Patrimonio arqueológico de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Identificación y propuesta de zonificación para la gestión local

The archaeological heritage of Olavarría city, Buenos Aires province, Argentina. Identification and zoning proposal for local management

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La Carta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) para la Gestión del Patrimonio Arqueológico establece que este representa

la parte del patrimonio material para la cual los métodos de la arqueología proporcionan la información básica. Engloba todas las huellas de la existencia humana y refiere a los lugares en donde se ha efectuado cualquier tipo de actividad humana, así como a las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole que se encuentren en la superficie, enterrados o bajo las aguas, así como al material relacionado con los mismos. (ICOMOS, 1990, art. 1)

De acuerdo con esta carta, la gestión del patrimonio arqueológico se basa en cuatro principios: a) ese patrimonio está integrado por recursos no renovables; b) está regido por la legislación; c) está sujeto a una evaluación de significación –lo que demanda un saber experto–; y d) es un asunto de interés público –y por ende, requiere de la acción del Estado–. Si bien estos principios han sido objeto de análisis críticos desde diferentes perspectivas teóricas (e.g.,Carman, 1996; Holtorf, 2001; Gianotti, et al., 2015; Sánchez Carretero y Jiménez-Esquinas, 2016, entre otros), permanecen vigentes y dan fundamento a todo el andamiaje legal en el que se sostiene la preservación patrimonial. En efecto, la persistencia del modelo tradicional de gestión del patrimonio –caracterizado por la propiedad estatal, así como por un perfil regulatorio y persecutorio de la administración– se ha constatado como una característica común en los sistemas legales sudamericanos (Endere, 2021).

No obstante, este modelo tradicional de protección legal no ha sido capaz de frenar la afectación del patrimonio arqueológico. Esto es particularmente crítico en el ámbito de las ciudades, donde el aceleramiento de las transformaciones urbanas constituye una de las principales amenazas para su preservación. A los limitados recursos usualmente disponibles para proteger esta categoría patrimonial se anteponen los poderosos intereses económicos asociados al valor de los terrenos en ámbitos urbanos, particularmente en áreas céntricas donde se concentran los bienes históricos. En este sentido, Hall y McArthur (1996) sostienen que la preservación de los bienes patrimoniales depende de lo económico, ya que esta variable suele ser “el árbitro final que define si el patrimonio es o no preservado” (p. 9).

Por otra parte, se observa de manera recurrente que la gestión urbana del patrimonio arqueológico suele omitirse o realizarse de manera asistemática y desarticulada entre las diversas áreas de gobierno que tienen a su cargo la gestión y planificación territorial. No obstante, como se verá más adelante, existen excepciones en la Argentina, como lo son los casos de las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, la integración de la gestión del patrimonio arqueológico en los procesos de planificación y ordenamiento territorial resulta fundamental ya que, como menciona Martínez Martínez (2020), “la protección de los sitios arqueológicos pasa, necesariamente, por el territorio” (p. 54). De modo que “reconocer los sitios arqueológicos como parte esencial del paisaje es una oportunidad para visualizar y comprender el patrimonio y el territorio en un proceso de gestión común y no producto de gestiones diferenciadas, cuando no antagónicas” (Martínez Martínez, 2020, p. 59).

La visibilidad del patrimonio arqueológico de la región pampeana argentina es particularmente crítica, ya que no suele ser perceptible per se y demanda un criterio experto. Al respecto, Endere y Prado (2009) señalan que “los sitios arqueológicos que no son monumentales, por ejemplo los dejados por los grupos cazadores-recolectores que habitaron nuestra región, no suelen ser perceptibles a simple vista y menos aún por quienes no son especialistas” (p. 48), cuestión que hace necesaria una investigación previa para su identificación. En este sentido, es clave contar con criterios orientadores para su gestión que se enmarquen en la normativa vigente, así como con mecanismos que permitan articular la salvaguardia patrimonial entre las diferentes áreas de gobierno.

Al respecto, la Recomendación de Paisajes Urbanos Históricos (UNESCO, 2011) señala que:

las herramientas de conocimiento y de planificación deben ayudar a proteger la integridad y autenticidad de las características del patrimonio urbano y también a reconocer su diversidad e importancia cultural y a establecer mecanismos de observación y gestión de los cambios para mejorar la calidad de vida y del medio urbano. Para ello se trata pues, entre otras cosas, de registrar e inventariar las características culturales y naturales. (art. 24, inc. b)

Si la protección del patrimonio arqueológico debe basarse en el más completo conocimiento posible de su existencia, amplitud y naturaleza, hay dos elementos esenciales para perfilar estrategias de gestión y protección: a) los inventarios, y b) la zonificación. Estos se constituyen en importantes elementos para la gestión del patrimonio arqueológico.

