Investigación original
Recepción: 27 Febrero 2020
Aprobación: 31 Agosto 2020
DOI: https://doi.org/10.18597/rcog.3497
Financiamiento
Fuente: Beca doctorado nacional Colciencias
Nº de contrato: 647-2014
Descripción del financiamiento: Beca doctorado nacional Colciencias, Convocatoria 647-2014 y Convocatoria de pequeña cuantía de la Universidad CES, Medellín (Colombia).
RESUMEN
Objetivo: Comprender las prácticas institucionales en salud que se realizan en las mujeres en embarazo parto y posparto, según la clase social, en Bogotá.
Materiales y métodos: Estudio cualitativo, desde el paradigma de la hermenéutica crítica. Método de etnografía crítica, con muestreo teórico. Participaron 9 mujeres y 8 profesionales de la salud de la ciudad de Bogotá, que asistieron a instituciones públicas y privadas, pertenecientes a los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS). Se realizaron 38 entrevistas a profundidad durante 13 meses y 62 acompañamientos a las maternas en las actividadesde control prenatal, vacunación, trabajo de parto, consulta posparto, exámenes de seguimiento, curso psicoprofiláctico, hospitalización y sala de espera, tanto en servicios públicos como privados. Análisis por triangulación en Atlas Ti.
Resultados: Teniendo en cuenta los discursos de los actores, la observación participante y el contexto, se encontraron dos categorías que determinan estas inequidades, denominadas el mercado regula la salud, y la vigilancia y el control en los servicios de salud.
Conclusiones: En la práctica médica es conveniente fortalecer las competencias ciudadanas para garantizar los derechos del personal de salud y de las mujeres. Estudiar desde la investigación cualitativa es una oportunidad para promover la transformación de las racionalidades médicas que afectan a las mujeres.
Palabras clave: clase social, embarazo, parto, periodo posparto, medicalización.
ABSTRACT
Objective: To understand institutional practices in healthcare as relates to women during pregnancy, childbirth and the postpartum period according to social class in Bogota.
Materials and methods: Qualitative study based on the critical hermeneutics paradigm. Critical ethnographic method with theoretical sampling. The participants included 9 women and 8 health-care professionals from the city of Bogotá, attending public and private healthcare institutions that serve populations under both the subsidized as well as the contributive regimes of the General Social Security System. Overall, 38 in-depth interviews were conducted during a 13 month period, with 62 instances of support to the mothers in terms of prenatal care, vaccination, labor, postpartum visits, follow-up tests, psychoprophylactic course, hospitalization and waiting room. Triangulation analysis on Atlas Ti.
Results: Taking into account the discourse of the different players, observations and context, two categories were found to be determining factors of inequities: “Market-regulated health” and “Over- sight and control in health services”.
Conclusions: It is advisable in medical practice to build competencies in the population in order to ensure the realization of the rights of women and healthcare personnel. Qualitative research offers the opportunity to promote the transformation of medical rationale affecting women.
Keywords: Social Class, Pregnancy, Childbirth, Postpartum Period, Medicalization.
INTRODUCCIÓN
Fernández define las prácticas institucionales en salud (PIS) como un “conjunto de estructuras organizativas” orientadas a la prestación de servicios de salud que integran “acceso, atención, educación, saberes, quehacer profesional, actividades, equipos, técnicas, y formación de recurso humano en derechos” 1.
A nivel mundial se ha evidenciado que existen ciertas PIS que afectan los derechos de las mujeres en embarazo, parto y posparto (EPP); algunas de estas no son recomendadas por la evidencia científica en condiciones de bajo riesgo, por lo que su aplicación en este grupo de gestantes podría llevar a la llamada violencia obstétrica 2-6. Este término incluye experiencias de procedimientos invasivos no consentidos que ocurren de forma rutinaria durante el parto 7, y el irrespeto y abuso durante este 28.
Al respecto, se ha informado que en algunas regiones de Colombia aún se utilizan prácticas que cabrían en esta definición, tales como: la maniobra de Kristeller y la episiotomía de rutina 9-12,13, los tactos vaginales no consentidos o por horario 9-11,13-15, la ruptura artificial de membranas 9,10,12,13, la inducción artificial del parto 9,10,12,13,15, el pujo dirigido 9,12-14, la prohibición de comer, beber y movilizarse durante el trabajo parto 9,10,12-15; intervenciones médicas de estudiantes sin consentimiento de la gestante 9,12,14, prohibición de la entrada del acompañante 9,11,14,15,bloqueo del apego madre-hijo 9,10,12, aislamiento e incomunicación de la parturienta mientras se está en sala de partos 9,10,12,14,15, entre otras. En algunos servicios de salud públicos se realizan historias clínicas conjuntas sin confidencialidad, existe insuficiencia de camas en el posparto que obligan a las mujeres a compartir camas, y los familiares deben esperar o dormir afuera de la institución 10.
