Viejos y nuevos espacios de comercio de sexo y droga en Juárez, México

Old and new spaces of sex and drug trade in Juárez, México

Iban Trapaga iban.trapaga@gmail.com

Colegio de la Frontera Norte, México

Ciertas actividades comerciales informales y, en ocasiones, francamente ilícitas como el tráfico mundial de drogas, el trabajo sexual, la trata de personas para diversos fines, el tráfico de armas o de especies animales suponen una realidad actual que exhibe en varias esferas su creciente peso. La informalidad económica es de facto el motor de la economía latinoamericana y del Caribe, implicando a la mayoría de la fuerza laboral total de nuestros países. Así, los mercados informales son ya funcionalmente imprescindibles por sus dimensiones económicas, sociales y culturales. México no es la excepción, sino todo lo contrario. En la última década se instrumentaron políticas agresivas de regulación de estos mercados. La “Guerra del Narco” fue planteada durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y actualmente sigue en curso, aunque la retórica del Estado al respecto haya sido modificada. Aunque esta política subraya discursivamente la cuestión del narcotráfico, el denominado “crimen organizado” integra otros mercados de ilícitos como la trata de personas, la piratería industrial, el robo de diversas mercancías y su comercialización paralela (caso icónico es el mercado negro de hidrocarburos), la protección y seguridad personal, el tráfico de especies vivas protegidas, la minería ilegal, la extorsión y muchos más. El trabajo sexual en México, sin suponer un ilícito, también está integrado en diversos grados por estas organizaciones criminales bajo modelos de protección y extorsión. La imbricación del Estado mexicano con estos mercados ha sido profunda y extensamente documentada por estudios históricos y sociales (Astorga, 2016; Flores, 2013).

Ciudad Juárez, urbe fronteriza con Estados Unidos y sede histórica de organizaciones criminales, fue escenario y objeto de una investigación etnográfica desarrollada intermitentemente de 2017 a 2019 con el patrocinio parcial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su programa de mejora del profesorado cuyo objetivo fue establecer las relaciones entre juventud, consumo de drogas y violencias. En el caso de este escrito, el objetivo único es describir y comprender los cambios en la organización laboral de los mercados informales de las drogas y el sexo en Ciudad Juárez derivados de políticas de desarrollo urbano y del usufructo diferencial de la ciudad por parte de estos mercados y de las relaciones sociales que apoyan el mercado de ilícitos local. La base conceptual se inspira en las antropologías económica y urbana, pero considerando al método etnográfico como instrumento de teorización. Si bien los estudios fronterizos aparecen afines a la temática por la ubicación seleccionada, como fundamento más adelante la calidad fronteriza es inocua respecto a los cambios en el mercado urbano de sexo y narcóticos.

A continuación, presento en cuatro apartados (antecedentes históricos; trabajo y espacio en el campo de estudio de los ilícitos; mercados informales en la periferia y en el centro urbano) y unas conclusiones los elementos para fundamentar los resultados respecto al objetivo manifiesto de este escrito.

Las dimensiones espaciales y temporales de la oferta y consumo de narcóticos y sexo en Ciudad Juárez expuestas en este primer apartado facilitarán la contextualización de dicha economía informal en la urbe fronteriza. El espacio propiamente urbano de este municipio estuvo circunscripto a un área de noventa y dos hectáreas a inicios del siglo XX, siendo para 2010 de 38,800 has. (Ortega, 2016, p. 459). El pequeño núcleo urbano se estructuraba por las corrientes fluviales (río Bravo y acequias) y la línea fronteriza, igualmente fluvial (Santiago Quijada, 2012, p. 147). El centro simbólico y ritual lo constituye el edificio de la Misión de Guadalupe, pieza fundacional, en torno al cual orbita el centro histórico mismo que cuenta con otros hitos simbólicos como la Plaza de Armas, el Puente Internacional Paso del Norte, el Monumento a Juárez y la ex-Aduana. En total, y para 1920, este núcleo se extendía unos cinco kilómetros cuadrados de los que una tercera parte la ocupaba la zona de tolerancia. El resto de la ciudad seguía la línea ribereña fluvial hacia el sur alternando el caserío entre minifundios, ranchos, huertas y viñedos (González de la Vara, 2009).

El mercado de sexo y droga de Ciudad Juárez está documentado desde el primer año del siglo XX, pero se multiplica a partir de 1920 con la primacía de la industria del entretenimiento inmoral e ilícito en la economía local (González de la Vara, 2009, p.134 y 151-154). En esta economía de cabaret destacaba la zona de tolerancia, el espacio público delimitado para el mercado regulado del sexo. Aunque hubo fugaces reubicaciones forzadas, esta zona del centro histórico se mantuvo durante todo el siglo XX como el espacio urbano de concentración de la oferta de sexo y narcóticos. Sin embargo, la ciudad se transformó y pobló aceleradamente tomando un modelo multicéntrico (Fuentes Flores, 2001) y caracterizándose desde entonces por una muy baja densidad y gran superficie ocupada: un modelo extremo de ciudad difusa (Trapaga, 2019). Así y todo, el centro histórico se mantuvo como el principal nodo urbano, o al menos el principal referente para los sectores populares del norte y norponiente juarenses.

El fenómeno violento que se prolongó por casi cinco años a inicios del siglo XXI precipitó cambios profundos en este espacio y actividades lucrativas. Me refiero a la violencia armada que provocó más de 10,000 homicidios entre 2008 y 2011 (Salazar, 2017, p.156), junto al despliegue de más de 2000 soldados, 40,000 policías de diversos niveles de gobierno y el desplazamiento forzado de entre el 20 y el 30% de la población local censada en 2010, entre otros efectos socio-económicos derivados de la “Guerra contra el Crimen Organizado” orquestada entre 2007 y 2012 por el Gobierno Federal mexicano y concretado por el “Operativo Conjunto Chihuahua” (Curiel y Salazar, 2012). Este nuevo episodio de la guerra contra las drogas aparentemente pretendía “favorecer la disminución de la inseguridad en la ciudad fronteriza” (Curiel y Salazar, 2012, p.10). Y, sin embargo, las muertes violentas solo se redujeron a cerca de 2,500 en la suma de los siguientes cuatro años (Salazar, 2017, p.156), panorama vigente hasta la actualidad con diversos picos y valles. Entre los cambios violentos y profundos en el espacio urbano inmediatamente posteriores a los años de plomo es relevante para este estudio:

la demolición completa del área del centro histórico correspondiente a la antigua zona de tolerancia y de diversión nocturna de la calle Mariscal. La pretensión del gobierno municipal era cambiar la “imagen de vicio y perdición del sector”, para convertirlo en una zona comercial de vanguardia (Balderas, 2013, p.487).

Quezada (2018) logra una síntesis crítica de la aplicación del Plan Maestro de Rehabilitación Social y Urbana del Centro Histórico de 2007, modificado bajo un discurso de seguridad pública en 2010 y financiado por la iniciativa privada (IP) y el gobierno federal bajo el programa “Todos somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad”. Basado en un estudio comparativo de análisis geográfico entre 2009 y 2017 de la presencia de negocios formales e informales dedicados a la industria del entretenimiento inmoral característico de las áreas del centro histórico ya citadas arriba, este autor considera que la instrumentación de dicho plan maestro supuso un doble movimiento de expulsión de actividades y grupos sociales del centro. El proceso inconcluso de gentrificación, no exento de numerosas demoliciones de cantinas, cabarés, hoteles y viviendas particulares, arrojó una expulsión silenciosa de negocios que no pudieron sostenerse financieramente tras la crisis violenta y la generación de “alta rentabilidad” y “plusvalías directas a los inmuebles” derivadas de la inversión mixta (público-privada), manifestada esta última en la construcción de un street mall cuya ancla es una cadena de salas de cine. A este proceso se añadió el desplazamiento de colectivos y grupos sociales, entre ellos las sexoservidoras, y parte de los estratos sociales más bajos o que daban servicios a estos estratos. El hostigamiento policial y administrativo representado por el cierre de cantinas operando fuera de horario, la detención y robo a consumidores de heroína o el constante “reventar puntos”¹, fomentaron el desplazamiento del mercado de sexo y narcóticos de las calles Mariscal, Juárez y Lerdo hacia el rincón norponiente del centro histórico.

En ambos mercados informales, la acción gentrificadora desplazó a las clientelas y trabajadores de clase baja y marginal. De alguna manera, estos procesos junto a otros cambios en la estructura urbana de “larga data” están alentando la diversificación en los modelos de operación del mercado informal de sexo y narcóticos en el Ciudad Juárez contemporáneo.

Trabajo y espacio en el campo minado de los ilícitos

Planteadas las coordenadas espacio-temporales, las categorías centrales a instrumentar son economía y espacio. En concreto, abordaré los objetivos de este escrito desde la economía informal y el espacio urbano, en diálogo con la economía de ilícitos y el espacio fronterizo.

La Antropología económica propone su objeto desde el holismo y el sustantivismo. Así, “la producción y la distribución de bienes estaba incrustada en relaciones sociales no económicas, como la magia y el parentesco” (Molina, 2004, p.50). En nuestro caso, el espacio en tanto producto social integra aspectos y funciones económicas. La ciudad es capital y mercancía. En paralelo, el espacio fronterizo supone en sí un recurso económico para ciertos grupos sociales que, simultáneamente, elaboran relaciones sociales y producen subculturas e identidades propias, aunque la formación prístina de estos espacios fuera más de índole política (Donnan y Wilson, 1999, p.87). Desde la Antropología, el sector informal vincula oportunidades de ingreso con el desarrollo urbano (Hart, 1973). También ha propuesto términos como “economía oculta” (Henry, 1978), “mercados negros” o “economía alternativa” (Mars, 2019). Este último plantea los espacios de trabajo como condicionantes de conductas ilícitas. Consideraré para mis fines la definición de sector informal propuesto por Safa:

(…) el formado por industrias manufactureras y de servicios, no reguladas y en pequeña escala, que emplean métodos de producción intensivos en mano de obra, y que requieren un bajo nivel de calificación de los trabajadores, así como de inversión de capital, además de que, a menudo utilizan el trabajo de miembros de la familia (Safa, 1999, p.213-214).

De donde se infiere que la no regulación (o como veremos la regulación mixta, alegal o ilegal), la pequeña escala y la incrustación de redes de parentesco en las actividades económicas son características comunes a todo rubro de la informalidad urbana. Así, los actores del sector informal (emprendedores o asalariados) establecen territorios y paisajes culturales en el ámbito urbano latinoamericano caracterizando de modo multidimensional este modelo de urbanismo “desigual y subordinado”. Trasladando ambas nociones de territorio y paisaje cultural al fenómeno objeto de este estudio, Zamudio (2013) vinculará la actividad económica informal (narcomenudeo) con el uso del espacio público urbano generando una tipología del narcomenudista para la Ciudad de México que es extrapolable a la realidad latinoamericana en su conjunto, si atendemos otros autores (De León y Garzón, 2014; Raffo y Gómez, 2017; Saborío, 2019). De estas aportaciones des tacaré por su relevancia y novedad a Raffo y Gómez (2017) y por su relevancia teórica a Saborío (2019).

La cuestión del territorio es clave en el análisis de esta economía informal. Así, Raffo y Gómez lo consideran el campo de conflicto principal entre los agentes ilegales y las instituciones estatales (Raffo y Gómez, 2017, p.229), aunque en nuestro caso este conflicto está regulado por consensos garantizados por agentes de las instituciones del Estado. Saborío (2019), en cambio, se da a la tarea de precisar la conceptualización de territorio para establecer una tipología del control territorial y los actores sociales implicados en el narcomenudeo. De una interpretación de varias fuentes, este autor define territorio como un “área de acceso controlado (…) para sacar provecho de sus recursos, como para controlar los flujos de personas y bienes” (Saborío, 2019, p.75), de lo que se infiere una concepción política del espacio, así como económica en tanto alude a los recursos presentes en cierto espacio de exclusión (acceso controlado).

Junto a estas consideraciones geográficas, la definición de narcomenudeo se vincula al microtráfico y ambos se vinculan de modos diversos con el narcotráfico internacional. Los espacios fronterizos generan tipos delictivos intrínsecos. Así, Ciudad Juárez como el resto de la región fronteriza con Estados Unidos desarrolló históricamente una tradición de contrabando en general y de narcóticos en particular, tal y como describe el apartado introductorio. Como señalan Donnan y Wilson (1999) la frontera es per se un recurso económico, y la economía de ilícitos no está exenta de la participación de instancias estatales (Heyman y Smart, 1999). Sin embargo, en Juárez el mercado urbano de narcóticos y el de sexo, aún bajo gestión directa e indirecta del Estado y del narcotráfico internacional, supone un fenómeno con cierta autonomía del carácter fronterizo. En términos conceptuales, lo urbano influye y caracteriza los fenómenos aquí tratados más que lo fronterizo. Las excepciones, recogidas mediante la etnografía, exponen movimientos pendulares de consumidores de narcóticos residentes en territorio estadunidense para adquisición y, habitualmente, consumo de estos bienes ilícitos en algún “punto” de Ciudad Juárez por los costos diferenciales que impone el régimen fronterizo. Igualmente, en la zona centro, laboran trabajadoras sexuales con ciudadanía o residencia estadunidense, en sintonía con algunos compradores de estos servicios. En 2007-2009, por ejemplo, durante un trabajo de campo supe de la existencia de jóvenes masculinos provenientes de Juárez y de otros municipios de Chihuahua que ofrecían servicios sexuales a hombres estadunidenses durante encuentros fugaces y en espacios públicos y cantinas cercanas al perímetro del centro histórico. La diferenciación entre narcomenudeo (influido por la espacialidad urbana) y el narcotráfico internacional (definido por la espacialidad fronteriza) es explicada por Raffo y Gómez quienes, insistiendo en el control territorial, definirán el narcomenudeo como la fase de comercialización de la cadena del narcotráfico (2017, p.231) y al narcotráfico como la fase de distribución. Otro aspecto central en todas las obras referidas es el rol de los agentes estatales, enfatizando en unos casos las redes de corrupción (De León y Garzón, 2014; Raffo y Gómez, 2017) y en otros la discontinuidad del rol estatal más que su cooptación o sustitución (Saborío, 2019). Para los fines de este escrito, apuntaré a la connivencia por acción u omisión de agentes estatales cuya función será precisamente servir de conexión entre el sector formal (Estado, sector financiero, entre otros) y el sector informal de la economía de ilícitos.

Por último, y antes de exponer la estrategia de investigación y algunos de sus pormenores, entiendo necesario regresar y detallar la tipología del narcomenudeo bajo criterios espaciales ya que nos aportará elementos críticos para reflexionar sobre el resto de los enfoques aquí citados. Para Zamudio “los puntos de venta ideales para los dealers son aquellos donde pueden acceder a un buen número de clientes y ganancias, sin que sus actos ilegales generen reacciones en contra” (2013, p.114). Sin embargo, Heyman y Smart (1999, p.4-5) subrayan las carencias del modelo económico de la elección racional para con las economías de ilícitos. Principalmente, el esquema promovido por Zamudio (2013) obvia qué estructuras sociales y de sentido sostienen los negocios ilícitos en ausencia de una legislación específica. Este aspecto, que involucra procesos sociales locales y de formación del Estado, se erige en la principal carencia de la tipología del narcomenudeo presentada por este autor: ¿Qué hace seguros para la venta de sexo y narcóticos los puntos de venta urbanos? ¿Cómo regulan los agentes estatales este número de clientes y ganancias? En tanto capital y mercancía ¿cómo opera el espacio urbano en la regulación de estos mercados informales? Todo punto de venta implica algún modo de espacialidad, urbana para nuestro estudio. Según Zamudio (2013), ante esta dicotomía entre ganancias y pérdidas el dealer o narcomenudista instrumenta la movilidad respecto al espacio urbano. Así, son tres tipos de narcomenudeo según su territorialidad: fijos, semifijos y ambulantes (Zamudio, 2013, p.115). El primer tipo alude a una posición estática para la venta al menudeo y se corresponde con la noción emic de la “tiendita”, habitualmente casas habitación o locales comerciales, aunque de mi trabajo de campo se extrae también la posibilidad de carpas y puestos informales de comidas en la vía pública. El segundo tipo está vinculado a la temporalidad del uso de una posición estática. Es el caso de espacios públicos y privados donde se realizan encuentros sociales (cantinas, salones de baile, plazas públicas con espectáculos, mercados callejeros, canchas deportivas, entre otros) y el pequeño traficante acude en ciertos horarios o fechas. Por último, el tipo ambulante donde el uso de espacios concretos es efímero ya que “prácticamente puede ser casi cualquier lugar elegido por los protagonistas al momento de acordar la transacción, casi siempre a través de teléfonos o medios electrónicos” (Zamudio, 2013, p.117). Como trasciende a primera instancia, los mercados radicados en el centro histórico están limitados al primer tipo de narcomenudeo: territorios definidos por el control que los agentes ilegales establecen sobre todo o sobre parte del espacio, de la ciudadanía residente o usuaria y de los agentes estatales vinculados a ese espacio. En cambio, el segundo y el tercer tipo están ausentes de las consideraciones del resto de autores. De hecho, esta modalidad puede redefinirse por la ausencia de un punto de venta determinado, se ajusta al concepto dominante de la economía post-fordista, la flexibilidad, y el rango ambulatorio es variable en función de características que abordaré en el apartado de descripción y análisis. Antunes (2020) propone el término “uberización” de la economía para conceptualizar los cambios en la relación contemporánea Capital-Trabajo. Las innovaciones en materia de tecnologías de la información y flexibilidad contractual precarizan aún más a la fuerza de trabajo cada vez más distante de la esfera de los derechos laborales y humanos. En nuestros mercados informales la incertidumbre contractual es parte de su definición. Ahora son las tecnologías de la información quienes introducen nuevos rangos de incertidumbre y precariedad a los trabajadores informales del capitalismo de ilícitos en Ciudad Juárez. Lo denominaré como “narcuberización”. Aunque la literatura consultada está reduciendo su atención a la oferta de narcóticos ilícitos, el mercado del sexo se ajusta a estas consideraciones, tanto por su relación con el espacio y el tiempo urbanos como por la interacción y sinergia con los mercados de drogas ilícitas al menudeo. El caso de la sexoservidora consumidora de narcóticos que comercializa a su vez pequeñas cantidades de esas sustancias entre sus clientes es sintomático. El trabajo de campo etnográfico, aunque con las necesarias precauciones éticas y técnicas derivadas de las características del objeto y sujetos de estudio, se enfocó en la organización del trabajo informal y las características diferenciales en la apropiación del espacio urbano. El estudio de fenómenos que impliquen nociones y situaciones de violencias varias, como es el estudio de los mercados de ilícitos y de inmoralidades vinculados a grupos sociales marginados, introduce al etnógrafo en una incertidumbre metodológica y existencial, un trabajo de campo “minado” cuya imagen:

nos predispone como estudiosos de la realidad social a extremar las cautelas, a incrementar la precisión en nuestro quehacer, a diseñar hojas de ruta que anticipen los peligros y dificultades, a modular las distancias de investigación y análisis, a enfrentar los dilemas éticos, y a plantear estrategias de anticipación y desactivación de obstáculos (Ferrándiz, 2008, p. 94).

El diseño etnográfico en estos contextos debe atender las previsiones ante situaciones razonablemente previsibles de estallidos violentos (desde los operativos policiales a los atentados armados y sus correlatos en la relación de confianzas urdida en el campo) así como la arriba mencionada ética profesional que, sobre todo, proteja de las violencias a nuestros colaboradores y sujetos de estudio en general. Incluso considerando las consecuencias de nuestra representación etnográfica de la realidad genere a posteriori sobre grupos sociales marginados cuyo único medio de acceso en condiciones mínimas de jerarquía social es mediante el método etnográfico y que, además, su modus vivendi genere reacciones entre el público de rechazo moral y revictimización o estigmatización (Bourgois, 2015, p.43; Cepeda y Valdez, 2010; Meneses-Falcón, 2020).

Asentadas estas precauciones, pasaré a exponer sintéticamente el diseño de investigación efectivamente aplicado. La observación participante exhibe ventajas como el acceso a la acción social con el mínimo de afectaciones por la presencia del investigador, el aprendizaje de los modelos y significados culturales al operar el etnógrafo como un aprendiz mediante la empatía y el extrañamiento. Como señala Bourgois (2015) esta técnica es el acceso privilegiado a grupos sociales excluidos de la normalidad social y de los proyectos de corte estadístico. Asimismo, optimiza el distanciamiento emocional, la triangulación de datos obtenidos por las técnicas de conversación confiriéndoles más confiabilidad y contraste por comparación. Sin embargo, en las condiciones descritas, agudiza la exposición del etnógrafo a las circunstancias mudables del campo y del rol asignado al etnógrafo por el grupo de contacto primario. En el caso de este estudio, la alternativa fue compensar los efectos de las restricciones del campo a la participación mediante instrumentos de conversación más extensos y prolongados (entrevistas en profundidad) con actores clave. Este último giro en el diseño se instrumentó en la zona centro de Ciudad Juárez, debido al ya referido en el apartado inicial hostigamiento policial, junto a los esporádicos enfrentamientos armados y ajustes de cuentas. La primera fase de campo se basó en la observación participante acompañando a “puchadores”, esto es narcomenudistas, en sus jornadas de trabajo durante varios meses de 2018 y 2019.

La segunda fase se enfocó en el centro urbano, con recorridos sistemáticos por calles y algunos locales dedicados a la oferta del sexoservicio. Las entrevistas en profundidad a una sexoservidora, a varios consumidores de narcóticos y a un miembro de organizaciones delictivas se realizaron entre Julio y Noviembre de 2019.

En lo referente a los aspectos éticos, Hammersley y Atkinson (1994) plantean cinco rubros: consentimiento informado, privacidad, perjuicios y violaciones de derechos humanos, explotación de datos con fines lucrativos o profesionales y afectaciones a futuras investigaciones. En el caso presente, una acción tomada al respecto fue la supresión o modificación de nombres de personas, lugares, sustancias narcóticas y situaciones sociales que pudieran ser empleadas directa o indirectamente en la localización o identificación de los sujetos partícipes en la investigación etnográfica. De igual manera, me planteé las formas de evitar la explotación por mi parte o por parte de terceros de la información vertida en las entrevistas y los acompañamientos en campo. Sin embargo, esto no significó contraprestaciones pecuniarias o en especie, sino que se acordó con una parte de los colaboradores (quienes así lo solicitaron) la inclusión en las posibles publicaciones de su versión de hechos sin sesgos ni prejuicios morales. Les ofrecí, igualmente, la posibilidad de revisar mis escritos antes de publicarlos o compartirlos públicamente, misma que quedó abierta. Por último, en lo referente al perjuicio a futuras investigaciones el respeto a los acuerdos tomados entre el etnógrafo y los colaboradores, que incluyen los puntos anteriormente citados, debería ser garantía de retomar la investigación por cualquier científico social sin dificultades adicionales salvo aquellas derivadas de las coyunturas jurídico-policiales.

Mercado informal de narcóticos y sexo en la periferia urbana

Mis aproximaciones a personas dedicadas a la comercialización de narcóticos ilícitos comenzaron a mediados de 2017 mediante contactos informales con consumidores de diversas sustancias consideradas bajo el epígrafe de delitos contra la salud en el código penal mexicano. De este modo, para mediados de 2018 ya había recorrido áreas donde se ofrece sexo en la zona centro, había dialogado (entrevistas informales) con sexoservidoras, vecinos y consumidores de drogas de estas calles. Por otra parte, obtuve acceso a dos grupos diferentes de “puchadores”.² En ambos casos, su oferta de droga está restringida a sustancias estimulantes del sistema nervioso, cuentan entre sus miembros tanto mujeres como hombres (aunque en uno de los grupos la participación de mujeres se especializa en la logística y la contabilidad), el rango etario oscila de los diez a los cincuenta años, y el número aproximado de integrantes es de dos decenas para el grupo X y de una treintena en el grupo Y. Este conteo es inexacto necesariamente dadas las condiciones de clandestinidad, y la existencia de ciertos roles dentro del mercadeo de drogas cuyos detentores fueron sistemáticamente ocultados al etnógrafo, a pesar de mencionar su existencia. En las siguientes líneas, evitaré especificar el género, la edad, los nombres de personas y de lugares, así como la enunciación precisa de fechas y horarios, todo ello para proteger la privacidad, los derechos humanos, la integridad física y moral y otros aspectos éticos ya mencionados en el apartado anterior. La accesibilidad a estos grupos fue negociada con dos personas con funciones de “puchadores” y se me permitió un rol de acompañante en sus ventas que en términos metodológicos supone un grado completo de participación dentro de la horquilla de la total observación a la total participación (Hammersley y Atkinson, 1994, p.109-110). Estas personas, una vez informadas sobre las intenciones del etnógrafo tuvieron que informar a sus superiores jerárquicos y esperar una autorización de su parte. En este sentido, los “puchadores” fungieron como clásicos porteros (Hammersley y Atkinson, 1994, p.78-80) que tras varios acompañamientos se tornaron en padrinos de campo (Hammersley y Atkinson, 1994, p.87-88) al ganarme la confianza, una confianza basada en la confiabilidad y, precisamente, en la participación lo más colaborativa que me permitía la situación. Como apuntan los autores arriba citados, tanto el portero como el padrino pueden condicionar de diversas formas el rumbo de la investigación, facilitarla o bloquearla. En este caso, uno de los porteros-padrinos adoptó un rol de “experto” (Hammersley y Atkinson, 1994, p.90) resultando ser quien más facilitó la presencia en campo y la inmersión en los valores y detalles de su trabajo, animándome frecuentemente a participar como chalán³ durante los acompañamientos diurnos. A pesar de la anuencia tácita de los “patrones”⁴ y tal como reportan Hammersley y Atkinson para actividades lícitas y cotidianas como sesiones de psicoterapia (1994, p.70), el acceso y rol participativo del etnógrafo estuvo notoriamente restringido. Los mismos autores señalan que esta aparente pérdida de información del campo no es sino una vía regia para conocer mejor la organización social de los grupos en procesos de investigación social (1994, p.69). Si esto es así, debemos considerar como áreas muy sensibles las conexiones con los niveles más altos del narcotráfico, con los funcionarios públicos “conectados”, los responsables de la contabilidad y la identidad de los “vaqueros”.⁵ Antes de continuar con los detalles derivados de la observación participante, hay que subrayar que en ambos casos la organización social del nivel de contacto primario y permitido al etnógrafo contaba con integrantes de grupos de parentesco. En el grupo con más participación de mujeres también era aquel con mayor presencia de un único grupo de parentesco al que pertenecían todas las integrantes salvo una.

El grupo X por su modelo de actividad se ajusta al tipo fijo (Zamudio, 2013). El control del territorio era garantizado por dos dispositivos. El perímetro amplio se controla por la protección de funcionarios públicos acordes a acuerdos establecidos por altos jefes del crimen organizado, que a su vez garantizan el suministro de la mercancía al grupo X. En segundo término, el control interno de los espacios donde se desarrollan las actividades mercantiles está a cargo de una red de “postes”⁶ integrados a la vida cotidiana del sector con roles públicos discretos. Otros cargos de la organización son los cobradores y los susodichos “vaqueros”. También supe del cargo de “chiva/o” cuya función se reduce a vigilar al resto de roles, muy especialmente a los “puchadores”, e informar a los “patrones” de cualquier desviación o trasgresión a las normas. Una parte importante de estas trasgresiones regula cualquier pérdida pecuniaria o económica en general, pero también informan de la conducta en general. Por ejemplo, de tendencias agresivas o abusivas con otros integrantes del grupo. Los “puchadores” atienden en casas habitación, en un cuarto o edificación separada del resto del grupo doméstico. Como ya señalo arriba, mis visitas eran frecuentes, aunque no diarias, y siempre en horario diurno. Las jornadas de trabajo informal son intensas ya que exigen la presencia casi constante del “puchador” en la “firma” o sus proximidades. En este caso, además, el vendedor consume la misma sustancia estimulante que mercadea, lo cual facilita la resistencia a estos tiempos laborales extremos. La presencia del etnógrafo fue de bajo perfil como observador, sentado en un ángulo de la habitación y conversando ocasionalmente con los presentes, quienes son clientes y miembros del grupo. Los clientes son mayormente masculinos adultos y adultos mayores. Pagan en efectivo o en especie y habitualmente consumen una parte de la dosis en la misma habitación. Este grupo de “puchadores” acepta pagos en especie que consisten en los mismos tipos de objetos que aceptan las casas de empeño: electrodomésticos, ropa, pequeños vehículos, etcétera. En otro espacio de la casa habitación, “la oficina”, los clasifican y almacenan, para que finalmente otros integrantes del grupo los reparen de ser necesario y vendan en el mismo punto o en mercados de pulgas. El promedio diario de visitas registrado en mis notas de campo es de veinticuatro compradores. Los ingresos son muy variables, debido a este modelo mixto de pagos y a las cantidades fluctuantes por cliente. De estos últimos, todos son parroquianos de la “firma”.

El segundo caso representa el modelo emergente del narcomenudeo actual en la región y cumple con las características del tipo ambulante de dealer propuesto por Zamudio (2013) para la Ciudad de México. Como anticipo arriba, la dinámica con este “puchador” se basó más en la participación que en la observación. El campo se desarrolló durante varios meses de verano-otoño de 2018 y consistía en acompañar al “puchador” del grupo Y, a su “chalán” o “chalana” y, en ocasiones, a una “chiva” en sus recorridos motorizados por un cuadrante de la ciudad. Los vehículos son proporcionados por la organización de narcomenudistas salvo en ciertos casos. Los vehículos utilizados se rotaban periódicamente, aunque en todo caso eran modelos amplios y veloces. Nuestro “puchador” debe cumplir una jornada laboral de nueve horas continuas al volante y entregando las dosis solicitadas, con solo un día de descanso por quincena. En este grupo existe una estricta línea de mando que dispone el turno (diurno o nocturno), el cuadrante y el vehículo que utilizará cada uno de los “puchadores” ambulantes. La jornada diurna se prolonga de las 9 a las 18 horas. Inmediatamente ingresa el segundo turno que repartirá la mercancía de 18 a 2 o 3 horas del día siguiente. Se infiere que hay un lapso de seis a siete horas sin servicio de venta. El patrón centraliza los pedidos vía telefónica y por aplicaciones de mensajería electrónica. Considerando la ubicación del pedido redirecciona vía telefónica al “puchador” más cercano o a quien le corresponde la dirección por el cuadrante asignado. Puede darse el caso que el “puchador” haya tenido que salir del cuadrante para resurtirse de narcóticos, por lo que desde el comando telefónico se instruye al automóvil de reparto disponible. Pude observar que cada equipo ambulante cuenta con tres y hasta cuatro líneas de telefonía celular. Al parecer, el patrón cuenta con dos líneas telefónicas, una para recibir pedidos y otra para instruir entregas. En esta organización piramidal, los patrones (se trata de dos socios) son los únicos con conexiones con la cadena de la distribución o microtráfico (Raffo y Gómez, 2017) y con los funcionarios públicos encargados de la protección del grupo, función que incluye las tareas de sicariato y guardaespaldas. Al final del turno, cada “puchador” espera la llamada para entregar las existencias narcóticas y el dinero de las ventas. Tras cuadrar las cuentas, el empleado recibe su porcentaje de beneficios diarios, del que deberá descontar los gastos en viáticos (alimentos y combustible) y el jornal del “chalán”. En caso de no cuadrar las cuentas, de faltar algún monto o, de plano, perder las ventas del día debido a inconmensurables como un operativo policial, el responsable exclusivo es el “puchador” quien queda endeudado con los patrones. Es aquí y en otros casos de consumidores deudores cuando intervienen los cobradores y, eventualmente, los “vaqueros” hasta liquidar la deuda por completo. Siguiendo con el resto de cargos dentro de esta estructura, el chalán atiende diversas necesidades del “puchador”: contar y guardar el monto de los pagos, atender las líneas telefónicas desvinculadas del negocio, comprar los alimentos y bebidas, y apoyar en los conflictos con los clientes. De estas, y en tantas ocasiones como acompañé al “puchador” Y en su jornada, fui comisionado para las compras de alimentos y bebidas no alcohólicas para el conjunto de los tripulantes del coche. El “chivo” o “chiva” viajaba en los asientos traseros, a mi lado, y su función es vigilar e informar a los patrones de las faltas a la disciplina de vendedor y chalán: tomar bebidas alcohólicas durante el turno laboral, agresiones a clientes, impago de “mordidas”⁷, y hurto de dinero o narcóticos. La primera y última situación eran sancionadas con la baja temporal y definitiva, respectivamente, del trabajo. En una sola ocasión que pude testimoniar, la baja se prolongó durante tres semanas. Por último, existe un rol más, cuya función es de enlace o asistencia entre los funcionarios públicos o altos jefes del crimen organizado y los patrones de la red de narcomenudeo. Sin embargo, estos personajes quedaron como información restringida, tabú, durante el lapso del trabajo de campo por lo que no puedo detallar las características completas de su cargo. Ya Saborío (2019) apuntará al uso de mano de obra intensiva y a la complejidad de las redes urdidas entre agentes estatales, agentes ilegales y residentes del territorio explotado por las bandas de narcomenudistas y recordemos cómo Safa (1999) subraya el uso intensivo de mano de obra y la recurrencia a integrar trabajadores en el sector informal de la economía usando las redes de parentesco.

