A lo largo de la última década, ha aumentado en Chile la protesta ciudadana vinculada a problemáticas territoriales (Delamaza, 2019; Fernández, 2018), principalmente en reacción a las externalidades negativas de ciertas actividades extractivistas (minería, acuicultura, agroindustria, entre otras). En general, estas manifestaciones dan cuenta de las visiones contrapuestas en torno al acceso a los espacios públicos y/o recursos de uso común (Fernández, 2018; Svampa, 2019). Conflictividades de esa índole también se observan en las zonas costeras del sur de Chile, en denuncia del efecto acumulativo que ejerce principalmente la salmonicultura sobre el medioambiente costero (Retamal & Pérez, 2021).

A partir de algunos casos de conflictos socioambientales en las costas del sur del país, este artículo analiza formas de colectivización emergente de actores y comunidades locales del seno de Reloncaví y sus alrededores (Región de Los Lagos, Chile), enfatizando en sus causas, formas de actuación y discurso, organización y alianzas. Junto con lo anterior, destacamos la emergencia de un nivel diferente de análisis en las actuaciones colectivas al interior de los conflictos socioambientales tratados, relacionada con la configuración de sensibilidades territoriales.

Para lo anterior, se efectuó un registro de los episodios ambientales ocurridos en el seno de Reloncaví y su entorno cercano desde los meses posteriores a la revuelta social en Chile (fines de 2019) hasta mediados de 2022, entre los que destacan escapes y mortandad de salmones, hundimientos de infraestructura industrial, contaminación de astilleros, instalación de pisciculturas, vertimiento de residuos contaminantes (petróleo, alimento de salmón), junto a otros. En su mayoría los casos están relacionados con la industria del salmón, y constituyen un factor preponderante en las distintas controversias acaecidas en las costas australes del país.

Al menos tres de estos episodios pueden ser catalogados como conflictos socioambientales, ya que implican: a) una disputa por el acceso y control de bienes públicos naturales, b) donde los actores enfrentados presentan intereses y valores divergentes con relación a su uso, c) en un contexto de notoria asimetría de poder (Svampa, 2019). Los casos que cumplen con tales rasgos son: “Unión por la Defensa de las Aguas y las Tierras de Codihué”, “Carretera Austral Sin Salmoneras” y “Huelmo Sin Salmoneras”. Cada uno será analizado según las siguientes dimensiones: identidad colectiva, formas de organización, repertorios de acción, y sensibilidades territoriales.

Las investigaciones recientes sobre los conflictos socioambientales en Chile revelan que los principales actores de las protestas y movilizaciones están compuestos por comunidades locales, movimientos indígenas y organizaciones ambientalistas. Estos grupos se movilizan en defensa de sus territorios, recursos naturales y derechos sociales en un contexto donde la expansión de proyectos extractivistas, como la minería y las hidroeléctricas, afecta tanto sus medios de vida como su entorno. Esta situación se agrava por la falta de procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el entorno (Allain, 2019; García, 2021). Por tanto, se destaca que los conflictos señalados no son meras reacciones a la degradación ambiental, sino que están profundamente ligados a cuestiones de identidad, cultura, género y derechos humanos (Arriagada et al., 2022; Maillet et al., 2021).

De manera más específica, los estudios en este campo analizan las dinámicas internas y las estrategias políticas empleadas por las organizaciones y comunidades en la conflictividad ambiental, así como su tránsito desde la movilización social a la participación institucional. Un ejemplo de ello es el estudio de Carrasco et al. (2022), que examina las estrategias adoptadas por organizaciones socioambientales para influir en el proceso constituyente. Otras investigaciones se centran en los impactos políticos y sociales de las movilizaciones en contra de las actividades extractivistas. A pesar de que estas acciones han logrado visibilizar sus demandas en la agenda pública, las respuestas del sistema político son a menudo restringidas, resultando en cambios limitados en las políticas públicas, salvo algunas excepciones que han conseguido modificaciones legislativas (Cortez López, 2019; Delamaza et al., 2023; Maillet et al., 2021).

