.scielo.org.mx/pdf/myd/v15n28/1870-7599-myd-15-28-125.pdf

Carretero, A. (2015). Migraciones y género. La feminización de la migración transnacional. Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones.

Chaves, M. J. (2020). Incertidumbre ante los nuevos escenarios migratorios. Transformaciones recientes en la migración en tránsito en Costa Rica. Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, 20(1), 33-54. https://doi.org/10.4067/S0719-09482020000100033

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015). Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf

Cortés, A. (2022). Cruzando fronteras políticas de género: un análisis feminista de la migración. Frontera Norte, 34, 1-11. https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2318

Cubillos-Almendra, J., González-Pavicich, C. y Contreras-Hernández, P. (2023). Interseccionalidad. Un dispositivo teórico-metodológico para el estudio de las migraciones. Revista Austral de Ciencias Sociales, 44, 129-155. 10.4206/rev.austral.cienc.soc.2023.n44-07

Dirección General de Migración y Extranjería (2023). El Plan Nacional de Integración para Costa Rica 2023-2027. https://bit.ly/4gmdfps

Doering-White, J., Crane, A. y Roth, B. (2024). (Dis)embedding humanitarianism: Trajectories of subordination and subversion within migrant-serving NGOs. Geoforum, 152, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104018

Echeverri, M. (2014). A los dos lados del Atlántico. Reconfiguraciones de los proyectos migratorios y la vida familiar transnacional de la población colombiana en España. Papeles del CEIC, 2014/2 (109). Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva. http://dx.doi.org/10.1387/pceic.12988

García, Z. y Martínez, P. (2023). Representaciones sociales sobre las personas migrantes centroamericanas en México. Un estudio de comunidad. Itinerarios de Trabajo Social, (3), 95-103. https://revistes.ub.edu/index.php/itinerariosts/article/view/40315/39041

Herrera, G. (2012). Género y migración internacional en la experiencia latinoamericana. Política y Sociedad, 49 (1), 35-46.

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (2016). Migración, Derechos Humanos y política migratoria. IPPDH. https://bit.ly/41shI5P

Instituto Nacional de las Mujeres (2018). Política Nacional para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030). https://bit.ly/3CZvzWO

Ley 9158 de 2013. Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios. 10 de setiembre del 2013. Gaceta 173. https://bit.ly/3OK9VbD

Magliano, M. J. (2015). Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y desafíos. Revista Estudos Feministas, 23 (03), 691-712. http://dx.doi.org/10.1590/0104-026X2015v23n3p691

Margheritis, A. y Pedroza, L. (2022). ¿Existe un enfoque “Latinoamericano” para la gobernanza migratoria? Análisis Carolina, (16), 1-15. https://doi.org/10.33960/ac_16es.2022

Mora, C., Vargas C., Hernández, J., Rodríguez, J. y Hernández, K. (2020). Reflexiones desde las representaciones masculinas en hombres nicaragüenses que laboran en seguridad privada informal del Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 34 (2), 1-18. https://doi.org/10.15359/rldh.34-2.5

Organización Internacional para las Migraciones (2023a). Contexto Migratorio en Costa Rica y últimas tendencias. Reporte de situación: febrero, 2023. https://bit.ly/4g1A8Pb

Organización Internacional para las Migraciones (2023b). Género, migración y tareas del cuidado: desafíos en América del Sur. OIM. http://bit.ly/3XW7W9o

Organización Internacional para las Migraciones (2024a). Informe sobre las migraciones en el mundo 2024. https://worldmigrationreport.iom.int/msite/wmr-2024-interactive/?lang=ES

Organización Internacional para las Migraciones (2024b). Tablero Interactivo de datos sobre personas migrantes de nacionalidad nicaragüense en Costa Rica. https://bit.ly/3Zs8iUW

Rodríguez, E. (2021). Mujeres Indígenas Migrantes. Encrucijadas de género y etnicidad en la migración indígena contemporánea en Panamá. Ediciones Abya-Yala.

Rodríguez, J. D. (2020). El “otro” inmigrante y el discurso populista: Apuntes sobre globalizadas políticas conflictivas y Derechos Humanos. Universidad Nacional. https://bit.ly/41mqCBt

Suárez-Vaca, M. y Robles-Rodríguez, E. (2021). Panorama de las Representaciones Sociales. Educación y Ciencia, (25), e12578. doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2021.25.e12578

Notas

Additional information

redalyc-journal-id: 153