ALERTA ROJA PARA LOS HUMEDALES URBANOS[1]

El pasado 17 de noviembre un incendio causado por una bengala arrasó 10 ha del humedal urbano Paicaví, ubicado en Concepción y perteneciente al gran sistema hídrico Rocuant-Andalién. El incidente volvió a poner la alerta sobre estos espacios verdes” que han sido los grandes olvidados de la planificación y la gestión urbana chilena en los últimos decenios, en la ausencia de su reconocimiento como infraestructura verde urbana y como parte de una matriz ambiental más amplia.

En el ámbito académico diversos son los reconocimientos que realizan a los humedales urbanos. Si bien en un primer momento la mirada era más conservacionista, vinculada a su diversidad biológica y a sus propios valores ecosistémicos como espacios de reserva de agua -vegetación hidrófita y espacios de tránsito de aves migratorias-, a medida que avanzaron las décadas, se empezaron a visualizar como entornos que proporcionan una importante cantidad de servicios ecosistémicos a los asentamientos urbanos: regulación de agua y de temperatura, captación de C02, purificación de agua, ocio y recreación y, en el caso de Chile, mitigación de amenazas naturales, por ejemplo, los tsunamis.

Desde el punto de vista de la protección, la Convención sobre la Importancia de los Humedales (1971), comúnmente conocida como la Convención RAMSAR y liderada por organizaciones no gubernamentales de conservación, estableció el primer marco institucional globalmente coordinado para la protección de un único tipo de ecosistemas, los humedales. Dicho marco se levantó sobre tres pilares básicos: (1) la designación y la gestión de humedales dentro de la red Ramsar; (2) el uso prudente de los humedales; y (3) la cooperación internacional. Sin embargo, el foco de la red ha ido evolucionando a lo largo de su lustro de historia. Mientras que en un primer momento la identificación de humedales para la protección del hábitat de las aves migratorias fue su principal objetivo, en los años 80 cobró más peso el segundo pilar. En los 90 y principios de este siglo, el discurso se trasladó a la protección y la evaluación de los servicios de los ecosistemas que prestan los humedales, asociándolos a las implicaciones para la calidad de vida, para luego avanzar en la involucración de las comunidades y agentes asociados. No obstante, y a pesar de la complejidad que fue incorporando a su discurso, los humedales urbanos no fueron formalmente reconocidos como una preocupación propia del discurso RAMSAR hasta el año 2008, en su resolución X.27. Más aún, hasta la resolución XI.11 de 2012, no se determinaron principios generales para el establecimiento de la gobernanza de los humedales urbanos, ni principios básicos para guiar su gestión. Este tardío reconocimiento internacional, ha ralentizado la acción institucional sobre los humedales con un mayor nivel de amenazada.

Los marcos conceptuales desde los que se han estudiado estos ámbitos también han ido evolucionando. De un marco básico, en el que la protección y gestión de estos espacios era el foco de los humedales extraurbanos, hacia los conceptos intraurbanos, como ecología urbana, que parecen haber tomado fuerza en las últimas décadas. Esto basado en el entendimiento de que los procesos ecológicos y las interacciones entre las dimensiones sociales y ecológicas en un ecosistema urbano son muy diferentes a las que se desarrollan en entornos no urbanos.

En el contexto nacional chileno, la inexistencia de un marco normativo de reconocimiento y protección, las rápidas transformaciones urbanas desde una lógica neoliberal y el desapego por los valores que prestan estos ecosistemas, han propiciado el asedio urbano y la desaparición de muchos humedales. Las amenazas no han cambiado mucho en los últimos tiempos: la deficiente planificación urbana que no los reconoce, el crecimiento urbano, la fragmentación por infraestructuras que los ven como vacíos urbanos, los rellenos y las desecaciones, la contaminación, la destrucción de la flora o el acoso de la fauna por transeúntes, mascotas domésticas y pastoreo, han sido las principales causas de su reducción y degradación.

El Ámbito Metropolitano de Concepción, por su localización en un territorio costero que un día fue una llanura fluvio-deltaica, posee un sistema hídrico subterráneo interconectado que en superficie se traduce en una gran cantidad de espacios lacustres y humedales. Sus valores de flora y fauna han sido ampliamente identificados y catastrados, sin embargo, sufren los problemas identificados a escala nacional.

En la última década, diversos han sido los apoyos a estos cuerpos de agua, tanto desde las asociaciones socioambientales, entre la que destacan la Red de Humedales del Bío Bío, que emergió como organización socioambiental para poner en la opinión pública los valores positivos de los humedales en el año 2017, como desde la red académica que se ha enfocado en aportar con datos e indicadores la pérdida de biodiversidad y de superficie de humedales, ya sea en medios de difusión científica como a través de plataformas digitales abiertas al público en general (ver urbancost.cl).

