¿Cuál fue el resultado de la participación del gobierno en los procesos de producción, transformación, comercialización/distribución y consumo de bienes agroalimentarios? Las principales políticas macroeconómicas y agroalimentarias –especialmente aquellas relacionadas con el control de cambios, de precios y de tierras– determinaron la disminución ostensible de la producción del sector agrícola y del sector agroindustrial. Pero, concomitantemente, también incidieron en el incremento desmesurado de la inflación y de las importaciones de alimentos, así como en serias implicaciones relacionadas con la corrupción y – fundamentalmente– con el consumo alimentario.

Teniendo en cuenta que existe una vasta bibliografía respecto a la disminución de la producción agrícola y agroindustrial (Gutiérrez, 2005, 2013; Hernández, 2009; Obuchi, Abadí & Lira, 2011; Pestana, 2012; Morales, 2013; Giacalone, Hernández & Zerpa, 2013; Molina, 2013; Morales, 2012), no se añadirá juicio alguno sobre esas materias. En relación con los aspectos atinentes al desabastecimiento, la escasez, la inflación y las importaciones, estos temas también han sido tratados detenidamente por Morales (2013). No obstante serán sucintamente tratados a continuación del siguiente párrafo. El aspecto relacionado con la corrupción y sus consecuencias para el consumo y la seguridad alimentaria, serán tratados en el epígrafe 2.

Como se señaló anteriormente, el decrecimiento de la producción generó – indubitablemente– una situación de desabastecimiento. Este, medido por el índice de escasez en los anaqueles de supermercados de cadena, supermercados independientes, abastos, bodegas, comercio informal, Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario, al cierre del primer trimestre de 2014 promedió –según la firma DATANÁLISIS– 51,9% (Contreras, 2014a). La información precedente, que no puede ser ampliada por razones de espacio, se considera suficiente como apoyo para acometer – seguidamente– el examen –también sucinto– de las repercusiones del desabastecimiento respecto a la inflación y a las importaciones de bienes agroalimentarios.

En cuanto atañe a la inflación se señala que – tras un mes de retraso–, el BCV informó que en diciembre de 2013, el precio del grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas (ABNA) había registrado un aumento de 2,5%. En consecuencia, en 2013 el incremento fue de 74% anual. Luego, estadísticas provenientes de esa misma institución señalaban que la inflación en el grupo ABNA en el tercer mes del año 2014 fue de 6,1%. Por lo tanto, en el trimestre la variación fue de 12,5% y, en un año, el incremento de precios fue de 79,2% (BCV, varios años; UCV-FAGRO, 2014). Con el fin de mitigar los efectos de la inflación y el desabastecimiento alimentario, el gobierno optó –entre otras medidas– por el otorgamiento de dólares preferenciales para garantizar masivas importaciones de alimentos. No obstante que el tema relacionado con las importaciones ha sido tratado ampliamente por Morales (2013), con la finalidad de aportar la suficiente referencia empírica, se mencionan los siguientes hechos y cifras: i) las declaraciones realizadas a la prensa por el Ministro de alimentación, quien en julio del 2012, manifestó: «La prioridad para el gobierno bolivariano, y por eso existe este ministerio, es que se asegure el acceso a los alimentos no importa de donde sea, así sean importados (negritas del autor). No vamos a evaluar cuánto de lo que come el venezolano es importado o nacional, lo importante es que la gente coma». Ante la pregunta en qué rubros se han centralizado las importaciones, el referido ministro respondió: «Particularmente en leche de donde traemos (sic) 90% de las compras, pero vamos rumbo a traerlas (sic) toda» (negritas propias) (Morales, 2013; UCV-FAGRO, 2012, s/n).

Con el propósito de sustentar mayormente las evidencias respecto a las importaciones realizadas en el año 2012, se añaden algunas declaraciones oficiales –vertidas en febrero de 2013–, por parte del Ministro de finanzas quien entonces manifestó: «(…) tuvimos importaciones por casi 57 mil millones de dólares» y a continuación él mismo se preguntó: «(…) ¿Por qué tenemos que importar arroz, maíz?» (UCV-FAGRO, 2013, s/n).

