La alimentación es un derecho humano esencial sin el cual no se pueden garantizar los demás. Se trata de un derecho subjetivo de las personas y de los pueblos frente al Estado y la comunidad internacional (ICBF, 2005) que engloba la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) como un compromiso de Estado enmarcado en el enfoque de derechos, en el abordaje intersectorial e interdisciplinario y en la gestión del riesgo. Este compromiso surge de la Declaración Universal de los derechos humanos de 1948 y el posterior Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, donde se establece que toda nación debe garantizar el derecho a la alimentación, el cual se considera cumplido cuando las personas tienen acceso físico y económico, en todo momento a la alimentación adecuada y a los medios para obtenerla (Gordillo, 2004). Aunque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población en sus políticas públicas, no es su obligación proporcionar alimentos, sino hacer respetar y proteger el derecho de las personas a alimentarse, brindando las garantías suficientes. Ante la falta de alimentos el reto es mejorar las condiciones generales de la población, teniendo en cuenta aspectos como la distribución de la propiedad y del ingreso, la situación política y social por la que el país atraviesa, la institucionalidad, la sostenibilidad y en general, el equilibrio de la sociedad en conjunto (Ramírez, 1993).

La alimentación insuficiente o alejada de las recomendaciones nutricionales, no solo afecta a las personas en extrema pobreza, sino también a otros grupos poblacionales (CEPAL, 2010). Investigaciones como las del ICBF (2005, 2010) muestran que el acceso a una dieta adecuada está condicionado por factores externos como el empleo y el ingreso, pero también por determinantes como el estrato socioeconómico, el nivel educativo y ocupacional de los padres, el sexo del jefe del hogar o el número de integrantes del mismo, entre otros.

Asimismo, la CEPAL (2005) argumenta que los niños con mayor probabilidad de desnutrición son aquellos que viven en zonas rurales, los que están en pobreza extrema y los que pertenecen a comunidades indígenas o afrodescendientes. Colombia ha creado políticas públicas para contrarrestar las problemáticas generadas por la inseguridad alimentaria. Una de estas es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) del período 2012-2019, el cual plantea la importancia de mejorar las condiciones alimentarias de la población (CISAN, 2011). La Federación Nacional de Cafeteros ha seguido las recomendaciones planteadas por dicho PNSAN para mejorar la situación alimentaria de los caficultores. De este modo el autoabastecimiento de alimentos en las familias que se dedican a este cultivo se ha convertido en una de sus principales preocupaciones. Este autoabastecimiento es afectado por los bajos ingresos de muchos de los pequeños caficultores que no pueden sostener al mismo tiempo el acceso a una alimentación suficiente y otros gastos. Es afectado además por la especialización de la tierra para el cultivo de café, descuidando otras prácticas agrícolas que permiten mejorar la disponibilidad y acceso a los alimentos (Ulloa, 2011).

Los monocultivos de café expuestos al sol – aunque muy productivos– presentan problemas como la alta demanda de agroquímicos, la reducción de la biodiversidad y el abandono de la producción para el autoconsumo. Los pequeños agricultores ven reducida su capacidad de resiliencia en períodos de crisis cuando baja el precio internacional del café y no pueden cubrir los costos de los fertilizantes y plaguicidas. Igualmente cuando se presentan extremos climáticos sobre el cultivo, los campesinos no encuentran fuentes alternativas de ingresos ni tienen productos de «pancoger» que permitan reducir gastos (García Pineda, 2013; Turbay, Nates, Jaramillo, Vélez & Ocampo, 2013).

Paralelamente la Federación Nacional de Cafeteros desarrolla el Programa de Seguridad Alimentaria (PSA) de forma transversal a sus otros programas de calidad de vida. Este es una estrategia educativa y no asistencialista, para recuperar las prácticas de los hogares tendientes al aprovechamiento de la biodiversidad de las zonas rurales con miras a una mejor alimentación en variedad e inocuidad, con base en los recursos a disposición, culturalmente aceptables y a un bajo costo (Ulloa, 2011). Como afirman Álvarez, Mancilla & Cortés (2007) la producción de alimentos a escala familiar puede ser una alternativa que contribuya a garantizar una alimentación adecuada, a aumentar los ingresos por comercialización y el autoabastecimiento.

