1. Introducción

La relación entre archivos, derechos humanos y memoria colectiva ha venido ocupando un lugar cada vez más destacado en la esfera pública, en los discursos académicos y políticos. Esta situación ha generado un número considerable de reflexiones que desde distintas perspectivas abordan su entrecruzamiento. En este punto, la diversidad y abundancia de la producción existente, su complejidad y riqueza hacen pertinente una evaluación que permita identificar los avances, las dinámicas de investigación y los vacíos de conocimiento o problemas no abordados y susceptibles de ser estudiados en futuras investigaciones. Ese es justamente el objetivo que persigue el siguiente estado del arte.

El corpus objeto de este estudio proviene principalmente de las siguientes fuentes: de los procesos de transición política y de los análisis y las recomendaciones sobre la gestión de los archivos, que estos han suscitado; de los movimientos sociales que han convertido al archivo en vehículo de la memoria y en pieza clave en la búsqueda de la justicia; de los trabajos con comunidades y grupos minoritarios que han llevado a los investigadores a replantear los fundamentos teóricos y metodológicos de la archivística, en aras de un mayor reconocimiento de sus derechos e identidades.

En relación con el marco conceptual que da sustento a este texto, reconozco que la utilización de categorías tales como “memoria colectiva” o “derechos humanos” y el intento de comprender adecuadamente los problemas planteados con relación a su aplicación exige un enfoque interdisciplinar.

Aunque discutido y controvertido, el concepto de memoria colectiva planteado por Maurice Halbwachs en su obra La memoria colectiva resulta útil para pensar los discursos sobre la memoria que con gran fuerza han emergido, por lo menos, en las tres últimas décadas. Para Halbwachs, el sustento de la memoria son los individuos y los grupos, ubicados en espacios y tiempos concretos, que la conservan y la expresan en el recuerdo; los puntos de referencia estructuran nuestra memoria como individuos y la insertan en la memoria de la colectividad a la que pertenecemos, es decir, memoria individual y memoria colectiva mantienen una relación dialéctica (Halbwachs, 2004a).

Autores como Elizabeth Jelin (2003) y Andreas Huyssen (2014) han planteado que el vínculo entre derechos humanos y memoria colectiva supone la emergencia de un nuevo campo de conocimiento en las ciencias sociales, argumentando que si bien ambas categorías tienen una larga historia, a partir de los años ochenta adquieren un nuevo impulso gracias a una serie de acontecimientos que sacuden la política y la geopolítica en buena parte del mundo, entre ellos la desaparición de las dictaduras conservadoras europeas (Portugal, Grecia y España), la reunificación alemana, la disolución de la Unión Soviética, el fin de las dictaduras militares en el Cono Sur y el desmonte de regímenes basados en la represión ejercida por el poder político en países como Zimbabue y Sudáfrica.

Es común encontrar en los países que inician transiciones políticas hacia la democracia un activismo creciente en favor de los derechos humanos y la justicia. A propósito plantea Elizabeth Jelin: “Por su objetivo el movimiento de Derechos Humanos apela, como principio aglutinador de su práctica política, a rescatar un sistema de valores fundamentales: la vida, la verdad, la justicia, planteando exigencias desde una ética universal” (Jelin, 2003, p. 101).

El análisis que presento a continuación se inserta en un proceso en el que converge el auge de las políticas de memoria con el desarrollo del discurso de los derechos humanos. En el plano internacional se ha ido consolidando un paradigma del estado de derecho denominado “justicia transicional”¹ , cuya aplicación se apoya en distintos mecanismos: medidas contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos; fomento de iniciativas de búsqueda de la verdad para esclarecer el pasado y construir memoria; reparación a las víctimas y sobrevivientes; cambio en las instituciones de cara a la conformación de gobiernos democráticos. Los archivos han ido cobrando cada vez más importancia a través del vínculo con la puesta en marcha de esos mecanismos.

En el presente texto concibo el archivo como lugar y objeto simbólico de la memoria, fundamental dentro de los procesos de búsqueda de justicia, de lucha contra la incredulidad y la voluntad de olvidar. Desde este horizonte, la reflexión sobre el archivo se sitúa en un contexto en donde se evidencia su protagonismo social como factor esencial para la conformación de la memoria colectiva y como garante de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, se parte del reconocimiento de su dimensión plural en relación estrecha con los complejos contextos de su creación. Según Terry Cook (2013):

el archivo hoy en día se considera de forma creciente como el lugar donde la memoria social ha sido (y es) construida. […] El documento, por lo tanto, se convierte en un significado cultural, una construcción mediatizada y cambiante, y no una plantilla vacía donde verter los actos y los hechos. (p. 93)

El estado del arte que presento a continuación se despliega en la siguiente forma: en primer lugar se encuentra la descripción de la metodología, en la que doy cuenta de las herramientas y estrategias utilizadas para la recolección y el análisis de la información; en segundo lugar dibujo el mapa que configuran las lecturas, dividido por tipo de autores y su producción y la clasificación de los principales enfoques identificados en el corpus; en tercer lugar presento las conclusiones; y, por último, relaciono las referencias bibliográficas.

2. Metodología

Las categorías descritas anteriormente constituyen el sustento teórico de este trabajo y el punto de partida para la construcción del estado del arte. Según Galeano y Vélez (2000):

Un estado del arte es una investigación documental a partir de la cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio. Es una investigación sobre la producción -investigativa, teórica o metodológica- existente acerca de determinado tema para develar desde ella, la dinámica y lógica presentes en la descripción, explicación o interpretación que del fenómeno en cuestión hacen los teóricos o investigadores. (p. 1)

A partir de este referente hice una revisión bibliográfica que combinaba la palabra archivo con los términos “memoria colectiva” o “derechos humanos”, dichos resultados fueron ampliándose a partir de referencias citadas en los mismos textos. La pesquisa comprendió el periodo 1995-2016. Elegí el año 1995 como punto de partida por considerar como un hito la publicación del informe Los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos (1995), producido por un grupo de expertos bajo la coordinación de Antonio González Quintana. Es preciso anotar que existe producción académica de interés para la investigación de las temáticas en cuestión, producida y publicada con anterioridad a la fecha propuesta en el marco temporal.

Tras la búsqueda, identifiqué y registré libros, capítulos de libro, artículos, documentos, informes, tesis de pregrado y posgrado, en los que el archivo en relación con la memoria colectiva y los derechos humanos fue el centro de atención, alcanzando un total de 294 textos. Es preciso señalar que la búsqueda fue extensa, mas no exhaustiva; este estudio supone una aproximación al tema, en modo alguno pretende agotar su conocimiento. Del total de textos encontrados extraje una muestra representativa de materiales, seleccionada, entre otras razones, porque respondía a las preguntas orientadoras formuladas inicialmente, a saber: ¿cuáles son los referentes teóricos y metodológicos utilizados para analizar el problema de los archivos en relación con la memoria colectiva y los derechos humanos? ¿Cómo abordan los estudios la relación entre archivos y derechos humanos, entre archivos y memoria colectiva? ¿Qué diálogos disciplinares se han entablado para estudiar la relación entre archivos, memoria colectiva y derechos humanos? ¿Cómo ha evolucionado la teoría y la práctica archivística para responder a los desafíos que plantea el movimiento de defensa de los derechos humanos, en nuestros días? ¿Qué lugares comprenden los estudios?

En síntesis, este estado del arte constituye un esfuerzo por entender, en medio de la heterogeneidad, la complejidad de relaciones que se tejen entre los diferentes textos, las urdimbres temáticas, las diferencias. Así mismo, la lectura de los materiales permite establecer lógicas, señalar tendencias, encontrar vacíos de conocimiento, que una vez identificados podrán ser apropiados por la comunidad académica interesada en el tema. A continuación, presento el análisis de los textos, que constituye el balance de los estudios.

