1. INTRODUCCIÓN

El tema se inscribe en el contexto general caracterizado por la participación de los militares en funciones de gobierno, la cual se tradujo en decisiones adoptadas por estos para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria mediante la aplicación de las principales políticas macroeconómicas y agroalimentarias, las mismas que permitieron el fortalecimiento de la intervención del gobierno en los procesos de producción, transformación, comercialización/ distribución y consumo de bienes agroalimentarios. En ese sentido se considera que las políticas – especialmente las relacionadas con el control de cambio, de precios y de tierras– determinaron un deterioro de la producción agroalimentaria; consiguientemente, provocaron escasez, inflación y –como resultado–, el impulso necesario para optar por importaciones masivas de bienes agroalimentarios (Morales, 2013). En esas circunstancias, la política de control de cambio privilegió a las empresas importadoras creadas por el gobierno y a aquellas de propiedad de empresarios cercanos a éste. De esta forma, grupos conformantes de la cúpula cívico-militar fueron favorecidos con dólares (US$) preferenciales para realizar las importaciones mediante trámites administrativos que pudieron dar lugar y permitir presuntos actos de corrupción.

Dentro del contexto que se acaba de reseñar, el propósito de este trabajo es analizar, desde la perspectiva neoinstitucional, los hechos presuntamente ocurridos en relación con esta materia en el Sector Agroalimentario Venezolano durante el lapso comprendido entre 1999 y el primer semestre de 2015. Con ese propósito, el trabajo se ajustó al siguiente proceso metodológico: con la finalidad de establecer el marco general del problema, en la primera parte fue necesario identificar y analizar los hechos que antecedieron al ascenso al poder de Hugo Chávez; esto es, las acciones que condujeron a asumir el papel político de la oficialidad venezolana, que se tradujo en la búsqueda del control del gobierno por parte de facciones de la fuerza armada nacional. En ese sentido fue necesario establecer y precisar los aspectos relacionados con el golpe de estado del 04 de febrero de 1992, las políticas públicas en materia agroalimentaria aplicadas por el gobierno electo en 1998, así como los efectos y las implicaciones de estas políticas (en particular, respecto a las importaciones y el abastecimiento alimentario). Analizados los hechos que antecedieron el acceso al poder de Hugo Chávez y las decisiones adoptadas para lograr el fortalecimiento de la participación del gobierno en la producción de bienes agroalimentarios y haber determinado los efectos e implicaciones de las políticas adoptadas en materia agroalimentaria, en la segunda parte se abordó el tema matriz del estudio, mediante el desarrollo de los aspectos que integran las labores de toda tarea de investigación, a saber: conceptualización, verificación e inferencia. Esta última se presenta como la discusión final del presente artículo.

2. EL MARCO GENERAL DEL PROBLEMA

1.1. EL SECTOR CASTRENSE, LA IZQUIERDA Y EL GOLPE DE ESTADO DEL 4 DE FEBRERO DE 1992

El derrocamiento del dictador Pérez Jiménez, en enero de 1958, de ninguna manera significó que la intervención militar en política iba a cesar. Al contrario, el recientemente instalado sistema democrático –según señala uno de los más calificados investigadores en esta materia–, «vio la luz asediado por la recurrente constante histórica nacional de la participación castrense en política y desde ese instante conspiraron en su contra los elementos retrógrados enquistados en la institución armada» (Buttó, 2012, p. 170). En efecto, no habían transcurrido ni seis meses cuando sectores golpistas comandados por el coronel Jesús María Castro León intentaron desconocer el gobierno transitorio; la intentona que fue sofocada y éste y los principales líderes del movimiento partieron al exilio. Posterior-mente, el 7 de septiembre de 1958, se produjo otro alzamiento militar. También fue sofocado debido al arrepentimiento, de última hora, de los militares comprometidos con este alzamiento. Más tarde, el 20 de abril de 1960, el ya mencionado coronel Castro León comandó un regimiento de oficiales adeptos con los cuales conformó un grupo invasor que –desde la República de Colombia–, penetró al país por el estado Táchira. Esta rebelión tampoco tuvo éxito, debido a que no obtuvo el respaldo de las unidades militares del resto del país. A estos tres intentos de derrocamiento del gobierno se sumó, el 20 de febrero de 1961, el comandado por el coronel del Ejército Edito Ramírez. A esas insurrecciones se añadieron las conocidas como el «Barcelonazo» (26 de junio de 1961), el «Guairazo» (en los albores de 1962), el «Carupanazo» (4 de mayo de 1962), el «Porteñazo» (2 de junio de 1962), todos ellos con resultados adversos para sus protagonistas. Tales hechos, a través de los cuales se buscaban lograr el asalto al poder, no cesaron. El autor al cual se hace referencia, apoyándose en algunas fuentes bibliográficas (Irwin, 2003; Poleo, 2001; Asuaje et al., 2006), sostiene que los desestabilizadores pertenecientes a la institución armada continuaron con el propósito de derrocar el naciente sistema democrático liberal. Por lo tanto, el período de aparente calma que prevaleció en los cuarteles durante las décadas de 1970 y 1980, «no fue más que el velo engañoso con el que el irreductible golpismo nacional cubrió sus pasos para actuar a la sombra en aras de estructurar la organización necesaria y calibrar el momento adecuado (…) para reintentar el asalto al poder» (énfasis propio) (Buttó, 2012, p. 181). Esa afirmación se fundamenta en algunos hechos, analizados por este autor, dentro de ellos la fundación del Movimiento Revolucionario-83 (R-83), la conformación de la Alianza Revolucionaria de Militares Activos (ARMA), la constitución del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200, cuyo primer Congreso tuvo lugar en San Cristóbal en 1984) y los hechos relacionados con la circulación –en abril de 1988– del documento titulado Manifiesto a los Venezolanos. Tales sucesos precedieron a la concreción del golpe de Estado que tuvo lugar el 4 de febrero de 1992 y a la fundación del denominado Frente Patriótico, que se constituyó en la base fundamental determinante del ascenso de Chávez al poder por la vía electoral.

1.2. EL ASCENSO DE CHÁVEZ AL PODER: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA AGROALIMENTARIA

Aprovechando el desprestigio de los partidos políticos y de sus principales dirigentes, en diciembre de 1998 Hugo Chávez logró ser elegido por una amplia mayoría Presidente de la República, desplazando de esa forma a los partidos políticos tradicionales. Al asumir el poder convocó a una Asamblea Constituyente, para refundar la república. Esta asamblea produjo en tres meses un proyecto de Constitución que fue refrendada por voto popular el 15 de diciembre de 1999, con el 70% de votantes que se pronunciaron a favor del sí. Algunas características fundamentales de esa nueva Constitución, en todo cuanto concierne a los aspectos socioeconómicos (Rondón de Sansó; citado por Viciano, 2004, p. 59) y a los soportes que se consideraron fundamentales para el tipo de sociedad que se aspiraba lograr, han sido suficientemente comentadas por Morales (2007)². Dentro de ellos destaca el principio de seguridad alimentaria, al cual se sumaron la promoción del desarrollo rural y la lucha contra los latifundios, la promoción y protección del cooperativismo, los principios de justicia en el régimen tributario, entre otros.

En el contexto caracterizado por los hechos anteriormente referidos, ocurrió el paro general del 10 de diciembre de 2001. Este marcó el inicio de la crisis política que culminó con la ruptura del hilo constitucional, ocurrida el 11 de abril de 2002. Superados esos sucesos, el gobierno de Chávez procedió a aplicar –entre otras–, las siguientes medidas: a) un control de cambios y de precios; b) la decisión de participar en la importación directa de mercancías; c) el incremento del salario mínimo; d) la aplicación de impuestos al valor agregado y al débito bancario, así como a los activos empresariales. Todas ellas representaron un conjunto de medidas que buscaban propiciar lo que el mismo gobierno denominó el «Plan de Desarrollo Endógeno» para orientar su política económica. Se trataría, en suma (y según los representantes más connotados del gobierno), de una visión del «desarrollo hacia adentro» que daría prioridad a la producción doméstica apoyándose en el control de cambio y de precios como instrumentos de incentivo industrial.

En ese escenario, la garantía de la «seguridad alimentaria» para la población de menores recursos fue considerada como una necesidad «impostergable», entre otras razones, por la presencia de elevados índices de desocupación, una preocupante disminución de la capacidad adquisitiva de los consumidores y una significativa disminución de la ingesta de calorías, factores que determinaron que el gobierno adoptase una serie de políticas relacionadas con esta materia. En tales circunstancias se propendió al fortalecimiento de la participación del gobierno en el conjunto de la economía, particularmente, en los procesos de producción, transformación, comercialización /distribución y consumo de bienes agroalimentarios.

1.3. EFECTOS E IMPLICACIONES DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA Y AGROALIMENTARIA RESPECTO A LA PRODUCCIÓN DE BIENES AGROALIMENTARIOS, LAS IMPORTACIONES Y EL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO

¿Cuál fue el resultado de la participación del gobierno en los procesos de producción, transformación, comercialización/distribución y consumo de bienes agroalimentarios? Las principales políticas macroeconómicas y agroalimentarias –especialmente aquellas relacionadas con el control de cambios, de precios y de tierras– determinaron la disminución ostensible de la producción del sector agrícola y del sector agroindustrial. Pero, concomitantemente, también incidieron en el incremento desmesurado de la inflación y de las importaciones de alimentos, así como en serias implicaciones relacionadas con la corrupción y – fundamentalmente– con el consumo alimentario.

Teniendo en cuenta que existe una vasta bibliografía respecto a la disminución de la producción agrícola y agroindustrial (Gutiérrez, 2005, 2013; Hernández, 2009; Obuchi, Abadí & Lira, 2011; Pestana, 2012; Morales, 2013; Giacalone, Hernández & Zerpa, 2013; Molina, 2013; Morales, 2012), no se añadirá juicio alguno sobre esas materias. En relación con los aspectos atinentes al desabastecimiento, la escasez, la inflación y las importaciones, estos temas también han sido tratados detenidamente por Morales (2013). No obstante serán sucintamente tratados a continuación del siguiente párrafo. El aspecto relacionado con la corrupción y sus consecuencias para el consumo y la seguridad alimentaria, serán tratados en el epígrafe 2.

Como se señaló anteriormente, el decrecimiento de la producción generó – indubitablemente– una situación de desabastecimiento. Este, medido por el índice de escasez en los anaqueles de supermercados de cadena, supermercados independientes, abastos, bodegas, comercio informal, Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario, al cierre del primer trimestre de 2014 promedió –según la firma DATANÁLISIS– 51,9% (Contreras, 2014a). La información precedente, que no puede ser ampliada por razones de espacio, se considera suficiente como apoyo para acometer – seguidamente– el examen –también sucinto– de las repercusiones del desabastecimiento respecto a la inflación y a las importaciones de bienes agroalimentarios.

En cuanto atañe a la inflación se señala que – tras un mes de retraso–, el BCV informó que en diciembre de 2013, el precio del grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas (ABNA) había registrado un aumento de 2,5%. En consecuencia, en 2013 el incremento fue de 74% anual. Luego, estadísticas provenientes de esa misma institución señalaban que la inflación en el grupo ABNA en el tercer mes del año 2014 fue de 6,1%. Por lo tanto, en el trimestre la variación fue de 12,5% y, en un año, el incremento de precios fue de 79,2% (BCV, varios años; UCV-FAGRO, 2014). Con el fin de mitigar los efectos de la inflación y el desabastecimiento alimentario, el gobierno optó –entre otras medidas– por el otorgamiento de dólares preferenciales para garantizar masivas importaciones de alimentos. No obstante que el tema relacionado con las importaciones ha sido tratado ampliamente por Morales (2013), con la finalidad de aportar la suficiente referencia empírica, se mencionan los siguientes hechos y cifras: i) las declaraciones realizadas a la prensa por el Ministro de alimentación, quien en julio del 2012, manifestó: «La prioridad para el gobierno bolivariano, y por eso existe este ministerio, es que se asegure el acceso a los alimentos no importa de donde sea, así sean importados (negritas del autor). No vamos a evaluar cuánto de lo que come el venezolano es importado o nacional, lo importante es que la gente coma». Ante la pregunta en qué rubros se han centralizado las importaciones, el referido ministro respondió: «Particularmente en leche de donde traemos (sic) 90% de las compras, pero vamos rumbo a traerlas (sic) toda» (negritas propias) (Morales, 2013; UCV-FAGRO, 2012, s/n).

Con el propósito de sustentar mayormente las evidencias respecto a las importaciones realizadas en el año 2012, se añaden algunas declaraciones oficiales –vertidas en febrero de 2013–, por parte del Ministro de finanzas quien entonces manifestó: «(…) tuvimos importaciones por casi 57 mil millones de dólares» y a continuación él mismo se preguntó: «(…) ¿Por qué tenemos que importar arroz, maíz?» (UCV-FAGRO, 2013, s/n).

Con el propósito de aportar mayores elementos, se recurre a la Memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación (varios años), según la cual las compras totales de CASA³ en 2013, se situaron en 4,91 millones de toneladas las cuales, en comparación con los 3,45 millones de toneladas adquiridas en 2012, significó un incremento de 42,2%. La mayor parte de esas importaciones estuvieron constituidas por materias primas como aceite (maíz, palma y soya), arroz paddy, maíz blanco y amarillo, azúcar cruda, leche en polvo, torta de soya y trigo para panificación y «pastificio». Mientras las importaciones realizadas por parte del mencionado organismo se incrementaron en el año en referencia, las compras de productos nacionales apenas registraron una leve variación de 0,09%, para ubicarse en 612.993 toneladas (Contreras, 2014b, p. 1-6; UCV-FAGRO, 2014).

Finalmente, teniendo en cuenta la información registrada por el INE durante el primer trimestre de 2014, se afirma que las importaciones –en general–, ascendieron a 9 mil 210 millones de US$. Dicha magnitud se traduce en un declive de 23% respecto al mismo período de 2013 y representa el nivel más bajo registrado desde 2010. Se manifiesta –además– que la elevada demanda de divisas por un dólar barato (6,30 bolívares⁴ por dólar), así como el incremento masivo de las importaciones por el descenso de la producción nacional. Estos hechos ocasionaron, en un contexto caracterizado el declive del precio internacional del barril de petróleo, una aguda escasez de dólares. Debido a esta situación el gobierno recortó la asignación de divisas, forzando a un declive de las importaciones que afectó –principalmente– a las empresas del sector privado.

Analizados los hechos relacionados con la asunción de los militares al poder y las decisiones adoptadas para lograr el fortalecimiento de la participación del gobierno en los procesos de producción de bienes agroalimentarios y el correspondiente abastecimiento; una vez determinadas las implicaciones y consecuencias de esa participación (en particular, en relación con el impulso necesario para estimular las masivas importaciones de bienes agroalimentarios), corresponde ahora tratar el tema matriz de este estudio: esto es, lo relacionado con la corrupción. Antes de ingresar en materia se juzga conveniente –como preámbulo– manifestar que los actos relacionados con la corrupción no constituyen hechos inusitados o inéditos en el país, ni fueron urdidos durante la fase histórica que abarca este estudio. La singularidad en todo caso radica en que esta conducta, a pesar de la existencia de un marco legal (la Ley orgánica contra la corrupción y la Ley de seguridad y soberanía alimentaria, que prevén actos tipificados como delictuales), se incrementó significativamente si se compara con lo ocurrido durante la vigencia del denominado «Pacto de Punto Fijo»⁵. En efecto, el cuestionamiento del prestigio de las instituciones públicas y de los partidos políticos, la consecuente reducción de la contienda política y la posterior conformación de un nuevo orden político con un solo actor hegemónico, pudieron crear las condiciones y propiciar los mencionados actos de corrupción.

Todo lo expuesto hasta esta parte y los hechos analizados por otros calificados investigadores de la cuestión militar en Venezuela (Irwin & Micett, 2008, 2013; Olivar, 2012; Buttó, 2012), dejan claramente establecido el papel político de la oficialidad venezolana que se tradujo en el propósito de lograr el control Estado y del gobierno por parte de facciones de la fuerza armada nacional. Estas, imbuidas del pensamiento militar venezolano, se sintieron con pleno derecho a intervenir en política y constituirse como el árbitro máximo del destino nacional. Para expresarlo con las palabras de uno de los autores citados anteriormente: «esto es, encubrir, sin pudor alguno, las aspiraciones de facciones pretorianas actuantes al interior de la fuerza armada de hacerse con el control del Estado y del gobierno y por consiguiente erigirse élite dominante (el énfasis es nuestro) en capacidad de trazar y regir el derrotero nacional» (Buttó, 2012, p. 199). A esta afirmación se le puede añadir, como aporte propio, la siguiente proposición: el afán o el intento de las mencionadas facciones para constituir un gobierno dirigido por unas Fuerzas Armadas en «busca de clase».

2. PROPOSICIONES PARA ABORDAR EL TEMA MATRIZ DEL ESTUDIO

2.1. ASPECTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES

El concepto de clase ha sido objeto de muchas y variadas propuestas e interpretaciones. Estas van desde aquellas que se relacionan con su cuestionamiento y crisis (Bottomore, 1966; Reddy, 1987) por la que atraviesa dicho concepto, hasta las que se vinculan con el debate entre «continuistas» y «aperturistas» respecto al concepto de sociedad postmoderna y al examen de las clases sociales como producto del imaginario, pasando por los aportes y perspectivas que corresponden a Bottomore (1966) y Giddens (2000). Para los propósitos que persigue este trabajo (que no busca dilucidar teóricamente este problema), se ha optado por considerar que el Estado constituye una esfera de acción en la que participan, convergen o compiten grupos sociales concretos, cuya capacidad de influencia o de control y modos de participación en esta esfera institucional dependen de las características concretas de la estructura económico-social y de las circunstancias que caracterizan un momento histórico concreto.

Dentro de esa perspectiva general se plantea el ascenso y la participación, en las esferas del poder, de algunos militares para quienes ese ascenso significó una revolución («La revolución bolivariana») y un proceso declarado de izquierda («El socialismo del Siglo XXI»). Dentro de esa misma perspectiva se esbozan, además, los presuntos hechos de corrupción. Haber aludido al ascenso al poder y a los actos de corrupción a través de los cuales se pudieron enriquecer agentes económicos de la esfera privada y militares en retiro y en ejercicio de sus funciones, induce a plantear los aspectos teóricos relacionados con el tema de la corrupción.

Esa conducta, que afectó a toda la estructura social por que impidió destinar los recursos presupuestarios para otros fines y degradó (en los postreros años) las condiciones de vida –en particular, el correspondiente al consumo alimentario–, puede ser explicada desde el punto de vista teórico a través de la búsqueda de rentas que generan los tratamientos arancelarios preferenciales (rent-seeking). Desde esta perspectiva los intercambios regulados por la intervención del Estado generan la posibilidad de que los agentes puedan obtener «rentas» o beneficios al transar en los mercados. Al existir estas rentas, la corrupción ocurre cuando los agentes tratan de apoderarse de ellas. Desde el ámbito estrictamente relativo a la economía, la aproximación al problema de la corrupción se fundamenta en el análisis de los incentivos que enfrentan los agentes económicos para corromperse, corromper a otros o bien para promover actos de corrupción basados en la posibilidad de grandes beneficios privados que dependen de una acción discrecional de funcionarios del Estado. La investigación desde esa perspectiva surgió con los trabajos de Krueger (1974) y Bhagwati (1982), quienes estudiaron el surgimiento de estas rentas en las restricciones al comercio internacional, tales como las licencias de importación, los aranceles, las tasas de cambio, las cuotas, entre otras barreras.

Por otra parte, teniendo en cuenta la definición consensuada de corrupción como el abuso de autoridad pública para obtener ventajas privadas (Cartier, 2000), se considera que la Teoría de la elecciónpública podría otorgar – además– un importante soporte teórico para orientar el desarrollo del presente trabajo. Al respecto, se empieza manifestando que esta teoría coloca su mayor acento en el análisis económico de la toma de decisiones fuera del mercado e intenta explorar las conexiones entre la política y la política económica, incluyendo los efectos que las instituciones y la economía tienen en el equilibrio político. De este modo dicha teoría se interesa, en forma general, en las decisiones de individuos y grupos en las transacciones políticas y propugna que los agentes operan de forma racional y buscan maximizar su bienestar individual; y, en forma particular, en lo que se ha convenido en denominar la maximización de lautilidad individual de políticos y burócratas. Como se puede suponer, varios son sus campos de aplicación de la Teoría. No obstante, para los fines de este trabajo a continuación se presentan cinco grandes áreas en su relación con la política económica: a) Políticas públicas, elecciones y ciclos democráticos; b) Burocracia y regulación; c) Buscadores de renta (rent seeking) y corrupción; d) Temas constitucionales; y, e) Grupos de interés y de presión (Mueller, 1997; Dixit, 1998).

Por último es importante señalar que los conflictos que se derivan de la búsqueda de mayores rentas por parte de los agentes insertos en la política pública, ocasionan costos de transacción (Williamson, 1989) que pueden disminuir o anular los aspectos de la política económica. Se puede señalar, además, que la búsqueda de rentas personales de diversos decisores de política económica o personas que dirigen empresas públicas provoca conflictos que suponen pérdidas sensibles para la comunidad (Tollison & Congleton, 1995; Buchanan, Tollison & Tullock, 1980).

2.2. VERIFICACIÓN

El sustantivo incremento de los recursos fiscales, en un contexto caracterizado por una estructura de poder altamente centralizada, notoriamente personalizada y con un escaso nivel de institucionalización y de contienda política, permitió que las oportunidades para la corrupción –de acuerdo con las cifras aportadas por la ONG Transparencia Internacional– se incrementaran considerablemente. Esta ONG se encarga de realizar estudios sobre corrupción a través del Índice de Percepción de Corrupción (IPC), cuyo rango de puntuación se extiende entre 10 (altamente limpio) y 0 (altamente corrupto)⁶. De acuerdo con el IPC, Venezuela es considerada como la nación más corrupta de América latina. En 1995, año cuando empezó a calcularse, Venezuela mostraba un índice de 2,66, ubicándose entonces en el puesto 30º de 44 países estudiados. Al empezar el siglo XXI registró un índice de 2,7 y se ubicó en el puesto 71 de 90 países. En 2005 disminuyó a 2,3 y se ubicó en el puesto 130º de 158 países, mientras que en 2010 disminuyó a 2,0 (posición 164º de 178 países). Ya en 2014 su IPC descendió hasta ubicarse en 1,9 (i.e., lugar 161º de 174 países), para ser considerado como el país más corrupto del hemisferio occidental, incluso superando a Haití.