Los montos de dinero que maneja este sector informal son especialmente altos. En el caso del “puchador” Y, para las ventas de fin de semana (jueves a domingo) en cualquiera de los dos turnos era de $50,000 en promedio de monto bruto de ventas por día y turno. Aunque el resto de la semana, de lunes a miércoles, las ventas resultaban en menos de una tercera parte del monto anterior, hay que considerar que operaban simultáneamente una veintena de “puchadores”, los recién enrolados sin “chalanes” y aun aportando un automóvil propio. Así, el monto bruto de ventas de un viernes podía ascender a un millón de pesos solo para este grupo de narcomenudeo.

Antes de avanzar a la descripción del mercado del sexo y narcóticos al menudeo en el centro histórico, expondré los datos relacionados con el sexoservicio fuera del centro que, en menor medida que el narcomenudeo, pude recabar en esta primera fase del trabajo de campo.

A partir del acceso al campo del narcomenudeo, siguiendo la técnica de “bola de nieve”, conocí a dos personas dedicadas al sexoservicio en colonias populares del sur urbano. La primera de ellas, 28 años, a quien identificaré como “H” vive con sus hijos menores y es propietaria de un micro-negocio. Precisamente, era en el mismo espacio del negocio donde atendía los servicios sexuales, y los clientes eran vecinos del sector. Usaba redes sociales para arreglar las citas y para conocer otros interesados previamente recomendados por sus clientes habituales. El tiempo que le dedica a la actividad es escaso, pero, según sus palabras, lo toma como un complemento a los ingresos que recibe de la tienda y del padre de sus hijos. La segunda persona era una joven, identificada en este estudio como “J”, estudiante de preparatoria, que es contactada por los interesados en sus servicios sexuales por una aplicación de mensajería y acuerdan reunirse en algún punto urbano para luego completar la transacción en uno de los moteles próximos a su zona de residencia. En este caso, accede e incrementa su mercado de sexo por la misma técnica que “H”, esto es: “bola de nieve”.

Estos casos exhiben algunas similitudes con otros que conozco por mi actividad académica en varias instituciones de la región. Se trata de jóvenes estudiantes universitarias que pagan sus estudios y aún reúnen fondos suficientes para establecer negocios profesionales al término de sus carreras. Establecen un modelo de doble vida social interdependiente, un caso que parece ajustarse mejor al término de Henry (1978) “economía oculta”. Este tipo del mercado de sexo sí instrumenta la espacialidad como recurso económico, aunque no se trata necesariamente del espacio fronterizo: las jóvenes se desplazan generalmente los fines de semana, con diversos argumentos como “ir a ver al novio”, a otra ciudad diferente a su lugar de residencia para evitar la revelación de su trabajo oculto, así como el control social de sus grupos sociales primarios. Durante esos periodos su trabajo sexual es intensivo, regresando el domingo por la noche o lunes temprano a la rutina socialmente aceptada y aceptable. Esta doble vida también implica, como en los dos casos superiores, la alternancia entre economía formal e informal y, además, coincide con el caso citado de sexoservicio masculino y homosexual que implica movilidad pendular interurbana y transfronteriza.

El territorio céntrico del mercado informal de drogas y sexo

En cambio, el modelo del mercado informal del sexoservicio en el centro histórico evidencia un modelo más estructurado, de tiempo completo y con más competencia por lograr clientes. La fuente de la información recabada está basada en una entrevista a profundidad con una sexoservidora veterana de la zona centro que denominaré “Z”. De modo auxiliar, sirvieron las notas de campo derivado de los recorridos y conversaciones informales por la zona de tolerancia y la zona centro en general.

