La planificación urbana resulta ser “una alta aspiración de la teoría democrática” (Long, 1959, p. 169); un proceso político que busca contribuir a la configuración de escenarios de desarrollo urbanos deseables conforme a visiones de una ciudad justa, integrada, equitativa y sustentable. Desde otra perspectiva, la planificación urbana se encuentra en una interfaz entre conocimiento y acción, reconociéndose en ella tanto una actividad técnico-profesional como un proceso social (Friedmann & Hudson, 1974). Así considerada, no se trata de un proceso puramente técnico o científico, sino una materia de debate político. Comprende juicios de valor acerca del futuro deseado, los mismos que representan a los distintos grupos sociales (Taylor, 1998). En esta perspectiva, Long (1959) sostenía que la planificación refleja la política, la dota de valores, considera los intereses de grupos de presión e implicados y suele anteponer el realismo político de las autoridades a la visión de largo plazo de los planificadores.

Así, los planes urbanos representan filosofías políticas, formas de aplicar diferentes concepciones del buen vivir. Por ello, la permanente circulación de ideas, innovación y conocimiento, ha caracterizado su práctica sistemática (Ward, 2018).

Inicialmente, en el ámbito de la planificación urbana primó la teoría sustantiva, enfocada en la dimensión física del ordenamiento del territorio, con el diseño como elemento central (Taylor, 1998). Luego, esta teoría fue cuestionada por su determinismo físico (Broady, 1968), para dejar paso a las teorías de sistemas y procedimental, con enunciados más amplios por sus implicancias en lo social y económico, y orientadas a mejorar la calidad de vida en las ciudades. Así, el pensamiento urbanístico de la década de los sesenta se encarna en la teoría de sistemas, marco que le permitía dar cuenta de la complejidad de los sistemas urbanos. La teoría procedimental, por su parte, enfatizó el proceso de planificación y su impacto en la vida de las personas. En esta perspectiva cobra importancia el proceso, es decir, cómo se debe planificar (Faludi, 1973). No obstante, prevaleció en ella el interés por la ciencia, la atención centrada en un enfoque tecnicista especializado, la provocación de cambios en el pensamiento urbanístico y la consideración de los beneficios inherentes a la planificación. Todos ellos son supuestos comunes entre las teorías de sistemas y procedimental (Taylor, 1998).

A partir de la década de los setenta, la planificación adquirió un sentido de actividad política y a la vez un carácter normativo, toda vez que comenzó a incorporar debates sobre valores y realidad política. El planificador se desprendía de la neutralidad y objetividad científica que lo habían caracterizado, lo que condujo a la transformación de los planes en programas de acción, cargados de valores, tras la búsqueda de consensos y acuerdos (Long, 1959). En este contexto, para lograr mejorar el sistema urbano en coherencia con un urbanismo prescriptivo, se comenzó a contrastar los hechos de la realidad urbana territorial con las intervenciones como posibles transformaciones, en la forma de una ciencia descriptiva (Taylor, 1998).

En la práctica, los procesos de la planificación de tipo político, administrativo y legal, se presentan en contextos institucionales que producen y dan forma a poderes discrecionales (Boamah et al., 2021). Así también, los sistemas de planificación se encuentran imbricados con la pugna de intereses entre Estado y mercado, que basa sus argumentaciones sobre la cuestión del poder (Watson, 2009). En efecto, los procesos de planificación de carácter público manifiestan la voluntad política que las propias autoridades despliegan en el ejercicio del poder a favor de sus intereses, a través de la utilización o aprovechamiento de los instrumentos de que disponen en tanto órganos responsables del bien público (Watson, 2009).