La calificación proveniente de la mencionada ONG puede ser complementada con la siguiente cita: «…Otro estudio realizado con la misma metodología, para los tres lustros del Chavismo, determinó que la corrupción ahora se lleva el 60% del presupuesto nacional (énfasis propio). Si el ingreso de Venezuela ha sido de un billón de dólares, habríamos perdido unos US$ 600.000 millones en corrupción» (Michelena, 2014, p. 15).

Bastaría el contenido del párrafo anterior para cubrir esta parte del artículo. Sin embargo, se considera útil referir (sin ajustarse a un orden cronológico) algunos hechos, de carácter general y especifico, presuntamente ocurridos en relación con este materia. Tales hechos, por su envergadura, trascendieron a la sociedad y fueron de dominio público a través de los principales medios de comunicación nacionales y extranjeros. Antes de referirlos es necesario advertir que algunos de los casos generales, por razones de espacio, serán presentados en forma muy resumida.

2.2.1. ALGUNOS CASOS DE CARÁCTER GENERAL

Los actos de corrupción presuntamente ocurridos durante la denominada V República tuvieron sus orígenes en la ejecución del Plan Bolívar 2000. Este Plan ha sido considerado – como se corroborará seguidamente– como el medio a través del cual se logró la adhesión y el favor de muchos militares, quienes no fueron investigados con respecto al destino de miles de millones de bolívares «gastados» en obras nunca hechas o con escandalosos sobreprecios. Respecto a sus ejecutorias, éstas pueden ser calificadas como precarias, debido a la improvisación «que generó hechos de corrupción por malversación de partidas presupuestarias…» (Salmerón, 2013, p. 107).

Posteriormente, cuando Chávez se vio amenazado de una derrota en las urnas a raíz del referendo revocatorio de su mandato (pautado para agosto de 2004), creó las denominadas «Misiones», con el fin de solventar las necesidades más sentidas de la población. Estas «Misiones» pudieran ser interpretadas como la conformación de estructuras paralelas a la burocracia del Estado, a través de las cuales se pudo canalizar recursos públicos por vías «parafiscales».

Las Misiones y la creación de un importante número de «fondos» (e.g., el Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FONDESPA), formaron parte de una modalidad de gasto poco convencional que condujo a que Ecoanalitica (UCV-FAGRO, 2008) considerara como poco menos que preocupante que tan numerosos recursos públicos estén dispersos en diferentes entidades sin que en muchos de los casos esté claro su destino específico. De acuerdo con esta firma, se trataba en lo básico de un recurso paralelo sujeto a un control precario (énfasis propio). Posteriormente se creó la compañía anónima denominada «Fondo de Desarrollo Nacional» (FONDEN, S.A.). Dada la existencia de un considerable aporte con respecto a las características y a la administración de estos «fondos», por razones de espacio se considera innecesario comentarlos⁷.

Alcanzado el objetivo relacionado con el triunfo de la anteriormente mencionada consulta electoral, Chávez recuperó la confianza del pueblo en el momento que se iniciaba una significativa recuperación del precio internacional del petróleo. Este hecho y la experiencia lograda con la canalización de recursos públicos a través de las «misiones», permitió profundizar el esquema y «construir un sistema donde el presidente puede decidir el curso de miles de millones de petrodólares sin ceñirse a un presupuesto aprobado por el parlamento y con muy poca o nula contraloría» (énfasis propio) (Salmerón, 2013, p. 111).

Referidos los hechos relacionados con la ejecución de los llamados «fondos» y las «misiones», a continuación se mencionan siete casos y acontecimientos significativos: a) la revelación hecha en febrero de 2015, por parte del diario francés Le Monde y del consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), del cual se desprende –entre otros aspectos– que Venezuela es el tercer país con mayor cantidad de dinero en las cuentas secretas. De manera que, de los US$ 14,8 millardos reportados para Venezuela, «casi 85% de esos fondos salieron del Gobierno venezolano y, en especial, de dos instituciones: la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro» (Michelena, 2015a, 2015b; UCVFAGRO, 2015) y que «el principal cliente era el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade (…). Pero también el Gen (Sic). Rodolfo Marco Torres (…) actual ministro de Finanzas y Vicepresidente del Consejo de Ministros para la Planificación» (Ibídem); b) el relacionado con el fraude y las operaciones de blanqueo de dinero descubiertas en la Banca Privat d’Andorra (BPA) y su filial española el Banco de Madrid, en las cuales estarían presuntamente incursos seis altos funcionarios del expresidente Chávez, así como importantes empresarios afines al gobierno. Este hecho estuvo relacionado con las informaciones publicadas en dos diarios españoles: ABC y El Mundo (Manzanilla, 2015; UCV-FAGRO, 2015); c) el vinculado con los señalamientos del presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien aseguró «que la instancia que se encarga de verificar el uso correcto de las divisas detectó que entre 2011 y 2013 hubo diferencias entre las liquidaciones de dólares y los productos que ingresaron al país… Pero las compras ficticias (énfasis propio) no solo se registraron en esos tres años mencionados». Por otra parte, se señalaba que desde el «inicio del régimen cambiario se presentaron esas prácticas y según los cálculos realizados por Ecoanalítica revelaban que entre 2003 y 2012, la sobrefacturación de importaciones no petroleras alcanzó los 69,5 millardos de dólares…» (Armas, 2014, pp. 1-6; UCV-FAGRO, 2014); d) el que tuvo lugar el 02 de febrero de 2014, fecha en la cual el presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Energía en un programa de televisión declaró lo siguiente: «Antes veíamos cuantas divisas teníamos, pero su utilización estaba sin ninguna planificación (el énfasis es mío). El gobierno lleva más de diez añosrepartiendo miles y millones de dólares (énfasis propio) sin ningún diseño, sin proyecto y sin control. Olvídense del imperio y de la burguesía, camaradas, Eso de la agresión salvaje del capitalismo salvaje es puro cuento (énfasis propio). No planificamos nada y malbaratamos esos reales, compadre, ¿qué le vamos hacer? Hay que mirar palante (sic) y seguir…» (Fontana, 2014, pp. 3-7; UCV-FAGRO, 2014); e) la denuncia, realizada el 23 de mayo de 2013, por la expresidenta del Banco Central de Venezuela (quien fue removida de su cargo después de 3 meses de haber sido nombrada), relacionada con los hechos de corrupción ocurridos en el año 2012. Tal denuncia fue formulada en los siguientes términos: «lo que se entregó en divisas el año pasado, fueron cantidades muy considerables; muchas de las cuales se las llevaron las empresas de maletín» (énfasis propio), palabras a las cuales añadió: «se pasaron entre 15 mil y 20 mil millones de dólares» (énfasis propio) (UCVFAGRO, 2013); f) las afirmaciones de uno de los ministros (a quien Chávez entregó las más altas cuotas de poder en el manejo de la economía) a través de una carta pública, mediante la cual admitió que para impulsar la reelección de Chávez el 7 de Octubre de 2012 se «llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos » (énfasis propio)… En este camino del proceso bolivariano era crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como las elecciones del 16 de diciembre de ese mismo año. Se trataba de la consolidación del poder político como un objetivo esencial para la fortaleza de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del proceso. La superación se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos» (énfasis propio) (UCV-FAGRO, 2014); g) las expresiones provenientes de la ciudadana directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, quien manifestó lo siguiente: «Es vox populi: hay conexiones, los vínculos con el poder están allí. Las empresas de maletín o incursas en delitos cambiarios no solo tuvieron garantizados los dólares, sino también la protección. El Estado les dio impunidad (énfasis propio). El dinero desapareció y nada pasó» (El Nacional, 2014a: 2; UCV-FAGRO, 2014).

