Introducción

Más allá del vasto repertorio de movilización de las organizaciones de la Economía Popular (Muñoz y Villar, 2017; Longa, 2022). Este trabajo se enfoca en un evento particular que las tiene como protagonistas. Aquí se busca reponer las realidades, problemáticas, demandas y proyectos que las organizaciones de la Economía Popular han visibilizado durante el gobierno de Cambiemos, teniendo como hilo conductor a las movilizaciones realizadas todos los 7 de agosto, día de San Cayetano, Patrono del Pan y el Trabajo, desde 2016 hasta 2019.

En 2016 esta marcha visibilizó a la Economía Popular, su agenda y demandas; el impacto político y las repercusiones de este hecho llevó a su repetición los años siguientes bajo el mismo lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, pero cada una con diferentes demandas referentes a la situación socio-económica del momento. En esta clave, la marcha de San Cayetano se vuelve un particular recurso para indagar no sólo en la lucha reivindicativa concreta del sector, sino también para recuperar los debates profundos que planteó a la sociedad, y en particular a la política y a quienes administraban el Estado.

La festividad de San Cayetano, refiere a una creencia sumamente extendida y anclada en la cultura popular argentina, donde todos los 7 de agosto se movilizan multitudes a sus santuarios de todo el país para pedir o agradecer el trabajo (Fernandez, 2019); una figura, que excediendo los límites del santoral católico, se ha consolidado como una referencia de la religiosidad popular argentina (Semán, 2004), encontrándose profundamente atravesada por la historia social y política de nuestro país (Wainsztock y Derqui, 2003; Giménez Béliveau y Carbonelli, 2017; Fernandez, 2019). Esto último en relación a su vinculación con la demanda de trabajo, su fuerte visibilización en tiempos de desocupación o crisis socio-económicas (Fernandez, 2019), sumado al rol social y político de la parroquia de Liniers, centro neurálgico de su culto (Wainsztock y Derqui, 2003; Marini, 2017; Fernandez, 2019; Gonzalez, 2019; 2021).

Esta tradición con la que carga San Cayetano, nos permite pensar las posibles apropiaciones en torno a este tipo de festividades y los sentidos que pueden convivir allí. En este caso, su historia y la demanda por trabajo se vuelve un puente entre la religiosidad popular y la lucha de las organizaciones de la economía popular (Gonzalez, 2021).

Esta movilización y la apropiación de la festividad traen consigo parte de la historia sindical argentina al rememorar la movilización por Paz, Pan y Trabajo de 1981 que contó con la especial participación de la CGT conducida por Saul Ubaldini; un hecho central en la resistencia al proceso dictatorial (Giménez Béliveau y Carbonelli, 2017; Marini, 2017; Fernandez, 2019). Es decir, esta referencia religiosa ya existía en el repertorio de acción y de memoria colectiva de la CGT, por lo que podemos pensar la marcha a San Cayetano en el marco de procesos de lucha y tradiciones políticas previas, como parte de un repertorio de confrontación, de formas familiares de acción transmitida cultural e históricamente (Tilly, 1978). La marcha de 2016 no sólo reeditó la convocatoria al Santuario sino también el lema, maridando la fórmula Paz, Pan y Trabajo con los ejes reivindicativos de las organizaciones de la Economía Popular y reivindicadas por el Papa Francisco (Tierra, Techo y Trabajo). Los vínculos estrechos entablados entre estas organizaciones y el Sumo Pontífice nos permiten comprender aún más la referencia a una festividad religiosa como marco para expresar y visibilizar sus demandas (Gonzalez, 2021).

Hay hechos que como señala Melucci (1999) tienen una función profética, la capacidad de anunciar a la sociedad y al sistema político la existencia de una realidad problemática no visible, donde no sólo se expresa la lucha por conquistas materiales sino también proyectos simbólicos y culturales. Como veremos aquí, la marcha de San Cayetano adopta un carácter profético, al anunciar frente a la sociedad una realidad desatendida por el sistema político, visibilizando a este sector de la clase trabajadora no reconocido por el Estado y sus demandas; pero también trayendo a la arena pública la necesidad de un proyecto de país que los integre y aborde las principales problemáticas que aquejan a los sectores populares. En otros trabajos se abordó el pasaje de la devoción religiosa a la potencialidad política y organizativa (Gonzalez, 2021), aquí buscaremos ahondar en su capacidad de exponer y vehiculizar demandas concretas en torno a la realidad social, económica y laboral de la Economía Popular.

Para profundizar en torno a esto, en este trabajo, a partir de un enfoque de tipo cualitativo, se realiza un análisis de las movilizaciones desde 2016 hasta 2019, atendiendo a las condiciones políticas, sociales y económicas de cada año, a partir de diversos trabajos académicos e informes estadísticos, en paralelo a un abordaje de los diferentes proyectos de ley presentados por las organizaciones de la Economía Popular, haciendo foco en cómo buscan dar respuesta a las problemáticas que aquejaban a los sectores populares en cada contexto. Y en función de ello se desarrolla una interpretación en torno al rol de las marchas de San Cayetano y la visibilización de las demandas de la Economía Popular.

De los actores y de las condiciones económicas que le dan origen

Las transformaciones socioeconómicas neoliberales, impulsadas a partir del golpe cívico-militar de 1976 en Argentina, dieron lugar a un proceso de reemplazo, expulsión y exclusión del mercado de trabajo formal de un importante sector de la clase trabajadora, teniendo su expresión más cruda a fines de la década del 90 y comienzos del nuevo milenio, y del cual actualmente podemos ver sus consecuencias. Este proceso denominado como modernización excluyente (Svampa, 2005), aunque no se desarrolló en todo el país de manera similar, trajo consigo la reducción de la extensa cobertura social que caracterizaba al país por esos años, el debilitamiento del Estado argentino como integrador social, y un proceso de destrucción del entramado social (Merklen, 2005; Svampa, 2005; Danani, 2016). Dando lugar a una sociedad empobrecida, desigual y fragmentada, signada por la desestructuración del mercado de trabajo, donde el trabajo asalariado, registrado y estable dejaba de ser la relación laboral predominante (Nun, 1999; Grabois, 2013).

