INTRODUCCIÓN

La expansión e intensificación de la producción agrícola es uno de los factores que más afecta a la conservación de los bienes comunes, los ecosistemas, la biodiversidad y la diversidad cultural a nivel global (Hoekstra et al., 2005; Staude et al., 2018; Deák et al., 2021; Pörtner et al., 2022). Estas transformaciones se acrecentaron significativamente en la región de pastizales templados de Sudamérica en las últimas tres décadas (De Faccio Carvalho et al., 2021; Baeza et al., 2022; Ríos et al., 2022; Foucher et al., 2023). En los contextos rurales, la afectación y destrucción de sitios arqueológicos, conocidos y aún no descubiertos, avanza con la misma intensidad que el desarrollo de actividades agropecuarias (Reeder-Myers, 2015). Este aspecto potencia la urgencia de realización de inventarios de bienes patrimoniales y la evaluación de las amenazas sobre los mismos, con el fin de generar insumos que orienten eficazmente las estrategias y políticas de gestión. La evaluación y prevención de los daños causados por la agricultura a los sitios arqueológicos son parte de los temas que preocupan a la gestión del patrimonio arqueológico mundial y continúan siendo inadecuadamente abordados en las políticas públicas, con algunas excepciones (e.g., para Inglaterra véase Trow y Holyoak, 2014).

La elaboración de mapas de riesgos, impactos y amenazas con base en Sistemas de Información Geográfica (SIG) se ha mostrado como una herramienta adecuada para la evaluación de múltiples factores (e.g., Halpern y Fujita, 2013). Las prospecciones y mapeos regionales, así como la elaboración de inventarios y catálogos de sitios arqueológicos, son bases esenciales para el desarrollo de instrumentos de planificación preventiva y territorial, aunque deben acompañarse de políticas regulatorias que permitan controlar las actividades y los agentes que inciden en ellas (Fernández Cacho, 2008).

La valoración de riesgos y vulnerabilidad de conservación de sitios arqueológicos es otra de las herramientas utilizadas desde finales del siglo XX en el ámbito de la gestión del patrimonio arqueológico. La aplicación de estos métodos permite cuantificar, ponderar y visibilizar los factores naturales y antrópicos de degradación que afectan y destruyen el patrimonio (Accardo, 1992). Diversos trabajos han implementado la evaluación de riesgo de destrucción y la vulnerabilidad de sitios arqueológicos frente al cambio climático en paisajes costeros (Daly, 2014; Reeder-Myers, 2015; Dawson et al., 2017), así como la vulnerabilidad frente a terremotos (Andretta et al., 2017), el riesgo de inundación (Wang, 2015) y la incidencia e impacto del turismo de masas (Koren-Lawrence et al., 2020). Algunas investigaciones destacadas han analizado el riesgo y la vulnerabilidad de los sitios arqueológicos vinculados a la actividad agrícola, aunque generalmente se han centrado en amenazas concretas, como por ejemplo los efectos del arado sobre la integridad y dispersión de los materiales arqueológicos (e.g., Oxford Archaeology, 2002; Ots, 2008; Díez Martín, 2009; Miguez, 2012; Eftimoski et al., 2017; Noble et al., 2019; Koren-Lawrence et al., 2020). En la zona costera del departamento de Rocha (Uruguay) se han desarrollado investigaciones orientadas a la identificación de riesgos y preservación de los sitios arqueológicos, centradas principalmente en impactos en la línea de costa (Villarmarzo, 2022).

El impacto de la actividad agropecuaria, en la conservación del patrimonio arqueológico en el medio rural, sigue sin ser considerado en las políticas agrarias, ambientales, así como tampoco en el ordenamiento territorial y la gestión de áreas protegidas de Uruguay. A su vez, la evaluación, prevención y gestión del daño sobre el patrimonio arqueológico por actividades agropecuarias no está incluido en las normativas específicas de los estudios de impacto arqueológicos (Ley N° 14.040, 1971; Ley N° 16.466, 1994), excepto la forestación (Ley N° 16.466, 1994). Este trabajo se propone analizar la vulnerabilidad y el riesgo de destrucción que afrontan los montículos indígenas, como bienes patrimoniales de gran magnitud y representatividad, frente a los impactos producidos por la actividad agropecuaria de la región de India Muerta (departamento de Rocha, Uruguay).

