En la actualidad, la tensión acerca del aumento del control punitivo ejercido por los sistemas penales en amplios sectores poblacionales y sus controvertidas consecuencias -endurecimiento de las penas, construcción de cárceles, proyectos de baja en la edad de imputabilidad penal, creación de nuevos delitos- (Carlen, 2012; Wacquant, 2010) conforma el campo-tema acerca de las prácticas de control socio-penal que se implementan en las poblaciones y los procesos de criminalización que suponen. Los debates han puesto en tela de juicio las concepciones sobre crimen y criminal que encierran estos sistemas punitivos, coincidiendo en la necesaria inclusión de un plano social más amplio que intente desplegar las racionalidades políticas que se derivan en los procesos de criminalización. Por su parte, Fassin (2016) discute acerca de la conjunción entre la ampliación del espectro de lo que se considera desviado y pasible de ser penalizado, a la vez que la caracterización social del fenómeno, en términos raciales, de género, en una economía moral de la desviación.

En el Uruguay del siglo XXI la tensión seguridad-inseguridad ha sido un tema ampliamente debatido, haciendo énfasis en los/as adolescentes y jóvenes pobres como eje fundamental de las discusiones sobre inseguridad y como motor de miedo en la ciudadanía (Morás, 2012). Ese miedo se vio ilustrado por una serie de medidas tomadas por el gobierno del Frente Amplio que pusieron a los/as adolescentes en el seno del debate sobre seguridad. En los últimos años el Poder Legislativo votó las leyes 18.777 (2011), 18.778 (2011) y 19.055 (2013) que implican un endurecimiento de penas hacia menores de edad y van en contra de la legislación nacional y los acuerdos internacionales ratificados por Uruguay. Mientras investigadores/as nacionales plantean que no existen datos válidos, confiables y sistemáticos que muestran el aumento de las conductas delictivas por parte de la población adolescente (Abella, et al., 2015; Morás, 2012).

Por su parte el género en tanto que categoría analítica (Scott, 1996) introduce una dimensión crítica en las racionalidades de los procesos de criminalización. Investigaciones en el marco de las criminologías feministas (Carlen & Worrall, 2004; Chesney-Lind & Pasko, 2013; Pitch, 2003; Smart, 2000) trabajan las relaciones de género como una dimensión constituyente de los sistemas penales y como un componente presente en el tránsito de las mujeres por los mismos, que conlleva situaciones de desigualdad e inequidad.

En este sentido, nos preguntamos por las características de las prácticas de control socio-penal que componen el tratamiento de las adolescentes mujeres en el marco de una medida no privativa de libertad (MNPL) en el Sistema Penal Juvenil Uruguayo (SPJU), más específicamente en el Programa de Medidas no Privativas de Libertad y Mediación (PROMESEM). Las prácticas de control socio-penal, en tanto que prácticas sociales concretas, configuran un campo heterogéneo tramado por multiplicidad de líneas, que componen las formas que tienen las personas de ser juzgadas y/o tratadas en función de sus desvíos a la normativa penal imperante en un determinado contexto socio-histórico. Foucault (1991) nos dirá que “son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para definir tipos de subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que merecen ser estudiadas” (p. 17).

Partimos de dos premisas que componen el campo-tema (Spink, 2008): por una parte, las mujeres adolescentes son históricamente invisibilizadas en los sistemas penales juveniles y por otra, los sistemas penales juveniles tienen género. En este marco, las preguntas versan sobre cómo los sistemas penales funcionan para crear y recrear el género (De Lauretis, 1989) y qué singularidades/particularidades tiene el tratamiento de las adolescentes mujeres en una MNPL en el SPJU.

Sistema Penal Juvenil Uruguayo

A partir de 2004 Uruguay aprueba el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) (Poder Legislativo, 2004) siendo su implementación un avance en la adecuación de la normativa jurídica y sus instituciones a los lineamientos internacionales derivados de la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) y otros instrumentos asociados al tratamiento de la justicia con adolescentes. Supuso la distinción diferencial de abordajes hacia niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de aquellos que han cometido infracciones a la ley penal. Dentro de éstos, considera que son pasibles de un procedimiento judicial infraccional aquellos/as adolescentes comprendidos en la franja etaria de 13-18 años y que el principio rector de responsabilidad por dicha infracción se inicia a partir de la sentencia. De acuerdo a ello el SPJU se encuentra organizado en los segmentos policial, judicial y de ejecución de las medidas judiciales, denominadas socioeducativas (Poder Legislativo, 2004). Estas últimas son ejecutadas por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), organismo creado en 2016 con fines descentralizadores de la gestión histórica del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) como rector de las políticas públicas sobre infancia y adolescencia y en específico en el campo de la adolescencia infractora.

