La Comunicación: un derecho imprescindible para el desarrollo sostenible

La comunicación es una pieza clave que necesita cualquier tema del que se hable. Siempre se necesita una información contextual que habilite y estructure, que vaya más allá de las versiones oficiales, que garantice el pluralismo y la opinión pública y, por supuesto, que no se olvide de aquellos que sufren continuamente desigualdades y exclusión. Son todos estos términos los que, gracias al derecho a la comunicación,poseen un marco adecuado y que provee a cualquier ciudadano de estas cualidades. Sin embargo, esta afirmación no quiere decir que todas las comunidades dispongan de las mismas opciones o capacidades para acceder a la comunicación.

Es en esta realidad en la que nos sumerge el libro "La comunicación: un derecho imprescindible para el desarrollo sostenible". Los dos coordinadores y editores son Philip Lee y Lorenzo Vargas; el primero es Secretario General de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC) y editor del periódico Media Development. El segundo, es especialista en comunicación para el desarrollo e investigador en medios ciudadanos, además de coordinar el programa Comunicación para el Cambio Social de la WACC.

Esta obra agrupa siete capítulos distribuidos de una manera muy inteligente y amena, con temáticas relacionadas entre sí, pero con matices enriquecedores en cada uno de ellos. El primer capítulo recoge la introducción realizada por los editores, en la que desgranan de una manera sutil y sin adelantar demasiados datos a los lectores, cada uno de los capítulos del libro, además de proporcionar el marco necesario para entender que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 –y sus 169 metas– no se pueden alcanzar sin ayuda de la comunicación y los medios como parte de los mismos o como un ODS propio.

En el segundo capítulo denominado “Ampliando espacios cívicos reducidos. Imaginar un mundo inclusivo en 2030”, escrito por Philip Lee, el autor expone de manera perspicaz diez principios que servirían de guía para que gobiernos y sociedad tengan claras las acciones a llevar a cabo en la comunicación pública. El autor expone que se debe ir más allá para enfrentar cuestiones fundamentales de propiedad, control o seguridad, tópicos que son vitales para la ética digital y para el derecho actual a la comunicación.

Por su parte, Michael Traber dedica el tercer capítulo, “La comunicación está inscrita en la naturaleza humana”, a hablar sobre la intersubjetividad, donde el orden público y el bien común se relacionan con el derecho a la comunicación pública. El autor explica por qué las sociedades no existirían sin comunicación y apunta a que son necesarios cambios estructurales para que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de los avances comunicativos y tecnológicos, algo que resulta evidente en un mundo interconectado y globalizado.

El siguiente capítulo se destina al “Derecho a la comunicación, modelos de sociedad y proyectos políticos en América Latina”, donde María Soledad Segura habla sobre las políticas liberales y populistas de Latinoamérica, abogando por la comunicación como derecho de todos y planteando alternativas para evitar la mercantilización de la misma, ayudando así a una democracia real.

Lorenzo Vargas y Philip Lee son los encargados de profundizar en la “Pobreza comunicacional e informacional en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” como quinto capítulo, indagando especialmente en los ODS 5, 9, 16 y 17, al mismo tiempo que realiza recomendaciones para abordar la pobreza comunicacional en gobiernos, instituciones y sociedad civil, invirtiendo en alfabetización mediática, auditando leyes y realizando las reformas necesarias, creando campañas de difusión y participación entre los ciudadanos y afrontando las necesidades de comunicación excluidas históricamente.