En este marco se gestaron nuevos procesos de socialización, organización y resistencia al interior de los sectores populares en un proceso que fue denominado como “de la fábrica al barrio” (Svampa, 2005; Merklen, 2005), teniendo a la toma de tierras, las asambleas barriales, la creación de cooperativas de trabajo, la recuperación de fábricas y construcción de movimientos de trabajadores/as desocupados/as (MTD) como experiencias centrales de ese período. Experiencias que han marcado, y que siguen marcando, profundamente la historia política y social de nuestro país. Y decimos que lo siguen haciendo porque este proceso de territorialización política de los sectores populares tuvo continuidad durante los gobiernos kirchneristas en un contexto de crecimiento del empleo y de una alta tasa de sindicalización, algo que podría dar pie a pensar, en la actualidad, la territorialidad de la participación política ya no sólo como consecuencia de procesos de desalarización y fragmentación que no se detuvieron con la crisis del modelo neoliberal (Abal Medina, 2017; Brown, 2021) sino como dinámicas propias de los sectores populares (Semán y Ferraudi Curto, 2016).

Luego de la crisis del 2001 y del interinato de diversos presidentes, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, distanciándose del modelo neoliberal, tuvieron sustantivos logros en la reversión de la situación social, aunque tropezó con límites marcados por la estructura económica, social y política del período previo (Abal Medina, 2017; Piva, 2018).

En términos de políticas laborales, en un primer momento entendiendo a éstas como “fuente de derechos y única vía de inclusión” (Danani, 2016, p.16), se desarrolló una política de creación de nuevos puestos de trabajo, de redistribución del ingreso y de fomento de los conflictos laborales (D’Amico, 2013). Luego, las dificultades para crear empleo registrado a partir de la disminución de la capacidad productiva ociosa legada (Abal Medina, 2017) dieron lugar a un segundo momento que buscó generar una igualdad de ingresos a partir de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de programas de ingreso social con trabajo como Argentina Trabaja y Ellas Hacen (D’Amico, 2013). Aunque estas políticas tuvieron impactos sumamente positivos en el bienestar de las personas beneficiarias (Danani, 2016), estas no vieron modificado su lugar en la estructura económica (Piva, 2018), aportando a la profundización de la brecha al interior de los sectores populares entre quienes poseían un trabajo formal con derechos y quienes eran beneficiarias de políticas sociales (Natalucci y Morris 2019).

En este marco, los sectores beneficiarios de estas políticas sociales y otra población trabajadora excluida del mercado laboral formal, buscaron formas alternativas de garantizar su subsistencia por medio de otras actividades económicas y como corolario recurrieron también a nuevas formas de organización. Este sector social, que para garantizar su subsistencia, debió inventarse su propio trabajo, entre ellos cartoneros/as o recicladores/as urbanos/as, campesinos/as, artesanos/as, vendedores/as ambulantes, feriantes, trabajadores/as de programas sociales, motoqueros, cooperativistas, microemprendedores/as y obreros/as de empresas recuperadas, entre otras actividades no registradas, podemos englobar en lo que actualmente se denomina Economía Popular (Grabois, 2013)¹. En muchos casos son los sectores populares quienes tienen en sus manos los medios de producción y carecen de un patrón capitalista, siendo ajenos a la relación salarial tradicional. Pero esta situación no exime a este sector de sufrir mecanismos de dominación propios de la economía capitalista de mercado, en términos de apropiación, desvalorización y endeudamiento (Chena, 2018).

Este sector de la economía que ha crecido en cantidad y diversidad en Argentina, ha sido acompañado por iniciativas organizacionales que buscan nuclear y encauzar las diferentes demandas de trabajadores/as no reconocidos/as ni representados/as como tales (Abal Medina, 2017; Toffoli, 2019). En este marco podemos hacer referencia a la Confederación de los/as Trabajadores/as de la Economía Popular (CTEP), una organización político sindical creada en 2011 por diversas organizaciones populares, sociales, territoriales de diversas trayectorias político-ideológicas, algo que nos permite pensarla, como una “organización de organizaciones” (Muñoz y Villar 2017, 11). A estas organizaciones, entre ellas el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores/as Excluidos/as (MTE), más allá de compartir la herencia de los procesos organizativos de trabajadores/as desocupados/as de los años ’90, las ha aunado la reivindicación del trabajador de la Economía Popular como sujeto de derechos, la lucha por objetivos materiales y simbólicos logrando consolidar internamente el espacio e instalarse en la agenda pública (Muñoz, 2018). Y ha dado lugar, en diciembre de 2019, a un nuevo proceso organizativo bajo la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP).

Bajo la consigna histórica de Tierra, Techo y Trabajo, la CTEP comenzó a instalar sus demandas, señalando las grandes problemáticas de los sectores populares esgrimiendo la existencia de un modelo socioeconómico global de exclusión a partir de los procesos de tecnologización y financiarización de la economía, lo que traería la imposibilidad de una sociedad de pleno empleo y la condena de millones de trabajadores/as al desempleo y la pobreza (Schuttenberg, 2021; Sorroche y Schejter, 2021). Señalando lo que autores como Nun o De la Garza definían como el fin del trabajo asalariado, estable y bien remunerado (Nun, 1999) o de la necesidad de concebir una noción ampliada de trabajo sin reducirlo al trabajo asalariado (De la Garza, 2006). En este sentido se vuelve necesario atender a otros tipos de trabajo, de bajos ingresos y precarios, pero que no se aceptan a la hora de determinar la existencia o no del pleno empleo (Nun, 1999). Este es el trabajo que inventan esos excluidos para garantizar la subsistencia, y ante ello la necesidad de la intervención del Estado para garantizar un marco regulatorio para la actividad y derechos básicos para quienes la ejercen actualmente en condiciones de precariedad y desprotección (Maldovan et al, 2017; Fernández Álvarez, 2018). En este sentido, el eje trabajo, encarna tareas fundamentales para estas organizaciones como el organizar a esos/as trabajadores/as, visibilizar las demandas y vehiculizarlas políticamente hacia el Estado, el gobierno de turno y el poder legislativo.

