Este estudio tiene por finalidad analizar el contenido del principio
This paper reviews the content of the principle in dubio natura and its normative development. Also studies the different dimensions from which this principle has been addressed by the doctrine and the jurisprudence, to its projection as an integral principle of environmental protection.
Desde una perspectiva normativa, los sistemas jurídicos están compuestos de valores, principios y reglas. Esta integración de orden
En este contexto, el Derecho Constitucional, que se construye a partir de valores y principios que orientan la vida de la comunidad, ha pasado a ser la piedra angular de la construcción jurídica de los Estados.
Respecto de los valores, puede decirse -como primera idea general- que pertenecen al mundo extrajurídico
La recepción de los valores en los sistemas jurídicos generalmente es realizada por las constituciones, que los incorporan como ideales éticos u opciones ético-sociales que el Estado protege y decide concretar, por expresar un consenso sobre los objetivos fundamentales y prioritarios de la sociedad en un contexto cultural e histórico determinado
La existencia de valores o ideales éticos, que “impregnan a toda la Constitución de una finalidad humanista”
Nuestra Carta Fundamental identifica como valores constitucionales de la sociedad chilena la libertad, la igualdad y la dignidad humana
Estos valores, recogidos por el sistema normativo, se expresan a través de los principios jurídicos. Es decir, de los valores emanan los principios “que sirven de malla en torno a la cual se estructura el ordenamiento constitucional considerado como un todo”
Así, mientras los valores incorporados al texto constitucional son disposiciones amplias y vagas, que “no permiten especificar los supuestos en que se aplican, ni las consecuencias jurídicas que, en concreto, deben seguirse, los principios, sin llegar a ser normas analíticas, traducen un mayor grado de concreción”
En cuanto a los principios jurídicos, una de las primeras dificultades que encontramos al tratar de entregar un concepto, es que se trata de una noción que posee una fuerte carga ideológica y de contexto histórico, que condicionan los esfuerzos por delimitar sus características y contenido.
De acuerdo con ello, advierte Alcalde que “durante la Ilustración los principios generales aparecían como manifestaciones o concreciones del derecho natural. Posteriormente, como reflejos del ‘espíritu del pueblo’; para considerarlos después, como ideas jurídicas formales, nociones fundamentales, etc. Por último, ya bien entrado el siglo XX, como formulación de valores esenciales. Y a lo largo de todas estas épocas, constituyendo además otra alternativa ‘positivista’, más dogmática, han sido también entendidos como directrices legislativas o jurisprudenciales, espíritu del ordenamiento jurídico, etc.”
En su concepción moderna, “la teoría de los principios jurídicos surge como una reacción al positivismo jurídico, que se hace conceptualmente insuficiente e inadecuado para explicar el fenómeno jurídico en los Estados constitucionales contemporáneos… y justificar la existencia de estándares normativos que no adquieren su fuerza jurídica por ser creados mediante un acto institucional de poder que dé validez al mandato contenido en él”
En este sentido, los aportes de Hart, Dworkin, Alexy -entre otros autores-
De esta forma, tal como expresa Ferrajoli, las democracias constitucionales actuales, decantadas durante el siglo XX, se caracterizan porque sus cartas fundamentales han “incorporado principios de justicia de carácter ético-político, como la igualdad, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales”, haciendo desaparecer “el principal rasgo distintivo del positivismo jurídico: la separación entre Derecho y moral, o entre validez y justicia”
Por otra parte, así como los principios deben distinguirse de los valores, también deben ser diferenciados de las reglas jurídicas
Asimismo, la distinción entre reglas y principios puede asimilarse a la diferencia entre ley y Constitución. La Carta Fundamental contiene reglas y principios, estos últimos de manera preferente; lo mismo sucede con la ley, que también incorpora reglas y principios, aunque las primeras están de forma preponderante. Lo que distingue a unas de otras, es el papel que desempeñarán ambos (principio y regla) en el Ordenamiento Jurídico. Mientras la regla contendrá disposiciones normativas que manden, prohíban o permitan, los principios tienen
En el mismo sentido, Cassagne expresa que, mientras la norma se caracteriza por contener una estructura clara: i) la descripción del supuesto de hecho; ii) un mandato, prohibición o permisión y; iii) una consecuencia jurídica, los principios poseen un margen de indeterminación y abstracción que los lleva a requerir siempre de un acto posterior que los precise
Volviendo a Zagrebelsky, éste identifica como distinción principal que “las reglas nos proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos dicen cómo debemos, no debemos, podemos actuar en determinadas situaciones específicas previstas por las reglas mismas; los principios, directamente, no nos dicen nada a este respecto, pero nos proporcionan criterios para tomar posición ante situaciones concretas pero que
Desde una mirada
Por tanto, la inclusión de principios jurídicos en instrumentos normativos -de derecho nacional o internacional-, corresponde a un acto de reconocimiento jurídico formal de un acuerdo fundamental de la comunidad en torno al deber ser de sus integrantes; mas no una creación del poder constituyente, legislativo o reglamentario.