Pero, a pesar del PSA, los índices de pobreza y miseria en las zonas cafeteras siguen siendo preocupantes y no se han recuperado las prácticas agrícolas tradicionales que favorecían la producción en las fincas. Esta situación ha llevado a que la investigación agropecuaria se fije en la necesidad del fortalecimiento de las economías locales de pequeña escala, promoviendo no solo la entrega de subsidios en productos agrícolas como explican Álvarez et al. (2007), sino también, el retorno a la diversificación del cultivo para mejorar la variedad alimentaria del campesino.

La propuesta del fortalecimiento de una economía a pequeña escala para las fincas cafeteras del nordeste antioqueño y la diversificación de cultivos para el autoconsumo son dos metas compatibles con el rediseño agroecológico de la producción. No obstante, la agroecología no es solo una técnica o modelo. Ésta es, en su nivel académico, la ciencia que estudia la estructura y función de los agroecosistemas, tanto desde el punto de vista de sus interrelaciones ecológicas como sociales, culturales, políticas y tecnológicas (León & Altieri, 2010). Esta disciplina analiza especialmente las bases ecológicas de los sistemas alimentarios e incorpora en el diseño de los sistemas productivos los principios y propiedades de los sistemas naturales (Francis et al., 2003).

La agroecología utiliza principios ecológicos que favorecen procesos naturales e interacciones biológicas que optimizan sinergias de modo tal que la agrobiodiversidad sea capaz de subsidiar por sí misma procesos claves tales como la acumulación de materia orgánica, fertilidad del suelo, mecanismos de regulación biótica de plagas y la productividad de los cultivos (Gliessman, 1998). El objetivo final de la agroecología es compatible con la producción cafetera en economías a pequeña escala para encontrar alternativas de producción que sean viables, amigables con el ambiente y sensibles socialmente, que optimicen el uso de la tierra, aumenten la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, que reduzcan el uso de insumos externos, mejoren la eficiencia biológica de los cultivos, que disminuyan la pobreza rural, la adaptación al cambio climático y la soberanía alimentaria (De Schutter, 2010; Nicholls, 2013; Altieri, 1999).

La disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos y la situación nutricional de los sujetos que integran el hogar, constituyen los elementos de análisis de la seguridad alimentaria. Aunque la disponibilidad y el acceso a los alimentos tienen relación con la producción y la economía del hogar, conocer la situación de seguridad alimentaria requiere tener en cuenta de forma global todos sus componentes tanto ecosistémicos como bioantropológicos. La necesidad de establecer una línea base del estado de seguridad alimentaria antes del rediseño agroecológico se ha considerado de importancia para poder comparar los efectos del rediseño a futuro.

En la presente investigación, la zona objeto de estudio y su población se encuentran en la cuenca del río Porce. Este río nace en el valle de Aburrá, sobre la cordillera central de los Andes y desemboca en el río Nechí, al nordeste del departamento de Antioquia. La cuenca se caracteriza por presentar una topografía montañosa y alturas entre los 80 y 3.320 msnm. De acuerdo con la clasificación de Holdridge (1978), pertenece a la zona de vida bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Las fincas cafeteras seleccionadas estaban entre los 1.025 y los 1.500 msnm y presentaban temperaturas medias anuales entre los 19° y los 22°C, según su altitud. La precipitación promedio anual es de 1.950 mm aproximadamente, con un período seco desde finales de noviembre hasta marzo y un período lluvioso de abril a octubre; aunque hay una pequeña estación seca entre julio y agosto (Yepes-Quintero, Jaramillo-Restrepo, Orrego-Suaza & del Valle-Arango, 2007).