2.1. Mapa de lecturas

2.1.1. Tipo de autores y su producción.

Para comenzar vale la pena señalar que la mayoría de textos que comprende este estudio fueron escritos por investigadores con formación académica en archivística o en el campo más amplio de las ciencias de la información. Este dato evidencia que los profesionales del área han asumido el reto de desarrollar una agenda de investigación orientada a la identificación de los problemas que surgen del uso de los archivos para la defensa de los derechos humanos y la construcción de memoria colectiva. Profesionales de otras disciplinas como la historia, la antropología, la ciencia política, la sociología, el derecho, la medicina, el periodismo, la administración de empresas y la ingeniería de sistemas también se han interesado por indagar acerca de las relaciones entre archivos, derechos humanos y memoria colectiva, trayendo consigo miradas diversas e interesantes, como lo veremos más adelante.

El lugar de las universidades en la producción de conocimiento sobre los archivos y su relación con los derechos humanos y la memoria colectiva ha sido cada vez más activo en las últimas dos décadas. El interés en el tema se puede comprobar por el número de trabajos publicados, como también por la organización y participación en eventos por parte de profesores e investigadores adscritos a estos centros de formación. En lo que a los resultados respecta, es evidente que se trata de un campo dinámico que cuenta ya con autores y trabajos muy representativos. Universidades en distintas partes del mundo, a través de sus institutos de investigación y sus programas académicos, en una apuesta social y política, se han comprometido con el estudio de los archivos y su función en la sociedad. Algunas de las universidades que ocupan un lugar destacado en este estudio son las siguientes: Universidad de California, Universidad de Michigan y Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos; Universidad de Monash y Queensland University of Technology en Australia; Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica; Universidad de Ciencia y Tecnología en Zimbabue; Universidad Nacional de La Plata en Argentina; Universidad de Manitoba en Canadá; Universidad de Leiden en Holanda. Cabe anotar que la mayoría de investigaciones provenientes de centros de formación universitarios que han sido analizadas en el presente estudio fueron desarrolladas por investigadores de reconocida trayectoria. Sin embargo, es evidente el aumento de las pesquisas llevadas a cabo por estudiantes de pregrado y posgrado. Este hecho da cuenta de la paulatina institucionalización académica de los estudios sobre archivos y su relación con la memoria colectiva y los derechos humanos, lo que representa, a su vez, un aporte a la consolidación del campo disciplinar.

Desde un marco gubernamental, son referentes en este estudio los informes y documentos producidos por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ámbito desde el cual se ha venido construyendo un marco jurídico y metodológico para el tratamiento de los archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Los archivos nacionales también tienen una participación destacada en el conjunto de la producción, pues dan los lineamientos para la construcción de políticas públicas en materia de archivos y justicia social; entre los más activos figuran los archivos nacionales de Canadá, Noruega y Australia, igualmente figura una institución de diversa naturaleza, pero también gubernamental, como lo es el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH).

Las iniciativas provenientes de organizaciones no gubernamentales, de carácter nacional e internacional, obtienen una posición relevante en este balance, ya sea como investigadores o como cooperantes. Entre ellas se encuentran el National Security Archive, la Fundación Nelson Mandela, el Consejo Internacional de Archivos, Archiveros sin Fronteras, la Fundación Suiza para la Paz, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Memoria Abierta y el Social Science Research Council; todas estas asociaciones tienen entre sus objetivos la lucha por la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria colectiva.

2.2. Enfoques de los estudios

Con el ánimo de dar claridad a la exposición, he clasificado los diferentes enfoques utilizados por los autores a la hora de pensar el archivo en relación con los derechos humanos y la memoria colectiva. Así, en el primer encuadre ubico los trabajos que conciben los archivos como evidencia de las violaciones a los derechos humanos. Estos se despliegan, principalmente, en contextos de aplicación de medidas propias de la justicia transicional; un segundo enfoque comprende los estudios que parten de una visión crítica del rol de los documentos, los archivos y los archivistas en la creación, construcción y propagación de la memoria colectiva; en el tercer segmento clasifico los textos que abordan la relación entre archivos y justicia social en un contexto de democratización de la información y de protagonismo internacional de los discursos sobre los derechos humanos y sobre la memoria colectiva; en el cuarto grupo incluyo los textos que estudian los archivos como territorios donde se disputan los sentidos del pasado, como lugares de memoria. Es preciso señalar que no siempre estos enfoques son mutuamente excluyentes, permanentemente los encontramos entrelazados e interrelacionados; así mismo, al interior de los enfoques podemos encontrar autores con líneas de pensamiento, en cierto grado, antagónicas.

Igualmente, considero necesario advertir que, dado el volumen de documentos que constituyen el corpus objeto de estudio, ofrezco un análisis descriptivo que de ninguna manera pretende agotar la potencialidad de los textos, más bien representa una cartografía susceptible de una continua transformación.

2.2.1. Archivos como evidencia.

En contextos donde se aplican medidas propias de la justicia transicional, la concepción del archivo como evidencia está íntimamente ligada al cumplimiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación que se complementa con el deber de memoria por parte del Estado. En este plano de ideas se justifica la necesidad de registrar y preservar la información relacionada con violaciones a los derechos humanos, así como la utilidad de tener la documentación debidamente organizada y descrita para que esté a disposición de tribunales, comisiones y la ciudadanía en general. Los archivos son concebidos como pieza fundamental en el desarrollo de procesos de justicia transicional efectivos y legítimos.

Así entonces, el conjunto de obras que hacen parte de este enfoque parten del reconocimiento de que los archivos y los archivistas tienen un papel central en la defensa de los derechos humanos y tienen como referencia indiscutible el conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos para combatir la impunidad, preparado por Louis Joinet y aprobado, en 1997, por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este informe contiene una serie de recomendaciones concretas para el manejo de los archivos, con el propósito de facilitar la consulta de los documentos por parte de las víctimas y de sus familiares, para hacer valer sus derechos y para favorecer la investigación histórica (Joinet, 1997). Estos principios fueron actualizados por Diane Orentlicher, quien hace hincapié, en la nueva versión, en que una persona tiene derecho a saber la verdad sobre lo que pasó, y que la sociedad en su conjunto tiene tanto el derecho a saber como la responsabilidad de recordar. Como parte de las medidas que se deben llevar a cabo para proteger el derecho a saber, los Principios exigen al Estado “garantizar la preservación y el acceso a los archivos relativos a violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario” (Orentlicher, 2005, Principio 5). Desde la disciplina archivística constituyen un referente importante los dos informes elaborados por el grupo de trabajo para el estudio de Los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos, iniciativa del Consejo Internacional de Archivos, con el apoyo de la Unesco, liderada por Antonio González Quintana; en ellos se describen experiencias de trabajo con archivos desarrolladas en distintas partes del mundo, se formulan propuestas metodológicas y se presenta un conjunto de directrices para el tratamiento de acervos relacionados con violaciones a los derechos humanos (González-Quintana, 1995; González-Quintana, 2009).

Es frecuente encontrar en los textos que hacen parte de este enfoque una invocación al cumplimiento de los principios archivísticos de procedencia y de orden original. En ese sentido, recomiendan a los archivistas que partan del estudio de las entidades productoras, de las funciones que cumplieron y de los documentos que produjeron; este conocimiento debe verse reflejado en cuadros de clasificación e instrumentos de descripción. La aplicación de los principios -según los autores- le otorga el carácter de autenticidad y fiabilidad a los documentos y, en consecuencia, permite que sean usados como evidencia en los juicios que buscan determinar la responsabilidad legal de los perpetradores (Blanco-Rivera, 2012; González-Quintana, 2009; Mendoza-Navarro, 2006; ONU, 2009; Nazar, 2010). Desde esta perspectiva se plantea que “Los archivos también cumplen un papel en el aseguramiento de un registro escrito no distorsionado y en el derecho de cada pueblo a conocer la verdad sobre su pasado” (ONU, 2015. p. 1).

