Introducción

Un lunes por la tarde, en la centralidad comercial del centro histórico de Lima, ocurre una escena habitual en grandes ciudades de América Latina. Un grupo de diez uniformados de la unidad de agentes especiales de seguridad de la municipalidad –conocidos como robocops por el uso de cascos, escudos e indumentaria de protección corporal– aparece en una de las esquinas del corazón comercial metropolitano de Mesa Redonda y Mercado Central. Su presencia gatilla respuestas de los comerciantes de calle: recogen sus mercaderías y buscan camuflarse entre la multitud de personas que allí circulan, esconderse en las galerías comerciales o simplemente irse. La preocupación es el decomiso. Los robocops, acompañados por agentes de fiscalización, apuran el paso e inmediatamente las personas presentes comentan en voz baja: qué jodidos, ya vienen a fregar. Doblan en la siguiente esquina y alcanzan a una comerciante que no había logrado desarmar su precario puesto temporal. Los robocops se lanzan sin miedo contra las telas. Empujan a la señora y a un hombre que la acompaña. En tan solo minutos, luego de apoderarse de una parte de la mercadería, los encargados de la seguridad y fiscalización empiezan a caminar casi corriendo. Las personas gritan ¡rateros, rateros!, ¡choros!, reclamándoles Oe, oe, dejen oe, choros [rateros]. La comerciante los persigue tratando de recuperar sus telas, pero sin mucho éxito. En la calle no se observa a otros comerciantes. Los funcionarios municipales desaparecen de las calles de la aglomeración, y cinco minutos después las aceras y avenida están nuevamente ocupadas por comerciantes que conforman corredores para lograr alguna venta durante el día. (Relato de trabajo de campo, febrero de 2020)

Los estudios sobre comercio de calle han privilegiado dos explicaciones: por un lado, la incapacidad del Estado para regular el espacio, o el desgobierno urbano; y, por otro, el carácter fijo o estático de las prácticas de los actores involucrados. Estas perspectivas generan limitaciones para comprender cómo las acciones –aparentemente ineficientes– del Estado por regular el espacio público poseen un carácter productivo en la definición de un espacio temporalizado. En este artículo analizamos cómo las prácticas socioespaciales y cotidianas de regulación del comercio de calle configuran espacios temporalizados en la principal centralidad comercial de Lima, una metrópoli de diez millones de habitantes.

Este artículo incorpora los debates sobre movilidad e informalidad para reexaminar la regulación cotidiana del comercio de calle. La teoría social ha prestado poca atención a las rutinas espaciotemporales de la vida cotidiana (Mulíček et al., 2015) en el marco de discusiones de las prácticas de funcionarios públicos que regulan el comercio de calle (Bromley, 2000; Crossa, 2018; Tucker, 2017). Las prácticas móviles son constitutivas de la definición del espacio público (Creswell, 2010; Lefebvre, 2004; Simone, 2018; Sun, 2021), y la “alternancia de actividades no es neutra, sino revela relaciones de poder arraigadas, que son constantemente renegociadas y reafirmadas en el contexto de producción metropolitana” (Gibert-Flutre, 2022, p.280). A su vez, proponemos abordar la informalidad urbana partiendo de las prácticas cotidianas, sus dinámicas de negociación y opacidad. Los estudios sobre regulación de la informalidad (incluido el comercio de calle) destacan las políticas de tolerancia (Holland, 2017), lógicas de ambigüedad (Tucker, 2017) e incertidumbre (Simone, 2018). Las acciones de regulación son prácticas contingentes y negociadas; constituyen un “espacio transitorio” (Flock & Breitung, 2016) o una “(im)permanencia negociada” (Schindler, 2014), y “temporalidades a largo plazo” (Moatasim, 2019).

Utilizamos el concepto de “espacios temporalizados” como una herramienta heurística para analizar la regulación socioespacial y cotidiana del comercio de calle. Las prácticas de regulación de los funcionarios municipales expresan relaciones asimétricas e institucionales; poseen, además, grados de discrecionalidad en el marco de sus funciones y de la negociación cotidiana con comerciantes y otros actores en el espacio (Johannessen, 2019). Estas acciones configuran una de las dimensiones del espacio temporalizado de la centralidad metropolitana comercial de Lima, al definir las dinámicas de permanencia, temporalidad, movilidad y ritmos urbanos. Los espacios temporalizados son relaciones de poder y negociación en la vida cotidiana, y –en el caso en estudio– dan cuenta de las múltiples relaciones entre comerciantes y el Estado (más allá de conflicto y/o resistencia) (Lindell et al., 2019), incluidas las “acciones informales” (Roever & Skinner, 2016) o grises del Estado en el control del espacio, y la acción de los “funcionarios de calle” (Peeters & Campos, 2022).

Las regulaciones del espacio por parte de los funcionarios del Estado se expresan a través de la administración cotidiana de complejas acciones “formales e informales” de violencia y control. Retomamos el aporte de Crossa (2020), quien propone: “la investigación sobre la venta ambulante ha pasado de ser un tema en sí mismo a constituir el medio para explorar las formas en que un orden político, cultural, social y económico se establece y reproduce en la vida cotidiana” (p. 169). A ello podemos agregar que el estudio de la regulación cotidiana nos informa sobre la relación entre Estado, espacio público y sociedad. Además, este enfoque redefine lo informal no como una categoría fija, sino móvil y transitoria (Xue & Huang, 2015) y de “transitoriedad permanente” (Rolnik, 2017).

El artículo se organiza de la siguiente manera. Primero, se discute la literatura especializada sobre el tema para posicionar el texto en las discusiones sobre informalidad, regulación y prácticas temporales y espaciales del comercio de calle. En segundo lugar, se explican las decisiones metodológicas y el caso de estudio. Para contextualizar la información, en tercer lugar, se describen las condiciones de heterogeneidad de los comerciantes de calle, y cómo la formalización y la tolerancia operan como marcos de referencia. Por último, se analizan las acciones cotidianas de los agentes de seguridad pública frente al comercio de calle. Detrás de la opacidad y ambigüedad de estas acciones se redefinen constantemente los límites de lo “informal” y se establecen ritmos cotidianos y temporales.