La población de esta región es el resultado del mestizaje que se dio desde el período colonial entre indígenas, negros y blancos. En ese entonces la minería del oro era la principal actividad económica. Durante los siglos XVI y XVII predominaron las empresas que explotaban minas de veta con esclavos. Esas empresas decayeron en el siglo XVIII debido a factores como el alto costo de la mano de obra y abastecimientos y a la carga fiscal. Posteriormente predominó la minería de aluvión ejercida por mineros independientes. La agricultura y la ganadería cumplieron siempre un papel secundario. Los mineros preferían comprar los abastecimientos que dedicarse a la agricultura. La producción agrícola se limitaba a unos cuantos productos, especialmente el maíz y la caña panelera. Uribe de Hincapié & Álvarez (1985) han rastreado los elementos históricos que explican cómo la articulación entre la minería y el comercio configuraron la región antioqueña.

La economía regional actual está orientada a la producción para la subsistencia con mercados muy débiles por los altos costos de transacción de los productos. La malla vial es muy precaria y la cultura de la innovación y la competitividad es incipiente. La ganadería extensiva se realiza en las vegas del río Porce, mientras que la agricultura campesina se desarrolla en las pendientes de la cordillera. En algunos municipios hay plantaciones forestales para fabricar pulpa de papel que han provocado cambios en el uso del suelo, disminución de las fuentes de empleo y desplazamiento de la población rural (Zuluaga, 2010).

Fuera de la Federación Nacional de Cafeteros solamente se destacan algunas asociaciones de productores de leche, caña o fique (Giraldo, 2008). La producción panelera a pequeña escala –en trapiches artesanales– y la cría de especies menores son actividades económicas importantes, aunque afectadas por normas exigentes sobre el procesamiento de alimentos. La minería de aluvión se sigue practicando en algunos sectores, tanto por parte de mineros artesanales como por compañías que usan retroexcavadoras que generan graves problemas ambientales. La zona conserva bosques importantes que ahora son valorados para la conservación del agua para los embalses de Porce II y Porce III, construidos por Empresas Públicas de Medellín para generación de energía eléctrica. Ambos megaproyectos han cambiado la dinámica económica, social y política de la región.

Las unidades domésticas analizadas se encuentran en los municipios de Amalfi, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo y Yolombó. Según los datos del último censo realizado en Colombia (DANE, 2005) en cuatro de los cinco municipios el número de habitantes rurales es más alto que el número de habitantes en las cabeceras municipales (Cuadro Nº 1). En Yolombó la población rural duplica la población en la cabecera y en Santo Domingo la cuadruplica. El promedio de personas por hogar es ligeramente mayor en los hogares rurales respecto a los urbanos. Los hogares rurales de Yolombó son de menor tamaño, 3,9 personas/ hogar, y los de Gómez Plata los de mayor, 5,8 personas/hogar (DANE, 2005).

Cuadro 1 Cuadro 1 Demografía de la zona de estudio: población total por municipio y su distribución entre la cabecera y resto del mismo elaboración propia, a partir del censo de población del DANE (2005)

En cuanto a las personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el área de estudio (Cuadro Nº 2), hay grandes disparidades entre las zonas urbanas (cabecera del municipio) y rurales (resto) que ponen en desventaja a estas últimas, aunque los niveles de bienestar varían mucho entre los municipios. Por ejemplo, Amalfi presenta un porcentaje de población rural con NBI de más del doble del de Santo Domingo.

Cuadro 2 Cuadro 2 Distribución por municipios de la proporción (%) de personas con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) distinguiendo la cabecera municipal del resto elaboración propia, a partir de la información del DANE (2010)

Todas las familias estudiadas han vivido durante los últimos años bajo el miedo por la presencia de grupos armados que pretenden controlar el territorio. En el nordeste de Antioquia hay una tradición sindicalista y liberal que se remonta a la primera mitad del siglo XX. Las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) han ejercido su influencia desde hace más de tres décadas. El ELN consolidó una base social con la ayuda de algunos sacerdotes católicos influenciados por la teología de la liberación. En la década de 1990 las fuerzas cambiaron de signo por la presencia paramilitar.

Después se incrementaron los cultivos ilícitos ordenados por paramilitares para financiar su proyecto político y militar, lo cual condujo a una disminución de los cultivos de «pancoger», al desplazamiento forzado y a asesinatos selectivos de líderes campesinos. A pesar de la desmovilización de los paramilitares en 2003 todavía persiste la zozobra en algunas veredas por amenazas de grupos armados.

