El empresario y el hombre público

A finales del siglo XIX la “élite local” adquirió una cuota de poder que le permitió defender sus negocios e intereses. Algunos de sus miembros ocupaban cargos de poder dentro de instituciones estatales locales y tenían capacidad de “gestionar” ante sus contactos en el poder. Ello era posible porque construyeron paralelamente un tipo de liderazgo carismático en un contexto en el cual actuaron como voceros “naturales” de ese grupo ante el Estado, en parte debido a la favorable posición económica que ocupaban algunos de sus miembros como resultado de un largo proceso de construcción poder, detentando ante la sociedad el prestigio de que sus establecimientos sustentaban gran parte del movimiento aduanero, municipal e incluso de las sedes bancarias.

En el Territorio Nacional de Misiones, la nacionalidad de origen nunca fue un impedimento para adquirir protagonismo e influencia en la vida política de las nacientes instituciones donde interactuaban los hombres de la élite local de la sociedad posadeña. En muchos casos, estos debían su participación en el ámbito político al éxito empresarial o al prestigio de una profesión y no al origen nacional de su nacimiento¹. Las características de ese liderazgo estaban asociadas a formas de dominación carismática vinculadas con “la posesión de una cualidad o don extraordinario y personal” opuestas al tipo de dominación burocrática que en última instancia sería la “forma de dominación racionalizada” que desde el Estado somete a las otras formas de dominación aunque el líder o dirigente carismático despierta entusiasmo y adhesión por encima de las diferencias de clase o status, siempre encontraría ciertos límites a la hora de enfrentar a un tipo de organización como el poder estatal, frente al cual estaría en desventaja porque esa institución detenta ante la sociedad la exclusividad del ejercicio legítimo del poder (WEBER, 1983, p. 14-15).

El ejercicio de la dominación no se trataría solamente del efecto directo de la acción ejercida por un conjunto de agentes de la clase dominante investidos con poderes de coerción, “sino el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se engendran en la red de las coacciones cruzadas a las que cada uno de los dominantes, dominan por la estructura del campo a través del cual se ejerce la dominación y está sometido por parte de todos los demás” (BOURDIEU, 1997, p. 51). La trayectoria de Domingo Barthe² lo convertían en un exponente paradigmático de la élite local a fines de 1890, tras radicarse en Posadas procedente del Paraguay –donde había acumulado una fortuna–, y desarrolló una vida muy activa en la política local al tiempo que llevaba adelante sus actividades de empresario-comerciante-propietario de tierras de una de las mayores compañías obrajeras dedicadas a la extracción yerbatera-maderera que contaba con una poderosa flota de barcos a vapor propios que le otorgaban una ventaja comparativa frente a otros potenciales competidores.

La primera mención oficial de Domingo Barthe en uno de los ámbitos del poder local se dio en la Casa de Gobierno, en un decreto del Gobernador Balestra³ firmado el 21 de mayo de 1895 y registrado en el libro de copiadores. En esa ocasión junto a otros empresarios también de origen inmigrante fue convocado en calidad de “ilustre ciudadano argentino” –a pesar de su condición de extranjero– para participar “en los salones de la Gobernación con el objeto de constituirse y dar principio a sus funciones” junto a otros hombres de prestigio público en los festejos de la semana de mayo⁴. Unos días después –el 30 de mayo 1895– fue mencionado nuevamente en otro decreto y era requerido para asumir a la mayor brevedad la responsabilidad de velar por la instalación de una línea telefónica que comunicara la ciudad de Posadas con los pueblos de Candelaria, Cerro Corá, Santa Ana, Loreto y San Ignacio⁵; luego de esas menciones en decretos oficiales, desapareció por unos años de los ámbitos de la Gobernación para volver a hacerse más frecuente la evocación de su nombre durante el gobierno de Juan José Lanusse, pero como un activo opositor.

Las menciones de Domingo Barthe en los decretos oficiales de la Gobernación daban cuenta de su involucramiento en los asuntos locales y el arribo a un singular espacio del poder político ya que era convocado por el Primer Mandatario Territorial nada menos que a un acto conmemorativo de una fecha patriótica de un país que no era el suyo. Ello también suministraría algunas pistas sobre las estrategias esgrimidas por los gobernantes y el modo en que procuraban captar a los hombres de la “élite local” para acercarlos a su influencia y luego comprometerlos en acciones públicas aunque esos momentos también fueran aprovechados por los empresarios para tejer alianzas o incluso negocios.