Con el propósito de aportar mayores elementos, se recurre a la Memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación (varios años), según la cual las compras totales de CASA ³ en 2013, se situaron en 4,91 millones de toneladas las cuales, en comparación con los 3,45 millones de toneladas adquiridas en 2012, significó un incremento de 42,2%. La mayor parte de esas importaciones estuvieron constituidas por materias primas como aceite (maíz, palma y soya), arroz paddy, maíz blanco y amarillo, azúcar cruda, leche en polvo, torta de soya y trigo para panificación y «pastificio». Mientras las importaciones realizadas por parte del mencionado organismo se incrementaron en el año en referencia, las compras de productos nacionales apenas registraron una leve variación de 0,09%, para ubicarse en 612.993 toneladas (Contreras, 2014b, p. 1-6; UCV-FAGRO, 2014).

Finalmente, teniendo en cuenta la información registrada por el INE durante el primer trimestre de 2014, se afirma que las importaciones –en general–, ascendieron a 9 mil 210 millones de US$. Dicha magnitud se traduce en un declive de 23% respecto al mismo período de 2013 y representa el nivel más bajo registrado desde 2010. Se manifiesta –además– que la elevada demanda de divisas por un dólar barato (6,30 bolívares ⁴ por dólar), así como el incremento masivo de las importaciones por el descenso de la producción nacional. Estos hechos ocasionaron, en un contexto caracterizado el declive del precio internacional del barril de petróleo, una aguda escasez de dólares. Debido a esta situación el gobierno recortó la asignación de divisas, forzando a un declive de las importaciones que afectó –principalmente– a las empresas del sector privado.

Analizados los hechos relacionados con la asunción de los militares al poder y las decisiones adoptadas para lograr el fortalecimiento de la participación del gobierno en los procesos de producción de bienes agroalimentarios y el correspondiente abastecimiento; una vez determinadas las implicaciones y consecuencias de esa participación (en particular, en relación con el impulso necesario para estimular las masivas importaciones de bienes agroalimentarios), corresponde ahora tratar el tema matriz de este estudio: esto es, lo relacionado con la corrupción. Antes de ingresar en materia se juzga conveniente –como preámbulo– manifestar que los actos relacionados con la corrupción no constituyen hechos inusitados o inéditos en el país, ni fueron urdidos durante la fase histórica que abarca este estudio. La singularidad en todo caso radica en que esta conducta, a pesar de la existencia de un marco legal (la Ley orgánica contra la corrupción y la Ley de seguridad y soberanía alimentaria, que prevén actos tipificados como delictuales), se incrementó significativamente si se compara con lo ocurrido durante la vigencia del denominado «Pacto de Punto Fijo» ⁵ . En efecto, el cuestionamiento del prestigio de las instituciones públicas y de los partidos políticos, la consecuente reducción de la contienda política y la posterior conformación de un nuevo orden político con un solo actor hegemónico, pudieron crear las condiciones y propiciar los mencionados actos de corrupción.

Todo lo expuesto hasta esta parte y los hechos analizados por otros calificados investigadores de la cuestión militar en Venezuela (Irwin & Micett, 2008, 2013; Olivar, 2012; Buttó, 2012), dejan claramente establecido el papel político de la oficialidad venezolana que se tradujo en el propósito de lograr el control Estado y del gobierno por parte de facciones de la fuerza armada nacional. Estas, imbuidas del pensamiento militar venezolano, se sintieron con pleno derecho a intervenir en política y constituirse como el árbitro máximo del destino nacional. Para expresarlo con las palabras de uno de los autores citados anteriormente: «esto es, encubrir, sin pudor alguno, las aspiraciones de facciones pretorianas actuantes al interior de la fuerza armada de hacerse con el control del Estado y del gobierno y por consiguiente erigirse élite dominante (el énfasis es nuestro) en capacidad de trazar y regir el derrotero nacional» (Buttó, 2012, p. 199). A esta afirmación se le puede añadir, como aporte propio, la siguiente proposición: el afán o el intento de las mencionadas facciones para constituir un gobierno dirigido por unas Fuerzas Armadas en «busca de clase».