Los inventarios permiten sistematizar la información sobre el patrimonio existente (Caporale y Vallvé, 2021) y constituyen un banco de datos fundamental, cuya elaboración debe considerarse un proceso dinámico y permanente.

La zonificación, en términos generales, es un mecanismo de planificación y regulación del uso del suelo urbano y rural que contribuye a proporcionar un crecimiento y desarrollo comunitario ordenado mediante la regulación, tanto de los usos existentes como de los potenciales. En este sentido, es una de las herramientas de planificación por excelencia y permite, a través de la elaboración de cartografías y una serie de reglas, implementar las políticas de gestión. Este tipo de zonificación ha sido denominada “zonificación euclidiana” y consta de dos componentes principales: un área espacial, que define la zona, y las reglamentaciones que se aplican al uso del suelo dentro de ella (Brown et al., 2018). Para el caso específico del patrimonio arqueológico, la zonificación permite delimitar en el territorio no solo lo que existe y está inventariado, sino también las áreas de potencialidad arqueológica, además de las zonas de amortiguación. Las Directrices Operativas para la Implementación de la Convención de Patrimonio Mundial de 2019 establecen que una

zona de amortiguamiento es un área alrededor del bien cuyo uso y desarrollo están restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de reforzar su protección. Para ello se tendrá en cuenta el entorno inmediato del bien propuesto, las perspectivas y otras áreas o atributos que son funcionalmente importantes como apoyo al bien y a su protección. (art. 104)

Si bien no existen muchas experiencias de zonificaciones urbanas orientadas a la preservación y salvaguarda del patrimonio arqueológico en Argentina, resulta de interés destacar dos casos que se vienen desarrollando desde hace algunos años. El primero corresponde a la ciudad de Córdoba, para la cual se ha desarrollado una “Carta Digital de Riesgo Arqueológico”. Esta carta integra en un SIG sitios de valor arqueológico, así como factores que pueden afectar su conservación. A partir del cruce de esta información, se establecen cuatro categorías de “zonas de riesgo” o zonas de potencialidad (Actis Danna et al., 2013). La ciudad de Córdoba ha dado un paso adelante al incorporar de manera formal dentro del Código de Ordenamiento Urbano zonas de Patrimonio Arqueológico Potencial.^[1] El segundo caso refiere a la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad se realizó un “Plano del Potencial Arqueológico” a partir de la confección de fichas para parcelas particulares de cada barrio porteño, al cual, acorde con los registros y mapas históricos, se les determina un área de potencialidad (Schávelzon y Silveira, 2004).

Sobre la base de estas consideraciones, en el presente trabajo se propone, tomando como caso la ciudad de Olavarría, construir una herramienta de gestión de la información que facilite el proceso de toma de decisiones en torno a su patrimonio arqueológico y presentar una propuesta de zonificación con áreas de potencialidad de dicho patrimonio en la ciudad.

Este artículo se organiza en cinco partes. En la primera, se efectúan algunas precisiones respecto de cuestiones metodológicas. Posteriormente, se presenta el caso de la ciudad de Olavarría. En la tercera parte se analizan el marco legal aplicable y los criterios que surgen de la normativa para delimitar temporalmente aquello que debe ser considerado como patrimonio arqueológico. En cuarto lugar se presenta un mapeo donde se localizan los diversos elementos y sitios arqueológicos urbanos y se exponen los resultados de la propuesta de zonificación. Finalmente, se abordan y discuten las conclusiones alcanzadas.

La zonificación es uno de los principales instrumentos del ordenamiento territorial, es decir, se orienta a coordinar y reglamentar los diversos elementos, funcionalidades y dinámicas presentes en el territorio, incluyendo propósitos de salvaguarda patrimonial. En las Directrices Operativas para la Implementación de la Convención de Patrimonio Mundial (UNESCO, 2019) se destaca la importancia de la definición de los límites como un requisito indispensable para una protección eficaz de los bienes, ya que aquellos se “establecerán con el fin de incorporar todos los atributos que confieren el valor […] y para garantizar la integridad y/o autenticidad” (art. 96) de dichos bienes.