Así, los análisis sobre conflictos socioambientales en Chile se enfocan en los actores movilizados y en el impacto que sus demandas tienen en la institucionalidad. Al respecto, los principales desafíos que enfrentan estas demandas ambientales incluyen la falta de reconocimiento y legitimidad dentro de la estructura política formal, especialmente debido a la resistencia de sectores económicos y políticos que priorizan el desarrollo extractivista (Carrasco et al., 2022). Asimismo, la fragmentación y la diversidad de visiones y enfoques dentro del movimiento ambiental pueden debilitar la capacidad de las organizaciones que lo integran para articular sus demandas de manera coherente y efectiva ante las instituciones (Carrasco et al., 2022; Delamaza et al., 2023).

En este marco, la investigación propuesta aquí pretende contribuir al estudio de las acciones colectivas y los conflictos socioambientales en torno a los cuales se articulan. Para ello, nos situamos en un diálogo entre las teorías de los movimientos y movilizaciones sociales, resaltando sus dimensiones culturales (Jasper, 2016; Melucci, 1999; Paredes, 2013; Polletta & Jasper, 2001). Si bien, en términos analíticos, se emplean algunas categorías tradicionales para analizar la acción colectiva desde los movimientos sociales, la relevancia está dada en los significados que emergen de estas movilizaciones, en particular en relación con las sensibilidades territoriales. Esto permite entender cómo la resistencia a proyectos extractivistas genera fragmentación en el tejido social, dada la coexistencia de detractores de estas iniciativas y de comunidades que las apoyan.

En el amplio espectro de fenómenos políticos colectivos, existen cuatro perspectivas clave: a) teorías de movimientos y movilizaciones sociales, centradas en la acción colectiva; b) teorías de organización y grupos, que estudian la organización de los manifestantes y las grupalidades; c) análisis de los efectos de la movilización y la acción de grupos en la institucionalidad y la agenda pública; y d) enfoques sobre el impacto en la subjetividad individual y colectiva, que exploran las militancias y activismos.

De estas perspectivas, dos destacan en este análisis. Primero, la que examina cómo los modos de organización colectiva, vinculados al enfoque de coaliciones promotoras, impactan en la institucionalidad (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999; Sabatier & Weible, 2007, 2010). Segundo, las perspectivas sobre movimientos y movilizaciones sociales, que se concentran en los repertorios culturales de la acción pública y la identidad colectiva (Melucci, 1999; Polletta & Jasper, 2001; Tarrow, 2004; Tilly, 2006).

El enfoque de coaliciones promotoras se interesa especialmente en el proceso de toma de decisiones en torno a la formulación de políticas públicas (Flores-Mariscal, 2021), donde actores diversos convergen en una arena pública en la que cooperan y confrontan sus posiciones. En este espacio sociopolítico, o subsistema de políticas públicas, los actores forman coaliciones promotoras, grupos que comparten creencias y buscan influir en políticas públicas relacionadas con un problema de interés (Guajardo & Gil-García, 2020). Dichas coaliciones operan en función de una racionalidad limitada (Flores-Mariscal, 2021) y están sujetas a un proceso de aprendizaje (Flores-Mariscal, 2021; Sanjurjo, 2013) que modifica sus sistemas de creencias para alcanzar sus objetivos con mayor eficacia. Entre sus recursos, las coaliciones cuentan con influencia directa sobre autoridades, movilización de la opinión pública, uso estratégico de información para moldear la agenda pública, y apoyo financiero y de liderazgo (Benavides-Lara, 2020).

