INTRODUCCIÓN

Los asentamientos urbanos informales representan un fenómeno generalizado en Latinoamérica (Fernandes, 2011). Si bien, distintas expresiones de informalidad urbana pueden ser rastreadas desde la colonia (Abramo, 2012), la ocupación irregular de terrenos con fines habitacionales sólo se constituye en fenómeno extendido en la región y en problema de política pública durante las primeras décadas del siglo XX.

En función de aquello, los estados latinoamericanos han implementado diversas estrategias de intervención, orientadas fundamentalmente a resolver el problema de propiedad de la tierra, provisión de servicios básicos y su integración socioespacial (Clichevsky, 2007, 2009; Fernandes, 2003, 2008). En el caso chileno, las primeras acciones aparecen a mediados del siglo XX. Desde ese momento y hasta nuestros días, las acciones desarrolladas se canalizan a través de programas ad hoc y que, en lo sustantivo, operan alternativamente entre radicación y erradicación habitacional.

Por décadas ha primado la idea de que la radicación habitacional presenta ventajas significativas respecto de aquellos proyectos que operan vía erradicación, en tanto conservan redes, soportes comunitarios y capital social, preservando la identidad comunitaria (Elorza, 2019; Matus et al., 2019, 2020; MINVU & PUC, 2018; Sabatini & Vergara, 2018; Tironi, 2003). Ahora bien, si consideramos los cambios observados en conjuntos de vivienda social en el Chile contemporáneo (Ibarra, 2020; Márquez, 2003; Márquez & Pérez, 2008; Salcedo et al., 2017; Salcedo & Rasse, 2012; Salcedo, 2010); cabe preguntarse si, a comienzos del tercer milenio, los proyectos de radicación habitacional mantienen ventajas comparativas que permitan fortalecer los procesos de integración social en conjuntos de vivienda social por sobre aquellos que operan vía erradicación habitacional.

En tal sentido, los objetivos del estudio buscan conocer cómo las familias beneficiarias de dos proyectos habitacionales los evalúan respecto de las relaciones sociales y la integración social en el nuevo barrio. La hipótesis de trabajo, por su parte, apuntan a si los proyectos de radicación habitacional generan un impacto positivo sobre las dinámicas de integración social respecto de los proyectos de erradicación habitacional.

Este trabajo, por lo tanto, busca someter a discusión estas ideas mediante el análisis de la evaluación que hicieron algunas familias beneficiarias de dos proyectos ejecutados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en la provincia de Concepción, Chile. Los proyectos en estudio buscaban resolver los problemas habitacionales de 4.140 familias que habitaban en asentamientos informales a través de estrategias contrapuestas: por un lado, la radicación y, por otro, la erradicación habitacional. La discusión se plantea a partir de los resultados de un estudio cuantitativo, con diseño probabilístico y muestreo aleatorio simple, cuyo trabajo se realizó con fuentes primarias a través de una encuesta domiciliaria a 1.130 familias.

Los resultados indican que, con independencia de la estrategia de operación de los proyectos, las familias presentan alto grado de satisfacción con la vivienda, al mismo tiempo que expresan una evaluación negativa de los vecinos y una percepción de heterogeneidad que deviene en distanciamiento social frente a relaciones sociales dentro del espacio barrial. Los resultados abren nuevas interrogantes respecto de la integración social en conjuntos de vivienda social.

El artículo aborda algunos aspectos conceptuales acerca de los asentamientos urbanos informales y las estrategias de regularización desarrolladas en Chile y Latinoamérica. Luego, se presentan la metodología del estudio, sus principales resultados, discusión y conclusiones.

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES TEÓRICOS

La ocupación irregular de terrenos con fines habitacionales representa un fenómeno históricamente constante en Latinoamérica (Abramo, 2012; Fernandes, 2011). Sin embargo, los asentamientos urbanos informales sólo se convierten en un fenómeno extendido en la región durante las primeras décadas del siglo XX, lo que los sitúa como un problema relevante de política pública.

