La obra que tengo el orgullo y honor de recensionar, de Jordi Nieva Fenoll, Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, puede presentarse como una obra necesaria para un fin esencial como es, en palabras del propio autor, una mejor comprensión de la misión del abogado en la sociedad. El papel de los letrados ha evolucionado, variando en relación a la configuración de la sociedad y su democratización, teniendo un impacto indiscutible en ello la oferta masiva de egresados del Grado en Derecho respecto a épocas pretéritas y la falta de formación jurídica en los planes de estudio de la educación primaria y secundaria en la conducta del ciudadano, a la hora de optar por un abogado o valorar su trabajo. Dimensiones no olvidadas por el autor y que podrían apuntarse como la raíz justificativa del libro.

En ese contexto, el autor pone su grano de arena en lo que se podría denominar “formación colectiva” de la ciudadanía en materia jurídica, y en especial de la figura del abogado, haciendo su contribución con un libro que desprende claridad, sin perder el rigor que exige la narración jurídica. Igual que el abogado que, como decía Piero Calamandrei en su Elogio de los jueces escrito por un abogado (1935), sabe transmitir sus argumentos con simplicidad pero que, al igual que el artista, descubre y revela los aspectos más escondidos de la verdad, aportando sensibilidad a la interpretación. De igual forma, el autor, con un poderoso ejercicio de pedagogía, va respondiendo a lo largo de los cinco capítulos a las preguntas estereotípicas que cualquier ciudadano se formularía ante el momento clave de necesidad de un abogado: ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo sé si es bueno o no? ¿Es especialista? ¿Hasta qué punto debo fiarme? ¿Cuánto me costará?

En el primer capítulo, ataja la necesidad de contratación del abogado. La casilla de salida puede producir un poco de vértigo: en nuestro país se encuentran colegiados 150.000 abogados ejercientes y 100.000 abogados no ejercientes, razón por la que el autor señala la abogacía como una figura cercana a la ciudadanía, que, a pesar de su proximidad, implica una labor compleja y minuciosa de estudio y análisis de documentación y hechos excluyente de exámenes superficiales, como en otras profesiones. Ello lleva al autor a tomar distancia con otras instituciones, como las profesiones paralelas o la autodefensa. La posición como experto en Derecho es otro factor que facilita la negociación y mediación con pares expertos, a pesar del perfil del mal profesional o la distinta concepción de estas vías en función de la cultura jurídica. En tal caso, la responsabilidad profesional pone tierra de por medio con el abogado enredador, planteándolo como un supuesto excepcional en contraposición al cumplidor de la deontología. Por ello, el autor se posiciona a favor de una interacción del ciudadano con la justicia desde un punto de vista fiel, patrocinado por abogados transparentes y proclives a la prevención y paliación del conflicto social. Como solución, se orienta por un mayor destino de recursos a la justicia por parte del Estado, factor que facilitaría el mejor funcionamiento de la misma, sin estigmatizar la figura del letrado.

La formación ciudadana en la dimensión jurídica es igualmente señalada como horizonte de progreso, en especial en la materia de Derechos humanos, papel en el que, si bien el abogado tiene un importante rol, es el Estado el que debería comprometerse, como se ha comentado, por medio de los planes de estudio, al igual que en otras materias. Y es que como sentencia el autor, el abogado es el médico de los conflictos sociales, siendo el profesional del derecho quien, por su contacto con la ciudadanía, adopta mayor responsabilidad en su difusión. Otro de los aspectos destacables por el autor es el papel del abogado en el restablecimiento de la igualdad de las armas de las partes. Si bien puede encontrarse una gran variedad de formación en el perfil del abogado, aspecto en el que se responsabiliza al nivel de exigencia de las universidades, variable en el tiempo y laxo en el presente, pero que en definitiva tiene un efecto: que la sociedad premie el conocimiento y no el mero título. De esta forma, el abogado contribuirá a la construcción social.

El segundo capítulo responde a qué valorar de un abogado. El autor descarta criterios como la publicidad, el impacto mediático del abogado, el lujo de las instalaciones, el porcentaje de éxitos o el llamado “boca a boca”, por sí solo insuficiente. Como paso previo, aconseja elaborar un listado de candidatos en base a recomendaciones o búsqueda por internet. Valorando los criterios, manifiesta la preferencia por la trayectoria en cuanto a la excelencia en la llevanza de asuntos respecto a la mera experiencia, señalando la tendencia de los abogados jóvenes a la capacidad de trabajo respecto a la experiencia como cualidad de los veteranos. Descarta igualmente criterios corporales como la gestualidad o la mirada, poniendo el acento en la atención a las explicaciones, la coherencia de las preguntas y la asepsia o desapasionamiento respecto a la problemática del cliente, así como el estudio o preparación del asunto, o la capacidad para plantear alternativas con claridad. En atención a la información y trasparencia en la llevanza del asunto, el autor llama a la confianza respecto de la interpretación del letrado de los actos del proceso, si bien aconseja poner por conocimiento escrito al cliente de las distintas alternativas a seguir en caso de opción. El capítulo concluye con la labor del abogado respecto a la exposición de la complejidad del asunto, que pasa por explicar con simplicidad para la comprensión de lo esencial, al igual que se ha conseguido con otras ramas del conocimiento, y todo ello sin el deseo de evidenciar la ignorancia del destinatario de la información. Similar sinceridad exige el autor con las perspectivas de éxito, en la que el cliente debe tomar su decisión en una situación de consentimiento plenamente informado.