En este horizonte se sitúa la teoría del enfoque fundacional, propuesta por John Ciorciari, diseñada para establecer una base firme que permita la aplicación de un amplio espectro de procedimientos orientados a la búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas y el apoyo a diversas iniciativas de memoria (Ciorciari, 2012, p. 10). Desde esta misma perspectiva, para el tratamiento de los documentos derivados de regímenes opresivos o producidos por comisiones y tribunales temporales, que eventualmente han de servir de evidencia, se recomienda la implementación de un sistema de gestión documental basado en estándares internacionales como la norma ISO 15489 (ONU, 2015). Igualmente, se hace hincapié en la necesidad de que los procesos archivísticos relacionados con la organización, la preservación y el acceso a los documentos sean tratados con el mismo grado de interés (Alberch, 2008).

En la descripción de algunos de los principios más relevantes para la promoción de los derechos humanos y para luchar contra la impunidad, se hace hincapié en la necesidad de identificar, preservar y brindar acceso a los archivos producidos por los regímenes represivos (Joinet, 1997); una de las principales estrategias de identificación de acervos relacionados con la protección y defensa de los derechos humanos que se ha documentado ha sido la de los censos, estos han permitido ubicar los documentos y las condiciones en las que fueron encontrados (González-Quintana, 1995; 2009; Huenuqueo, 2008); en materia de preservación se plantea que para poder hacer efectivo el “derecho a saber” es fundamental que los archivos sean conservados de manera íntegra (Joinet, 1997, Principio 13; Orentlicher, 2005, Principio 14); por otro lado, se abordan las experiencias en las que los documentos han sido microfilmados y las copias de seguridad guardadas en repositorios en terceros países, medidas como esta se toman con el fin de proteger la información en caso de que los documentos originales sufran algún daño (Caswell, 2010; ONU, 2009); en el caso concreto de la descripción archivística, a través de la cual se da cuenta del contenido y del contexto de los documentos, algunos autores recomiendan la aplicación de la norma internacional ISAD-G (Barrera, 2011); igualmente, se hace énfasis en la necesidad de describir los documentos registrados en distintos soportes documentales (Borja, 2008); con relación al acceso se propone que este debe facilitarse a las instituciones de justicia transicional, que no puede ser negado por razones de seguridad nacional, salvo en circunstancias excepcionales; en este sentido cabe señalar lo siguiente: a la vez que se propone que el acceso debe ser facilitado, se advierte sobre la necesidad de preservar la intimidad y la seguridad de las personas (Orentlicher, 2005); la creación de leyes de acceso a la información es otra estrategia orientada al cumplimiento del “derecho a saber”, sobre este tema en particular se plantea la necesidad de hacer investigaciones que midan su impacto efectivo en el fortalecimiento de la democracia, la transparencia, la defensa de los derechos humanos y la relación de estos con la existencia de sistemas archivísticos eficientes (Blanco-Rivera, 2012).

En cuanto al diseño e implementación de políticas públicas, se plantea que los principios deben estar orientados a la identificación de los archivos de manera que puedan ser útiles en los procesos judiciales e investigativos (Caetano, 2011), tal como se ilustra a partir de experiencias concretas de construcción de políticas públicas sobre archivos y derechos humanos. En Colombia, el CNMH, en el marco de aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución Tierras, elaboró el documento Archivos de graves violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, memoria histórica y conflicto armado. Hasta donde tengo conocimiento, se trata de una experiencia inédita en materia de construcción de una política pública sobre archivos de derechos humanos, con el concurso de organizaciones de la sociedad civil y agentes estatales que conforman el Sistema de Atención y Reparación a Víctimas (CNMH, 2014). Igualmente se identifican las políticas públicas que en materia de verdad y memoria se han construido en los países que estuvieron bajo la influencia de la Operación Cóndor en América Latina, entre ellas se estudian los proyectos relacionados con la gestión documental de los denominados “archivos de la represión” (Garretón, González Le Saux & Lauzán, 2011). En el marco de este enfoque surge también la preocupación por determinar qué institución debe custodiar la documentación relacionada con violaciones a los derechos humanos:

la decisión de fomentar políticas públicas de memoria y reparación se pueden materializar en dos posibilidades […] a) La integración de los archivos y los documentos relacionados con la violación a los derechos humanos en instituciones archivísticas del estado […] b) la integración de archivos en organismos especializados creados ex novo. (Alberch, 2008, pp. 50-51)

Para cada caso Alberch plantea ventajas e inconvenientes. En este mismo sentido, el informe sobre el derecho a la verdad preparado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos propone como ideal que sean los archivos nacionales las entidades encargadas del tratamiento de los documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos (ONU, 2009). Una publicación reciente preparada por Trudy H. Peterson, con orientaciones para el tratamiento de los archivos en sociedades en posconflicto, coincide con la anterior posición (ONU, 2015). En cambio, el informe ICA-Unesco, presentado por Antonio González Quintana en 2009, recomienda la creación de archivos especializados, argumentando que la gestión de los documentos, en estos casos, demanda conocimientos específicos y que el gran volumen de solicitudes que puedan hacerse requieren aplicación intensiva de recursos humanos y financieros que podrían llegar a colapsar la capacidad de los archivos nacionales generales. Más adelante el informe sugiere que, en algunos casos, los archivos especializados se pueden combinar con los archivos generales (González-Quintana, 2009).

Lo cierto es que en la última década la custodia de los documentos derivados de gobiernos opresivos sigue siendo materia de inquietud y de reflexión. Así, en el Seminario sobre las experiencias de los archivos como un medio para garantizar el derecho a la verdad, convocado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y en el que participó un grupo de expertos en el tema, la disposición final de los documentos fue un punto central en la discusión. Los asistentes al seminario coincidieron en que, idealmente, la custodia de los documentos debería estar bajo la responsabilidad de los archivos nacionales. Sin embargo, los expertos plantean que en los países con una débil legislación en materia de archivos es necesario establecer archivos ad hoc que garanticen la custodia y conservación de los archivos (ONU, 2011).

La figura de los archivos ad hoc para la preservación de los documentos relacionados con violaciones a los de derechos humanos es, en sí misma, motivo de controversia (García, 2010). Es el caso de la creación de archivos de la memoria en varias provincias Argentinas, que documentan los abusos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983):

El gran inconveniente para poder articular las funciones que cumplen los organismos recientemente creados que tienen por finalidad la preservación o acceso a los documentos de archivo, es la falta de diálogo de los mismos con los archivos ya existentes, la superposición de funciones, la escasez de presupuestos y la escasa aplicación de la disciplina archivística en los mismos. (Nazar, 2010, pp. 150-151)

Especial atención ha recibido el problema derivado de la documentación que producen las cortes y tribunales penales internacionales, cuya existencia es temporal a pesar de que los acervos que se derivan de su funcionamiento pueden tener un interés que no decae con el paso del tiempo. Tras el estudio de algunas de estas entidades en el mundo, Trudy H. Peterson formula una serie de recomendaciones sobre el destino final que debe tener este tipo de acervos (Peterson, 2008).

Otras entidades temporales cuyos archivos son objeto de estudio son las comisiones de la verdad. Sobre este tema en particular, se plantea que desde el principio de su labor estos organismos deben tener claridad acerca de las condiciones que han de regir el acceso a los archivos (Orentlicher, 2005, Principio 8). En el caso concreto del archivo generado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, se manifiestan temores acerca del futuro del Centro de Información para la Memoria y los Derechos Humanos (al cual pertenece el archivo), que depende de la Defensoría del Pueblo. Los temores están relacionados con el hecho de que el Centro hace parte de una instancia oficial y que, en ese sentido, el acceso a la información contenida en su acervo y su existencia misma podrían depender de los gobiernos de turno, algunos de ellos podrían ser contrarios al informe elaborado por la CVR. “Quizás la solución esté en la formación de un archivo especial, autónomo que eventualmente reúna diversas colecciones documentales relacionadas con el periodo de la violencia” (Aguirre, 2009, p. 156).

