Introducción

Las reflexiones que componen este texto son producto de experiencias etnográficas desarrolladas en distintos momentos y escenarios desde 2007 al 2018. Un trabajo con policías (Rossal, Moreira y Nardone, 2010); una etnografía en un barrio de Montevideo (Fraiman y Rossal, 2009) y tres investigaciones con usuarios de drogas (Albano et al., 2014; Castelli et al., 2019; Rossal y Sauréz, 2019). En esos años, Uruguay acabó constituyéndose en un laboratorio vivo de políticas de drogas ^[2]

La regulación del cannabis y el rechazo manifiesto del concepto de guerra contra las drogas ha llevado al país a un cierto enfrentamiento con algunas agencias internacionales de control de drogas^[3]. Más allá de la regulación del cannabis, que ha protegido efectivamente de la violencia estatal^[4] a usuarios de la sustancia, en los últimos años ha aumentado la presión policial en algunos barrios de la ciudad de Montevideo y su periferia especialmente en relación al comercio de pasta base de cocaína. El nuevo gobierno instalado en marzo del 2020 pretende aumentar aún más la presión punitiva contra el mercado del menudeo de drogas^[5].

La guerra contra las drogas no es un asunto retórico, es una cuestión de práctica de la violencia estatal y sus resultados son lo bastante elocuentes en distintos lugares del mundo como para no llamar la atención. Si pensamos en la violencia estatal como violencia vertical, enfocar en las guerras contra las drogas nos encamina a observar distintas formas de violencia interpersonal, como la que ocurre entre grupos de particulares que compiten en un mercado ilegalizado. Aumentar la violencia estatal contra el comercio de drogas ilegalizadas, entonces, suele aumentar -aunque esto no se verifique en forma lineal- la violencia entre las personas, tal como lo muestra el paradigmático caso mexicano (Hope, 2013).

El aumento de los homicidios en Uruguay es motivo de preocupación, especialmente desde 2012 a la fecha. Algunas voces, más allá de que las fechas no sean consistentes -la Ley de regulación del cannabis es de finales de 2013 y empezó a aplicarse casi un año después-, han enfocado en la regulación del cannabis la responsabilidad por este aumento de la violencia^[6]. En mi interpretación el problema está en otro lugar: en las formas cruentas de la solidaridad (“economía moral de la violencia”), en las concepciones de género dominantes (la masculinidad hegemónica expresada radicalmente en el “habitus furibundo”) y en las intervenciones policiales sobre estas poblaciones.

En Uruguay se configuró una política de drogas progresista en relación al cannabis, pionera y de referencia en el mundo, a la vez que se incrementó la represión policial a las bocas de venta de drogas (especialmente pasta base de cocaína) y se promulgó una legislación de aumento de las penas para el tráfico de dicha sustancia (Negro, 2013). Sin embargo, durante los últimos siete años los homicidios han aumentado en Uruguay, desde un año antes de la aprobación de la Ley de Regulación y Control del Cannabis N° 19.172.