Los actos de corrupción presuntamente ocurridos durante la denominada V República tuvieron sus orígenes en la ejecución del Plan Bolívar 2000. Este Plan ha sido considerado – como se corroborará seguidamente– como el medio a través del cual se logró la adhesión y el favor de muchos militares, quienes no fueron investigados con respecto al destino de miles de millones de bolívares «gastados» en obras nunca hechas o con escandalosos sobreprecios. Respecto a sus ejecutorias, éstas pueden ser calificadas como precarias, debido a la improvisación «que generó hechos de corrupción por malversación de partidas presupuestarias…» (Salmerón, 2013, p. 107).

Posteriormente, cuando Chávez se vio amenazado de una derrota en las urnas a raíz del referendo revocatorio de su mandato (pautado para agosto de 2004), creó las denominadas «Misiones», con el fin de solventar las necesidades más sentidas de la población. Estas «Misiones» pudieran ser interpretadas como la conformación de estructuras paralelas a la burocracia del Estado, a través de las cuales se pudo canalizar recursos públicos por vías «parafiscales».

Las Misiones y la creación de un importante número de «fondos» (e.g., el Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FONDESPA), formaron parte de una modalidad de gasto poco convencional que condujo a que Ecoanalitica (UCV-FAGRO, 2008) considerara como poco menos que preocupante que tan numerosos recursos públicos estén dispersos en diferentes entidades sin que en muchos de los casos esté claro su destino específico. De acuerdo con esta firma, se trataba en lo básico de un recurso paralelo sujeto a un control precario (énfasis propio). Posteriormente se creó la compañía anónima denominada «Fondo de Desarrollo Nacional» (FONDEN, S.A.). Dada la existencia de un considerable aporte con respecto a las características y a la administración de estos «fondos», por razones de espacio se considera innecesario comentarlos ⁷ .

Alcanzado el objetivo relacionado con el triunfo de la anteriormente mencionada consulta electoral, Chávez recuperó la confianza del pueblo en el momento que se iniciaba una significativa recuperación del precio internacional del petróleo. Este hecho y la experiencia lograda con la canalización de recursos públicos a través de las «misiones», permitió profundizar el esquema y «construir un sistema donde el presidente puede decidir el curso de miles de millones de petrodólares sin ceñirse a un presupuesto aprobado por el parlamento y con muy poca o nula contraloría» (énfasis propio) (Salmerón, 2013, p. 111).