El origen y desarrollo de estos asentamientos se vincula a procesos comunes en la región. En un contexto marcado por la desigualdad y pobreza, los procesos de urbanización, migración interna y crecimiento demográfico registrados a inicios del siglo XX sobrepasan la disponibilidad de vivienda y la capacidad del Estado para responder a la demanda creciente (Clichevsky, 2009; Di Virgilio, 2015; Fernandes, 2011). Durante este período, las necesidades habitacionales de los nuevos pobladores urbanos comienzan a ser resueltas a través de estrategias autogestionadas que se sitúan al margen del mercado formal y la legalidad. De esta forma, los nuevos pobres urbanos comienzan a ocupar, sin autorización, terrenos en la periferia urbana para levantar sus viviendas.

El fenómeno de los asentamientos informales se encuentra asociado a un conjunto de factores interrelacionados (ONU- Habitat, 2015). Sin embargo, en este trabajo se ha coincidido con Fernandes (2003, p. 6) en cuanto a que, en lo sustantivo, los problemas de acceso a la vivienda y el surgimiento de asentamientos informales sería el resultado “de un patrón excluyente de desarrollo, planeamiento y gestión urbana, según el cual mercados de tierras, sistemas políticos y sistemas jurídicos no ofrecen condiciones propias y razonables de acceso al suelo y vivienda para la población pobre”.

Con distintas denominaciones, los asentamientos informales forman parte del paisaje urbano de la región. Más allá de particularidades locales, son entendidos como áreas o barrios donde sus habitantes no tienen la seguridad de tenencia de la tierra, no cuentan con servicios básicos e infraestructura, las viviendas no cumplen regulaciones urbanísticas y, además, suelen estar ubicadas en áreas geográfica y/o ambientalmente peligrosas (ONU-Habitat, 2015). Por lo tanto, la condición de informalidad se encuentra determinada por la transgresión de la normativa legal que define el derecho a propiedad y/o por el incumplimiento de las regulaciones urbanísticas (Clichevsky, 2007, 2009; Di Virgilio et al., 2014). Sin embargo, sostener que sus habitantes se encuentran al margen de la sociedad o suponer la existencia de una “ciudad informal” resulta problemático. Por el contrario, lo que allí ocurre son interrelaciones y acoplamientos entre sector formal e informal (Di Virgilio et al., 2014) y relaciones dialécticas entre formalidad e informalidad (Fernandes, 2008). En efecto, los asentamientos informales no surgen al margen de la ley y la institucionalidad, sino más bien en relación con esta. Los asentamientos informales y sus residentes son parte constitutiva de la ciudad y de los procesos sociales, económicos y culturales que sostienen la reproducción de las sociedades latinoamericanas.

ASENTAMIENTOS INFORMALES Y PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN

Tanto las políticas como los programas de regularización de asentamientos informales tienen larga historia en la región. Las estrategias implementadas han sido variadas y han evolucionado a través del tiempo (Fernandes, 2008). En términos generales, estas intervenciones se han organizado en torno a tres objetivos fundamentales: primero, resolver el problema de propiedad de la tierra; segundo,el acceso a servicios básicos; y tercero, la integración socioespacial (Fernandes, 2003, 2008). Adicionalmente, durante las últimas décadas, se han agregado objetivos de mayor complejidad como la disminución de la pobreza y la exclusión socio-urbana (Clichevsky, 2009; Fernandes, 2008).

En todos los casos, las intervenciones tienen carácter “correctivo” (Clichevsky, 2007; Fernandes, 2003). En tal sentido, una condición básica para cualquier programa de regularización pasa por el reconocimiento de lo existente y, en función de aquello, el establecimiento de planes de acción que resuelvan los déficits urbanístico/dominiales (Clichevsky, 2007, 2009). Del mismo modo, no se deben perder de vista los derechos adquiridos por los residentes a través del tiempo, así como también los aspectos subjetivos involucrados en la intervención (Fernandes, 2008, 2011). Por tanto, los programas de regularización deberán responder, a nivel general, a la normativa legal y, a nivel específico, a las características particulares de cada asentamiento (Fernandes, 2011). Tales exigencias le imprimen un grado de complejidad considerable a todo proceso de intervención (Clichevsky, 2007).

Los programas implementados, generalmente, responden a tres tipologías: aquellos que buscan regularizar la propiedad; los que apuntan al mejoramiento urbano-ambiental y los programas integrales (Clichevsky, 2007, 2009; Fernandes, 2003, 2011). En el primer caso, la intervención se limita a regularizar la propiedad de acuerdo a disposiciones legales y la normativa urbana. Por su parte, los programas de mejoramiento urbano-ambiental presentan un abanico de intervenciones posibles, tales como el acceso a servicios básicos, equipamiento comunitario y, en algunos casos, mejoramiento y/o construcción de viviendas. Finalmente, los programas integrales, además de resolver la informalidad dominial y los déficit urbano-ambientales, incluyen acciones de acompañamiento social, capacitación y generación de empleo (Clichevsky, 2007, 2009).