La policía en Uruguay, como la de muchas otras partes, tenía conocimiento y manejo del juego clandestino, el proxenetismo, el contrabando y otros delitos considerados no violentos -claro está que la trata de mujeres y el proxenetismo es un delito muy violento, aunque haya sido considerado legítimo en otros tiempos- en base a vínculos más o menos corruptos. El narcotráfico se asentó sobre esos otros delitos, y en relación especialmente con el contrabando para el transporte de las sustancias y sobre otras redes para abastecer el comercio local de drogas. En los barrios irregulares, llamados cantegriles en Uruguay, antes de los años noventa, la economía ilícita tenía que ver con la receptación y venta de objetos robados, con las cantinas con juego clandestino y riñas de gallos y con un tímido comercio de drogas. Hacia finales de los años noventa se configuró un mercado de drogas vinculado a la cocaína y la marihuana con consumidores generalmente afuera de estos barrios. Este negocio cambió hacia el año 2002 con la llegada de la pasta base de cocaína al país, la aparición de una droga altamente adictiva consumida por los más pobres en el contexto de una crisis socioeconómica generalizada en el país, abonó la aparición de formas de marginalidad avanzada (Wacquant, 2009) con el consiguiente aumento de la violencia en los propios asentamientos irregulares y “rompimiento de códigos de convivencia”, con un rápido correlato en las cárceles (Albano et al., 2014). El lucrativo negocio tuvo clientes pobres y la violencia sistémica, asociada a las transacciones, hizo crecer los homicidios y los delitos de lesiones en los barrios más pobres^[7]. Este crecimiento de la violencia en los sectores sociales más pobres del país facilitó el desarrollo de estigmas en relación a los usuarios de drogas. De todas formas, no fue hasta el año 2012 que hubo un aumento expresivo de los homicidios pasándose de 5,8 homicidios cada 100000 habitantes en 2011, a 7,8 cada 100000 en 2012, el más alto de las series estadísticas tomadas desde 1989. El aumento de los homicidios en ese momento se explicó por efecto de los “ajustes de cuentas”, conflictos entre personas vinculadas al tráfico de drogas^[8]. Es posible suponer que el aumento de la presión punitiva sobre el mercado de la cocaína así como la investigación y represión hacia las formas corruptas del trabajo policial pueden haber resultado en un aumento de la violencia sistémica al mercado de drogas, así como llevado a la fragmentación de los ya pequeños grupos delictivos, contribuyendo a un aumento de los conflictos, tal como es atestiguado en la evidencia internacional (Salama, 2013), pero no hay aún investigaciones cuantitativas que permitan esclarecer este punto en Uruguay.

De todas formas, tenemos en la etnografía algunas constataciones del impacto de la violencia sistémica (Goldstein, 1985) al mercado de drogas, del desarrollo de una economía moral de la violencia muy cargada de afectividad y concepciones de género tradicionales, la del hombre proveedor que no rehúye a la violencia si la estima necesaria, un varón poseedor de un “habitus furibundo” (Bourgois et al., 2013), dispuesto a poner su vida en riesgo, así como mujeres cuidadoras que acaban siendo criminalizadas, ya que al desarrollarse en buena medida el tráfico de drogas en tanto negocio familiar involucra crecientemente a las mujeres de las familias (Castelli et al., 2019).

Estas vidas en riesgo, bajo el aumento de la violencia (verificada en el número de personas encarceladas y de homicidios por casos vinculados al narcotráfico) y los intercambios agonísticos (de drogas, de favores sexuales y de mercancías robadas como son armas, vehículos y celulares) no están exentos de afectividad: el joven que fue preso por hacer unas rapiñas junto a amigos necesitados de dinero; el ex padrastro que lleva a su antiguo hijastro a vivir con él, triste por la muerte de su hijo, en medio de “platos llenos de merca” y prostitución; el hombre que se abandona a la calle para quedar “libre” del mercado de las drogas que les da poder adquisitivo a sus hermanos, pero que también le quitó la vida a algunos de ellos (Albano et al., 2014).

El camino uruguayo a la guerra de drogas

En el año 2009 fui convocado a Inteligencia de la Policía Nacional a instancias de las autoridades del Ministerio del Interior de Uruguay. En ese entonces formaba parte de la División de Desarrollo Institucional, personal civil técnico de ese ministerio^[9]. La preocupación de los policías de Inteligencia eran las pandillas: un informe de la policía nacional de España hablaba de la llegada de un “marero” a Uruguay y desde Inteligencia advertían la emergencia de prácticas propias a pandillas en ciertas bandas de adolescentes, como el caso de una que asaltaba locales de pago de servicios.

Entre fascinados y preocupados, estos policías de Inteligencia observaban ciertas prácticas de identidad que mostrarían que algunos jóvenes podrían desarrollar prácticas semejantes a las maras de El Salvador o las bandas latinas que aterraban a medios policiales y periodísticos de España cargados de xenofobia (Feixa y Canelles, 2007). La idea de estos policías era que ciertas cosas “van a venir a Uruguay: todavía estamos lejos, pero ya van a venir”. En aquel momento le dije a estos funcionarios: “Si quieren saber sobre lo que va a venir investiguen con seriedad un doble homicidio en Cerro Norte^[10]. Al mismo tiempo, si les interesa saber qué relaciones entre identidad y violencia puede haber, no imaginen pandillas y maras sino nuestras hinchadas deportivas”, luego de este intercambio algunos integrantes de la Policía siguieron con esa idea de las pandillas que llegarán, idea configurada al modo de una “ficción inmunitaria” (Peris Blanes, 2018), que ve la amenaza en un otro lejano que fue -o será- inoculado desde afuera al modo de un virus que inexorablemente habrá de atacarnos. De todas formas, las pandillas no han proliferado en Uruguay, sin embargo, hechos como los homicidios del Cerro Norte son cada vez más comunes en escenarios sociológicamente semejantes.

En Uruguay no tuvimos una guerra como la de El Salvador, ni una demografía centroamericana, ni somos una sociedad con abuelos campesinos, padres que vivieron una guerra sucia y nietos expulsados de los Estados Unidos. Tampoco los grupos juveniles configuran lealtades tales como para establecer lazos de sangre que simulen familias. En Uruguay tenemos familias que, entre los más pobres, son el vínculo de identidad más fuerte y más eficaz, tanto para establecer un negocio familiar, cuidar un territorio (sea los puestos de una feria o el lugar donde haremos nuestra casa) y, lógicamente, también para establecer un emprendimiento ilícito.

Crímenes inversos

Dos homicidios dobles ocurrieron en el año 2009, pero solo se investigó uno con seriedad producto de factores idiosincráticos de nuestra sociedad y nuestra Policía.

El episodio ocurrió en calles que recuerdo bien: Santa Cruz de la Sierra y Río de Janeiro, pleno Cerro Norte. Acribillan a balazos a dos hermanos. En el barrio llaman a la policía. El parte policial no registra mayor investigación. ¿Eran estos dos hermanos vendedores de drogas al menudeo o grandes traficantes? ¿Valía la pena que se investigara este asunto?

Más allá de que es sabido que la impunidad recurrente contribuye como estímulo de ciertas prácticas delictivas (Kleiman, 2009), destinar recursos a investigar una familia de “pichis”^[11]no parecía tener mayor sentido para la Policía de aquel entonces. Para pesquisar delitos entre esta gente había equipos de la Policía que estaban habituados a “patear ranchos”^[12], a no seguir los protocolos judiciales y a, como me dijo un policía en el marco de una investigación etnográfica en dos comisarías de Montevideo, “relacionarse con delincuentes que te pasan quiniela” (Rossal, Moreira y Nardone, 2010).

En partes policiales de aquellos tiempos pude leer que intervenía un equipo de Homicidios liderado por tal o cual policía y daba con los “autores del hecho”. En la Policía se sabía bien qué implicaba la intervención de estos equipos. Para familias como esta del Cerro Norte no había mayor investigación policial para esclarecer el hecho. “Se mataron entre ellos”, “ellos no colaboran” y ahí terminaba el asunto.

Con la muerte de dos adolescentes del barrio de la Aguada^[13], dos hinchas jóvenes del club Aguada, un equipo de basquetbol de Montevideo, sí operó una compleja investigación policial que develó una trama de sujetos de hinchadas de fútbol y basquetbol, de distintas clases sociales y edades. Solo había algunos sujetos muy pobres y jóvenes metidos en el asunto. Las víctimas eran dos adolescentes que respondieron a una provocación en una calle de su barrio y fueron asesinados. La investigación criminal, fuertemente presionada por instituciones y prensa, fue muy completa y el parte policial ofrece muchos datos.

El punto es que, como era fácil de prever, cada vez hay más crímenes como los de Cerro Norte mientras que el fenómeno de la violencia en el deporte es menor que en 2009. Los datos de homicidios son elocuentes. Aumentan los crímenes “entre ellos”. Esos que algunos cretinos que comentan noticias festejan diciendo “uno menos”, mientras que los episodios violentos en el deporte han disminuido.

La droga reina

La cocaína gobierna al mundo según Roberto Saviano (2014). Tal vez Saviano exagera, pero entiendo que la cocaína es una droga que se agencia bien con nuestro individualismo productivista. La pasta base es el exceso de “pegue de la merca” (efecto radical de la cocaína por ser fumada; los Tumanes^[14] y otros grupos de traficantes de Montevideo se la inyectaban, pero luego empezaron a fumarla cocinada, crack). Las cocaínas servirían para extraer el rendimiento de uno mismo al máximo: ir a buscar la comida a los contenedores de basura y el dinero que se obtengan, realizando pequeñas e incordiantes incivilidades como “pedir de vivo” o “cuidar coches”, o para manejar las bocas de venta de la sustancia.

En el Río de la Plata la cocaína siempre fue la droga de la noche en la que “cafishios milongueros” la usaban para “aguantar el mostrador”, mientras que los adictos eran los alcohólicos o los morfinómanos. Cabe decir que, entre la población de calle, usar pasta base permite darle continuidad a la vida, no detenerse y seguir de gira. “Cuando parás de fumar pasta te ves con mal olor, impresentable, y te querés matar”, como nos dijo un joven que vivía en la calle el invierno del año 2010 (Fraiman y Rossal, 2011).

Entre la degradación de buena parte de los usuarios de pasta base o el estado de alerta de quienes usan cocaína y su exceso de adaptabilidad a su medio, vemos los matices de los distintos usos de drogas que aumentan la alerta y un mercado del intercambio de estas sustancias que, efectivamente, es como la actitud de las personas muy alerta: potencialmente violentas, especialmente en la disparada de la paranoia, tanto individual como colectiva.

El mercado de la cocaína tiene consumidores y traficantes alerta, está signado por la inmediatez y, potencialmente, por la violencia. Cuando jóvenes de las clases más desposeídas empezaron a usar pasta base aumentó la violencia del mercado de drogas uruguayo. Tenemos ahora usuarios de pasta que viven en la inmediatez de la pobreza sumada a la inmediatez de la demanda de la sustancia. A ello se le suma que, finalmente, la cocaína es, a diferencia de la pasta base de cocaína, una sustancia de cierto prestigio.

La visión policial uruguaya

Varios años después de estos hechos, la Policía uruguaya aún maneja dos hipótesis que estimo “ficciones inmunitarias” (Peris Blanes, 2018): (i) el desarrollo de pandillas en el ámbito delictivo y que (ii) quienes alimentan ese ámbito delictivo provienen de otra cultura. El ex director de la Policía, Insp. Layera maneja públicamente esas hipótesis^[15]:

(i) [Se prevé] “Un escenario como El Salvador o Guatemala. El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo.”

(ii) “Al principio lo palpábamos, ahora es algo peor, es un individuo por fuera absolutamente del sistema. Hay una sociedad que tiene un lenguaje común, una cultura común pero hay sectores a los que no les entendés las palabras, ya tienen otro idioma, tenés que preguntarles qué están diciendo. Es como hablar con un chino. Es la parte más extrema de una decadencia que ya la veíamos venir y que comenzó en las cárceles con los extranjeros. Todo empieza en las cárceles. Hay una transmisión de conocimiento permanente con mucha maldad. No hablan de robar sino que el discurso es la violencia. Si vas a robar no seas gil, el que tenés enfrente es el enemigo. Antes te decían, está bien, perdí. Ahora se desacatan, atacan, grupos de vecinos que defienden a estos. Hay un choque de culturas que va agravándose.”

Estas formas de imaginar el futuro son interesantes pero dudosas, por razones que el propio Insp. Layera da en esa misma nota. En las cuatro razones de dificultad del accionar policial incluye “la forma en la que operan las bandas: sin una estructura organizada y sin líderes, sino que se mueven en la anarquía.”

Efectivamente, los grupos delictivos más estructurados en Uruguay son los que responden a familias más fuertes y numerosas, los que tienen familias más débiles o que se ven debilitadas por la muerte de su líder intentan defenderse de violencias recurrentes y (auto)destructivas; cualquiera de estas familias puede caer en desgracia. De cualquier forma, nada permite imaginar pandillas numerosas en Uruguay, grupos de jóvenes pares que se organicen como emprendedores del delito o de identidades que agrupan jóvenes a los efectos de controlar el territorio. Los Tumanes eran familia, los Chingas lo son^[16]. En cambio, los Latin Kings son una suerte de pandilla global, no siempre delictual ni siempre violenta, son una identidad que tiene implicancias étnicas, con una historia y una ritualidad muy marcada (Cerbino y Rodríguez, 2010). Tampoco tendremos maras, las maras son un fenómeno que incluye ritualidad e implicancias nacionales (de salvadoreños presos en Estados Unidos), de agrupaciones de parias que construyen “familias” que actúan para protegerse, disputar territorios y reproducir una identidad^[17]. En ambos casos se trata de agrupamientos jerarquizados de grupos de pares, muchas veces huérfanos, que viven, hacen dinero y mueren por su identidad. Savenije (2009: 97) los define en estos términos:

Los conceptos pandilla callejera o ‘mara’ refieren al mismo fenómeno: se trata de agrupaciones formadas mayoritariamente por jóvenes, quienes comparten una identidad social que se refleja principalmente en su nombre, interactúan a menudo entre ellos y se ven implicados con cierta frecuencia en actividades ilegales.

Por otra parte, la forma de proliferación del narcotráfico en Uruguay se desarrolla bajo cánones familiaristas y no en base a pandillas de pares. Los negocios son, en gran medida, emprendimientos familiares que, si cuentan con muchos hijos varones, tendrán, en términos relativos a su situación de pobreza, mayor lucro, capacidad operativa y una cohesión interna que ningún otro tipo de grupo tiene en los barrios. Al igual que una familia que ocupaba el espacio en una feria, en la vieja estiba del puerto o para hacer “ronda” en un mercado, son familias y no grupos de pares los que mejor prosperan. Los grupos de parientes, hermanos y cuñados, más algún allegado, configuran organizaciones que se ensamblan a veces a otras familias con las que guardan relaciones de parentesco político. Cuando se rompen estas asociaciones, pueden aparecer conflictos con implicancias en el negocio y en el aumento de la violencia intra e intergrupal. Los emprendedores solitarios o de grupos de pares suelen tener una posición marginal, evanescente y muy peligrosa que desemboca en el antiguo dicho del paria que afirma “yo camino solo” y que en la calle y la cárcel “no hay amigos” sino “algún compañero”, pero las relaciones interpersonales de confianza parecen reasegurarse por los lazos familiares. En las sociedades que se forman, la desconfianza y el conflicto hacen que, desde lejos, se vea a las acciones violentas como carentes de sentido. Pero desde cerca, rápidamente se vuelve comprensible la moralidad masculina y el habitus furibundo en acción. Sea para restablecer el respeto hacia su familia o hacia el propio sujeto. En el diálogo comprensivo, estas moralidades cobran sentido, como en el caso de un muchacho privado de libertad por tráfico de drogas que me contó que el único momento en que abusó de sustancias en la cárcel fue por un problema afectivo. Había sufrido mucho por el rumor que se corrió en su celda de que su pareja estaba prostituyéndose mediante las redes sociales con un nombre falso, a pesar de que ella negaba estar haciéndolo. Cuando le pregunté por qué le molestaría que ella buscara esa alternativa para obtener recursos, este muchacho me dio una respuesta que no había sospechado:

está bien, ella puede ayudar a la familia de esa forma, y ya lo ha hecho, pero me tengo que enterar antes, porque fíjate si llega cualquier gil de la calle y me grita en el patio: ’me estuve comiendo a tu mujer’, no, esas son cosas serias y se tienen que hablar antes.

En la cárcel mucho se radicaliza, entre otras cosas, por la dificultad para esquivar el envite violento o el encuentro indeseable, por eso no endeudarse es prudente en ese espacio. Por otra parte, no estar a la altura de lo que la masculinidad exige puede implicar embagayarse -buscar una celda de protección-, caer en lo más bajo de la escala carcelaria, renunciar al respeto y, muchas veces para preservar la vida, tener una suerte de muerte social entre los hombres de la cárcel que son dignos de tal nombre. Pero hay distintas estrategias para evitar el envite más peligroso sin perder la condición moralmente masculina: desde algo bien pragmático como evitar salir al patio hasta involucrarse en alguna iglesia o algún programa de los que vienen “de afuera”. Pero no se puede estar fuera por siempre de la vida de la cárcel. Y salir al patio puede ser difícil para el varón solo. Fui testigo de un joven que se defendía, con un corte carcelario en su mano^[18], de las agresiones de cuatro hombres con total valentía. Mientras esto pasaba y una compañera del equipo de investigación se desesperaba totalmente angustiada, un veterano policía celebraba tranquilo y sonriente el valor del muchacho, mientras sus colegas de la guardia del patio sólo atinaban a dispararles con balas de goma que impactaban en los cuerpos de los presos sin afectarlos, al parecer, de forma alguna (Rossal, 2018). La semana pasada en ese mismo patio había matado a otro hombre que pidió por su vida pero no hubo piedad en los homicidas a la hora de cobrar la deuda. El habitus furibundo es moralmente valioso y puede servir a los intercambios prácticos que se dan en la vida cotidiana, tanto en la calle como en la cárcel.

Estos hombres, desprovistos de cualquier política social que los contemple, se tornan en “emprendedores” por doquier, y montan -en general con sus familias- kioscos, puestos de frutas y verduras, pequeños almacenes, o participan en el mercado de las drogas, principalmente de la cocaína; correcto signo de los tiempos y de un mercado que se configura como la cara local de un fenómeno global.

En los asentamientos hay acceso a ciertos bienes impensables algunos años atrás. Junto a ranchos de pobreza extrema en los que una mujer asistida por el Estado cría a varios hijos, hay casillas de hombres solos afectados por la adicción a la pasta y alguna casa de material con motos y vehículos en la puerta. Muchos de los integrantes de estas familias tienen relaciones cordiales y solidarias con sus vecinos pero algunos de sus miembros defienden sus posiciones y cobran con violencia sus deudas y ofensas, teniendo también a algunos “agregados”, parias de otras familias que ayudan y son ayudados y que participan de una economía moral que incluye a la violencia. Hay brazos gordos y perros, al modo de la cárcel, pero fundamentalmente, hay un grupo con cohesión que es capaz de ejercer la violencia para hacerse respetar.

No es que las cosas sociales tengan historia, las cosas sociales son históricamente producidas. La Policía va siendo y haciendo su historia y los asentamientos irregulares también. Vínculos entre policías y familias “poderosas” de los “cantes” siempre hubo. Es más, la gestión del delito incluía este vínculo como un factor privilegiado para la investigación policial. Cantinas, trata de mujeres, juego clandestino, depósitos de reciclaje, riñas de gallo; estos espacios de mercado y sociabilidad eran tutelados en cierta forma por agentes policiales que se relacionaban con estas familias mediante relaciones de proximidad, y miembros de estas familias, como fue dicho, “les pasaban quiniela a la policía”^[19]. A su vez, eran pocos los “pesados” locales que había por barrio (Albano et al., 2014). También eran emprendedores, pero de otro tipo, menos exitosos que hoy en términos económicos, bastante intervenidos por formas corruptas del Estado, con menos capital en movimiento en un mercado menos dinámico. Por otra parte, no llamar la atención con homicidios violentos o excesos intolerables, como los secuestros o los delitos sexuales, era parte de los códigos que atravesaban cantegril y cárcel, a la vez que no robar en el barrio y mantener las violencias excesivas contenidas. Cuando se trataba de algún ajuste de cuenta, mantener el silencio era lo usual, sin delatar culpables, pero a sabiendas de que algunos agentes policiales sabían todo aquello que debían saber del mundo del delito.

La presión punitiva sobre las bocas de venta de drogas dio como resultado muchos hombres privados de libertad y mujeres que empiezan a ocuparse del negocio familiar y a ser detenidas. Tanto es así que son más las mujeres presas, en términos relativos, por asuntos relacionados a drogas, que los varones.

También ocurre que los hombres, a diferencia de buena parte de las mujeres, están más orientados a ganarse la vida sin ayuda estatal alguna, a la vez que son afectados por discursos gubernamentales que los interpelan en su dominio sobre las mujeres. Tal vez como correlato de esto, como lo he visto entre mis interlocutores, los hombres suelen defender las ideas más conservadoras en relación al lugar de las mujeres, como por ejemplo en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta moralidad conservadora defiende un lugar cuidador de la mujer mientras que el hombre debe ser proveedor, con lo cual además suelen justificarse acciones delictivas que acaban dejándolos en lugares de acreedores en relación a sus familias, especialmente mujeres, madres y esposas. Con el discurso del hombre proveedor tenemos a hombres que no proveen y a mujeres de carne y hueso que sostienen el cuidado y la provisión, muchas veces con la ayuda de las políticas sociales (Rossal et al., 2020).

La economía moral de la violencia en el mercado ilegal

El aumento de la cantidad de sujetos que usan armas está presente en la economía moral de la violencia entre los habitantes de los asentamientos así como la puesta en valor de un “habitus furibundo” (Bourgois et al., 2013). Otrora era un negocio importante el monopolio de las armas por parte de algunas figuras -pesados locales- que las alquilaban para realizar hechos delictivos, pero el aumento de la capacidad de compra de los sujetos ha llevado a un incremento de la circulación de armas de mayor potencia letal para la agresión y la defensa, lo cual aumenta la conflictividad en los barrios, cambiando el sentido de las prácticas en torno al honor y la letalidad de la violencia interpersonal.

Al parecer, el asunto de matar mediante el uso de tecnologías más eficaces queda lejos del control social ejercido por las políticas sociales pero a su vez los episodios de violencia están cada vez más cerca de los operadores que llevan a cabo la implementación de estas políticas en el territorio. Las políticas sociales llegan principalmente a las mujeres y niños, mientras que el mercado ilícito es, a pesar del aumento de mujeres en él y el soporte familiar que supone, mayoritariamente masculino.

El crecimiento del mercado de las cocaínas aumentó las ganancias, la cantidad de personas involucradas en el tráfico y la riqueza general en esos territorios. El aumento del mercado produjo nuevos emprendedores a la vez que la mejora de los instrumentos tecnológicos (mejor movilidad con motos muy baratas, armas automáticas y comunicaciones) e hizo derramar los recursos y la violencia en los espacios sociales de mayor pobreza. Desde las rapiñas para pagar el abogado^[20] o las deudas por compras de la droga a la legión de usuarios de pasta base que obtienen pequeños montos de dinero, materiales reciclables y objetos -por mendicidad, recolección, pequeños delitos- que van a parar casi íntegramente a las bocas de venta de drogas, se produce una circulación constante de mercancías desvalorizadas que operan como una forma radicalizada de capitalismo consumista y depredador. Los más débiles en el mercado de la pasta base, esta legión de consumidores, son quienes viven en base a distintas formas de “rescatarse”, como las que ha visto en Argentina María Epele (2010). Estas formas de “rescatarse” -la expresión también se usa en Montevideo- son de la máxima precariedad de vida humana en sus distintos aspectos: obtener alimentos, cuidar la salud, moverse en la ciudad a distintos lugares en los que se tenga menor riesgo en relación a la policía o algunos vendedores de la sustancia. El sujeto, especialmente varón, que usa pasta base y ha quedado en la calle podrá estar en un grupo pero se siente solo. La expresión “rescatarse” implica ese cotidiano salvarse a sí mismo. Lo mismo ocurre con la expresión “no hay nadie, amigo”, con la que se extiende la relación personal a un desconocido al que se llama “amigo”, señalándole que “no hay nadie” mientras se le demanda solidaridad de amigo a alguien que no lo es. Expresión desgarradora de ese hombre en la calle que lo ha perdido todo y vive día a día rescatándose. De todas formas, ese hombre, como todos, vive a expensas de una multiplicidad de expresiones de solidaridad cotidianas que hacen la vida posible día tras día^[21].