Al respecto, Sotela (2018, p. 263) señala que la zonificación:

se puede definir como la separación o división de un área geográfica administrativa con una jurisdicción delimitada en zonas continuas, que regula las características constructivas de la infraestructura, para que sus especificaciones de diseño y localización garanticen la funcionalidad urbana de la ciudad. Se establece así, una coherencia entre el propósito, la función y disposición estructural, con respecto a otros elementos que conforman un territorio.

Para la identificación, localización y propuesta de zonificación del potencial patrimonio arqueológico de la ciudad de Olavarría se utilizaron diferentes metodologías. Para el estudio de las fuentes legales relacionadas con el objeto y área de estudio, se recurrió al análisis documental (Duverger, 1981). Estas fueron recolectadas en repositorios legales digitales de carácter oficial (e.g., Información Legislativa y Documental –INFOLEG–; Sistema Argentino de Información Jurídica –SAIJ–, Sistema de Información Normativa y Documental del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, etc.) y en el Archivo de Ordenanzas del Concejo Deliberante de Olavarría para el período 1983-2020. También se consultaron fuentes éditas, fundamentalmente publicaciones científicas y académicas en las que se ha desarrollado la temática. Asimismo, se efectuaron entrevistas en profundidad a investigadores para corroborar datos no publicados. Estas acciones en particular fueron las que se utilizaron para relevar la información y la localización de sitios arqueológicos urbanos y sus hallazgos.

Finalmente, todos los datos obtenidos se sistematizaron en un mapa georreferenciado con el propósito de asegurar su disponibilidad, tanto para la presente como para ulteriores investigaciones e intervenciones en materia de gestión del patrimonio local. Partiendo de la base de que el acceso abierto a la información y al conocimiento, incluyendo los catálogos y las cartografías, es uno de los problemas más apremiantes de la arqueología en estos tiempos (Fernández Cacho, 2021), los resultados de la investigación se volcaron en un sistema de información geográfica (SIG). Los SIG son valiosas herramientas de gestión de la información para el estudio, análisis, sistematización y gestión del patrimonio cultural (Fernández Cacho, 2008; Ladrón de Guevara, 2011; Mariano, et al., 2014; Lanzelotti, et al., 2016; Santana Falcón, et al., 2017; Posada Restrepo y Duque Tangerife, 2018). Su empleo ha sido recomendado en diferentes documentos de expertos. Por ejemplo, la Carta de Cracovia (UNESCO, 2000) propone que “en la protección y preservación pública de los sitios arqueológicos, se deben potenciar el uso de modernas tecnologías, bancos de datos, sistemas de información”. Mientras que la Recomendación de Paisajes Urbanos Históricos (UNESCO, 2011) afirma que:

se debe alentar […] el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para registrar, entender y exponer la compleja estratificación de las zonas urbanas y los distintos elementos que las constituyen. La obtención y el análisis de estos datos es un componente esencial del conocimiento de las zonas urbanas. (art. 27).

De esta forma, la arqueología se puede nutrir de herramientas que hagan más eficaz la gestión del patrimonio que constituye su objeto de estudio.

A través de un SIG es posible producir un banco de información digitalizado, pasible de ser constantemente acrecentado y actualizado conforme avanzan las investigaciones. En este sentido, los SIG se constituyen en un sistema de apoyo para la toma de decisiones espaciales (Buzai, 2015), principalmente en la planificación y gestión del territorio (Linares, 2016) y habilitan un abordaje desde una perspectiva interdisciplinaria. Esto permite analizar las diferentes dimensiones del territorio, incluida la histórica, y generar a la vez la posibilidad de integrar en ese proceso la salvaguardia del patrimonio.

Para el SIG presentado en este trabajo se utilizó elsoftware de procesamiento de acceso libre QGIS 3.10 y, como base cartográfica, el sistema de coordenadas de Google Maps (EPSG: 3857). Cabe aclarar que las entidades listadas se integraron al sistema de la base de datos espacial mediante puntos y polígonos, dependiendo del tipo de elemento mapeado: los primeros fueron utilizados para registrar elementos, tales como bienes inmuebles y sitios, y los polígonos, para áreas. Aunque muchos sitios podrían haber sido representados como polígonos, se adoptó el criterio de ubicarlos en el SIG utilizando un punto geográfico a partir de la dirección exacta (calle y número) o de la más aproximada posible cuando se trató de un lote no numerado. Esta simplificación obedeció a que, a los fines de la presente investigación, es suficiente contar con la localización geográfica. Pero también se justifica porque, en algunos casos, no se contó con los datos catastrales o puntos georreferenciados precisos de la totalidad del terreno debido a que las fuentes de información indicaron direcciones aproximadas –solo intersección de calles–, o presentaron fotografías en las que no se especifica su ubicación exacta.