Montículos

La región reúne importantes testimonios de ocupación humana desde épocas tempranas coincidentes con la transición Pleistoceno-Holoceno (López-Mazz, 2013; Nami, 2022), donde el registro arqueológico más estudiado está representado por varios cientos de montículos de tierra o también conocidos como cerritos de indios. Los montículos se distribuyen principalmente en el este y noreste de Uruguay (Rocha, Tacuarembó, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rivera) y sur de Brasil (Rio Grande do Sul). Fueron construidos y utilizados entre ca. 5000 y 200 años AP (López-Mazz, 2001; Bracco, 2006; Iriarte, 2006; Cabrera Pérez, 2013; Milheira y Gianotti, 2018). Las transformaciones y manejo del ambiente por parte de las poblaciones indígenas durante miles de años en esta región derivó en la configuración de un paisaje fuertemente antropizado, caracterizado por la presencia de cientos de montículos (Gianotti y Bonomo, 2013; Bracco et al., 2015; Milheira y Gianotti, 2018; Gazzán et al., 2022). En la región de India Muerta (cuenca de la Laguna Merín) se distribuyen aislados u ordenados en complejos con densidades variables. Presentan morfologías circulares, ovales o alargadas y oscilan en su mayoría entre 25 y 43 m de diámetro con alturas medias de 1,5 m y máximas entre 4 y 7 m (Gazzán et al., 2022). Los montículos tuvieron diferentes funciones: plataformas de habitación, cementerios, estructuras ceremoniales, espacios de cultivo y marcadores territoriales (López-Mazz, 2001; Gianotti, 2005; Bracco, 2006; Iriarte, 2006). Investigaciones recientes, en torno al uso como marcadores territoriales y visuales, proponen que los montículos también marcarían espacios significativos en la conexión cielo - tierra, en el que su emplazamiento se vincula con la posición de la Vía Láctea y la Cruz del Sur (Gianotti et al., 2023a).

Los montículos surgen como islas antropogénicas en un entorno de humedal interconectado ecológica y visualmente (Gianotti, 2015; Gazzán et al., 2022), caracterizado por la presencia de comunidades arbóreas distintivas y diversas especies de fauna autóctona (del Puerto et al., 2023). La conexión entre los habitantes locales y estos lugares se ha mantenido a lo largo del tiempo y fue descrita por primera vez a finales del siglo XIX, identificándolos como "pequeñas islas, como oasis llenos de verdor y frescura" (Arechavaleta, 1892, p.11). Estas construcciones no solo son visibles sino también resignificadas, utilizadas y modificadas hasta el presente, destacándose como parches con alta biodiversidad en un contexto ecológico de humedales con escasa vegetación arbórea (del Puerto et al., 2023), lo que también hace que sean valorados para la gestión ganadera, ya que proporcionan sombra y refugio durante los periodos de frecuentes inundaciones.

La desafortunada coincidencia entre el emplazamiento de montículos y cultivos de arroz (Oryza sativa) en esta región marca el comienzo de la historia de la investigación científica sistemática de montículos en Uruguay. En 1986, por resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se crea la Comisión de Rescate Arqueológico de Laguna Merín (CRALM), con la finalidad de atender el impacto negativo sobre estas estructuras arqueológicas ante la expansión agrícola y la intensificación de cultivos extensivos (Bracco et al., 2000). Esta comisión llevó a cabo varias excavaciones y logró importantes resultados (e.g., Curbelo et al., 1990; Femenías et al., 1991; Bracco et al., 2000; Cabrera Pérez, 2000; López-Mazz, 2001), aunque no se desarrollaron inventarios detallados ni políticas de gestión y conservación. En 2008, solo dos sitios de todo el país (García Ricci y La Viuda) fueron declarados monumentos históricos nacionales (Resolución N° 444/008, 2008). La destrucción y los impactos sobre los montículos asociados a los arrozales son cada vez más frecuentes (Kruk et al., 2022), por lo que su preservación frente a la producción agrícola y ganadera es un problema que se agudiza cada vez más y está lejos de resolverse.

Recientemente se ha desarrollado una experiencia pionera en el contexto productivo de la región, a través de un convenio entre el Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Colonización (INC). Este proyecto, desarrollado en un padrón de la zona de Rincón de la Paja (India Muerta), permite considerar futuros y presentes alternativos para la conservación de cerritos en contextos productivos (Barreiro et al., 2022). La ejecución de este proyecto de colaboración interinstitucional permitió trabajar en la conservación y gestión del patrimonio, y en la producción ganadera bovina sostenible como base del desarrollo social local. Dentro del proyecto se realizó una catalogación arqueológica de montículos y se crearon tres unidades de conservación de 22 hectáreas (Barreiro et al., 2022; Gianotti et al., 2023b).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utiliza una metodología de evaluación de la vulnerabilidad, que pondera los factores de riesgo y resistencia de cada estructura monticular a partir de la confección de un formulario de evaluación de vulnerabilidad, llamado VEF por sus siglas en inglés (sensu Daire et al., 2012). Esta metodología permite medir objetivamente la vulnerabilidad de los montículos respecto a las actividades agropecuarias. Los resultados de este análisis pretenden proporcionar una línea de base que permita el monitoreo a largo plazo, lo cual es crucial para la planificación y gestión de los paisajes patrimoniales en contextos agrícolas productivos y la incorporación de las dimensiones culturales en los análisis de sostenibilidad.