A diferencia de otras formas de organización más estáticas, las coaliciones promotoras son flexibles y dinámicas, adaptándose a las circunstancias cambiantes a lo largo del proceso político (Benavides-Lara, 2020; Cortez & Maillet, 2018). Este enfoque, como señalan Cortez y Maillet (2018), intenta superar los límites de las teorías de movimientos sociales, que no siempre se orientan a construir agenda política o a convertirse en interlocutores formales para los tomadores de decisiones (Bebbington, 2007). Además, esta perspectiva permite analizar los conflictos socioambientales desde un punto de vista político-institucional, en el que dichos conflictos pueden escalar desde problemas locales hacia la agenda nacional y, eventualmente, convertirse en políticas públicas (Cortez & Maillet, 2018). Hay, sin embargo, una limitación en ella, y es que no siempre considera los procesos internos de colectivización, que incluyen aspectos identitarios y culturales, y que no se reducen a sus efectos en políticas públicas.

En cuanto al estudio de movimientos y movilizaciones, la perspectiva señalada abarca un espacio interdisciplinario que incluye la sociología, la antropología, la geografía y los estudios culturales (Álvarez et al., 2001; Neveu, 2002; Porto Gonçalves, 2001). Su análisis involucra la identidad colectiva, los repertorios de movilización y los marcos organizativos y reivindicativos. Una forma de organizar esta complejidad es privilegiar un enfoque analítico que permita vincular distintos niveles (Jasper, 2016; Paredes, 2013), relacionando las aproximaciones dentro del campo de estudio. Una distinción útil es entre movimientos orientados a la estrategia y movimientos orientados a la identidad (Cohen, 1985).

La perspectiva estratégica pone el énfasis en la organización colectiva, la formulación de causas y la definición de recursos, lo cual constituye el enfoque de movilización de recursos (McCarthy & Zald, 1977). No obstante, una crítica a este enfoque es que suele desatender el papel de la institucionalidad en la movilización. La perspectiva del proceso político (Tarrow, 2004) complementa esta visión al incluir la noción de oportunidades políticas, tanto estructurales como contextuales, que pueden facilitar o dificultar el éxito de una movilización.

Por otro lado, la perspectiva identitaria explora la manera en que se crean las identidades colectivas en el contexto de sociedades en transformación, donde la acción colectiva se construye mediante la identificación y el compromiso con una causa común. Melucci (1999) se interesa en estudiar cómo, en sociedades complejas, los actores colectivos acceden desigualmente a bienes y recursos comunicacionales, creando una identidad colectiva que integra tanto objetivos compartidos como compromisos emocionales. Así, la identidad colectiva no es un punto de partida, sino un proceso construido en la movilización, que incluye metas, compromisos y valores compartidos (Melucci, 1999; Polletta & Jasper, 2001).

Proponemos, por nuestra parte, un concepto amplio de cultura (Paredes, 2013, 2021), en tanto ámbito asociado a la producción práctica y enunciativa de significados y símbolos colectivos. A partir de tal propuesta, nuestro objetivo es rescatar las dimensiones identitarias y estratégicas de los movimientos sociales que constituyen el foco de este estudio. Abordamos tales dimensiones tanto en cuanto ámbito interno del proceso de movilización social, como en los alcances para la institucionalidad de las demandas y reclamos que realiza el actor colectivo a partir de una definición particular de un problema de alcance público (Paredes & Cáceres, 2023). Por ende, planteamos una definición compleja de actor colectivo que no puede asociarse del todo a la identidad de movimiento social, ni limitarse a la disputa externa por una política pública, como lo hace el enfoque de coaliciones promotoras.

Formulamos así la categoría de modos de colectivización emergentes para designar ese espacio procesual e intermedio en que se configuran formas incipientes de acción colectiva que intentan vincular la dimensión interna (organizacional e identitaria) y externa (repertorios, demandas y públicos) de la acción pública de un actor colectivo, a través de los siguientes aspectos:

Identificación colectiva, definida por un doble vínculo procesual, tanto afirmativo hacia el colectivo y su causa, mediante la elaboración de creencias y objetivos compartidos entre sus miembros y simpatizantes, como negativo, definido por su carácter oposicional con otros actores.

Esta investigación se condujo bajo un enfoque cualitativo que combina estudio de caso y observación etnográfica (Canales, 2006; Valles, 1997; Vasilachis de Gialdino, 2013). Con esta ruta metodológica nos acercamos a los esquemas de representación de los sujetos y colectivos investigados, con la finalidad de analizar y comprender el orden de los significados y sus reglas de significación (Canales, 2006).

La investigación toma como área de estudio al sistema socioecológico del seno de Reloncaví y sus inmediaciones, Región de Los Lagos (Figura 1). Es en este lugar donde se desarrollan los tres casos de conflictos socioambientales analizados en la investigación, los cuales comparten algunas situaciones de origen y estrategias de acción, pero también otras características que los diferencian.

figura 1 figura 1 Ubicación de los casos de estudio figura 1 Ubicación de los casos de estudio Elaborado por Javiera Zúñiga R., geógrafa.

La estrategia de obtención de información incluyó las siguientes técnicas:

Registro etnográfico: observaciones y conversaciones durante el trabajo de campo en cada sector y en las acciones colectivas organizadas por cada agrupación o movimiento (encuentros familiares, marchas, ferias, reuniones abiertas a la comunidad). Esta información fue sistematizada en una ficha de caracterización de cada conflicto.

Los instrumentos cualitativos se organizaron en función de las dimensiones de análisis de los conflictos y sus respectivas preguntas orientadoras (Tabla 1).

tabla 1 tabla 1 Dimensiones de análisis y preguntas orientadoras tabla 1 Dimensiones de análisis y preguntas orientadoras Elaboración propia.

La información se sistematizó y analizó utilizando el modelo de análisis interpretativo del discurso (Canales, 2006; Valles, 1997). Con apoyo del programa Atlas.ti 7 se efectuó codificación deductiva e inductiva, selección de citas ilustrativas y reducción descriptiva de la información por dimensión y actores, con el propósito de deshacer la singularidad de los discursos y unificar los sentidos narrativos de los entrevistados (Canales, 2006; Flores, 2013; Valles, 1997).

Los casos de estudio se desarrollan entre los años 2020 al 2022 en el seno de Reloncaví y su entorno cercano. Se caracterizan por la presencia de conflictos entre sujetos y colectivos ciudadanos, por una parte, y empresas de salmonicultura, por otra, en circunstancias en que los proyectos cuestionados han sido aprobados mediante Declaración de Impacto Ambiental y, por ende, la participación ciudadana se reduce al nivel informativo (Tabla 2).

tabla 2 tabla 2 Características de los proyectos en conflicto tabla 2 Características de los proyectos en conflicto Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Gobierno de Chile.

Si bien comparten elementos en común, cada uno de los conflictos tiene sus particularidades de origen y desarrollo, que se presentan a continuación.

Caso 1: Codihué. A fines de 2021, un grupo de vecinos del sector de Colaco (Aucha), comuna de Calbuco, se manifestó en oposición a la ampliación de una piscicultura de recirculación de la empresa Invermar. Con esta obra se ampliaría la producción de salmones de 660 toneladas (según Resolución de Calificación Ambiental N° 049 del 06/02/2017) a 3.200 toneladas. Estos pobladores comenzaron a reunirse “espontáneamente”, al darse cuenta del traslado masivo de materiales en el borde costero; luego, al compartir información y experiencias, conformaron la Unión por la Defensa de las Aguas y las Tierras de Codihué.

Caso 2: Lenca y Metri. Este conflicto se desarrolló con fuerza entre el segundo semestre del año 2021 y los primeros meses de 2022, en las localidades costeras de Lenca y Metri, ubicadas en el primer tramo de la Carretera Austral de la comuna de Puerto Montt. En esta zona se denunció la instalación de tres centros de producción salmonera de dos empresas distintas (Salmones Austral y Marine Farm), dentro de una concesión de acuicultura que, habiendo sido otorgada en 2011, habría entrado en caducidad por no presentar operaciones en el plazo estipulado por la ley. Una organización de base territorial, el Comité Biocultural y Ambiental de Lenca, pasó a convocar y movilizar a otros grupos, gestando una red de organizaciones denominada Carretera Austral Sin Salmoneras, que con intensa actividad se manifestó en contra del modelo de desarrollo regional basado en la salmonicultura.

Caso 3: Huelmo. En este caso, la comunidad local rechazó la instalación de una piscicultura de la empresa Novofish en el sector de Huelmo (Punta Capacho). En marzo de 2019, la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para la instalación de una segunda piscicultura en el sector (la primera funciona desde 2009) con tecnología de recirculación biotecnológica. En mayo del mismo año, el proyecto fue descartado por insuficiencias en la información y falta de participación ciudadana. En abril de 2021, Novofish volvió a presentar su proyecto ante el SEA y ha solicitado, a la fecha, tres suspensiones de plazos para reunir antecedentes y obtener el consenso de la comunidad.

Los casos analizados (Tabla 3) tienen a la salmonicultura como eje conflictivo que genera un clima de malestar compartido (Collins, 2009), incentivando la autoorganización colectiva entre vecinos que se ven directamente afectados por estas empresas.

En cada caso analizado, la acción colectiva es un elemento central que se manifiesta a través de un amplio repertorio de acciones, las cuales incluyen desde tácticas contenciosas (Tilly, 2006) hasta la difusión del conflicto (Paredes, 2013; Paredes & Cáceres, 2023). Entre las acciones desarrolladas destacan las denuncias públicas, reuniones con autoridades, manifestaciones y actividades culturales, donde se divulgan los mensajes de las organizaciones. La educación ambiental ocupa un rol clave al informar sobre el conflicto socioambiental y sensibilizar sobre el cuidado del entorno local. En un plano más confrontacional, las agrupaciones presentan denuncias administrativas y recursos judiciales, frecuentemente con apoyo técnico de actores externos. En conflictos de carácter local, también exigen consultas ciudadanas amparándose en la normativa ambiental, una respuesta ante la estrategia empresarial de fragmentar proyectos para eludir los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). A diferencia de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los EIA requieren una mayor profundidad en el análisis y permiten una participación ciudadana más efectiva.

En cuanto a los modelos organizacionales, se recurre a orgánicas ya existentes (por ejemplo, juntas de vecinos) que se refuncionalizan, o bien se crean nuevas organizaciones, formales e informales, ad hoc al conflicto. Emergen liderazgos, especialmente entre personas con mayores capacidades técnicas para navegar entre las normativas y los procesos administrativos y judiciales. Son recursos que se orientan, por un lado, a bloquear el accionar de las empresas en cuestión; y por otro, a continuar sumando conciencia entre la población local y apoyo externo. Es importante destacar que los nombres de estas organizaciones reflejan una fuerte identificación territorial: todos incluyen etiquetas geográficas que los identifican (como Huelmo, Codihué o Carretera Austral), lo que indica un reconocimiento del territorio en el que viven sus miembros y una valoración de su cuidado (por ejemplo, “sin salmoneras” o “en defensa”).

La iniciativa “Carretera Austral Sin Salmoneras” ilustra una red de coordinación entre organizaciones y comunidades locales, enmarcada en una lógica supraterritorial. Esta articulación exige una estructura organizativa interna que permita operar en múltiples frentes: mantener el conflicto en la agenda pública y resistir las acciones comerciales perjudiciales. Sin embargo, con el tiempo, los liderazgos se desgastan y la falta de renovación provoca un repliegue del movimiento. Además, errores de coordinación y fracasos en el ámbito judicial dificultan la continuidad, aspectos que merecen un análisis más profundo.