Ello ocurre -por ejemplo-, con el reconocimiento constitucional de los principios de juridicidad (arts. 6º y 7º), igualdad ante la ley (art. 19º, núm. 2º) o libertad económica (art. 19, núm. 21º), o con la recepción del principio
Asimismo, los principios jurídicos también pueden tener un primer reconocimiento por la jurisprudencia, para ser posteriormente recogidos por normas positivas, como ha sucedido con el principio de proporcionalidad o de razonabilidad en la actuación de los poderes públicos, que tuvo su origen en la jurisprudencia del Tribunal Superior Administrativo de Prusia
Por último, también puede ser la doctrina quien reconozca tempranamente un valor que emerge en un contexto histórico concreto de una sociedad determinada, y desvele algún principio que pueda emanar de éste, para que sea -con posterioridad- efectivamente integrado a un sistema jurídico, a través de la recepción jurisprudencial o normativa. Así ha sucedido con el principio de desarrollo sustentable, que desde su introducción como concepto utilizado por el informe “
Dicho lo anterior, el presente estudio está enmarcado en el ámbito de los principios jurídicos. En concreto, se propone la revisión del principio
De esta forma, se analiza la configuración, contenido y desarrollo de un principio jurídico de naturaleza ambiental, que comienza a ser desvelado, desde las dimensiones normativa, jurisprudencial y dogmática, como veremos a continuación.
Se desprende fácilmente de su nomenclatura que el
El Derecho Ambiental ha intentado moldear la relación de los seres humanos con el medio ambiente, tanto en su dimensión global como local, en atención a los problemas de convivencia que se han suscitado en las sociedades modernas
Serrano denomina a este proceso de recepción por el Derecho de la cuestión ambiental como “ecologización del derecho”, donde el medio ambiente en general, y las características propias de los ecosistemas en particular, pasan a ser incorporados como bienes o intereses jurídicos
Se trata de una rama nueva del Derecho, que emerge y se desarrolla bajo la influencia del Derecho Constitucional de postguerra, caracterizado por la irrupción de los derechos humanos como estándar de convivencia social
Una clara muestra de la afirmación anterior es la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
De esta forma, el Derecho Ambiental, en sus dimensiones internacional y nacional
Ello resulta relevante, porque ha sido nuestra sociedad actual, desde una doble dimensión, global -los habitantes del planeta- y local -los habitantes de un determinado territorio-, quienes hemos colaborado, en los últimos 40 o 50 años, a la eclosión y el desarrollo del Derecho Ambiental, para dar solución a la compleja relación que estamos teniendo con la naturaleza.
Y en este contexto, como sociedad hemos reconocido nuevos valores -relativos a la exigencia de conciliar el modelo de desarrollo del Estado con la necesidad de proteger el medio ambiente-, que han cristalizado en un conjunto de principios ambientales que orientan al ordenamiento jurídico hacia una nueva relación del individuo con su entorno, y guían la actividad de todos los órganos del Estado.
Así, los principios han tenido un rol esencial en el desarrollo del Derecho Ambiental, integrándose progresivamente a los diversos sistemas jurídicos. Algunos han tenido una mayor recepción, como la prevención, la gradualidad o la responsabilidad; otros que se encuentran en un estado de reciente consolidación, como sucede con la precaución o la no regresión, y unos últimos que comienzan a ser incorporados normativa y jurisprudencialmente, como ocurre con el principio
Este principio ambiental aparece en un contexto de expansión del Derecho Ambiental y de transformación del Estado, que integra a la variable ambiental en las bases mismas del Estado constitucional de Derecho, y que promueve un nuevo modelo de desarrollo, que conocemos como desarrollo sustentable.