La clase social se define como “el conjunto de sujetos organizados alrededor de intereses comunes” 16 que “se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción determinado, por las relaciones en que se encuentran frente a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización del trabajo y, por consiguiente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen” 17. Esta es una categoría relevante en salud pública que permite comprender desigualdades sociales y de salud asociadas a la injusticiasocial 18-20.
En los estudios mencionados, algunas de las PIS de las mujeres en EPP en Colombia se muestran problemáticas 9,15; sin embargo, encontramos como vacío en la investigación la ausencia de visibilización de las desigualdades en las prácticas institucionales en salud, que podrían originar experiencias de procedimientos invasivos no consentidos en el EPP, de manera diferencial según la clase social 8,21. De acuerdo con lo anterior, surge la pregunta objeto de la presente investigación, acerca de si existen desigualdades, según la clase social, en las prácticas institucionales que se realizan en las mujeres en EPP en los servicios de salud de Bogotá (Colombia).
MATERIALES Y MÉTODOS
Este proyecto se formula a partir de uno de los objetivos específicos de una investigación más amplia 22. En esta investigación se formularon otros dos objetivos específicos cuyos resultados ya fueron publicados 23,24.
Diseño y población
Se realizó un estudio cualitativo, desde el paradigma de la hermenéutica crítica 25, que da cuenta de la reflexividad y subjetividad de la investigadora principal, que se identifica como mujer, médica y madre. El método es la etnografía crítica 26, que permite no solo entrevistar a los participantes de la investigación, sino también aproximarse a la perspectiva de otros actores, al contexto epidemiológico del EPP en Bogotá, y a las políticas del sistema de salud colombiano que dan significado a los resultados. El diseño metodológico fue flexible, coherente con el paradigma y método. Esto implica adaptar el proyecto a las necesidades del trabajo de campo y tener en cuenta las categorías y los referentes teóricos que emergen en la relación con los sujetos.
El trabajo de campo empezó en noviembre 2017 y finalizó en diciembre 2018. En esta fase se hizo presencia en el terreno, y se realizaron intercambios virtuales en las redes sociales a fin de crear sintonía con los participantes para generar un ambiente de confianza donde los sujetos pudieron expresar libremente lo que pensaban en el momento que ellos lo deseaban. La fase de análisis y redacción de la información inició en el trabajo de campo y finalizó en noviembre 2019.
Los criterios de inclusión fueron mujeres en primer trimestre de embarazo o más en la ciudad de Bogotá, que asistieron a instituciones públicas y privadas, pertenecientes a los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS). Se excluyeron del estudio mujeres con enfermedad mental, discapacidad, menores de edad y quienes pudieran cambiar de residencia fuera de Bogotá.
Muestreo
Teórico 27, según los conceptos de clase social de Breilh 17,28, quien expone la clase social como una categoría analítica, en concordancia con el proceso de trabajo de la población y su relación con los medios de producción. En esta teoría se identifican los siguientes elementos diferenciadores entre las mujeres: ocupación, tipo de trabajo, actividad económica, empresa, contrato; grado, control y proceso de trabajo (vigila, realiza trabajo); posesión de medios de producción (propietario o no del lugar donde trabaja); fuente y forma de obtención de recursos. Lo anterior determina el régimen de salud en Colombia 29. En ese sentido, en la presente investigación participaron tres mujeres con trabajo informal que pertenecen al régimen subsidiado, tres mujeres asalariadas que pertenecen al régimen contributivo y tres mujeres con capacidad de ahorro que dentro del régimen contributivo pueden pagar un seguro privado o prepagada (tabla 1). Los conceptos de clase social, régimen de salud e instituciones públicas y privadas están relacionados en el marco referencial elegido.
Procedimiento
Según el presupuesto y el tiempo programado para realizar el trabajo de campo, se acompañaron 9 mujeres (tabla 1). Dada la conceptualización de clase social se hubiera podido invitar a más mujeres a la investigación, por eso no se cumplió con el criterio de saturación de la información 27. Las mujeres fueron contactadas a través de redes sociales y el servicio de control prenatal del sector público, donde tres mujeres rechazaron participar pues no requerían el acompañamiento propuesto.