Por otro lado, en el contexto de aplicación de la justicia transicional, los autores denuncian la existencia de fenómenos recurrentes como el secretismo o la destrucción de los archivos que, por lo general, comprometen al Estado o a sus agentes con las violaciones a los derechos humanos. Sobre la rendición de cuentas y el acceso a la verdad acerca de lo sucedido durante el funcionamiento de la Operación Cóndor se dice:

la falta de colaboración ha sido un hecho general en los países latinoamericanos que han pasado por procesos de justicia transicional […] En este sentido, y según el caso, las fuerzas de orden y defensa, por lo que ha mostrado la experiencia en países como Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, han dado tres tipos de respuestas a las reclamaciones hechas por la Justicia Transicional: a) No tenemos la documentación solicitada; b) La documentación solicitada se incineró de acuerdo con instructivos de la propia entidad; c) La documentación solicitada es reservada, ya que afectaría la seguridad del Estado. (Perotin-Dumon, 2008, p. 141)

Para evitar que hechos como los anteriormente descritos continúen produciéndose, los autores plantean que la desclasificación de documentos tiene un potencial extraordinario para ayudar a las sociedades que se enfrentan a pasados con graves violaciones a los derechos humanos, para ello es determinante la claridad en la legislación que ampara el derecho de acceso a la información. A medida que se produzca un aumento de la desclasificación voluntaria, así como la divulgación realizada en respuesta a las obligaciones legales, se podrá avanzar en la rendición de cuentas, en el esclarecimiento de los hechos y, por lo tanto, en el derecho efectivo a la verdad. Igualmente señalan que, aunque se han dado algunos avances, la falta de divulgación de los archivos situados en terceros países que contienen documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos constituye una debilidad del régimen jurídico internacional sobre derechos humanos (Ciorciari & Franzblau, 2014).

Del lado contrario, se muestra cómo los organismos no gubernamentales, a través de sus archivos, han aportado información que ha sido útil en el marco de acción de distintas comisiones de la verdad (Bickford, 2000). Así mismo, se describen casos en los que la documentación de estas organizaciones ha permitido adelantar procesos en tribunales de justicia para investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos (Caswell, 2010; Perotin-Dumon, 2008).

En relación con los retos que se le presentan a la archivística como disciplina, se hace mención a la especificidad de algunos procesos jurídicos de carácter transnacional como el que investiga la Operación Cóndor, por ejemplo, con juicios adelantados por fiscales en distintos países:

Además de recibir documentos del extranjero, cada investigación genera nuevos archivos […] Los expedientes de los casos pueden por lo tanto convertirse en una fuente riquísima para la historia de la violación de los derechos humanos, pero permanecen a miles de kilómetros de los países implicados y el acceso a ellos es prácticamente imposible. (Barrera, 2011, p. 95)

El tratamiento de este tipo de acervos de carácter transnacional demanda la existencia de un trabajo conjunto entre abogados y archivistas, con amplio conocimiento sobre la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, que permita finalmente la protección efectiva del derecho a saber.

Es indudable que el manejo de archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos exige un comportamiento ético por parte de los archivistas. Se propone por tanto que su desempeño tenga como marco de referencia un código deontológico orientado a favorecer el bien común, evitando causar daño a través, por ejemplo, de la revelación de datos que afecten el buen nombre o la integridad de las personas. Los valores que han de regir su trabajo deben ser la transparencia y la honestidad; igualmente se sugiere que deben estar preparados para acompañar procesos de transición política y defensa de derechos humanos (González-Quintana, 1995).

En términos generales, los planteamientos que constituyen este enfoque guardan estrecha relación con la justicia transicional y sus mecanismos. En ese sentido se hace un llamado a la implementación de los principios archivísticos de procedencia y de orden original con el fin de mantener el carácter de autenticidad, integridad y fiabilidad de los documentos, con el objetivo de que puedan ser usados como evidencia en los juicios de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Igualmente, se dan pautas para la identificación, preservación y acceso a los archivos, insistiendo en su relevancia en la promoción de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad. A los profesionales encargados de cumplir estas tareas se les demanda el estricto cumplimiento de un código deontológico.

2.2.2. Documento, archivo, archivista: repensando significados y funciones.

Tras el análisis del corpus objeto de este estudio, se evidencia un esfuerzo cada vez mayor, por parte de los investigadores del campo de la archivística y de otras disciplinas como la antropología y la sociología, de revisar la tradición teórica de la archivística. En este contexto los autores problematizan la supuesta objetividad del archivo, la idea de neutralidad del archivista, analizan la relación entre archivos y poder y proponen un análisis crítico del papel del archivo y de los archivistas en la construcción y transmisión de la memoria colectiva. Esta revisión de la tradición disciplinar y de sus prácticas, a la luz de las necesidades del presente, trae consigo la propuesta de ampliación de los conceptos archivísticos que proporcionan las bases intelectuales para la praxis pensada, sobre todo, en función de las personas y grupos sociales históricamente marginados u olvidados.

Una influencia determinante en este enfoque ha sido el pensamiento del filósofo Jacques Derrida, quien al problematizar la noción de archivo, en su ya clásico Mal de archivo. Una impresión freudiana, ha provocado numerosas reflexiones en torno a las implicaciones éticas, políticas y jurídicas del acto de documentar y, en consecuencia, sobre la relación entre archivos y justicia (Derrida, 1997). En esta misma línea de pensamiento representan un referente claro los aportes de Verne Harris, seguidor de Derrida, quien denunció la destrucción de los documentos por parte del Estado durante los últimos días del régimen del Apartheid, en Sudáfrica, y quien posteriormente, entre 1996 y 1998, representó al Archivo Nacional en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Desde entonces Harris ha publicado numerosas reflexiones sobre las relaciones entre archivos, poder y justicia que han orientado toda una corriente de estudios en el marco de la disciplina archivística -según él- el ejercicio del poder político depende del control de la información, en ese sentido el llamado a los archivistas para que aprovechen el poder del archivo para hacer el bien, para hacer justicia (Harris, 2001a; Harris, 2001b; Harris, 2002).

Otro autor cuya influencia resulta decisiva para el corpus que constituye este enfoque es Terry Cook. Según la periodización histórica que propuso estaríamos asistiendo al cuarto paradigma de la disciplina archivística, que corresponde a “la comunidad”; antes lo han precedido las fases de evidencia, memoria e identidad. En este paradigma en construcción -según su autor- los archivistas se enfrentan

a la excitante perspectiva de ser capaz de documentar la experiencia humana y social, con una riqueza y relevancia inéditas, con la oportunidad de mezclar los enfoques anteriores acerca de la evidencia, la memoria y la identidad en “un archivo total” más holístico y vibrante. (Cook, 2013, p. 114)

A diferencia del enfoque anterior, los postulados que hacen parte de este reaccionan en contra de la creencia de que los archivos son neutrales, fiables o evidencias indiscutibles de las acciones del pasado. Así, Da Silva Catela advierte sobre la naturaleza de los archivos:

los archivos son construcciones sociales múltiples, que reúnen una diversidad de instituciones y agentes que vieron y conservaron papeles, fotos, imágenes de un tiempo, un lugar, una clase social, géneros, etnias. Son también la suma de las voluntades de preservación y de luchas por el reconocimiento legítimo de esos vestigios dotados de valor social e histórico en una comunidad o sociedad. Nada de lo que las familias, los científicos, los hombres de Estado y las instituciones archivan es imparcial o neutro; todo trae la marca de las personas y acciones que los salvaron del olvido; todo es conformado, representado, simbolizado, resignificado en el transcurso entre aquel que actuó y habló, fotografió, filmó, escribió y aquel que registró, imprimió, conservó, clasificó y reprodujo. (Da Silva Catela, 2002, p. 218)

En esta misma línea de pensamiento, argumentan que el trabajo de archivo tiene motivaciones políticas inherentes. Sostienen que procesos archivísticos como selección, organización, descripción y preservación pueden influir directamente en la memoria social y se preguntan hasta qué punto los sistemas de archivo existentes responden a las necesidades de identidad, memoria, reparación, transparencia por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos (Evans, McKemmish, Daniels & McCarthy, 2015; Ketelaar, 2012).