Como una primera aproximación, puede indicarse que el principio
En el contexto de una visión ecocéntrica del medio ambiente, como plantea la Constitución ecuatoriana de 2008, en que se desarrolla la idea de la naturaleza como sujeto de derechos
En cambio, desde una concepción antropocéntrica de la protección ambiental
Sin embargo, Bryner expresa que independiente que se reconozcan derechos a la naturaleza o se opte por la implementación de un derecho humano a un medio ambiente sano, el
a) Permite la promoción del Estado de Derecho. Es decir, en su estadio actual el Estado de Derecho solo puede ser concebido en cuanto promotor y garante de los derechos humanos y el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado integra el catálogo de éstos, tanto en el Derecho nacional como en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos.
b) Constituye una directriz de conducta y criterio hermenéutico que permite, en última instancia, la aplicación del principio de desarrollo sostenible
Similares ideas sostiene León desde la filosofía jurídica: “Este principio impone la obligación de renunciar al proyecto en cuestión si existen dudas razonables sobre su viabilidad ambiental. La naturaleza accedería así a una posición sensatamente privilegiada dentro de la escala de valores y prioridades humana. De alguna manera, este principio no es más que una manifestación importante de la idea de desarrollo sostenible: ambos principios propugnan la defensa de los valores ambientales como soportes de la vida humana, y la necesidad de adaptación a sus reglas para gozar de estabilidad vital, social y económica”
De acuerdo a su desarrollo normativo y jurisprudencial, este principio ha sido recepcionado fundamentalmente en algunos sistemas jurídicos latinoamericanos, tal como veremos a continuación.
En Costa Rica se pueden distinguir tres etapas de aplicación del principio. En 1995, la Sala Constitucional hace una primera referencia al
Por tanto, esta primera mención del principio
Luego de esta primera referencia jurisprudencial, se promulga en 1998 la Ley Nº 7.788, de Biodiversidad, que establece, en el artículo 11, cuatro criterios de aplicación de la ley: preventivo, precautorio o
De esta forma, una segunda referencia al
La utilización de la nomenclatura principio precautorio o
No obstante, debe hacerse aquí una pequeña prevención. Efectivamente ha existido un tratamiento al
Es decir, mientras el principio precautorio exige peligro de daño grave e irreversible
De esta forma, podría indicarse que el
Esto sucede, por ejemplo, en la sentencia núm. 05994, del expediente 13-008478-0007-CO, de 26 de abril de 2017, donde la Sala Constitucional señala que: “Tal como lo ha examinado esta Sala en jurisprudencia anterior (véase la resolución número 2014/004243), se ha reconocido igualmente el denominado ‘principio precautorio en materia especial’ o ‘principio
Claramente, aunque la Sala Constitucional ha hecho referencia a ambos principios -precautorio e
Así, en esta segunda etapa, La Sala Constitucional ha abordado el principio precautorio desde una doble dimensión. En primer lugar, como expresión del principio 15 de la Declaración de Río, y que opera para situaciones en que haya riesgo de daño grave o irreversible del medio ambiente, aun a falta de certeza científica y; en segundo lugar, en su manifestación
Finalmente, la Sala Constitucional ha comenzado a distinguir al
Dicho beneficio fue suspendido por el Instituto, por haber sido sorprendida la embarcación pescando en el área protegida del Refugio de Vida Silvestre Camaronal. Ante ello, el beneficiario presentó recurso de amparo alegando infracciones a las reglas del debido proceso en el procedimiento sancionatorio.
En lo que aquí importa, la Sala Constitucional expresa que se está “frente a una vulneración de particular gravedad al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el que convergen dos características: por un lado, el causante se aprovecha de un subsidio financiado con fondos públicos para realizar una actividad dañina del ambiente; por otro, su actividad es detectada en flagrancia.