Las presentaciones en la escena pública les otorgaban el protagonismo en la organización de actividades que les servían para canalizar capital político hacia otros planos⁶. Los compromisos en pos del logro de mejoras para la comunidad podrían haber sido asumidos como la ocasión en la que los hombres poderosos de la comunidad se reconocían entre sí y potenciaban la construcción de algunas figuras carismáticas.

La relación del sector empresarial misionero con los magistrados locales era bastante particular. El artículo 33 de la Ley Nacional 1532 sobre Territorios Nacionales establecía que los Jueces Letrados debían ser nombrados por el Poder Ejecutivo y eran inamovibles. En 1895 el gobierno nacional modificó un artículo y fijó el mandato de los mismos a un período de cuatro años en el ejercicio del cargo con posibilidades de reelección.

El primer magistrado fue el Dr. Darío Quiroga⁷ (1883/1896) y se mantuvo en el cargo en un período en el que fueron sucediéndose en la Gobernación –Rudecindo Roca (1881/1891), Benjamín Moritán (1891/1893) y Juan Balestra (1893/1896) –. En los quince años de ejercicio, el Juez recibió varias acusaciones por la utilización despótica del destacamento policial para imponer su investidura y de haber logrado la sumisión absoluta de esa fuerza en las situaciones donde no se acataron sus mandatos; también ordenó la detención del jefe de policías por “insubordinación frente al juez”⁸; y se lo vinculaba con el tráfico de personas⁹ dado que “mientras estuvo allá [en Posadas] fue un traficante de niñas pobres, a las que prostituía, esclavizaba o llevaba con él a Buenos Aires”¹⁰ (NABOULET, 1917, p. 18).

A pesar de las graves acusaciones contra el Juez Darío Quiroga, éste accedió a la condición de propietario de tierras de unas 16.370 hectáreas de campos de pastoreo en la zona Sur de Misiones¹¹, por entonces eran las de mayor valor por hectárea debido a su aptitud para la ganadería. Rápidamente, valiéndose de sus influencias accedió a los títulos de las mismas y logró constituirse en un propietario de los que “llegaron a esos mundos como Don Domingo Barthe y a pesar de no haberse hecho tan ricos como éste, se llevaron buenas tajadas de terreno” porque “era el tiempo en que se realizaban los grandes remates de tierras fiscales y el que no se alzó con la mitad del Territorio, [en alusión a Rudecindo Roca, Gregorio Lezama y Antonio Gallino] fue porque su antecesor no se la había dejado” (NABOULET, 1917, p. 18-20).

Entre 1882/1894 entraron en plena productividad los mayores yerbales silvestres del Alto Paraná situados en Tacurú Pucú, Paraguay, el Sur del Mato Grosso en Brasil y San Pedro en las Altas Misiones en Argentina, los cuales fueron explotados desde 1882 por grandes empresas. La Compañía Uribe S.A, posteriormente Sociedad Industrial Paraguaya, acaparó yerbales en el primer lugar; la Cía. Matte Larangeira en el segundo y monopolizaron la actividad en esos puntos respectivamente; mientras que la Compañía Domingo Barthe lo hizo en el territorio argentino y paraguayo donde poseía enormes latifundios con yerbales silvestres.

En el lapso que se desempeñó Darío Quiroga en la Magistratura, su actuación fue funcional a los intereses de los terratenientes y empresarios yerbateros tanto locales como extrarregionales que operaban en la región. El contrabando de yerba mate en ese período fue calificado como “uno de los más escandalosos”¹² ya que a plena luz del día transitaban carros tirados por bueyes repletos de esas mercaderías que reposaban en la plaza 9 de julio, situada frente al edificio de la Gobernación con cargamentos custodiados por la policía local, situación que “se prolongó hasta 1905, más o menos”¹³ (NABOULET, 1917, p. 20).