La ciudad de Olavarría se ubica en el este del partido homónimo, del cual es cabecera. Este está ubicado en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, República Argentina (Figura 1). Hacia 2010, contaba con 112.534 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC–, 2012); los datos provisionales del CENSO Nacional 2022 (INDEC, 2023) arrojan que, en la actualidad, cuenta con 126.328 habitantes. La ciudad ocupa una superficie de aproximadamente 24 km.. Con 89.712 habitantes (INDEC, 2012), concentra el 80,3% de la población del partido y se constituye en una ciudad intermedia menor (entre 50.000 y 399.999 habitantes; Di Nucci y Linares, 2016).

Figura 1
Localización de la ciudad de Olavarría. A. Ubicación de la ciudad en el partido de Olavarría. B. Extensión del área urbana y localidades cercanas. Fuente: Elaboración propia.

Desde el punto de vista patrimonial, existe en el partido un número importante de sitios arqueológicos (Messineo y Barros, 2009; Messineo et al., 2009; Pedrotta et al., 2009; Messineo, 2011). Un registro completo de los sitios arqueológicos de Olavarría se puede ver en Mariano (2012).

El poblamiento humano en la región pampeana tiene una antigüedad de aproximadamente 14.000 años AP,^[2] caracterizado por la presencia de bandas de cazadores-recolectores que alternaban entre la sierra y la costa, aprovechando de manera estacional diferentes recursos naturales (Politis, 2012; Politis y Prates, 2018, Politis et al., 2019).

Con la llegada de los españoles, en el siglo XVI, se produjeron importantes cambios ecológicos en la región debido a la expansión del ganado cimarrón y al reemplazo de los pastizales nativos. La incorporación del ganado transformó significativamente la vida y la economía de las poblaciones indígenas (Mandrini y Ortelli, 1992). A mediados del siglo XVIII, en el actual territorio del partido de Olavarría funcionaba la feria comercial del Cayrú, en la cual diferentes grupos indígenas intercambiaban variados productos entre sí y con la sociedad hispano-criolla (Mandrini, 1987; Pedrotta, 2005, 2016; Pedrotta et al., 2012). Hacia finales de ese siglo, el centro bonaerense fue escenario de oleadas migratorias mapuche, pueblo que se sumó a los serranos, pampas y tehuelches que lo habitaban anteriormente (Ferrer y Pedrotta, 2006). Ello contribuyó a la formación de cacicazgos de creciente poderío económico y social, que se sostuvieron hasta la segunda mitad del siglo XIX (Pedrotta, 2016).

El siglo XIX estuvo signado por el avance de militares y colonos “blancos” al sur del río Salado; se sucedieron entonces la fundación de fortines, pueblos, así como el establecimiento de estancias y pulperías. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas se fundó el Fuerte Blanca Grande (1828)^[3] y se instalaron las tribus de Catriel y Cachul, considerados “indios amigos” por su condición de aliados del gobierno bonaerense (Ratto, 1994; Langiano et al., 2009). Luego de la caída de Juan Manuel de Rosas (1852), comenzó una etapa de lucha por el control de los territorios, y en ese contexto, entre 1855 y 1856, se produjo una primera y fracasada fundación del poblado de Olavarría. Como puede observarse, su génesis se enmarca en el proceso de creación de fuertes y fortines militares que constituyeron la llamada “línea de frontera” en la avanzada sobre los territorios ocupados por los grupos indígenas (Endere y Langiano, 2009). En 1863, y previo acuerdo con el cacique Catriel, se instalaron el Fortín de las Puntas del Arroyo Tapalqué y un campamento militar unas leguas más al norte, sobre el mismo arroyo, que dieron origen a la actual ciudad de Olavarría (Salvadores, 1937; Arena et al., 1967; Sassone, 1981; Endere y Langiano, 2009; Pedrotta, 2016).

El “Pueblo de Olavarría” fue creado por Decreto Provincial el 25 de noviembre de 1867. Álvaro Barros, su fundador, fue quien le dio esa denominación en honor a José Valentín de Olavarría, militar argentino que había participado de las guerras de la independencia. Juan Czetz fue contratado para delimitar el ejido; cuyo trazado original comprendía 96 manzanas, incluyendo al campamento militar y una plaza de cuatro manzanas, pero fue desaprobado por el Departamento Topográfico. Para 1874, cuando el poblado contaba con unas 40 viviendas particulares y 12 comercios, los vecinos solicitaron al ministro de Gobierno la creación del partido y la rectificación de la mensura. En 1877, el agrimensor Juan José Coquet terminó la mensura definitiva de la traza y el ejido del pueblo (Arena et al., 1967; Barros, 1973). Para entonces, ya se había producido la derrota y expulsión de las tribus indígenas de su territorio. El 25 de octubre de 1878 se declaró al pueblo de Olavarría como cabecera del partido y, un año después, ya se habían establecido sus límites; finalmente, el 10 de enero de 1908, fue elevado al rango de ciudad.

Desde sus inicios, el trazado de la ciudad cabecera y su dinámica se han visto condicionados por el vínculo entre ambas márgenes del hoy denominado “arroyo Tapalqué”, que la divide en su trazado suroeste-noreste. En el pasado, ese arroyo fue denominado “río de las Barrancas”, debido a que se trata de un curso de agua con las características de un río de montaña. En la etapa fundacional, este curso de agua se constituyó en una fuente de agua natural y, posteriormente, de energía para los distintos sistemas productivos locales (e.g., el Molino La Clara). El emplazamiento de la ciudad sobre su planicie de inundación la ha tornado vulnerable a inundaciones periódicas, la última de las cuales fue registrada en 1985. Si bien en un inicio Olavarría creció hacia el sector noroeste del mencionado arroyo, con el avance y crecimiento de la urbanización, ese crecimiento continuó hacia el sureste de dicho curso de agua, en dirección a la Ruta Provincial 51 y la Ruta Nacional 226, así como de las localidades aledañas.

Las ciudades son el resultado de la superposición histórica de los diversos elementos que las constituyeron. Esto las convierte en testigos privilegiados de los distintos sistemas sociales, económicos y productivos que se sucedieron hasta llegar a los espacios que habitamos en el presente. El estudio y la comprensión de estos sistemas depende en gran parte de la importancia que se dé al patrimonio arqueológico de las ciudades. En ese contexto, la gestión del patrimonio arqueológico incluye en su mayor expresión la definición de políticas de protección, la sanción de normas por parte de los diferentes niveles de gobierno, y la integración de su preservación en los planes de ordenamiento y desarrollo territorial. Este conjunto de acciones incidirá significativamente en la salvaguardia de los bienes que lo integran.

En el caso de Olavarría, investigaciones previas han demostrado cómo la precaria gestión de su patrimonio arqueológico urbano atenta contra su sustentabilidad y, por lo tanto, contra su preservación (Cantar, 2021). Estas políticas de gestión conducen al deterioro y la desaparición progresiva de este patrimonio en la ciudad. En este sentido, a nivel de la administración pública, la ausencia de políticas patrimoniales claras evidencia carencias que se observan tanto a nivel conceptual como de los instrumentos de gestión (i.e., ausencia de inventarios, falta de categorías de protección que respondan a la riqueza y diversidad que actualmente se reconoce en el patrimonio cultural local, inexistencia de sanciones a las actividades destructivas de este en la normativa local general, entre otras).

Asimismo, existe un corpus normativo que se “hereda” de gestión a gestión, pero que muchas veces no responde a los intereses presentes de los gobernantes. Al respecto, si bien la génesis de las ordenanzas es diferente en cada caso (ver Cantar, 2021), en líneas generales puede decirse que respondieron a demandas comunitarias o a inquietudes de expertos, que fueron recogidas en los debates del Concejo Deliberante y plasmadas en las respectivas normativas. Sin embargo, el Ejecutivo no las reglamentó o las vetó debido a una visión arraigada a nivel local que considera que cualquier regulación patrimonial significa un obstáculo para el progreso y el desarrollo de la ciudad, así como un menoscabo a su valor inmobiliario. Teniendo en cuenta que el patrimonio arquitectónico no logra ser protegido en la ciudad pese a su carácter monumental, resulta mucho más difícil que se proteja el patrimonio arqueológico local que, como se ha señalado, carece de monumentalidad. Ejemplos del desinterés general por la protección del patrimonio arqueológico bonaerense pueden verse en Mariano et al. (2022), y en Cantar (2021) para la ciudad de Olavarría en particular.

Además de la débil gestión patrimonial a nivel local, existen sesgos o preconceptos que condicionan los potenciales hallazgos arqueológicos en la ciudad. En este sentido, el lector puede observar en la Figura 4 la existencia de un núcleo con mayor cantidad de construcciones anteriores a 1900 hacia el noroeste de la ciudad. No obstante, como se puede observar en la Figura 3, las excavaciones del área urbana se han dado históricamente hacia el sureste del arroyo Tapalqué. Una posible hipótesis respecto de esta observación es la creencia social de que este segundo sector es el "centro histórico de la ciudad". Sin embargo, como se señaló previamente, el origen de la ciudad se dio sobre el arroyo Tapalqué, a la altura de un paso bajo y firme (Fortín de las Puntas del Arroyo Tapalqué) que habilitaba el tránsito peatonal entre ambas márgenes del arroyo, de modo que, desde sus inicios, la ciudad creció a partir de la interacción entre ambas márgenes. Refuerzan esta idea del centro histórico ciertas normativas legales como la Ordenanza Nº 2973/06, que plantea la protección de un “área de interés arquitectónico patrimonial” en el sector sureste del arroyo, así como el hecho de que los principales bienes de la arquitectura monumental de la ciudad se encuentran en él.

Acorde con lo planteado, en este trabajo se ha presentado un conjunto de herramientas analíticas para una gestión estratégica del patrimonio arqueológico de la ciudad de Olavarría. Esto se acompaña de una argumentación acerca de la importancia de su tratamiento y de las bases legales disponibles y aplicables. Para ello se procedió a la identificación de sitios, la conformación de un preinventario del patrimonio arqueológico urbano y la determinación de zonas de potencialidad arqueológica.

La zonificación propuesta se sustenta en un criterio legal –que considera la antigüedad mínima de 100 años como límite temporal para determinar aquello que debe ser protegido– que merece ser tenido en cuenta en la formulación de políticas para la gestión, principalmente de aquellas orientadas a la arqueología preventiva. La zonificación propuesta no se basa exclusivamente en sitios puntuales ni en evidencia mueble y/o inmueble, sino en áreas delimitadas de acuerdo con la época en que se produjo el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad. No obstante, se observa una coincidencia entre los sitios donde se han encontrado elementos del patrimonio arqueológico –ya sea por investigaciones planificadas o por hallazgos fortuitos– y las áreas de potencialidad planteadas en la zonificación propuesta. En este sentido, se considera que la herramienta planteada contribuirá a facilitar la gestión del patrimonio arqueológico, actuando en lo que se considera el punto de partida: la prevención de su destrucción.

En consecuencia, la zonificación que se propone podría constituir un complemento a los sistemas de indicadores parcelarios que actualmente rigen en la ciudad de Olavarría (y que establecen restricciones al dominio en torno a las dimensiones y superficie que se puede construir en cada parcela) y genera un recaudo especial que deberán tener en cuenta los gestores municipales, los profesionales de la arquitectura y la ingeniería, así como los propietarios sobre posibles hallazgos en caso de excavación y remoción de tierra. En este sentido, así como la Ordenanza Nº 3724/14 obliga a las empresas del partido a cumplir lo acordado en el Convenio de Prácticas Mineras del Distrito Minero de Olavarría, suscripto en 2011 y que incluye la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico y paleontológico (ver Endere, 2019) –lo que ha habilitado el involucramiento de los profesionales de la arqueología ante posibles hallazgos en las canteras de los alrededores de la ciudad–, podrían contemplarse previsiones similares para los sectores urbanos indicados como potencialmente valiosos.

En suma, se espera que las herramientas propuestas constituyan en el futuro una manera de estandarizar el tratamiento de la información sobre el patrimonio arqueológico olavarriense, de modo que faciliten mecanismos de gestión tendientes a la salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad y un criterio metodológico que puede aplicarse a otras áreas urbanas del partido y de la provincia.

Finalmente, cabe señalar que, si bien en este trabajo se presenta una propuesta para el patrimonio arqueológico urbano de Olavarría basado en estudios previos (fundados en el análisis de fuentes históricas, rescates e investigaciones arqueológicas previas y análisis de la legislación vigente), no debe dejar de considerarse la importancia de incluir mecanismos de participación ciudadana en los procesos de elaboración de preinventarios e inventarios patrimoniales. Se considera que la salvaguardia del patrimonio será sustentable en tanto que las políticas mediante las cuales se lo regula se establezcan “de cara a la gente”, ya que solo en la medida que el patrimonio posea significación social se evitará que el pasado no se desconecte para siempre del presente y, en consecuencia, del futuro (Mariano, 2012). Las herramientas que hoy nos permiten gestionar la información disponible acerca del patrimonio arqueológico son posiblemente la clave para lograr su salvaguardia, junto con la complicidad de la ciudadanía en su cuidado.