Las reacciones emocionales de los profesionales sanitarios más expuestos, que puedan obstaculizar su trabajo con las personas infectadas. Aquí se incluye, por ejemplo, el manejo de la ansiedad, el miedo al contagio, los episodios de estrés agudo o el fomento del autocuidado. El objetivo principal es disponer del mayor número de profesionales y en las mejores condiciones posibles para hacer frente a la pandemia (Chen et al., 2020).

Los grupos emocionalmente vulnerables, en especial las personas con psicopatología previa. El objetivo principal es ayudarles a cumplir y adaptarse a la cuarentena. Asimismo, debe monitorizarse el estado psicopatológico de los pacientes de salud mental con COVID-19. Se desaconseja completamente la presencia de profesionales no esenciales como psiquiatras, psicólogos clínicos o trabajadores sociales de salud mental en las salas de aislamiento para pacientes con COVID-19. Por lo tanto, las labores de apoyo psicológico de primera línea deben recaer en los equipos médicos que los atienden o adaptarse e implementarse mediante sistemas de teleasistencia. Las descompensaciones psicopatológicas graves con heteroagresividad, autoagresividad o tentativas de suicido deben atenderse presencialmente. En el caso de los pacientes con sintomatología aguda y COVID-19, o sospecha de padecerlo, los profesionales que los asistan presencialmente deberán de protegerse para minimizar el riesgo de contagio y garantizar tanto su seguridad como la del paciente. El resto de las intervenciones psicológicas ambulatorias se llevarán a cabo por teleasistencia. Se ha comprobado que las intervenciones telefónicas son clínicamente efectivas en una amplia variedad de trastornos mentales (Irvine et al., 2020).

Los familiares de pacientes ingresados por el virus en estado grave, con mal pronóstico o que ya han fallecido. En este tipo de intervenciones es fundamental no patologizar las reacciones emocionales normales de los familiares y es importante establecer unos criterios claros y consensuados con todos los profesionales implicados para determinar si intervenir es más beneficioso que no intervenir (von Blanckenburg y Leppin, 2018).

Sistemas de salud insuficientes, tanto a nivel de recursos materiales como humanos (i.e., falta de equipos de protección, infraestructura para la teleasistencia, personal) o con profesionales de salud mental no especializados en el abordaje psicológico de crisis y emergencias (Shultz et al., 2015; Shultz y Neria, 2013). En China, la escasez de recursos humanos provocó que un mismo profesional acumulara múltiples responsabilidades reduciéndose la efectividad de sus intervenciones (Duan y Zhu, 2020). Por este motivo, es preciso concienciar a gobiernos y gestores sanitarios de la necesidad de reforzar el número de profesionales en salud mental, facilitar su capacitación para la intervención en emergencias y monitorizar su nivel de sobrecarga laboral, sobre todo cuando esta es sostenida en el tiempo.

Infraestimación de las secuelas psicológicas en la sociedad de las crisis de este tipo y, consecuentemente, una escasa dotación de recursos materiales y humanos para hacerles frente (Bitanihirwe, 2016). Existen pruebas de que los individuos expuestos a emergencias de salud pública presentan una mayor vulnerabilidad psicopatológica tanto durante como después del suceso potencialmente traumático (Fan et al., 2015). En China, la progresión del coronavirus agravó la salud mental de los pacientes infectados, de la población general y de los profesionales sanitarios (Duan y Zhu, 2020). Por lo tanto, es importante evaluar e identificar a todos los grupos de riesgo y adaptar las intervenciones a sus necesidades específicas. Entre las variables que hay que considerar, especialmente desde atención primaria, se encuentran el curso de la enfermedad, la gravedad de los síntomas clínicos, el lugar del tratamiento (en aislamiento domiciliario o fuera del domicilio, en un ingreso hospitalario o en una unidad de cuidados intensivos, etc.), la historia de traumas previos y, si constan, antecedentes de problemas de salud mental. Disponer de esta información ayudará a clasificar a las personas de riesgo y permitirá poner en marcha medidas preventivas específicas de salud mental.

Escasa planificación y coordinación de las intervenciones psicológicas, máxime cuando estas se aplican en diferentes niveles y por diversos tipos de profesionales (Zhang, Wu et al., 2020). En China, al inicio del brote de COVID-19, la ausencia de una planificación adecuada de las intervenciones psicológicas provocó que estas fueran implementadas de forma desorganizada e ineficaz, comprometiendo además el acceso a los recursos sociosanitarios disponibles. En España, a la vista de los acontecimientos recientes, pueden repetirse los mismos errores, principalmente en las intervenciones que se están desarrollando al margen del sistema sanitario público. Cualquier intervención psicológica debe planificarse y coordinarse junto con todos los actores sociosanitarios implicados y, especialmente, con los profesionales de atención primaria y de las unidades especializadas de salud mental que son las que garantizarán una adecuada continuidad asistencial cuando la fase actual de emergencia sanitaria cese. Por último, caben señalarse los riesgos asociados con una sobreoferta de asistencia psicológica por parte de organizaciones no gubernamentales y del tercer sector. Aunque la prevención en salud mental es muy deseable y una asignatura pendiente en nuestro país, toda intervención preventiva debe aplicarse por profesionales bien cualificados. De otra manera, esto es, hacerlo sin coordinación y con los profesionales inadecuados, podría tener efectos iatrogénicos ya conocidos en otras experiencias, es decir, hacer más daño que beneficio (Loewenstein, 2018; Ogden, 2019). Entre otros efectos de este tipo, merecen especial atención dos: aquellos vinculados con una potencial “retraumatización” de pacientes con TEPT que inicien terapias focalizadas en el trauma sin un encuadre y controles psicoterapéuticos adecuados (Duckworth y Follette, 2012) y los relacionados con el desarrollo de intervenciones que bloqueen el acceso de las víctimas a una nueva identidad funcional como supervivientes (Muldoon et al., 2019).

¿La investigación tiene realmente la capacidad de aportar conocimientos útiles para la sociedad?

¿Es posible asegurar que los participantes se encuentran en un estado físico o mental con garantías para que den su consentimiento de participación en el estudio?

Extender el foco de investigación más allá del TEPT y los síntomas internalizantes.

Potenciar la colaboración entre investigadores y clínicos.

Reducir la brecha entre la investigación empírica y la práctica clínica.

Priorizar la investigación sobre los tratamientos psicológicos más frecuentemente aplicados y efectivos, pero en los que aún es necesario recopilar más datos.

Adaptar el diseño de los ensayos controlados aleatorios cuando sea necesario y aplicar diseños de investigación innovadores cuando estos no sean factibles.

Garantizar y evaluar el efecto de los tratamientos psicológicos en personas con trastornos mentales graves.

Mantener los tratamientos psicológicos con mayor apoyo empírico en los sistemas públicos de salud.

Especificar todos los posibles conflictos de intereses de los investigadores participantes.