Informalidad, comercio de calle y regulación cotidiana

En este artículo proponemos un diálogo entre los campos de investigación sobre comercio de calle, informalidad y movilidad. Los estudios sobre comercio de calle han privilegiado tres dimensiones: a) la configuración de órdenes socioespaciales, desde las políticas de regulación estatal (Donovan, 2008), revanchismo urbano (Mackie et al., 2014), políticas de tolerancia de las políticas públicas y el Estado (Holland, 2017), dinámicas de autorregulación y microórdenes desde el comercio informal (Castillo et al., 2020) y regulaciones por ambigüedad e incertidumbre (Tucker, 2017); b) las formas de territorialización (Taheri Tafti, 2020), apropiación temporal (Melis et al., 2020), apropiación espacial (Ojeda & Pino, 2019); c) los tipos de resistencia (cotidiana, colectiva, organizada) (Bayat, 2000; Gillespie, 2017; Lata et al., 2019).

La literatura en referencia precisa dialogar con el “giro de la informalidad” en los estudios urbanos de las últimas décadas, el cual consiste en el cambio de miradas exclusivamente estructurales y legalistas de la definición de la informalidad, a comprender su carácter situado, relacional y vinculado a las prácticas. De la revisión de esta literatura –pese a sus diferencias internas– destacamos tres argumentos. Por un lado, la dicotomía “formal-informal” resulta insuficiente para comprender las lógicas de producción del espacio urbano y sus características como esfera económica. Pero esta crítica no debe llevar a abandonar la categoría de informal, sino ahondar en el “carácter productivo de la informalidad para comprender las ciudades (McFarlane, 2019; Rigon et al., 2020; Roy, 2009). Segundo, se requiere superar visiones regulatorias y normativas sobre informalidad en dos sentidos: incorporar el hecho de que los límites no son fijos, sino cambiantes; además, se debe pasar de un discurso sobre la ausencia del Estado como condición de surgimiento de la informalidad, a reconocer tanto los múltiples modos de definir lo formal/informal de parte de actores estatales y no estatales (Nogueira, 2019), como el papel de los aparatos legales y de planificación en la generación y reproducción de configuraciones de la informalidad (Roy, 2009). Tercer argumento, el nivel de las prácticas y vida cotidiana adquiere cada vez más relevancia, tomado como elemento constitutivo de la heterogeneidad de la informalidad (Crossa, 2016, 2018; Goldstein, 2016; Moctezuma, 2022).

Distintos estudios han problematizado el carácter móvil, temporal y espacial de las prácticas del comercio de calle. El comercio de calle o ambulante es un “ámbito de socialización y esparcimiento que constituye la experiencia significativa del lugar” (Moctezuma, 2021, p.337). Las prácticas y rutinas cotidianas de los comerciantes configuran formas de autorregulación (Castillo et al., 2020) y establecen “normas desde abajo” (Recio, 2021), en el marco de conflictos por el uso del espacio público (Ojeda & Pino, 2019). Los comerciantes, agentes públicos y transeúntes coproducen el espacio público como espacio transitorio (Flock & Breitung, 2016), donde se vinculan ritmos de corta y larga duración, excepción y estabilidad (Sun, 2021). Adicionalmente, destacan las relaciones asimétricas de poder en la configuración de elementos espacio-temporales del comercio y sus ritmos cotidianos (Gibert-Flutre, 2022). Estas condiciones configuran una regulación por ambigüedad del comercio de calle, la cual influye en las dinámicas sociotemporales de manejo de incertidumbre de los comerciantes (Tucker, 2017). Entre las expresiones de esta “ambigüedad” están las temporalidades materiales del comercio de calle, elemento fundamental para la producción del espacio público y relaciones de poder (Moatasim, 2019).

Las políticas y acciones de control del Estado sobre el espacio público no siguen pautas coherentes, únicas e institucionalizadas. Además, sus formas de operar se sostienen en arreglos arbitrarios, ambivalentes y opacos (Crossa, 2020; Gibert-Flutre, 2022; Lindell et al., 2019; Moctezuma, 2022; Roever & Skinner, 2016; Tucker, 2017; Tucker & Devlin, 2019; Xue & Huang, 2015). Los agentes públicos no son poderes disciplinarios o regulatorios únicos; “también se sustentan a través de sustratos de reparación improvisados, compensación, acuerdos extraoficiales y entendimientos tácitos” (Simone & Pieterse, 2017, p.15), y en un entramado de relaciones de negociación.

Para abordar estos temas, proponemos que las prácticas de regulación socioespacial configuran “espacios temporalizados” (Lefebvre, 2004) del comercio de calle. Esta decisión se sustenta, en primer lugar, en la necesidad de ir más allá de miradas estáticas y estructurales para centrarse en las prácticas, la vida cotidiana y los vínculos heterogéneos en la producción del espacio urbano (Crossa, 2020; Gibert-Flutre, 2022; Recio, 2021). Los tiempos “tienen ritmos, o más bien son ritmos – y todos los ritmos implican una relación de un tiempo a un espacio, un tiempo localizado, o, si se prefiere, un espacio temporalizado” (Lefebvre, 2004, p. 54). Los espacios temporalizados expresan relaciones asimétricas de poder, resultado de los arreglos institucionales, ritmos cotidianos y formas de habitar. En segundo lugar, no es posible pensar las condiciones de reproducción y excepcionalidad en la vida cotidiana sin asumir la importancia de los esquemas de acción y estructuras de oportunidad en las acciones de los comerciantes y agentes de seguridad. Los espacios temporalizados refieren también a la capacidad de organización colectiva e individual de los comerciantes, a los usuarios y sus representaciones, y a los arreglos institucionales. En este artículo abordamos la dimensión de las prácticas de regulación, y nos preguntamos: ¿cómo operan, desde el gobierno subnacional, estas formas de regulación cotidiana del comercio de calle? Estas acciones redefinen la espacialidad y movilidad de los comerciantes de calle, así como las condiciones de su propio oficio; y, por lo tanto, redefinen también los espacios temporalizados del comercio de calle, caracterizados por la discrecionalidad e incertidumbre.