Por otro lado, la corriente de estudios australiana ha propuesto replantear los tradicionales principios archivísticos para responder eficazmente a la defensa y promoción de los derechos humanos, a la preservación de las identidades culturales y a la construcción de la memoria colectiva, desde esta perspectiva hacen un llamado a:

Los profesionales y a las instituciones archivísticas australianas para que adopten un modelo de gestión documental participativo […] (en un modelo participativo plenamente implementado, cada contribuyente, incluyendo la persona que es el tema del documento, tiene derechos y responsabilidades morales y legales en relación con la propiedad, el acceso y la privacidad). Expandir la definición de creadores de documentos en la ciencia archivística para incluir a todos aquellos que han contribuido al proceso creativo de un archivo y han sido afectados por su acción, apoyando así la aplicación de un espectro más amplio de derechos y obligaciones. (Mckemmish, Iacovino, Russell & Castan, 2012, p. 109)

Este modelo de gestión documental participativo, desarrollado e implementado en Australia con comunidades indígenas, parte de un enfoque centrado en los derechos colectivos, constitutivos del derecho a la autodeterminación. Aunque se ha aplicado con pueblos específicos, los autores plantean que también se puede usar en contextos no indígenas (Iacovino, 2010). En este mismo sentido, se plantea la necesidad de diseñar sistemas de archivo orientados a satisfacer las necesidades específicas de las comunidades y los grupos sociales. Así, por ejemplo, abordan el reto de registrar la memoria, el conocimiento y la tradición de comunidades cuya principal herramienta de trasmisión es la oralidad (Harris, 2002; Ross, McKemmish & Faulkhead, 2006).

Desde la perspectiva del modelo de continuidad de los documentos² , cuya formulación ofrece una visión multidimensional de los archivos y el contexto de actividades sociales y organizativas en el que son creados, Michell Caswell efectúa el análisis de los retratos policiales tomados a los detenidos durante el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya y llega a plantear que dado que los documentos se crean como producto de una actividad social y organizativa, es decir, humana, en donde se presentan interacciones de todo tipo, deben ser preservados como evidencia, aun en situaciones de separación del contexto inmediato de su creación. Esta nueva situación de los documentos exige al archivista, por ejemplo, pensar en la ampliación de los metadatos contextuales (Caswell, 2014a, p. 21).

Desde otra corriente de estudios se recomienda la adopción del modelo de macrovaloración, propuesto inicialmente por Terry Cook, en 1991, e implementado por él en los Archivos Nacionales de Canadá. Con la aplicación de este modelo en lugares donde se han producido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, se pretende establecer detalladamente la conexión entre los documentos y el motivo de su creación. El conocimiento del contexto de origen resulta determinante para el tratamiento de los documentos. Los archivos se convierten así en instrumentos para acceder a la justicia (Harris, 2002).

La recolección de testimonios es una estrategia que proponen algunos autores para llenar el vacío que deja la falta de documentos por motivos diversos, entre ellos la destrucción, el ocultamiento, la falsificación (Alberch, 2008; Garcés, Valenzuela & Hevia, 2012; Harris, 2002; Masuku & Makwanise, 2012; Valderhaug, 2011). En consecuencia, el hecho de llenar las lagunas que dejan los documentos escritos con testimonios implica la necesidad de replantear nociones como “evidencia” y “autenticidad” (Josias, 2011). Desde el punto de vista archivístico, supone una respuesta oportuna y creativa con el fin de construir una memoria colectiva democrá- tica e incluyente y promover la defensa de los derechos humanos.

Sobre este punto en particular, se advierte acerca del cuidado que exige el registro y tratamiento de los testimonios orales con el fin de evitar el surgimiento de revictimizaciones. En los lugares donde el conflicto persiste, por ejemplo, un relato puede activar las violencias (Bickford, Karam, Mneimneh & Pierce, 2009; Da Silva Catela, 2008). Igualmente, se problematiza el hecho de que las comisiones de la verdad, instaladas en países cuya polarización política es una constante, tengan que depender de testimonios orales como única fuente de información (Nannelli, 2009).

En el caso de los países que inician transiciones políticas, tras largos períodos de violencia, con acceso muy limitado a los archivos de derechos humanos, se señala el riesgo que conlleva la aplicación de una inadecuada normatividad archivística, que puede favorecer a quienes detentan el poder en detrimento de las víctimas y sobrevivientes. En relación con el creciente número de leyes de acceso a la información, aprobadas en diferentes partes del mundo, se plantea que su expedición per se no garantiza el fortalecimiento de la democracia y la disminución de las desigualdades sociales (Harris, 2002). La solución a este problema, según proponen, podría ser la adopción de una estrategia de gestión de archivos de derechos humanos con énfasis en una “jerarquía de interés”, es decir, una práctica consciente por parte de los archivistas que sitúa los intereses y necesidades de los sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos y sus defensores en un primer plano (Caswell, 2013; Robinson, 2014).

En los textos que constituyen este enfoque, la relación entre archivos y derechos humanos es creciente, esta situación ha desembocado en la necesidad de precisar el significado de este vínculo. Con el ánimo de arrojar luz sobre la pregunta “¿qué se entiende por archivos de derechos humanos?”, algunos autores proponen una serie de herramientas para el análisis: que “los documentos puedan ser examinados de acuerdo con cinco vectores entrelazados: quién los creó, por qué y cuándo, dónde son custodiados y cuáles son sus usos” (Geraci & Caswell, 2016, p. 2). Desde este punto de vista, todos los archivos son potencialmente documentos de derechos humanos si se activan como tales, en consecuencia, todos los archivistas son potencialmente archivistas de derechos humanos. La adopción de esta idea tiene consecuencias profesionales, políticas y éticas.

En el ámbito profesional, los archivistas deben concentrar sus esfuerzos en preservar las huellas del pasado para que no se olvide. En ese sentido, deben preocuparse por la actualización constante, por el desarrollo de habilidades que les permita integrar los recursos del medio a su quehacer cotidiano, deben procurar entablar diálogos con profesionales de otras áreas con el fin de enriquecer su conocimiento y resolver problemas de manera integral. Es indudable que los archivos pueden cumplir un rol determinante en la construcción de la memoria colectiva y en la rendición de cuentas; estas metas pueden lograrse solo si mantienen, más allá de la pretendida neutralidad, la integridad profesional (Jimerson, 2008).

En lo político esto implica, entre otras cosas, que los profesionales se conviertan en activistas promotores de derechos; su desempeño en esta línea comprende desde el diseño y la implementación de políticas para la gestión de archivos, hasta el trabajo en favor de la eliminación de obstáculos que impiden que las personas y comunidades puedan acceder a los documentos y hacer valer sus derechos (Evans et al., 2015). El archivista que lleva a cabo su tarea en la esfera pública debe saber que necesariamente su actuación tiene consecuencias polí- ticas (Harris, 2001a). En lo que a la ética respecta y contrario a la exhortación a la neutralidad que hacen los códigos deontológicos, algunos autores hacen referencia a la imposibilidad de cumplir este mandato en el contexto de actuación de una profesión determinada por las políticas de memoria y sus luchas. En su lugar proponen tener en cuenta que cada contexto, con sus particularidades, exige a los archivistas un compromiso ético (Geraci & Caswell, 2016). Desde esta perspectiva el rol del archivista debe estar orientado a garantizar la defensa de los derechos humanos en el contexto de la vida social (Jimerson, 2008; Kosta, 2011).