Esta lesión contraviene, además, el derecho al desarrollo sustentable, porque al practicarse una faena de pesca en un refugio de vida silvestre sin autorización alguna, seriamente se perjudica la conservación y ordenación efectiva de los recursos actuales vivos, así como el mantenimiento de la biodiversidad marina. Ante tal situación, el principio
Como puede advertirse, finalmente el
Brasil constituye un caso interesante de analizar entre los países que han incorporado a sus sistemas jurídicos el
Estos aportes se han realizado en dos dimensiones principales. En primer lugar, el
En cuanto a la primera dimensión del
“
Se trata de un importante avance por la vía jurisprudencial, para desvelar la existencia de un criterio general de actuación en favor del medio ambiente, que sirve de base para comenzar a configurar el principio
En este sentido, puede referirse también un caso en que el Ministerio Público del Estado de Minas Gerais inicia una acción civil pública en contra de un propietario rural, por haber deforestado un terreno con vegetación nativa. En primera instancia, el demandado fue condenado a una restauración
“
En otro caso, también de 2012, el
“2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura”
El mismo tribunal expresa, en la sentencia del Recurso Especial (REsp) núm. 1.367.923, de 27 de agosto de 2013, que:
“
Estas sentencias traen importantes consecuencias en el desarrollo del principio como criterio hermenéutico, ya que de acuerdo al
La jurisprudencia ha seguido ampliando progresivamente el contenido de este principio en materia de reparación e indemnización por daño ambiental
De esta forma, se puede apreciar que se reconoce expresamente por el máximo Tribunal brasileño la naturaleza de principio hermenéutico al
Una segunda aplicación del principio en Brasil se ha realizado en materia administrativa, referida al régimen de atribución de competencias entre diversos niveles de Administración. Se ha entendido que, en virtud del principio
En este sentido, referido también al ámbito de la distribución competencial, el principio ha servido como criterio para decidir qué ley es aplicable al caso concreto en materia ambiental, señalándose que debe privilegiarse la ley más restrictiva con las posibilidades de afectación de la naturaleza.
En términos concretos, esto significa que:
“
En conclusión, puede observarse que, en Brasil, el
El caso ecuatoriano tiene una diferencia radical respecto de los otros países revisados, derivado del reconocimiento expreso de los derechos de la naturaleza realizado por el Constituyente del año 2008.
Desde esta perspectiva, la Constitución ecuatoriana profundiza ampliamente en las relaciones del individuo y la sociedad, intentando dar un tratamiento sistémico desde la perspectiva constitucional a esta temática, incorporando -entre otras-, disposiciones relativas a: i) un derecho fundamental al medio ambiente sano y equilibrado, inmerso en un conjunto de derechos enmarcado en la noción de buen vivir o
Tal como indica Jaria, con este concepto de Buen Vivir, y todo el tramado de derechos y obligaciones constitucionales unidos a él, se quiere representar la vuelta de la sociedad ecuatoriana a una cosmovisión que rechaza el modelo de desarrollo de influencia occidental y reposiciona a la naturaleza en su relación con la sociedad
En este marco, el texto constitucional posee innumerables disposiciones con contenido ambiental, incluida una que reconoce constitucionalmente algunos principios ambientales como el desarrollo sustentable, la participación o la aplicación transversal de las políticas de gestión ambiental por todos los órganos del Estado
En lo referido al objeto de estudio, el art. 395 contiene una muy interesante disposición en el numeral 4º, que señala: “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: (4) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”. Si bien no existe referencia expresa al
Posteriormente, en el mes de abril del año 2017 se ha dictado en Ecuador el Código Orgánico del Ambiente, que en el art. 9º, Nº 5, reconoce expresamente al
En consecuencia, la regulación ecuatoriana parte de una construcción constitucional del principio
En Chile, ha habido un escaso desarrollo del principio
Los reclamantes alegaban vicios en el procedimiento sancionatorio, y solicitaban la reclasificación de las infracciones imputadas en los cargos presentados y la suspensión temporal, como medida urgente y transitoria de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de dichos proyectos.
En sus argumentos, los reclamantes invocaron el principio
a) “Que faltan las medidas urgentes y transitorias derivadas de la aplicación que ‘iluminan’ las materias ambientales, como el principio preventivo, precautorio,
b) “Que el ‘principio de la supremacía del interés público en la protección del medio ambiente e
Como puede observarse, y tal como argumenta la SMA, los reclamantes realizan una “exposición abstracta de principios sin aplicarlos al caso concreto” (considerando centésimo, p. 69), por lo que el principio
Una segunda referencia al principio puede encontrarse en la sentencia de la causa rol Nº 77-2015, “Sindicatos de pescadores de las caletas Ventanas y Concón con SMA”, por la Resolución Exenta Nº 608/2015, en que la SMA declaró la incompetencia para conocer y sancionar los hechos denunciados relativos al derrame de petróleo en la bahía de Quintero, por ENAP Refinería Aconcagua S.A.
Dentro de los fundamentos de la reclamación, los Sindicatos de Pescadores expresan:
“Que ‘no se ha constatado que en el caso concreto se haya incurrido en ninguna de las infracciones previstas por el artículo 35 de la Losma’. Sin embargo, sostiene que la RCA Nº 616/2001, contempla, en su Anexo D, obligaciones ambientales relacionadas con los Planes de Emergencia y Contingencia de la Refinería de Petróleo Concón S.A., los cuales no distinguirían a qué instalaciones se aplican. Dicho Anexo […] es parte integrante de las obligaciones contenidas en la RCA y, por tanto, susceptible de ser investigado y sancionado por la SMA en aplicación de los principios preventivos, quien contamina paga e
La sentencia que rechaza la reclamación tampoco se hace cargo de debatir en torno a este principio ambiental, por acoger los argumentos de la SMA, en el sentido de que las instalaciones en que se produjo el derrame datan de 1971 y, por tanto, son preexistentes a la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que la SMA no tiene competencia para sancionar
Asimismo, puede observarse que la parte reclamante utiliza el principio
No obstante, resulta relevante indicar que el principio ambiental que se estudia ha sido impetrado en la jurisdicción ambiental, pero sin que se haya dado un contenido específico a éste por quienes los utilizan en sus argumentos como por el sentenciador.
Hemos visto que este principio ha sido desarrollado en algunos ordenamientos latinoamericanos, en cuanto manifestación jurídica de un nuevo valor que la sociedad concibe como un nuevo estándar ético de conducta en nuestra relación con la naturaleza.
Ahora bien, las diversas dimensiones en que ha sido entendido el
Tal como se pudo observar, el principio
No se trata de una dimensión que refleje el estadio de evolución actual del principio
Se refiere, como indica la sentencia de la Sala Constitucional antes mencionada, de una actitud preventiva y precautoria que debe guiar las actividades humanas, sean públicas o privadas.
Lo relevante de esta dimensión del principio es que constituye un primer intento por vislumbrar una especie de pauta general de comportamiento, pro ambiente, en la actuación de las personas y de los órganos públicos, que se concretará en siguientes manifestaciones más elaboradas
Se puede destacar también el avance que ha tenido este principio en el desarrollo normativo de Costa Rica. Tal como se indicó, en 1998 se promulga la Ley de Biodiversidad, Nº 7788, en que se establece como criterio de aplicación de la ley, entre otros, el criterio precautorio o
Esta modalidad es confirmada por la jurisprudencia de la Sala Constitucional costarricense, que denomina al principio precautorio indistintamente como
No obstante, progresivamente se va identificando a este último con una manifestación especial de principio precautorio, en que se tiende a eliminar la exigibilidad de gravedad e irreversibilidad del riesgo de daño, para que opere un estándar de actuación pro ambiente, para la Administración y la Jurisdicción. Existe, en consecuencia, una tendencia a dar una denominación compuesta -
Por tanto, el principio
Una tercera manifestación que ha tenido el principio
Ahora bien, esta construcción es complementada de manera integral por el Código Orgánico del Ambiente ecuatoriano, que al mismo tiempo de distinguirlo de otros principios como el preventivo y precautorio, señala las posibilidades de uso: “cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de normas” (art. 9.5).
De esto se desprende que al presentarse duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, la aplicación será aquella que “más favorezca al ambiente y a la naturaleza”, tanto si existe información incompleta o discusión científica (como sucede en la precaución), al igual falta de concreción legislativa frente a la protección de cierto bien o servicio ambiental, e incluso cuando se presente un conflicto entre disposiciones normativas.
Este principio ha sido implementado como criterio interpretativo tanto en Ecuador como en Brasil. En el primero de dichos países, se le ha dado una función casi exclusivamente hermenéutica, recogido incluso en el orden constitucional, que en el art. 395, Nº 4 expresa: “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”. En cambio, la jurisprudencia brasilera entrega además otras funciones impetradas al principio
Vemos en esta dimensión una natural integración al principio hermenéutico que es recogido en otras ramas del derecho, como el
Esta manifestación del
Ha sido este mismo órgano constitucional quien se ha encargado de establecerla como una regla de actuación distinta de aquel criterio que opera cuando existe riesgo grave o irreversible de daño ambiental. En este último caso estamos ante el principio precautorio, cuya delimitación ha sido realizada por el Principio 15 de la Declaración de Río, y que pretende operar como pauta de comportamiento ante situaciones de riesgo extremo (grave o irreversible) del medio ambiente.
En cambio, para el principio
De esta forma, Moraga señala que el contenido del principio precautorio, en cuanto de criterio para la protección del medio ambiente por los Estados, es el siguiente
a) El riesgo de daño grave o irreversible;
b) La incertidumbre científica, y
c) La eficacia o proporcionalidad entre la medida que se pretende adoptar y el daño que se pretende evitar.