Registro de observaciones en una centralidad comercial metropolitana

El caso de estudio es una de las principales centralidades metropolitanas comerciales ubicada en el centro histórico de Lima (Figuras 1 y 3) (Vega Centeno et al., 2019). Esta centralidad se ha formado en un tejido urbano cuyas principales referencias para los habitantes de la ciudad son el edificio del Mercado Central (mercado de abastos) y la galería comercial Mesa Redonda (una de las principales galerías en el área). Similar a otras ciudades de América Latina (Carrión & Dammert-Guardia, 2013; Coulomb et al., 2012; Delgadillo, 2005; Moctezuma, 2021), el área central original de Lima concentra diversidad de usos, funciones comerciales y residenciales (Dammert Guardia, 2018). Uno de sus rasgos más importantes es el carácter comercial de escala metropolitana. En el área de estudio, identificada en la Figura 1 como Cercado, se concentran actividades de comercio al por mayor y menor, y es lugar de compra de pequeños comerciantes provenientes de distintas partes de la ciudad y del país. Esta situación se expresa en su importancia económica –llega a generar ventas por 20 millones de dólares en un día de campaña–, su nivel de atracción, con promedios de 200 mil personas por día, y de generación de empleo, con 60 mil puestos de venta y una población flotante de comerciantes de calle (con y sin permisos municipales). En esta centralidad comercial conviven predios y edificios adaptados para servir de galerías y puestos de venta, así como comerciantes de calle que intentan beneficiarse de la aglomeración de personas (Figura 2).

figura 1
Densidad comercial – Área metropolitana de Lima
Vega Centeno et al. (2019)

El trabajo de campo se realizó entre enero del 2020 y diciembre del 2021, con una pausa intermedia por las políticas de salud y distanciamiento social debidas a la pandemia Covid-19. En el Perú, las políticas de inamovilidad y distanciamiento social –control de personas en las áreas públicas, cierre de espacios comerciales, medidas de seguridad– por la pandemia tuvieron una larga duración. Esto se tradujo en una disminución de las actividades de comercio de calle durante la primera mitad del 2020. Los impactos económicos –pérdida de ingresos y empleo– motivaron la apertura de mayores puestos comerciales en el área de estudio, no exentos de presentarse en la esfera pública como un desborde de informalidad e incapacidad de gobierno. Durante el periodo 2020-2021, el gobierno metropolitano –acompañado en momentos por las fuerzas armadas, y luego solo por la policía– realizó campañas para disminuir las posibilidades de contagio y controlar el comercio de calle, e intentó –sin éxito– establecer políticas de reubicación, atendiendo a que la actividad comercial en esta área opera en calles angostas, con alta densidad de usuarios que dificultan la movilidad (Figuras 2, 3 y 4).

figura 2
Calles de la centralidad comercial
Proyecto “La dimensión social de las centralidades en las metrópolis de América Latina”

El trabajo de campo se concentró en la siguiente área: se utilizaron las avenidas Abancay, Nicolás de Piérola y Miguel Grau como marcadores de cambio de la densidad comercial; en la parte superior se delimitó por la proximidad del río Rímac y el cambio de la densidad comercial; en el lado derecho del mapa se delimitó a partir del incremento de la densidad residencial. La relevancia de estos límites se confirmó durante el trabajo de campo (Figura 3).

figura 3
Área de estudio: Mercado Central y Mesa Redonda
Proyecto “La dimensión social…”

El trabajo de investigación forma parte de un proyecto de mayor extensión de análisis comparativo del espacio habitado en las principales centralidades metropolitanas. El recojo de información siguió los estándares de la observación participante y entrevistas en terreno con actores relevantes. La estrategia metodológica general (Dammert-Guardia & Vega Centeno, 2023) tuvo tres características. Primero, se sitúa en las propuestas de etnografía urbana centradas en las prácticas cotidianas (Magnani et al., 2023), con los recorridos urbanos como estrategia, un trabajo de campo intensivo en tiempo y la participación de un equipo multidisciplinario de investigadores, buscando aprovechar la sinergia de percepciones de arquitectos y científicos sociales (Müllauer-Seichter, 2020).¹ La aproximación permitió situar y seguir a los actores en sus desplazamientos, las dinámicas de interacción regulares y esporádicas, así como su distribución espacial. Es decir, resultó útil para el estudio de la dimensión cotidiana de prácticas sociales y espaciales, lo cual es el objetivo de este artículo.

La aproximación colectiva al trabajo de campo ha recibido cada vez mayor discusión en los debates sobre metodología cualitativa (Jarzabkowski et al., 2015; Jirón & Imilan, 2016; May & Pattillo-McCoy, 2000). El trabajo colectivo permite –a través de reuniones recurrentes de discusión de hallazgos– tomar decisiones sobre qué aspectos priorizar, cómo distribuir el tiempo de las observaciones y determinar qué datos e información no conocemos, y el surgimiento de nuevas preguntas de investigación y exploración. Durante el trabajo de campo se mantuvo una constante redefinición de las pautas de trabajo, con el objetivo de establecer distintos alcances, horarios y actores como parte del ejercicio de investigación. El trabajo de campo abarcó horarios y días de semana, así como lugares de observación: se cubrieron horarios desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, con un promedio de tres horas por visita de observación.