Se concluye este punto reiterando que los hechos presuntamente ocurridos durante el período objeto de estudio –en relación con este tema– pudieron haber sucedido debido a la prevalencia de una estructura de poder altamente centralizada, personalizada, con insuficiente nivel de institucionalización y ausencia de controversia política. Por otra parte la presencia de débiles o inexistentes mecanismos de control habría comprometido directamente a militares, quienes desempeñaron funciones administrativas al mismo tiempo que mantuvieron sus cargos dentro del estamento castrense, y habría implicado una complicidad al interior del núcleo central del poder político en contubernio con algunos empresarios vinculados al gobierno.

2.2.2. ALGUNOS CASOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

Los hechos que serán referidos a continuación son solo algunos de los más resaltantes y, aunque no cubren la totalidad de lo encontrado a lo largo de la investigación, dejan percibir la verdadera dimensión del problema. Los mismos serán organizados en cuatro órdenes de cosas, a saber: i) los relacionados con la agroindustria; ii) los vinculados con las importaciones y el otorgamiento de divisas; iii) los referidos al «suministro» o distribución interna; y, iv) los relacionados con la putrefacción de algunos bienes agroalimentarios importados.

2.2.2.1.CASOS RELACIONADOS CON LA AGROINDUSTRIA

Dentro de estos destaca la malversación de recursos destinados a la ejecución de las obras del Complejo Agroindustrial Ezequiel Zamora (CAAEZ), hecho en el que se vieron involucrados militares y civiles a quienes se ratificaron, en una audiencia preliminar, las medidas privativas de libertad (Morales, 2013).

2.2.2.2.CASOS RELACIONADOS CON LAS IMPORTACIONES Y EL OTORGAMIENTO DE DIVISAS

Entre ellos, destacan los siguientes: a) el relacionado con un empresario vinculado al sector bancario, quien a raíz de contratos celebrados con el gobierno y los créditos públicos recibidos, hicieron presumir la existencia de una relación entre éste y los personeros del gobierno, así como de algunos grupos de poder cercanos a éste; b) el caso vinculado con otro empresario, quien logró relevancia desde que públicamente declaró estar en contra del denominado «paro empresarial»; los dos anteriores casos fueron ampliamente referidos por Morales (2013); c) las declaraciones de la Controladora encargada –en una entrevista transmitida por la radio YVKE Mundial–, quien sostuvo –entre otros asuntos– que la Controlaría ya disponía desde 2007 de informes que señalaban la entrega de divisas a «empresas fantasmas», así como también el retraso en los procesos de solicitud de las mismas; pero que no estaba en capacidad de «actuar» más que enviando el respectivo informe a la Fiscalía y a la institución respectiva. Sobre este mismo particular textualmente expresó lo siguiente: «cuando revisas la documentación ellos llenaron la planilla, y resulta que esas empresas no tenían estructura. Nunca tuvieron estructura. Nunca estuvieron interesados en importar nada (…) Desde el año 2007 la Contraloría alertó sobre la situación irregular. Esos informes están en la página web…» (UCVFAGRO, 2014); d) en adición a los anteriores, se incorpora otro caso concreto relacionado con la importación de animales de alta calidad genética, realizadas por la empresa denominada Fondo Nacional de Bufalinos (FONABU). Esta fue beneficiaria de un financiamiento por 346 millones de bolívares, con los cuales accedió a las divisas de Comisión Administradora de Divisas (CADIVI). Según las denuncias, la solicitud de divisas ante el referido organismo por un monto de 71 millones de US$ fue para beneficio propio y no para beneficiar a los productores. Este suceso fue denunciado públicamente por el Ministro de Agricultura y Tierras, en ocasión de una inspección realizada en el estado Táchira en noviembre de 2013 y fue expuesto en los siguientes términos: «En Táchira, estuvimos inspeccionando a esa empresa que se dedica a la importación de genética animal, accedía a dólares de CADIVI de la Cartera Agrícola Obligatoria, y hallamos a los animales en condiciones deplorables, muchos han perecido». Seguidamente acotó que, de 22 mil animales que debieron ingresar al país, solo se habían registrado 14 mil (UCV-FAGRO, 2013); f) el otro suceso estuvo relacionado con las declaraciones a la prensa por parte del gerente de la Zona Libre de Colón de Panamá, en marzo de 2014, quien manifestó que el gobierno venezolano tenía conocimiento de las irregularidades detectadas en las operaciones de comercio entre ambos países desde octubre de 2013. De un total de 1.472 millones de US$ que ciudadanos venezolanos presentaron como débito, 937 millones de US$ no tenían relación con la Zona Libre de Colón. En este caso se comprobó que los documentos que sustentaban los 937 millones no contaron con comprobantes de compras ni una clave, por lo que no fueron considerados como deudas con la Zona Libre, sino «fraudes cometidos en Venezuela» (El Universal, 2014a, p. 1- 8, UCV-FAGRO, 2014); g) muy significativo fue también el resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación de El Nacional, según las cuales la extinta CADIVI aprobó a la empresa denominada «Importadora Bicentenario 2010», 7 millones de US$. El propietario de esta empresa era un ciudadano venezolano de 25 años de edad, quien formó parte de un grupo de jóvenes a cuyas empresas (que a inicios de ese año tenían 15 meses de existencia) CADIVI les aprobó en 2012 un total de 61,7 millones de US$ para importar equipos e implementos agrícolas. Se menciona este caso por las siguientes razones: porque tal hecho ocurrió en el lapso de la administración de CADIVI por parte del general Manuel Barroso y porque un informe de FEDEAGRO⁸ indicaba que la totalidad del mercado de implementos agrícolas puede ser atendido –incluso en una situación de desabastecimiento– con 140 millones de US$ anuales. Sin embargo, a esas empresas les asignaron apenas 44% de esa cifra (El Nacional, 2014b; UCV-FAGRO, 2014); h) en la misma línea mencionada anteriormente se encuadra el suceso, ocurrido en abril de 2014, relacionado con el fraude millonario, detectado en Ecuador, a través de exportaciones fraudulentas desde ese país a Venezuela; dicho fraude comprendió operaciones que generaron US$ 228 millones en las cuales intervinieron 60 compañías venezolanas y 30 ecuatorianas. En el caso concreto de los alimentos y productos químicos, fueron 14 las empresas que importaron rubros desde Ecuador y los cancelaron en dólares preferenciales, al cambio oficial de BsF. 4,30 por dólar (Conde, 2015); i) por considerarlo de particular interés, a continuación se refieren los actos aún más directamente vinculados con las personas que participaron en los procesos de importación de bienes alimentarios. Destaca la salida de su cargo del coronel Félix Osorio, quien –nombrado por el presidente Chávez– venía desempeñándose como ministro de Alimentación desde 2008. Su administración duró dos años; luego este militar dirigió Mercal y, en 2013, el presidente Maduro lo volvió a nombrar como cabeza del Ministerio de Alimentación. La salida que está siendo referida, según Bocaranda (2014), tuvo que ver con la seguridad que le diera al presidente Maduro de que la importación de trigo para elaboración de pan y pastas, acordada con el gobierno argentino, llenaría las deficiencias. Sin embargo otro ministro procedió a su verificación con el gobierno argentino y, como resultado, le informaron que «las negociaciones no fueron hechas directamente sino a través de intermediarios. Inmediatamente «se decidió su salida a pesar de la solidaridad de sus compañeros de armas que compartieron su paso por Mercal, Cadivi y Casa donde había reemplazado al despedido ex presidente de CADIVI» (Bocaranda, 2014, p. 1-3; UCVFAGRO, 2014); j) por otra parte, en marzo de 2015 la Fiscal General de la República confirmó que se había librado una orden de aprehensión en contra del exministro de Alimentación, mayor general Herbert García Plaza, por un caso de corrupción en la compra de tres ferrys españoles en el año 2013 (Salomón, 2015). Esta misma persona, en una entrevista ofrecida al Diario Quinto Día, manifestó que la verdadera razón del juicio en su contra es que tocó intereses cuando ejecutó acciones y denuncias contra algunas empresas; en sus palabras, «el Presidente quería que se tomara acciones contra Makro, contra la Polar. Hicimos denuncias contra empresas de maletín que recibieron dólares y no traían la mercancía. Empecé a denunciar a las empresas de maletín sobre todo a las que importaban carne» (énfasis propio) (Granda, 2015); k) en relación con los anteriores sucesos destaca que en julio de 2014, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (por los diputados Abelardo Díaz y Homero Ruiz) una estafa superior a 15,5 millones de US$ por la compra de arroz y maíz blanco por parte del gobierno venezolano a la firma argentina Bioart S.A. Este hecho estuvo relacionado, según Ana Díaz (2014), con la importación de arroz paddy y maíz blanco con sobreprecios de 80% y 30% con respecto al mercado. En este hecho se involucró a una hija del fallecido presidente Chávez, al embajador en Argentina Carlos Chepi y al exministro de Alimentación Félix Osorio, «quien firmó y autorizó la importación de los rubros» (ídem); l) el anterior asunto fue reiterado también por Poliszuk (2014) quien reportó la denuncia – desde la Argentina– por parte de la Federación Nacional de Entidades Arroceras. De acuerdo con la misma, más de 39 millones de US$ cancelados por la Corporación CASA para importar las mencionadas toneladas de arroz y maíz, fueron objeto de sobreprecios que van desde 30% hasta casi el doble de las tarifas del mercado. En el mismo reportaje, Poliszuk señalaba «(…) que las estadísticas oficiales de Argentina advertían que a Venezuela le venden pollo con un sobreprecio de 42%. Piden 2,22 dólares por cada uno de los kilos de pollo congelado que a Chile, el Reino Unido y Singapur le ofrecen en promedio a 1,56 dólares»; y agregaba: «Las cifras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca de Argentina – publicadas en sitio web Valorsoja.com– señalan que dos tercios de las casi 21.000 toneladas de aves de corral que han exportado este año, vinieron a los puertos nacionales pero a tarifas superiores a las del mercado. El mes pasado, por su parte, la industria argentina pidió 5.144 dólares por cada una de las toneladas de leche que en el Brasil, Dominicana y Rusia venden a un precio 15% menor» (Poliszuk, 2014); m). Para concluir este punto referido a los casos de carácter específico relacionados con las importaciones y la asignación de divisas, se incluye el juicio lapidario del coronel del ejército (activo, con 27 años de servicio y quien fungió como Jefe del Núcleo de Desarrollo Endógeno Bejarano –un experimento agrícola y avícola creado por iniciativa del presidente Chávez–), José Martín Raga. Este, al referirse a las cúpulas que ahora «controlan el poder», manifestó «que la Fuerza Armada debe reconocer lo que sucede con la corrupción interna» . Al referirse al malestar que hay en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en relación con el ascenso del general Manuel Barroso, manifestó que era éste «quien debería estar preso junto con el grupo de civiles y militares que se lucraron con los dólares» y, seguidamente, criticó «el apoyo del ministro Osorio a la importación de alimentos» (énfasis propio) (Barráez, 2015, p. 14). A los pocos días de haber ofrecido estas declaraciones a una periodista de Newsweek en Español Venezuela, el mencionado coronel rindió declaración en la Comandancia del ejército y de allí fue trasladado hasta la sede de la Dirección de Inteligencia Militar, donde permaneció detenido.