En este sentido, si se sostuviera que existe una completa identificación del
Por otra parte, Bermúdez establece que existen dos presupuestos fundamentales que estructuran el principio precautorio:
a) Que la relación entre la complejidad de los sistemas ecológicos y el conocimiento científico disponible, permite que no exista certeza científica absoluta de la evolución futura de los peligros y riesgos ambientales, y
b) Que la aplicación de instrumentos y herramientas
Pero Bermúdez discrepa de Moraga en cuanto a la exigencia de que el riesgo del daño ambiental sea grave o irreversible, como lo requiere la Declaración de Río de 1992, cuando formula el Principio 15. En este sentido, explica el autor que cuando el principio precautorio es incorporado por la vía legal a instrumentos de gestión ambiental, como la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la evaluación ambiental estratégica (EAE), se produce una ampliación de este principio en el sentido que incluye no solo a situaciones de peligro de daño ambiental, sino que además las de simple riesgo, haciendo operativos a los instrumentos de gestión ambiental a situaciones de baja probabilidad de daño
No obstante, defendemos la tesis de Moraga. Esto es, que el principio precautorio opera esencialmente ante riesgo de daño grave o irreversible al medio ambiente, y que ante situaciones que Bermúdez describe como de simple riesgo, opera un criterio más amplio de protección ambiental -distinto del precautorio-, enfocado en la actividad cotidiana de las personas y muy especialmente de los órganos de la Administración del Estado, que es, precisamente, el principio
En este sentido, se indicó antes que en realidad, cuando se expresaba por la legislación costarricense y luego por la Sala Constitucional, que correspondía aplicar el principio precautorio o
Esta configuración autónoma fue reconocida por la Sala Constitucional de Costa Rica, en la sentencia Nº 13347, de 2017, y por el Código Orgánico del Ambiente de Ecuador, también en 2017. En el mismo sentido, fue identificado en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia brasileños, para argumentar interpretaciones novedosas y pro ambiente en las reglas de la reparación e indemnización de perjuicios por daño ambiental.
Para explicar el alcance de este principio ambiental, Bryner expresa:
“
De esta forma, estamos ante una regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones.
Así, el
a) Pauta de actuación para la Administración del Estado (y también para los particulares), que ante el riesgo de que su actividad pueda causar un daño ambiental significativo
b) Criterio hermenéutico para los órganos jurisdiccionales, para que la norma deba interpretarse de la forma más favorable al medio ambiente, en cuanto sistema global en que llevamos a cabo nuestra existencia.
De esta forma, el
La eclosión de este principio se enmarca en un contexto de consolidación de un nuevo valor de la sociedad, referido a la relación amistosa con el medio ambiente, que ha ido progresivamente consolidándose en los ordenamientos jurídicos a través de principios ambientales.
Si bien en una primera etapa los Estados comenzaron a aplicar un criterio precautorio ante el riesgo grave o irreversible del medio ambiente, actualmente los estándares de comportamiento exigibles al Estado han comenzado a ser más elevados.
Por tanto, la exigencia de un criterio precautorio ya no solo opera cuando exista un riesgo de daño grave o irreversible, sino que también se ha comenzado a exigir una pauta de comportamiento pro ambiente, aplicable a actos de la vida normal de la Administración y de la sociedad toda, que permita la consolidación de un nuevo modelo de Estado que se construye bajo los postulados del Desarrollo Sostenible, y que promueve una protección integral del Medio Ambiente, como expresión de la vida digna
En este contexto, en que la garantía de la calidad del ambiente se torna proporcional a la calidad de vida de las personas
Se trata, en definitiva, de un principio que promueve la creación de la conciencia ambiental de la sociedad, donde todas y cada una de las personas van tomando decisiones y ejerciendo su actividad de una manera amistosa con el medio ambiente, posibilitando una protección integral de la naturaleza, que repercute positivamente en nuestra existencia, y que Chile debería comenzar a integrarlo como tal.
Este trabajo forma parte de la investigación Fondecyt de iniciación Nº 11150054.
Cassagne (2015), p. 18.
Desde esta perspectiva, la Real Academia de la Lengua Española (2016), define a los valores como “cualidades que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables”. Ejemplos de valores son la honestidad, la amistad y la libertad.