Segundo, se propuso establecer un diálogo entre el levantamiento de información de corte urbanístico (centrado en la atención a las materialidades, magnitudes, cortes de vía, esquemas o dibujos) y aquella proveniente de trabajo de campo etnográfico (Müllauer-Seichter, 2020). Como herramientas específicas, se utilizó la observación fotográfica, dibujos, elaboración de cartografía, entrevistas no estructuradas. Todas ellas se organizaron a través de 110 relatos etnográficos, que se utilizan en el artículo, y son el material base de nuestro análisis. Las características de las entrevistas y selección de entrevistados fueron definidas durante el trabajo de campo y en reuniones grupales, siguen una selección intencional, y son no estructuradas. Se debe recalcar que no hemos realizado una investigación orientada a través de entrevistas, sino del registro etnográfico de recorridos urbanos.

Tercero, se tomaron las siguientes decisiones de codificación (Rubin, 2021; Saldaña, 2016). En primer lugar, los relatos y material cualitativo se sistematizaron y analizaron a través de un sistema de codificación en dos momentos: primero, se elaboraron códigos descriptivos y analíticos, así como memos sobre las categorías. Posteriormente, en el software Atlas.Ti, se realizó la codificación del material, y revisión del material codificado. El equipo de investigación revisó y discutió los códigos. De esta manera, se utilizó un análisis de temas emergentes, para lo cual se elaboró una matriz de ocho familias temáticas y 56 códigos específicos. El material en este artículo proviene de este trabajo de campo y del análisis de los relatos elaborados por el equipo de investigación.

“Formalización” y tolerancia

El área de estudio es una centralidad metropolitana de alta diversidad y concentración de actividades (Vega Centeno et al., 2019). Históricamente en este espacio coexistieron residencias, mercado de abastos y actividades comerciales. Pese al crecimiento de la ciudad, el área mantuvo su importancia, y desde mediados del siglo XX se incrementó el número de comerciantes de calle en los alrededores del predio del Mercado Central, pero también en otras partes del distrito de Cercado de Lima (Cosamalón, 2018). En Lima, la relación entre comercio y Estado se caracteriza por una negociación cotidiana, por la opacidad en los procesos de definición de lo legal e ilegal, y por la importancia de las coyunturas para definir el nivel de rigidez del comportamiento estatal (Aliaga, 2018; Cosamalón, 2018). Las definiciones de la informalidad en el comercio de calle desde el Estado y –sobre todo– al trasladar las competencias de regulación del espacio público a los gobiernos locales, se manifiestan en Lima como un modelo legalista, que separa constantemente las dimensiones de actividad económica y las de uso del espacio público (Aliaga, 2018).

Las acciones de desalojo y control del espacio público han estado acompañadas de políticas de reubicación y formalización de comerciantes, junto con la tolerancia de la ocupación de la calle por el comercio. Esta situación fluctuante se ha explicado principalmente desde las lógicas políticas, clientelares o de gestión (Holland & Hummel, 2022), donde destacan políticas de tolerancia frente a la informalidad (Holland, 2017), además de lógicas de interés y articulación clientelar y electoral (Hummel, 2017).

En Lima las autoridades han promovido –en distintos momentos– políticas de formalización y reubicación del comercio informal, que otorgan a los comerciantes de calle la posibilidad de acceder a permisos o licencias para seguir trabajando en la calle o acceder a un espacio dentro de una feria o galería. Esto establece una estructura de oportunidades, que genera una expectativa a mediano y largo plazo, lo que implica un tipo de relación con el Estado. Pero requiere “aguantar, esperar, sacrificar, negociar”. Los comerciantes deben maniobrar con una estructura de oportunidades y contextos que no se definen por la ausencia del Estado, sino por la flexibilidad de funcionamiento de las reglas de coordinación social.

En un país donde alrededor de tres de cada cuatro trabajadores ocupados tenían un empleo informal el 2021 (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2022) y 40,9% de toda la población ocupada era de trabajadores independientes (INEI, 2018), ya en el 2017 destacaba cómo 8,9% de la población ocupada desempeñaba su actividad como ambulante, en puestos improvisados en la vía pública o mercado, o puestos fijos en la vía pública (INEI, 2018). El comercio de calle es una actividad económica recurrente, estructural y heterogénea. Sus diferencias internas (Aliaga, 2018; Crossa, 2018) destacan por el tamaño, tipo de rubro y productos, nivel de capacidad de ocupar el espacio, reconocimiento legal de determinados comercios como actividad económica y/o de permiso de uso del espacio público. En el caso de estudio coexisten estos tipos. No solo se trata de la diferencia entre “galerías y calle”, sino que la calle misma constituye un espacio heterogéneo de actividades, como se desprende de los testimonios recogidos, y donde la formalización y tolerancia es un marco de referencia y estructura de oportunidades fundamental para los comerciantes. Tres viñetas biográficas de comerciantes dan cuenta de estas características, en las que destacan los múltiples rubros a los que se han dedicado.

Inés ha ejercido el comercio desde hace más de treinta años (inicios de 1990) y obtuvo una licencia municipal a fines de los noventa. Durante este tiempo, se ha dedicado a distintos rubros, dependiendo de las temporadas del año, fechas festivas y hasta cambios en las oportunidades de negocio que le permite el comprar al por mayor algún producto y luego revenderlo por unidad. Pero la actividad principal ha sido la venta de alimentos a los transeúntes y trabajadores de la zona, sobre todo desde fines de los noventa. Durante el gobierno municipal de Andrade (1995-2002) se implementaron acciones de desalojo y reubicación del comercio ambulante bajo el lema de “recuperar el Centro Histórico” y “recuperar el espacio público”. Uno de los programas le permitió a Inés contar con un puesto fijo otorgado luego de un sorteo entre las personas inscritas en dicho programa; en este sentido, contar con autorización municipal para sus actividades le otorga cierto nivel de certidumbre sobre la realización de sus actividades diarias. Logró convertirse en una vendedora “formal”, aunque siga alternando su venta permitida con otro tipos de venta a lo largo del año.