2.2.2.3.CASOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Y EL «SUMINISTRO» DE ALIMENTOS

Uno de ellos se relaciona con el llamado «contrabando de extracción», principalmente, hacia Colombia. La preocupación del gobierno para detener el contrabando se remonta al año 2008, seis años después el gobierno retomó nuevamente el mismo argumento del contrabando de extracción para establecer el sistema de guías de movilización a todos los bienes prioritarios (y dentro de ellos, a los alimentos). Sobre este particular es importante señalar que el Vicepresidente de la República, en declaraciones recogidas en la prensa correspondiente al 29 de enero de 2014 y al referirse al contrabando de alimentos y gasolina hacia Colombia, destacó que el gobierno estaba consciente de que existen mafias (énfasis propio) en la frontera, tanto en territorio nacional como en el colombiano; así mismo, indicó que «hay oficiales de las Fuerzas Armadas que están involucrados en el contrabando» (énfasis propio). Sobre este mismo particular el ministro de Comercio, mediante declaraciones a la prensa, ratificó que a través del denominado «contrabando de extracción» se estaban trasladando del país hacia Colombia 40% de los productos (énfasis propio). Además, mediante esta declaración ofrecía una explicación, no solamente del desabastecimiento que estuvo experimentando el país en casi todos los productos de primera necesidad, sino que sostenía que detrás de ese inmenso contrabando se encontraba la denominada por el gobierno «guerra económica». Ahondando más sobre este asunto, en enero de 2014 –en el marco de un Taller de Formación de Fiscales en el estado Zulia– el vicepresidente de la República destacó que el Ejecutivo estaba consciente de que existían mafias en la frontera, tanto en territorio nacional como en el colombiano y que existían oficiales de las Fuerzas Armadas que están involucrados en el contrabando (énfasis propio) (El Universal, 2014b, p. 1-7; UCV-FAGRO, 2014).

2.2.2.4.CASOS RELACIONADOS CON LA PUTREFACCIÓN DE ALIMENTOS

Un tanto alejado de las características de los casos hasta ahora reseñados, se presenta el hecho vinculado con la putrefacción –en la red PDVAL–, de 122 mil toneladas de alimentos. Las mismas fueron contratadas incurriendo en graves irregularidades respecto a la forma cómo fueron adquiridas y a su correspondiente manipulación (Morales, 2013). Al anterior hecho se sumó otro no menor, ocurrido en 2009, el cual estuvo relacionado con la existencia en el Puerto de la Guaira de decenas de contenedores con alimentos vencidos o a punto de vencerse, importados por empresas públicas. Este último suceso fue materia de denuncia por parte de la Contraloría General de la República, cuyo titular –entre otros aspectos–, manifestó que había vuelto a «ponerle la lupa» al plan denominado Plan Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos. La administración del mismo estuvo a cargo de BARIVEN y PDVAL, para la importación de cientos de miles de toneladas de alimentos. Al respecto, el Contralor informó que no hubo entrega oportuna de ninguna de la documentación solicitada y este hecho determinó que se dificultaran sus tareas como aquellas relacionadas con la ubicación de las empresas auxiliares a la aduana que prestaron los servicios de agente aduanal, almacenaje y transporte a BARIVEN (énfasis propio) (Alonso, 2014, p. 1-5; UCVFAGRO, 2014). Los anteriores sucesos pueden ser complementados con el episodio ocurrido en los albores de 2014 cuando se pudrieron –en las instalaciones del terminal marítimo de Puerto Cabello–, 1.714 toneladas de carne de pollo y 1.000 toneladas de leche, valorados ambos bienes agroalimentarios en 10,5 millones de bolívares.

2.3. IMPLICACIONES DE LOS RESEÑADOS ACTOS DE CORRUPCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y LA NUTRICIÓN

Es menester reiterar que los presuntos actos de corrupción abordados en los epígrafes precedentes afectaron a toda la estructura social, dado que impidió destinar los recursos presupuestarios para otros fines. En el caso concreto del sector agroalimentario no permitió garantizar la «seguridad alimentaria» de la población con menores recursos, quienes apenas se empezaron a sentir las consecuencias derivadas de la disminución del precio internacional del petróleo, comenzaron a ver cómo se intensificaban sus consecuencias al agravarse sus condiciones de vida; en particular, en relación con los aspectos relativos a la alimentación y nutrición.

Con respecto a lo anterior, vale destacar que en diciembre de 2013 una familia de cinco miembros tuvo que destinar BsF. 3.324,41 para cubrir la canasta alimentaria normativa. Si se contrastara esta cantidad con lo ocurrido en diciembre de 2012, representaría un incremento porcentual de 59,4% en un año; es decir, equivaldría a 1.239,19 bolívares más. De acuerdo con las cifras aportadas por el BCV, la inflación concluyó el año 2013 en 56,2% y el salario mínimo en BsF. 2.973, monto que permitió cubrir apenas 89,4% de la cesta de alimentos básicos (BCV, 2013; UCV-FAGRO, 2013). Más tarde, en febrero de 2014 y según el INE (varios años), la cesta alimentaria pasó a costar BsF. 3.730,48. Por lo tanto, las familias debían destinar 1.556.05 bolívares más que en 2013, año en el que la canasta costaba 2.174,43 bolívares. Por lo expuesto, el salario mínimo no estuvo en condiciones de cubrir los costos de la alimentación básica de una familia (la remuneración básica se situó en 3.270,26 bolívares mensuales, i.e., 460,22 bolívares por debajo del monto de la canasta). En consecuencia el ritmo de ajustes del salario mínimo decretado por el gobierno (cuatro en el curso de 2013), no fue suficiente para balancear los ingresos mínimos con el costo de la canasta alimentaria. El 30 de Abril de 2014 se volvió a oficializar un incremento de 30% sobre el ingreso básico (salario mínimo), porcentaje que significó elevarlo desde 3.721,3 hasta 4.251,4 bolívares mensuales. Esto se tradujo en la práctica en un salario de 32,7 bolívares diarios, suma con la que no se podía cubrir siquiera el costo de un kilogramo de pollo.

Por otra parte, la escasez de productos controlados o regulados –que en marzo de 2014 se había ubicado en 60,2%– no solo obligaba a los consumidores a dedicar más tiempo para poder completar la cesta alimentaria, significó también el desembolso de un mayor presupuesto de los consumidores. Esto se debe a que se vieron obligados a adquirir otro tipo de presentaciones, cuyos precios resultaban ser significativamente superiores que el precio regulado En el caso de la leche, por ejemplo –principalmente debido a que la oferta disminuyó considerablemente–, la demanda se trasladó hacia la presentación de la «leche de larga duración», cuyo precio triplicaba al de la presentación regulada. Pero eso no fue todo, si se tiene en cuenta que los productos lácteos (que no pueden ser sustituidos por otros alimentos), se caracterizaron por su elevada escasez, por no decir inexistencia, como ocurre en el caso del queso y de la leche pasteurizada. Estos, junto con los «jugos de frutas 100%», prácticamente, desaparecieron del mercado. A esa situación se debe añadir el hecho relativo a que la escasez llegó a generar problemas en los centros de expendio de alimentos, tanto públicos como privados. Los mismos se manifestaron en las largas «colas» o filas que debían hacer los compradores en los establecimientos y que muchas veces llegaban incluso hasta cubrir espacios fuera de las propias instalaciones de esos centros de expendio. A pesar de la ocurrencia concreta de estos hechos, para algunos personeros del gobierno las «colas» constituían una muestra del poder adquisitivo de la población venezolana (Entorno Inteligente, 2014).

Si lo que se acaba de reseñar ocurría con los consumidores que se abastecían de productos regulados, aquellos que se abastecían de productos subsidiados no lograron escapar tampoco de esta delicada situación. Esto se debe a que el expendio de productos subsidiados está conformado –en su mayor parte– por «combos populares», los cuales están constituidos en su totalidad por alimentos ricos en grasas y carbohidratos. Si el volumen de alimentos consumidos en Venezuela se presentara y analizara conforme a la metodología aplicada por el Instituto Nacional de Nutrición (INN, varios años), aproximadamente el 60% de las 2.363 calorías diarias normativas que en promedio debería consumir cada persona en Venezuela, provendrían de tres grupos agronutricionales: cereales, grasas y azúcares. Si a esta situación se añade el hecho relativo de que las hortalizas, frutas, leguminosas y productos lácteos se encuentran prácticamente ausentes de la dieta de los mencionados consumidores, la situación alimentario-nutricional en el país debería considerarse como preocupante. En efecto, si solo se tomaran en cuenta los productos lácteos, la situación tendría características mucho más preocupante. Invitaría a indagar sobre las repercusiones de este déficit nutricional y, complementariamente, respecto al número de nacimientos con bajo peso, a la incidencia de anemia, por una parte; y de obesidad, por la otra. Sobre estos aspectos, por no disponer de datos confiables, no se está en condiciones de emitir juicio alguno. En su lugar se acude al contenido de las declaraciones de una destacada investigadora, miembro de la Fundación Bengoa (una institución de reconocido prestigio nacional e internacional) quien manifestó lo siguiente:

La dieta del venezolano ahora es monótona y depende de lo que consiga, ha perdido calidad y se ha vuelto sumamente costosa. Si en una semana se consigue harina de maíz, comen arepas tres veces. Si se encuentra pollo, lo dividen para que rinda. Los venezolanos están comiendo pasta con olor a pollo, pero los nutrientes que le llegan no son suficientes», y continuó manifestando que las combinaciones de arroz o pasta con mayonesa o margarina, se convirtieron en habituales porque son alimentos económicos, los que más rinden y los que más se consiguen y, además, se acentuó el hábito de ingerir más azúcar y aceites, y las legumbres y vegetales continuaron en un segundo plano. Por otra parte, la mencionada persona puntualizó que el consumo de caraotas (una leguminosa rica en proteínas), a pesar de ser accesible por su precio, su consumo ha disminuido significativamente debido a la escasez de gas; al respecto expresó: «…como no se consigue (gas), la gente no come granos (leguminosas) por que no tiene con qué ablandarlos (Núñez, 2015, s/n).

En síntesis, se puede señalar que la escasez y la inflación alimentaria distorsionaron el patrón de consumo alimentario. Al mismo tiempo están ocasionando malnutrición y, por lo tanto, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.

En relación con los hechos expuestos se incorpora parte del contenido del informe del INE (2013) según el cual la pobreza –medida por línea de ingresos– mostraba que en el segundo semestre de 2013, 2.791.292 personas (9,8% de la población) no disponían de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. En efecto, el índice de pobreza extrema registró un valor de 7,1% en el segundo semestre de 2012 e igual a 9,8% en el mismo lapso de 2013. Esa institución del gobierno señalaba, además, que el número de hogares en situación de pobreza extrema (énfasis propio) se incrementó de 6% a 8% en un año Este aumento significó que 189.086 familias se encontraran en esa situación (Barreiro, 2014, p. 1-6).

A fin de aportar mayores elementos sobre esta materia, merece destacarse el contenido de la Encuesta sobre Condiciones de Vida, realizada por tres prestigiosas y reconocidas universidades del país: la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB). En febrero de 2015 se hizo de conocimiento público uno de los hallazgos más relevantes a los efectos de esta investigación: la pobreza venezolana, que en 1998 era de 45,8% de los hogares, hoy afecta a 48,4% de los mismos; en relación con la pobreza extrema, la Encuesta y los datos aportados por las tres universidades, dan cuenta que en esa situación se hallan 1,7 millones de hogares, lo que representa 8,5 millones de personas; esto es, el 23% de la población del país. La investigación reveló además que solo 8,4% de las personas que viven en pobreza extrema fueron beneficiarias de alguno de los programas asistenciales del gobierno («misiones»). Estas –como se ha dicho– surgieron en 2003 para atender a los sectores de menores recursos, que dentro los otros beneficios, pudieron adquirir alimentos a precios subsidiados. Estos programas, que en sus inicios mostraban como promisorios, desde 2008 empezaron a declinar y mostrar menos cobertura. Así, el número de asistidos disminuyó 20% al pasar de 2,5 millones a 2 millones de personas (UCV-FAGRO, 2015). Por todo lo expuesto hasta esta sección se puede concluir manifestando que no solo no se logró superar la pobreza, sino que ésta se ha extendido y profundizado, a pesar de la cuantiosa «inversión social» realizada por el gobierno. Por consiguiente, el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, tampoco se habría logrado.

3. DISCUSIÓN FINAL: INFERENCIA

¿Qué ocurrirá o qué destino tendrá la ingente masa monetaria producto de los presuntos actos de corrupción, sobre todo de aquella que corresponde al importe total, sin certificación de origen, depositados en bancos extranjeros? Una de las vías a transitar sería, probablemente, la adquisición de «medios de producción» y la conversión de sus propietarios en una «clase» (clase capitalista en términos marxistas) dentro del espacio económico venezolano. En otras palabras, se trataría de una nueva «clase propietaria», que surgiría de la «revolución bolivariana». La otra vía a transitar podría ser la inversión de esa cantidad de dinero en cualquier otro lugar del planeta, presumiblemente en Cuba. Dos hechos podrían facilitar el discurrir de esa probable vía: por una parte, el hecho que se hiciera del conocimiento público, relativo a la existencia en ese país (y probablemente en otros) de por lo menos una entidad bancaria perteneciente al gobierno venezolano. Al respecto, Granda, al referirse a las contradicciones que se estarían presentando en el seno del gobierno y del partido, apunta: «Mientras unos piden al jefe del Poder Ejecutivo que no cierre el Banco Industrial, otros piden que se aclare cómo han manejado la sucursal de ese banco en Cuba» (Granda, 2015, p. 17). El otro hecho podría enmarcarse dentro del proceso de apertura de Cuba que -se presupone-, conllevaría a la conformación de una «economía capitalista» (consecuentemente, de una «burguesía nacional») con una importante y necesaria participación del "capital extranjero". En esta economía los capitales venezolanos, derivados de presuntos actos de corrupción, tendrían una participación importante. Si se lograra concretar ese hecho, dispondrían de un «mercado» conformado por el espacio económico venezolano que se convertiría -junto con el mercado centro americano y caribeño-, en un espacio económico importante para los probables y futuros planes y proyectos de Cuba. De no concretarse los hechos anotados anteriormente, el dinero ilícitamente obtenido pudiera ser repatriado. Se asoma esta posibilidad teniendo en cuenta que, en la actualidad, resulta casi imposible encubrir el dinero producto de los actos de corrupción, debido a la existencia de un sistema jurídico financiero internacional que es muy sensible y que dispone de procedimientos muy severos para el tratamiento del dinero que muestra problemas de legitimidad. Por lo tanto, sería casi imposible no saber -con certeza-, el nombre de los ciudadanos que poseen dinero cuyo origen no es suficientemente inteligible, debido a que procedería de hechos de corrupción. En consecuencia, no sería imposible proceder a su repatriación y rescate con el fin de reparar el daño causado a la nación. De ocurrir esta última posibilidad, ¿cómo garantizar que, en el futuro, los actos de corrupción y la obtención de beneficios ilícitos no vuelvan a ocurrir? En otras palabras, ¿cómo combatir este flagelo?

Una respuesta podría derivarse de los aspectos teórico-conceptuales relativos al enfoque neoinstitucional y a la teoría del cambio institucional, que fueron expuestos en la parte inicial de este artículo. A riesgo de ser repetitivos se enfatiza que el primero de los enfoques considera que los agentes económicos maximizan sus beneficios en el marco de las reglas de juego formales e informales (instituciones). El segundo -por su parte-indica cómo y cuando ocurre un cambio en las reglas del juego que es apropiado por los agentes, debido a que consideran que es congruente y beneficiosos y porque -además-, es considerado como imprescindible para distinguir entre lo que son políticas sensatas y absurdas para combatir la corrupción. En ese sentido se considera que tanto las reglas formales como las informales no tendrán relevancia alguna si no existen mecanismos efectivos para hacerlas cumplir. Esto se explica debido a que los agentes económicos no internalizarán que existe un costo si no existe una manera efectiva de hacer cumplir la norma formal o informal. Por lo tanto, las leyes por sí solas no servirían de nada y hasta podrían ser perjudiciales, si los organismos encargados de hacerlas cumplir no son lo suficientemente pertinentes y eficientes.

Teniendo en cuenta tales consideraciones, Transparencia Internacional (ONG aludida en otra parte de este artículo) ha desarrollado un modelo institucional conocido como «El Sistema Nacional de Integridad», el cual singulariza el tipo de incentivos (vigentes en un país) para promover o no problemas de corrupción. De esa forma, busca establecer la manera de incrementar los riesgos y reducir los beneficios de la corrupción. La información de esa ONG que incluye el fundamento conceptual, la propuesta de políticas anticorrupción y las herramientas específicas están disponibles en línea (Transparencia Internacional, 2015).

Se concluye este artículo exponiendo las siguientes interrogantes: ¿Acaso es posible que un gobierno como el actual, que ha facilitado (deliberadamente o no, pero con el mismo resultado) presuntos actos de corrupción, pueda contar con la suficiente voluntad política para optar por un iniciativa que busque enfrentarla? De ocurrir un cambio de gobierno, ¿estarán los políticos dispuestos a asumir esta tarea y dispondrán de los incentivos para propiciar el cuestionamiento de los códigos sociales que son contraproducentes para lograr un cambio en los patrones o códigos de conducta que guían esas acciones y, además, qué otros incentivos los motivarían para someterse a una mayor fiscalización?

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Notas