Introducción

En la actualidad, diversos trabajos han señalado cómo las políticas orientadas al mercado se han constituido en el modelo dominante de provisión de vivienda social en América Latina (De Mattos, 2006; Rodríguez & Sugranyes, 2004; Rolnik, 2018). Conformadas como la principal intervención estatal para promover el acceso a la vivienda de los grupos de menores ingresos, tales iniciativas se caracterizan por el protagonismo de los actores privados, la producción masiva de viviendas, la periferización de las mismas, el énfasis en la propiedad privada y el consecuente endeudamiento progresivo de las familias beneficiarias (Gilbert, 2004). Pero, paradójicamente, los resultados de estas políticas, sostenidas en la masividad y orientadas a reducir el déficit habitacional, son aún inaccesibles para amplios sectores de la población (Ortiz, 2002). Hoy día, en la región, dicho déficit supera el 37%, con los mayores desafíos concentrados en los aspectos cualitativos de la vivienda, asociados a las dimensiones de tenencia segura, a los materiales constructivos y al cumplimiento de los estándares de calidad mínimos (Habitat International Coalition, América Latina [HIC-AL], 2017).

En esta coyuntura, el movimiento de pobladoras y pobladores vuelve a ser un actor político relevante en las luchas por el derecho a la vivienda, a través de soluciones basadas en estrategias de democracia popular, acción directa y distintas modalidades de autogestión (Garcés, 2004, 2018). Con renovado interés, las prácticas autogestionarias han vuelto a ser debatidas en distintos campos disciplinares, reconociéndose su importancia en los repertorios de acción que se desarrollan en las luchas por el derecho a la vivienda (Polanska et al., 2019) y, por extensión, en las demandas de movimientos anticapitalistas de alcance planetario (Sitrin, 2019; Wilde, 2017).

Numerosos estudios han documentado el largo itinerario de lucha del movimiento de pobladoras y pobladores en la región (Angelcos & Pérez, 2017; Castells, 1973; Cortés, 2014; Garcés, 2004; Muñoz, 2020). No obstante, dicha literatura no ha profundizado, desde una perspectiva comparada interregional, en la comprensión de los discursos y significados enunciados por sus protagonistas. Si toda enunciación está determinada por su circunstancia (Benveniste, 1970), este trabajo plantea escrutar los discursos y los significados enunciados por quienes ejecutan las prácticas autogestionarias que despliega el movimiento de pobladoras y pobladores en la región, desde esa perspectiva comparada. En esa línea, se propone una estrategia metodológica cualitativa que permite profundizar en dos casos representativos de contextos sociopolíticos disímiles: el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), de Chile, y el Movimiento de Pobladores de Venezuela (MPV).

Por un lado, el caso venezolano permite aproximarse a un modelo inspirado en el socialismo del siglo XXI, donde la vivienda se ha constituido como un eje central del programa de la revolución bolivariana (1999, en adelante). Un aspecto estratégico ha sido la promoción de la vivienda pública y la posibilidad de recuperar la centralidad del Estado y de los movimientos sociales tanto en la organización de la demanda, como en la producción. En este sentido, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha sido la política que ha promovido la construcción masiva de viviendas sociales y que ha integrado la participación protagónica de los movimientos populares bolivarianos (Cariola et al., 2014). Por otro lado, el caso chileno representa una trayectoria emblemática en el desarrollo de políticas neoliberales. Iniciadas a partir de la dictadura cívico-militar en la década de los setenta, y profundizadas y diversificadas en las décadas siguientes, estas políticas promueven el protagonismo estratégico de actores privados en la organización de la demanda y producción de la vivienda, a través de la promoción de subsidios estatales a la demanda (Hidalgo et al., 2016). Emblemático ha sido el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49),¹ que ha promovido la postulación a las viviendas de interés social a través de la conformación de organizaciones privadas (o entidades patrocinantes) que asumen la responsabilidad de promoción y desarrollo de los proyectos habitacionales (Razmilic, 2017). Este contexto es fundamental para comprender las prácticas autogestionarias desarrolladas por los dos movimientos señalados, que se sitúan en países cuyos modelos de desarrollo y políticas de provisión de vivienda dan cuenta de su adscripción a bloques geopolíticos antagónicos (Hidalgo et al., 2020).

La evidencia presentada permite comprender cómo quienes integran estos movimientos populares entienden y significan sus prácticas autogestionarias. Sobre la base del análisis de los discursos de sus protagonistas, es posible reconocer la emergencia de cuatro categorías constitutivas de la autogestión del hábitat: integralidad del hábitat, demanda de autonomía, pretensión de incidencia en el Estado y afán de transformación de la sociedad. En conjunto, estas dimensiones permiten evidenciar las particularidades de la modalidad de producción adoptada por los movimientos en estudio, y aportar a una discusión más amplia en torno a las distintas modalidades de producción del hábitat que se superponen en la región.

Tras la introducción, se presentan cinco secciones: primero, se da cuenta de los fundamentos teóricos en que se sostiene el estudio; enseguida, se describen sus premisas metodológicas; posteriormente, se contextualiza el movimiento de pobladores y, particularmente, el MPL y el MPV; después, se analizan los discursos y significados relativos a las prácticas autogestionarias; y, por último, se concluye con una discusión sobre los hallazgos.

Perspectivas y debates sobre la producción del hábitat popular en América Latina

En la discusión sobre las modalidades de producción del hábitat popular en América Latina, se reconocen al menos tres perspectivas teóricas: autoproducción (Turner, 1979, 2018), producción social del hábitat (Ortiz, 2012; HIC-AL, 2017) y, más recientemente, autogestión del hábitat (Rodríguez & Zapata, 2020; Zapata, 2021). Si bien presentan elementos comunes, estas propuestas no son homólogas, ya que derivan de genealogías distintas y participan de contextos y temporalidades disímiles.

Situada en la década de los setenta, la primera modalidad, autoproducción, está determinada por una explosiva urbanización de las ciudades, una intensa migración campo-ciudad y un vertiginoso desarrollo de ocupaciones de terrenos por parte de movimientos populares. A lo largo de este proceso quedó al descubierto la limitada capacidad del Estado para responder a las demandas habitacionales de los grupos postergados, situación frente a la cual la autoproducción se constituyó en un concepto clave para comprender esa clase de asentamientos y relevar el esfuerzo de sus protagonistas en la búsqueda de soluciones habitacionales.² Y ello en especial durante un periodo en que diversos programas habitacionales limitaban la responsabilidad del Estado en materia de vivienda y la transferían a los beneficiarios de los procesos productivos.³

La perspectiva centrada en la autoproducción propone un enfoque relacional de la vivienda que va más allá de su concepción física –paradigma dominante en aquellos años–, destacando así la importancia de las relaciones sociales de los habitantes con su entorno (Oyón, 2020). Con todo, esta propuesta no está exenta de críticas: mientras unos acusan que las políticas de autoconstrucción son mecanismos de cooptación de la movilización popular (Pradilla, 1976), otros indican que ellas contribuyen a invisibilizar las condiciones estructurales del problema habitacional y a idealizar las condiciones de grupos populares (Jaramillo, 2012). Ciertamente, la autoconstrucción subraya la importancia de la capacidad de las personas respecto del desarrollo de los procesos productivos en materias que les conciernen. No obstante, el excesivo interés analítico en la escala individual o familiar en cuanto unidad productiva influye decisivamente en una menor preocupación por el ideario político que subyace a esas iniciativas y, peor aún, en el desinterés por promover formas colectivas de producción.

La segunda modalidad, la producción social del hábitat, surge como respuesta al actual paradigma neoliberal de vivienda. Durante la década de los noventa, las iniciativas basadas en el subsidio habitacional se consolidaron como la única solución para resolver los problemas de vivienda de los grupos populares. Con ello, se integraba al sector privado y a la banca como actores estratégicos en la cadena de producción (Ortiz, 2012). En este marco emergió una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) y sociales, activistas e investigadores urbanos, cuyo interés era potenciar proyectos alternativos, impulsados desde las bases comunitarias y sociales. Con esta red se ampliaba el conocimiento sobre las propuestas tras los proyectos de vivienda y sobre los modos de habitar, tanto a nivel regional como mundial (HIC-AL, 2017). Así, desde la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC, según su sigla en inglés), se ha propuesto el concepto de producción social del hábitat (HIC-AL, 2017; Ortiz, 2012). Ortiz destaca tres aspectos constitutivos de esta proposición:

1. 1. La producción social del hábitat comprende aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas desarrollados bajo el control de autoproductores y de otros agentes sociales que operan sin fines de lucro.
2. 2. Por lo mismo, las modalidades autogestionarias incluyen desde la autoproducción individual espontánea de vivienda hasta la colectiva; esta última conlleva un alto nivel organizativo y, en muchos casos, procesos complejos de producción y gestión de los componentes del hábitat.
3. 3. En suma, la producción social del hábitat sitúa a las personas en el centro de sus estrategias, métodos de trabajo y acciones, por lo que, incluso, pone en marcha procesos innovadores dotados de contenido social y potencial de impacto transformador.

Estas dimensiones señalan que la producción social del hábitat se fundamenta en la conformación de prácticas tanto individuales como colectivas, tendientes a acrecentar la capacidad de gestión y control de los actores sociales. Desde esta perspectiva se reconoce la dimensión social del hábitat, pero, a diferencia del enfoque de la autoproducción, se fija la atención en categorías más amplias que las de individuo o familia.

La tercera modalidad de producción del hábitat popular, su autogestión, es sincrónica con las anteriores, porque centra su atención en la capacidad de control y decisión de las personas sobre los procesos productivos del hábitat. No obstante, incorpora, con un importante énfasis, un cuestionamiento radical a las formas dominantes de producción de ciudad. Precisamente, distintas autoras han destacado las virtudes de los procesos autogestionarios centrados en el hábitat: subrayan la capacidad de autoproducción de los sectores populares para acceder a la centralidad urbana (Rodríguez & Zapata, 2020), y en dicha capacidad observan una herramienta de resistencia y emancipación social (Rodríguez, 2019), en cuanto vía de acceso a diversos modos de habitar no mercantilizados (Zapata, 2021).

A partir de estas aproximaciones, se puede reconocer la autogestión del hábitat como una propuesta política de transformación cuya meta es abolir las condiciones estructurales del sistema capitalista de producción urbana. Asimismo, esta propuesta se vincula con la noción originaria de autogestión, que atribuye a los actores la capacidad colectiva de apropiarse, gestionar y controlar los medios de producción. Por ende, ello se traduciría en la posibilidad de concretar distintas formas de propiedad, tales como tenencias comunitarias, colectivas o comunales que superan el horizonte excluyente de la propiedad individual, privada o estatal. En otras palabras, la autogestión del hábitat otorga especial relevancia a la constitución de formas diversas de propiedad. Particularmente, esta orientación política ha irradiado hacia distintas organizaciones de base que, articuladas en la experiencia internacionalista de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular (SELVIP), han consolidado un intercambio de experiencias de producción autogestionaria del hábitat basadas en el principio de propiedad colectiva (Álvarez et al., 2013).

En suma, las tres modalidades de producción del hábitat popular señaladas destacan, con distintos énfasis, la posibilidad de restituir la capacidad de decisión, gestión y control de las y los actores sobre los procesos productivos del hábitat. A partir de estas características comunes, la autogestión del hábitat contribuye, además, con dos premisas: primero, la capacidad transformadora sobre las condiciones estructurales; y, segundo, la necesidad de dar cabida a formas colectivas de propiedad. En este sentido, estas aproximaciones, y sus particularidades, se contrastarán a partir de cómo los y las protagonistas de los movimientos de pobladores significan la autogestión del hábitat.

Estrategia metodológica

En esta investigación se despliega una estrategia metodológica cualitativa, que permite comprender en profundidad los discursos y significados enunciados por quienes protagonizan experiencias de autogestión del hábitat. De esta forma, el propósito del análisis es develar las voces protagónicas de dichas experiencias, ya que recurrentemente son privadas de reconocimiento en las investigaciones sobre activismo y vivienda (Polanska et al., 2019).

Se seleccionó el MPL y el MPV porque son movimientos que exhiben características y escalas de intervención comunes como criterios para su comparabilidad.⁴ En este contexto, se ejecutó un trabajo en terreno con el propósito de conocer presencialmente los asentamientos de cada movimiento y realizar entrevistas que permiten comprender las voces protagonistas en las distintas dimensiones del trabajo autogestionario.

La primera etapa del trabajo en terreno se desarrolló en Caracas en octubre de 2019. En esa ocasión se realizaron 17 entrevistas individuales en profundidad a integrantes del MPV, que participaron en el desarrollo del proyecto de vivienda Amatina y que, actualmente, residen en él. La segunda etapa del trabajo, concerniente a integrantes del MPL, se desarrolló en Santiago, en el proyecto habitacional Inti Raymi, pero, debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, se completó en dos momentos: en noviembre de 2021 se realizaron seis entrevistas individuales en profundidad aplicadas de manera remota, y en marzo del año 2022, otras ocho entrevistas. Sumadas las etapas de Caracas y Santiago, se contabilizaron 31 entrevistas.

Durante la realización del trabajo en terreno, en ambos casos se aplicó la misma pauta de preguntas, destinadas a estimular la conversación. Esta pauta fue configurada sobre tres ejes temáticos: la historia del asentamiento, las modalidades de trabajo y la vida en comunidad. Una de las virtudes de las entrevistas en profundidad fue que, por su estilo abierto y dinámico, permitieron traer al debate temas de interés que no habían sido contemplados con antelación (Valles, 2003). Por ejemplo, la importancia de la seguridad de la tenencia de la propiedad en los procesos de autogestión del hábitat, tema que no había sido develado con anterioridad. A su vez, la aplicación sistemática de entrevistas posibilitó alcanzar un nivel de saturación teórica. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de contenido de las mismas mediante el software ATLAS.ti. Como resultado de este análisis, los diversos códigos que surgieron de las entrevistas se reagruparon en cuatro grandes dimensiones: integralidad del hábitat, demanda de autonomía, pretensión de incidencia en el Estado y afán de transformación de la sociedad.

Las categorías derivadas del análisis permiten comprender el conjunto de aspiraciones e idearios que sustentan la propuesta de autogestión del hábitat en el MPL y el MPV. Para mayor claridad, cada categoría se presentará como un subapartado en la exposición de resultados, la cual se apoyará en las citas más distintivas por cada una.

El movimiento de pobladoras y pobladores en América Latina: luchas, resistencias y reivindicaciones

Al igual que el campesino y el obrero, el de pobladoras y pobladores es considerado un “movimiento social histórico” tanto en Chile como en el resto de América Latina (Garcés, 2018). Esta condición permite comprender sus luchas y reivindicaciones como parte de un proceso social permanente y prolongado a través del tiempo, dentro del que, a su vez, se reconocen distintos ciclos y etapas, como también momentos de intensificación y repliegue de sus repertorios de acción política. En este sentido, entre los años cincuenta y setenta, el movimiento fue un actor protagónico en las luchas por el acceso a la vivienda. A través de las ocupaciones de terrenos, promovió la conformación de barrios populares emblemáticos en las ciudades latinoamericanas. Bajo los nombres de poblaciones (Chile), favelas (Brasil), villas miseria (Argentina) y barriadas (Perú), estos asentamientos se constituyeron como la expresión espacial de la reproducción del hábitat popular en la región (Connolly, 2013).

Posteriormente, a partir de las dictaduras cívico-militares instaladas entre los años setenta y ochenta, el movimiento de pobladoras y pobladores fue brutalmente perseguido y reprimido. En Santiago de Chile, por ejemplo, la dictadura desplegó un plan de erradicación de terrenos ocupados por dichos grupos, cuyo fin fue la restitución de los mismos a sus propietarios originales. Entonces, mediante desalojos forzados, se relocalizó a la población y, con ello, se promovió la concentración de la pobreza en la periferia urbana (Morales & Rojas, 1986). De igual modo, en São Pablo, Brasil, también se implementó una política sistemática de erradicación de favelas durante la dictadura. Con inusual violencia, el Estado promovió la remoción de los favelados hacia viviendas de protección oficial (Brum, 2013). Pese a la represión, el movimiento también fue un actor relevante en la resistencia contra el militarismo: alentó la articulación de organizaciones de solidaridad y apoyo mutuo, tales como comedores populares, redes de abastecimiento, bolsas de empleo o centros culturales y escolares (Garcés, 2018). Este ciclo de repliegue y ofensiva ha llevado a que la teoría social ofrezca interpretaciones contrapuestas sobre el rol del movimiento: unas enfatizan su inminente negación o desaparición del escenario político y social, y otras destacan su protagonismo y capacidad transformadora (Cortés, 2013; Iglesias-Vázquez, 2016).

A mediados de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, la recuperación de la democracia en varios países de la región permitió la reemergencia del movimiento de pobladores (Angelcos & Pérez, 2017) y su rearticulación a escala regional (Álvarez et al., 2013). Este nuevo ciclo ascendente ocurrió, sin embargo, en un escenario desfavorable, caracterizado por el despliegue de políticas neoliberales, que conllevaron la instalación de un paradigma social sustentado en la reducción y focalización del gasto público y en la implementación de políticas compensatorias (Garcés, 2018). Consistentemente, en este marco institucional, los intentos de cooptación del movimiento fueron recurrentes, pues se consideraba a sus integrantes como individuos proclives a aceptar los beneficios de la siempre insuficiente oferta de vivienda. A pesar de lo anterior, durante la década de los noventa se reconoció un flujo ascendente en las acciones del movimiento: en las distintas ciudades de la región, aumentaron las ocupaciones de terreno en zonas pericentrales.⁵ Se hizo patente, a la vez, la diversificación de sus marcos de acción política, con nuevas formas de ocupación en las zonas céntricas de las ciudades; por ejemplo, la toma de inmuebles en desuso como respuesta a la falta de espacios residenciales.⁶

En comparación con la importancia estratégica que tuvo en décadas anteriores, el actual movimiento de pobladoras y pobladores parece hallarse en un estado de latencia o letargo propiciado por las transformaciones económicas, sociales y políticas de los últimos cuarenta años (Garcés, 2018). Sin embargo, lejos de desaparecer, de manera continua siguen emergiendo nuevas organizaciones en las poblaciones periféricas de las grandes ciudades latinoamericanas, agrupaciones que vuelven sobre los problemas de la vivienda popular, aunque, ahora, en un contexto caracterizado por la emergencia del narcotráfico y la violencia, la falta de participación y despolitización de la población, la penetración del consumo y, por defecto, el endeudamiento en los hogares. En sus formas más avanzadas de organización, estos colectivos proponen la reivindicación del derecho a la vivienda a través de propuestas concretas que permitan reconocer alternativas a las formas dominantes de producción habitacional. Entre ellas, la autogestión, que, en cuanto proceso de producción, representa una de las tantas estrategias desplegadas en el actual ciclo de luchas, asumiéndose pobladoras y pobladores como actores protagónicos de la constitución del hábitat y de la vida social en los territorios.

Chile: Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL)

El MPL es heredero de las luchas históricas libradas por distintas organizaciones populares en la ciudad de Santiago, y particularmente en la comuna de Peñalolén.⁷ En la década de los noventa, estas organizaciones propiciaron las ocupaciones de terreno más multitudinarias ocurridas tras el regreso a la democracia⁸ y, por añadidura, esbozaron una de las primeras críticas al modelo de producción habitacional chileno que, entonces, hacía gala de la reducción acelerada del significativo déficit habitacional legado por la dictadura (Rodríguez & Sugranyes, 2004).

A partir de esas experiencias, en 2006, cerca de quinientas familias provenientes de diversos sectores de Peñalolén (La Faena, Lo Hermida y Peñalolén Alto) conformaron el MPL (Espinoza, 2019). Aunque su línea política se ha ido transformando a lo largo de los años, el trabajo que ha desarrollado se ha concentrado, por una parte, en las luchas por la vivienda, orientadas por la promoción de la construcción de poder popular; y por otra, en la concreción de la vida digna a través de la autogestión (MPL, 2011). La práctica política del MPL ha promovido la responsabilidad en la formulación, gestión y producción de los proyectos habitacionales, a través de la conformación de organizaciones propias que asumen roles antes tradicionalmente externalizados a actores privados. Sobre esta base, en el mediano plazo, el movimiento apuesta por la autogestión de viviendas y barrios; sin embargo, en el largo plazo, se orienta a la producción del hábitat, tarea que incluye dimensiones tales como la educación, la salud y el trabajo. Por lo mismo, ha favorecido la conformación de un tejido cooperativo, productivo y de educación popular.⁹ Toda esta ingente labor se halla sostenida en procesos de participación e involucramiento canalizados mediante las denominadas “asambleas de vivienda”, unidades organizativas fundamentales para el trabajo del movimiento (Muñoz & Carroza-Athens, 2022).

En la actualidad, el MPL tiene presencia en las regiones Metropolitana y de Antofagasta, está integrado por 2500 familias y cuenta con 11 proyectos habitacionales, en su mayoría localizados en la comuna de Peñalolén (Figura 1) (Muñoz & Carroza-Athens, 2022). El proyecto habitacional Inti Raymi o MPL7, ha sido catalogado como emblemático para el movimiento. Por una parte, es representativo de una de las reivindicaciones más importantes del MPL: la disputa por terrenos altamente rentables desde el punto de vista inmobiliario (Angelcos & Pérez, 2017), ya que se ubican contiguos a las redes de metro y de autopistas concesionadas, y a diversos servicios (Figura 2).

figura 1
Proyectos habitacionales MPL en Santiago
Elaboración propia a partir de Meza (2016) y Espinoza (2019)

Por otra parte, Inti Raymi también permite dimensionar la producción autogestionaria en un nuevo paradigma de política habitacional, el cual responde a la crisis institucional de la vivienda detonada en la década de los noventa. En este sentido, a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49), el proyecto Inti Raymi contempló la construcción de 607 viviendas: departamentos con una superficie de 65 metros cuadrados dispuestos en bloques de cinco plantas (Figura 2). En suma, este es un ejemplo virtuoso de cómo la autogestión de pobladoras y pobladores propició la realización de un proyecto que entregó viviendas bien localizadas en relación con los servicios y, sobre todo, con el lugar de pertenencia de sus habitantes.

figura 2
Proyecto Inti Raymi, MPL, Peñalolén
Elaboración propia

Venezuela: Movimiento de Pobladores (MPV)

El MPV nació el año 2004 en Caracas y, desde entonces, recoge la herencia de lucha de diversas organizaciones que, en los años ochenta y noventa, llevaron a cabo manifestaciones y protestas por el mejoramiento de las condiciones de vida en los barrios populares. Cabe destacar que durante los gobiernos de la cuarta república –periodo que comprende entre el final de la dictadura de Pérez Jiménez y la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1958-1999)–, estos asentamientos permanecieron política y simbólicamente negados: no fueron considerados en planos, cartografías y registros de la administración pública, ni tampoco reconocidos en el discurso urbanístico (Antillano, 2005). Con ello se agudizó el descontento y, en 1989, estalló el Caracazo: serie de protestas desencadenadas durante el mandato de Carlos Andrés Pérez por el alza en el precio de los combustibles y el transporte público. A la postre, el Caracazo representó un cuestionamiento estructural al modelo de desarrollo imperante. En esta coyuntura, surgió la Asamblea de Barrios de Caracas, como instancia que permitió aunar luchas, debates y propuestas de distintas organizaciones comprometidas con las demandas populares y barriales. De esta convergencia derivó, años más tarde, el MPV.

El MPV es un movimiento de carácter nacional cuyo quehacer político está orientado hacia la creación, desde un modelo popular y revolucionario, de lo que sus integrantes denominan ‘nuevas comunidades socialistas’ (MPV, 2015). En la actualidad, el MPV está integrado por cinco organizaciones que representan una amplia diversidad de luchas y reivindicaciones: el Movimiento de Comités de Tierras Urbanas (busca la regularización de la propiedad de la tierra urbana); el Movimiento de Trabajadoras Residenciales (brega por la conquista de derechos laborales); el Movimiento de Inquilinos (lucha contra los desalojos arbitrarios); el Movimiento de Ocupantes (persigue el acceso a la vivienda mediante la ocupación y rehabilitación de edificios abandonados); y, por último, Campamentos de Pioneros (lucha por el derecho a la autoproducción colectiva de la vivienda).

Aunque todas las organizaciones señaladas proyectan la autogestión como una dimensión transversal de su propuesta política, es el movimiento Campamentos de Pioneros el que la sitúa en el ámbito de la producción habitacional. A partir de sus propias definiciones, este movimiento defiende un modelo de acción fundado sobre tres principios: la propiedad colectiva, la autogestión y la ayuda mutua (MPV, 2015). Tras una década de lucha, el modelo de trabajo propuesto por este movimiento ha sido incorporado como parte de los proyectos habitacionales ejecutados en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). En este contexto, el MPV ha autogestionado los medios de producción trasferidos por el Estado –financiamiento, maquinarias e insumos de construcción–. Y, junto con ello, ha autogestionado su propia capacidad de trabajo para el desarrollo de sus proyectos habitacionales (Cariola et al., 2014; HIC-AL, 2017). Actualmente, el movimiento tiene doce asentamientos que, sumados, involucran a casi 1700 familias en distintos sectores de Caracas (Figura 3) (HIC-AL, 2017).

figura 3
Proyectos habitacionales Campamentos de Pioneros, MPV, en Caracas
Elaboración propia a partir de HIC-AL (2017) y Soonets (2019).

El proyecto habitacional Amatina, ubicado en la parroquia Antímano, en el sur de Caracas, fue uno de los primeros complejos habitacionales desarrollados por el MPV (Figura 4). Se trata de un proyecto emblemático, ya que fue pionero en la aplicación de la modalidad de recuperación de terrenos. En este caso se ocupó una bodega abandonada cuya propiedad estaba en manos de Empresas Polar, uno de los grupos económicos más grandes de Venezuela. Además, durante su desarrollo, Hugo Chávez visitó Amatina y brindó su apoyo explícito al movimiento. El proyecto está integrado, aproximadamente, por 130 familias que, desde hace diez años, viven en torres de cinco pisos con departamentos de una tipología que comprende distintos metrajes (78, 82 y 96 metros cuadrados) y diseños (hay departamentos de una planta y dúplex). Amatina es una prueba fehaciente de cómo la incorporación del MPV al esquema de trabajo de la GMVV permitió materializar una iniciativa respetuosa de la autonomía de la organización popular (Carroza-Athens, 2022).

figura 4
Proyecto Amatina, MPV, Caracas
Elaboración propia

La autogestión del hábitat: discursos, sentidos y prácticas

Integralidad del hábitat

El concepto de autogestión es resultado de un proceso de maduración no exento de tensiones. En este sentido, quienes integran los movimientos coinciden en que la evolución de este concepto no puede separarse del tránsito que va desde las luchas centradas en la demanda por la vivienda, hasta la reivindicación de las diversas dimensiones constitutivas del hábitat: en sus inicios, la autogestión se entendió como un conjunto de acciones destinadas a la producción de viviendas en los asentamientos de cada movimiento; pero, con el paso del tiempo y la acumulación de experiencia, la autogestión se comenzó a concebir como una política integral del hábitat que se cruza con ejes tales como la salud, la educación, el trabajo, la producción o el consumo, entre otros.