El trabajo conjunto de ambos bloques a escala nacional conllevó a que, en 2020, se promulgara la Ley 21.202 cuyo objetivo es la protección de los humedales urbanos que, en muchos aspectos fue una esperanza para estos reductos de biodiversidad socioecológica en la ciudad. El Reglamento de la Ley, publicado el 30 de julio, establece que para entender un espacio como humedal debe incluir al menos uno de los siguientes criterios: (1) la presencia de vegetación hidrófita; (2) la presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (3) un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. También define unos criterios mínimos de sustentabilidad, para la gestión sustentable y para la gobernanza de los humedales urbanos.

A fecha actual, ya existen catalogados 33 humedales a escala nacional, de los cuales sólo dos pertenecen al Ámbito Metropolitano del Concepción -la Laguna Rayencura de Hualqui y el Paso Seco Sur de Coronel-, otros dos pertenecen a Lebu, uno a Cañete y otro a Los Ángeles. La Red de Humedales del Bío Bío se encuentra organizada en diversos comités de trabajo apoyando a los municipios, que son los que deben presentar la solicitud, en la redacción de los expedientes. En Coronel, ya se han entregado varios expedientes. En Concepción, se priorizaron dos, el Humedal Cárcamo, escondido entre las quebradas del Cerro Caracol, y el Humedal Pichimapu, en el barrio de Nonguén, actualmente ya reducido y aún asediado por una posible nueva urbanización. Este acompañamiento se está realizando, asimismo, con los municipios de San Pedro de la Paz y de Hualpén, con miras a transitar en la forma en la que la ciudad se ha relacionado con estos humedales hasta ahora.

Con todo, la ley de humedales urbano que da un marco inicial para su protección, particularmente en la identificación a escala nacional y en la descripción de criterios mínimos, no es suficiente para asegurar su continuidad a largo plazo. Deja en manos de los municipios el desarrollo de la gestión, la puesta en marcha de la gobernanza, el monitoreo y su inclusión, su reconocimiento y protección dentro de la planificación urbana y territorial. Esta labor tan relevante para la continuidad y para la sustentabilidad de los humedales urbanos queda sin ningún órgano de control hasta que no se apruebe e instaure finalmente el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y futuro sucesor de CONAF, y que se espera administre las Áreas Protegidas Públicas y supervise las privadas, elabore y actualice los planes de manejo y se encargue de determinado monitoreo. Por otra parte, el Reglamento indica que cualquier proyecto desarrollado en estos ámbitos debe pasar por una evaluación de impacto ambiental, pero no limita el posible desarrollo de proyectos dentro del área delimitada como humedal, por lo que se vuelve aún más preocupante la indeterminación en el que se define la sostenibilidad y el uso racional de los humedales urbanos.

Por último, no sirve de mucho avanzar en legislaciones de protección sin desarrollar en paralelo serias campañas de concienciación de los valores de los humedales urbanos orientadas a las empresas y la ciudadanía. A las primeras, para que no prefieran pagar multas frente a incorporar la dimensión ambiental como bandera, y la segunda para que reconozcan no sólo los valores si no también la fragilidad de estos espacios.

RED ALERT FOR URBAN WETLANDS[2]

Last November 17th, a fire started by a flare, laid waste to 10 ha of the Paicavi urban wetland in Concepción, which is part of the larger Rocuant-Andalién water system. The incident once again raised a red flag for these green spaces, which have been left behind in Chilean urban management and planning in recent decades, on not having been acknowledged as urban green infrastructure, or as part of a broader environmental matrix.

In the academic sphere, urban wetlands have been acknowledged. Although initially the view was more conservationist in nature, linked to their biological diversity, and their ecosystem values as water reserves -hydrophyte vegetation and stopovers for migrating birds-, as the decades have gone by, they have started to be viewed as settings that provide an important number of ecosystem services to urban settlements: water and temperature regulation, CO2 capture, water purification, leisure and recreation and, in the case of Chile, mitigation for natural threats like tsunamis.

From the protection point of view, the Convention on Wetlands of International Importance (1971), commonly known as the RAMSAR Convention, led by non-governmental conservation organizations, established the first globally coordinated institutional framework to protect this unique type of ecosystem. This framework was built upon three basic pillars: (1) the designation and management of wetlands within the Ramsar network; (2) the prudent use of wetlands; and (3) international cooperation. However, the focus of the network has evolved. While initially, the identification of wetlands to protect habitats of migrating birds was its first goal, in the 1980s the second pillar gained weight. In the 90s and at the turn of this century, the discourse moved onto the protection and evaluation of ecosystem services that the wetlands provide, associating them to the implications for the quality of life, before then moving to involve communities and associated agents. But despite the complexity that was added to the discourse, urban wetlands were not formally recognized as a concern of the RAMSAR discourse until 2008, with resolution X.27. Furthermore, the general principles to establish governance of urban wetlands and the basic principles to guide their management were not determined until resolution XI.11 in 2012. This tardy international recognition has slowed down institutional action for the most at-threat wetlands.

The conceptual frameworks from which aspects have been studied have also been evolving. From a basic framework, where the protection and management of these spaces was the focus of extra-urban wetlands, to intra-urban concepts, like urban ecology, which appear to have garnered strength in recent decades. This is based on the understanding that ecological processes and interactions among the social and ecological dimensions in an urban ecosystem are very different from those taking place in non- urban settings.

In the Chilean domestic context, the lack of a regulatory framework for recognition and protection, quick urban transformations from a neoliberal logic, alongside indifference about the values these ecosystems provide, have fostered an urban siege and the disappearance of many wetlands. The threats have not changed much in recent years: deficient urban planning that disregards them, urban sprawl, fragmentation by infrastructures that see them as urban vacuums, refills, drainage, contamination, the destruction of flora or harassing of fauna by passersby, pets, and grazing, have been the main causes behind their reduction and degradation.

The Metropolitan Area of Concepción, due to its location on coastal land that once was a fluvial-deltaic plain, has an interconnected underground water system that on the surface emerges as a large number of lacustrine and wetland spaces. The value of their flora and fauna have been widely identified and recorded, however, they still experience the problems identified domestically.

In the last decade, the support given to these water bodies has been diverse, both from socioenvironmental associations, where the Bio-Bio Wetlands Network stands out, which emerged in 2017 as a socio-environmental organization to take into the public sphere the positive values of wetlands; and from the academic area, which has focused on providing data and indicators on the loss of biodiversity and wetland surfaces, whether in scientific journals or through digital platforms open to the general public (see urbancost.cl)

The joint work of both blocks on a national scale led to the passing of Law 21.202, in 2020, whose purpose is the protection of urban wetlands which, in many aspects, brought hope for these strongholds of socioecological biodiversity in the city. The Regulations of the Law, published on July 30th, establish that to label space as a wetland, it must at least have one of the following criteria: (1) the presence of hydrophyte vegetation; (2) the presence of wet soil with poor or no drainage; and/or (3) a hydrological saturation system, be this permanent or temporary, that causes regular flooding. It also defines some minimum sustainability criteria, for sustainable management and the governance of urban wetlands.

To date, there are already 33 wetlands cataloged domestically, two of which belong to the Metropolitan Area of Concepción, Laguna Rayencura in Hualqui, and Paso Seco Sur in Coronel. There are another two in Lebu, one in Cañete, and a further one in Los Ángeles. The Bio-Bio Wetlands Network is set up in work committees that support councils in writing up files so that these can present the request. In Coronel, several files have already been presented. In Concepción, two were prioritized, Cárcamo Wetland, hidden amid the gorges of Caracol Hill (Cerro Caracol), and Pichimapu Wetland, in the Nonguén neighborhood, currently reduced in size and besieged by possible new property development. This accompaniment is also being given to the councils of San Pedro de la Paz and Hualpén, seeking to change the way the city has worked with these wetlands up until now.

Nevertheless, the urban wetlands law, which provides an initial framework for their protection, particularly in domestic identification, and in the description of minimum criteria, is not enough to ensure their long-term continuity. It leaves the management, implementation of governance, monitoring, inclusion, along with their recognition and protection within urban and territorial planning, in the hands of councils. This task, which is so relevant for the continuity and sustainability of urban wetlands, is left without any controlling body until the Biodiversity and Protected Areas Service, part of the Ministry of the Environment and future successor of CONAF, is approved and implemented. This is expected to administer Protected Public Areas and supervise private ones, prepare and update management plans, and will be in charge of monitoring. On the other hand, the Regulation indicates that any project developed in these areas must undergo an environmental impact assessment, but it does not restrict the possible development of projects within the area marked off as a wetland, as such the lack of determination under which sustainability and the rational use of urban wetlands are defined, becomes ever more concerning.

Finally, it is not much use to make progress with protection legislation without running a series of awareness campaigns to companies and citizens about the values of urban wetlands. To the former, so that they prefer to not pay fines on including the environmental dimension as a red flag, and the latter, so that they recognize not just the values, but also the fragility of these spaces.

Notas