Los procesos de planificación señalados, en términos de su práctica, han sido identificados como “racionalidades conflictivas”, en el sentido de que generan brechas entre los sistemas de administración pública (tecnificados y comercializados), los planificadores según sus asesorías y prestación de servicios profesionales, y la población con una vida cotidiana que se desenvuelve en la informalidad, marginalizada y empobrecida (Watson, 2009). En razón de dichas racionalidades, desde la perspectiva crítica se han señalado al menos cinco tipos de prácticas de la planificación. Una es la práctica institucional discriminatoria, que produce distribuciones desiguales (Harvey, 1977). La segunda es la práctica diferenciadora del espacio, ya que obedece a decisiones políticas, criterios técnicos e intereses que benefician a algunos y penalizan a otros (Smith, 1982). La tercera es una práctica regresiva y opresiva, en el sentido de que genera un control social deliberado de las elites sobre grupos periféricos o desventajados, en contextos de sociedades gobernadas por principios democráticos (Yiftachel, 1998). La cuarta es una práctica deliberadamente intencionada, que implementan los diferentes organismos gubernamentales frente a procesos institucionales y formales, haciendo un “mal uso” o “mala utilización” de sus poderes, conforme a diferentes visiones o intereses políticos específicos que se dan en función de factores culturales, políticos, institucionales o económicos, y que resultan inadecuados o inapropiados para resolver los problemas de las ciudades del sur global (Watson, 2009). Y la quinta corresponde a prácticas impositivas desde la organización política económica, y segregadoras desde la noción de una geografía social de clase (Soja, 2010). En definitiva, el papel del Estado y de las democracias representativas en sociedades capitalistas, actores carentes de transparencia y marcados por una dimensión autoritaria, se enlaza con las relaciones de poder (Souza, 2001).

Las razones que surgen tanto dentro como fuera del Estado en torno a sus racionalidades y prácticas, permiten explicar la mantención, permanencia y/o manipulación deliberada de los alcances o competencias de los sistemas de planificación urbana territorial establecidos, y su fuerte resistencia a cambiarlos. Esta situación hace necesarios esfuerzos importantes tendientes a un giro de dirección de la planificación en ciudades, a fin de generar medios de vida urbana favorables (Tibaijuka, 2006 en Watson, 2009). En esta línea, frente al propósito de comprender mejor las actuales prácticas de planificación, han surgido planteamientos tendientes a generar nuevas epistemologías que promueven enfoques conceptuales alternativos, anclados en las diferencias sociales y económicas de los territorios que se planifican (Galland & Elinbaum, 2018; Miraftab, 2009; Roy, 2001, 2009).

Ante la necesidad de enfrentar los debates políticos que forman parte de los procesos de desarrollo urbano, se plantea aquí integrar diferentes teorías de planificación, tanto sustantivas como procedimentales, precisamente por el vínculo entre objeto (el plan) y proceso de planificación (Galloway & Mahayni, 1977). En esta línea, cabe preguntarse cómo la teoría de la planificación ha influenciado su práctica, esta última de carácter político tanto por el rol que desempeña el Estado en ella, como por las consecuentes relaciones de poder que concurren en el desarrollo urbano. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo es comprender la práctica de la planificación urbana en Chile a la luz de la teoría y de los cambios de contextos políticos, institucionales y legales sucedidos a lo largo de la historia del derecho urbanístico integrado, desde 1931 a la actualidad. Para ello se analiza la evolución de la legislación y reglamentación urbanas, así como la sucesión de instrumentos del nivel intercomunal para el caso de estudio: el Área Metropolitana de Santiago de Chile. A partir de lo anterior, se propone una secuencia de visiones de la práctica en este ámbito, para concluir esclareciendo las relaciones que se identifican entre dichas visiones, así como la influencia de las diferentes teorías a lo largo de casi un siglo de implementación de la planificación urbana.

El artículo se organiza en cuatro apartados. El primero versa sobre los sistemas de planificación en Latinoamérica en general y Chile en particular. El segundo desarrolla la propuesta de visiones de la práctica de la planificación, desde una perspectiva histórica. Luego, discute los resultados de dicha revisión, dilucidando relaciones entre dichas visiones. Finalmente, se exponen conclusiones, constatándose influencias de la teoría sobre la práctica y cambios acaecidos en el periodo analizado, hibridismo de teorías y traslación de visiones a la práctica. Todo ello con el propósito de contribuir a una mayor comprensión de los procesos de planificación urbana, con miras a avanzar en sus objetivos declarados de integración social urbana y justicia espacial, entre otros.

El estado de la planificación ha sido materia de intenso debate en Latinoamérica, lo que ha contribuido a comprender mejor los problemas de los sistemas urbanos (Vicuña del Río et al., 2022). En ese marco, ha surgido la necesidad de una agenda regional de desarrollo y de planificación latinoamericana, como una plataforma compartida para abordar regionalmente desigualdades espaciales en los procesos de planificación socioespacial de cada país. En otras palabras, se requiere una planificación que aproveche los beneficios del futuro a fin de promover un cambio positivo en favor de la justicia social, conforme a intereses e ideologías que sean politizadas, comprometidas y, especialmente, transformadoras (Souza, 2001).