Con base en estas consideraciones, el presente estudio tiene por objetivo analizar la situación de seguridad alimentaria y el estado nutricional del grupo familiar en diez unidades campesinas caficultoras del nordeste antioqueño (cuenca del río Porce, Antioquia, Colombia), que se encuentran involucradas en una propuesta de transformación y rediseño de su producción mediante principios agroecológicos.

2.1. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UNA MUESTRA DE FINCAS CAFETERAS

Los predios fueron escogidos después de visitar 48 fincas del área de influencia de la Hacienda Vegas de La Clara de la Universidad de Antioquia, en los municipios de Santo Domingo, Gómez Plata, Santa Rosa, Yolombó y Amalfi. Los agricultores visitados se reunieron y eligieron dos fincas en cada uno de los municipios para hacer el rediseño. La motivación de los agricultores se basa en la premisa de constituirse en el futuro en modelo de una agricultura sostenible para la región. Los criterios de inclusión de las fincas tuvieron en cuenta que: i) no tuvieran menos de una hectárea; ii) las tierras fueran propias o que por lo menos estuvieran en sucesión; iii) el uso de agrotóxicos fuera moderado o nulo; iv) no estuvieran a más de 45 minutos por carretera del casco urbano del municipio; v) el propietario se dedicara más a la finca que a jornalear en otros predios; vi) implementaran al menos cuatro prácticas agroecológicas; vii) hubieran puesto en práctica al menos cuatro tecnologías apropiadas; viii) tuvieran una experiencia productiva mínima de cinco años; ix) tuvieran apoyo de la familia; x) no tuvieran más de dos créditos; xi) tuvieran al menos cuatro fuentes de ingresos monetarios; y, finalmente, xi) participaran en al menos una organización comunitaria.

Las unidades familiares estudiadas en la presente investigación son en su mayoría familias nucleares con dos hijos. Esto puede obedecer a cambios en las prácticas reproductivas de las familias campesinas que, según Álvarez et al. (2007), involucran la introducción de conductas como la planificación familiar o la decisión concertada de no tener muchos hijos; o también, a que la falta de políticas de desarrollo rural integral hace poco atractiva la vida en el campo para los jóvenes que suelen migrar a las ciudades para buscar mayores oportunidades. La reducción progresiva del número de hijos supone que en un futuro se contará con menos personas para trabajar la agricultura y menor población campesina que preserve las tradiciones y prácticas rurales. Adicionalmente, se aumentará la dependencia de los adultos mayores y quizás su precariedad, porque la mayor parte de los agricultores no cotiza en el sistema de seguridad social para obtener una pensión.

Los hogares con un número de personas entre 5 y 8 (40% de la muestra), evidenciaron más dificultades económicas. Sin embargo, estas no influían directamente en el consumo de alimentos diarios, ni en la seguridad alimentaria del hogar, ya que la existencia de una huerta familiar les permitía tener alimentos disponibles para el autoconsumo. Los ingresos monetarios no pueden ser en consecuencia el único indicador de la sostenibilidad de las unidades agrícolas familiares. Un análisis de la economía doméstica debe contabilizar los servicios ambientales que presta el agroecosistema, aunque estos no se conviertan en mercancía, como el agua, la leña o la producción agrícola para el autoconsumo. Las dificultades económicas de las familias numerosas se derivan de la necesidad de pagar por la satisfacción de otras necesidades distintas a la alimentación (e.g., uniformes y útiles escolares, vestuario, transporte, medicamentos, recreación, entre otras). En general el jefe del hogar era el padre (80%), quien se ocupaba en labores agrícolas en su propia parcela, lo que se traduce en que los ingresos no sean mayores a un salario mínimo legal vigente. En cambio, los hogares con más solvencia económica habían diversificado el cultivo de café, con frutales que se comercializaban fácilmente y dejaban buena rentabilidad. La propiedad de la tierra ayudaba a estas familias a tener niveles de vida más sostenibles, dado que esta condición les permite acceder a recursos naturales, a capital financiero, a activos fijos, al tiempo que les permite fortalecer el capital humano y social como muestra la Food and Agriculture Organization (FAO, 2005). Para las diez unidades domésticas visitadas la propiedad de la tierra promovía la autosuficiencia, el acceso y disponibilidad de los alimentos y mejoraba las oportunidades de generación de excedentes económicos.