En este contexto, se despliega un abanico de formas organizativas que varían desde redes amplias y horizontales hasta estructuras más rígidas y centralizadas en la toma de decisiones. A pesar de esta diversidad, el componente organizacional es constante, lo que subraya su relevancia para cualquier forma de colectivización, más allá de afinidades específicas. Así, las organizaciones se configuran de manera polimorfa, adaptándose a las circunstancias del conflicto.

Un elemento crucial en estos procesos es el uso de herramientas digitales, que facilitan tanto la comunicación interna como la difusión y convocatoria pública. Estas plataformas han desplazado en parte el rol de medios tradicionales, como la prensa escrita, cuyo impacto en estos contextos tiende a ser limitado. Desde una perspectiva metodológica, es importante reflexionar sobre el papel de estas herramientas en el análisis de movimientos colectivos emergentes.

La complementariedad entre las dimensiones organizativa y accional define la base del actor colectivo en situación de conflicto. Sin embargo, la dimensión identitaria es la que sostiene el movimiento en el tiempo, ya que no solo establece al actor organizado, sino que también delimita opositores, aliados y posibles apoyos (Melucci, 1999; Polletta & Jasper, 2001). En los casos estudiados, las identidades colectivas varían en amplitud y definición; pero, en todos ellos, la identidad permite comprender las relaciones y posiciones de los actores en el conflicto. Esta identidad compartida orienta el desarrollo del conflicto, conectando al actor organizado con una causa socioterritorial y dotándolo de una capacidad de agencia fundamental para sostener la lucha.

Finalmente, evidenciamos una dimensión diferenciada, aunque relacionada, de la capacidad colectiva de reconocerse en un nosotros y oponerse a otros, propia de lo identitario. Esa dimensión conjuga elementos ideacionales –sin necesariamente formalizar su sistema ideológico ni reducirse a la presencia de intereses grupales ya definidos– con elementos emocionales y morales que denominamos sensibilidades territoriales, tendientes a la producción de prácticas, significados y horizontes de acción de la vida colectiva anclada territorialmente (Scribano & D’hers, 2018), que permiten vincular la cotidianidad con el conflicto socioterritorial y su despliegue.

A partir de su carácter procesual y abierto, la dimensión identitaria le otorga dinamismo y elasticidad a la lógica identitaria, al vincularla a las formas de vida colectiva territorializadas y permitirle al actor colectivo organizado encontrar alianzas con otros. Y ello pese a que los intereses o ideas de los integrantes de ese colectivo no sean los mismos, pero sí presenten ciertas afinidades emocionales y morales basadas en el compartir entre ellos un territorio; es decir, una sensibilidad en común, más pragmática que ideológica o meramente utilitaria. Además, la dimensión identitaria permite moderar y matizar posicionamientos al interior del colectivo, encontrando posibilidades de articulación y adecuación de posiciones mediante la negociación y el diálogo. Consideramos que la sensibilidad territorial, al posicionarse entremedio de la ideología y los intereses, resaltando las emociones morales compartidas, dota de plasticidad a la identidad colectiva, mostrando tanto la importancia de su carácter procesual (Polletta & Jasper, 2001), como la impureza de su naturaleza.

Los desafíos se presentan en la capacidad de allegar y capitalizar apoyo social. Esto se dificulta debido a la alta inversión de las empresas en el despliegue comunicacional y mediático, sumado a funciones de “responsabilidad social empresarial” que les permiten granjearse la aprobación comunitaria, social y de las autoridades. Además, entre la misma población se encuentran sensibilidades divergentes en cuanto a cómo definen el impacto ambiental y social percibido como relevante o soportable, y en cómo hacer frente de manera efectiva a dichas amenazas sin hipotecar su participación en los beneficios sociales y económicos que ofrecen las empresas. Esto último suele generar división al interior de las comunidades locales entre quienes están a favor y en contra de las empresas.