La reflexión acerca de la disciplina y sus prácticas implica también la necesidad de transformar los currículos de enseñanza de la archivística, en los diferentes niveles, en un marco que permita el desarrollo de nuevas investigaciones sobre archivos, así como la promoción de una formación más incluyente y pluralista. De esta manera los cambios incorporados a la teoría archivística tendrán un lugar en el campo profesional (Evans et al., 2015).

Tras el estudio de la producción académica en relación con los archivos y la memoria colectiva, los autores plantean que, aunque ha habido un aumento significativo, su abordaje sigue siendo muy autorreferencial; para paliar esta situación se hace un llamado a la formulación de investigaciones interdisciplinarias que enriquezcan las miradas (Jacobsen, Punzalan & Hedstrom, 2013).

La síntesis de los postulados de este enfoque que revisa los significados y funciones del documento, el archivo y el archivista, comprende la discusión sobre la objetividad del documento de archivo y la supuesta neutralidad del archivista; la advertencia sobre el poder del archivo y los riesgos de un uso que no esté enfocado hacia la obtención de justicia, particularmente en contextos donde la violencia ha imperado dejando sus secuelas; la presentación de diversas propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo archivístico con grupos minoritarios históricamente excluidos o con sobrevivientes a violaciones a los derechos humanos; la propuesta de ocupar los vacíos que dejan los documentos escritos con el registro de testimonios; la provocación que indica que todos los documentos de archivo pueden ser documentos de derechos humanos si se activan como tales y, en consecuencia, las implicaciones profesionales, políticas y éticas que conlleva; por último, el llamado a las transformaciones curriculares que involucren conocimientos, experiencias y prácticas en el diseño de planes de formación más incluyentes y pluralistas, vinculados a vigorosas agendas de investigación que busquen dar respuesta a los problemas sociales que involucran al archivo y a la disciplina encargada de su estudio.

2.3. Archivos y justicia social³

En lo que va corrido del siglo XXI, una corriente de estudios dentro de la disciplina archivística ha defendido la necesidad de pensar y activar los archivos en relación con la justicia social. En este sentido se proponen una serie de valores ligados a la función que debe representar el archivo en el conjunto de la sociedad: acceso abierto a la información pública, promoción de la rendición de cuentas, protección de los derechos ciudadanos en un marco de responsabilidad democrática. Desde esta perspectiva se hace un llamado a los archivistas para que con sus actuaciones contribuyan a la construcción de un futuro más justo, más equitativo. Este enfoque comparte con el anterior el reconocimiento de la agencia, del poder, de los archivos.

Aunque el concepto de “justicia social” es multidisciplinario, el tratamiento que se hace en el presente corpus es casi siempre autorreferencial. Las influencias intelectuales más destacadas en este enfoque provienen del seno mismo de la disciplina archivística. Un hito en este sentido lo constituye la intervención de Randall Jimerson, en el contexto del coloquio Memoria para la Justicia celebrado en la Fundación Nelson Mandela, en el 2005, allí Jimerson abordó los impactos reales y potenciales que pueden tener los archivos en la realización de la justicia social (Greene, 2013). Así mismo, orienta los análisis que relacionan los archivos con la justicia social la obra de la profesora Michelle Caswell, especialmente su investigación sobre los acervos fotográficos derivados del régimen represivo de los Jemeres Rojos en Camboya (Caswell, 2010; Caswell, 2014a; Punzalan & Caswell, 2016). Igualmente, David Wallace representa un referente importante, especialmente sus pesquisas sobre el archivo y la configuración del pasado y el presente y sobre el impacto de los archivos en la Justicia social (Wallace, 2006). Un hito fundamental en este enfoque lo constituye el trabajo llevado a cabo por (Duff, Flinn, Suurtamm & Wallace, 2013) en el cual estudian múltiples relaciones que pueden tejerse entre archivos y justicia social, a la vez que proponen modelos para seguir desarrollando investigaciones en esta línea.

Dentro de este enfoque, una línea de pensamiento se ha orientado hacia la definición y la reflexión acerca de los archivos de comunidad que se conforman en torno a diversos grupos identitarios. Los autores plantean que los archivistas que trabajan con estos acervos deben asumir el reto de construir entornos más incluyentes que permitan superar los desequilibrios históricos que han sufrido ciertas comunidades. Según esta perspectiva, un uso reflexivo de las prácticas archivísticas podría tener un impacto reparador en comunidades tradicionalmente marginadas como la Queer; se trata de conocer, de trabajar de la mano con la comunidad y emplear un lenguaje adecuado, reconocible por sus miembros (Wakimoto, Bruce & Partridge, 2013).

Desde este discurso de los archivos de comunidad, se propone un marco teórico para pensar la gestión documental relacionada con violaciones a los derechos humanos basado en los siguientes principios: participación, custodia compartida, multiplicidad, activismo y reflexividad. Este modelo está pensado para el trabajo con sobrevivientes. El propósito fundamental es que los sobrevivientes tengan una participación activa en la toma de decisiones, en el diseño y en la activación de procesos que involucran documentos que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos (Caswell, 2014b).

En relación con los países que dejan atrás conflictos devastadores, los autores señalan que los documentos oficiales que se conservan, en gran medida, reflejan la ideología que dio sustento a los regímenes opresivos. Ante esta situación, y una vez iniciados los procesos de transición política, se recomienda el diseño de sistemas de archivo plurales que permitan que los documentos cobren nuevos sentidos en favor de las explicaciones acerca de lo sucedido, es decir, en beneficio de los sobrevivientes. Desde esta perspectiva, el sistema de documentos debe estar pensado no solo para documentar el pasado, sino también para responder las preguntas del presente y proyectar el futuro (Gilliland, 2014).

Acerca de los procesos de descripción documental, los autores señalan que tradicionalmente las prácticas de análisis de los documentos han estado orientadas al servicio del poder y no hacia la realización de la justicia social. Para cambiar este estado de cosas plantean la necesidad de reformular la descripción archivística de manera que se convierta en una herramienta de activación de los documentos como evidencia y como soporte de la memoria colectiva en casos de violación a los derechos humanos. Para el logro de este objetivo, señalan la necesidad de llevar a cabo un trabajo de descripción colaborativo entre archivistas, defensores de derechos humanos y sobrevivientes (Wood, Carbone, Cifor, Gilliland & Punzalan, 2014).

En materia de acceso se cuestiona el hecho de que algunos documentos que testimonian violaciones a los derechos humanos sean de propiedad privada, esta situación condiciona el acceso a la información y se convierte a su vez en un obstáculo para la satisfacción de derechos tanto individuales como colectivos (Pickover, 2005). Por otra parte, se hace un llamado a los archivistas para que contribuyan a hacer efectivo el derecho a la memoria de los usuarios, particularmente de aquellos cuyos derechos humanos han sido violados. Esto significa asumir una distinción entre el derecho a la información y el derecho al acceso, partiendo del hecho que indica que no todos los usuarios tienen las mismas habilidades a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a un instrumento de descripción. En consonancia con lo anterior, se sugiere el establecimiento de tratos diferenciados que permitan una atención óptima a los usuarios que más lo necesitan (Olsen, 2013; Valderhaug, 2011).

Uno de los temas centrales que abordan los autores que estudian la relación entre archivos y justicia social es el llamado al activismo político que deben atender los archivistas que trabajan con acervos relacionados con violaciones a los derechos humanos (Nazar, 2010). Invocan la figura de un “archivista activista” que permita, a través de su trabajo, la emergencia de distintas voces que claman ser escuchadas. Se hace un llamado al archivista para que se convierta en agente del cambio social (Lopes & Konrad, 2013; Wakimoto et al., 2013; Robinson, 2014; Punzalan & Caswell, 2016; Pickover, 2005; Stinnett, 2009; Stinnett, 2010). Por otro lado, el modelo de teoría vinculado a la práctica que desarrolla la teología de la liberación⁴ es planteado como herramienta para que los archivistas orienten su trabajo hacia el beneficio social (Strauss, 2015).