En este marco el CNA plantea como medidas a adoptar, además de la privación de libertad, un elenco de medidas no privativas entre las que se encuentran la amonestación, orientación y apoyo, prestación de servicios a la comunidad, obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima, libertad asistida y libertad vigilada. Dentro de la gestión de INISA estas dos últimas son las que se desarrollan en mayor número en PROMESEM y refieren a la obligación de concurrir al programa por el tiempo que estipule el/la juez/a en la sentencia asegurando el goce de su libertad en su medio familiar y social y apoyado por un equipo técnico (psicología-trabajo social- educación social-magisterio-talleristas, entre otros/as) capacitado para el desarrollo de los objetivos del programa.

En este escenario institucional vinculado a la ejecución de MNPL, PROMESEM, realizamos la investigación que da sustento a este artículo.

Las Adolescentes Mujeres

Las adolescentes mujeres en el SPJU tienen características propias y particulares (Galeotti-Galmes, 2013; López-Gallego, 2016; UNICEF, 2017). Consideramos necesario detallar algunas con el fin de comprender mejor el tránsito de las mismas por el sistema y por el cumplimiento de las MNPL. Las prácticas de control socio-penal implican formas cotidianas de hacer (De Certeau, 1999) que integran los sistemas penales en relación a los agentes protagonistas: adolescentes, operadores/as del sistema, cargos de dirección y gestión. Podemos afirmar la existencia de una matriz tutelar y de género que implica ser mujer y transitar por los sistemas penales y que presenta ciertas especificidades. Además la particularización de la infancia deja en invisibilidad dos inscripciones fundamentales: los diferentes modos de ser niño/a en tanto que clase social y las diferencias entre ser niño y niña en tanto que relaciones entre los sistemas sexo-género (Butler, 2006).

Las mujeres seleccionadas por los sistemas penales responden a una doble desviación a la normatividad penal y de género y en consecuencia reciben un tratamiento que responde a una triple disciplina acorde a procesos de feminización, domesticación y medicalización (Carlen, & Worrall, 2004). Así los cuerpos de las mujeres se colocan como un elemento central, lugar de conflicto y sometido a prácticas y discursos de tipo médico, jurídico y psicológico (Pitch, 2003). El tratamiento que reciben se relaciona con temáticas que vinculan la sexualidad y el delito en intervenciones híbridas donde los sistemas penales han estado atravesados en el Siglo XX por el Estado y la Iglesia (Juliano, 2009). Las temáticas que insisten tienen que ver con desvíos sexuales, promiscuidad, embarazos y maternidades tempranas (López-Gallego, Galeotti-Galmes, & Montes-Maldonado, 2018).

La estrategia de domesticidad es la privilegiada en las intervenciones en los sistemas penales juveniles impregnando así las orientaciones técnicas en sus diferentes momentos (ingresos, permanencias en el sistema y egreso), ofertas educativas y laborales. Intentando así reconstruir la domesticidad pérdida por aquellas mujeres que transgreden al rol de tradicional donde las tareas de reproducción y el cuidado de hijos/as y la casa es lo imperante (Ballesteros, & Almeda, 2015).

Las adolescentes son socializadas en su trayectoria vital destinando de forma naturalizada gran parte de su tiempo a actividades de cuidado del hogar y de otras personas dependientes. Esta inversión de tiempo las aleja de posibilidades de desarrollo a nivel recreativo, educativo, y/o laborales.

Por último, la asignación de sentidos de masculinidad o lo no-femenino a estas adolescentes se vincula a una tendencia a interpretar determinadas conductas asociadas a la violencia, posturas de insubordinación y rebeldía, generalmente manifestadas hacia el propio sistema penal juvenil, así como respecto al ejercicio de la fuerza física hacia otras mujeres o adolescentes. En este sentido Jiménez y Sánchez (2009) señalan al androcentrismo como aspecto habitual del derecho procesal penal entendido como el enfoque que toma al varón como parámetro de lo humano y dentro de éste a la ginopia como la imposibilidad de ver las especificidades de las mujeres o la invisibilidad de sus experiencia.

Metodología

La estrategia metodológica sigue un enfoque metodológico cualitativo y etnográfico (Denzin, & Lincoln, 2017; Guber, 2009; Ruiz-Olabuénaga, 2012), que busca la comprensión en profundidad de una situación particular, el funcionamiento de una medida judicial, en un contexto institucional específico donde se ejecutan las MNPL en el SPJU. El enfoque persigue el análisis de los sentidos (Spink, 2013) que les conceden los agentes claves-adolescentes, autoridades, técnicos/as, investigadores/as, al tránsito por estas medidas.