Se invitó a participar al personal de salud que estaba en contacto con las mujeres. La mayoría rechazó participar en la investigación sin aportar razón alguna. Por tanto, se cambió la estrategia y fue contactado personal de salud, con experiencia en atención materna, a través de redes sociales, así no estuviera en contacto con las mujeres participantes. Esta aproximación permitió la participación de 8 profesionales de la salud (tabla 2), dos de los cuales eran conocidos de la investigadora principal antes de la investigación.
Previo al trabajo de campo se programó hacer una entrevista con las mujeres por cada trimestre de embarazo, una entrevista posparto y otra entrevista después de finalizada la licencia de maternidad. Estas se desarrollaron a profundidad de manera longitudinal en el proceso de EPP durante 13 meses. Se realizaron 30 entrevistas a las mujeres y una a cada trabajador de la salud para un total de 38 entrevistas.
En el trabajo de campo, el tiempo planificado inicialmente para realizar las entrevistas cambió según las dificultades de las mujeres. Por ejemplo, una de ellas tuvo una pérdida gestacional al cuarto mes de embarazo. Con esta participante solo se realizaron dos entrevistas posaborto en el momento que lo deseó la mujer. A pesar de lo anterior, el acompañamiento de la mujer continuó, sin importar que las PIS pudieran ser diferentes a las previstas. En este caso, el paradigma elegido permite aproximarse a categorías nuevas que emergen en el campo y desde una postura ética se priorizan las necesidades de los participantes. Estos aspectos relacionados hacen parte de la etnografía 22.
Las entrevistas fueron realizadas por la investigadora principal, de manera no estructurada, con preguntas abiertas 30. Se utilizó una guía que incluyó temas relacionados con la clase social 17,28 y los significados de las prácticas institucionales de salud 1,31,32, adaptada según la situación particular de cada mujer. Los encuentros se programaron según la disponibilidad de las participantes, en lugares elegidos por ellas, en organizaciones sociales, en el domicilio cuando las mujeres estaban solas, y en restaurantes poco frecuentados. La duración fue de una hora en promedio y mantuvieron un carácter confidencial.
La observación participante (OP) 26,33 fue realizada por la investigadora principal en los ser- vicios de salud donde asistieron a las mujeres. Se ingresó a varias instituciones, tanto públicas como privadas, según los diferentes seguros de salud (tabla 1). La mayoría de las mujeres transitaron por distintos niveles de atención y de complejidad; en general, el control prenatal se realizó en el primer nivel y la atención del parto en segundo y tercer nivel. Otras características de las instituciones y los tránsitos de las mujeres se describen en la investigación etnográfica original 22.
Se efectuaron 62 acompañamientos a maternas en las diferentes instituciones de salud (tabla 1). Lo observado se registró en el diario de campo donde se tomaron pequeñas notas a diario y se intentó que no se bloqueara la interacción con los sujetos. La redacción completa se realizó cuando no se estaba en el terreno. En el diario de campo quedó registrada la reflexividad de la investigadora principal y las transformaciones que presentaron los sujetos que participaron. Lo anterior se organizó en itinerarios de acompañamiento (uno por cada mujer participante), en forma de relato etnográfico y se recopiló información relacionada con el contexto 22.
Estrategias de análisis de la información
en los itinerarios de acompañamiento se identificaron aspectos en común de las participantes y los que las diferenciaban. Esta información se organizó en el proceso de EPP, lo que permitió ver recurrencias de aspectos teóricos a través del tiempo por cada una de las mujeres 33. Lo anterior se transcribió en un formato Excel y fue un insumo importante para el análisis de las entrevistas pues había aspectos en ellas que parecían no recurrentes, pero que al triangularlos con los itinerarios de acompañamiento adquirían importancia teórica. Las entrevistas fueron grabadas por la investigadora principal y transcritas por dos transcriptoras de la Universidad CES de Medellín. Las transcripciones de las entrevistas y el itinerario de acompañamiento fueron entregados a los participantes para retroalimentación.