Los intentos de regulación desde el Estado despertaron cierta adversidad en el sector empresario. La intervención del Gobernador Juan Balestra – que pertenecía al PAN– en la “reglamentación” del negocio yerbatero, motivó a un sector de la “élite local posadeña reaccionara y tomara consciencia de la necesidad de consolidar un espacio de poder político como contrapeso, razón por la cual probablemente muchos de los empresarios se plegaron al Partido Liberal mitrista. La misma política en materia de control fiscal fue continuada por el Gobernador Juan José Lanusse –también del PAN– y tanto los pequeños como los grandes empresarios dedicados al rubro yerbatero se vieron afectados por un intervencionismo estatal que escudriñó en una actividad que hasta entonces fue indiferente al tráfico fronterizo y en pos del resguardo nacional comenzó a penar el contrabando y todo ingreso que no fuera declarado en la aduana, cuestionando el clima de libre empresa que beneficiaba a los yerbateros favoreciéndolos en la acumulación de capital mediante un comercio que sorteaba los marcos legales.

Entre 1897/1899, la magistratura fue desempeñada por el Dr. Eugenio Breard y durante su actuación tuvo lugar la mayor confrontación política registrada hasta entonces en Misiones entre un Gobernador del PAN y el sector opositor conformado por los liberales mitristas a la cabeza del cual se encontraba el Juez que actuó en defensa de los intereses de los terratenientes correntinos y de los empresarios yerbateros misioneros que lo apoyaron decididamente. Encauzó a una oposición con intereses comunes que compartían una visión de no poblar el interior de Misiones en sintonía con los viejos anhelos de los terratenientes correntinos que no contemplaban espacios para la colonización agrícola minifundista.

La lucha por los yerbales: El conflicto Barthe-Lanusse

El fomento a la inmigración fue un asunto de orden prioritario en la agenda de gobierno de Juan José Lanusse¹⁴ (1896/1905) y por todos los medios intentó concretar el mandato alberdiano de “gobernar es poblar” (BOTANA, 1980) y favoreció la fundación de colonias agrícolas, las cuales recibieron un fuerte apoyo estatal. Esas acciones contradijeron a los intereses de los sectores ganaderos correntinos que veían a Misiones como un espacio natural para la expansión de sus actividades al igual que los empresários yerbateros que buscaban de mano de obra barata y anhelaban controlar monopólicamente los yerbales silvestres.

La adhesión de Domingo Barthe al grupo opositor estaba en gran parte motivada por la política de control de las concesiones a los empresarios yerbateros, que vieron en el gobernador a un rival político en común. En 1899, Juan José Lanusse se quejaba en sus memorias de gobierno al Ministro del Interior de la Nación Felipe Yofre, respecto a la explotación yerbatera y afirmaba que existía una deliberada connivencia entre jueces, inspectores y policías quienes en los papeles figuraban con permisos distribuidos entre numerosos concesionarios pero que en realidad eran contratistas que tributaban la extracción de yerba a “cuatro o cinco firmas que operaban en Posadas” y amenazaban con agotar totalmente ese recurso (LANUSSE, 1899, p. 6).

Ese año tuvo lugar una campaña pública en contra del Gobernador que buscaba desprestigiarlo ante el poder central para evitar que lo nombren en un nuevo mandato¹⁵. Los opositores reprochaban, entre otras cosas los resultados de su política de colonización porque “de las setenta familias instaladas en Apóstoles”, no se habían publicado datos sobre la producción y sentenciaban; “lo cual no se explica, tratándose de una administración tan exhibicionista como la del Señor Lanusse, sino atribuyéndolo a que la colonia no ha producido nada digno de mención hasta la fecha” (ANÓNIMO, 1899, p. 1).

La campaña de desprestigio fue financiada en conjunto por los líderes opositores relacionados a los intereses de los grandes latifundistas y empresarios yerbateros de Misiones, que no alcanzaron evitar la reelección del mandatario. El conflicto se fogueó con la circulación de un panfleto¹⁶ en el que se hacía una dura crítica por la política de concesión de yerbales realizada a la empresa Mascías Rodríguez y Cía., que adquirió derechos sobre una zona solicitada en 1898 por la Compañía Barthe y Arrillaga e hizo suponer al Gobernador que los financistas de la campaña fueron estos últimos por sobrados motivos “para pensar que la causa verdadera de esa oposición arranca del orden económico social singular y complejo que impera en Misiones” (LANUSSE, 1899, p. 6).