El mayor riesgo económico estaba en aquellas familias con monocultivos de café altamente demandantes en insumos; que no escalonaban la producción de café; que no diversificaban los ingresos; que no cultivaban para el autoconsumo; que no contaban con un bosque de donde sacar la leña para cocinar; que no tenían el apoyo de mano de obra dentro de la misma familia y que no estaban respaldadas por redes sociales. Su situación se agravaba cuando bajaba el precio internacional del café o durante períodos de extremos climáticos que afectaban la producción del grano.

El patrón alimentario de las fincas visitadas seguía una frecuencia de tres o más ingestas al día. Los alimentos se preparaban en mayor medida con productos que se obtenían en la misma parcela, los cuales cumplían con las características nutricionales necesarias para una buena y sana alimentación. No obstante, la frecuencia de consumo de grupos de alimentos prioritarios (Cuadro Nº 5) según el PNSAN del período 2012-2019, era suplida con alimentos cultivados para el autoconsumo. Los grupos de alimentos que mostraron valores porcentuales por debajo de lo recomendado, correspondieron a aquellos que se adquieren por medio de la compra; así, debido a los bajos ingresos de algunas familias, no se consumían con la frecuencia necesaria.

Al observar la producción para el autoconsumo se constató que la misma estaba representada por las frutas, verduras, tubérculos y plátanos y huevos (Cuadro Nº 4). Esta situación ayudaba a que los hogares lograran consumir las frecuencias semanales de esos alimentos propuestas por el ICBF en sus recomendaciones nutricionales.

La huerta familiar era un asunto prioritario para las familias estudiadas como una estrategia para la subsistencia, pero también –como afirma Cáceres (2003)– como un instrumento para sostener las relaciones sociales que surgen de la convivencia, propiciando donaciones y el intercambio recíproco entre vecinos. Esta situación se evidenció en el discurso de muchas amas de casa, que en sus comentarios afirmaron intercambiar alimentos entre vecinos o enviarlos como regalo a sus parientes de la ciudad.

Con la aplicación de la encuesta de percepción, aunque la mitad de los hogares se clasificaron en levemente inseguros, esto no debe entenderse en términos de un riesgo alto, debido a que los puntajes de la escala no fueron muy elevados (es decir, no fueron mayores a 4, para un rango entre 1 y 12). Esta percepción sitúa la línea base de las fincas estudiadas cerca de la seguridad alimentaria, en comparación con hogares de jornaleros de fincas cafeteras del suroeste de Antioquia (Manrique Chica & Rosique, 2014), la mayoría sin propiedad de la tierra, donde la inseguridad alimentaria moderada y severa fue del 34,2%. Lo relevante en este escenario de la cuenca del río Porce es que se visualizó lo frágil que puede ser la economía cafetera, aún más en los hogares que no tienen prácticas fuertes de diversificación del cultivo. La seguridad alimentaria de estos diez hogares estaba protegida por la conciencia del autoconsumo, pero también por la inversión que los hogares realizaban al comprar los alimentos que no producen. Si bien los ingresos mensuales eran muy restringidos, se destinaba un porcentaje considerable de estos a la compra de alimentos. Asimismo, algunos hogares tenían el «fiado» como estrategia para obtener los alimentos que no cultivaban, mientras llegaba la época de la cosecha y podían pagarlos. Otras familias tenían un ahorro que distribuían para los gastos de la familia hasta que regresaba el tiempo de productividad del café. La fragilidad de su economía llevaba a que estos hogares dedicados al monocultivo de café estuvieran en frecuente riesgo de sufrir situaciones de inseguridad alimentaria y, más para la fecha, que el precio del café se encontraba en declive y había pasado de $8.200 a $3.668 el kilo.