El análisis se realizó en Atlas ti versión 7, donde se le asignó un código a los párrafos o frases, lo cual permitió clasificar la información. Se buscó desagregar datos, para volverlos a unir de manera diferente en forma de categorías. Esto busca construir conceptos relacionados con la teoría (análisis de contenido) y agrupar datos que tengan significados similares, con el fin de construir conceptos que den sentido a los resultados 34. Se identificaron 179 códigos derivados de los datos, organizados en 11 categorías. En el presente documento se publican 2 categorías en los resultados. Estas dos categorías se denominan: el mercado regula la salud, y vigilancia y control en los servicios de salud. Algunas de las otras categorías han sido publicadas previamente 23,24. El proceso de codificación se realizó con el grupo de investigación y una trabajadora social.
Se triangularon 27,35 los resultados teniendo en cuenta las técnicas metodológicas y el proceso de socialización. Este se realizó con pares investigadores de la Universidad CES y expertos en el tema, ajenos al proceso, lo que permitió incluir perspectivas diferentes e interdisciplinarias. Igualmente, la socialización fue progresiva con los participantes para validar la información y proponer estrategias que emerjan de ellos mismos.
Criterios de rigor metodológico en investigación cualitativa
(35,36en la confiabilidad se diferenciaron los discursos de los actores de los análisis de la investigadora principal. Hubo tiempo suficiente para construir una relación de confianza con las personas. Los resultados fueron socializados de forma progresiva con las y los participantes, expertos en el tema, incluyendo perspectivas interdisciplinarias. En la credibilidad se evaluó el efecto de la investigadora principal, aspectos que están descritos en la etnografía principal 22. El marco referencial y la recolección de la información fueron realizados en diferentes momentos del proceso investigativo. Se analizaron resultados desde diferentes teorías 1,8,17,18,21,31,32,37,38 y fueron incluidas las perspectivas de otros sujetos no participantes. El relato etnográfico contextualizado se construyó con información descriptiva y detallada 22. En la auditabilidad, los registros y los audios estuvieron a disposición de evaluadores externos ajenos al proceso para verificar resultados. Se desarrolló un informe de memoria metodológica que hizo explícitos los ajustes al proyecto realizados según las necesidades del trabajo de campo. En la consistencia se triangularon datos teniendo en cuenta lo observado en el diario de campo, el discurso de los actores, la verificación resultados por evaluadores externos, y las cifras estadísticas del contexto. Los datos en relación con los discursos de los participantes obtenidos de las entrevistas (tabla 3, 4) se confrontaron en el proceso de triangulación, con la observación participante realizada por la investigadora principal en el trabajo de campo, y los datos obtenidos del contexto 22. En la transferibilidad se construyeron el contexto y los itinerarios de acompañamiento con información descriptiva y detallada 22 como insumo para comparar con otros contextos urbanos latinoamericanos con sistemas de salud similares.
Aspectos éticos
Se contó con aprobación del comité de ética de la Universidad CES (Acta 99/2016) y de la Secretaría de Salud de Bogotá (Acta N00 41000/2017). Según el código de ética médica colombiano, en el ámbito asistencial se respetaron las decisiones clínicas tomadas por el personal de salud, pues la atención dada por los trabajadores de la salud excluyó la posible atención médica requerida de la investigadora principal. En el consentimiento informado se aclaró quién era la investigadora y sus intereses siendo mujer, médica y madre.
RESULTADOS
Participaron mujeres de estratos 1 al 5, con edades desde los 18 a los 38 años, nivel educativo séptimo de bachillerato hasta posgrado, ocupación (ama de casa, asalariada, empresaria, trabajo informal), y régimen de salud (subsidiado, contributivo básico, contributivo prepagada y planes complementarios). Los servicios de salud estaban ubicados en diferentes localidades de Bogotá que contrastan por las desigualdades sociales y de salud 39 (tabla 1). También participaron 8 profesionales de la salud (tabla 2) que trabajan en cada uno de los regímenes de salud, en consulta de control prenatal, y atención del parto y posparto.
Como resultado del análisis se construyeron dos categorías emergentes en el trabajo de campo (figura 1 y figura 2) en relación con las PIS. Los datos fueron organizados en códigos (tabla 3 y tabla 4) que representan un concepto que, al relacionarse entre sí, le da sentido a la categoría.
Categoría: el mercado regula la salud
Las PIS están inmersas en el contexto del sistema de salud colombiano, el cual está regulado por po- líticas en salud (figura 1). En la búsqueda de datos de contexto en relación con lo anterior se encontró que la Ley 100 de 1993 estuvo enmarcada bajo políticas neoliberales de tipo económico que nacieron en los años setenta a nivel mundial para disminuir el gasto público en salud dada la crisis del capitalismo global. Estas políticas fueron importadas a Colombia, lo que provocó que el mercado reemplazara al Estado en la regulación económica, y la justicia social quedara relegada a los procesos de oferta y demanda en los servicios de salud. Adicionalmente, el Estado delega la prestación del servicio de salud público a seguros privados (Entidades Promotoras de Salud - EPS) con ánimo de lucro, lo cual afecta el derecho a la salud de las personas y los derechos laborales del personal de salud 40-44.
En relación con el discurso de los participantes, que sustentan la presente categoría, estos dan cuenta de que las PIS se reproducen en la forma como funciona el sistema de salud colombiano. Con respecto a los códigos “Incentivo económico al procedimiento” y “Corrupción” (tabla 3), en la presente investigación se intenta visibilizar que las PIS, como la inducción medicalizada del parto y la cesárea, en condiciones fisiológicas, se presentan en situaciones no recomendadas por la evidencia científica 3, y se relacionan con aspectos estruc- turales de tipo económico, todo lo cual es relevante en la conceptualización de la violencia obstétrica 6 Estos aspectos se confrontaron con los datos de contexto que mostraron que para 2016, el porcentaje de partos por cesárea en Colombia fue de 45,8 % y para Bogotá fue de 43 %. En algunos departamentos colombianos, como el Atlántico, la tasa es de 68 % 45. Esta tasa de cesáreas ha aumentado a través del tiempo y es una de las más altas a nivel mundial. En Colombia, los determinantes más relevantes asociados a la tasa de cesáreas están relacionados con el prestador de servicios. Entre estos determinantes se encuentran con mayor tasa de cesáreas las siguientes variables: el sector privado, los incentivos financieros del prestador (pago del evento), y el nivel de especialización de la IPS que tiene servicio de obstetricia 46. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando las frecuencias de cesáreas son superiores al 10-15%, no se da un efecto significativo en la disminución de las tasas de mortalidad materna o neonatal; esto afecta la salud del binomio madre-hijo, pues la cesárea programada sin indicación médica tiene efectos secundarios 47. No obstante, existen otras opiniones con relación a esta tasa de cesáreas, por ejemplo, en varios países miembros de la OMS se ha hecho hincapié en que un porcentaje por debajo del 19 % en la tasa de cesáreas puede disminuir la mortalidad materna o neonatal 48. Por ello, agremiaciones de obstetras y perinatólogos colombianos han realizado recomendaciones, basadas en evidencia, para disminuir la tasa de cesáreas, teniendo en cuenta la seguridad en la atención 49. Estas recomendaciones están enfocadas en el comportamiento individual de los actores involucrados, pero sin visibilizar aspectos estructurales relacionados con los temas expuestos en la tabla 3, referentes al funcionamiento del sistema de salud colombiano.
Referente al código “Déficit institucional” (tabla 3), en relación con el número de camas, ambulancias y cierre de servicios de maternidad, se confrontó esta información con los datos encontrados en el contexto que mostraron que en Colombia la construcción hospitalaria viene en descenso desde 2014 y aumentan las construcciones hospitalarias que están paralizadas y no finalizadas 50. Para 2018, por cada 10.000 habitantes había 7,3 camas y 0,51 ambulancias básicas y medicalizadas. Para 2017, en Bogotá había 0,26 camas por cada 10.000 habitantes y 0,00 ambulancias por cada 10.000 habitantes 51. Lo anterior muestra un déficit cuando se comparan estos indicadores con otros países. Para 2011 había 21 camas por 10.000 habitantes en Chile y 82 en Alemania 52. En Colombia hay insuficiencia de servicios especializados, se cierran servicios de pediatría y obstetricia porque no son rentables y la oferta se concentra en servicios de alto costo (53, 54).
En los datos de la OP se señaló que este déficit de camas y ambulancias es significativo porque la programación de un parto humanizado 3 requiere tiempo y espacio, acordes con el proceso natural del trabajo de parto, donde se garantice la seguridad del binomio madre-hijo en caso de necesitar remisión a otro nivel de atención 22.
Articulado al “déficit institucional” (tabla 3), en los datos de contexto son visibles las desigualdades entre las instituciones públicas y privadas 55, lo cual afecta los derechos de las mujeres del régimen subsidiado. Al respecto, en Bogotá el 99,3 % de IPS (clínicas y hospitales) son privadas. En 2016, había 18 IPS públicas menos con respecto al 2015. Para el caso de ginecobstetricia había 611 servicios habilitados en el sector privado y 34 en el público. Para pediatría había 603 servicios privados y 27 públicos 55.
En los datos de la OP se apreció que las problemáticas relacionadas con el “déficit institucional” y los tiempos reducidos de atención en “Situación que afecta el personal de salud” (tabla 3), se acentuaron en las mujeres de régimen subsidiado y algunas de régimen contributivo. Esto vulnera en mayor medida a las mujeres de una clase social menos aventajada 22. Lo anterior se confrontó con los datos de contexto que dan cuenta de la difícil situación de los hospitales públicos colombianos, los cuales no reciben el dinero del Estado sino de empresas privadas, a través de cuentas de cobro, en un contexto donde se presta un servicio menos competitivo de salud integral, educación y gratuidad 43,44.
Los recursos son retenidos por las EPS a través de la auditoría médica, malversación de fondos y competencia desleal 43,44. Lo anterior provoca el cierre de instituciones de salud para las personas más necesitadas del país y el despido masivo y violento del personal, como sucedió con los hospitales públicos más representativos de Bogotá (Materno Infantil y San Juan de Dios), a partir de la reforma neoliberal. En los hospitales públicos que continúan vigentes en la actualidad se evidencia la flexibilización del trabajo del personal, su explotación, y una visión del usuario pobre como objeto de gestión económica 43,44.
Estos aspectos influyen de manera importante en la salud pública, pues la desfinanciación de las instituciones de salud afecta la calidad en la prestación de servicios de salud, no solo por la falta de insumos, sino por la situación del personal de salud 22,56. Lo anterior no es evidenciado a profundidad en los documentos producidos por los entes estatales 51,55,57, que son fundamentales para ejecutar la Política de Atención Integral en Salud en Colombia 58.
Los datos de la OP permitieron generar diálogos con los obstetras participantes (tabla 2). Ellos manifestaron no estar de acuerdo con la normatividad que busca penalizar la violencia obstétrica en Colombia. Sin embargo, no pertenecen a ningún colectivo político que busque la transformación del sistema de salud colombiano. Al respecto, los datos del contexto mostraron que un gremio de obstetras a nivel nacional manifestaron estar en desacuerdo con el proyecto de ley que penaliza la violencia obstétrica porque la responsabilidad recae sobre los individuos y no se enfoca en otras causas más estructurales 59.
Categoría: la vigilancia y el control en los servicios de salud
Vigilar y controlar clínicamente a las mujeres es una herramienta en el proceso de atención de las maternas que busca disminuir la morbimortalidad materno-infantil (figura 2). Los datos, en relación con los discursos de los participantes, que sustentan esta categoría se presentan en la tabla 4.
Los datos de la OP mostraron que los derechos del parto humanizado solo son asequibles para las mujeres con mayor poder adquisitivo 22. Por ejemplo, el derecho a disminuir la percepción del dolor, ya sea con la analgesia epidural u otros métodos naturales, derecho a la privacidad en el trabajo de parto, derecho a tener un acompañante en el trabajo de parto, derecho a elegir el personal que atiende el parto, y oportunidad de pagar una doula (acompañante en el EPP que promueve en condiciones fisiológicas el parto natural no inducido y el trabajo de parto en movimiento en sintonía con las necesidades de la mujer) 60.
Para el caso de la presente investigación, solo una mujer de medicina prepagada pudo sufragar la doula que trabajó en equipo con un obstetra de una clínica privada para garantizar un proceso humani- zado y sin complicaciones a nivel institucional (tabla 4, código “Alternativas humanizadas por fuera del sistema”, y datos reportados en la etnografía 22). En respuesta a la pregunta de investigación, los datos de OP mostraron que las desigualdades según clase social para las PIS (tabla 4) son: prácticas medicalizadas impuestas, falta de derechos en relación con prácticas humanizadas y obligatoriedad en los servicios. En estos aspectos se afecta en mayor medida a las mujeres de una clase social menos aventajada 22.
DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta el paradigma elegido 25 es necesario dar significado a los resultados a partir de la teoría y discutir el porqué de las problemáticas planteadas. Adicional a los aspectos teóricos publicados previamente 8,21, son relevantes los referentes teóricos que emergen con los datos. Al respecto, Das 37 explica que las estructuras políticas nacionales e internacionales generan violencia estructural en la población. Las organizaciones internacionales imponen sus intereses en salud pública sobre las necesidades de las personas en el contexto local de los países en vías de desarrollo. La salud y la vigilancia se conceptualizan como “un bien público global” 37. La influencia de las organizaciones internacionales es tan fuerte que construye subjetividades en los trabajadores locales de salud, quienes tampoco se enfocan en las necesidades de la población, sino en las demandas internacionales37 relacionadas con los objetivos del milenio de morbimortalidad materna, pero que no evalúan la calidad de la atención. Al respecto, en los datos de la OP de la presente investigación se dialogó con los trabajadores(as) de la salud participantes (tabla 2), quienes refirieron que los indicadores de mortalidad materno-infantil generan una presión sobre el personal y por eso su enfoque en el momento de la atención requiere estar basado en el riesgo 22.
Algunas de las estrategias de salud pública son de carácter obligatorio y generan acciones de vigilancia. Si la comunidad o el trabajador no realizan las actividades requeridas por la salud pública, se penaliza. Esta situación sucede en territorios donde las personas no tienen sus necesidades básicas satisfechas y hay déficit de insumos médicos. Este tipo de programas saludables provoca rechazo en la población y afecta los derechos ciudadanos 37. Lo anterior se puede observar en los resultados de la presente investigación (tabla 4, código “Obligatoriedad”), donde las mujeres tienen que disponer de tiempo extra y dinero para ir a talleres si no asisten a las consultas. En la OP se observó que algunos trabajadores de la salud del régimen subsidiado le explican a las mujeres que si “no asisten a las citas habrá consecuencias”, pero no se especifica qué tipo de consecuencias. Igualmente, se observó que cuando las participantes no cumplen las órdenes médicas son regañadas y culpabilizadas por no ser “buenas madres” 22.
El déficit de calidad en la atención obliga a la población a pagar servicios privados de salud costosos (en continuo crecimiento) que no tienen regulación por parte del Estado. Las prácticas privadas en salud no siempre son de calidad, pues se formulan en el contexto del mercado 37. Lo anterior se puede visibilizar en la presente investigación (tabla 4, código “Alternativas humanizadas por fuera del sistema”), donde las mujeres especifican que existe mala calidad en la atención pues no se garantizan prácticas humanizadas del parto y necesitan pagar atención privada con doulas y parteras. Para las mujeres que no tienen conocimiento sobre el tema no es fácil elegir la mejor opción en el contexto del mercado 22.
En los datos de la OP también se apreció que las mujeres necesitaban pagar por alternativas diferentes a la medicalización, entre ellas las terapias tradicionales y alternativas que son valoradas positivamente por las participantes porque se tiene en cuenta su contexto cultural, social y emocional. Asimismo, las mujeres más pobres debían pagar por servicios de salud que son derechos como, por ejemplo, la atención de urgencias pediátricas. Para algunas mujeres del régimen subsidiado es más barato solucionar el problema en la farmacia del barrio, que someterse a barreras de acceso como las condiciones de la espera en los servicios de salud y el déficit de insumos médicos 22,24. En la OP se observó de manera recurrente, en los itinerarios de las mujeres participantes del régimen subsidiado, el déficit de insumos. Por ejemplo, exámenes diagnósticos necesarios para identificar el riesgo del embarazo, los cuales no están disponibles oportunamente en el momento que las mujeres los necesitan, así como algunos reactivos de tamizaje de toxoplasmosis, y algunas ecografías cubiertas por la seguridad social 22.
Scheper-Hughes analiza que la problemática es reproducida por la burocracia administrativa de las instituciones y el personal de salud, que desarrollan un discurso altamente autorizado y especializado que tiene poder sobre el actuar de la comunidad. Develar qué hay detrás del lenguaje que legitima las injusticias es fundamental en los procesos de investigación 38. Al respecto, en la OP de la presente investigación se reflexiona sobre lo que hay detrás del concepto del riesgo. En el contexto de los servicios de salud este es visto de una manera superficial, parece ser un asunto técnico, estadístico, probabilístico y naturalizado. Pero el concepto en sí no deja ver la incertidumbre que lo acaricia, ni cómo se instrumentaliza para tomar decisiones sobre el cuerpo de las mujeres. Asimismo, detrás del concepto del riesgo están también los discursos del capitalismo, que en su afán de producción económica se articulan con la biomedicina para medicalizar los cuerpos de las mujeres sanas, incurriendo en violencia obstétrica 22.
La medicalización invisibiliza los orígenes políticos de las problemáticas sociales 38. Al respecto, en la OP de la presente investigación se reflexiona acerca de cómo medicalizar oculta a las mujeres el déficit estructural del sistema de salud: el hecho de parir rápido para descongestionar el servicio no es visible para las mujeres, porque la responsabilidad de la violencia obstétrica recae sobre el personal de salud 22.
Tanto usuarios como personal de salud “comparten” la ideología del sistema de salud y político. Trabajan y se relacionan en las instituciones de salud al parecer “voluntariamente”. Así las instituciones reproduzcan la violencia, los humanos participan de ella y la legitiman 38. Lo anterior se puede visibilizar en la presente investigación (tabla 4, código “Saber-Poder de la posición médica”).
Las prácticas institucionales en salud han sido analizadas previamente desde las teorías del género y feminista 1,8,9,12,13,23. Para el caso de la presente investigación, este tipo de violencias se intensifican en el contexto del capitalismo global que afecta el funcionamiento del sistema de salud colombiano 22
Respecto a las limitaciones operativas del trabajo de campo y metodológicas se aclara que esta investigación no desarrolla un modelo comparativo en investigación cualitativa, el cual tiene un carácter controlado, selección rigurosa de casos, sistematización con enfoque matemático y generalización a la población de estudio. Estos modelos comparativos se ubican epistemológicamente en un paradigma positivista 61, diferente al expuesto en la presente investigación.
A pesar de lo anterior, la pregunta de investigación incluye la categoría clase social que permite hacer comparaciones en un método descriptivo como la etnografía. La clase social es una categoría analítica que permite comparar grupos de personas según lo expuesto en los resultados. Lo anterior buscó darle sentido a los datos, lo cual es coherente con la investigación cualitativa en general 62. Al respecto, la comparación que se realiza en la presente investigación, es un “recurso cognitivo inherente a todo proceso de intelección” 61. Se realiza “contrastación como auxiliar en la producción de conocimiento” 61. Esto es diferente a los modelos comparativos donde se recurre a la comparación de manera sistemática 61, ajena al diseño metodológico de la presente investigación.
El método de la etnografía crítica 38,63,64 es una herramienta fundamental en salud pública que permite la construcción de proyectos de investigación con acercamientos a la realidad integrales, éticos y que buscan el beneficio de los colectivos. Puede incluir otras herramientas como la epidemiología y la estadística que, a su vez, se benefician de la reflexión que aporta el método y da cuenta de aspectos estructurales relevantes para comprender la realidad. Los sesgos del estudio, reconocidos en la investigación cuantitativa, no aplican para la investigación cualitativa. Por ejemplo, el hecho de que el personal de salud que acompaña a las mujeres no quisiera participar fue discutido por el grupo de investigación como un resultado significativo que indaga sobre las dificultades que podría afrontar el personal en el proceso de atención.
CONCLUSIÓN
Respondiendo a la pregunta planteada se concluye que existen desigualdades según la clase social en las prácticas institucionales en salud que se realizan en las mujeres en embarazo, parto y posparto. Estas desigualdades se acentúan en las mujeres con una clase social menos aventajada, en los siguientes aspectos: déficit institucional, tiempo de contacto en las citas, prácticas medicalizadas impuestas, derecho a prácticas humanizadas, y obligatoriedad en los servicios.
Es importante promocionar una visión crítica en el personal de salud frente a la formación médica y el funcionamiento del sistema de salud. La construcción de competencias ciudadanas en estos aspectos podría ser una herramienta para cambiar colectivamente el funcionamiento del sistema de salud y garantizar los derechos de las mujeres
AGRADECIMIENTOS
A Colciencias y la Convocatoria de mínima cuantía de la Universidad CES de Medellín por la financiación. A las mujeres y el personal de salud que participaron en la investigación. A la Fundación Arka, Organización Apapachoa, Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia, Tribu Criarte, Secretaría de Salud de Bogotá. A Marcelo Amable, Alfredo Maya y Mónica Sáenz por sus aportes desde las ciencias sociales.
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Notas
Notas de autor
CorrespondenciaLibia A. Bedoya-Ruiz, Escuela de Graduados, Universidad CES, Calle 10 A, No. 22-04. Campus Poblado. Teléfono (+574) 444 05 55, ext. 1963, Medellín (Colombia). bedoya. libia@uces.edu.co/bedoyalibia@hotmail.com
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