El conflicto era casi permanente hasta entonces entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial desde donde el Juez Letrado Darío Quiroga había hostigado también el mandato de su predecesor Juan Balestra. El Gobernador Lanusse aseguraba no desconocer el origen de la agresión y sostenía que los disconformes se desempeñaban en diferentes puestos del gobierno, además “todos los miembros de esta oposición que aquí tenia por jefe al Dr. Breard, pertenecían a la misma filiación política correntina y empezaron a agruparse a su alrededor a poco de haberse recibido el juzgado en febrero de 1898” (LANUSSE, 1899, p. 6).

Las hostilidades entre Lanusse y Breard sólo concluyeron con la destitución de éste último y en el momento de mayor tensión, circuló una publicación anónima que le reprochaba la fundación de la colonia agrícola de Apóstoles por su “artificialidad”, debido al apoyo que recibía por parte del mandatario a quien le echaban en cara los “fallidos” intentos colonizadores – ensayados durante la gestión del coronel Rudecindo Roca– y sentenciaba que mientras el Gobierno Nacional “provea a la subsistencia de los colonos austro-polacos, habrá colonia, pero así que los subsidios falten, aquellas se desbandará indefectiblemente” (ANÓNIMO, 1899, p. 2).

El control fiscal puesto en práctica por el gobierno de Lanusse provocó una gran oposición entre los empresarios yerbateros quienes dejaron en claro los intereses de la “élite local” con los proyectos de las élites centrales. El intento de regulación de las concesiones yerbateras generó el descontento de la principal Compañía que señoreaba en ese rubro y la empresa Barthe, Arrillaga y Cía., reclamó a las autoridades nacionales, tras una larga disputa logró hacer reveer la concesión de la explotación de unos yerbales situados en San Pedro, que habían sido otorgados a la empresa Mascías Rodríguez y Cía, quien a su vez se valió de un contratista que originalmente estaba al servicio de los primeros para llevar adelante los trabajos.

El planteo en los ámbitos judiciales puso en evidencia el grado de influencia de Domingo Barthe y sus allegados que traspasaba el ámbito misionero. En sus memorias, Lanusse afirmaba que los trabajos de los obrajes yerbateros y madereros eran realizados exclusivamente por peones criollos pero la dirección financiera recaía en un monopolio controlado por “cuatro capitalistas y que explotan con exclusión absoluta de nadie más” y también advertía que, mientras las explotaciones de madera, yerba y tabacos eran un genero de trabajos no aptos para los europeos recién llegados, éstos eran realizados por peones criollos oriundos de Misiones, Corrientes, Paraguay y Brasil, “siendo las relaciones entre estos y sus patrones similares a las encomiendas de indígenas de la época colonial” debido a que no existía regulación de los contratos de conchavo” (LANUSSE, 1899, p. 8).

Según el informe presentado por el Inspector General de los yerbales, las grandes empresas controlaban gracias a sus subsidiarios la casi totalidad de los yerbales misioneros¹⁷. Al referirse tácitamente a la empresa Domingo Barthe, Arrillaga y Cia. Lanusse reprochaba al primero su condición de extranjero “totalmente entregado a sus múltiples negocios tanto en Argentina como Paraguay”, que un par de años antes había permanecido totalmente ajeno a las agitaciones de la vida política hasta que en 1898 tomó parte en las elecciones del Concejo Municipal y desde allí se sumó a los opositores¹⁸ (LANUSSE, 1899, p. 6).