Esta perspectiva en torno al empleo puede vincularse a la demanda por techo, donde la desvinculación entre los procesos migratorios hacia las ciudades y la demanda de mano de obra en ella, dan lugar a procesos habitacionales desarticulados, ajenos a la planificación urbana, y de segregación residencial y marginalidad habitacional para los sectores populares (Castells, 1973). De esta manera podemos ver un profundo vínculo entre los procesos de urbanización y el desarrollo del capitalismo; en términos de lo que Harvey (2008) denominó como “acumulación por desposesión” (p.34), donde directamente se gesta una avanzada sobre los territorios que habitan los sectores más empobrecidos, para el desarrollo urbano afín al capital. En este sentido, podríamos entender que las demandas de las organizaciones de la economía popular hacia el Estado vienen a discutir la necesidad de desarrollar procesos de planificación e integración sociocomunitaria.

En esta avanzada del capital concentrado sobre los territorios entra el eje de Tierra, principalmente vinculado a las dificultades de acceso y propiedad por parte de familias campesinas. La realidad concreta de Latinoamérica en este aspecto muestra desigualdades en el acceso a la tierra, una propiedad de la tierra sumamente concentrada; el avance de modelos extractivistas sobre los recursos naturales y la falta de control estatal en la regulación y distribución. Aquí, bajo el lema “la tierra para el que la trabaja”, las organizaciones populares han planteado una lucha reivindicativa en torno a la distribución de la tierra, el fomento estatal a la agricultura familiar² y el incentivo del consumo de sus productos frente al negocio de los grandes grupos económicos.

Bajo esta amplia agenda reivindicativa, las organizaciones señalan las problemáticas centrales de los sectores populares y allí la movilización es el principal recurso de visibilización y presión. En relación a esto, el perfil contencioso caracterizado por una alta movilización callejera y diverso en demandas fue estudiado por Muñoz y Villar (2017); aquí buscaremos entender el rol cualitativamente distinguido que tuvieron las marchas de San Cayetano como espacio de visibilización de la agenda de Tierra, Techo y Trabajo y de la exigencia de políticas concretas para abordar sus diversas problemáticas.

La llegada de Cambiemos y la marcha de San Cayetano de 2016

Durante la presidencia de Cristina Fernández, la CTEP buscó interpelar, sin mucho resultado, a un gobierno que había aplicado políticas sociales hacia el sector, pero no hacía la misma lectura en torno al mundo del trabajo y no reconocía institucionalmente a la Economía Popular³. En 2015 la asunción de la alianza Cambiemos, con un claro perfil de derecha, afín a las fracciones de poder concentrado y antítesis del modelo implementado desde 2003 hasta 2015 (Pierbattisti, 2021), dio lugar a un cambio de rumbo económico y político en Argentina. A grandes rasgos podemos señalar que el escenario se recrudeció para la clase trabajadora con una caída del poder adquisitivo vinculada a la devaluación y la quita de subsidios estatales a las tarifas de servicios públicos, la energía y el transporte, los despidos en diversas áreas ministeriales, etc. (Varesi, 2016). A pesar de esto, el primer año de gobierno de Cambiemos se caracterizó no tanto por afectar al trabajo formal sino las condiciones de vida de los sectores más precarizados, por el aumento de la subocupación, la inestabilidad laboral, la precarización del trabajo informal y la caída del ingreso de los sectores populares de la Argentina representado en un aumento significativo de la indigencia y la pobreza; algo que profundizaría la necesidad de recurrir a políticas de asistencia estatal para garantizar su subsistencia económica (Salvia, 2017). En esta misma línea, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita y referente de la CTEP, manifestaba: “Primero se perdió la changa, por expectativa del ajuste; después vino el ajuste, después vino la inflación, ahora la inflación y la recesión, después el tarifazo, y todo expresa un deterioro social” (Diario La Capital, 21/8/2016). Así, la Economía Popular, entendida como el eslabón final de una cadena de dependencias vinculadas a los ingresos y niveles de consumo de quienes tienen un trabajo formal, era uno de los sectores más perjudicados por las políticas del nuevo gobierno.

En ese escenario, se realiza, el 7 de agosto de 2016, la marcha de San Cayetano, una de las primeras movilizaciones masivas en este nuevo contexto político que, a través de una festividad religiosa, reunía a distintos actores sociales, críticas a las políticas del gobierno de turno y demandas concretas de la Economía Popular (Giménez Béliveau y Carbonelli, 2017; Gonzalez, 2021). Ese 7 de agosto, diversas organizaciones populares, convocaban desde el santuario del patrono del trabajo en Liniers, para luego movilizarse hasta la Plaza de Mayo con la intención de visibilizar y dirigir sus reclamos a la Casa Rosada. Las organizaciones convocantes, que luego de este hecho serían denominadas mediáticamente como el “Triunvirato Cayetano”, fueron la CTEP, la Corriente, Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.

Bajo el lema “de San Cayetano a Plaza de Mayo por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la principal demanda era la sanción de la Emergencia Social que contemplaba políticas destinadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares a partir del deterioro de diversas variables socioeconómicas. Declarar una emergencia implicaba la delegación transitoria de facultades del poder legislativo al poder ejecutivo nacional, en función del artículo 76 de la Constitución Nacional, en pos de la rápida intervención en una problemática social o económica, como, por ejemplo, redestinar partidas presupuestarias a determinadas áreas que se consideran en estado de emergencia. En este caso, el proyecto (Proyecto de Ley S-3612/16) estipulaba destinar recursos a diversas políticas: incrementar los montos de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social, la creación de un millón de puestos de trabajo bajo el “Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo”, la creación del Consejo de la Economía Popular bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objeto de implementar un Salario Social Complementario (SSC) basado en un índice de canasta popular y recomendar políticas públicas para el sector. A su vez estipulaba la creación del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, donde deberían inscribirse todos/as los/as trabajadores/as de la Economía Popular como requisito para recibir el SSC.

Este proyecto obtuvo media sanción en el Senado, pero al aumentar los cuestionamientos su tratamiento en la Cámara de Diputados se dilató (Maldovan et al., 2017). Esto impulsó una nueva movilización el 18 de noviembre de ese mismo año convocada por el Triunvirato Cayetano y con el acompañamiento de la CGT, teniendo como principal demanda la sanción de la Ley (Maldovan et al., 2017; Gonzalez 2021). El resultado de esta movilización fue la apertura del diálogo con los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo para aumentar el ingreso percibido por beneficiarios de diversos programas de ingreso con trabajo (Argentina Trabaja, Ellas Hacen, etc.), aumentos en las partidas de alimentos, bono de fin de año para personas beneficiarias de la AUH y el impulso de un nuevo proyecto de ley de Emergencia Social.