En el tercer capítulo se atajan las especialidades. Ya en el primer capítulo, el autor proponía crear consultas preliminares para orientar al ciudadano al mejor especialista del derecho. Se parte de una idea esencial: el enorme volumen del Ordenamiento jurídico hace que sea imposible que un profesional se dedique a todas las materias y para ello expone todas las especialidades: civil, penal, laboral, contencioso-administrativo, financiero y tributario, Derecho internacional público y privado, concursal o constitucional, entre otras especialidades. Finaliza el capítulo cargando tintas contra el intrusismo, fenómeno con diversas manifestaciones, desde los abogados que adolecen del deber de ciencia hasta los profesionales que no cuentan con la especialización necesaria para el desempeño de la profesión; para lo cual reivindica una regulación especial para evitar el intrusismo en beneficio de toda la sociedad.

En el capítulo cuarto, ensaya con la idea de la confianza, aspecto vital en cuanto a la extensión en el tiempo de la relación profesional. La ruptura de la misma puede venir de la mano del cliente o del abogado, dejando claro las obligaciones del letrado de proporción de documentación y concesión de la venia de cara a la prevención de conductas desleales por otros compañeros. A pesar de la exigencia de confianza en la relación profesional abogado-cliente mantenida por el autor, defiende el mantenimiento de cierta distancia de cara a las diferentes responsabilidades que puedan surgir, manteniendo en todo caso la cordialidad. La confianza a su vez, tiene consecuencias en la labor y resultados del abogado, partiendo del carácter necesario de que el cliente cuente la verdad al abogado, dimensión en la que el abogado deberá abstenerse de juzgarle moralmente en pos del derecho a la defensa; así como de proporcionar la documentación completa al letrado. En cualquier caso, la falta de información determinará el fracaso de la defensa, que tendrá un margen de maniobra y respuesta muy limitado ante las disquisiciones del proceso y conductas de la parte contraria. La transparencia se erige como el valor que debe regir las relaciones entre el abogado y el cliente, aspecto en el que influirá la comprensión social de la defensa y la razón de su existencia.

El capítulo quinto trata sobre el valor del abogado. El autor parte de la desacreditación del mito que minusvalora la labor del abogado en relación a su trabajo, y señalando la libertad de fijación de precios por los mismos, con independencia de los criterios orientadores de los colegios de abogados, no obligatorios y limitados al cálculo de las costas. Debido a que la abogacía no implica la prestación inmediata de su servicio, sino a medio plazo, los intentos de dumping resultan infructuosos. Partiendo de esa base, descarta el sistema de tarifación por horas, de más calado en el mundo anglosajón, de poca aplicabilidad a nuestro sistema por el perfil de judicialización de asuntos. Respecto a la libertad de tarifación, propone el autor regular normas de honorarios comunes cuando el cliente fuese un consumidor, y dejar la libre contratación con grandes empresas. Ante el perfil asimétrico de trabajo entre grandes despachos y pequeños profesionales, aboga el autor por un criterio de competencia basado en la calidad del servicio, que acredite al abogado como profesional de prestigio en su especialidad, cuestión a la que alude el autor como ser “abogado de abogados”, aspecto en el que resulta crucial la formación continua y que influye decisivamente en la calidad del servicio.

De igual forma pone especial atención a la utilidad de exigencia de provisión de fondos, aspecto que puede producir aversión en el cliente promedio, que además de servir de garantía frente a futuros impagos del cliente, respalda el estudio preliminar y de viabilidad que debe afrontar el letrado, fase decisiva por redundar en la preparación estratégica del asunto.

En su epílogo, el autor justifica su visión objetiva de la abogacía, afirmando que no se ha pretendido ni alabarla ni despreciarla, sino destacar sus defectos y peligros, aunque también sus virtudes y, sobre todo, su función social esencial para, como se ha anunciado al principio de la presente recensión, acercar la profesión a la ciudadanía, volviendo a reivindicar la formación jurídica de la sociedad, necesaria para su progreso. Igualmente, se muestra favorable a que el acceso al Grado fuese más selectivo en función del currículum del alumno, manteniendo en todo caso la gratuidad de la educación universitaria para evitar el condicionante de la economía. Todo ello en pos de mejorar el acceso al mercado laboral de los recién graduados en derecho al finalizar sus estudios, aspecto en el que el autor reclama mayor responsabilidad y cuota de actuación a las instituciones universitarias. La idea de cierre es sencilla: la desiderata de que en el futuro se difunda la importancia del Derecho en nuestras sociedades para la mejora del ciudadano en sus relaciones sociales y personales, lo que redundará en la madurez de la sociedad en su conjunto.

No cabe duda de que la labor de divulgación, excelentemente plasmada por el Prof. Nieva Fenoll en Necesito un abogado. Cómo escoger a un buen abogado y qué puede hacer por ti, es necesaria en los estudiosos del Derecho, si se pretende cambiar nuestro entorno e influir en la conciencia del legislador. Es otra muestra de la pasión que reivindicaba el citado Calamandrei, y que se manifiesta en el ejercicio de la profesión del abogado –si bien con las matizaciones del autor en el trato con el cliente– o la vocación del docente contribuyendo a la ciencia, o a la prosperidad de la sociedad en su conjunto.

Por ello no dudamos en recomendar inequívocamente este libro, de agradabilísima lectura a un espectro amplísimo de personas: desde los que se pregunten si realmente quieren dedicar su vida a la abogacía, que encontrarán respuesta, a los buenos abogados que encontrarán un sincero elogio entre sus páginas; y en general a cualquier ciudadano que quiera conocer a la abogacía, o estudioso del Derecho que encontrará un cumplido homenaje espiritual a su labor.