Con el objetivo de determinar el impacto de los archivos en los procesos de cambio orientados a la realización de la justicia social, se dan pistas acerca de cómo rastrearlo. El valor probatorio de los documentos de archivo determina -según los autores- su primer uso, ya sea en procesos de rendición de cuentas, como evidencia de transparencia o como prueba en procesos judiciales. Usos secundarios de los documentos de archivo pueden identificarse a través de su presencia en la literatura, en el cine, en la televisión, en exposiciones, etc. (Duff et al., 2013).

Algunos de los retos que proponen los autores que hacen parte de este enfoque son los siguientes: el archivista debe situarse en un plano que permita la comprensión de la justicia social como una guía orientadora de la praxis; debe ser consciente de las estructuras raciales y económicas que producen la desigualdad y la marginación de ciertos grupos en el seno de las sociedades; debe analizar los efectos y resultados de un acceso pleno a la información, haciendo uso de herramientas tecnoló- gicas. Para el logro de los anteriores desafíos, plantean como necesaria una transformación en los planes de estudio y programas de formación archivística, orientada hacia la toma de conciencia frente a la responsabilidad social de la profesión.

2.4. Archivo como lugar de memoria

Los archivos son concebidos en este enfoque como llaves que permiten el acceso a la memoria, aunque esta relación no se da espontáneamente como lo veremos más adelante. Aquí se discute la naturaleza del archivo y su relación con las luchas sociales por la memoria. Desde esta perspectiva, los documentos además de proporcionar las evidencias de las atrocidades, son estudiados como espacios de conmemoración y recuerdo, en tanto que, el rol del archivista resulta determinante para la activación de las memorias latentes en el archivo.

Tras el análisis se pueden vislumbrar algunas influencias intelectuales. Así, por ejemplo, resulta determinante el pensamiento de Maurice Halbwachs sobre los marcos sociales de la memoria (Halbwachs, 2004b) y sobre la memoria colectiva (Halbwachs, 2004a), en el pensamiento de aquellos investigadores interesados en sustentar la idea de que la memoria existe en relación con un marco espacial específico, en este caso el archivo. Otro referente indiscutible es Pierre Nora y su teoría de los “lugares de la memoria”, en tanto permite a los autores pensar el potencial material, simbólico y funcional de los archivos (Nora, 1989). Una referencia más reciente la constituye el corpus de obras desarrolladas en el marco del Programa de Investigación sobre Memoria Colectiva y Represión: perspectivas comparativas sobre el proceso de democratización en el Cono Sur de América Latina, proyecto paradigmático en el abordaje de las relaciones fecundas entre Memoria Colectiva y Derechos Humanos, desarrollado, entre 1998 y 2002, bajo la coordinación de Elizabeth Jelin (2002c).

Algunos autores plantean que los archivos ocupan un lugar destacado en la construcción y transmisión de la memoria colectiva. Sin embargo, también se advierte que la relación archivo-memoria es una relación circunstancial y no obligatoria y que, por lo tanto, está sujeta en gran medida a su tratamiento político. Como se ha demostrado en un amplio conjunto de experiencias, el acceso y la tenencia de los archivos, por encima de las particularidades de cada caso, implica tensiones y desafíos (Cruz, 2002; Jelin, 2002a; Karababikián, 2007).

En este sentido, se plantea que los archivos y los documentos que los conforman no encarnan la memoria en sí mismos, es decir, señalan que memoria y archivos no son conceptos equivalentes. Bajo esta mirada los archivos son vistos como “piedras de toque”⁵ que permiten que los recuerdos puedan ser activados, conservados y articulados. En consecuencia, la labor del archivista estaría enfocada en posibilitar la activación de recuerdos, individuales y colectivos, y en procurar la salvaguarda de las distintas identidades (Millar, 2006).

Un concepto que emerge con fuerza en los textos que hacen parte de este enfoque es el de “archivos de la represión” (Da Silva Catela, 2002; Rostica, 2010; Slatman, 2012; Stabili, 2012; Lopes & Konrad, 2013; Kahan, 2007). Los “archivos de la represión” -según Elizabeth Jelin (2002b)- están constituidos por tres tipos de acervos:

Los archivos de las instituciones represivas, algunos mantenidos con la continuidad institucional de la transición […] Los acervos acumulados en base a listados y denuncias de casos, no necesariamente con material documental […] Otros acervos diversos y generalmente dispersos que recogen documentos, restos y rastros del período dictatorial. Materiales sobre la vida cotidiana durante las dictaduras, sobre los medios de comunicación de masas, sobre el propio movimiento de derechos humanos, sobre la resistencia personal y colectiva. Acervos que se extienden en el tiempo al período postdictatorial, especialmente con iniciativas que incorporan dentro de sus objetivos “la memoria” y la transmisión de mensajes a la posteridad. (p. 7)

Algunos autores cuestionan el hecho de que los acervos de los movimientos sociales sean catalogados como “archivos de la represión”. A propósito de la inclusión del archivo de la Vicaría de la Solidaridad bajo esta categoría dice María Ángela Cruz (2002): “implica una confusión conceptual, porque el archivo no guarda los documentos de los organismos represores. Además, el rótulo de la represión constituye un recorte de significación que deja fuera otros marcos interpretativos” (p. 174).

Desde otro ángulo y a partir de la caracterización de una época signada por constantes guerras y conflictos que involucran una parte significativa de la población mundial, los autores se preguntan por la naturaleza de los documentos que registran la memoria y por el rol de los archivistas responsables de su registro y conservación. En el caso de las confrontaciones bélicas se sugiere que los archivistas encargados de su gestión documental deben partir del conocimiento de los dispositivos de creación y almacenamiento de la información para poder asegurar una memoria plural y la conservación de los documentos a través del tiempo sin importar el soporte (Cox, 2012).

En el marco de este enfoque los archivos son tratados como fuentes para el descubrimiento o recuperación de los recuerdos que se han perdido, en este contexto el mayor desafío está representado en entender qué rol juegan los documentos en los procesos de rememoración. Así, por ejemplo, Michell Caswell analiza los usos posteriores de las fotografías tomadas por los represores a las víctimas. Casi dos millones de personas murieron en Camboya durante el régimen de los Jemeres Rojos, entre 1976 y 1979. La brutalidad del régimen ha quedado representada en el sinnúmero de retratos policiales de prisioneros, en blanco y negro, tomados en la cárcel de Tuol Sleng, donde miles de “enemigos del Estado” fueron torturados antes de ser enviados a los campos de exterminio. En este texto Caswell recorre la vida social de estos registros fotográficos a través del lente de la archivística y señala la forma en que, paradójicamente, se han convertido en agentes de silencio y testimonio, tienen relación con los derechos humanos y con la injusticia; estas relaciones contradictorias se producen en los despliegues que han tenido los documentos en diferentes momentos y lugares. Lo cierto es que, desde su creación como documentos administrativos del régimen de los Jemeres Rojos hasta su transformación, a partir de 1979, en exposiciones museográficas, colecciones de archivos y bases de datos, estas fotografías que analiza Caswell son evidencias fundamentales del sufrimiento humano (Caswell, 2014a).