Mario, como Inés, también inició sus actividades como comerciante de calle sin permisos y logró modificar su situación años después. Sin embargo, a diferencia de Inés, el cambio de Mario fue aún mayor: logró inscribirse en un programa de reubicación en la década de los noventa, por el cual distintos comerciantes (con o sin licencia para trabajar en la calle) pudieron conformar una cooperativa y ocupar un terreno donde hoy funciona una galería con más de mil comerciantes. En la actualidad, Mario posee varios stands –pequeños espacios de 2,5 m2 ubicados en una galería–, uno de los cuales utiliza para sus ventas, mientras alquila los otros a comerciantes interesados.

figura 4
Mesa Redonda (2022)
Proyecto “La dimensión social…”. (Fotografía: José Gonzalo Meza, 2023)

La situación de Juana presenta una alta incertidumbre sobre las labores que realiza. Hace una década, Juana empezó vendiendo vasos de chicha (bebida de maíz) con la única inversión que contaba en ese momento: un balde y vasos de plástico, los cuales trasladaba durante dos horas temprano en la mañana desde su casa hasta el Mercado Central. La capacidad de realizar un pequeño ahorro le permitió empezar a vender almuerzos en táperes, entre 25 a 30 unidades al día. Comparte este negocio con sus dos hermanas, con quienes prepara los alimentos cada día y luego cada una se sitúa en una calle específica para venderlos. Esta separación no significa que ella pueda quedarse quieta vendiendo, sino que tiene que estar desplazándose constantemente por la calle para evitar a los agentes públicos, así como negociando la copresencia con otros vendedores.

Ayer estuvieron a punto de agarrarla, se resbaló y casi se cae, pero no pudieron quitarle su mercadería porque le ayudaron a jalar su coche y esconderse al fondo de la galería. Por eso ella cree que el lugar en el que está ahora es el más seguro, porque ante la eventualidad de una batida [decomiso] puede escabullirse por la galería y ser ayudada por quienes allí trabajan. De todos modos, la situación de un posible enfrentamiento siempre le da muchos nervios. Ayer se quedó mal por eso, porque recién llegaba y tenía el coche lleno y casi se lo quitan. Hay que sufrirla mucho, no es solo venir y pararse aquí, dice. A veces la botan y debe irse a la vuelta, vienen por aquí [los fiscalizadores] y debe irse, a veces tiene que andar mucho. Ya tiene casi cuatro años vendiendo comida, pero dice que probablemente cambie de rubro porque mucha mercadería le quitan los cascos, es decir los fiscalizadores. Hasta ahora le han decomisado dos veces su mercadería, y para mala suerte, en ambas oportunidades ella recién llegaba con las porciones de almuerzo. También las dos veces le han lastimado los brazos por defenderse. Ha gritado e intentado defenderse, pero a las finales perdió todo. Por eso está evaluando, quizás, vender otra cosa. (Relato de trabajo de campo, febrero de 2020)

En la trayectoria de los comerciantes, la formalidad está asociada con una estrategia y aspiración para disminuir la incertidumbre de posibles decomisos de mercaderías por la autoridad. No obstante, la condición de formal puede adoptar figuras variadas, una de las cuales es mantenerse en la calle, al igual que la reubicación; y más que una elección de los comerciantes, se trata de aprovechar las oportunidades ofrecidas cada cierto tiempo por la autoridad municipal, en sus cambiantes acciones para enfrentar la informalidad. En otras palabras, la formalización y las políticas de tolerancia modelan la experiencia y acción de los comerciantes al establecer las condiciones estructurales e institucionales.

Las prácticas de regulación del espacio público

Las políticas estatales de regulación del comercio de calle se suelen presentar bajo tres modalidades: reubicación, formalización y desalojo. Estos tipos pueden coexistir en el tiempo, o alguno puede predominar, dependiendo de los contextos de implementación. De manera complementaria a los análisis sobre ese tipo de políticas y acciones, en este artículo discutimos cómo las prácticas cotidianas de regulación de los agentes públicos establecen espacios temporalizados para el comercio de calle. Es decir, otorgamos especial atención a cómo operan a nivel cotidiano las múltiples formas de regulación estatal.

En el texto utilizamos las categorías de “agentes de seguridad pública” y “comerciantes de calle” para referirnos a grupos que son heterogéneos internamente. Previamente describimos esa heterogeneidad de los comerciantes de calle; ahora es necesario describir brevemente a los agentes de seguridad. En líneas generales, los agentes de seguridad se dividen en dos grupos de actores: la policía es la institución a cargo del orden público interno, con capacidad de intervención, uso de armas y otras competencias exclusivas; a ella se agregan los agentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La presencia policial es esporádica, y está asociada a operativos de control o puestos específicos de control, o a momentos de mayor necesidad de resguardo, como sucedió en el primer año de la pandemia, cuando las políticas de distanciamiento social fueron más restrictivas. Los agentes de seguridad con mayor presencia cotidiana son los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que se diferencian por sus funciones específicas, por el color de sus chalecos, y por el tipo de “vínculo” que construyen con los comerciantes. En un extremo de este grupo están los trabajadores de gerencias de fiscalización, desarrollo económico, riesgo y desastres. En el otro, los serenazgos (policías municipales sin uso de armas letales) y su subsección de robocops, que pertenecen a la unidad de operaciones especiales, y son los usuales encargados de realizar actividades de decomiso de mercadería e intervención a los comerciantes.

Los puestos que ocupan estos funcionarios de la municipalidad a “nivel de calle” son de bajo estatus y bajo reconocimiento dentro de la estructura administrativa. Además, en forma similar a otros casos, quienes los ejercen cuentan con bajo nivel de profesionalización y capacitación, lo cual se traduce en insuficiente conocimiento de las normativas, “por lo que la aplicación es a menudo ad hoc” (Bromley, 2000, p. 20).La discrecionalidad de los “funcionarios de calle” ha sido ampliamente discutida en las ciencias sociales, y existe un relativo consenso en que las condiciones laborales e institucionales influyen en las variaciones de las funciones de calle (Peeters & Campos, 2022), así como en los rasgos contextuales y el tipo de interacción que establecen con los grupos a los que se dirige su acción. Como se ha señalado, en este artículo mostramos cómo la discrecionalidad o ambigüedad en las prácticas cotidianas de regulación establecen espacios temporalizados del comercio de calle. Es decir, cómo configuran los espacios y tiempos del comercio de calle, y favorecen la reproducción de sus condiciones de precariedad. A continuación, se describen estas prácticas.