La política anti monopolios en materia yerbatera era una continuación de las medidas tomadas por Juan Balestra. Al quejarse del “ardor de estos opositores de la Gobernación” Lanusse daba cuenta de conocer las estrategias esgrimidas en su contra y afirmaba “debo suponer que esa casa ha suministrado además el dinero empleado en esta larga campaña de hostilidades contra la Gobernación, la que ha mantenido aquí periódicos, etc., pues de no ser así, sería un misterio inexplicable la procedencia de ese dinero”. En su apreciación, la Compañía Barthe era una de las “casas fuertes” de Posadas y “la más absorbente en opinión de todos, la que ha tratado de convertir este Territorio en un feudo y ejercer sobre él la acción de la higuera maldita que no deja crecer nada a su sombra ha sido sin embargo la única […] que ha puesto sus elementos a disposición del círculo que encabezaba el Dr. Breard” (LANUSSE, 1899, p. 6, 10-11). El artículo 10 de la ley Nº 3662 sobre explotación de yerbales de 1896, otorgaba derechos indiscutibles para la explotación de los yerbales vírgenes a quienes primero los descubrían, conforme a esa ley, el Primer Mandatario territorial tenía la potestad adjudicarlos. Lanusse lo hizo en una concesión firmada el 8 de Febrero de 1898 por el lapso de un año a los Sres. Mascías, Rodríguez y Cia., ya que habían declarado haberlos hallado en una zona muy cercana de la población de San Pedro. El área estaba “delimitada por los arroyos Palo de Yerba, arroyo Piñero Descascado, camino real a Campiñas de Américo y regiones de los Pinares”. La declaración fue ratificada por un Decreto de la Gobernación firmado el 7 de diciembre de 1898, que confirmo la concesión de febrero de ese año (AGM, Decretos. Tomo II). Pero según el panfleto que se difundió en 1899, la concesión original del área con yerbales originalmente fue hecha en 1897 a la Sociedad Barthe y Arrillaga e incluía el área que según los Sres. Mascías, Rodríguez y Cia., era vecina a esos yerbales.

El Gobernador Lanusse habría omitido el pedido de la empresa Barthe y Arrillaga que reclamaba para sí el área vecina concedida a los Sres. Mascías, Rodríguez y Cía., y que según su alegato fue descubierta por sus exploradores. Cuando fueron denegados todos los reclamos de la primera Compañía y se ratificó a la segunda en los yerbales adjudicados, comenzó una querella judicial ante el Ministerio del Interior de la Nación y luego apelada al Ministerio de Agricultura. La acción era parte de una estrategia en la que Domingo Barthe buscó anticiparse a las concesiones para la zafra correspondiente a 1899 en el área en disputa pero que no dio frutos porque también fue rechazada y concedida nuevamente a Mascías, Rodríguez y Cía.

En un decreto del 30 de junio de 1899 firmado por el Gobernador Lanusse se establecieron modificaciones de la reglamentación de yerbales de 1896 y desde entonces el mes de diciembre de cada año se fijó como el correspondiente para la recepción y presentación de permisos de explotación para las zafras de los años siguientes a los efectos de prevenir el acaparamiento anticipado en el futuro de las áreas yerbateras. Para apaciguar los ánimos, el 7 de Diciembre de 1898 el Gobernador firmó otro decreto donde concedió el área próxima a la solicitada originalmente por Mascías, Rodríguez y Cía a los Sres. Barthe, Arrillaga y Cía., para la zafra del siguiente año pero a realizar en forma compartida entre ambas Compañías. La decisión sólo generó más descontento en los últimos al punto que debió decretarse la suspensión total de la explotación de tales yerbales porque los demandantes elevaron un reclamo en nota fechada el 28 de diciembre de 1898 al Ministerio del Interior a través del Dr. Laudino Álvarez –apoderado legal de la empresa en Buenos Aires– quien pidió rever la concesión de yerbales en un alegato que remitía a una presentación hecha el 6 de Julio de 1898, elevada en la Gobernación de Misiones donde solicitaban el permiso para la zafra de 1899.

Según la legislación yerbatera de 1896, el artículo 2º establecía que “dicha concesión quedará sin efecto en la parte que afecte derechos adquiridos por un tercero”. La cláusula sirvió de argumento al representante de Barthe, Arrillaga y Cía. en Buenos Aires para manifestar al Ministro del Interior que “habiendo solicitado la concesión con anterioridad a ninguna otra, les correspondían todos los derechos de acuerdo a la Ley de yerbales referidos al primer denunciante”¹⁹ (ANÓNIMO, 1899, p. 5-9).

El Gobernador Lanusse argumentaba que la decisión tomada se amparó en que los yerbales vírgenes fueron descubiertos por Mascías Rodríguez y Cía., antes que lo hicieran Barthe, Arrillaga y Cía.; a lo que el representante legal de éstos últimos adujo que los mismos habían sido trabajados desde 1895 por su contratista Atanasio Fernández “siendo el señor Teodoro Gaspar, antiguo yerbatero de la casa de mis representados el primero que dio noticias de ellos”. El cambio de concesionarios se habría producido mediante la intercesión de Ciríaco Sanjurjo –por entonces Fiscal de la Comisión de Inspección de Yerbales– mediante el cual la Compañía rival obtuvo el beneficio porque aquel habría pasado a ser empleado de la empresa de Mascías, Rodríguez y Cía (ANÓNIMO, 1899, p. 5-9).