Área de estudio

La región de India Muerta se ubica en el norte del departamento de Rocha (Uruguay) y forma parte de la cuenca de la laguna Merín (3750 Km.), localizada en la frontera entre Uruguay y Brasil. Es una región destacada por ser el segundo ecosistema de agua dulce más grande de América del Sur y parte de la eco-región Graven de la laguna Merín. Existen amplias extensiones de humedales dulceacuícolas permanentes y es una de las eco-regiones uruguayas con mayor porcentaje de su territorio con prioridad para la conservación (19,4%, 339.983 ha; Brazeiro, 2015).

Los humedales, preponderantes en la región, son esenciales para la conservación de los pastizales y la vegetación hidrófila que dominan estos entornos (Evia y Gudynas, 2000). Por este motivo desde 1984 ha sido designada sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera (UNESCO), además de por la importante diversidad de sus formaciones vegetales (Achkar et al., 2015) y especies animales, incluidas las migratorias y en peligro de extinción (Cosse et al., 2022). Uno de los paisajes más representativos es el palmar de Butia odorata que también se encuentran en riesgo debido a la producción agropecuaria (Rivas et al., 2023). En esta zona de praderas y humedales se destaca la presencia de comunidades uliginosas, paludosas e hidrófilas (Zizaniopsis bonariensis, Scirpus giganteus, Eichhornia crassipes, Pontederia cordata, Spartina densiflora), así como vegetación herbácea (Paspalum notatum, Setaria geniculata, Axonopus compressus, Baccharis sp., Eryngiumsp.) (Pezzani, 2007). A nivel de fauna, es el hábitat de numerosas especies autóctonas, principalmente de distintos tipos de aves (Rhea americana, Cairna moschata, Phoenicopterus chilensis, Coragys atratus, Cygnus melancoryphus), ciervos (Ozothoceros bezoarticus), zorros (Cerdocyon thous), roedores (Hydrochoerus hydrochaeris, Myocastor coipus) entre otros (Clara y Maneyro, 1999).

Desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX la principal actividad productiva de esta región fue la ganadería (Moraes, 2020). A partir del siglo XX los humedales comenzaron a ser drenados para su uso como campos agrícolas, principalmente para el cultivo de arroz. Prueba de ello es que en la década de 1930 ya se había iniciado la producción industrial de este cereal, que se convirtió en el principal producto de exportación a finales de la década de 1960 (Alegre et al., 2015). Durante este período se construyeron una serie de obras de canalización para controlar y dirigir el agua de los humedales, conectándose con los arroyos San Miguel y Chuy. Esto provocó el desvío de importantes caudales de agua dulce, que antes fluían hacia la laguna Merín y posteriormente fueron conducidos hacia el océano Atlántico, hasta la actualidad (Probides, 1999).

La expansión e intensificación de la agricultura en la cuenca de la Laguna Merín fue motivada por las condiciones del mercado internacional y han comprometido la sustentabilidad ambiental en diferentes escalas y niveles, incluidas la salud, la biodiversidad, el patrimonio y los derechos humanos (García Préchac, 2020; Bueno et al., 2021; Kruk et al., 2022). La superficie de cultivo se multiplicó significativamente, actualmente el 43,6% de la superficie tiene un uso agrícola intensivo, mientras que el 56,4% tiene un uso ganadero natural o extensivo. En las últimas décadas se ha incorporado el cultivo de soja (Glycine max), incrementándose las superficies cultivadas que alcanzan proporciones similares a la producción de arroz en 2013 (Achkar et al., 2015; Bueno et al., 2021). Este proceso de intensificación, mayor producción en menor superficie, va acompañado de la aplicación de un paquete tecnológico que incluye el control del agua, una mayor mecanización de la producción y del procesamiento, el uso de fertilizantes inorgánicos, plaguicidas y variedades seleccionadas (Alegre et al., 2015; Bueno et al., 2021).