En este nuevo proyecto de Emergencia Social⁴ se eliminaban los artículos relacionados a la creación de un millón de puestos de trabajo y aumento de asignaciones, haciendo un mayor énfasis en la institucionalización y garantía de ciertos derechos para quienes integran el sector (Maldovan et al, 2017). En este sentido, estipulaba la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario” (integrado por representantes ministeriales y de las organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas⁵), y bajo su órbita la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) donde debían registrarse para recibir el SSC. Al mismo tiempo que se buscaba la incorporación de los diversos programas sociales en el marco del SSC. En un primer momento se buscaba que este último sea de un monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, pero en su implementación terminó siendo de la mitad de este. En paralelo, el RENATEP no se puso en funciones hasta el año 2020 con el cambio de gestión, y el Consejo nunca se implementó.

La aprobación de la ley en diciembre de 2016, supuso un gran trabajo de construcción de consensos por parte de quienes la impulsaban, que contaban con representación en ambas cámaras (lo que facilitó el ingreso del proyecto y su posterior debate), a lo que sumaba el apoyo de sectores del gremialismo tradicional en el marco de un proceso más amplio articulación entre la CTEP y la CGT (Toffoli, 2019; Gonzalez, 2021).

Este proyecto no estuvo exento de debates académicos y políticos. En relación al primero, instaló discusiones sobre sus significancias en la esfera de las políticas sociales. Entendiendo que éstas se asientan en principios y valores que buscan organizar o sustentar los modelos societarios (Danani, 2016; Hopp, 2017), se ha pensado al SSC como un elemento individualizante que vino a romper con las lógicas socializantes de las políticas de cooperativismo y economía social del período kirchneristas (Hopp, 2017)⁶; mientras que otras posturas manteniendo cierta expectativa han planteado la necesidad de observar a largo plazo qué impacto tiene esta ley en la realidad de la economía popular y su proceso de reconocimiento e institucionalización, más allá de sus implicancias en términos de ingresos y rescatando la relevancia de otros elementos como la creación del RENATEP (Maldovan et al, 2017). A su vez, algo que podría entenderse como contradictorio es la implementación de una emergencia, que apunta a resolver una problemática transitoria a resolver en el plazo de dos años, si la lectura desde las organizaciones es que la realidad de la Economía Popular no se modificará en el corto plazo (Maldovan et al, 2017), lo que habilitaría una lectura de carácter asistencial de la política (Danani, 2016). Aun así, aquí preferimos no reducirlo a esa categoría entendiendo que esta ley involucra otros debates que pueden verse con mayor claridad en el contexto del debate político sobre la ley.

En términos políticos, la discusión sobre la ley se gestaba en el marco de un debate más amplio en torno a cómo enfrentar al gobierno de Cambiemos. La CTEP proponía la necesidad de llevar adelante una resistencia de tipo social y entablar diálogos con el gobierno para garantizar ciertas políticas mínimas para la subsistencia de su sector, sin que esto significara un apoyo de tipo político hacia el gobierno, algo que le significó duras críticas desde diversos sectores (Gonzalez, 2021). Esta postura posibilitó evitar el veto de la Ley, garantizó (en parte) el presupuesto para diversas políticas sociales, aunque no bastó para contener el profundo impacto de las políticas macroeconómicas en las condiciones de vida de los sectores populares (Vommaro y Gené, 2017; Muñoz, 2018). Por otra parte, el proyecto también recibía cuestionamientos por quienes lo consideraban como un paliativo funcional a las políticas económicas del Gobierno; que, lejos de cuestionar el modelo económico implementado, lo legitimaba⁷.

Esta apertura del diálogo por parte del gobierno fue interpretada por Vommaro y Gené (2017) como un gesto necesario frente a la amenaza de conflictividad social que auspiciaban las movilizaciones y piquetes de estas organizaciones. A su vez otros análisis señalaban a la táctica de la CTEP en relación al gobierno en términos de “juego inestable de conflicto y negociación” (Trujillo, Toffoli y Retamozo, 2022:76) y por parte del gobierno como una estrategia para potenciar ciertas organizaciones no identificadas con el kirchnerismo (Trujillo, Toffoli y Retamozo, 2022).

Para quienes promovían la ley, a pesar de los cuestionamientos, ésta era una victoria material, pero fundamentalmente simbólica en la lucha por el reconocimiento de la Economía Popular; la transformación de los sentidos existentes sobre este tipo de trabajo y el fortalecimiento de la herramienta gremial-organizativa. En esta línea, los logros vinculados a las condiciones de trabajo y de vida también fomentan horizontes de expectativas que impulsan la construcción de sentidos en torno a la necesidad de fortalecer sus procesos organizacionales (Fernández Álvarez, 2018). Como podemos ver en el siguiente testimonio, la consolidación de organización era considerada como un logro en sí mismo por los dirigentes de la CTEP, pues da pie a la construcción de una identidad como trabajadores/as y por tanto da impulso a la lucha por derechos como tales:

“Nosotros aprendimos del proceso de los ‘90 que en la resistencia no hay grandes victorias, hay pequeñas victorias; de diez ganás una. Pero esa que lográs, primero la tenés que transformar en una gran victoria simbólica y segundo lo que obtenés de esa victoria tiene que ser un salto en la capacidad organizativa de tu sector.” (Entrevista a dirigente de la CTEP realizada por el autor, 2019).

En relación a este carácter simbólico de la victoria, en torno al SSC, un dirigente comentaba:

“¿Qué significa Salario Social Complementario? Que los excluidos tienen un salario, que es un salario social porque tienen una práctica social de trabajo comunitario, se los reconoce como trabajadores y es complementario porque le complementa el ingreso que se genera por su cuenta.” (Entrevista a dirigente de la CTEP, realizada por el autor, 2019).

En esa clave donde podemos pensar a la conquista de esta Ley como un hito en el desarrollo organizacional de la CTEP o al menos los primeros pasos en el proceso de impulso, institucionalización y regulación del sector (Maldovan et al., 2017; Toffoli, 2019). La ley vino a visibilizar la existencia del sector en calidad de trabajadores/as, que merecen un salario, y no de meros beneficiarios de políticas de ingresos (Maldovan et al., 2017). En este sentido, entendemos que los debates académicos existentes no deben empañar la significancia política y social de la conquista de la ley como tampoco opacar las valoraciones y conceptualizaciones de quienes organizan, conducen y luchan por visibilizar al sector.