Acciones de decomiso

Las acciones con mayor visibilidad son las intervenciones de los agentes de fiscalización y de operaciones especiales con fines de decomisar la mercadería de los comerciantes, tal como se describió al inicio del artículo (Figura 5). A primera vista, las acciones irrumpen en los eventos cotidianos de la centralidad. Sin embargo, su repetición en el tiempo constituye una constante advertencia para los comerciantes y configura su apropiación del espacio, aunque las condiciones en que sucede sean arbitrarias.

[En una de las intersecciones más concurridas, en el cruce de jirón Puno y jirón Andahuaylas, al iniciar la tarde] Ocho trabajadores de fiscalización de la Municipalidad vestidos de negro están invitando –con gestos, uso de megáfonos, y su sola presencia– a los comerciantes para que se retiren del espacio, que no se detengan. En su mayoría, los comerciantes presentes acatan las órdenes y empiezan a circular, a moverse. Pero algunos deciden no moverse, como es el caso de dos vendedores de ropa. No son los únicos, pero los agentes de fiscalización y seguridad proceden a coger los productos de esos dos vendedores. Esto genera una reacción inmediata de los transeúntes y otros comerciantes, quienes se detienen como espectadores y comentaristas de la situación. Los vendedores intentan recuperar sus productos de manos de los agentes de seguridad, pero no lo logran. Solo alcanzan a gritar: Te crees pendejo, ¿no? concha de tu madre, ya te cagaste, desgraciados de mierda. Los agentes públicos siguen rápidamente su recorrido, y unos minutos después la calle se llena nuevamente de comerciantes. (Relato de trabajo de campo, octubre de 2021)

figura 5
Personas aglomeradas observando el decomiso de mercadería
Proyecto (Fotografía: Idao García) (octubre, 2021)

Las acciones de decomiso no ocurren en un lienzo vacío, sino que forman parte de un entramado de arreglos y decisiones cotidianas. La presencia de estos agentes de seguridad y la posibilidad de decomisos expresan y configuran formas de coordinación social.

[En la puerta de una de las principales galerías, ubicada en la avenida Abancay, límite del área de comercio de calle, al terminar la tarde] El guardia de seguridad de la galería grita en plena calle ¡Cascos en Abancay! ¡Estoy avisando, cascos en Abancay!, frases que repite y repite en distintas direcciones. Los vendedores de la calle recogen rápidamente los plásticos y los coches que utilizan para mostrar su mercadería y empiezan a dirigirse de manera desordenada en dirección a la esquina. El guardia continúa gritando: Yo estoy avisando, nadie se va a meter aquí, estoy avisando con tiempo por eso. Pasan entre cinco y diez minutos y, al no existir presencia de los fiscalizadores o “cascos”, los comerciantes retoman su lugar habitual. ¿Siguen los decomisos de los cascos?, se le pregunta al guardia; quien responde: No, los corretean nomás, ya no hay tanta retención… (Relato de trabajo de campo, noviembre de 2021)

Estas acciones operan bajo dinámicas de negociación, no solo entre comerciantes de calle y funcionarios públicos, sino con las distintas alianzas y competencias momentáneas y frágiles que se establecen en este espacio. Dos situaciones ayudan a comprender estas dinámicas de breves colaboraciones entre los actores.

[En una calle donde coexisten galerías, comerciantes y también restaurantes, al mediodía] Vendedores de galerías ayudan a los ambulantes a esconderse. Una señora de edad avanzada vende textos y folletos de lectura para niños en un plástico que coloca sobre el suelo. Aparecen los agentes de seguridad y los comerciantes de calle empiezan a levantar sus cosas e irse del espacio. La señora quiso tomar el plástico, pero su desesperación no le permitió hacerlo correctamente, por lo que se le cayó todo. Ella quería meterlo en el chifa [restaurante] que estaba delante suyo. Una trabajadora del restaurante salió para ayudar a la señora, y le permitió esconderse mientras los fiscalizadores se trasladaban en la calle. (Relato de trabajo de campo, enero de 2020).

[En el jirón Huallaga ocurre una situación que llama la atención de todas las personas, un día de semana, al finalizar la tarde] Los fiscalizadores y agentes de seguridad, en una de sus rutinas de decomisos, habían ingresado a una reconocida tienda de calzados persiguiendo a una vendedora de fundas de lavadora. No se habían percatado de que ella era mamá y estaba con su pequeño hijo, quien aguardaba en su coche. El niño, asustado con la escena, empezó a gritar. Ante eso, los vendedores de la tienda los protegieron e impidieron que los agentes de seguridad ingresaran al local. (Relato de trabajo de campo, febrero de 2020)

Registro fotográfico y pedido de “salir del espacio”

No todas las acciones de los agentes públicos tienen por objetivo decomisar la mercadería o generar una situación potencialmente conflictiva y violenta. Por el contrario, otras acciones buscan retirar a comerciantes de algunas áreas o de un polígono específico, usualmente solicitando que “salgan” de la centralidad y se vayan más allá de las avenidas Abancay o Grau (los límites de la Figura 3), que operan como fronteras espaciales de la centralidad. Las siguientes descripciones, recurrentes durante el trabajo de campo, refieren a la manera en que los agentes de seguridad deciden a qué comerciante intervenir y solicitarle su retiro del espacio, sin que eso garantice que luego no pueda retornar o que el resto de los comerciantes de calle desaparezca.