Sensoramiento remoto y prospección arqueológica

La investigación permitió la localización y documentación de estructuras monticulares mediante fotos aéreas del Servicio Geográfico Militar del año 1966 (escala 1:20.000), ortofotos de alta calidad (resolución 0,32 m, 2018) de la Infraestructura de datos del Uruguay (IDEuy), así como imágenes satelitales de Google entre 1986 y 2022. En el caso de los montículos esta técnica fue ampliamente utilizada y demostró ser un método muy eficaz para su detección (Bracco y López Mazz, 1992; Iriarte, 2013; Bracco et al., 2015; Gianotti, 2015). También permite comparar la cobertura vegetal en temporalidades distintas a largo plazo. De esta forma, además de la localización, se pudo realizar una comparativa en diferentes años de la evolución de la superficie destinada a la producción agrícola, especialmente la arrocera. Este abordaje posibilitó un mapeo de los cultivos de arroz del área, ya que muchas veces los predios cultivados se encuentran subrepresentados en las cartografías oficiales realizadas en años específicos, debido al carácter rotativo y períodos de descanso. De este modo se busca analizar el impacto de esta producción sobre los montículos, así como objetivar la vulnerabilidad. La cartografía obtenida se tomó como base para realizar una prospección extensiva y dirigida, orientada a la documentación de los montículos con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de precisión submétrica, mediante un punto central y un polígono con el área visible que los delimita (Gianotti y Bonomo, 2013). En campo se documentaron otro conjunto de variables de interés junto con la asignación de códigos para cada estructura y conjuntos: topónimo, propietario, padrón, coordenadas, protección legal, largo, ancho, altura, área, perímetro, orientación, presencia de materiales superficiales, grado y causa de alteración, tipo de uso productivo del predio, grado y tipo de cobertura vegetal y presencia de alteraciones por hábitat de fauna. Esta información y parámetros fueron utilizados como factores de riesgo y de resistencia para la determinación de la vulnerabilidad de cada cerrito.

Evaluación de vulnerabilidad y riesgo de los cerritos

La metodología fue adaptada de investigaciones en contextos europeos (Daire et al., 2012; Ballesteros-Arias et al., 2013; Olmos Benlloch et al., 2017; Mandon et al., 2022) que también fue aplicada en áreas protegidas de Uruguay (Villarmarzo, 2018). El procedimiento fundamental consiste en evaluar el balance entre factores de riesgo (A) y factores de resistencia (B) (Tabla 1).

El índice de vulnerabilidad (IV) resulta de la combinación de los factores indicados en la Tabla 1 (A - B = IV) (Daire et al., 2012). El resultado numérico hace posible la definición del grado de vulnerabilidad, de acuerdo a tres niveles: bajo (-1 a 0), alto (0 a 1,2) y crítico (1,2 a 2,4).

Los factores de riesgo (A) son aquellos que constituyen las principales amenazas que sufren las estructuras monticulares constatadas durante los trabajos de campo. Se ponderó la intensidad de cada uno y se le asignó el valor correspondiente. Las actividades agropecuarias observadas en la región se ordenaron de mayor a menor intensidad. En un extremo están representadas las actividades intensivas como las plantaciones de arroz y la ganadería intensiva (que reciben 1 punto). Este impacto intensivo de la ganadería se debe a la erosión que genera una alta concentración de animales en espacios reducidos durante largo tiempo, como la producida por sistemas Feedlot o por estructuras de confinamiento propias de sistemas ganaderos tradicionales. En el otro extremo (0,2) se encuentran actividades que son de bajo impacto, como la apicultura, por ejemplo, que implica un movimiento continuo y la instalación de paneles en torno al montículo. En el medio de estos extremos, en función de la intensidad observada, se hace una asignación de intensidad de impacto de 0,4 (baja), 0,6 (moderada) y 0,8 (alta). El siguiente grupo de variables de riesgos identificado son las infraestructuras y construcciones (A2). Abarca cualquier tipo de construcción de origen antrópico moderno: casas, galpones, canales, caminos, etc. El valor se asigna en función de la distancia a la que se encuentra con relación al montículo. Una tercera variable considerada es la presencia de bioturbación (A3) generada principalmente por cuevas, madrigueras y raíces.