El gran impacto mediático y político de la marcha de San Cayetano vino a visibilizar los niveles de organización de este sector social e instalar en agenda sus demandas, abrir diálogo con el gobierno entrante y, en particular, impulsar la sanción de la ley meses después. Esta experiencia positiva impulsó la realización de dicha marcha en los sucesivos años dándole centralidad en el repertorio de movilización de las organizaciones del sector.

Una marcha que se repite religiosamente

Los siguientes años del gobierno de Cambiemos siguieron por la misma senda: desregulación de la economía, retracción del mercado de trabajo, caída del empleo registrado, caída del salario real, fuga de capitales, etc. (Pierbattisti, 2021). A pesar de que la realidad social de 2016, con ascenso de la indigencia y la pobreza, había mejorado en 2017; luego de la devaluación y la crisis económica de 2018 ambos indicadores volvieron al alza para no revertirse hasta final del mandato de Mauricio Macri, con los valores de indigencia y pobreza más altos de la década (Bonfiglio, Vera y Salvia; 2020). Esta situación sumada a la faceta represiva frente a diversos sectores y reclamos sociales, la no reversión de la situación económica y limitaciones propias del gobierno, hicieron que llegara a 2019 con un desgaste tal que lo llevarían a la derrota electoral. En ese contexto la movilización de diversos sectores sociales adoptó una centralidad importante en la resistencia a las políticas de ajuste, y allí las organizaciones de la economía popular, entre otras, adoptaron una centralidad política de relevancia.

En 2017, a una semana de las P.A.S.O legislativas a realizarse el 13 de agosto, que contarían con la victoria del oficialismo, la marcha en nombre del santo volvió a unir la religiosidad a las demandas de la Economía Popular. La movilización tuvo como demanda la implementación plena de la Ley de Emergencia Social y la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria. Esta última estipulaba la implementación de un Programa Nacional de Nutrición y Alimentación para “garantizar los requisitos nutricionales de niños, niñas y jóvenes de 0 a 14 años de edad en situación de vulnerabilidad que padecieran malnutrición” (Proyecto de Ley 3035-D-2017, Art.1), la creación del Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria con el fin de construir un mapa nacional de malnutrición, establecer un sistema de evaluación nutricional de niños/as y adolescentes en barrios vulnerables, complementar y fortalecer programas alimentarios, creación de comedores comunitarios en barrios donde se verifique esta problemática y no hubiera instituciones que la aborden (comedores escolares, comunitarios, etc.) (Proyecto de Ley 3035-D-2017).

La ley, presentada por diputados vinculados a las organizaciones de la Economía Popular, que contaba con el apoyo de otros espacios políticos⁸, no llegó a ser tratada en el Congreso. Recién en septiembre de 2019 durante los últimos meses del gobierno de Cambiemos, bajo la Ley 27519/19, se prorrogó la Emergencia Nacional Alimentaria sancionada en 2002⁹.

En el proyecto de ley de las organizaciones se retomaban datos del INDEC para señalar que “45, 8% de los niños/as entre 0 y 14 años por debajo de la línea de pobreza” (Proyecto de Ley 3035-D-2017, Fundamentos) y del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) confirmando un 19, 5% de inseguridad alimentaria en infancias (Tuñón, 2016). Ante la falta de estadísticas oficiales se estimaba que tres millones de niños/as sufrían malnutrición. Según otros informes (Salvia, coord., 2019; FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF , 2019) entre los años 2017-2018 había aumentado significativamente la Inseguridad Alimentaria, entendida como la reducción involuntaria de la porción de comida o la percepción de experiencia de hambre por problemas económicos.

Retomando nuestra cronología, el 7 de agosto de 2018, esta movilización volvió a realizarse, en vísperas de la votación en el Senado de la Nación en torno al Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La movilización tuvo dos ejes centrales. Por un lado, se manifestó en contra del acuerdo con el FMI. Un acuerdo Stand By por el monto de 57 mil millones de dólares que se ubica como el mayor préstamo de este organismo de crédito desde su existencia; monto que se destinó al financiamiento de la fuga de capitales, aportando a un proceso de desinversión y caída de la industria nacional acompañado de políticas de ajuste fiscal (Pierbattisti, 2021; Wainer, 2021).

Por otro lado, la movilización llevaba como demandas el tratamiento de cinco leyes: la nueva exigencia por el tratamiento de la ley de Emergencia Alimentaria, la ley de Integración Urbana, la ley de Infraestructura Social, una ley de Agricultura Familiar y la emergencia en Adicciones.

La ley de Integración Urbana, o de Barrios Populares, que, ya había obtenido media sanción en Diputados¹⁰, establecía un régimen de regularización dominial para la integración sociourbana y declaraba “de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por decreto 358/2017” (Ley 27453 de 2017, Art.1). El RENABAP permitía el registro “de bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas” (PEN, Decreto 358/17, Art. 46). Se entendía a estos barrios populares¹¹ como asentamientos urbanos fruto de la segregación y marginación residencial, ajenos a la planificación urbana (Castells, 1973).

El objetivo era la entrega de certificados de vivienda a las familias a fin de acreditar existencia y veracidad de domicilio para realizar trámites, solicitar servicios públicos, prestaciones de salud, educativas, etc. A su vez, la ley tenía otros elementos centrales como la declaración de utilidad pública, sujeta a expropiación, de la totalidad de bienes inmuebles en los que se asentaban los barrios populares relevados en RENABAP y la suspensión por cuatro años de los desalojos. El relevamiento del RENABAP¹², comenzó en 2016 en cogestión entre organizaciones con inserción territorial como la CTEP, TECHO y Cáritas, y el Estado nacional.

Otro de los proyectos en esta misma sintonía era el de Infraestructura social, que ya había sido presentado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que proponía que el 25% de las obras públicas sean destinadas a barrios populares y con mano de obra de cooperativas.