Con base en lo anterior, señalamos que ni la categoría de movimientos sociales, con su excesivo foco en una identidad colectiva organizada y los repertorios de actuación, ni la de coaliciones promotoras, que enfatiza la dinámica organizacional, dan cuenta de la dimensión referida a tipos de sensibilidad territorial que van definiendo el perfil del actor colectivo de forma procesual. Para suplir tal brecha, hemos propuesto el concepto de modo emergente de colectivización de base territorial, como categoría analítica de registro mesosocial que expresa la configuración de actores colectivos a partir de cierta sensibilidad colectiva sustentada en modalidades de organización, formas de acción e identificación común, que sostienen y fomentan una causa sociopolítica articulada a un imaginario social bordemarino (Retamal & Pérez, 2022). Esta categoría permite valorar el carácter procesual y dinámico de la configuración de sensibilidades tanto al interior del grupo como hacia el exterior; es decir, del conflicto mismo. Es justamente este punto lo que entrega valor analítico a la propuesta aquí presentada, porque no se limita a considerar solo las condiciones o los resultados, sino que focaliza el proceso mismo de emergencia del conflicto, resignificando de esa forma tanto la definición de las condiciones como la posibilidad de observar otros resultados en beneficio de la causa. Por ejemplo, que se fomente en el territorio una sensibilidad e inclinación hacia la protección ambiental, pero sin provocar daños a otras personas implicadas, ya sea económicos o morales, involucrando a otros actores en la búsqueda de soluciones al conflicto. Por ende, señalamos que los modos emergentes de colectivización no pueden reducirse a grupos ni asociaciones momentáneas o solo contingentes; al contrario, son expresiones de densidad político-cultural encarnadas en un actor colectivo de base territorial.

Por último, justamente por su carácter procesual, dinámico y no clausurado, la colectivización de base territorial posibilita la articulación con otros actores sociales y organizacionales de carácter local, proyectando el conflicto a otras escalas y territorios, asentando un movimiento más amplio de resistencia y protección de los territorios costeros. Consideramos que el reconocimiento de la dimensión de sensibilidad territorial puede cumplir un papel analítico, al permitir estudiar los alcances de la acción colectiva en los conflictos y establecer una relación distinta entre las acciones necesarias, posibles y efectivas, no limitadas a su alcance ideológico ni utilitario.

El aumento de conflictos y manifestaciones ciudadanas vinculadas a problemáticas socioambientales costeras en Chile permite observar la conformación de novedosas formas de agrupamiento colectivo en defensa del territorio costero-marino, y contra los efectos perjudiciales de la industrialización marítima sobre las zonas costeras-marinas, principalmente asociados a la salmonicultura.

A partir de los conflictos suscitados en el seno de Reloncaví y sus alrededores, se analizaron tres casos de colectivización emergente, que no pueden reducirse a un único principio (identidad, organización) ni factor (demanda, efectos en la política pública), debido a la complejidad de las asociaciones entre los diferentes elementos que la componen. El análisis permite reconocer una nueva dimensión denominada sensibilidad territorial, que se agrega a lo organizacional, lo accional y lo identitario.

Esta dimensión se relaciona con elementos ideacionales, emocionales y morales de la población, en una lógica de colectivización, permitiendo la vinculación entre actores plurales que, mediante el recurso a la acción colectiva y una narrativa en común, confluyen en una causa ambiental que los afecta directamente. De esta manera, a pesar de su definición tentativa y exploratoria, tiene potencial analítico que permitiría cierto rendimiento empírico interpretativo y, tal vez, causal.

Finalmente, en línea con lo anterior, estudiar los modos de colectivización emergente nos permite indagar en los procesos de movilización colectiva territorial más allá (o “más acá”) de sus efectos en la política pública, focalizando otros efectos que dicha colectivización tiene para la vida social en el territorio, pero sin la necesidad de dotarla de la pesada carga de ser un movimiento social.