En otro orden se establecieron tres factores de resistencia (B) principales. El primero de ellos (B1) se centra en el grado y tipo de protección legal de los montículos o de las áreas en las que se emplazan. En un primer nivel, se encuentran los que están bajo la gestión de la Universidad de la República, ya que tienen un plan de manejo específico (PME) (B1 = 1), protección física y están sometidos a acciones correctivas y monitoreos periódicos (Barreiro et al., 2022; Gianotti et al., 2023b). En un segundo nivel (B1 = 0,8) se encuentran aquellos que tienen una protección legal bajo la figura de Monumento Histórico Nacional (MHN). Si bien legalmente este es el mayor grado de protección (Ley N° 14.040, 1971), lo cierto es que no tienen un plan de gestión ni lineamientos que permitan conducir las acciones en favor de su conservación. Por esta razón se les otorga un puntaje alto, pero menor a los que presentan un plan de manejo específico. En un tercer nivel (B1 = 0,6) se ubican aquellos que no tienen un plan ni protección legal específica, pero dentro de un área con un plan de manejo (PMA). Un cuarto nivel de protección (B1 = 0,4) se daría en los casos de propiedad pública del predio (PPP). La propiedad pública genera un contexto de mayores controles y menos modificaciones referentes al uso de la tierra. El quinto nivel (B1 = 0,2) engloba a las estructuras monticulares que se ubican en predio privados y que no tienen ningún tipo de protección legal específica, más allá de la protección genérica de la Ley N° 14.040 (1971) que, a falta de reglamentación, tiene poco impacto positivo en la realidad de la región. El segundo gran factor de resistencia considerado es la altura (B2). Los montículos de mayor altura no suelen ser arados en sus laderas por lo que es frecuente encontrarlos dentro de los predios arroceros como islas dentro de los cultivos, además de que suelen ser esquivados por los caminos y son menos elegidos para instalar construcciones encima, aunque no están exentos de riesgos. La altura representa un claro factor de resistencia frente a aquellos montículos de menor tamaño que son arados reiteradamente hasta hacerlos desaparecer, cortados por caminos o pueden presentar construcciones de todo tipo encima (corrales, casas, chiqueros, galpones). Por estos motivos se le asigna un mayor valor a mayor altura: más de 4 m (B2 = 1), entre 3 y 4 m (B2 = 0,8), entre 2 y 3 m (B2 = 0,6), entre 1 y 2 m (B2 = 0,4) y hasta 1 m de altura (B2 = 0,2). El tercer factor de resistencia es la presencia de tapiz vegetal (B3). Las actividades vinculadas a la ganadería y la agricultura afectan a la cobertura vegetal, ya sea por el pisoteo continuo del ganado, el arado o del uso de pesticidas.

RESULTADOS

La intensificación y expansión de la agricultura en la región, principalmente del cultivo de arroz, generó un impacto ambiental y arqueológico ininterrumpido y de gran magnitud, que se intensificó en las últimas décadas. A partir de la segunda mitad de la década de 1990 los predios destinados al cultivo de arroz, las obras de canalización y desecación para controlar el agua en la zona, así como la infraestructura asociada para la producción arrocera, empiezan a tener mayor presencia con un creciente y sostenido aumento de tierras destinadas a los cultivos regados hasta la actualidad. Si bien en otros sectores de la región este tipo de producción ya estaba desarrollada y en crecimiento, en el área concreta de estudio, hasta la década de 1980, aún había registrado un amplio predominio de áreas con humedales frente a las áreas cultivadas (Figura 1).

El área de estudio tiene 410 km², de los cuales 249 km. (61%) se encuentran cultivados o lo han sido en las últimas dos décadas. De acuerdo al análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales, estas áreas cultivadas se distribuyen de la siguiente manera: 201 km² (80,6%) de cultivos de arroz, 47,5 km² (19%) de otros cultivos y 1 km² (0,4%) de forestación. Este último está relacionado con el entorno inmediato de las casas rurales y se produce para proporcionar sombra para el ganado, aunque actualmente no existen grandes extensiones de tierras forestadas para la actividad comercial o industrial, como ocurre en otras regiones del país. Los demás cultivos registrados consisten principalmente en soja (Glycine max), festuca (Festuca arundinacea), trigo (Triticum aestivum), sorgo (Sorghum bicolor) y maíz (Zea mays). Este último es el más utilizado en las rotaciones de los arrozales.

Los impactos generados por la agricultura y obras de canalización asociadas presentan aún un contraste mayor si las examinamos en detalle al interior del área de estudio. La producción arrocera es la actividad más agresiva y que genera mayor impacto a los cerritos y su contexto. El suelo es arado y nivelado para su posterior inundación lo que genera profundas alteraciones. Las estructuras menores a un metro de altura son aradas de forma continuada, provocando en muchos casos su desaparición completa o de la mayor parte de la estructura monticular (n = 20). Por otro lado, si bien los montículos de mayor altura no se plantan en su superficie, sí hasta sus límites, lo que genera impacto tanto en el momento de arado para siembra como en la cosecha. A su vez, entre estos dos períodos también se da una erosión hídrica constante por las actividades de riego sobre los bordes más próximos a la planicie. Este tipo de afectación continua a lo largo del tiempo, reduce drásticamente el área del montículo con la consecuente pérdida de volumen (Figura 2).

Del total de montículos documentados durante el trabajo de campo (n = 458), 90 están severamente afectados por actividades ganaderas, que provocan un pisoteo constante sobre la cubierta vegetal, lo que se traduce en la pérdida de vegetación herbácea y arbustiva que constituye una de las principales defensas contra la erosión (Figura 3a y b). Este tipo de impacto tiene su origen en el manejo ganadero que utiliza los montículos como zonas elevadas de refugio frente a crecidas estacionales y como zonas arboladas de sombra. En 24 montículos se generaron impactos por los usos actuales de los residentes locales, relacionados con la extracción de tierra y/o el uso de los montículos como huertos, debido a la alta fertilidad de los sedimentos que los componen (del Puerto et al., 2021). Esta característica, vinculada a los niveles de nutrientes más elevados que los suelos naturales que los rodean, tiene un origen antropogénico, aspecto que también ha sido documentado en el Delta de Paraná (Castiñeira et al., 2014). El impacto se evidencia por plantaciones in situ (Figura 3d), o por la identificación de pozos o cortes originados para la extracción de tierra rica en materia orgánica destinada a huertos domésticos o estacionales (Figura 3e). En 18 montículos se documentó el impacto negativo producido por la construcción de casas, galpones y otras infraestructuras rurales realizadas sobre los mismos, aspecto que ocurre especialmente en aquellos ubicados en zonas más prominentes con relación al entorno, y por lo que, históricamente hasta la actualidad, reciben la denominación de islas o cerros (Gazzán et al., 2022). En seis montículos se constató la presencia de corrales y embarcaderos de ganado (Figura 3a).

Los resultados del análisis de vulnerabilidad fueron clasificados en tres categorías: Baja (n = 38), Alta (n = 329) y Crítica (n = 91). Los montículos con menores índices de vulnerabilidad (color blanco) se ubican principalmente en áreas sin cultivos y con mayores niveles de protección legal y planes de manejo específicos (Figura 4).

Durante la prospección de campo se registraron diferentes variables geoarqueológicas, morfológicas y métricas, así como otras vinculadas a la vulnerabilidad de cada montículo (n = 458). No obstante, en algunos casos (n = 245) no se pudo documentar in situ la información, por lo que por más que se tenga la ubicación por teledetección, estos registros no fueron utilizados para el análisis de vulnerabilidad. La falta de documentación en campo de estos conjuntos se debe a dos aspectos principales: por un lado, el difícil acceso ya que son zonas que están frecuentemente anegadas, algunas lejos de la caminería y en otros casos por tratarse de cerritos localizados en predios gestionados por sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, dentro de grandes áreas cultivadas, a los que se imposibilitó su acceso, por más que se realizaron gestiones para poder registrarlos. Ante este caso sería posible considerar las restricciones de acceso factores de vulnerabilidad y riesgo en trabajos futuros. Al contemplar que, la mayoría de los montículos para los cuales no se pudieron obtener datos de campo están en arrozales (Figura 4), y los resultados obtenidos para los otros conjuntos, se considera muy probable que aumente significativamente el número de entidades con índices de vulnerabilidad alta y crítica.

Los tres conjuntos de montículos (Isla de los Talitas, La Tapera y Los Huesos) ubicados en el padrón rural Nº 3406, dedicados a la ganadería y con un plan de manejo para su conservación muestran un claro contraste en los resultados del índice de vulnerabilidad respecto a los sitios de montículos de las zonas aledañas, donde se resaltan los constantes riesgos y amenazas que enfrentan al no contar con ningún tipo de manejo o protección. Cabe destacar que la planificación y gestión del patrimonio arqueológico tiene impactos positivos que también se pueden observar a corto plazo. Esto es evidente al hacer la comparación entre los índices de vulnerabilidad de los conjuntos de montículos durante el año 2005 sin protección y manejo y en el 2022 con plan de manejo (Tabla 2).

La variación en los niveles de vulnerabilidad entre los diferentes tipos de actividad humana que implican alguna afección no es uniforme. Se encuentra que las actividades agrícolas están proporcionalmente asociadas con una mayor vulnerabilidad, mientras que los sitios arqueológicos ubicados en áreas dominadas por la ganadería exhiben los puntajes de vulnerabilidad más bajos (Figura 5).

La forestación, si bien no es una actividad mayoritaria en la zona, se observa claramente asociada a altos niveles de vulnerabilidad. Esto se debe a que implica una suma de afecciones desde la propia actividad de plantación, el crecimiento de árboles y sus raíces y la posterior concentración de ganado en la zona para uso de la sombra. Las construcciones tales como casas, chiqueros o galpones, representan otro factor importante de impacto que en muchos casos implican remoción de tierra y provocan importantes alteraciones superficiales y subterráneas que repercuten directamente en la morfología y volumen de las entidades arqueológicas.

DISCUSIÓN

Los análisis de las imágenes aéreas y satelitales disponibles permitieron identificar 706 montículos en nuestra área de estudio, así como múltiples modificaciones en el paisaje a lo largo del tiempo. El análisis de las fotografías aéreas de 1966 permitió comprobar la presencia mayoritaria de humedales y pastizales en gran parte del área, donde la actividad ganadera era la principal. La intensa actividad productiva y los cambios a gran escala introducidos desde la década de 1980 hasta la actualidad dieron como resultado un paisaje completamente transformado, con la construcción de grandes canales, la desecación de humedales y extensas áreas dedicadas a la agricultura, que provocaron una afectación directa del patrimonio arqueológico, representado por las construcciones monticulares de origen indígena como su máximo exponente visible en la región. Las obras de encauzamiento ascienden actualmente a 17.324 km de canales lineales (Kruk et al., 2022).

La intensa actividad agrícola de la zona comprende grandes plantaciones de arroz y sorgo y, en menor medida, soja. Este tipo de producción en nuestro país, caracterizada por grandes monocultivos de especies genéticamente modificadas y asociada al uso extensivo de insumos químicos, generó importantes pérdidas de materia orgánica y alta degradación de suelos (Foucher et al., 2023), afectaciones que también se observan en los montículos. También es destacada la contaminación de aguas superficiales y subterráneas (Kruk et al., 2023), la pérdida de heterogeneidad ambiental y de biodiversidad (Gavier-Pizarro et al., 2012) y el impacto negativo en la estabilidad de los ecosistemas (Benton et al., 2003; Buhk et al., 2017). La producción arrocera genera directamente una pérdida de la diversidad de los ecosistemas e induce a una homogeneización del paisaje. La magnitud de esta actividad se enmarca en la introducción de una lógica industrial capitalista en las zonas rurales, que transforma la cultura agrícola en agronegocio, lo cual impacta directamente en el uso y acceso a la tierra en los territorios rurales y afecta la calidad de vida tanto de sus habitantes (Achkar et al., 2008; Dominguez et al., 2018; Kruk et al., 2022) como de los trabajadores rurales (Alzugaray Ribeiro, 2016). Este tipo de producción agrícola implica grandes movimientos de tierra y desarrollo de infraestructuras hidráulicas y obras viales asociadas. El índice de vulnerabilidad obtenido muestra claramente y de manera sistemática el impacto directo de esta actividad, con valores máximos en propiedades dedicadas principalmente a la producción de arroz. La actividad ganadera intensiva también presenta altos valores de vulnerabilidad respecto al patrimonio arqueológico de los montículos.

En Uruguay, la normativa específica para los estudios de impacto arqueológico no incluye la evaluación, prevención y gestión de los daños al patrimonio causados por las actividades agropecuarias, excepto las forestales. En consecuencia, si bien los montículos están legalmente protegidos de manera genérica, es insuficiente para protegerlos de las actividades agrícolas que los impactan continuamente. Esta situación, caracterizada por vacíos legales y normativas de regulación deficientes, es frecuente en muchas regiones y contextos latinoamericanos (Brum Bulanti y Gianotti, 2024), lo que hace necesario pensar soluciones comunes que puedan ser integradas dentro de planes de manejo, así como implementar insumos metodológicos en evaluaciones de impacto arqueológico y ambiental. Los montículos de tierra son restos materiales de las sociedades indígenas que habitaron el territorio hace miles de años. Ofrecen información sobre formas sostenibles de ocupación y producción en ambientes de llanuras aluviales y humedales con gran biodiversidad.

En este aspecto cabe significar que la historia oficial de Uruguay no ha reconocido e invisibiliza la preexistencia de los pueblos indígenas en momentos previos a la creación del Estado uruguayo. Este proceso de negación del 'otro indígena' se refleja en el proceso de blanqueamiento del territorio (Verdesio, 2000), con germen en los reglamentos y repartos de tierra coloniales sustentado por un colonialismo de colonos (Veracini, 2010; Verdesio, 2014). Este proceso sentó las bases epistemológicas de la jurisprudencia ambiental y patrimonial del estado uruguayo, que incentivó la disponibilidad para cualquier tipo de explotación sin actuación ni reglamentaciones efectivas sobre sus impactos comprobados.

El análisis de la vulnerabilidad de los montículos, basado en parámetros claros y objetivos, fue fundamental para caracterizar este tipo de patrimonio y evaluar los aspectos claves para su conservación. Estos criterios son relevantes para establecer medidas preventivas y de mitigación sobre los impactos que reciben, conformar el diseño de los planes de manejo y políticas públicas, e integrarlos como indicadores para evaluar la sostenibilidad del desarrollo territorial de forma integral, además de que puede replicarse en otras regiones con problemáticas agropecuarias similares. El índice de vulnerabilidad se muestra como una herramienta útil para evaluar y caracterizar otros indicadores de uso común en la gestión ambiental y la planificación territorial, como el monitoreo de la calidad del agua, la biodiversidad, los nutrientes del suelo, la erosión, las emisiones de gases, o impactos socioambientales, entre otros (López-Ridaura et al., 2005; Sarandón y Flores, 2009; Modernel et al., 2018; Chiappe y Albicette, 2023). Conservar los sitios arqueológicos indígenas significa conservar la heterogeneidad ecológica, la biodiversidad y la conectividad biológica. Los montículos funcionan como parches de sombra que permiten la protección y conservación de todas las especies de flora, fauna y hongos que crecen gracias a su existencia como islas de biodiversidad en medio de planicies húmedas y pastizales (del Puerto et al., 2023), por lo que su destrucción implicaría la desaparición de muchas especies. La rápida expansión e intensificación de monocultivos en toda la región, que sustituye los pastizales naturales, amenaza seriamente la conservación de la biodiversidad asociada (Gavier-Pizarro et al., 2012; Aldabe et al., 2023).

La implementación de este estudio distingue dentro del área al programa de gestión ambiental participativa que se desarrolla en el padrón Nº 3406. La promoción de un programa colaborativo, interinstitucional y de amplio alcance ha permitido fomentar una investigación integral, la gestión conjunta y el seguimiento para la conservación del patrimonio arqueológico y natural junto con la producción responsable y el desarrollo social. Esta iniciativa demuestra que se puede conciliar la producción con la conservación de sus bienes naturales y culturales (Barreiro et al., 2022; Gianotti et al., 2023b). Este tipo de proyectos son fundamentales para desafiar el concepto clásico de sostenibilidad, anclado únicamente en la dimensión económica y productiva e introducir otras variables, como la protección de los bienes comunes (tierra, agua, biodiversidad), así como la salud y los derechos humanos de las personas que habitan los territorios (Kruk et al., 2022). En esta línea, también se destaca la agroecología a través de movimientos contrahegemónicos que buscan un cambio en la gestión de los recursos, con formas alternativas de producción y organización que cuestionan las formas dominantes de gestión productiva desarrollista. Algunos de estos enfoques fueron incluidos en la Ley Nacional de Agroecología (Ley N° 19.717, Plan Nacional de Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, 2018) (Gazzano et al., 2021). Desde esta perspectiva, se pueden reconocer otros ejemplos de producción ambientalmente sostenible, como la apicultura, que también sufren los efectos negativos de la expansión del monocultivo (Invernizzi et al., 2022).

En el contexto de desarrollismo e intensificación de la producción agropecuaria y forestal no se considera suficiente estudiar, conservar y socializar los sitios arqueológicos. Es también necesario comprender e integrar las perspectivas y tensiones actuales relacionadas con su percepción y gestión como paisajes vivos y activos dentro de un marco territorial más amplio (Barreiro et al., 2022). Esto implica que las políticas y normativas de gestión territorial consideren la implementación de áreas de exclusión y/o prácticas de gestión específicas que respeten los contextos ambientales y los paisajes patrimoniales, incluso si implica una disminución en algunos sectores productivos (Barreiro, 2013).

CONCLUSIÓN

Los resultados del análisis del índice de vulnerabilidad de este estudio indican que los montículos indígenas del este de Uruguay son altamente vulnerables a los impactos de la producción agrícola que actualmente se desarrolla en la región. La expansión de los cultivos, particularmente el arroz, en las últimas décadas ha tenido un impacto significativo sobre estas estructuras indígenas, generando su destrucción en muchos casos. La metodología de evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo proporciona indicadores concretos para la evaluación y el seguimiento del patrimonio arqueológico en los paisajes con producción agrícola, lo que lo convierte en una valiosa herramienta de evaluación y monitoreo en favor de la gestión y la planificación. A la luz de estos hallazgos, es imperativo priorizar la conservación y preservación de estos sitios de importancia cultural y ambiental.

Las futuras políticas de desarrollo productivo rural y ordenamiento territorial deben incorporar la protección del patrimonio arqueológico como una consideración clave para la sostenibilidad de los territorios y la producción de la región. Es necesario ir más allá de la visión reduccionista de los montículos como elementos individuales y aislados, susceptibles a los impactos por actividades productivas. En su lugar, se debe adoptar una comprensión más holística de los paisajes culturalmente diversos y ambientalmente relevantes, con requerimientos determinantes de manejo y conservación. Es crucial revisar y discutir las regulaciones y políticas actuales, y promover una nueva legislación nacional que incorpore explícitamente el patrimonio cultural como un componente integral del medio ambiente. Estos procesos, en la inmediatez y a futuro, deben ser sostenibles en un sentido más amplio, teniendo en cuenta los diversos usos, las relaciones y percepciones de la población local y todos los rasgos constitutivos que conforman el paisaje cultural y natural habitado.

Agradecimientos

Esta investigación fue financiada por la Comisión Sectorial de Investigaciones Científicas (CSIC)-Iniciación a la Investigación 2018–2020, De cerritos y aldeas, paisajes construidos durante el Holoceno medio y tardío en la región de India Muerta, Uruguay y GRUPO CSIC I+D PIARPA (2019–2023). También recibió financiación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), beca POS_FMV_2018_1_1007772. (Beca de doctorado en Ciencias Agrarias. FAGRO-UDELAR). Agradecemos a los evaluadores cuyos comentarios y sugerencias ayudaron a mejorar este trabajo.

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