“Z” tiene treinta años, dos hijos menores de doce años, e inició en este mercado precisamente a los meses de nacer su primogénito. El ingreso en la oferta sexual fue, aparentemente, sencillo. Acudió al bar “V”, una de las cantinas de la zona de tolerancia, y tras una brevísima conversación con el encargado (no explica si era también propietario) empezó a trabajar “sacando a bailar” a parroquianos del antro. Por cada cliente que sacaba recibía “cinco varos”. Este modelo de sexoservicio se conoce como “de fichas” y las mujeres se conocen como “ficheras”. Los ingresos son por dos vías: las bebidas alcohólicas que consume el cliente, de las que recibe una comisión, y el importe por el servicio sexual que llegara a acordar con el cliente y que se consuma en algún hospedaje cercano. “Z” menciona otros cuatro antros o salones de baile que ha frecuentado, en todos se opera con el mismo modelo “de fichas”. Sin embargo, “Z” refiere que a ella donde le gusta trabajar es en la calle. A este modelo de sexoservicio lo llama “taloneo⁸” y es muy exitosa “por tanta gente que la conoce ya”. De la calle, tras negociar “de a cuánto”, rentan un cuarto de hotel cuyo coste lo cubre el cliente. Un dato importante, habitual en los estudios y debates sobre este mercado, alude al padroteo.⁹ Sin embargo, “Z” declara que desde hace uno o dos años los “aztecas”¹⁰ ordenaron a los “padrotes” retirarse del negocio. Según esta versión, las sexoservidoras del centro urbano actualmente (2019) solo tienen que pagar una cuota de protección, al igual que hacen otros negocios del mercado formal e informal. Esto no es óbice para que “Z” libre del riesgo de violencias o abusos, porque, aunque “no me dejo” en una ocasión fue violada por un individuo “que le había encargado varias bolsas de “piedra” y que “compensó” esta pérdida de droga golpeándola y violándola en un automóvil. Siguiendo con el perfil de “Z”, afirma ser consumidora compulsiva de diversos narcóticos, principalmente “pastillas¹¹” y “piedra¹²”, pero ha consumido un largo elenco de enervantes, “todo menos pistos¹³”. El tiempo que dedica al mercado del sexo es amplio y diario “de la madrugada a la tarde”, generando ganancias diarias de hasta $10.000-12.000 (entre $514 y $616 dólares americanos). Curiel y Salazar (2019, p.106), por ejemplo, señalan tarifas de hasta $400 por servicio sexual que requiere de veinte a treinta minutos entre sexoservidoras de esta zona. Además, algunas trabajadoras sexuales elevan estos ingresos con pequeñas ventas de narcóticos. “Z” también resiente la pérdida del espacio de la Avenida Ignacio Mariscal de donde les removió la policía al igual que a los “jotos¹⁴”, con los que ahora se pelean los mejores lugares en las calles del norte y norponiente. El hostigamiento policial se traduce en múltiples “noches en la estación” de policía centro (policía municipal) y un ingreso en separos de la Fiscalía (General del Estado) “por otras cosas que se inventan, que si ando viendo a la gente, que si ando drogada…”. Este esquema de acoso y agresión es confirmado en el estudio de Curiel y Salazar (2019, p.107-108).

Respecto al mercado informal de narcóticos en esta zona, el proceso de acceso a porteros fue idéntica respecto a los “puchadores” de las periferias urbanas. En primer término, gané la confianza de varios consumidores de enervantes ilícitos que frecuentan para surtirse la zona centro. A partir de estos colaboradores, contacté y entrevisté a un integrante de los “aztecas”, que como señalé arriba son el grupo criminal que controla las actividades de ilícitos que transcurren en la zona de tolerancia y calles anexas del centro histórico. Este grupo comparte este territorio, en alianzas o bajo licencia, con “La Empresa”, una de las acepciones del Cártel de Juárez (NCDJ). Denominaré a este colaborador como “el 21”, de 38 años, casado, y padre de tres menores de edad. Los puntos de venta los denomina “firmas”, “puntos” y, con menor frecuencia, “tienditas”. Según el “21”, los “puntos” existentes en la zona centro y colonias anexas como Obrera, Bellavista y el Barrio Alto son del tipo semifijo y fijo. El primero lo representan decenas de puestos informales, algunos ambulantes, de venta de alimentos procesados, mientras que en el segundo se trata de negocios formales y legalmente establecidos, así como casas habitación. En todos los casos, los “puchadores” aportan obligatoriamente una cuota de protección a los “aztecas”, así sean integrantes de esta organización. Como en el caso del sexoservicio, la cuota oscila entre el cinco y el diez por ciento de las ganancias quincenales de cualquiera de los mercados implicados. Obviamente, para determinar el importe exacto, sexoservidoras y “puchadores” están bajo estricto escrutinio de la organización que mantiene una intrincada red de “postes” en la zona centro. Como en el caso del sexoservicio, las “firmas” o “puntos” ubicados en el área de intervención del Plan Maestro de Rehabilitación Social y Urbana del Centro Histórico están siendo sometidos desde 2016-17 a hostigamiento institucional; este se amplió a otras áreas tras un conflicto armado entre “aztecas” y NCDJ surgido a finales de 2018 (Vega, 2019).

Por último, la oferta de narcóticos se completa en el centro histórico (y otras zonas urbanas) con una red de farmacias legalmente establecidas y que venden irregularmente medicamentos controlados, mayormente benzodiacepinas y opiáceos sintéticos, a los consumidores que residen o acuden al centro por la oferta del mercado informal de ilícitos. Como se deduce del testimonio de “Z”, la gran mayoría de los consumidores de narcóticos y enervantes en Ciudad Juárez caen bajo la denominación médica de “politoxicómanos”, siendo las diferentes presentaciones comerciales de benzodiacepinas del gusto de consumidores y adictos a la heroína y opiáceos en general. De esta manera, la red del mercado formal e informal de drogas se complementan de nueva cuenta.