Una experiencia similar es descrita por Ludmila Da Silva Catela a partir del trabajo con las fotografías que integran los acervos del Archivo Provincial de la Memoria en Córdoba, algunas de ellas producidas en el centro de detención clandestina D2, a cargo de la policía durante la última dictadura militar. Según ella estos documentos tienen diversos usos y potenciales:

Por un lado, restituir derechos de identidad a quienes fueron registrados por esas máquinas fotográficas. Poder devolver-restituir esas sensaciones constantes que los ex presos políticos o los familiares intentan reconstruir sobre la vida en los CCD. Son también registros de “verdad” jurídica ya que muchos de esos hombres y mujeres allí plasmados están desaparecidos o fueron asesinados por esta fuerza policial. Por otro lado, esas imágenes testifican de manera contundente lo que los testigos y sobrevivientes han relato por años en relación al trato en estos lugares: la humillación, los golpes, la degradación humana y principalmente la presencia de las vendas en los ojos de los secuestrados. Finalmente y paradojalmente, para muchos ex presos y para muchos familiares esas son las “únicas fotos” con las que se cuenta para recordar al desaparecido. (Da Silva Catela, 2012, p. 21)

Un ejemplo más acerca de los usos plurales del archivo y de los sentidos que cobra con el paso del tiempo nos lo proporciona Verne Harris (2002) sobre la experiencia sudafricana:

Se ha hecho un uso intensivo de los fondos de archivo por parte de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Comisión para la Restitución de Derechos de la Tierra, la Unidad de Tareas de Investigación y la Oficina del Fiscal General. Hay una justicia poética en que los registros del Estado durante el Apartheid que documentó tan densa y obscenamente el control estatal sobre las vidas de los ciudadanos, sean usados para desenvolver los enredos de la opresión, exponer a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, apoyar las reivindicaciones de restitución de los desposeídos, y perseguir a aquellos que se rehúsan a pedir, o que no pueden lograr, amnistía por parte de la Comisión de Verdad y Reconciliación. (p. 79)

Se plantea que los avances tecnológicos, especialmente de la Internet, pueden servir de herramienta para fomentar el uso colectivo de los archivos y en ese sentido de la memoria social. El uso de la tecnología, desde este punto de vista, puede convertir los archivos en espacios sociales de la memoria que incluyan múltiples voces en procura de la verdad y la justicia (Ketelaar, 2008).

Algunos autores plantean que la existencia misma de los archivos no garantiza su uso. Así, por ejemplo, se hace referencia a la escasez de trabajos realizados a partir de los “archivos del terror” por parte de los paraguayos, se citan en cambio muchos trabajos sobre este acervo por parte de estudiosos extranjeros (González, 2002; Stabili, 2012); una situación similar es planteada en Argentina con respecto al uso del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (Kahan, 2007). En general la queja está relacionada con la falta de análisis, a partir de esos acervos, que intenten comprender la dinámica de las fuerzas represivas.

Por otro lado, se juzga como positivo la incorporación de los archivos relacionados con las violaciones a los derechos humanos al Registro Memoria del Mundo de la Unesco.⁶ Esta medida se toma con el fin de preservar y proteger los acervos y hacerlos accesibles de manera permanente y sin obstáculos (CNMH, 2014; González-Quintana, 2009; Huenuqueo, 2008). En la orilla contraria, Da Silva Catela (2008) problematiza la categoría de patrimonio que cobija los archivos de la represión:

los límites impuestos al acceso se relaciona con el tema de las pertenencias personales, como fotos familiares, cartas, libros y objetos. El individuo afectado no podrá recuperarlos y tampoco podrá intervenir (quemando, rasgando, tachando) sobre lo que allí se dice acerca de su persona. En algunos casos porque los archivos formarán parte del patrimonio cultural, y en otros, porque sus acervos son declarados intangibles. Todo lo incluido en un acervo, desde los documentos burocráticos de la Policía hasta las cartas de amor […] pasan a ser considerados patrimonio por los Estados y a constituir, así, un todo indivisible. (p. 143)

Otros estudios utilizan el concepto de memoria para situar el campo de archivos dentro de un ámbito más amplio como es el del patrimonio y la cultura material, destacando así su relación con otras instituciones culturales similares como es el caso de los museos, los memoriales, centros educativos, bibliotecas, entidades que tienen entre sus objetivos el sensibilizar a los ciudadanos frente a los horrores del pasado y generar acciones pedagógicas sobre la intolerancia, el totalitarismo, la violencia (Alberch, 2008; Josias, 2011).

Los postulados que constituyen este enfoque, sobre los archivos como lugares de memoria, comprenden el abordaje de la relación archivo-memoria en el ámbito de la vida social; la emergencia del concepto “archivos de la represión” y algunas controversias que suscita; la reflexión en torno al significado de documentar la guerra, especialmente acerca de sus consecuencias éticas; la constatación, a través del estudio de numerosos acervos, de que las injusticias son rutinariamente documentadas por los regímenes represivos y que los mismos documentos que se utilizaron originalmente para la represión y la violación de derechos se convierten después en evidencias que permiten el reconocimiento de las injusticias y su reparación.

3. Conclusiones

El anterior balance da cuenta de que, en el siglo XXI, un creciente grupo de archivistas y de estudiosos de los archivos han defendido la necesidad de pluralizar, diversificar y activar los archivos en favor de los derechos humanos y de la construcción de la memoria colectiva. En ese sentido, los cuatro enfoques anteriormente presentados dan cuenta de la vitalidad de la archivística y su identificación configura un mapa en el que aparecen representadas distintas miradas, a veces antagónicas, que coexisten y cuyas visiones pueden aportar claves para la comprensión de los fenómenos que son objeto de estudio de los investigadores del área o, en su defecto, proporcionar elementos para formular nuevas preguntas.

Es indudable la importancia del papel del archivo en los procesos de transición política representada, por ejemplo, en la relación estrecha que se viene estableciendo entre la aplicación de mecanismos propios de la justicia transicional y la existencia de documentos que prueban las violaciones a los derechos humanos; igualmente, en las recomendaciones para que las instituciones provisionales creadas, en el desarrollo de dichos procesos, gestionen y faciliten el acceso a los archivos que en virtud de sus funciones producen. En esto han cumplido un rol determinante aquellos archivistas que, en nombre de la profesión, han entablado diálogos con juristas, defensores de derechos humanos y otros profesionales, logrando con ello posicionar los archivos en un lugar de importancia nunca antes alcanzado.

Por otro lado, la concepción del archivo como pieza clave en la realización de la justicia social es un aporte a la discusión más amplia que en la esfera política y en el campo de las ciencias sociales y humanas, en general, se ha venido dando acerca de la necesidad de idear las orientaciones programáticas tendientes a la construcción de sociedades más justas. Dicha relación, planteada en el seno de la disciplina archivística, pone de presente la necesidad de revisar el conocimiento heredado, las prácticas y los métodos para responder adecuadamente a los retos actuales.

Es interesante observar el vínculo que se establece entre los resultados de las investigaciones y la necesidad de hacer transformaciones curriculares de los programas de formación archivística que incluyan, por ejemplo, contenidos relacionados con las dimensiones culturales y éticas del rol de los archivos y los documentos en la sociedad. Otro aspecto que emerge de los estudios es el número creciente de instituciones educativas que ofrecen formación a nivel de pregrado y posgrado en Archivística, esto, a su vez, se ve reflejado en el incremento de la producción bibliográfica (tesis, artículos, libros, capítulos de libro, informes) que aborda problemas relacionados con los derechos humanos y la memoria colectiva; igualmente, guarda estrecha relación con la existencia de una vigorosa agenda de investigación que recoge en su programa las preguntas y necesidades que surgen de la práctica de la archivística hoy en día.

Tras el análisis se evidencia que un alto porcentaje del conocimiento que se produce al interior de la disciplina es todavía insular y autoreferencial, en ese sentido se hace necesario el diálogo interdisciplinario que ayude a enriquecer los análisis, al posicionamiento de la disciplina, al desarrollo de “una archivística des-acomplejada que trabaje en alianza con otros colectivos y asociaciones” (Alberch, 2009, p. 13). Igualmente, y teniendo en cuenta algunas posiciones antagónicas presentes en el corpus objeto de estudio, es conveniente establecer una comunidad (Cook, 2013) en la cual debatir los puntos de vista, salvar distancias, reconciliar posiciones o, por lo menos, tender puentes que permitan el avance de la disciplina, partiendo del entendimiento común que indica que los archivos tienen un impacto en la sociedad

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Notas

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