CHILE Y LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES

En Chile, la ocupación irregular de terrenos para fines habitacionales se puede rastrear desde finales del siglo XIX (Hidalgo, 2019). Sin embargo, sólo se constituye en acción recurrente a finales de la década de 1930. Hasta mediado de los años ‘30, las necesidades habitacionales de la población pobre se canalizaba a través de instrumentos legales como el inquilinato, arriendo y otras similares (de Ramón, 1990). Desde fines de los años ‘30 y hasta 1945, las ocupaciones irregulares de terreno aparecen como fenómeno particular, pero caracterizadas por acciones individuales y carentes de organización (de Ramón, 1990; Espinoza, 1998). En la práctica, familias pobres y migrantes rurales se fueron instalando en terrenos aledaños a centros urbanos, configurándose asentamientos informales de manera progresiva.

Entre 1945 y 1973 las ocupaciones irregulares se incrementan significativamente. Durante esta etapa, responden a acciones colectivas, previamente organizadas y que sorpresivamente ocupaban terrenos urbanos (Angelcos & Pérez, 2017; de Ramón, 1990; Espinoza, 1998). Durante este período, las ocupaciones irregulares de terreno y el movimiento de pobladores, se caracterizan por importantes niveles de organización y la incorporación progresiva de partidos políticos (Ibídem). De esta forma, el movimiento de pobladores y la lucha por la vivienda dejan el carácter reivindicativo para asumir una fuerte significación política (Abufhele, 2019; Espinoza, 1998).

Con el golpe de estado de 1973, tanto el movimiento de pobladores como la ocupación irregular de terrenos son violentamente interrumpidos. Sin embargo, la acción represiva del Estado no elimino el problema. La búsqueda de soluciones alternativas de acceso a vivienda derivó en el aumento significativo del “allegamiento”² (Angelcos & Pérez, 2017).

Luego del retorno a la democracia (1990) y hasta los primeros años de este siglo las ocupaciones de terreno son más bien esporádicas. Sin embargo, durante el último decenio se observa un crecimiento sostenido en el número de asentamientos informales, como en el número de familias que viven en ellos. De acuerdo al Catastro Nacional de Campamentos realizados por el MINVU (2011), se identificaron 657 campamentos a nivel nacional, con 27.378 familias. Para el año 2018-2019 los asentamientos informales llegaban a 802 a nivel nacional, con 47.050 familias. El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 de Fundación TECHO-Chile (2021) identificó 969 asentamientos a nivel nacional, con 81.643 familias. Entre los años 2018-2019 y 2021, encontramos un incremento del 20,32% en el número de asentamientos y de un 73,52 % en el número de familias residentes.

ASENTAMIENTOS INFORMALES Y POLÍTICA PÚBLICA

Históricamente, la política habitacional chilena se ha caracterizado por tener una estrategia “provisionista”, en cuanto a que buscaba resolver el déficit habitacional a través del incremento sostenido de la producción de viviendas (Hidalgo et al., 2016). La estrategia no logró ser efectiva para abordar los asentamientos informales, ya que los niveles de pobreza y complejidades propias de la vida en un asentamiento informal se constituían en barrera de acceso frente a las condiciones establecidas por la oferta pública. Debido a esto, a mediados del siglo XX surgen las primeras acciones implementadas por el Estado para abordar los asentamientos informales a través de programas ad hoc y que, en lo sustantivo, operan alternativamente entre radicación y erradicación habitacional.

La erradicación a extramuros de la ciudad se inaugura durante el gobierno de Gonzáles Videla (1946-52) (de Ramón, 1990). La fórmula consistía en trasladar a los ocupantes irregulares a sitios loteados y urbanizados por el estado en la periferia urbana, para la construcción de nuevas viviendas.

Una estrategia distinta fue la “Operación Sitio”. En este caso, el estado regularizaba la propiedad, entregaba obras de urbanización y en algunos casos, unidades sanitarias básicas para que cada familia levantara su vivienda vía autoconstrucción. En la práctica, la Operación Sitio privilegió el acceso a la tierra más que a la vivienda. Entre 1965 y 1970 se entregaron cerca de 71.000 soluciones a nivel nacional (Hidalgo, 2007, 2019).

Durante la dictadura militar (1973-1990), producto de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979, se inició un masivo programa de erradicación de asentamientos informales hacia conjuntos de vivienda social en la periferia urbana. Entre 1979 y 1984 se erradicaron 78.820 familias (Hidalgo, 2019).

Tras el retorno a la democracia, para dimensionar el problema de los asentamientos informales, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile realiza en 1996 el “Catastro Nacional de Campamentos y Asentamientos Precarios” por encargo del MINVU, identificándose 972 asentamientos en el país, con 93.457 viviendas y 445.943 personas. El 53,1% del total nacional se concentraba en tres regiones; región del Bío Bío con 298 asentamientos, región de Los Lagos con 114 y la Región Metropolitana de Santiago con 113.

Consecuencia de aquello, es que en 1997 se crea un programa intersectorial dirigido específicamente a los asentamientos informales, denominado Programa Chile-Barrio (1997-2005), el cual estuvo coordinado por el MINVU. Este programa surge con el objetivo de abordar la precariedad habitacional y fortalecer la inserción socio-laboral de las familias en los asentamientos identificados. Durante su ejecución, el programa entregó 113.806 soluciones habitacionales: 61,7% vía radicación, 23,7% mediante erradicación y 14,5% a través de soluciones mixtas (Raczynski et al., 2007).

Posteriormente, los asentamientos informales vuelven a ser atendidos por la oferta regular del MINVU. Sin embargo, dadas sus limitaciones, durante el año 2011 se implementó el Programa Campamentos que operó a través de tres estrategias: radicación a partir de proyecto habitacional; radicación con proyecto de urbanización y consolidación barrial; y relocalización (Matus et al., 2019, 2020). De 655 asentamientos catastrados en 2011, el 55,1% fueron cerrados en el período 2011-2018 (Matus et al., 2019, 2020), y de estos, el 6,1% corresponde a radicación con proyecto habitacional, 8,5% radicación con urbanización y 40,5% a relocalización.

CASO DE ESTUDIO

Entre 1995 y 2005, el MINVU desarrolló dos proyectos habitacionales en la Provincia de Concepción³ con el objetivo de resolver los problemas habitacionales de aproximadamente 5.000 familias que vivían en distintos asentamientos informales. El “Programa de Recuperación Urbana de la Ribera Norte del Río Bío-Bío” (en adelante Ribera Norte) y el “Plan Integral San Pedro de la Costa” (en adelante San Pedro de la Costa), siguen estrategias alternativas para abordar el problema habitacional. Mientras que Ribera Norte construyó un proyecto de radicación habitacional en áreas centrales de la ciudad, San Pedro de la Costa operó vía erradicación en la periferia urbana. De acuerdo al tipo de intervención, ambos proyectos se definen como programas integrales, toda vez que, junto a la entrega de vivienda, consideraron acciones de acompañamiento social, capacitación y habilitación laboral (Clichevsky, 2007, 2009; Fernandes, 2003, 2011).

El Programa Ribera Norte representa una intervención de recuperación urbana de 140 hectáreas frente al centro de la ciudad de Concepción, en cuya área de intervención existía un antiguo asentamiento informal con aproximadamente 2.000 familias. Por esta razón, la propuesta de intervención debía compatibilizar tanto los objetivos de desarrollo urbano como solucionar los problemas habitacionales de la comunidad residente; constituyéndose esto en la condición de factibilidad del programa. En función de aquello, entre 1998 y2004 se dispuso la construcción de un barrio de 15 hectáreas que incluía equipamiento comunitario, centro de salud y 1.426 viviendas.

Por su parte, San Pedro de la Costa surge en el marco del Programa Chile-Barrio. En 1998 existía un número importante de asentamientos informales en la Provincia de Concepción que debían ser relocalizados total o parcialmente por condicionantes técnico-normativas. En base a esto, el MINVU puso en marcha en el año 2003 el “Plan Integral San Pedro de la Costa”, con el objetivo de resolver el déficit habitacional de 3.222 familias que vivían en 70 asentamientos informales.

Este plan estaba compuesto por dos proyectos. El primero, ubicado en la comuna de Chiguayante, contempló 500 viviendas. El segundo, San Pedro de la Costa, construido entre 2003 y 2006, levantó un nuevo barrio de 73 hectáreas en la comuna de San Pedro de la Paz con equipamiento comunitario, servicios educacionales, salud, seguridad pública y 2.714 viviendas para familias provenientes de 59 asentamientos irregulares de las comunas de Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz.

METODOLOGÍA

El presente estudio, de carácter cuantitativo, trabajó con fuentes primarias mediante un diseño no experimental. La población objeto de estudio estaba representada por las viviendas adscritas a los proyectos habitacionales de Ribera Norte (1.426) y San Pedro de la Costa (2.714). Se trabajó con un diseño probabilístico y muestreo aleatorio simple. El tamaño de la muestra fue definida con una proporción de 0,5, un error máximo de 0,05 y un intervalo de confianza de 95%, arrojando una muestra total de 1.130 familias (Tabla 1). Para la selección de los casos se utilizó una tabla de números aleatorios. La unidad de observación fue la vivienda, representada por los jefes de hogar o sus cónyuges.

Tabla 1:

Población y Tamaño de la Muestra.

Fuente: elaboración de los autores.

El proceso de recolección de información se realizó a través de una encuesta domiciliaria durante el segundo semestre de 2009. La encuesta estaba compuesta por 160 preguntas, distribuidas en siete secciones, las cuales fueron: identificación del grupo familiar; educación; salud; ocupación; evaluación de la vivienda y del barrio; evaluación del programa de origen y evaluación pre/ post vivienda.

El análisis de la información consideró un análisis estadístico de carácter exploratorio y descriptivo, para posteriormente pasar a la comparación de variables y dimensiones relevantes entre ambos proyectos. En la primera etapa, se realizó un análisis exploratorio y descriptivo diferenciado por proyecto, donde la unidad de análisis fue la vivienda. En la segunda etapa, se desarrolló un análisis comparativo entre ambos proyectos en función de variables y dimensiones relevantes. El análisis estadístico fue asistido por el software SPSS.

RESULTADOS

Los programas habitacionales de Ribera Norte y San Pedro de la Costa, aunque compartían objetivos similares en cuanto a la solución del problema habitacional, adoptaron estrategias distintas. Ribera Norte se enfocó en la construcción de un barrio que permitiera a los antiguos residentes permanecer cerca del centro de la ciudad de Concepción. Por otra parte, San Pedro de la Costa, condicionado por aspectos técnico-normativos, optó por un enfoque de erradicación, trasladando a los habitantes hacia la periferia urbana.

Es ampliamente reconocido que los proyectos de radicación habitacional presentan ventajas significativas respecto de aquellos que operan vía erradicación, en términos de conservación de redes y capital social, preservando así el sentido e identidad comunitaria. En contraste, los proyectos de relocalización habitacional suelen tener un impacto negativo en la identidad e integración comunitaria, en cuanto que representan un quiebre en las relaciones y redes sociales preexistentes (Elorza, 2019; Matus et al., 2019, 2020; MINVU & PUC, 2018; Sabatini & Vergara, 2018; Tironi, 2003).

A pesar de que las hipótesis del estudio iniciales del estudio preveían resultados diferentes, especialmente respecto de relaciones sociales e integración comunitaria, el análisis de los datos indican otro escenario. Según los hallazgos, hay una percepción generalmente positiva en cuanto a la vivienda propiamente dicha, en términos de calidad y tamaño, y también en aspectos como el acceso a transporte público y servicios en ambos proyectos. No obstante, la evaluación de otros elementos vinculados al tejido social y la calidad de vida en el nuevo barrio no son tan positivas. Aspectos como la valoración de los vecinos, la seguridad y la imagen del barrio no muestran resultados favorables. En particular, los bajos niveles de confianza hacia los vecinos del barrio en ambos proyectos resulta paradójico (Tabla 2).

Tabla 2:

Grado de Satisfacción con el nuevo barrio*.

Fuente: elaboración de los autores.

Los resultados de la evaluación comparativa entre el antiguo y el nuevo barrio, reflejados en las Tabla 3 y Tabla 4, indican que la calidad de vida del grupo familiar ha mejorado significativamente en ambos proyectos, lo cual es un aspecto positivo. Sin embargo, hay diferencias en la percepción de otros elementos importantes.

Tabla 3:

Evaluación Comparativa de la Vivienda y Barrio Ribera Norte.

Fuente: elaboración de los autores.

Tabla 4:

Evaluación Comparativa de la Vivienda y Barrio San Pedro de la Costa.

Fuente: elaboración de los autores.

En Ribera Norte, la imagen e integración del barrio en la ciudad, así como el acceso a servicios son evaluados de manera positiva.

Por otro lado, en San Pedro de la Costa, aunque el acceso a servicios ha mejorado considerablemente, la imagen del barrio y su integración con la ciudad no han experimentado cambios significativos. Sin embargo, en ambos proyectos se observa una percepción de seguridad disminuida dentro del barrio. Este es un aspecto preocupante ya que afecta directamente el bienestar y la calidad de vida de los residentes.

El hallazgo más paradójico es la evaluación negativa de las relaciones con los vecinos y la cohesión social en ambos proyectos. Una evaluación negativa en San Pedro de la Costa era esperable debido al efecto asociado a la erradicación habitacional. Sin embargo, encontrar una evaluación negativa similar en un proyecto de radicación como Ribera Norte es inesperado, ya que se anticiparía que la radicación cercana al centro de la ciudad favorecería la integración comunitaria y las relaciones sociales.

El hecho de que haya habido una evaluación negativa en términos de las relaciones con los vecinos en un proyecto de radicación comienza a evidenciar un alejamiento de los resultados en cuanto a lo que se podría esperar basándose en la naturaleza de cada proyecto. Lo anterior sugiere que hay otros factores influyendo en cómo se forman las relaciones sociales en estos nuevos barrios. Esta tendencia se encuentra en sintonía con los indicadores de integración horizontal de la escala de Guttman. Según las Tabla 5 y Tabla 6, en ambos proyectos se observa que el distanciamiento social aumenta en la medida que el vínculo implica mayor cercanía. En la práctica, se observa una resistencia a establecer relaciones con un otro, al que se percibe como distinto.

Tabla 5:

Escala de Guttman Ribera Norte.

Fuente: elaboración de los autores.

Tabla 6:

Escala de Guttman San Pedro de la Costa.

Fuente: elaboración de los autores.

Además, según se observa en las Tabla 7 y Tabla 8, ambos proyectos presentan una percepción de homogeneidad que difiere de las condiciones objetivas. La evaluación construida en función de las características, hábitos y costumbres, por su parte, presenta una percepción de heterogeneidad significativa.

Tabla 7:

Percepción de Homogeneidad Ribera Norte.

Fuente: elaboración de los autores.

Tabla 8:

Percepción de Homogeneidad San Pedro de la Costa.

Fuente: elaboración de los autores.

Finalmente, la consistencia entre la evaluación negativa de las relaciones vecinales y los indicadores de integración horizontal y percepción de homogeneidad intrabarrial confirma que los resultados no se alinean con lo que se esperaría basado únicamente en si el proyecto es de radicación o erradicación.

DISCUSIONES

El estudio revela una paradoja en la percepción de los habitantes respecto a sus viviendas y entorno social en dos proyectos habitacionales distintos. Ambos proyectos muestra alto grado de satisfacción con la vivienda y la calidad de vida del grupo familiar. La evaluación positiva de la vida “puertas adentro”, difiere de la valoración de otros componentes. Ambos proyectos presentan una evaluación poco favorable de los vecinos y una percepción de heterogeneidad que deviene en distanciamiento frente a relaciones sociales significativas.

Esta disonancia es esperada en contextos de relocalización como San Pedro de la Costa, pero sorprende en Ribera Norte, donde no se anticipaba tal resultado. Resultados equivalentes indican que la evaluación de los sujetos se desacopla de la naturaleza del proyecto y se levanta en función de otros elementos.

La explicación a estos resultados aparentemente contradictorios puede encontrarse en relación a los procesos de transformación de las referencias identitarias en el espacio urbano. Dentro de ese registro, observamos que relaciones y prácticas cotidianas en conjuntos de vivienda social se distancian progresivamente de las tendencias observadas durante el siglo XX.

Los conjuntos de vivienda social del Chile contemporáneo muestran gran diversidad socioeconómica, cultural e identitaria, expresándose en cambios de valores y prácticas (Salcedo et al., 2017; Salcedo & Rasse, 2012). Prueba de aquello es la privatización de la vida cotidiana, la retirada del espacio público y la disminución del contacto entre vecinos (Ibarra, 2020; Márquez, 2003; Márquez & Pérez, 2008; Salcedo, 2010). Dichos cambios estarían asociados a conflictos de estatus, como al surgimiento de prácticas de diferenciación dentro de los mismos conjuntos de vivienda social (Márquez, 2003; Márquez & Pérez, 2008; Rojas & Silva, 2021; Salcedo, 2010).

En los barrios populares, el temor se instala como figura omnipresente (Ibarra, 2020; Márquez, 2003; Márquez & Pérez, 2008). En ese contexto, las relaciones sociales se levantan a partir de bajos niveles de confianza (Ibarra, 2020), con el consiguiente debilitamiento de la organización social (Ibarra, 2020; Márquez, 2003; Márquez & Pérez, 2008; Salcedo, 2010; Salcedo et al., 2017; Salcedo & Rasse, 2012).

Por otra parte, la consecuencia de los cambios registrados en las sociedades contemporáneas, las relaciones sociales dentro del espacio urbano se tejen en función de variables diversas, las que pueden actuar como mecanismo de identificación y/o diferenciación social (Márquez, 2006; Soja, 2008). En la actualidad, las variables que estructuran las categorías sociales se han diversificado, redefiniendo las fronteras sociales. Por tanto, los sujetos podrán apelar a distintos criterios para establecer distinciones jerárquicas y fronteras simbólicas dentro del espacio barrial (Soja, 2008). De esta manera, las prácticas de identificación y/o diferenciación social adquieren mayor grado de complejidad, derivando en una geometría social polimórfica y fracturada (Ibidem).

En esa línea, los resultados del estudio sugieren la existencia de fronteras simbólicas intrabarriales. La existencia de fronteras en conjuntos de vivienda social han sido identificadas anteriormente (Márquez, 2003; Márquez & Pérez, 2008; Matus et al., 2020). Sin embargo, en todos los casos, estas fronteras estaban referidas a conjuntos habitacionales con mixtura social, donde confluyen familias de origen y condición socioeconómica diversa. Nuevamente, esto permitiría explicar los resultados en San Pedro de la Costa, no así en Ribera Norte.

CONCLUSIONES

El análisis de los resultados en ambos proyectos indican que la evaluación del hábitat residencial que hacen las familias se desvincula de la naturaleza del proyecto habitacional y, en cambio, se asocia a otros elementos. La evaluación negativa de los vecinos y una percepción de heterogeneidad que deviene en distanciamiento social frente a relaciones sociales en ambos casos son aspectos destacados en ambos casos.

Históricamente ha prevalecido la idea de que la radicación habitacional presenta ventajas respecto de aquellos proyectos que operan vía erradicación, ya que conservan redes, soportes e identidad comunitaria, facilitando los procesos de integración social. Sin embargo, a comienzos del tercer milenio pareciera ser que esta idea pierde fuerza o comienza a relativizar su peso dentro de la ecuación.

En rigor, la distinción entre efectos asociados a proyectos de radicación y erradicación habitacional parece insuficiente para explicar los hallazgos de este estudio. Junto a los efectos diferenciados que generan unos y otros, la transformación de las referencias identitarias dentro del espacio urbano nos invitan a ampliar el marco analítico. En particular, la emergencia de las prácticas de distinción y diferenciación social en conjuntos de vivienda social es un dato que no podemos soslayar.

Por lo tanto, los resultados del estudio plantean nuevas interrogantes frente a las estrategias de intervención con asentamientos urbanos informales, dónde las variables tradicionalmente consideradas deben ampliarse hacia las formas de relación y las prácticas sociales que imperan en el Chile contemporáneo, pues allí encontramos nuevos desafíos para la gestión y la investigación social. Las posibilidades de fortalecer la integración social en conjuntos de vivienda social no se juegan sólo en la alternativa de operación del proyecto habitacional, sino que, adicionalmente, será necesario extender el análisis hacia las dinámicas y formas de relación que se dan dentro del espacio urbano, puesto que ambas dimensiones presentan condicionantes y desafíos particulares en la perspectiva de fortalecer la integración en conjuntos de vivienda social.

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Notas