A finales del siglo XIX, en Latinoamérica los problemas sociales y de salud pública posicionaron la ciudad como objeto de estudio, en tanto escenario de cambios críticos que impulsaban la producción de diagnósticos y datos científicos sobre la realidad urbana en una fase del preurbanismo (Almandoz & Ibarra, 2018). En la primera mitad del siglo XX, la planificación en Latinoamérica tuvo un carácter reformista, a la vez que era considerada como una actividad técnica, en esencia normativa, impulsada o promovida por valores orientados hacia la consecución del “bien público”, y el consiguiente influjo de un Estado nacional desarrollista (Hidalgo et al., 2009). En este marco, la planificación presenta dos rasgos fundamentales. En primer lugar, es una actividad racional y que, en tanto tal, define un estado deseado y la secuencia de acciones para alcanzarlo. Esto significa una planificación que establece una visión de desarrollo urbano futuro de carácter prospectivo, por sobre el enfoque regularizador de las condiciones actuales. Y en segundo lugar, es un quehacer de carácter público, dado que forma parte del rol de una autoridad con potestad y poder legal para reglamentar, normar u orientar las acciones necesarias para avanzar en la dirección deseada (Moroni, 2010).

En la segunda mitad del siglo XX se experimentó en Latinoamérica el derrumbe de la planificación centralizada, sumado a la crisis fiscal del Estado de bienestar y a una reestructuración económica de corte liberal, la desregulación e implementación de un nuevo paradigma científico-técnico, con efectos de dispersión territorial de las aglomeraciones urbanas (De Mattos, 2015). En este marco de políticas neoliberales que han imperado a partir de la década de los setenta se ha debilitado la institucionalidad pública, poniendo en jaque los sistemas de planificación. Así, la configuración de aquellas ciudades latinoamericanas que presentan rasgos propios de la globalización neoliberal, desafía tanto a las estructuras de poder público, como a agentes privados y organizaciones sociales (Hidalgo & Janoschka, 2014). En este contexto de nueva fase de desarrollo capitalista se ha implementado mayoritariamente una planificación urbana racionalista, vinculada a instrumentos de regulación de tipo normativo, sistemas que han sido cuestionados desde diferentes ángulos: la eficacia de los instrumentos de regulación normativa mencionados; los rasgos de una administración gubernamental sectorial, consecuente con una actuación pública desintegrada al momento de intervenir el territorio; una descoordinación interinstitucional y el desaprovechamiento de los escasos recursos públicos (Irazábal, 2009). No obstante tales cuestionamientos, los sistemas de planificación se han implementado para una gobernanza territorial de tipo normativo, considerando tanto sus marcos constitucionales como sus cuerpos legales, que se han mantenido con una aplicación sistemática y generalizada en contextos nacionales.

Con escasa teorización, en algunos países se ha observado en las últimas décadas un tránsito desde una lógica racionalista, por su carácter regulatorio apoyado en una normativa físico-espacial (Vicuña & Galland, 2019), a una de tipo participativa, con mayor incidencia de los actores sociales en las decisiones de planificación y en el proceso de diseño de los instrumentos (Demerutis & Vicuña, 2022). Por otra parte, también se ha debatido sobre dichas estrategias participativas en tanto utilizadas por la democratización creciente de la acción del Estado, y en este ámbito consideradas una forma de sumisión al mercado (Souza, 2001).