Como dijimos anteriormente, otro de los reclamos se centraba en la reglamentación de la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, sancionada en 2014. Esta ley buscaba incrementar la productividad, proteger y valorizar el trabajo de la agricultura familiar garantizando el acceso a capacitación, créditos, tierras, infraestructura, espacios de comercialización, etc. En ese año ya la agricultura familiar organizados en la economía popular, a partir de espacios como el MTE Rural, el Frente Agrario Evita, Movimiento Nacional Campesino Indígena, se habían movilizado denunciando el desfinanciamiento del sector¹³; en ese momento se reclamaba frente al congelamiento del Monotributo Social Agropecuario que era entendido como una herramienta de regularización del sector, lo que limitaba también el acceso a obra social y jubilación; sumado al desfinanciamiento y desmantelamiento de áreas estatales vinculadas a la agricultura familiar, mediante la intervención por decreto de la Ley de Tierras Rurales, la disolución Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y el vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar (Patrouilleau, Taraborrelli y Alonso, 2018). En este sentido las organizaciones resistían al desmantelamiento de instituciones y presionaban por la implementación de medidas concretas¹⁴ para un sector central en la producción de alimentos para el mercado interno y en la generación de puestos de trabajo.

Por último, se reclamaba una ley de Emergencia en Adicciones, debido a la situación problemática vinculada al consumo de drogas en los barrios populares; una realidad que observaban las organizaciones de la rama, como Vientos de Libertad (MTE) o Movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga (CCC), que destinan su tarea organizativa al acompañamiento integral a jóvenes con problemáticas de consumo. En este caso se reclamaba la puesta en funcionamiento y el financiamiento estipulado por el decreto 1249/2016 de Emergencia Nacional en materia de Adicciones, y la votación de una ley que impulsara un abordaje integral de la problemática destinando recursos para que el Estado también acompañara el trabajo de las organizaciones que ya no daban abasto¹⁵. Un informe del Barómetro del narcotráfico y las adicciones en la Argentina (UCA) mostraba no sólo el aumento de la percepción social en torno a la venta de drogas en los barrios, sino también el aumento del consumo problemático de alcohol y de drogas ilícitas en jóvenes de barrios vulnerables (Salvia, 2016).

En 2019, días previos a las P.A.S.O presidenciales, la movilización fue convocada desde las organizaciones junto al Frente Sindical por el Modelo Nacional y una gran cantidad de organizaciones sindicales nucleadas en la CGT y las CTA. El reclamo reiteraba la necesidad de la Emergencia Alimentaria, la Emergencia en Adicciones, la reglamentación de la ley de Agricultura Familiar, la sanción de la ley de Infraestructura Social y el presupuesto correspondiente para la ley de Urbanización de Barrios Populares, ya aprobada de forma unánime. A esto se sumaba la exigencia de la Emergencia en Violencias de Género. El proyecto (2723-D-2019), presentado por las organizaciones y otros sectores políticos, involucraba un direccionamiento de presupuesto en la implementación de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que involucraría el impulso a una red nacional de refugios para la atención y albergue, un programa nacional de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia de Género, la creación de un Programa de Independencia Económica y Habitacional para Mujeres Víctimas de Violencia; sumado a la capacitación de funcionarios/as administrativos, judiciales y a fuerzas policiales y de seguridad conformes a la ley 27499/19, conocida como Ley Micaela¹⁶.

El proyecto argumentaba la necesidad de decretar la Emergencia Nacional entendiendo a la violencia de género como “una realidad que atraviesa a todas las mujeres, niñas y adolescentes, de todas las clases sociales, siendo las de los sectores de mayor vulnerabilidad social las más castigadas” (Proyecto de Ley 2723-D-2019, Fundamentos). Señalando el reconocimiento de esta realidad por parte de las organizaciones que trabajan en las barriadas populares, la existencia estadística de un femicidio cada 29 horas, y el señalamiento del déficit de las instituciones estatales para evitar los femicidios.

Por otra parte, también exigían la aprobación de la Ley de Góndolas (N° 27545 del 2020), que contemplaba la incorporación de la oferta en supermercados de productos de la agricultura familiar y de la economía popular, y el destino de parte de los ingresos de las multas por incumplimiento a un fondo de desarrollo de este sector; y que fue aprobada en febrero del año siguiente. A esta demanda se sumaban otros reclamos del sector por recortes en programas sociolaborales, la incorporación de más personas al SSC, el fin de la persecución a los/as trabajadores/as de la vía pública, y la incorporación de representantes de la Economía Popular al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, etc.

Cada una de estas movilizaciones que replicaban la acontecida en 2016 fueron señalando diversas problemáticas socio-económicas que afectaban la realidad del heterogéneo mundo popular, tanto coyunturales como estructurales, mientras se profundizaba la crisis económica y el desgaste de un gobierno antipopular, que respondía de maneras disímiles ante estas demandas. Ya sea por su referencia religiosa o por su carácter pacífico, ninguna de las movilizaciones de la Economía Popular por San Cayetano fue reprimida. Un dato que llama la atención a sabiendas de que la represión con fuerzas de seguridad fue una respuesta recurrente del gobierno de Cambiemos hacia la movilización callejera (Rodríguez Alzueta, 2020). Ante esto podemos arrojar diversas dimensiones que podrían explicarlo. Por un lado, el carácter pacífico de la movilización (Fernandez, 2019) enmarcado en un proceso de presión y negociación con el gobierno de turno (Vommaro y Gené, 2017; Trujillo, Toffoli y Retamozo, 2022). Por otro lado, la impronta propia de la marcha anclada en una festividad religiosa popular, pero también católica, religión oficial del Estado argentino¹⁷, otorgaba un peso simbólico significativo que en pos de la construcción de legitimidad y de interpelación a otros sectores sociales (Gonzalez, 2019). En este sentido, la marcha de San Cayetano se consolidó como un evento central en el repertorio de movilización de las organizaciones de la Economía Popular (Longa, 2022), no sólo en términos de visibilidad sino también de legitimidad.

Reflexiones finales

En síntesis, cada una de las movilizaciones a San Cayetano vino a visibilizar diversas problemáticas; entre ellas el acceso a ingresos para garantizar subsistencia, el acceso a alimentos, el consumo problemático, las violencias de género, la situación desigual y estructural de la agricultura familiar, pero también la necesidad de derechos laborales y condiciones de trabajo dignas para la economía popular, ante la ausencia de los mismos y de un reconocimiento estatal que los garantice. Para esto las organizaciones encontraron en la postulación de proyectos de ley una manera de vehiculizar sus reclamos hacia el poder legislativo y ejecutivo. En la mayor parte de los casos, cada movilización fue incorporando las demandas de las precedentes, debido a la dificultad por lograr la aprobación de esos proyectos o por la falta de una implementación plena de esas leyes. Pero en algunos casos como en la ley de Emergencia Social o la ley de Barrios Populares, las demandas encontraron respuesta en los meses siguientes, mientras que otras tuvieron que esperar más tiempo o directamente el cambio de gobierno y la modificación de la conformación partidaria en el Congreso.