El trabajo de campo se realiza entre marzo y diciembre de 2016. La primera etapa de la estrategia metodológica prioriza el contexto institucional estatal, PROMESEM, localizado en Montevideo. El SPJU se compone de dos órbitas para la ejecución de las MNPL con adolescentes mujeres:

i) La órbita estatal compuesta por PROMESEM, que actualmente centraliza y controla toda la ejecución de MNPL para la ciudad-capital de Montevideo.

ii) La órbita de la sociedad civil organizada (Organizaciones No Gubernamentales-ONGs), que funcionan en algunos departamentos del Uruguay y en los últimos tiempos han visto mermadas sus intervenciones, en función de una política estatal que tiende a centralizar la gestión de las MNPL en PROMESEM.

El diseño metodológico fue dividido en dos momentos, un primer momento de familiarización y acceso institucional, que consistió en la realización de entrevistas con autoridades institucionales de INISA y PROMESEM para negociar los permisos y avales necesarios para la el acceso a la institución. Se mantuvieron algunas entrevistas: con la dirección de investigación de INISA, la comisión directiva de INISA y con la dirección y subdirección de PROMESEM.

La investigación cuenta con el aval del Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que regula las investigaciones con seres humanos así como también con el aval institucional correspondiente otorgado por la institución responsable. El uso de la información sigue los requerimientos éticos de la disciplina, se utilizan pseudónimos para nombrar a las participantes a modo de respetar la confidencialidad y se evita la utilización de información sigular que pueda identificarlas. Para participar de las instancias de acompañamiento en la MNPL que realiza el equipo técnico se solicita a las adolescentes un consentimiento-asentimiento informado que se realiza oralmente explicitando: objetivos de la investigación, voluntariedad, confidencialidad y respeto (American Psychological Association, 2017).

Un segundo momento donde realizamos trabajo de campo etnográfico (Guber, 2013) que consistió en: acompañar el tránsito de cuatro adolescentes mujeres por la MNPL (acompañamiento etnográfico), analizar los legajos de estas cuatro adolescentes, observación etnográfica, y registro de todas estas actividades en un diario de campo (ver Tabla 1).

El enfoque etnográfico (Guber, 2009) como método se caracterizó por la participación de las investigadoras en la vida cotidiana de la institución de manera de comprender los itinerarios institucionales de las adolescentes mujeres en relación al cumplimiento de la medida judicial impuesta. Así nos integramos al equipo técnico que realiza el seguimiento de las MNPL en cuanto a sus procedimientos de funcionamiento y encuadre institucional. Esto nos brinda la posibilidad de conocer y comprender el fenómeno social desde la propia perspectiva de participantes o agentes y gracias al encuentro e interacción con los/as mismos/as.

Nuestro posicionamiento como investigadoras es singular y situado (Haraway, 1995) donde gracias al análisis de la reflexividad (López-Gallego, 2014; Sisto, 2008) intentamos posicionarnos desde una forma particular de producción de conocimiento donde el encuentro dialógico con los/as participantes y el contexto conforman un evento transformador.

Destacamos la importancia del registro en el diario de campo como el espacio de reflexión y herramienta para la descripción. El registro permite dar cuenta del proceso vivencial y afectivo del trabajo de campo etnográfico, así como también describir situaciones. Trabajamos un diario de campo que denominamos ampliado para escribir esbozos de análisis, conexiones teóricas y reflexiones. Realizamos una escritura narrativa donde explicitamos los diversos acontecimientos que fuimos viviendo, describiendo los contextos donde tuvieron lugar y las personas que participaron.

En la Tabla 2 se detalla características de las adolescentes que consideramos relevantes en función de su tránsito por la MNPL.

Resultados

Trabajamos los resultados de un modo narrativo (Martínez-Guzmán, & Montenegro, 2014), para mostrar la reflexividad de nuestras prácticas de escritura. Apostamos a una modalidad de relato que transmita las singularidades de las adolescentes mujeres en su tránsito por una MNPL en el SPJU. Tramas narrativas que apelan a otras formas de escritura en Ciencias Sociales, a la vez que permiten articular los sistemas sexo-género en la propuesta analítica. “La elaboración de nuevos y diferentes relatos permite traer a la luz que ninguna historia y, ciertamente, ninguna forma de leer o interpretar una historia, es definitiva e inevitable” (Martínez-Guzmán, & Montenegro, 2014, p. 123).

Los tres relatos que aquí presentamos, narran las prácticas de control socio-penal dirigidas a adolescentes mujeres en el SPJU. Para la construcción de los relatos utilizamos información proveniente del diario de campo, observaciones, legajos, acompañamiento de las adolescentes por la MNPL, todo ello conforma el trabajo de campo etnográfico realizado.