Sobre esta afirmación véase las sentencias del Tribunal Constitucional (STC), Nº 2410-2013 (consids. 11 y 12); 2081-2015 (consid. 11) y 2887-2016 (consid. 18).
Alcalde (2008), p. 464.
Verdugo, Pfeffer y Nogueira (2005), p. 109.
STC Nº 1185-2009 (consids. 11 y 12); 2860-2016 (consid. 13).
Cassagne (2015), p. 36.
Verdugo, Pfeffer y Nogueira (2005), p. 110.
El concepto “dimensión ético-sustantiva” es utilizado por Luque para referirse al “conjunto de derechos, principios y valores éticos que encontramos en los ordenamientos jurídicos constitucionales de los Estados de derecho contemporáneos”, en Luque (2014), p. 19.
Verdugo, Pfeffer y Nogueira (2005), p. 109.
Cassagne (2015), p. 35.
Alcalde (2016), p. 39.
Suárez-Rodríguez (2016), p. 54.
A modo de ejemplo, puede mencionarse: Hart (1963) y (1980); Dworkin (1967) y (1978); Alexy (1989).
Grández (2014), p. 8.
Ferrajoli (2012), p. 18.
A partir del trabajo de Dworkin se comenzó a reconocer que cada sistema jurídico estaba integrado por directrices, principios y normas. Las primeras corresponden a estándares que proponen objetivos que deben ser alcanzados por la sociedad, por implicar una mejora económica, política o social de la comunidad. Los principios son estándares que deben ser alcanzados por corresponder a exigencias de justicia, equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Finalmente, las normas al igual que los principios, son estándares que apuntan a decisiones particulares referentes a la obligación jurídica en determinadas circunstancias, pero difieren de éstos en el carácter de la orientación que dan. Las normas son aplicables a la manera de disyuntivas. “Si los hechos que estipula una norma están dados entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada la decisión”. Dworkin (1978), pp. 72-73.
Zagrebelsky (2008), p. 110.
Zagrebelsky (2008), p. 110.
Cassagne (2015), pp. 34-35.
Zagrebelsky (2008), p. 110.
El principio pro homine, que fue definido por el juez Rodolfo Piza, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un “criterio fundamental (…) [que] impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Opinión separada en la Opinión consultiva OC-7/86, de 29 de agosto de 1986, Serie A, Nº 7, párr. 36).
Sobre este punto, Aguilar y Nogueira (2016).
Arnold, Martínez y Zúñiga (2012), p. 67.
Este informe fue presentado en 1987 a la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Naciones Unidas.
En este sentido, las sentencias del Tribunal Constitucional Nºs. 2410, 2747, 2801, 2860 y 2887.
Sobre este tema, Jaria (2011).
Son ejemplos de los problemas ambientales globales el cambio climático, la contaminación de los Océanos y la gestión del riesgo derivado del uso de la tecnología. Asimismo, como problemas ambientales de dimensión local podemos mencionar el tratamiento de residuos, el uso intensivo del territorio, la explotación intensiva de los recursos naturales y la contaminación de las aguas o del aire.
Galdámez (2016), pp. 113-144.
Serrano (1992), pp. 220-221.
Para profundizar sobre estas cuestiones, véase Ferrajoli (2012); Luque (2014); Zagrebelsky (2008).
En el mismo sentido, Moraga expresa que: “Los principios del Derecho Ambiental constituyen una piedra angular de esta nueva rama del Derecho, que inspira la labor del legislador y del juez en la elaboración de las normas ambientales y su aplicación al caso concreto, respectivamente” (2014), p. 1.
Bermúdez (2015), p. 46.
Declaración acordada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, en Río de Janeiro.
El desarrollo del Derecho Ambiental ha sido impulsado coetáneamente desde el Derecho Internacional y el Derecho nacional de los países. Desde el primero, a través de tratados, declaraciones de organismos internacionales, convenios, entre otros, como la Declaración de Estocolmo, de 1972, y desde los ordenamientos nacionales, a través de leyes que promueven la protección del medio ambiente, como la
A modo de ejemplo, los principios ambientales han servido de fundamento al sistema de evaluación de impacto ambiental (principio preventivo), la acción de daño ambiental (principio de responsabilidad), o la participación ciudadana (principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, 1992). También múltiples sentencias de nuestra Corte Suprema han invocado estos principios, como en los casos “Depósitos de Cenizas Las Trancas, rol Nº 4755-12; “Termoeléctrica Castilla”, rol Nº 1960-2012; “El Morro”, rol Nº 11299-2014 o “Dunas de Concón”, rol Nº 2138-2012.