Complementariamente, cabe considerar la incidencia de organismos internacionales –como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial– en la generación de agendas de planificación y en su promoción a través del financiamiento de las diferentes iniciativas de planificación implementadas por los países de la región. Esto en un contexto de multiescalaridad de las políticas urbanas neoliberales imperantes en Latinoamérica (Hidalgo & Janoschka, 2014). Para contrarrestar tales tendencias, se han incorporado en algunos países mecanismos de gestión, control, seguimiento, evaluación y normativa sobre incentivos, contribuciones, aportaciones y/o compensaciones, a fin de dar cumplimiento tanto a determinados objetivos de desarrollo urbano, como al financiamiento o ejecución de proyectos de interés público en tanto herramientas impulsoras de nuevas prácticas (Blanc & Cotella, 2020). Dichos mecanismos e instrumentos han dado prevalencia a la función social de la propiedad, relevando el interés común del ejercicio de la planificación por sobre la hegemonía que ha caracterizado históricamente el derecho privado a la propiedad del suelo (Cuenya & González, 2017). Apoyados en dichos enfoques, agendas e instrumentos –entre ellos, las normativas urbanas–, persisten en Latinoamérica, entre los principales retos de la planificación, las acuciantes desigualdades socioespaciales, tales como la informalidad, la falta de acceso a la vivienda y al transporte, la inadecuada movilidad, la degradación ambiental, las disparidades regionales, entre otros aspectos (Galland & Elinbaum, 2018).

En Chile, en particular, se ha implementado un sistema de planificación con fuerte sesgo liberal, bajo el precepto del derecho urbanístico integrado (Cordero Quinzacara, 2008). En términos de regulación, el derecho urbanístico se constituye en una limitación al derecho de propiedad a favor de determinados objetivos, como son las disposiciones adoptadas por la autoridad en el ejercicio de una función pública que se debe cumplir (Cordero Quinzacara, 2017). Es relevante señalar que, históricamente, han regido normas reglamentarias que explicitan el cumplimiento de las leyes, no obstante lo cual Chile ha carecido de una ley sistemática y completa para su desarrollo urbano (Rajevic, 2000). Es así como la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), desde su génesis en el año 1931, han ido incorporando las normas que las precedieron, conforme a una legislación delegada, en la que cobra relevancia cada contexto político institucional que refleja la perspectiva histórica.

El presente apartado adopta una perspectiva histórica del derecho urbanístico integrado chileno. en la búsqueda de mayor valor explicativo de la práctica de la planificación, según su regulación urbana. Esto considerando que la regulación se ha definido como el proceso de decisión política de la planificación y su efecto en la organización del espacio (Fischler, 2011). Para ello, se atiende a los hitos históricos de la legislación y reglamentación urbana en Chile en tres niveles, según se indica a continuación.

El primero corresponde a los cuerpos legales desde la dictación del Decreto 345 en el año 1931, que dio origen a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, normativa de carácter nacional, denominada en su inicio “de Construcciones y Urbanización”. A partir de entonces, dicha Ley y Ordenanza, de alcance general, ha regido hasta la actualidad –con múltiples modificaciones– las disposiciones relativas a los instrumentos de planificación, conforme a la regulación de los territorios o áreas sujetas a planificación. De esta forma, las disposiciones generales señaladas inciden tanto en el ámbito de competencia de los instrumentos como en la entrada en vigencia de normas de excepción, por lo que se aplican a los proyectos por sobre las disposiciones establecidas en los respectivos planes reguladores.

El segundo nivel de la legislación y reglamentación urbana contempla los periodos de promulgaciones y derogaciones de las políticas nacionales de desarrollo urbano, que se interceptan con la entrada en vigencia de los instrumentos de planificación territorial que se indican en el siguiente nivel.

El tercer nivel, por su parte, reconoce los alcances de los Instrumentos de Planificación Territorial del nivel intercomunal metropolitano.

En consideración a lo señalado, se desarrolla una propuesta para comprender la práctica de la planificación urbana en Chile, en la cual se definen cinco visiones prevalecientes entre los años 1931 y 2022 (Figura 1); vale decir, desde el inicio de la legislación urbana a la actualidad.

figura 1

Nota: LGUC: Ley General de Urbanismo y Construcciones; OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; PNDU: Política Nacional de Desarrollo Urbano; PRIS: Plan Regulador Intercomunal de Santiago; PRMS: Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

La definición propuesta de visiones en materia de planificación urbana distingue períodos político-institucionales según las transformaciones habidas en los sistemas políticos y económicos, y también ideológicos. Este proceso incidió en la práctica de la planificación, en particular por las reformas que desarrolló el Estado y los diferentes roles adoptados por los gobiernos para con las intervenciones urbanas y habitacionales; intervenciones plasmadas en el diseño e implementación de instrumentos de planificación y sus consecuentes regulaciones, según las decisiones políticas adoptadas a lo largo de las diferentes visiones propuestas.