En relación a a escritura, tenemos la gran responsabilidad de hablar de ellas, pero sin ellas, los niveles de coautoría son muy complejos en estos contextos institucionales. La apuesta es una escritura situada, que lejos de convertirse en una reducción individual permite otros tránsitos a las generalizaciones, a la transferibilidad del conocimiento (Sisto, 2008).

Los relatos que construimos fueron seleccionados para dar cuenta de temáticas específicas que aquí detallamos. El primero deja en evidencia las dificultades con las que se encuentran las adolescentes para gestionar su vida sin apoyos parentales o vinculares. Aquí el proceso de autonomía progresiva que transitan los/as adolescentes en el camino hacia la adultez es obviado por la inexistencia de soportes que puedan dar andamiaje a este proceso en función de las necesidades.

En el segundo relato discutimos la noción idealizada de familia como aquella destinada a cuidar y proteger, donde priman los vínculos consanguíneos. Consideramos la importancia de valorar otros vínculos afectivos de relevancia en la vida de las adolescentes. Y el tercero sitúa un aspecto muy marcado de la intervención con adolescentes en el SPJU donde circula la idea de que las adolescentes mujeres “son más bravas”. Esta afirmación que proviene de las percepciones y experiencias de los equipos se vincula con las transgresiones a la normativa de género que realizan las adolescentes que cometen infracciones y visualiza las dificultades de empatía que se construyen.

“Estoy yo”nos dice Celia

Celia comienza la medida judicial viviendo en casa de su hermana mayor (22 años) embarazada de 6 meses, su cuñado y un hijo de la pareja de dos años. En relación al resto de su familia, expresa no querer hablar de su madre, con quien ha tenido problemas importantes en los últimos tiempos. Su padre estuvo privado de libertad 6 años y hace relativamente poco que salió de prisión.

Cuenta la historia de su familia, la define como una “familia muy sufrida”, sobre todo en los tiempos que el padre estaba privado de libertad, “de refugio en refugio”. En esos tiempos vive un año en la casa de una amiga, para evitar la institucionalización en el INAU, la mamá de su amiga se hace cargo de ella.

Los efectos de la privación de libertad de padres y madres repercuten duramente en toda la familia. Investigaciones al respecto (Techera, Garibotto, & Urreta, 2012) señalan los efectos de precariedad que acarrea la cárcel en las familias de las personas presas, por una parte se pierde un ingreso en la economía familiar y por otro lado la cárcel de un integrante puede generar cargas económicas en el afuera, visitas, alimentación, entre otros. Esto puede llevar a amplificar y trasladar el castigo por los delitos cometidos a otros integrantes del grupo familiar, así como a la sobrecarga laboral y de cuidados del resto de los integrantes de la familia. Situación que se agrava en este caso, por la presencia de muchos/as hijos/as menores de edad.

Su hermana mayor ha cuidado de todos/as, expresa que cuando su hermana estaba en la casa “todo era mejor, diferente”. En este contexto familiar, Celia asocia la palabra cuidados a cómo resolvían el cuidado de los hermanos más pequeños cuando su madre trabajaba y su padre estaba privado de libertad. Nos cuenta que desde pequeña se hizo cargo del cuidado de sus hermanos/as pequeños/as y esta situación se agudizó cuando la hermana grande se fue de la casa, “Es así, natural, cuidar a tus hermanos”.

El cuidado como trabajo invisible, como práctica realizada en relación a hermanos/as más pequeños/as, es algo naturalizado en la vida cotidiana de Celia. Esta invisibilidad se asocia con determinados mandatos de género, donde el amor y la gratificación son las motivaciones fundamentales de estas prácticas, no logrando visualizar lo que conlleva de carga de trabajo no remunerado cotidiano (Batthyany, Genta, & Perrota, 2012; López-Gallego, & Montes Maldonado, 2016).

Celia terminó la escuela primaria, y sólo en momentos que estaba vinculada al SPJU pudo comenzar la educación secundaria en un programa específico, que luego abandonó. Antes de terminar el primer mes de cumplimiento de la medida judicial, la vida de Celia cambia bruscamente, su hermana y su cuñado caen presos y debe abandonar el lugar en el que vive. Recurre al programa, para plantear que no tiene a dónde ir. Todo el equipo técnico se reúne con ella y piensan estrategias en relación a dónde vivirá y quién es el adulto/a responsable que se hará cargo de ella. La situación se resuelve momentáneamente conectando a Celia con la amiga que vivió anteriormente, la recibirá en su casa por un tiempo.

Celia insiste en que tiene 17 años, dentro de muy poco cumplirá 18, y que puede gestionar su vida: “Ahora estoy sola, me tengo que hacer cargo de mi vida”. Esto genera cierta desconfianza en el equipo técnico, de qué va a vivir es la pregunta que nos hacemos. La explotación sexual comercial entra en escena como uno de los posibles itinerarios que pueda elegir Celia para superar la precariedad material que debe enfrentar.