El mercado informal de sexo y narcóticos en el centro histórico de Ciudad Juárez suma un siglo de actividad ininterrumpida. Al menos desde la segunda década del siglo XX, el modelo de negocio ha persistido para ambos rubros. La zona de tolerancia, creada como un instrumento de administración y gobierno sanitario, contaba con casas amplias con cuartos adaptados a satisfacer el contrato carnal; también con un amplio elenco de cantinas, cabarés y salones de baile adaptados a los diversos niveles adquisitivos. Dentro de su perímetro y en las calles colindantes se inició en los años veinte del siglo XX el negocio del narcomenudeo desde casas habitación. Este mercado se extendía por farmacias y los mismos establecimientos orientados al entretenimiento inmoral. Un siglo después, persisten estos mismos modelos y espacios para el mercadeo de sexo y drogas: cuartos de hotel, cantinas y salones donde se ofrecen “ficheras” y calles donde se “talonea”; casas habitación habilitadas para la venta de narcóticos, así como farmacias y establecimientos comerciales operando legalmente fungen también como puntos de venta. Sin embargo, la centralidad de este mercado está amenazada por los proyectos de regeneración y gentrificación urbana y otros cambios socio-económicos. Desde 2013, una parte del mercado informal tuvo que replegarse a un sector de la histórica zona de tolerancia, el más retirado del puente internacional y rodeado por el sector de abastos urbanos tradicional. Las cantinas y similares orientadas a los sectores de consumidores de ingreso medio-bajo y bajo fueron sistemáticamente cerradas o desplazadas hacia esta misma área de abastos populares (Curiel y Salazar, 2019; Quezada, 2018). Pero junto a la gentrificación de una parte del centro histórico, nuevas zonas urbanas y modelos de negocio han tomado relevancia, casi simultáneamente con la entrada en vigor del plan de rehabilitación social y urbana, coadyuvando en la decadencia del mercadeo de sexo y drogas en el centro. El narcomenudeo se ha extendido a la periferia urbana. Para comprender mejor el grado de incidencia de estos desplazamientos me serviré de la encuesta sobre prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el estado de Chihuahua. En esta se especifica y contabiliza la ubicación de la oferta de sustancias psicoactivas, resultando que el 50% las adquiere en su misma colonia o barrio, un 20,8% en otra colonia o barrio, otro 20,8% la solicita para entrega a domicilio, y solo el 4,2% la obtiene en los bares o similares (FICOSEC, 2019, p.76). Si contrastamos, en cambio, estos datos con la tipología de Zamudio (2013) basada en tipos de espacios y según el grado de movilidad geográfica instrumentada, puedo afirmar que el tipo ambulante es una opción emergente en Ciudad Juárez más no dominante; el tipo fijo suma aún el 70,8% de las compras y el semifijo supone la opción de mercado marginal. Sin embargo, la crítica vertida por Heyman y Smart (1999) al modelo económico neoclásico de la elección racional y la regulación del mercado de ilícitos por la oferta-demanda amplía estas conclusiones. Por ejemplo, los procesos sociales derivados de un siglo de zona de tolerancia están favoreciendo el control del territorio que redunda en incrementos de la cantidad de clientes de sendos mercados. Es un punto fijo con agregados de valor (mayor capital) por sinergias si consideramos la función comercial del área y la complicidad o tolerancia de algunos residentes. Simplemente está cambiando actualmente la política pública al respecto de estos mercados informales con la instrumentación de un proceso de gentrificación (aún inconcluso y, por ende, reversible). Este tipo fijo, por el valor del espacio que ocupa es más intensivo en fuerza de trabajo e integra menos relaciones de parentesco que el “punto” fijo de la periferia descrito más arriba. Basta considerar el número de “postes” y “puchadores” implicados. En el caso periférico fijo, en cambio, aunque con costes similares por defensa del territorio y menos sinérgico por ser espacios urbanos con bajo valor de mercado ofrece otras ventajas comerciales: mayor invisibilidad social, fuerte complicidad o tolerancia e incluso consumo por los vecinos ya que existen relaciones de reciprocidad social previas al modelo de negocio, reducción de costes al usar las redes de parentesco y propiedades privadas, y menor exposición a la violencia ocasionada por rivales y cuerpos de policía por no operar en la vía pública. Este es un tipo paradigmático que fundamenta la crítica a la visión neoclásica: tanto ganancias como público son cuantitativamente mediocres, más aún si consideramos el cobro parcial de las sustancias comercializadas en bienes usados y desechos urbanos. Son las relaciones sociales vinculadas a la localidad y el tiempo de vida las que posibilitan esta oferta fija periférica. Esta es la alternativa más factible a la posible pérdida del centro histórico para los mercados informales objeto de este escrito. Definitivamente, el mercado informal de drogas ilícitas se está descentralizando en Ciudad Juárez replicando el tipo fijo de venta, con “firmas” o “puntos” en amplios sectores urbanos que transforman en sus territorios. Los clientes de estos “puntos” son parroquianos, vecinos habituales, como ocurre en el grupo X de narcomenudistas. Prácticamente idéntico, el esquema de negocio de sexoservicio de “H” que atiende mayormente a vecinos de su barrio o de zonas anexas al mismo, que a la larga se tornan en clientes habituales, parroquianos. Aunque en este caso, por el tiempo dedicado a este mercado, parece ser, a diferencia de quienes trabajan en la zona centro, una actividad oculta y no profesionalizante en el tono de otros servicios tradicionalmente femeninos como la limpieza de casas, de ropa o el cuidado de niños ajenos.

El tipo ambulante, representado por el grupo Y de narcomenudistas, supone una innovación basada en las nuevas tecnologías de la información y el automóvil que se adapta y usufructúa el modelo urbano difuso, por lo que requiere mayor inversión de capital con un ligero detrimento del trabajo intensivo e instrumenta las características del espacio urbano para incrementar las plusvalías mercantiles. Además, se trata de un mercado desterritorializado por lo que reduce los costes derivados de la defensa del territorio contradiciendo a Saborio (2019). En este sentido, lo bauticé “narcuberización” del mercado de drogas en el diario de campo, considerando junto a las coincidencias arriba señaladas la extrema precarización del trabajo bajo estos parámetros de flexibilidad, digitalización, estajanovismo y fusión entre tiempo libre y tiempo laboral (Antunes, 2020, p.19), a pesar de que cuenta con turnos establecidos y, parte de la fuerza de trabajo, con automóviles proporcionados por los “patrones”. En consonancia, la joven estudiante “J” ofrece sexo bajo parámetros similares, aunque con muchos menores ingresos y logística y ganando en invisibilidad (que supone una táctica de protección personal, a fin de cuentas). Sin embargo, este modelo de sexoservicio cuenta con elementos contextuales suficientes para una emergencia y conquista de cuota del mercado sexual, en detrimento de la secular, acosada y céntrica zona de tolerancia.

En suma, los mercados formal e informal se hallan firmemente imbricados, apareciendo actores sociales del sector formal y gubernamental en funciones de dirección, regulación o complemento del sector informal de sexo y drogas ilícitas. En ambos casos, se constata el empleo de mano de obra precarizada, no cualificada e instrumentada de modo intensivo, con base al grupo de parentesco en algunas ocasiones. Asimismo, constato un incremento en la penetración de la mano de obra femenina en el narcomenudeo y una pérdida gradual de la centralidad urbana de la oferta total de ambos mercados informales favorecido tanto por el modelo de ciudad difusa como por los ajustes institucionales en la revalorización de esa centralidad por la expulsión de población de bajos ingresos y las demoliciones exacerbadas.

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