Entendemos a la marcha acontecida durante 2016 como un hito central en el repertorio de movilización de la organización, donde no sólo se visibilizaron demandas concretas, en particular las vinculadas al reconocimiento de su trabajo (a partir del SSC y el RENATEP) sino también porque expuso una nueva táctica política implementada por estas organizaciones caracterizada por el reclamo y la negociación con el gobierno de turno, diferenciándose de lecturas de otros espacios sociales y políticos.

En este sentido, siguiendo el carácter profético señalado en la introducción, cada 7 de agosto, durante el gobierno de Cambiemos, se consolidó como un espacio de amplificación de reclamos sociales, en particular los vinculados a la Economía Popular y su demanda de reconocimiento institucional, pero también exponiendo las grandes problemáticas de los sectores populares de la Argentina en cada contexto. Es este carácter de la marcha de San Cayetano la que nos permite ponderarla como uno de los eventos más significativos del período 2016-2019 en el marco de los procesos de resistencia política y visibilización de la lucha de las organizaciones populares. Los años siguientes, ya con un nuevo gobierno, la marcha siguió repitiéndose; será relevante en trabajos futuros ahondar en el tipo de demandas y en el carácter que adoptó la movilización en un contexto político diferente.

Bibliografía

Abal Medina, P. (2017) Los movimientos obreros organizados de Argentina (2003- 2016). En: P. Abal Medina, A. Natalucci y F. Rosso, ¿Existe la clase obrera? (1ra ed., pp. 21-62). Buenos Aires; Capital Intelectual.

Bonfiglio, J.I; Vera, J; Salvia, A. (2020) La pobreza como privación más allá de los ingresos (2010-2019). Introducción de datos fundados en un Enfoque de Derechos. (1a ed.) Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Educa.

Brown, B (2021) Las políticas sociales luego de 2001 y hasta 2015: «resolviendo» la paradoja entre la «segmentación» y la «inclusión»; Universidad Nacional del Litoral; Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal; 20; (34): 45-75.

Castells, M. (1973) La urbanización dependiente en América Latina. En M. Castells (Comp.) Imperialismo y urbanización en América Latina. (1ra ed) Barcelona, Gustavo Gili.

Chena, P. (2018) La economía popular y sus relaciones determinantes. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy, (53): 205-228.

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (2019) Visita a la Argentina. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Recuperado el 05/06/2022 de https://www.refworld.org.es/pdfid/5c65e2c84.pdf

D’Amico, M. V. (2013) La política social en debate. Desigualdades, intervención estatal e inclusión social en la Argentina democrática. Cuestiones de Sociología, (9): 231-234

Danani, C. (2016) Las políticas públicas del área de desarrollo social durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Análisis. Fundación Friedrich Ebert Argentina, (12): 1-29.

Decreto 358 (2017) Creación Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana (RENABAP). Incorporación al Decreto N°2670/2017. Boletín Oficial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 23/05.

De la Garza, E. (2006) Introducción: Del concepto ampliado de trabajo al de sujeto laboral ampliado. En: E. De la Garza Toledo, Teorías Sociales y estudios del Trabajo: Nuevos enfoques (1ed.7-24). Anthropos. Barcelona, España.

Diario La Capital (2016) Emilio Pérsico: “Las agrupaciones sociales no buscan desestabilizar”. Diario La Capital; par.5, 21/08/2016.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2019) El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. Protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía. Recuperado el 05/06/2022 de https://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf

Fernández, N. S. (2019) Entre el Santuario y Plaza de Mayo: Iglesia Católica, devotos/as, servidores/as y militantes en torno a la figura de San Cayetano; Associação Brasileira de História das Religiões; Plura; 10; (2): 119-146

Fernández Álvarez, M. I. (2018) Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular Argentina. Iconos, Revista de Ciencias Sociales, (62): 21-38.

Giménez Béliveau, V. y Carbonelli, M. (2017) Movilización política, memoria y simbología religiosa: San Cayetano y los movimientos sociales en Argentina. Revista latinoamericana de investigación crítica (CLACSO), (6): 51- 70.

Gonzalez, L. (2019) Haciendo política entre santos y estampitas: La convivencia entre religiosidad popular y movilización política en la CTEP, a partir de la Marcha de San Cayetano por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo (7/8/2016). Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1736/te.1736.pdf

Gonzalez, L. (2021) «Una realidad que llegó para quedarse»: La CTEP y el escenario emergente a partir de la Marcha de San Cayetano (2016). Sociohistórica, (48): 1-17.

Grabois, J. (2013) Capitalismo de exclusión, periferias sociales y movimientos populares. Scripta Varia (Pontifical Academy of Sciences), (123): 37-68.

Harvey, D. (2008) El derecho a la ciudad. New Left Review, (53): 23-39.

Hopp, M. V. (2017) Transformaciones en las políticas sociales de promoción de la economía social y del trabajo en la economía popular en la argentina actual. Cartografías del Sur, (6): 19–40.

Ley 27.118 (2015) Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Boletín Oficial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 28/01.

Ley 27.345 (2016) Ley de Emergencia Social. Prórroga. Ley N°27. Boletín Oficial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 23/12.

Ley 27.453 (2017) Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana. Boletín Oficial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 29/10.

Ley 27.499 (2019) Capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres. Boletín Oficial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 10/01.

Ley 27.519 (2019) Emergencia Alimentaria Nacional. Prórroga del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002. Boletín Oficial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 30/09.

Ley 27545 (2020) Ley de Góndolas. Boletín Oficial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 17/3.

Longa, F. (2022) Tres estrategias y tres pilares. Los movimientos sociales de Argentina, después del ciclo kirchnerista (2015-2022). Revista Cuestión Urbana. (12): 37 – 56.

Maldovan Bonelli J., Ynoub, E., Fernández Mouján, L. y Moler, E. (2017) Políticas públicas e instituciones de regulación socio-laboral para la Economía Popular. Supuestos y tensiones en el debate por la ley de Emergencia Social. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. El trabajo en conflicto: dinámicas y expresiones en el contexto actual. (XIII): 1-26.

Mallimaci, F. (2015) El mito de la Argentina laica. Catolicismo, política y Estado, Buenos Aires, Capital intelectual.

Marini, M. (2017) La movilización social y la transición democrática en la Argentina: la manifestación de San Cayetano de 1981. Trabajo presentado en XVI Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. Recuperado a partir de https://cdsa.aacademica.org/000-019/212.pdf

Melucci, A. (1999) Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. (1ed.). Distrito Federal, México, El colegio de México.

Merklen, D. (2005) Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003). (1ed). Buenos Aires, Gorla.

Muñoz, M. A. (2018) Voluntades populares, voluntades laborales. Los gobiernos y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ensenada. (X), 1-28.

Muñoz, M. A. y Villar, L. (2017) Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP en la CGT). Entre la organización sindical y el conflicto político-social (Argentina, 2011-2017). Crítica y Resistencias, revista de conflictos sociales latinoamericanos, (5): 22-52.

Natalucci, A. y Morris, M. B. (2019) ¿Superando la fragmentación? Un análisis de las estrategias de articulación entre la CGT y la CTEP (2009-2017). Astrolabio, (23): 169-197.

Nun, J. (1999) El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal. Desarrollo Económico, 38, (152): 985-1004.

Patrouilleau, M., Taraborrelli, D., y Alonso, I. (2018) La trayectoria de la “agricultura familiar” en la agenda agroalimentaria Argentina y las rigideces de la política nacional. Raízes: Revista De Ciências Sociais e Econômicas, 38 (1): 22–35.

Pierbattisti, D. (2021) La crisis de la restauración neoliberal en la Argentina reciente (2015-2019). Realidad Económica, 51 (342): 97 – 122

Piva, A. (2018) Política económica y modo de acumulación en la Argentina de la posconvertibilidad. Revista Perfiles Latinoamericanos, 26 (52): 1-26.

Proyecto de Ley 2723-D (2019) Declárase la emergencia en materia social por violencia de género por el término de dos años en todo el territorio nacional. Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 24/05.

Proyecto de Ley 3612-S (2016) Proyecto de ley de emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 16/11.

Proyecto de Ley 3035-D (2017) Declárase la emergencia alimentaria nacional por el término de dos años. Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 08/06.

Rodríguez Alzueta, E. (2020) Estado gendarme: los usos políticos de la Gendarmería Nacional Argentina durante los primeros años del gobierno de Macri. Revista Nueva Crítica Penal 1, (2): 58-79.

Salvia, A. (2016) Percepción de adicciones severas a sustancias psicoactivas en hogares urbanos de la Argentina: la situación de los jóvenes de barrios vulnerables. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina, Informes Temáticos. Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, Educa.

Salvia, A. (2017) Desarrollo Humano e Integración Social en la Argentina Urbana 2010-2016. Documento Estadístico. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Serie del Bicentenario, (7), Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Educa.

Salvia, A. (2019) Pobreza monetaria y vulnerabilidad de derechos. Inequidades de las condiciones materiales de vida en los hogares de la Argentina urbana (2010-2018). Barómetro de la Deuda Social Argentina, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Educa.

Schuttenberg, M. (2021) Posneoliberalismo y después: proyecto y sujeto de la representación en el Movimiento Evita (2005-2018). Enfoques, 33 (1): 15-40.

Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina (2017) Registro Nacional de Barrios Populares. Informe general período 08/2016 a 12/2017. Recuperado el 08/06/2022 de https://zuletasintecho.files.wordpress.com/2018/04/resumen-informe-de-gestic3b3n-renabap-ac3b1o-2017-docx.pdf

Semán, P. (2004) La religiosidad popular. Creencias y Vida Cotidiana. Bs. As Capital Intelectual.

Semán P. y Ferraudi Curto, C. (2016) Los sectores populares. En: G. Kessler (Comp.), La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura. (1ra ed, 141-162). Buenos aires, Argentina, Siglo XXI.

Sorroche, S. y Schejter, M. R. (2021) «Sigo siendo el mismo de siempre». Imágenes de la clase obrera argentina en la construcción de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 5 (10): 1-19.

Svampa, M. (2005) Hacia el nuevo orden neoliberal. En: M. Svampa, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo (1ed., 21-49). Buenos Aires, Taurus.

Tilly, C. (1978) From Mobilization to Revolution. (1ed.) Nueva York, Estados Unidos: Random House.

Tóffoli, M. M. (2019) Disputas de sentidos en torno al proyecto político- gremial de la CTEP: identidad, representación y formas organizativas en cuestión en el discurso de referentes sindicales. Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La sociología ante las transformaciones de la sociedad argentina. Mar del Plata. (II), 1-21.

Trujillo, L.; Tóffoli, M.; Retamozo, M. (2022) Desigualdades y nuevos actores colectivos en Argentina. De piqueteros a trabajadores de la economía popular (1995-2019). Revista CS, (núm. Especial): 51-88. https://doi.org/10.18046/recs.iEspecial.4945

Tuñón, I. (2016) Infancias con derechos postergados. Avances, retrocesos e inequidades a finales del Bicentenario (2010-2015). Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. Serie del Bicentenario 2010-2016, (VI) Buenos Aires.

Varesi, G. (2016) Tiempos de restauración: Balance y caracterización del gobierno de Macri en sus primeros meses. Realidad económica, (302): 6-34.

Vommaro, G. y Gené, M. (2017) Argentina: el año de Cambiemos. Revista de ciencia política, 37, (2): 231-254.

Wainer, A. (2021) Del estancamiento a la crisis, o cómo Macri agravó la vulnerabilidad externa de la economía argentina. En A. Wainer, ¿Por qué siempre faltan dólares? Las causas estructurales de la restricción externa en la economía argentina del siglo XXI. (1ed., 23 – 47) Buenos Aires, Siglo XXI.

Wainsztok, C.; Derqui, F. (2003) La Religión como una forma de Racionalidad: el caso de San Cayetano. En R. Dri (comp.) (2003) Símbolos Y Fetiches Religiosos en la Construcción de la Identidad Popular. Buenos Aires: Editorial Biblos. pp.35-52.

Notas