La noción de sexualización de la delincuencia femenina (Bodelón, & Aedo, 2015) es útil para pensar cómo es utilizado el cuerpo y en especial el cuerpo sexuado de las adolescentes en los sistemas penales juveniles. La tensión se sitúa entre un abordaje institucional que confiere carácter sexual a todo comportamiento de las adolescentes, lo que llamamos sexualización, y la negación de la sexualidad de estas jóvenes, como forma de controlar una sexualidad que se piensa como descontrolada (De Garay, Nascimento, & Uziel, 2017). La prostitución es un tema recurrente en los sistemas penales juveniles, nunca pensado o llamado como explotación sexual comercial y no comercial. Práctica que históricamente se ha concebido como delito para las mujeres. Delito y/o pecado en el que se solapa la impronta moralista-religiosa que ha teñido el tratamiento penitenciario de las mujeres.

En los próximos encuentros, se trabaja con Celia cuáles pueden ser los/las adultos/as que se hagan cargo de ella. Nos repite “Estoy yo”, nos cuesta mucho aceptarlo. Hablan con su madre, hablan con su padre, no pueden hacerse cargo de ella. Se realiza una gestión para que pueda concurrir a visitar a su hermana privada de libertad.

Celia falta a las últimas entrevistas fijadas, un técnico/a va a verla a su nueva casa, ya no en lo de su amiga, se ha mudado con otras amigas a un apartamento. Nuevamente surge la sospecha de la explotación sexual comercial como medio de vida, ella dice que está trabajando de niñera.

Celia nos hacer pensar en los procesos de autonomía que transitan los adolescentes y en la noción de autonomía progresiva que está presente en las legislaciones actuales de infancia y adolescencia (CNA, 2004). La noción de autonomía procede etimológicamente de “autos” por sí mismo, “nomos” regla/norma e “ía” acción o cualidad, es decir la regla por sí mismo o la propia norma. Como nos recuerda Castoriadis (1983) el problema de la autonomía tiene que ver con el problema del sujeto y su relación con el otro, donde el otro no es una barrera sino una parte que lo constituye. De esta manera en su discusión muestra que la noción de autonomía no tiene que ver con una característica individual sino que los otros están presentes como alteridad como parte de la relación social y de esta manera la autonomía sólo puede comprenderse de forma colectiva en su potencial intersubjetivo, como materialidad de lo social.

Vanessa“Yo soy anti, no me doy con mi familia”

Tiene 17 años y cumple una medida judicial de orientación y apoyo (CNA, 2004) de 60 días de duración. Llega antes de la hora a la primera entrevista, muy seria y un tanto molesta, casi no habla aunque mira atentamente. La acompaña su madre, quien tampoco interviene. Anteriormente había cumplido una medida cautelar por lo cual ya conocía la Institución, pero no recordaba cómo había sido ese proceso, su único recuerdo era que “iba sola y a firmar”. Esta afirmación que se repite entre los/as adolescentes deviene de una práctica instalada en el cumplimiento de las MNPL donde los/as mismos/as tienen que firmar para dejar constancia de su asistencia cuando concurren a la Institución.

El cumplimiento de la medida se produce de forma ritual como parte del proceso judicial por el que transitan y a veces el objetivo de su presencia en la institución es difuso. Siguiendo a Foucault (2012) los rituales definen las cualidades de los/las hablantes, los comportamientos y en este sentido la eficacia o capacidad de coacción que puedan tener. En este caso la medida judicial cumple con controlar la asistencia en términos formales, legitimar el poder de la transgresión a la ley, pero los aportes de la medida en la vida de los/as adolescentes están diluidos.

Reside en un asentamiento irregular de la zona oeste de Montevideo en una casa con su madre, 3 hermanos/as de 5, 14 y 15 años y una sobrina de pocos meses. Cuando se refiere a la casa familiar la nombra como “la casa de mi madre”. La misma tiene tres habitaciones, living, baño y cocina.

Su madre mantiene el hogar, trabaja como empleada doméstica en una casa de familia 8 horas al día en un barrio más privilegiado. La familia es beneficiaria -a través de la madre como titular- de prestaciones sociales- Asignaciones Familiares (AFAM) y Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social.

En Uruguay se produce un fuerte cambio en la matriz de protección social desde 2005 con las acciones emprendidas para disminuir la pobreza. En concordancia con la región las mujeres aparecen en estas políticas con un rol muy relevante, como responsables/intermediarias y es “a través de lógicas conservadoras de la feminidad a partir de las cuales se fija su rol de madre, se niega u oculta otras dimensiones tales como las de trabajadoras o ciudadanas y se invisibiliza el carácter relacional de la configuración de los géneros” (Rojas, 2014, p. 318).