El representante legal de Barthe Arrillaga y Cía, aducía que los yerbales en cuestión no eran vírgenes y “los que lo eran, habían sido descubiertos por agentes de mis representados” y para reforzar esos argumentos, sostenía que la zona con yerbales silvestres fiscales era bastante extensa pero que Mascías, Rodríguez y Cía., nunca habían dado inicio a los trabajos de cosecha, que era posible, dada la ambigüedad del reglamento de 1896 que admitía la concesión con un año de anticipación de una sección para la elaboración de yerba mate; y la primera fue hecha a Mascías, Rodríguez y Cía., en el año 1896 para la zafra de 1897, que no concretarse porque un decreto de 1898 con aplicación retroactiva impidió el inicio de las tareas en la concesión según el reglamento de 1896 (ANÓNIMO, 1899, p. 8-9).

El representante legal insistía en que la zona había sido solicitada por los empresarios Domingo Barthe y Vicente Pérez pero concedida finalmente con perfidia a la Empresa Mascías, Rodríguez y Cía. Al año siguiente, Barthe, Arrillaga y Cía., presentaron una nueva solicitud para trabajar los yerbales en cuestión pero la Compañía adjudicataria obtuvo una prórroga y lo mismo había ocurrido en la presentación que hicieron en 1898, cuando el apoderado legal de la empresa inició la querella contra Mascías, Rodríguez y Cía., donde acusó de no realizar la zafra por falta de personal y de elementos²⁰, basándose en el informe oficial de la Inspección de Yerbales presentado en mayo de 1899.

Para Laudino Álvarez, sus representados poseían el derecho “indiscutible a trabajar la zona de que han sido los primeros denunciantes para la próxima zafra, tanto en los yerbales vírgenes descubiertos por ellos, como en los yerbales anteriormente trabajados, pero que están actualmente en estado de explotación” (ANÓNIMO, 1899, p. 8-9). En la presentación hecha al Ministro del Interior, el Dr. se quejaba por el clima de “aversión” que existía por parte del Gobernador contra la empresa que representaba y aducía que esa actitud tenía origen en el liderazgo que ejercía la Compañía²¹.

La resolución del Ministro del Interior Felipe Yofre fue de conceder en forma compartida la explotación de la zona en litigio–al igual que lo ordenara anteriormente el Gobernador de Misiones–. La medida firmada el 16 de febrero de 1899, estableció que la empresa Barthe, Arrillaga y Cía., y los Sres. Mascías Rodríguez y Cía., debían distribuirse el área bajo el principio de que no debía fomentarse el monopolio de la explotación de los recursos estatales²².

Ambas Compañías se vieron forzadas a acordar los nuevos límites de la concesión para explotar en conjunto los yerbales dado que según el Ministro, ninguno de los litigantes demostró ser el primero en descubrirlosyel mismo era trabajado desde varios años atrás. Además consideraba “necesario evitar el acaparamiento de yerbales públicos por unas pocas empresas” dando a entender con ello que los organismos del Estado debían fomentar la fiscalización de la competencia industrial. En el artículo 2º fijó que la concesión a Mascías, Rodríguez y Cía., el cual debía comprender exclusivamente la parte del área que le fuera concedida y no se superpusiera a otra empresa (YOFRE, Resolución Ministerial. En: ANÓNIMO, 1899, p. 12).

La decisión tampoco satisfizo las pretensiones de Barthe, Arrillaga y Cía., quienes no estaban dispuestos a compartir el territorio en litigio y por ello apelaron nuevamente; esta vez al Ministerio de Agricultura, pero sin mayores resultados. El conflicto por la concesión de los yerbales no fue resuelto en esfera nacional del modo en que esperaban los empresarios Barthe y Arrillaga. Entonces el mismo fue trasladado al plano de la política local donde tomo partido el Juez Letrado Eugenio Breard. En represalia Gobernador dispuso la suspensión de las elecciones correspondientes al Concejo Municipal de Posadas a realizarse el 31 Diciembre de 1899 e intervino esa institución. La oposición encabezada por el magistrado atribuyó esa decisión a la “presunta repugnancia” del primer mandatario a la constitución de organismos municipales mediante el voto vecinal.

La medida tenía como objeto contrarrestar el peso que alcanzaron los opositores que controlaban el Consejo Municipal, donde también actuaban otros empresarios yerbateros seguidores del jefe del juzgado letrado, vinculado al Partido Liberal. Pero contrariamente a lo esperado por esos grupos locales de poder, muchos vecinos acudieron al edificio de la Gobernación en manifestación de apoyo a Juan José Lanusse quien fue reelecto ese año para un segundo mandato y desde ese lugar buscó consolidar aún más su política de fomento a la inmigración y colonización del Territorio Nacional de Misiones con control fiscal a pesar de la enconada oposición.

La situación revelaba que si bien el mayor sector empresario y terrateniente poseía una importante cuota de poder, tampoco era absoluto el consenso que tenía en la población particularmente frente a otros pequeños empresarios y comerciantes que no podían competir con ellos. Por otra parte las condiciones de vida de los trabajadores en los obrajes de las mayores empresas eran deplorables a lo que se sumaba la estafa a que eran sometidos al momento de conchabarse. Todos esos factores reunidos le quitaron legitimidad al reclamo de los terratenientes y empresarios yerbateros ante la población y en un intento de ganarse la simpatía de los sectores populares, con motivo de la conmemoración del acto del 9 de julio de 1899 el Concejo Municipal –donde Barthe era Concejal – dispuso repartir víveres en la plaza de la ciudad²³.

En tanto, Juan José Lanusse insistía en que el sistema de explotación de yerbales hasta entonces vigente, fomentaba el monopolio y provocaba que unas pocas empresas controlaran el total de una zafra de 1.140.685 kilos producidas por comitivas pertenecientes en su casi totalidad a las empresas López, Santiago, Núñez y Gibaja y Cía.; Arturo Escalada y Barthe, Arrillaga y Cía., y Mascías, Rodríguez y Cía., que ocuparon ese año “un total de 549 peones, 184 arrieros y 84 empleados, involucrando a un total de 817 personas” (LANUSSE, 1899, p. 39).

El 3 de enero del año 1900 un decreto del Poder Ejecutivo Nacional ordenó el traslado del Juez Eugenio Breard a la ciudad de Formosa y en su reemplazo nombró al Dr. Miguel Ángel Garmendia. El 10 de marzo de ese año Domingo Barthe renunció a al cargo de Concejal junto a otros miembros también partidarios del ex magistrado²⁴ que confrontaron al Gobernador. Los meses transcurridos en el cambio de siglo habían sido muy agitados para el empresario que seguía siendo un hombre fuertemente relacionado a las estructuras del poder político local y en particular al partido liberal mitrista de Corrientes de cuya facción era parte y que se oponía al Gobernador Juan José Lanusse²⁵ que pertenecía al PAN – cuyo líder nacional era en ese momento el Presidente Julio Argentino Roca y ejercía por entonces su segundo mandato –.

El conflicto que resultó en la crisis política de 1899 derivó en los años posteriores en una permanente tensión y agudización del conflicto entre el sector de empresarios yerbateros quienes perdieron importantes espacios en el poder político local luego del descabezamiento de su principal líder. La situación planteada a Domingo Barthe en 1900, dejaba traslucir una derrota temporal en la actividad política partidaria que probablemente lo llevo a ocuparse más activamente de sus negocios aunque manteniendo siempre –tras bambalinas– los vínculos con otros hombres que detentaban cierta cuota de poder por que ello también representaba ciertas ventajas en la competencia con otros empresarios rivales por las concesiones de yerbales, la contratación de mano de obra y cualquier otra decisión del poder político que afectara sus intereses.

El primer mandato de Juan José Lanusse como Gobernador, transcurrió bajo el fuego cruzado de una oposición sistemática de los grupos económicos que respaldaban políticamente al Juez Eugenio Breard²⁶, pero una vez que se lo reasignó a Formosa, su sucesor – Dr. Miguel Ángel Garmendia²⁷ – también estableció vínculos amistosos con el sector empresario local. El alejamiento temporario de Domingo Barthe de la escena política en el periodo transcurrido durante el segundo mandato de Lanusse coincidió con una política mucho más profunda de fiscalización y represión del contrabando de yerba mate y consolidación de las colonias en el Sur del Territorio Nacional de Misiones. Ello también haría suponer que la derrota temporaria de los opositores locales dejó abierto el escenario para plasmar en parte el proyecto alberdiano.

Las relaciones personales entabladas por el empresario daban cuenta de cierta continuidad y estabilidad en los vínculos con otros socios comerciales con los que trabó fuertes lazos desde los primeros años en que se afincó en Posadas. Una muestra de ello se registró el 1 de diciembre del año 1900 cuando su socio, el empresario Juan José Arrillaga contrajo matrimonio con Ángela Bisso y los festejos de la boda se realizaron en el domicilio²⁸ de Domingo Barthe. A la fiesta concurrieron personalidades públicas y hombres de negocios como José F. Ayala (empresario amigo y antiguo socio), José L. Resoagli, Pedro Noziglia (empresarios, miembros de la logia Roque Pérez y autoridades del Concejo Municipal en diferentes períodos), Juan Barthe (su hermano, socio y también miembro de la logia) y el Juez Miguel Ángel Garmendia que entre otros convidados que revelaban con su presencia los vínculos del empresario a miembros de la burocracia de diferentes esferas del poder político local (LA VERDAD, 1 dic. 1900).

Por entonces al año se importaban oficialmente unas cuarenta mil toneladas de yerba de la cual solo se cosechaban en el país unas mil trescientas sin contar el cuantioso contrabando que se introducía proveniente de los países vecinos (BERNÁRDEZ, 1901, p. 34). En 1902, Lanusse dispuso un impuesto de 0,50 centavos por arroba de yerba mate producida pero en represalia los empresarios yerbateros ingresaron de contrabando mayores cantidades de yerbas provenientes desde Brasil y Paraguay, mientras que en el país se incrementaba notablemente su consumo. En 1903 aún existían cuatro grandes zonas de yerbales naturales en Misiones pero debido a la sobreexplotación, los empresarios invertían grandes esfuerzos en la búsqueda de nuevos yerbales silvestres más productivos por lo general, alejados de la costa²⁹.

Podría afirmarse que el Gobernador Lanusse representó a una élite central que administró Misiones con una burocracia ya consolidada y buscó valerse de la legitimidad que brindaban las instituciones estatales para plasmar un proyecto de gobierno que fue pensado por las élites centrales y tuvo que enfrentarse al liderazgo carismático ejercido por algunos representantes de una “élite local” que basaba gran parte de sus estrategias en el personalismo para acceder a al poder tanto en Misiones como con sus “contactos” en Buenos Aires, destacándose el liderazgo ejercido por Domingo Barthe acaudillado por el Juez Eugenio Breard³⁰ que enfrentó al aparato burocrático Territorial.

Las redes sociales construidas años atrás por Domingo Barthe y su temprana inserción en la “élite local” de la sociedad posadeña, le permitió entablar un mundo de relaciones que lo vinculó a los círculos sociales de la burocracia en la que luego participó. El éxito comercial que obtuvo en los negocios le otorgó el halo de prestigio que supo canalizar a través de su desempeño en diversos espacios de poder. Las relaciones y los “contactos” en la función pública junto a otros hombres de “confianza” con poder político inclinaron muchas veces la balanza a su favor aunque ello no siempre significó el beneplácito de todas las autoridades.

Los empresarios yerbateros como Domingo Barthe comprendieron lo fundamental de contar como “amigos” a jueces, policías y otras relaciones personales que conformaban una poderosa alianza de clase y fracciones de clases. El desplazamiento de Lanusse significó que el poder de la legitimidad institucional del Estado fue ganada por una fracción de clase con interés en la organización de un circuito de las actividades económicas. Por ello, las políticas de fomento a la inmigración y control fiscal se suspendieron cuando Juan José Lanusse abruptamente renunció en 1905³¹ a pocos meses de concluir su tercer mandato iniciado en 1902³² –situación que analizaremos con mayor detalle en el siguiente capítulo–. No obstante a lo largo de sus gobiernos se mantuvo firme en el objetivo de plasmar los emprendimientos colonizadores a pesar de la abierta contradicción con los intereses de la “élite local” que detentaba una importante cuota de poder³³.

Referencias

AGM. Archivo de la Gobernación de Misiones. Posadas, Serie Decretos. 1881-1896. t. 1-2.

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Notas