Una fiscalizadora de la municipalidad se acerca rápidamente a una comerciante ambulante, quien tiene un soporte de madera que le sirve como mesa para poner sus dulces de maní, y con la cámara en mano empieza a pedirle que se retire: avanza, no te detengas. La comerciante “es acompañada” hasta la esquina de la avenida Abancay y cruza la avenida en dirección opuesta al Mercado Central. La fiscalizadora espera un momento que la comerciante no regrese de vuelta al mercado central, donde repetirá la misma acción varias veces durante su jornada de trabajo. (Relato de trabajo de campo).

Dos fiscalizadoras, identificadas con sus chalecos celestes, están expulsando a un comerciante que arrastra una maleta de ruedas que le sirve de soporte para mostrar la mercadería. Una de ellas le indica la salida hacia la avenida Abancay y lo sigue en su camino. Mientras él camina, una de las fiscalizadoras le toma una fotografía. Una de las dos acompaña al comerciante, mientras la otra va a iniciar un recorrido hacia las calles más transitadas de la centralidad. En su ruta, por ejemplo, se cruza con ambulantes, vendedores de caramelos y personas que venden frutas o alimentos desde las puertas de los predios. En ninguno de estos casos interviene ni realiza alguna acción. Pero, al poco tiempo, se encuentra con un vendedor de algodón de azúcar, y se repite el mismo procedimiento de expulsión, fotografía, y llamados de atención.

En otra de las calles principales de la centralidad se han empezado a ubicar vendedoras de comida, utilizando triciclos. Las vendedoras empiezan a moverse cuando aparece un fiscalizador. Un fiscalizador –un “chaleco”– se acerca a las vendedoras y da indicaciones. Ellas, sin reclamar, empujan sus carritos y se desplazan hacia Nicolás de Piérola. Mientras caminan, el fiscalizador saca su celular y les toma fotografías. Las vendedoras avanzan alrededor de 30 metros a la acera del frente y nuevamente detienen el triciclo para continuar con sus ventas. (Relato de trabajo de campo)

“Muévanse”: el desplazamiento como demanda del actor público

Las actividades de los agentes municipales están directamente vinculadas con los desplazamientos cotidianos. Un aspecto fundamental de las disputas entre comerciantes de calle y agentes de seguridad pública es la relación entre la estabilidad o la permanencia en el espacio de los primeros, y la adecuada movilidad de las personas que allí circulan (Figura 6). Esto se expresa con claridad en las situaciones donde lo más importante es la continuidad de la circulación de personas. “Avancemos, por favor avancemos”, “hay que despejar la zona señores, no se aglomeren”, “por favor, seguir avanzando, seguir avanzando”, son frases que se escuchan de manera recurrente en la centralidad.

[En una de las calles más importantes de la centralidad (Andahuaylas), al iniciar la tarde] En plena tarde, en una de las principales calles se escucha el grito de una fiscalizadora ¡Avancen!, dirigiéndose a unas señoras que vendían mascarillas mientras caminaban. Sin empujarlas, pero detrás de ellas y gritando, esta agente se encargaba de acelerar el paso de las vendedoras, buscando limitar las posibilidades de congestión. Alrededor se encontraban otras vendedoras, pero esta fiscalizadora concentró su atención en una sola de ellas. (Relato de trabajo de campo, octubre de 2021).

figura 6
Jirones Andahuaylas y Miró Quesada
Proyecto (Fotografía: Omar Correa)

[En la angosta intersección de Andahuaylas con Cusco, al iniciar la tarde] En otra calle, ahora es un casco [agente de seguridad con implementos de seguridad personal] quien se acerca a una vendedora e inicia un conflicto repetido en la centralidad. La vendedora, una señora de entre sesenta y setenta años, había instalado unas cajas en la pista, sobre las cuales vendía unas calabazas de plástico. El casco se acerca e indica que debe moverse. La señora responde molesta e inician una confrontación en voz alta: “Cómo no vas a dejar trabajar, oye”, reclama ella. La señora finalmente accede a mover las cajas y productos más cerca de la vereda, y el casco se retira. Unos minutos después, regresan a instalarse dos vendedores junto a la señora, que sí habían logrado moverse antes de que el agente de seguridad los identificara. (Relato de trabajo de campo, octubre de 2021)

Las solicitudes de no detenerse, de mantener el movimiento, no solo se expresan en los reclamos de funcionarios públicos o en los afiches informativos colgados en casi la mayoría de las calles de la centralidad, sino en el uso de altoparlantes (Figura 7), que brindan el ruido de fondo de este escenario urbano. Dos fiscalizadores se ubican en una de las intersecciones más transitadas e inician la advertencia a través de un megáfono: “Señores, avancen, está prohibido el comercio informal, eviten la retención de sus mercaderías”. Algunos comerciantes, principalmente aquellos con poca capacidad y uso de material para permanecer en el espacio, empiezan a moverse, dirigiéndose a la siguiente cuadra o a la próxima esquina.

figura 7
Personal de fiscalización de la MML en la Av. Andahuaylas
Proyecto (Fotografía: María del Carmen Jamjachi)

Rejas sobre la calle

Las acciones de los agentes de seguridad no solo implican su presencia física en el espacio, los gestos, palabras e indumentaria y la consecuente reacción por parte de los comerciantes. Dichas intervenciones son reforzadas a través de la implementación de mobiliario portátil, por ejemplo rejas sobre la calle, como una manera de controlar los tipos de movilidad y ritmos urbanos (Figura 8). Las rejas son comunes en los bordes del área delimitada para la observación: operan no solo para establecer fronteras en el tipo de usos, sino también para incidir en las movilidades y presencias de los comerciantes de calle (Figura 9).