Por otra parte, quienes venden la sustancia también son sujetos que viven en una inseguridad constante, también sumergidos en la oportunidad y la inmediatez, se tornan consumidores de distintos bienes degradados por la ilegalidad así como proveedores de ropas, bebidas, festejos, asistencia a quienes atraviesan problemas, mejoras en las viviendas propias y de sus allegados y toda clase de servicios, incluida la protección para algunos débiles y el castigo para aquellos que incumplen sus deudas o cometen inmoralidades inadmisibles que “faltan el respeto” a sus grupos de pertenencia, familia, o incluso el propio barrio^[22].

Como señalan Javier Auyero y colaboradores (2014): el narcotráfico aumenta la riqueza entre las comunidades más pobres a la vez que las desgarra. Ese es el proceso que estamos atravesando en este momento. Entre tanto, el camino uruguayo a una inconducente guerra de drogas aumenta los homicidios y las riquezas, las violencias y el consumo.

Conclusiones

El actual escenario en los barrios populares es complejo en relación a la violencia y un desafío importante para las políticas públicas de seguridad y convivencia pero también para las políticas sociales. Si buena parte de los hombres que habitan los asentamientos irregulares, desde adolescentes, están envueltos en redes de la economía moral de la violencia y en cotidiana relación con la mano derecha del Estado, las mujeres tienen un mayor vínculo con las políticas sociales y la mano izquierda del Estado (Bourdieu, 1999).

El aumento de la presión punitiva, abonada por un amplio discurso público, probablemente haya dado como resultado un aumento concomitante de la violencia delictual y de los homicidios. En relación al narcotráfico, la visión policial no es distinta al sentido común que plantea hacer cumplir la Ley de Estupefacientes con un aumento del “trabajo policial”. Es claro que la Ley de Regulación del Cannabis protegió a los usuarios de cannabis especialmente de la criminalización, pero no pacificó el mercado de drogas ya que el mercado violento nunca fue el del cannabis en Uruguay. Los principios de la reducción de daños, presentes en las políticas de drogas uruguayas aún no han llegado a las políticas de control de la oferta de sustancias y los esfuerzos que se hacen no pueden evitar el comercio de drogas ni el aumento de la violencia entre las familias dedicadas a distintas actividades delictivas. En buena medida, Uruguay, progresista y pacificador en la mayor parte de las políticas públicas, no ha sido capaz de pacificar los territorios más afectados por la violencia estructural acompañando la baja consistente de las prácticas corruptas de la vieja policía^[23]. Tal vez incluso esas prácticas corruptas servían a modular las formas de la violencia interpersonal y los intercambios entre sujetos y familias dedicadas a formas de delito organizado. Adherir a la reducción de daños y estar discursivamente en contra del concepto de guerra contra las drogas no quiere decir que por la fuerza de los hechos no se avance en micro guerras de drogas que tienen como escenario los barrios más estigmatizados y pobres del país.

En el mes de marzo ha asumido un gobierno que no tiene fijada una política de drogas clara más allá de la represión al tráfico.

Las formas de provisión diferenciadas por género e incluso los logros educativos también diferenciados por género (las mujeres completan en mayor porcentaje que los varones la educación media básica y el embarazo adolescente ha disminuido notoriamente en estos últimos años) han llevado a una mayor adhesión entre las mujeres a una moralidad que impugna la violencia y se relaciona al discurso de la mano izquierda del Estado. A su vez, los hombres, sea que estén solos o como parte de familias, suelen adherir a una moralidad más tradicional con consecuencias visibles en cuanto a la reproducción de la violencia más cruenta.

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Notas

Información adicional

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