En síntesis, en términos de resultados, la visión de ordenamiento funcional (1931-1979) sustenta la urbanización como el modo de producción del espacio, para la provisión de bienes de utilidad pública. La acción del Estado se orienta a garantizar acceso a bienes públicos urbanos. Esto acontecía con un fuerte liderazgo público a través del ejercicio de la planificación. Por ello prevalecía la ordenación del territorio, con la finalidad de favorecer el desarrollo equitativo, garantizando el derecho de acceso a la ciudad y a la vivienda.

En contraste con lo anterior, la visión neoliberal (1980-1992) propugnó un modo de producción espacial amparado en la industria privada de la construcción. Para ello se desregula el ámbito de la urbanización permitiendo la primacía del actor privado, quien vela por el interés particular al actuar ceñido al derecho de propiedad. Las relaciones espaciales que instituye el libre mercado refuerzan la segregación social y urbana según las formas de distribución de los bienes públicos. Ante todo ello, prevalece la individualización, donde las personas activas en torno a los intereses de propiedad se vinculan en forma funcional en torno a utilidades específicas.

Por su parte, la visión reformista (1992-2006) restablece la planificación con regulación según la finalidad de definir exigencias, y ello no obstante mantener la preocupación por el comportamiento de los actores económicos en el espacio, surgiendo así la propuesta de incentivos para movilizar el capital inmobiliario. El sentir de la planificación establece un reordenamiento conforme la distribución espacial de bienes públicos orientada a establecer equilibrios de suficiencia y compatibilidad de usos.

Tras la tendencia reformista se afianza con fuerza la modernización del Estado, disponiéndose con ello de nuevos procedimientos en reacción a la visión anterior. Mientras la visión estratégica (2007-2014) releva iniciativas públicas para la consecución de objetivos estratégicos y lineamientos de largo plazo a través de la planificación urbana en materia de integración, equidad, cohesión social y participación, emerge la gestión urbana para la implementación de acciones y/o proyectos prioritarios que atiendan los principales problemas urbanos y habitacionales, en el marco del fortalecimiento de la democracia y la gobernanza.

Finalmente, una nueva visión (2015-2024) establece que los procesos de planificación se orienten en el marco de la sustentabilidad urbana y ambiental, para lo cual se implementa en este periodo la evaluación ambiental estratégica de los Instrumentos de Planificación Territorial. Esto conduce a mejorar la calidad de las decisiones en materia urbana y territorial, al incorporar las consideraciones de desarrollo sustentable en el diseño de los planes, medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, además de la reducción de riesgo ante desastres como ámbito de acción propio de la planificación.

Así, la revisión histórico-temporal de la secuencia de visiones caracteriza en perspectiva la práctica de la planificación urbana chilena, cuya lectura comparada se visualiza en la Tabla 1.

El resultado arroja que las dos primeras visiones evidencian posturas rupturistas entre sí. Esta justificación de contrastes cambia, graduándose en las visiones más recientes que se formulan para los últimos treinta años. Si bien se distinguen diferencias, cabe notar que los contrastes se atenúan en razón de un proceso de planificación que ha venido absorbiendo modificaciones reactivas a sus contextos específicos, sin reformas económicas o políticas trascendentes. Esto explica la forma en que ha mutado el neoliberalismo urbano permaneciendo en la práctica de la planificación, cuya acción y propagación ideológica se plasma en las propias geografías de la ciudad neoliberal (Hidalgo & Janoschka, 2014), al adoptar distintas facetas y discursos públicos bajo las visiones reformista, estratégica y de sustentabilidad. Es decir, se ha transitado desde un antagonismo en las visiones, a una progresión de ellas en la práctica de la planificación urbana. Es dable señalar que la forma de graduación de visiones de las últimas tres décadas correspondería a ensamblajes políticos específicos, que adoptan y adaptan las políticas a las transformaciones de la neoliberalización urbana (Peck, 2010 en Janoschka & Hidalgo, 2014).

tabla 1 tabla 1 Comparación de las visiones propuestas de la práctica de la planificación urbana chilena tabla 1 Comparación de las visiones propuestas de la práctica de la planificación urbana chilena Elaboración propia.

Las visiones propuestas referencian claramente una acción pública abocada inicialmente a la urbanización desde la lógica de un ordenamiento funcional, con fuerte liderazgo estatal, que se interrumpe por la imposición de la hegemonía del mercado, el protagonismo de la acción privada y el cambio del rol del Estado con una gobernanza urbana bajo criterios empresariales (Harvey, 1977; Hidalgo & Janoschka, 2014). A partir de lo anterior, se evidencia una transición de visiones conforme a una serie de adecuaciones reglamentarias sobre el alcance de la planificación como función pública con foco en la regulación, y manteniendo de esta manera su sesgo neoliberal. El cruce de aspectos que caracterizan las visiones más recientes muestra la relevancia de los procedimientos reglamentados para sustentar los procesos de decisión en cada contexto, en especial en la gestión estratégica, la inversión y los incentivos en la regulación urbana, todo lo que ampara las diferentes actuaciones público-privadas en materia de desarrollo urbano.

Por último, indagando en la relación teoría-práctica de la planificación, las visiones de la teoría se identifican por los ideales normativos, por las respuestas críticas de los diferentes pensamientos urbanísticos, así como por la emergencia de nuevos enfoques y cambios, tanto de valores sociales como de la realidad política. Por esta causa se observa una yuxtaposición de teorías que fueron orientando la práctica, tanto en los contenidos instrumentales como en sus procesos de planificación, a lo largo de la secuencia de visiones propuestas según la perspectiva histórica analizada (Figura 3). Cabe indicar que mientras la teoría sustantiva, centrada en el diseño urbano, tuvo mayor influencia en las visiones iniciales de más larga data con la emergencia de la planificación urbana a partir de la mitad del siglo XX (Almandoz, 2018), la teoría procedimental ha sido más incidente en las visiones más recientes de las últimas décadas, donde el proceso de decisión y gobernanza de los planes ha cobrado mayor protagonismo en su práctica.

figura 3 figura 3 Visiones desde la teoría y la práctica de la planificación figura 3 Visiones desde la teoría y la práctica de la planificación Elaboración propia.

La propuesta de visiones sintetiza la práctica de la planificación en términos de contenidos y procesos, demostrando diferencias contrastables y asimilables entre sí. De esta forma, a partir de la relación entre teoría y práctica se concluye la existencia de una contraposición y traslación de visiones, influenciada por una yuxtaposición de teorías de la planificación. Estas visiones se plantean con el objetivo de orientar la comprensión de la práctica de la planificación en materia de justicia urbana e integración socioespacial en un marco de neoliberalismo urbano subyacente, según los cambios que se fueron experimentando en cada contexto político institucional. Lo anterior como un enfoque posible de ser replicado, en términos analíticos, a otros sistemas de planificación en Latinoamérica, que comparten principios rectores del desarrollo urbano con un marco legal y reglamentario, agendas e instrumentos comunes, así como persistentes desigualdades socioespaciales.

En el arco temporal de casi un siglo de tradición de la planificación en Chile, se detecta un tránsito desde el ordenamiento urbano funcional hacia una creciente regulación ceñida al dominio de la norma urbana. En otras palabras, desde un ordenamiento promovido para la urbanización y la consecución del bien común, hacia el establecimiento de una norma específica que regula el derecho de propiedad.

Frente a visiones antagónicas y rupturistas de antaño, prevalece en la actualidad una ambigüedad o relativismo de discursos, con loables propósitos y objetivos de planificación en términos de equidad, justicia urbana, integración, sustentabilidad, entre otros, pero discordantes con una práctica de regulación segregadora y excluyente. Lo anterior caracteriza procesos más abiertos a las circunstancias políticas institucionales que determinan los resultados en la formulación de instrumentos y procesos de planificación, en el marco de la implementación de procedimientos, el balance técnico-político y el tipo de gobernanza.

En conclusión, la propuesta de visiones de la tradición de la planificación urbana chilena muestra una transformación desde un ordenamiento urbano centrado en el interés público propio de un Estado de bienestar, a una regulación urbana abierta con foco en el interés inmobiliario y derecho de propiedad propio de un Estado neoliberal. En definitiva, una regulación urbana abierta, con una tendencia a la transición de visiones en el marco de una práctica centrada en un proceso de decisión esencialmente discrecional, negociado y participativo en la ciudad neoliberal contemporánea.