Referidos los hechos relacionados con la ejecución de los llamados «fondos» y las «misiones», a continuación se mencionan siete casos y acontecimientos significativos: a) la revelación hecha en febrero de 2015, por parte del diario francés Le Monde y del consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), del cual se desprende –entre otros aspectos– que Venezuela es el tercer país con mayor cantidad de dinero en las cuentas secretas. De manera que, de los US$ 14,8 millardos reportados para Venezuela, «casi 85% de esos fondos salieron del Gobierno venezolano y, en especial, de dos instituciones: la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro» (Michelena, 2015a, 2015b; UCVFAGRO, 2015) y que «el principal cliente era el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade (…). Pero también el Gen (Sic). Rodolfo Marco Torres (…) actual ministro de Finanzas y Vicepresidente del Consejo de Ministros para la Planificación» (Ibídem); b) el relacionado con el fraude y las operaciones de blanqueo de dinero descubiertas en la Banca Privat d’Andorra (BPA) y su filial española el Banco de Madrid, en las cuales estarían presuntamente incursos seis altos funcionarios del expresidente Chávez, así como importantes empresarios afines al gobierno. Este hecho estuvo relacionado con las informaciones publicadas en dos diarios españoles: ABC y El Mundo (Manzanilla, 2015; UCV-FAGRO, 2015); c) el vinculado con los señalamientos del presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien aseguró «que la instancia que se encarga de verificar el uso correcto de las divisas detectó que entre 2011 y 2013 hubo diferencias entre las liquidaciones de dólares y los productos que ingresaron al país… Pero las compras ficticias (énfasis propio) no solo se registraron en esos tres años mencionados». Por otra parte, se señalaba que desde el «inicio del régimen cambiario se presentaron esas prácticas y según los cálculos realizados por Ecoanalítica revelaban que entre 2003 y 2012, la sobrefacturación de importaciones no petroleras alcanzó los 69,5 millardos de dólares…» (Armas, 2014, pp. 1-6; UCV-FAGRO, 2014); d) el que tuvo lugar el 02 de febrero de 2014, fecha en la cual el presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Energía en un programa de televisión declaró lo siguiente: «Antes veíamos cuantas divisas teníamos, pero su utilización estaba sin ninguna planificación (el énfasis es mío). El gobierno lleva más de diez años repartiendo miles y millones de dólares (énfasis propio) sin ningún diseño, sin proyecto y sin control. Olvídense del imperio y de la burguesía, camaradas, Eso de la agresión salvaje del capitalismo salvaje es puro cuento (énfasis propio). No planificamos nada y malbaratamos esos reales, compadre, ¿qué le vamos hacer? Hay que mirar palante (sic) y seguir…» (Fontana, 2014, pp. 3-7; UCV-FAGRO, 2014); e) la denuncia, realizada el 23 de mayo de 2013, por la expresidenta del Banco Central de Venezuela (quien fue removida de su cargo después de 3 meses de haber sido nombrada), relacionada con los hechos de corrupción ocurridos en el año 2012. Tal denuncia fue formulada en los siguientes términos: «lo que se entregó en divisas el año pasado, fueron cantidades muy considerables; muchas de las cuales se las llevaron las empresas de maletín» (énfasis propio), palabras a las cuales añadió: «se pasaron entre 15 mil y 20 mil millones de dólares» (énfasis propio) (UCVFAGRO, 2013); f) las afirmaciones de uno de los ministros (a quien Chávez entregó las más altas cuotas de poder en el manejo de la economía) a través de una carta pública, mediante la cual admitió que para impulsar la reelección de Chávez el 7 de Octubre de 2012 se «llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos » (énfasis propio)… En este camino del proceso bolivariano era crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como las elecciones del 16 de diciembre de ese mismo año. Se trataba de la consolidación del poder político como un objetivo esencial para la fortaleza de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del proceso. La superación se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos » (énfasis propio) (UCV-FAGRO, 2014); g) las expresiones provenientes de la ciudadana directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, quien manifestó lo siguiente: «Es vox populi: hay conexiones, los vínculos con el poder están allí. Las empresas de maletín o incursas en delitos cambiarios no solo tuvieron garantizados los dólares, sino también la protección. El Estado les dio impunidad (énfasis propio). El dinero desapareció y nada pasó» (El Nacional, 2014a: 2; UCV-FAGRO, 2014).

Se concluye este punto reiterando que los hechos presuntamente ocurridos durante el período objeto de estudio –en relación con este tema– pudieron haber sucedido debido a la prevalencia de una estructura de poder altamente centralizada, personalizada, con insuficiente nivel de institucionalización y ausencia de controversia política. Por otra parte la presencia de débiles o inexistentes mecanismos de control habría comprometido directamente a militares, quienes desempeñaron funciones administrativas al mismo tiempo que mantuvieron sus cargos dentro del estamento castrense, y habría implicado una complicidad al interior del núcleo central del poder político en contubernio con algunos empresarios vinculados al gobierno.