En los bordes del área comercial, cerca de la avenida Nicolás de Piérola, se encuentra una de las tantas rejas que limitan esta área y que también están presentes en su interior. La reja, de aproximadamente cinco metros de largo, cubre el largo de la pista, dejando solo un espacio de tránsito por la vereda. La reja opera como un puesto temporal de seguridad y en torno a ella se aglomeran distintos agentes de seguridad, como los encargados de gestión de riesgos, de fiscalización y de desarrollo económico. Ellos se diferencian por las competencias que poseen, y se identifican con diferentes colores de los chalecos y equipos de que disponen. Por ejemplo, los de desarrollo económico poseen varas de madera, que son utilizadas para medir la altura de las carretillas movilizadas por los estibadores que se encargan de trasladar mercancías por todos los espacios de la centralidad (Relato de trabajo de campo). En esta ocasión la reja se encontraba resguardada por los trabajadores de desarrollo económico, mientras que en los extremos laterales de esta se ubicaban en mayor medida los trabajadores de gestión de riesgos y desastres y los de fiscalización. Asimismo, las áreas laterales tenían la particularidad de recibir la sombra que se proyectaba desde los árboles y las construcciones. (Relato de trabajo de campo)

figura 8
Ambulantes moviendo sus productos ante la presencia de personal de fiscalización
Proyecto (Fotografía: Idao García) (noviembre, 2021)

figura 9
Rejas y personal municipal en el cruce del jirón Ayacucho con el jirón Puno
Proyecto (Fotografía: Idao García) (noviembre, 2021)

Cierre y discusión

La relación entre los comerciantes de calle y agentes públicos responsables de la gestión son complejas. Junto con los discursos municipales de recuperación del espacio público mediante la expulsión del comercio informal que invade las calles, en las acciones concretas el conflicto abierto ocurre esporádicamente y en intervenciones puntuales.

Las acciones que culminan con el decomiso de mercadería constituyen una amenaza real con la que todo comerciante de calle aprende a convivir y negociar, a menos que consiga algún tipo de protección legal o a través de acuerdos tácitos con las autoridades, que tampoco suponen necesariamente el abandono de la calle. Por ello, al advertir la presencia de los agentes de operativos especiales, inmediatamente los comerciantes recogen su mercadería y salen de la calle que ocupaban, para volver a ocuparla apenas son informados de que los agentes se han retirado. Ante la amenaza del decomiso, los comerciantes reciben el apoyo y protección de los trabajadores de tiendas, que incluso les permiten esconderse en las galerías privadas mientras los agentes municipales se encuentran en operativos punitivos, o del público que establece condiciones de reproche y tensión ante la acción de los agentes de seguridad.

Una acción más frecuente de los agentes es “invitar” a los comerciantes a desplazarse fuera del perímetro de mayor presencia de comercio. Esta acción ocurre puntualmente y con altos niveles de discreción u opacidad, donde el comerciante afectado acepta a regañadientes su salida transitoria o negocia para simplemente continuar su actividad en una calle aledaña. Este tipo de acciones en ocasiones se ve reforzado con implementos como rejas portátiles, para controlar el paso de los comerciantes. Lo paradójico es que con estas acciones de control es el agente público el que promueve obstáculos al transeúnte que quiere circular libremente por las calles.

En suma, la fiscalización y control de parte de la Municipalidad forma parte del paisaje cotidiano de la centralidad comercial, donde, con acciones de tipo performativo, tratan de recordar un principio de autoridad en el que el comercio informal de calle representa la principal amenaza al orden en el espacio público. No obstante, existen copresencias entre estos actores en principio antinómicos que forman parte del espacio social de las calles, las cuales varían en el espacio y en el tiempo.

Lejos de configurar un escenario de desorden o desgobierno, el comercio de calle en la centralidad se organiza en torno a arreglos, definidos como espacios temporalizados. En este artículo describimos cómo el Estado, a través de un conjunto de prácticas heterogéneas y opacas de los actores públicos, participa en la producción de estos espacios temporalizados, aunque ello no implique que dichos actores sean los únicos relevantes. Retomando el llamado de distintos autores (Crossa, 2020; Simone & Pieterse, 2017), en este artículo nos situamos en lo cotidiano y los espacios temporalizados.

Las políticas frente al comercio de calle se caracterizan no solo por la tolerancia (Holland, 2017), sino por buscar establecer una serie de reglas y expectativas. En forma similar a otros estudios (Crossa, 2020; Gibert-Flutre, 2022; Moctezuma, 2021; Ojeda & Pino, 2019; Palacios, 2016; Recio, 2021; Schindler, 2016; Tucker, 2017), en este artículo mostramos que el Estado, a través de los actores que lo representan en la calle, actúa de maneras heterogéneas, utilizando criterios ambiguos y arbitrarios de manera cotidiana. Esto opera, tal como señala Tucker (2017), como un tipo de regulación por ambigüedad. Además, se destacan las múltiples estrategias espaciales y sociales que forman “parte de un programa político y económico más amplio que busca reelaborar tantos los espacios de venta de calle como a los sujetos” (Lindell et al., 2019). Se destacan los complejos arreglos socioespaciales que configuran las actividades, vida cotidiana y ritmos en el área de estudio.

Dichos arreglos demuestran una política concreta de parte de las autoridades públicas con el comercio informal de la calle, pese a que –en principio– el objetivo sería la erradicación de estas actividades en los espacios públicos de esta centralidad. Las prácticas de regulación cotidiana no solo expresan discrecionalidad o ambigüedad, sino que configuran los tiempos y espacios del comercio de calle. Lo que está en juego, en estos espacios temporalizados, son las disputas por influir y determinar los ritmos y capacidades de apropiación espacial. En este artículo discutimos una arista importante, pero que requiere ser complementada con las contradictorias y constantes estrategias que adoptan tanto los comerciantes como los usuarios de estos espacios.

Agradecimientos

Este proyecto forma parte del ID-709 financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Manuel Dammert desea agradecer a Vicente Moctezuma por los comentarios a una versión previa del documento, y a Patricia Ramírez Kuri por sus comentarios a la presentación de los hallazgos.

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Notas