La autogestión la hemos llevado a una visión más amplia, ¿no? Ya no solo al tema de vivienda, sino a todos los aspectos para la vida en comunidad… (MPV, hombre, 43 años)

Nosotros en un momento decidimos que la cosa era vivienda, pero con el paso del tiempo, las demandas y recursos se fueron vinculando en función de la salud, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, en la vida cotidiana… (MPL, mujer, 32 años)

Tal aspiración también está plasmada en distintos documentos y lineamientos políticos de estos movimientos. En el caso del MPV, la autogestión se define con una expresión acuñada por sus miembros para dar cuenta de las múltiples dimensiones y escalas del hábitat: “autogestión para la vida” (MPV, 2015). Del mismo modo, el MPL emplea una consigna afín: “Nuestros sueños son tan grandes que no caben en una casa” (Muñoz & Carroza-Athens, 2022). Con esta hipérbole, se explicita una política que, más allá de la demanda por la vivienda, busca consagrar el derecho a vivir de manera digna. Al elevarse por sobre las constricciones materiales, esta política adscribe a una concepción relacional de la vivienda que, por lógica consecuencia, la valora como un elemento que contribuye a la reproducción de la vida dentro de una trama necesariamente multidimensional.

Demanda de autonomía

Un tema central en el debate sobre los movimientos autogestionarios es el que concierne a los niveles de autonomía que logran sus proyectos políticos dentro de las estructuras de poder institucionales (Sitrin, 2019; Springer & Carvajal, 2020). Aunque esta preocupación ha sido discutida en un abanico de movimientos sociales latinoamericanos (Zibechi, 2007, 2015), su estudio en los movimientos vinculados a las luchas por el derecho a la vivienda sigue siendo menor. En esta línea, De Souza (2000) señala que las demandas de autonomía en este ámbito deben entenderse desde su proximidad con distintas formas de autogobierno. Ciertamente, sobre la base de garantías político-institucionales, dichas demandas permiten concretar la participación efectiva de los movimientos autogestionarios en la administración y gestión de sus propios territorios.

En relación con esto, una de las demandas compartidas por estos movimientos es, justamente, la reivindicación de espacios de autogobierno que permitan salvaguardar la autonomía de sus proyectos políticos. En los dos casos estudiados, el MPV y el MPL, se reconoce la importancia que otorgan a la posibilidad de concretar formas colectivas de administración y gestión de sus territorios; y ello incluso a pesar de que todavía es lejana la posibilidad de contar con las garantías político-institucionales apuntadas por De Souza (2000).

¿Cómo defino la autogestión? En un principio no la entendía, pero la podemos entender, primero, como autogobierno o como [forma en la que] aprendemos a decidir nosotros: cómo queremos las cosas, dónde las queremos y cuándo las queremos… (MPV, hombre, 34 años)

Bueno, la autogestión para nosotros también es la administración de los recursos, ¿cachái? Estamos sentados hoy día en una comunidad que tiene sus propias decisiones comunitarias y políticas… aquí hay control comunitario… (MPL, mujer, 43 años)

Ahora bien, otra de las particularidades evidenciadas en estos movimientos es que su demanda por autonomía también se relaciona con la posibilidad de generar capacidades para decidir colectivamente sobre los procesos productivos del hábitat. En el marco de estas experiencias, los avances son diversos. Por ejemplo, en el MPV, una de las fases distintivas de su metodología de trabajo es la etapa de construcción, en la cual se expresa una de las facetas más significativa de control y decisión colectiva sobre el proceso productivo. En esta etapa se promueve la participación activa de la comunidad: cada familia debe aportar, con trabajo voluntario durante la construcción, doce horas a la semana (HIC-AL, 2017). Esta es una pieza fundamental, no solo para abaratar costos, sino –de manera especial– para que la comunidad resignifique el futuro proyecto.

Otro aspecto clave tiene que ver con la posibilidad de acceso a la propiedad colectiva del suelo y de los conjuntos habitacionales.¹⁰ En el caso del MPV, la propiedad colectiva debe entenderse a partir de dos dimensiones: una jurídica y otra comunitaria. Mientras que con la primera se han presentado dificultades para formalizar la propiedad colectiva de las tierras y de las viviendas, con la segunda dimensión se ha concretado virtuosamente la apropiación y gestión colectiva de los conjuntos habitacionales (Carroza-Athens, 2022).

De igual forma, el MPL conformó su propia Entidad Patrocinante¹¹ –la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL)–, en el contexto del programa habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49), con el propósito de participar tanto en el ciclo productivo completo de la vivienda social como en la administración de los recursos fiscales del subsidio, que recurrentemente solían ser absorbidos por intermediarios y actores privados (Muñoz, 2020). Y junto con esta EGIS, el MPL levantó su propia constructora, EME PE ELE, entidades que, juntas, le han permitido propiciar la incidencia en sus proyectos habitacionales y entregar soporte técnico a ellos. Sin ir muy lejos, el proyecto Inti Raymi fue promovido a través de esta estrategia. Ahora bien, en el caso del MPL, la propiedad colectiva debe entenderse solo desde la apropiación y gestión de los conjuntos habitacionales y de las organizaciones de apoyo mutuo que convergen en ellos.¹²

En ambos casos, el MPV y el MPL, aunque con importantes diferencias y limitaciones vinculadas con las posibilidades que otorga el marco político y jurídico de cada Estado, se reconocen dos dimensiones en la pretensión de autonomía: en el largo plazo, la demanda por generar capacidades que permitan formas de autogobierno y gestión colectiva de los territorios; y en el corto y mediano plazo, la capacidad de decidir colectivamente sobre los procesos productivos del hábitat. Con estrategias diferenciadas, el MPV y el MPL trabajan por una misma demanda de autonomía.

Pretensión de incidencia en el Estado

La aspiración a la autonomía puede contraponerse con las lógicas representadas y desplegadas por el Estado y, particularmente, por los mecanismos de participación propuestos a través de sus políticas sociales de vivienda. Entonces, interesa profundizar en cómo estos movimientos reaccionan ante la pretensión estatal de incorporarlos a los mecanismos institucionales de promoción de la vivienda pública. Por lo general, esto ha sido recurrentemente mal representado. En algunas ocasiones, se plantea una falsa dicotomía: ¿tomarse u oponerse al poder estatal? (Ciccariello-Maher, 2007). En otras, se ha tendido a caricaturizar estos movimientos como actores que buscan la destrucción del Estado (Sitrin, 2019; Springer & Carvajal, 2020). Sin embargo, pese a las contradicciones y tensiones imperantes, los integrantes del MPL y el MPV no se han automarginado de los espacios de participación estatales. Por el contrario, la política de autogestión del hábitat que ambos movimientos representan ha promovido distintas formas de apropiación e incidencia en los espacios institucionales, considerados esenciales – según sus protagonistas– para concretar sus aspiraciones políticas.

Se reconoce al movimiento popular como ente ejecutor de la política, y eso fue disputado también, eso es una ganada… Entonces, tienes un movimiento popular que propone políticas al Estado, que ejecuta políticas desde el Estado, sin ser Estado… (MPV, hombre, 43 años)

La autoformación y la autogestión que me enseña a mí el movimiento es lo que yo pongo en práctica diariamente, ¿cachái? Pero, esa autogestión la trato de también transformar y en los espacios donde yo voy, que se formulen políticas, que le sirva a todo mi entorno, que les sirva a todos mis vecinos… (MPL, mujer, 46 años)

Esta vinculación y el contexto sociopolítico desde donde se promueve la participación se relacionan recíprocamente. Por un lado, en el contexto de las reformas impulsadas por la Revolución bolivariana, Hugo Chávez entregó apoyo político al movimiento de pobladores de Venezuela en una reunión televisada (Movimiento de Pobladores, 2011). Este hito no solo permitió la asignación de recursos para la ejecución de los primeros conjuntos habitacionales levantados por el movimiento en el marco de la GMVV. Este hito también otorgó a sus miembros la posibilidad de constituirse como ente ejecutor del programa y, en esta condición, integrarse al Órgano Superior de Vivienda, instancia compuesta por representantes de distintos ministerios y reparticiones estatales. Este apoyo oficial marcó un punto de inflexión, pues gracias a él los Campamentos de Pioneros consiguieron los soportes materiales para la concreción de sus proyectos, a la vez que obtuvieron el reconocimiento estatal de su política de autogestión. En Chile, en cambio, el movimiento ha tenido una relación mucho más distante y conflictiva con las instancias de participación estatales. El MPL ha desarrollado movilizaciones y protestas, a las que el Estado ha respondido con la instalación de mesas de trabajo que, aunque de intermitente duración, han permitido al movimiento incidir, al menos indirectamente, en la conformación y mejora de los programas de vivienda.

El contraste es evidente: mientras el MPV ha tenido la posibilidad de incidir e incorporarse en la elaboración y ejecución de la política de vivienda, el MPL solo ha podido acceder a espacios de participación acotada. Estos rangos de acción son directamente proporcionales a los marcos que otorgan las políticas de cada país: la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), y el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49), en Chile.

Afán de transformación de la sociedad

Finalmente, uno de los aspectos centrales en la propuesta de autogestión del hábitat de los movimientos estudiados ha sido la capacidad de desarrollar un discurso que expresa alternadamente dos proposiciones: por un lado, la crítica radical al modelo dominante de producción de vivienda y ciudad; y, por otro, la posibilidad cierta de proponer alternativas para transformar la realidad. Según De Souza (2000), por más acotados y limitados geográficamente que sean los proyectos autogestionarios, ellos se sostienen sobre la base de un discurso que representa un horizonte radical y utópico de transformación.

Ya no hablamos solamente de procesos de autogestión particular o [de] que cada comunidad gestiona su proceso, sino [de] una autogestión más amplia que se vincula necesariamente a una mirada para cambiar la sociedad en su conjunto… (MPV, hombre, 43 años)

La única forma en la que el Estado escucha es a través de la movilización, de cortar calles, de saltar torniquetes, ¿cachái? Entonces la política que hace habitualmente el movimiento es “sin, contra, desde el Estado”, que es la forma de lucha del movimiento para cambiarlo todo… (MPL, mujer, 36 años)

Estas aspiraciones también se expresan en los lineamientos políticos de los dos movimientos. Así, el MPV se identifica como una plataforma de lucha por una “revolución urbana” y se reconoce como un bloque de clases populares que persigue revertir las relaciones mercantiles de producción de ciudad y, a la vez, proponer la construcción del socialismo como horizonte estratégico (MPV, 2015). Por su parte, el MPL hace suya una triple táctica: “Sin, Contra y Desde el Estado”. Primero, sin el Estado, porque se trabaja a través de una red de asambleas, comunidades y unidades autogestionarias autónomas. Después, contra el Estado, porque no se claudica en la protesta y la movilización social antisistémicas, herramientas que exceden las demandas por la vivienda y la ciudad. Y, enseguida, desde el Estado, porque se recupera la administración de recursos fiscales, y también se disputan espacios institucionales a través del partido político al cual adscriben (Muñoz & Carroza-Athens, 2022). De esta forma, el MPV y el MPL coinciden en su afán de cambiar la sociedad a través de la transformación del hábitat.

Conclusiones

Este trabajo tuvo como objetivo analizar la trayectoria del movimiento de pobladores y pobladoras, tanto en Chile (MPL) como Venezuela (MPV); y específicamente, ahondar en su política de autogestión del hábitat como expresión de las luchas por el acceso a la vivienda en el actual contexto sociopolítico de estos países.

El análisis de los discursos permitió reconocer cómo los y las protagonistas de los movimientos populares señalados significan la autogestión del hábitat a partir de cuatro categorías: integralidad del hábitat, demanda de autonomía, pretensión de incidencia en el Estado y afán de transformación de la sociedad. En conjunto, estas dimensiones dan cuenta de cómo la acción de pobladoras y pobladores promueve la autonomía mediante prácticas de deliberación y control colectivo cuyo alcance no solo incide en el proceso de producción de viviendas, sino, también, en la promoción de cambios estructurales en el Estado y la sociedad.

A partir de estos hallazgos, es posible contrastar las particularidades de las diferentes modalidades latinoamericanas de producción popular. En este sentido, la autogestión del hábitat (Rodríguez & Zapata, 2020; Zapata, 2021) coincide con las nociones de autoproducción (Turner, 1979, 2018) y producción social del hábitat (HIC-AL, 2017; Ortiz, 2012), pues, como estas, reconoce que el hábitat es una dimensión integral para la reproducción de la vida.

Del mismo modo, todas estas aproximaciones, aunque con matices, concuerdan en la relevancia que otorgan al reclamo de autonomía, coincidiendo en la promoción de prácticas individuales y/o colectivas para acrecentar la capacidad de gestión y control de los actores organizados sobre los procesos productivos del hábitat. En este sentido, la propuesta de autogestión aquí presentada permite reconocer en este ámbito la promoción de formas diversas de autogobierno y propiedad colectiva.

Finalmente, la autogestión del hábitat (Rodríguez & Zapata, 2020; Zapata, 2021) se distancia tanto de la autoproducción (Turner, 1979, 2018) como de la producción social del hábitat (HIC-AL, 2017; Ortiz, 2012), en la centralidad que otorga –como propuesta política de transformación– tanto a la pretensión de incidir y transformar el Estado, como a la posibilidad de cambiar la sociedad. Esto no quiere decir que esta reclamación no esté incluida en los idearios de las otras perspectivas, sino que no se presenta con la misma centralidad. En este sentido, las similitudes y discordancias observadas permiten profundizar la comprensión de las distintas modalidades de producción del hábitat popular que se dan en América Latina y que, como aquí se demuestra, no son necesariamente homologables.

Ahora bien, la propuesta de autogestión del hábitat aquí reconocida debe comprenderse también como la conjunción de distintas escalas y unidades productivas que se articulan en una relación permanente de fuerza, y a la vez de tensión entre la agencia de los movimientos y las condiciones contextuales donde estos se sitúan. Por lo tanto, los procesos autogestionarios, en los casos del MPV y MPL, deben reconocerse como alternativas emancipadoras, en la medida en que se proyectan como fisuras en la estructura de producción de vivienda hegemónica. Constituyen expresiones concretas de resistencia y contrapoder, a través de prácticas que postulan la deliberación autónoma, el control de los procesos productivos y la constitución de otras formas de hábitat, pero que evidentemente dialogan y negocian con las condiciones del contexto en que se inscriben. En otras palabras, desde sus adscripciones geopolíticas antagónicas, tanto Chile como Venezuela confieren límites y oportunidades diferenciados a las iniciativas de organización popular de pobladores y pobladoras que luchan actualmente por la vivienda. En este sentido, las distintas estructuras políticas-institucionales de ambos países inciden en las acciones y los resultados de los movimientos y explican las posibilidades de autogestión del hábitat para incidir y afectar tanto las políticas estatales de provisión de vivienda, como los respectivos modelos de desarrollo que las sustentan.

De esta forma, el estudio de los casos de Chile y Venezuela muestra la importancia y necesidad de profundizar combinadamente tanto en la agencia de los propios movimientos, como en las dimensiones estructurales que posibilitan la autogestión. Es este un aspecto político estratégico clave para la comprensión de sus repertorios de acción, en tanto estrategias alternativas y contrapuestas al modelo de producción dominante de vivienda.

Agradecimientos

Este trabajo se ha realizado en el marco del Programa de Doctorado en Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) / Programa de Becas / DOCTORADO BECAS CHILE / 2018.

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Notas