Sobre los principios mencionados, Moraga, Boutonnet y Saint-Pau (2015); Moraga (2014); Casado (2012); Bermúdez (2015); Moya (2014), y Lozano (2008).
Jaria (2013).
Desde una concepción antropocéntrica de la protección del medio ambiente, éste es un bien jurídico cuya protección se garantiza incluso constitucionalmente, en cuanto condición que permite a las personas lograr su mayor realización posible. En este sentido, recuérdese el Principio 1 de la Declaración de Río, de 1992: “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.
Arístegui (2010), pp. 23-48; Bermúdez (2014).
Bryner (2015), p. 168.
Bryner (2015), pp. 166-168.
León (2011), p. 356.
De acuerdo con Pinto, la Sala Constitucional de Costa Rica ha estado siempre muy influenciada por los criterios emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene asiento en San José. Por ello, puede señalarse que en su primera manifestación, este principio pudo haber sido derivado de otros dos principios utilizados por La Corte Interamericana, el
Voto 5893-95, Sala Constitucional de Costa Rica de 1995.
Señala el artículo 11, núm. 2 de la Ley de Biodiversidad de Costa Rica: “Son criterios para aplicar esta Ley: 2.- Criterio precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. Similares conceptos utiliza el principio 15 de la Declaración de Río, haciendo referencia al principio precautorio.
De acuerdo con Bjork
Así por ejemplo, las sentencias Nº 2988 de 1999 el Nº 2988; 8234 de 2000; 5048 de 2001; 2015 de 2002; 6312 de 2003; 1915 de 2004; 113 de 2005; 1917 de 2006; 1689 de 2007; 2521 de 2008; 262 de 2009; 6922 de 2010; 3114 de 2011; 1283 de 2012; 7934 de 2013 y 2520 de 2014.
Expresa el principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro, aprobada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
Villa (2014).
Supremo Federal de Brasil, ADI 3540-MC, 3 de febrero de 2006.
Sentencia citada en Villa (2014), pp. 90-91.
Tribunal Supremo Federal de la República Federativa del Brasil, REsp 1.198.727/MG, 14 de agosto de 2012.
Villa (2014), p. 91.
Por todas, consultar: REsp 1.115.555-MG, REsp 1.181.820-MG, REsp 802.060-RS, REsp 1.224.466-MG.
Tribunal Supremo Federal de la República Federativa del Brasil. REsp. 1.367.923-RJ.
Tribunal Supremo Federal de la República Federativa del Brasil. REsp. 1.056.540-GO.
Zapater (2015).
Viera, Toledo y De Oliveira (2006).
Capelli (2002).
Título II, Capítulo 2º de la Constitución ecuatoriana.
Constitución de Ecuador, Título II, Capítulo séptimo, arts. 71 a 74.
Art. 71, inc. 1º, Constitución de Ecuador.
Título II, Capítulo VII de la norma fundamental de Ecuador.
Jaria (2013), pp. 45-48.
Constitución de Ecuador, art. 395.
Código Orgánico del Ambiente de Ecuador, art. 9.
Sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, rol Nº 48-2014, apartado III, parte expositiva de la sentencia, p. 22.
Sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, rol Nº 48-2014, considerando 13º, p. 33.
Sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, rol Nº 48-2014, apartado III, parte expositiva, p. 5.
Sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, rol Nº 48-2014, considerando vigésimo cuarto.
Recurso Especial Nº 1.145.083-MG y 1.367.923, entre otros.
En este sentido, precisaría el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, Sala segunda, que “la legislación de amparo de los sujetos vulnerables y de los intereses difusos y colectivos, debe interpretarse de la manera que les sea más favorable y mejor pueda viabilizar, en el plano de la eficacia, la prestación jurisdiccional y la
Freitas Martins (2002), p. 121.
Moraga, Boutonnet y Saint-Pau (2015), pp. 15-16.
Bermúdez (2015), pp. 46-47.
Bermúdez (2015), p. 48.
Bryner (2015), pp. 166-168.
De acuerdo con la Ley Nº 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, de 1994, art. 2º, letra e), el daño ambiental es “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo al medio ambiente o uno de sus componentes”.
Sobre el Desarrollo Sustentable, véase Díaz
Sobre este tema, véase Galdámez (2016); Jaria (2011).
López (2012).