Con Vanessa trabajan varias personas del equipo técnico. Los objetivos institucionales explícitos además de cumplir la MNPL es reflexionar sobre la infracción y responsabilizarse sobre lo acontecido. En esta línea la noción de responsabilidad cobra relevancia como cuestión moral, lo que se traduce además en intervenciones moralizantes y polarizadas entre el bien y el mal (López-Gallego, & Padilla, 2013).

La infracción es catalogada como Hurto especialmente agravado. Vanessa cuenta que robó en un supermercado con tres amigas, mayores de 18 años, quienes no fueron procesadas porque era el primer delito donde eran captadas. Aclara que no era la primera vez que pasaba pero si la primera vez que perdía (se ríe). Nos cuenta que cuando anda en el barrio lo hace con estas amigas y que anteriormente llegó a pasar algunas noches en la Comisaría y una conocida la sacó de allí. Su madre que estaba en la entrevista no sabía de estos episodios y dice no saber que ella robaba. El relato de Vanessa remite a la idea de deriva de Matza (2014) quien explica que los/as jóvenes no infringen la ley a tiempo completo sino que transitan por una etapa de deriva donde según los contextos que habitan alternan entre lo convencional y lo criminal.

El equipo intenta buscar los “intereses” de Vanessa, algo que le guste hacer, le explican que por el poco tiempo de la medida se van a centrar en lo educativo. Respecto a la educación formal concurre hasta el segundo año de educación media, donde abandona. Luego se anota en un centro para estudiar peluquería pero deja de ir porque no le gustaba hacer las otras materias. Le preguntan qué hace en el día y ella contesta “nada, callejear”. Luego surgen otros intereses como el fútbol, es fanática de uno de los cuadros más importantes, y va a la cancha a ver todos los partidos, también le gusta estar con sus amigos/as y quiere trabajar. Dice enfáticamente que no quiere estudiar.

Su falta de motivación hacia la educación formal concuerda con estudios en la temática que muestran las dificultades para el acceso o mantenimiento tanto de jóvenes en general como aquellos/as privados de libertad. Entre las barreras que expresan para estudiar se encuentran en primer lugar dificultades con algunas materias y el desinterés con los contenidos de la enseñanza (Morás, 2016).

Entre las actividades que le ofrecen para hacer en la institución plantea que solo le interesa la natación y que su prioridad es trabajar. Su mayor preocupación es si tiene que concurrir con su madre porque no quiere. Aquí es la única vez donde la madre participa preguntando cómo sabe ella si su hija tiene que venir y cómo sabe si concurrió o no. Le explican que se acredita asistencia con una nota.

Acompañamos todo el proceso Vanessa y visualizamos un momento de ruptura cuando concurre sin su madre. La primer impresión de una adolescente callada y enojada ya no estaba y se mostraba muy interesada en recibir ayuda y compañía. Rápidamente percibimos su soledad.

Tiene varios tatuajes uno tiene la inscripción del nombre de su madre y otro en otra parte del cuerpo que dice mamá. Cuando preguntamos su madre explica que se hizo el tatuaje que dice mamá por una persona que la crió durante más de 11 años. No habla mucho de su familia, solo lo hace porque alguien del equipo insiste en preguntarle. En una de sus respuestas dice “yo soy anti, no me doy con mi familia”. Nos deja muy claro que ella se arregla sola, que cuando le pasa algo no le cuenta a nadie y se lo guarda. Entre sus reflexiones plantea que no puede confiar. De su contexto más cercano la persona que aparece más importante afectivamente es una amiga, con la que salen y se apoyan.

De los encuentros con Vanessa queda claro la debilidad del vínculo con su madre y el resto de la familia. Además de haber transcurrido gran parte de su infancia y adolescencia en la casa de otra familia, ni su familia biológica ni la otra aparecen como referentes afectivos actuales. Observamos una fuerte idealización de los vínculos consanguíneos por sobre otros que las adolescentes van construyendo en sus trayectorias. Así se produce una fuerte insistencia en la intervención en profundizar en la relación de las adolescentes con sus familias cuando muchas veces estas relaciones están muy deterioradas. Jelin (2010) explica la existencia de una multiplicidad de formas de familia y de formas de convivencia. En este sentido es interesante la idea de pensar lo familiar como potencia, como aquello que nos une por el sostén y significación afectiva por sobre otros aspectos (López, & Rodríguez, 2017).

Juana: Entre el desafío y la violencia,“Son más bravas”

Vive con sus padres en un barrio montevideano de clase media trabajadora. Tiene 6 hermanos de los cuales conviven cuatro. De los otros dos, uno se encuentra preso y otro vive independiente. Hizo primer año de liceo por la mitad y abandonó “por una discusión con un compañero”. Se presenta al programa para cumplir una medida judicial dado que se “enfrentó” a la policía cuando detienen a un primo luego de un evento social en el barrio. Ella estaba con su hermana de 18 años que también participó quedando detenida. Las dos hermanas asisten juntas. En las entrevistas con equipo técnico muestra una actitud de seguridad y descontento, mirada baja, no habla mucho, asiente o niega con la cabeza.

En la primera entrevista se le pregunta por la infracción y Juana dice: “me vas a decir que no sabes, no les contaron”, se le insiste y pregunta si no lo leímos o no tenemos la carpeta (refiere al legajo). Queda claro que no tiene ganas de contar, dice que ya lo contó muchas veces. Dice que fue una pavada, cuando comienza con el relato lo hace de forma bastante confusa y en varias oportunidades le re-preguntamos. Cuenta que estaban en un evento (cerca de su casa), que allí se pelearon con unas “pibitas”, se enfrentaron “mano a mano” y luego volvieron hacia su casa. En el camino un patrullero las detiene, agarra a su hermana contra el auto y forcejea con ella. Luego van todos hacia la Comisaría. Mientras su hermana estaba adentro y ella esperando, una policía mujer la miraba, ella se reía (aparentemente de forma burlona), la policía le dice que si se sigue riendo la va a meter adentro y eso fue lo que sucedió.

Cuando se le pregunta por el tiempo de la medida, dice “6 meses por desgracia”. En su carpeta expresan: “comienza a provocar desorden, por lo que también es detenida e introducida al carcelaje. Estando en ese lugar, con un champión rompió un vidrio y profirió insultos contra funcionarios”.

Juana no asiste regularmente a las citas con equipo técnico; sí lo hace a talleres de cerámica y dibujo o bien los días que viene su hermana pero no se la atiende por no estar agendada. En la semana había ido un día a pintura y el día anterior vino al programa pero como no estaba citada por nadie en su legajo decía “se presentó la joven”. Esto no estaba firmado por ende no pudimos saber quién la había recibido. Los/as técnicos/as hablan sobre las inasistencias de Juana y parecen tener disparidad de criterios sobre una decisión de separar los días de asistencia entre las hermanas, decisión que parece haber adoptado una de las técnicas que trabaja con la hermana de Juana que dice que sólo se junta con la hermana sin socializar con otros/as y que “juntas arman lío”.

Vemos que hay dificultades en diseñar una estrategia y considerar la singularidad de Juana para que se acerque al programa a su manera. Dicha singularidad se caracteriza por modalidades comportamentales no esperadas para una adolescente mujer y significadas desde parámetros masculinos quedando ubicada como un impensado institucional (Badinter, 2003). El carácter desafiante y reivindicativo, en tanto se le supone escasa capacidad autocrítica, aparece asociado a significaciones de violencia, como atributo personal en tanto respuesta o reacción, sin mayor ligazón a factores socio-culturales.

Este impensado se manifiesta en respuestas institucionales que derivan en apreciaciones normativas vinculadas a otros temas referidos al cuidado de salud o suponer la necesidad de atención específica por consumo de marihuana dado que la habría fumado en la puerta de PROMESEM. Esta conducta es indicada como problemática por una de las técnicas gestionando una coordinación a un servicio especializado. También se había previsto una visita en su domicilio de la cual vemos posteriormente que no la recordaban. Se desiste de ella porque tienen mucho trabajo y otros adolescentes agendados. En ese intervalo Juana es privada de libertad por la comisión de otra infracción. De acuerdo a Pauni (2016) la producción de invisibilidad se sustenta en la dificultad institucional de generar niveles de empatía y acercamiento a partir de su actitud y conducta, y en una lectura de la infracción, “como de las bravas”, con efectos de estigmatización desde estereotipos de género.

Discusión y Conclusión

El artículo enfatiza en las características específicas del tratamiento que reciben las adolescentes mujeres durante la ejecución de las medidas no privativas de libertad en el SPJU. Gracias al análisis narrativo y en relación a los aportes teórico-metodológicos, afirmamos que los sistemas penales juveniles tienen género (Almeda, 2017; Smart, 2000) y con su funcionamiento contribuyen en la recreación del género con una impronta particular que se visualiza en las experiencias que viven las adolescentes en el SPJU.

En el marco del SPJU, el proceso de autonomía se anuda con el sexo-género (Butler, 2006) y con la trama tutelar característica de la doctrina de la situación irregular (Leopold, 2014). Asimismo se fijan sentidos en relación a las adolescentes mujeres en función de aquello que no tienen, que les falta: femineidad, domesticidad (Ballesteros, & Almeda, 2015). La capacidad de agencia (Butler, 2006), en tanto que posibilidad de autonomía, está en tensión con construcciones que sitúan a las adolescentes mujeres como personas inacabadas, frágiles y pasivas o prostitutas y delincuentes.

Otro componente asociado al proceso de autonomía marca el cuerpo de las jóvenes y tiene que ver con la sexualización de la desviación femenina. Esto supone un mecanismo particular que oscila entre considerar todo vínculo y conducta en clave sexual, es decir, desde un supuesto ejercicio y actividad entendidos como inapropiados para una mujer -y sobre los que recaen por ejemplo determinados controles médicos- y la negación de dichas conductas. En forma habitual y como dato la experticia de los/as operadores/as reconoce que la mayoría de las adolescentes presentan historias de vida signadas por la violencia sexual (abuso sexual intrafamiliar, explotación sexual comercial). Este aspecto es reconocido pero no integrado al dispositivo de intervención de manera específica generando efectos de división o escisión en el mismo dado que constituye un escenario de victimización que puede estar asociado al proceso de criminalización por el que se encuentra transitando (Chesney-Lind, & Pasko, 2013; Pasko, 2013).

Respecto a las redes y vínculos sociales que habitan las adolescentes, los mismos son inestables y cambiantes. Sus historias familiares marcadas por la privación de libertad de alguno/a de sus integrantes, la intervención estatal, pasaje por diversas formas de institucionalización hacen que los vínculos familiares y/o afectivos se encuentren desgastados o interrumpidos por la itinerancia en el tiempo. De esta manera las adolescentes comienzan a tejer relaciones con otros/as referentes adultos/as o pares que se constituyen en sus vínculos estables y significativos.

Del trabajo con las adolescentes destaca la precariedad de los lazos sociales con los que cuentan. Esto es visualizado por el equipo técnico y en un intento por reconstruir la familia muchas veces se tiende a priorizar en los lazos consanguíneos por sobre otros que podrían explorarse y funcionar de sostén.

En este sentido y siguiendo la idea planteada por López y Rodríguez (2017) nos interesa profundizar en la noción de lo familiar como aquello que intenta nombrar de otra manera a la estructura que tradicionalmente se ubica como la familia. Y así poder abarcar diferentes formas de configuración de lo familiar signado por las actividades compartidas que se desarrollan en la vida cotidiana donde en el marco de la convivencia se comparten actividades, afectos y proyectos que le dan sostén a la vida.

Los aspectos señalados impactan en dificultades a la hora del diseño de las intervenciones, las cuales se sustentan en lógicas pensadas para los varones y también en representaciones estereotipadas del comportamiento de las mujeres. Ubicar la conducta infraccional desde una lectura esperable en su manifestación como generalizable al mundo masculino coloca a quienes no pertenecen a él en una situación de mayor exclusión desde prácticas que reproducen estigmatización y discriminación de género.

En términos de política pública y de seguridad en específico, observamos un funcionamiento marcado por la discrecionalidad en el accionar y la improvisación en la aplicación de las MNPL. Por su parte el aumento de la punición acontecido en el último tiempo obstaculiza la priorización del uso de las MNPL y hace de la privación de libertad la respuesta primordial. Esto supone un alejamiento a las posibilidades de visualizar las singularidades de estas adolescentes en articulación a procesos de autonomía y responsabilidad, ejes de las intervenciones del sistema penal juvenil.

Respecto a las limitaciones del estudio destacamos las dificultades de realizar investigaciones en el contexto de una institución que integra el sistema penal juvenil y tiene fines de sanción y re-educación, en términos de los debates ético-políticos que conlleva. La dimensión ética, la entendemos dialógica y relacional, en función de cómo definimos e incluimos al otro/a en la producción del conocimiento. Una responsabilidad por cómo representamos a ese otro/a con el que construimos el conocimiento, a lo que se suma que en esta investigación no existe la posibilidad de pensar en términos de coautoría y co-investigación. El contexto institucional torna imposible pensar en esos niveles de participación de las personas en el proceso de investigación. El pacto de anonimato, implica resguardar, sin convertir a la persona en otra, pero preservando un acuerdo de confidencialidad establecido que protege a los/as participantes en temas de posibles perjuicios que la circulación pública de sus testimonios pudiese generar.

Finalmente, como proyecciones del estudio, el abordaje y análisis narrativo en nuestra investigación permite poner en primer lugar los relatos de las adolescentes en un interjuego constante con el equipo técnico de la institución y nosotras como investigadoras y participantes. Gracias al análisis reflexivo intentamos describir la singularidad del cumplimiento de las MNPL, así como el carácter situado de la investigación colabora para dar visibilidad a la trama sexo-genérica que configura las relaciones que se producen en este particular contexto.

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Notas

Notas de autor

Autor para correspondencia: cmontes@psico.edu.uy