En teoría un hogar tiene acceso a los alimentos mediante su propia producción o por actividades generadoras de ingreso, como el trabajo y el comercio, los bienes de capital y la transferencia de recursos externos. Cuando alguno de estos elementos se modifica en forma negativa, un hogar puede perder el acceso regular a los alimentos y llegar a la inseguridad alimentaria (Álvarez et al., 2007). En este sentido, los diez hogares estudiados producían alimentos necesarios para cubrir sus necesidades de energía y de nutrientes y tenían disponibilidad de manera permanente. No obstante, es necesario trabajar en mejoras para la obtención de otros productos que también tengan una salida en el mercado, logrando así que no dependan totalmente de la venta de café como único producto generador de excedentes económicos. Si se llega a cumplir este cometido, se podrá acceder con mayor facilidad a otros alimentos suficientes en cantidad y calidad, con lo cual se reducirá el riesgo constante de llegar a situaciones de inseguridad alimentaria.

La situación nutricional a partir de la evaluación del IMC mostró que estos campesinos de la cuenca del río Porce se encuentran alejados de los valores de frecuencia de obesidad del adulto encontrados en Colombia, aunque hay tendencia a la malnutrición por sobrepeso –en ambos sexos–, en particular en los mayores de 40 años. El sobrepeso es un caso de malnutrición por exceso de energía relacionado con el tipo de dieta, la edad, el sexo, la biología de la población y los patrones de sedentarismo. El bajo consumo de fruta y verduras se puede considerar un factor común a la malnutrición por exceso en la región con implicaciones en el metabolismo de las grasas. La frecuencia de sobrepeso en este estudio es mayor que la encontrada por Manrique Chica & Rosique (2014) en hogares de jornaleros de fincas cafeteras del suroeste de Antioquia (13,7%), donde además la delgadez de adultos y adolescentes es cercana al 20%.

No obstante, los hogares con mayor seguridad alimentaria del suroeste también poseen mayor frecuencia de individuos con sobrepeso. Es por esto que debe prestarse atención en los hogares de fincas cafeteras a que la seguridad alimentaria sea compatible con la salud nutricional, adecuando la dieta y el nivel de sedentarismo. La actividad física de los hombres en las labores agrícolas en las fincas estudiadas de la cuenca del río Porce es un factor protector que puede ser la causa del mayor porcentaje en normalidad nutricional respecto a las mujeres, ya que según la observación etnográfica ellas realizan menos tareas del campo. El sobrepeso femenino está influido por el sedentarismo y la dieta. Además, el sobrepeso masculino no siempre refleja una situación nutricional adversa, debido a que el IMC no es una medida unívoca de la grasa corporal. Es decir, una persona con musculatura desarrollada puede tener un IMC alto sin tener exceso de tejido graso.

En conclusión, la economía campesina permite satisfacer en gran medida las necesidades alimentarias de estos hogares de fincas cafeteras. Aunque no se pueden descartar los riesgos de inseguridad alimentaria por la fragilidad de su economía, junto con los riesgos en su salud nutricional basados en un consumo poco balanceado, sobrepeso y un comportamiento sedentario. Los hallazgos del presente estudio permiten crear una línea base para conocer en el futuro los efectos del rediseño agroecológico de estas fincas. Sin embargo, esta investigación pone en relieve la necesidad de fortalecer todos aquellos factores que podrían reducir la vulnerabilidad de las familias, tales como: el enriquecimiento de las huertas caseras, manejo de al menos dos productos que se puedan comercializar; el mejoramiento de la fertilidad del suelo a través del uso de abonos orgánicos producidos en la misma finca para aumentar los rendimientos en la cosecha; el aumento de la densidad de árboles frutales y maderables en los cafetales; el control biológico de plagas y enfermedades que reduzca los costos de producción, renovación de cafetales con variedades resistentes a la roya; y el mejoramiento de ingresos por la venta de café, a través del valor agregado que ofrecen los cafés alternativos. Por lo demás, todas las medidas destinadas a reducir la pobreza y a disminuir la brecha entre las zonas urbanas y rurales tendrán un efecto positivo en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria