1. INTRODUCCIÓN

La creciente insatisfacción con la calidad de los alimentos industrializados y la demanda «verde»–que moviliza preferencias de consumo éticas – han dinamizado un mercado de productos ecológicos, tipificados como orgánicos (Lockie, 2002). Esta demanda de consumidores de altos ingresos del «Norte Global» es mayoritariamente satisfecha desde países agroexportadores tradicionales, como es el caso de Chile. En estos lugares la producción orgánica certificada se ha constituido en un nicho para pequeños y medianos productores capitalizados –con vínculos con el movimiento agroecológico– que ven en la producción orgánica una línea de negocio rentable y a la vez ética. Esta situación reabre la pregunta por la relación económica Norte-Sur, ahora en el marco de productos verdes con sello ético: ¿Cómo se traduce realmente la demanda ecológica del «Norte» en el ámbito de las prácticas productivas en el «Sur»?, lo que se traduce en un conjunto de preguntas menores: ¿Cuáles son las razones de la llamada «conversión orgánica?; ¿Qué factores permiten sostener la producción orgánica en un mercado hegemonizado por la gran industria?; y, finalmente, ¿Cuán pertinentes son los sistemas globales y estandarizados de certificación para la gobernanza local de estos procesos?

Estas preguntas fueron parte de una investigación mayor que abordó la diversidad de prácticas económicas no convencionales y experimentales en las regiones de Biobío, Talca y Valparaíso, en el centro-sur de Chile². Dicha investigación abordó grupos disímiles incluyendo redes de curadoras de semillas, organizaciones de agricultura urbana, sindicatos campesinos, vinificación tradicional, redes de economía solidaria, turismo comunitario y organizaciones de agricultores orgánicos. La investigación en su conjunto se preguntó por la sostenibilidad económica y relaciones de gobernanza en cada uno de estos grupos. Y para cada uno de ellos fueron surgiendo hallazgos y nuevas preguntas específicas. En particular este texto se detiene los discursos y las prácticas agrícolas y económicas de agricultores orgánicos orientados a mercados «ecológicos» del norte global, reconociendo en ellos a sujetos profundamente tensionados, tanto en su subjetividad como en su relación con sistemas globales de certificación. Se concentra en productores orgánicos certificados y capitalizados –con capacidad de crédito bancario y conexión establecida a mercados formales­– ubicados en el centro-sur de Chile. Si bien existe amplia diversidad en tamaño de la explotación –desde 6 a 200 ha–, todos ellos se orientan a mercados de elite; principalmente exportación de berries y alternativamente a mercados domésticos de nicho. Se realizaron dos ciclos de entrevistas en profundidad, en los años 2010 y 2015, completando un total de 20 entrevistas que se enfocaron en las s ignificaciones ideológicas, prácticas productivas y cadena de valor de los productores. Así también se desarrollaron entrevistas con los principales dirigentes de organizaciones de productores orgánicos y con los gerentes de las dos principales certificadoras del país.

Se muestra que si bien mantienen un discurso ético –basado en la agroecología–, en las prácticas se instalan como un producto exclusivo y de nicho que participa en la misma de relaciones económicas justas– hacia prácticas híbridas donde coexisten: elementos de gobernanza alternativa, prácticas fuertemente convencionalizadas y una inserción en el mercado no siempre favorable. Se explora también en los factores que subyacen esta tensión, específicamente la relación Norte-Sur en la industria exportadora y los sistemas de certificación orgánica; así como también domésticamente en las instituciones regulatorias del Estado.

2. CONTEXTO: CHILE, POTENCIA ALIMENTARIA

Desde la década de 1980 hasta el presente Chile ha tenido un importante desarrollo empresarial de agronegocios exportadores, especialmente fruta mediterránea de contratemporada, vino premium, salmón atlántico y forestería. Su desarrollo se vio beneficiado por: 1) el bajo precio de la tierra durante la contrarreforma agraria; 2) el apoyo estatal en investigación y desarrollo en el sector agroalimentario para el aprovechamiento de ventajas comparativas, tales como la contra estacionalidad mediterránea y la baja recurrencia de plagas; 3) un mercado laboral flexibilizado por la dictadura; y, 4) un clima abierto y desregulado a la entrada de la inversión extranjera. Estos factores resultaron en una expansión de la agroexportación corporativa, caracterizada por monocultivos, agroquímicos, trabajo temporal y proletarización de campesinos y agricultores (Kay, 1996). Dicho modelo fue continuado en democracia; de hecho, durante la última década el gobierno chileno ha promovido explícitamente el lema «Chile: Potencia Agroalimentaria» como lineamiento estratégico para sus políticas agrícolas (Cid, 2011).

Como contra-tendencia a los procesos descritos se ha desarrollado también un amplio espectro de vibrantes propuestas agroecológicas, que transitan desde movimientos campesinos hasta grupos de permacultura (Cid, 2011). Si bien los agricultores orgánicos colaboran estructura de agronegocios global que la agroecología ha cuestionado. Se argumenta que estos productores son sujetos contradictorios que transitan desde una política sustantiva de los deseos –con preocupaciones ambientales y activamente en áreas de esta contra-tendencia, por otra parte se instalan como un producto exclusivo en la estructura de agronegocios hegemónica. Ello ocurre específicamente respondiendo al creciente consumo de productos ecológicos certificados en los mercados del hemisferio norte, a través de packings con líneas de productos orgánicos especializados.

Este sistema de producción orgánica ha sido regulado mayoritariamente bajo sistemas de gobernanza privadas, donde tanto la norma como los sistemas de inspección y sanción son implementados por empresas certificadoras internacionales y donde los productores solicitan la certificación como mecanismo de acceso a mercados de nicho ( Konefal, Mascarenhas & Hatanaka, 2005). Solo el año 2007 comenzó a operar el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos –Ley N°20.089, 2006– que establece un reglamento oficial y define al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como el encargado de la fiscalización del mismo. La norma chilena buscó compatibilidad tanto con la norma europea como con la norteamericana, siendo en consecuencia más estricta que las normas de los mercados de consumo. Desde ahí coexisten dos sistemas de fiscalización ­–el público y el privado–, no siendo inusual que haya productos que salen a exportación con la etiqueta orgánica de acuerdo con la certificación privada, pero que sin embargo no pueden ser comercializados en Chile con el mismo rótulo.

Existen dos elementos que han sido ampliamente criticados respecto de la Ley 20.089 (2006). El primero de ellos refiere a las excesivas restricciones que pesan sobre las certificaciones participativas. Los procesos de certificación individuales son muy onerosos, siendo en consecuencia excluyentes con la pequeña agricultura. Ante ello, la Ley permite certificaciones participativas con inspecciones internas, pero solamente admitiendo a dichos productores la venta directa; prohibiendo transacciones de productos certificados con exportadores, elaboradores y revendedores, lo cual limita seriamente el mercado de los mismos. Por otra parte, la Ley establece un conjunto de obligaciones a los agricultores orgánicos –tales como la necesidad de mantener distancia con plantaciones de transgénicos y aplicación de pesticidas por aspersión–, pero no establece protecciones para los agricultores respecto de las externalidades de sus vecinos. En palabras de un antiguo productor: «No hay una protección para los orgánicos, (…) porque yo hice la inversión y todo y viene otro y se instala al lado con otro negocio y ese negocio es incompatible con el mío y yo sueno» (entrevista a agricultor orgánico).

3. LO FORMAL Y LO SUSTANTIVO EN EL RÉGIMEN AGROALIMENTARIO

La demanda por productos ecológicos se relaciona con una demanda más amplia por la reintroducción de principios éticos en las – supuestamente neutrales– relaciones económicas (Raynolds, 2000). A este respecto, vale la pena recuperar el clásico vocabulario Polanyiano (y de raíces weberianas) que da cuenta de dos maneras distintas de pensar las relaciones económicas: lo formal versus lo sustantivo. Weber distingue entre una racionalidad formal y una racionalidad sustantiva como formas distintivas de orientación de la acción. La primera de ellas remite al control consciente de la realidad desde la elaboración de conceptos abstractos; comprendiendo aquí tanto el cálculo de capital como las reglas procesales abstractas del derecho. En ambos casos hay un cálculo instrumental preciso de medios eficaces – económicos o jurídicos– para el control de la naturaleza y de otros seres humanos. La racionalidad sustantiva por su parte ordena la acción social en patrones basados en postulados de valor, que no pueden justificarse racionalmente pero remiten a la ideología de un grupo (Leff, 2004). Esta distinción de racionalidades la usa Polanyi (2009) para dar cuenta de distintas formas de pensar la economía. Una economía sustantiva, remitiría al proceso empírico, socialmente instituido, de cómo los seres humanos producen sus condiciones materiales de existencia desde su ambiente social y natural. Este proceso no pone como horizonte únicamente la maximización de utilidad sino la satisfacción de las necesidades humanas y el cuidado del medio ambiente. Central en ello es la idea de arraigo, que da cuenta de que los seres humanos no actúan económicamente de forma aislada, sino desde el marco ético normativo dado por las instituciones sociales, políticas y culturales de una sociedad (Polanyi, 2009). Durante el texto se hablará de economía y agricultura sustantivas para dar cuenta del arraigo de la acción en obligaciones socioculturales y principios éticos. La economía en el sentido formal, por su parte, remite en Polanyi a los discursos hegemónicos que naturalizan – desarraigan– la actividad económica. Esto es la construcción de un homo oeconomicus, racional, maximizador de utilidad y en situación de escasez– y un conjunto de leyes que constituyen un modelo lógico deductivo de cálculo que excluye la reflexión ético-política de la cuestión económica. Así también, la regulación económica formal está apegada al cálculo y a ciertas formas o procedimientos, antes que a principios últimos y valores sustantivos.

La agroecología aparece como propuesta sustantiva que busca re-arraigar a la agricultura bajo una comunidad bio-antropo-ética, la cual –luego de la Revolución Verde– se ha organizado bajo principios de maximización que ignoran la ecología del suelo y el bienestar de las comunidades. Sevilla (2006) define a la agroecología como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción colectiva que presentan alternativas a la crisis de la modernidad mediante propuesta de desarrollo participativo. Elementos centrales de la propuesta agroecológica son el equilibrio entre medio ambiente y desarrollo; la autonomía de gestión y control del proceso productivo; la minimización de externalidades negativa (tales como contaminación y uso excesivo de agua); potenciar circuitos cortos de producción como mercados locales; y la utilización del conocimiento local del manejo de recursos naturales. Desde aquí se busca construir alianzas económicas y políticas entre proveedores, agricultores, minoristas, trabajadores y consumidores, con miras a establecer redes agroalimentarias autosustentables basadas en la confianza y la cooperación.

El movimiento orgánico –por su parte– nace en la primera mitad del siglo XX, articulando grupos de actores – organizaciones de consumidores, grupos de justicia medioambiental y social, así como asociaciones de productores– para movilizar la disponibilidad a pagar de los consumidores, de acuerdo con fines ambientales y sociales. En 1972 se constituye formalmente la International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) (Bacon, 2005). La certificación orgánica se desarrolló en la década de 1970 como un sistema de certificación voluntaria que instala estándares acerca de reciclaje de desechos, polución del agua, uso de insumo químicos y manejo de la calidad del suelo, ofreciendo sobreprecios a productores que re-arraigaran la agricultura y ganadería bajo procesos ecológicos (Raynolds, 2000; Muradian & Pelupessy, 2005). Los sistemas de certificación fueron animados inicialmente por productores orgánicos y, en algún grado, por comerciantes involucrados en el mercado de comida orgánica, como una manera de proteger dicho mercado del fraude y garantizar la autenticidad de la etiqueta (Raynolds, 2003; González & Nigh, 2005).

Ahora bien, el régimen alimentario corporativo (Friedmann, 1993, 2000) ha incorporado selectivamente estas propuestas al interior de su propia lógica de operación, desarrollando lo que se ha venido a llamar regímenes de certificación, por lo cual la demanda por localización alimentaria es traducida en estándares capaces de ser leídos y valorados en el mercado. Ello tendría como consecuencia la «convencionalización» de la etiqueta orgánica, la cual aparece organizada desde una lógica comercial, con criterio ecológico minimalista y abierta al capital corporativo y los intereses agroindustriales (Raynolds, 2003; Gómez Tovar, Martin, Gómez Cruz & Mutersbaug, 2005). Según Buck, Getz & Guthman ( 1997) y Goodman ( 2005) los productores convencionalizados desarrollan una definición de lo orgánico mínima, cínica, pragmática y orientada a mercado –reducida finalmente al cumplimiento de una lista de insumos permitidos–, al mismo tiempo que se mantendrían las prácticas de la agricultura convencional, tales como los monocultivos y el empleo de mano de obra temporal (Raynolds, 2003).

Estos regímenes de certificación se caracterizarían por: 1) su verticalidad colonial, por la cual las normas de producción son organizadas según los intereses de consumidores del primer mundo, con baja o nula participación de los productores (González & Nigh, 2005); 2) reproducir y acentuar las desigualdades existentes, debido a su alto costo y requisitos burocráticos que favorecen a agricultores grandes de estilo agroindustrial (Raynolds, 2003; Gómez Tovar et al., 2005); 3) obscurecer la distinción entre productos cultivados bajo criterios orgánicos minimalistas y aquellos de perfil agroecológico, los cuales –pese a encarnar estructuras de costo completamente diferentes–, compiten bajo la misma certificación y para segmentos de mercado similares (Klonsky, 2000; Gómez Tovar et al., 2005); y, 4) su rol en atraer intereses corporativos que se han apropiado de los segmentos más lucrativos de la cadena de valor (Lyons, Burch, Geoffrey, & Lockie, 2004).

La convencionalización de la etiqueta orgánica muestra las tensiones y articulaciones entre modelos sustantivos y formales de producción alimentaria. Por una parte, la demanda sustantiva apoya la localización y personalización de la producción agrícola, acortando las cadenas de comercialización y valorando la producción campesina y agrogastronómica, «the food from somewhere» de Campbell (2009) –opuesta a la «food from nowhere»–. Por otra parte, esta demanda se articula a un capitalismo verde que funge como una nueva forma de colonialismo (Friedmann, 2005), por el cual la gobernanza de la cadena de valor es liderada por consumidores privilegiados y la apropiación del excedente por corporaciones alimentarias. Así, la demanda por arraigo de los consumidores no necesariamente se traduce en formas más incluyentes con productores y el medio ambiente. Éste es, sin embargo, un colonialismo reformulado capaz de incorporar y estabilizar esta demanda ética, llamado por Friedmann (2005) como un régimen alimentario cor porativo- ambiental, el cual presenta preocupación ambiental efectiva, armonizada en estándares e indicadores internacionales. Como consecuencia de ello, distintos actores – incluyendo movimientos sociales– tienen cierto impacto en los cambios de las prácticas productivas dominantes (Campbell, 2009). De esta manera, se expanden nuevas gobernanzas que incluyen la diversidad, flexibilidad y ciertas consideraciones acerca de lo ambiental y lo saludable (Le Heron, 2003), dando cuenta de las contralógicas sustantivas al sistema agroalimentario dominante (Busch & Juska, 2007). Desde aquí el régimen de certificación orgánico y otros afines, son el resultado –quizás inesperado y decepcionante– de los movimientos sociales alimentarios (Campbell, 2009).

4. IDEOLOGÍAS Y CONVERSIÓN ORGÁNICA: DESEOS DE OTRA FORMA DE PRODUCIR

Los productores orgánicos certificados y orientados a mercado no se identifican con una clase campesina tradicional, sino que en su mayoría son profesionales (muchos de ellos del agro) que consideran a la agricultura como su negocio. Su formación fue en general muy convencional, con limitada formación en producción ecológica. Su entrada a la producción orgánica obedece a una combinación de factores donde predominan aquellos de orden ideológico –lo éticamente deseable– y donde los aspectos estrictamente económicos parecen tener un peso menor. Entre los elementos más relevantes se encuentran un sentimiento de nostalgia, consideraciones ambientales y políticas. Detrás de ellas subyace una ideología que, como se mostrará, alberga elementos muy progresivos acerca de la relación entre seres humanos y naturaleza; pero que tiende a atraparse en una racionalidad que defiende lo «propio»: el propio cuerpo, el propio predio, como también el propio patrimonio genético y económico.

La primera –y quizás más frecuente razón– con que los productores justifican su opción por lo orgánico es un difuso sentimiento de nostalgia respecto de las formas tradicionales de agricultura –normalmente asociadas a recuerdos de infancia «cómo te enseñan a ti de la casa»­– y que se perciben como más sustentables. En palabras de un productor: «en el tiempo de los abuelos ellos no usaban estos productos químicos, sino que usaban puras cosas naturales, como guano todas esas cosas, y tenían unas producciones excelentes» (Entrevista a agricultora orgánica).

Junto con la nostalgia aparece un amplio espectro de consideraciones ambientales que transitan desde la preocupación por la contaminación del ambiente inmediato, hasta la preocupación por el suelo y la biodiversidad. Ahora bien, muchas de estas consideraciones están ancladas en el propio bienestar físico y material. El nodo de la preocupación ambiental comienza en lo íntimo: los agroquímicos se perciben como peligrosos para el propio cuerpo, el de la familia, de los trabajadores agrícolas y los consumidores:

Uno sabe de los pesticidas que matan personas, que hay niños inválidos que hay partos que no son, o que son con malformaciones por los pesticidas (…) cuando decís oye voy a plantar lechuga, a chuta pero yo no le voy a echar esta «cochiná» que salió en el diario la otravez que le dejó labio leporino a los niñoso a los trabajadores, entonces uno empiezaa evitar eso. (Entrevista a agricultororgánico)

De esta manera la decisión económica de entrar en el negocio orgánico se arraiga con la preocupación política personal por cuidar el propio cuerpo y el de los hijos:

Mis cabras chicas no pueden comer esto. Y ahí empezamos primero a producir pa’ nosotros, pa’ la casa y después unos amigos se fueron interesando, les empecé primero a llevar, después ya les empecé a vender y así surgió todo el cuento. (Entrevista a agricultora orgánica)

Junto a la preocupación por las toxinas, que pueden afectar el propio cuerpo, existe una preocupación por el agroecosistema – específicamente por la composición del suelo– esta vez asociada al rendimiento sustentable a largo plazo: «No podían aguantar los rendimientos mientras no mejoraran las bases físicas del suelo (…) nosotros le damos vida al suelo y los convencional no le dan vida al suelo sino que le dan solamente vida al cultivo» (entrevista a agricultor orgánico).

Desde la preocupación por la productividad del propio predio se constituye un discurso más complejo acerca del salvaguarde de los ciclos de la vida y la biodiversidad:

Si tú no permites que exista la biodiversidad que en el fondo implica que esté todo en… en armonía, en equilibrio no puedes producir en forma orgánica; o sea, necesitas que haya cierta cantidad de insectos benéficos, otros insectos que sean dañinos para que los benéficos se alimenten de estos dañinos y así con los hongos y así con las enfermedades en general, o sea tiene que haber biodiversidad. (Entrevista a agricultor orgánico)

En suma, las consideraciones ambientales se presentan en un continuo; que por una parte, se ancla en el propio cuerpo y el propio patrimonio, pero que por la otra llega a consideraciones amplias acerca de la naturaleza. Estas últimas resuenan en la subjetividad y los deseos de los entrevistados, como uno de ellos señala: «Yo había estudiado para otra cosa… no para andar recomendando veneno».

Pese a la relevancia de las consideraciones anteriormente señaladas, la totalidad de los productores entrevistados considera a la agricultura orgánica su principal fuente de ingresos y, por tanto, requieren viabilidad económica. Es por ello que un elemento muy importante de conversión es la exposición a experiencias positivas –en términos productivos y económicos– de agricultura ecológica. Esto es de vital importancia, porque la mayoría de los profesionales del agro no solo son formados en las categorías de la revolución verde, sino que se les enseña una fuerte desconfianza a formas de producir que se perciben como atrasadas. Es por ello que la experiencia de pasantías para conocer experiencias de agricultura orgánica a escala comercial y exitosa, aparecen como determinantes para la conversión. En palabras de un agricultor: «Me encontré con la sorpresa de que la cosa era inmensa». Así también es de gran importancia la existencia en la región de agricultores orgánicos exitosos, lo que actúa como una forma de difusionismo.

Solo una minoría de los productores declara que lo económico fue determinante en la conversión. Estos señalan el sobreprecio asociado a productos certificados en mercados de nicho – los retornos por parte de las empresas exportadoras eran bastante más que por un producto convencional– y tal vez más importante, la posibilidad de asegurar la venta del producto –»si tú tenías producto orgánico te lo compraban porque no lograban jamás satisfacer esa demanda por producto orgánico»–. Respecto a esto último, debido al aún limitado número de productores orgánicos, quienes efectivamente se encuentran certificados tienen compradores prácticamente asegurados en los packing exportadores. Ahora bien, esta consideración económica no es necesariamente excluyente de consideraciones más sustantivas, de base experiencial:

En el camino se van dando cuenta de una conexión que van teniendo consigo mismos a lo mejor en lo profundo cuando eligieron trabajar en la agricultura, el pajarito, el medio ambiente el aire, viento (…) empiezan a darse cuenta que no tienen las manos con veneno, que la gente no se enferma, después les cuesta mucho volver a ser convencionales. (Entrevista a certificador orgánico)

Finalmente, un cuarto factor de conversión declarado remite a consideraciones acerca de lo público, más allá de lo estrictamente ambiental. Algunos de ellos incluso la vinculan directamente con un relato ideológico, viendo en lo orgánico una forma de continuar –en la vida económica– con militancias políticas y de expresar en ella imaginaciones y deseos de relaciones socioproductivas distintas. Un primer elemento propiamente político –que aparece repetidamente– es un cuestionamiento a la lógica de crecimiento desarrollista, que se asociaría a un conjunto de problemas de sostenibilidad. Como fue expresado por una productora, «para que nuestros futuros hijos, nietos puedan seguir disfrutando de la naturaleza, tenemos que hacer ciertos sacrificios, entonces a lo mejor un sacrificio es que va a haber una disminución de producción». Ello se traduciría en una opción por negocios de escala reducida opuestos a la lógica productivista:

Todo a exportar y exportar, y a crecer y a crecer (…) pero resulta que si a mí no me interesa crecer más porque yo quiero que mi negocio sea acotado (…) porque creo que en lo pequeño también está el secreto. ( Entrevista a la misma productora)

Asociado a ello, en las entrevistas aparece el deseo de establecer relaciones justas de trabajo:

«Crear estas condiciones más justas, (…) no es que esté haciendo obra social, no, (…) pero sí fomentar la justicia social» (ídem), como también de consumo.

Los dirigentes de perfil manifiestamente más político desarrollan militancia en temas de soberanía alimentaria, defensa de la semilla y biodiversidad, todos ellos temas que son menos conocidos –o totalmente desconocidos– por el resto de los productores. De hecho, para los dirigentes, la opción por la producción orgánica es vista incluso como continuidad con luchas históricas. En este escenario, lo orgánico –en un sentido sustantivo– se entiende como una alternativa a una crisis sistémica: «Este es un sistema que va en picada va a caer como una mole, y van a haber grupos humanos que van a dar respuesta, desde la parte agricultura, los orgánicos los permacultores, los biodinámicos» (Entrevista a certificador orgánico). Un dirigente en particular considera a la agricultura ecológica como una forma de ejercer «poder popular» local frente a las transnacionales alimentarias:

Si tú estás organizado te aseguro que en esa comunidad en ese lugar, en esa zona, esa zona geográfica que domina el poder popular, te aseguro que no va a pasar, que no sale ni una semilla, significa que el poder lo tiene el pueblo, lo tienen las organizaciones, lo tienen las comunidades, y sabe que es su semilla y su semilla. (Entrevista a dirigente orgánico).

En suma, los productores ofrecen un discurso político que si bien es heterogéneo, alberga consideraciones ambientales significativas e incluso, en algunos dirigentes, plantea una mirada crítica global acerca de la producción alimentaria y las relaciones económicas en general.

Más allá de los factores de conversión, el rechazo a la transgenia aparece como uno de los elementos ideológicos más transversales en los productores. Este rechazo también transita desde un principio de autoprotección de la propia capacidad productiva, hasta una mirada militante y casi escatológica acerca de los peligros de la transgenia. En el ámbito más próximo, la primera amenaza que se percibe es el riesgo de la contaminación cruzada, por la cual el material genético de las propias semillas es afectado por genes transgénicos vía procesos de polinización:

«La abejita va a volar de uno a otro y va a mezclar el polen» (Entrevista a agricultor orgánico).

Esto se constituye en una amenaza económica directa a los productores orgánicos, no solo por la contaminación y eventual pérdida de su material genético, sino que también por sus efectos a los – bastante caros– procesos certificatorios: «Uno no puede producir orgánico si está al lado de un transgénico, hasta ahí no más te llega lo orgánico. En la práctica ya no es orgánico y la certificadora no te da la autorización, no te certifica» (Entrevista a agricultor orgánico).

Esta preocupación que se enfoca en la protección del patrimonio – genético y económico– se expresa en una política organizada de «no en mi patio trasero»; esto es, el garantizar las medidas adecuadas de salvaguardia respecto de la contaminación cruzada. Caben acá racionalidades basadas en el cuidado de lo propio, con expresiones tales como «yo ahí en mi reducto mientras no lo haga, no me da miedo»; o «nuestros cultivos están bajo plástico, pa’ tratar de algún modo aminorar el tema». En esta misma línea se entiende la polémica decisión de la directiva de la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH) de participar en la Mesa Nacional de Transgénicos, con el objetivo político de obtener y hacer público un mapa de localización de transgénicos. Ello ocurrió en contra de la opinión de algunos de sus asociados, quienes llamaban a no legitimar dicha Mesa con la participación. Esta decisión refleja una acción política orientada al salvaguarde del propio patrimonio, antes que la defensa sustantiva de principios ambientales.

Más allá de esto, la mayoría de los productores manifiesta también un principio precautorio, en palabras de uno de ellos: «Ante la duda, mejor abstente». Algunos de los productores manifiestan la contradicción política de la transgenia con los principios de la agricultura orgánica. E incluso algunos utilizan un lenguaje escatológico acerca de lo indebido que es interferir en los ciclos de la naturaleza: «Algo que tenga un gen de otro reino, no lo haría, porque es algo aberrante (…) es algo, es algo, es un monstruo» (Entrevista a agricultor orgánico). Interferencia que no solo viola las leyes de la naturaleza, sino también las normas más básicas de convivencia social: «Los transgénicos ganan plata, mucha plata, pero no les importa matar a las personas» (Entrevista a agricultor orgánico).

Las perspectivas respecto de la transgenia sintetizan muy bien lo que sucede en el panorama ideológico de los productores orgánicos. En general, comparten ampliamente posturas sustantivas de protección de la naturaleza y del trabajo; sin embargo, se anclan primero en la autoprotección de lo propio –cuerpo, predio, semillas y patrimonio–. Solo después aparecen consideraciones políticas y ambientales más generalizadas y políticamente significativas, llegando a albergar propuestas políticas transformadoras respecto de las relaciones de trabajo, consumo y poder. A pesar de esto, como se verá más adelante, las prácticas productivas de los agricultores –en gran parte debido a las condiciones bajo las cuales las desarrollan– no se condicen necesariamente con estos principios declarados.

5. LOS LÍMITES DE LAS PRÁCTICAS

De acuerdo con el artículo N° 2 de la Ley 20.089,

Se entiende por «productos orgánicos agrícolas» aquellos provenientes de sistemas holísticos de gestión de la producción en el ámbito agrícola, pecuario o forestal, quefomenta y mejora la salud delagroecosistema y, en particular, labiodiversidad, los ciclos biológicos y laactividad biológica del suelo. (Ley Nº20.089, 2006, art. 2)

Tales principios se corresponden con la idea sustantiva de agroecología. En este apartado se verá cómo las prácticas desarrolladas por los productores –en gran parte debido a la presión cuasi- colonial de las exportadoras y certificadoras–, no siempre encarnan los principios declarados por sus propias visiones ideológicas.

5.1. INSUMISMO ORGÁNICO

Uno de los desafíos de la agroecología es superar el llamado «insumismo» o «apropiacionismo» (Goodman, Sorj & Wilkinson, 1987), definido como la dependencia de la producción agrícola de la industria agroquímica y el traslado de fases del proceso productivo desde el predio a la agroindustria. La superación de esta dependencia a insumos permite a los productores autonomía productiva e independizarse de los ciclos de deuda.

La mayoría de productores orgánicos entrevistados no solo no han superado el insumismo, sino que han entrado en una suerte de insumismo orgánico. Particularmente los agricultores compran casi la totalidad de insumos requeridos en el ciclo agrícola (con un promedio de nueve insumos por cada producto), cautelando que todos ellos estén entre los aceptados como inocuos por la norma orgánica. Se llega incluso –en algunos casos– a comprar el compost, que es de preparación intrapredial tradicional, necesario para completar el ciclo biológico del suelo. La mayor parte de estos insumos se compra a empresas agroquímicas, las que desarrollan líneas especializadas para orgánicos; solo una parte menor se compra a otros productores especializados en la producción de compost y guano. Diversos factores promueven este insumismo, siendo el más relevante la escala de producción asociada a la agricultura orgánica de exportación, que requiere una significativa cantidad de insumos cuya producción intrapredial es difícil y laboriosa:

El tema del compost porque necesitas igual harto material, harto material verde, para conseguirte «pa» poder hacerlo; y otro es que yo tendría que hacerlo todo a pala con el trabajador. Entonces la verdad es que hoy en día pa’ mí, no es practicable. (Entrevista a agricultora orgánica).

Ahora bien, la escala productiva no es totalmente excluyente con la producción intrapredial de insumos, en tanto precisamente dos de los productores más grandes entrevistados han desarrollado complejos s istemas intraprediales. Es el caso por ejemplo de un productor de hortalizas (de más de 200 ha.) que mantiene una pequeña lechería orgánica, con el objetivo de producir guano y purines orgánicos como abono; también el de un productor de carne biológica que produce orgánicamente la totalidad del pasto.

Un segundo factor que promueve el insumismo refiere a las demandas de homogeneidad en apariencia y organoléptica asociadas a las exportadoras y las cadenas de supermercado, que en consecuencia no permiten la diversidad genética y morfológica de las semillas locales, a la vez que presionan para la estandarización de la aplicación de insumos por la vía de asesorías técnicas. En las palabras de una productora:

Te llega de la exportadora un mail diciendo que debido a las lluvias que afectaron a nuestra zona tienes que aplicar un fungicida para los hongos, y existen productos que están aprobados por la normativa orgánica (…) Al final termina siendo una agricultura de sustitución, más que una agricultura orgánica por filosofía . (Entrevista a agricultora orgánica).

Incluso las mismas exportadoras compran insumos orgánicos en forma mayorista para revenderlos a bajo precio entre agricultores y, de esta manera, estandarizar el producto y reducir los precios finales.

Finalmente, los procesos certificatorios desincentivan la producción intrapredial de insumos, en tanto la trazabilidad exige la evaluación técnica de los mismos como requisito para la certificación. Ello potencialmente encarece el proceso certificatorio y promueve el uso de insumos estandarizados y aprobados por la norma:

Yo voy a usar compost que es tierra de hoja compostada con otras cosas y antes de aplicarla tengo que hacer un análisis microbiológico para ver si tiene algún contaminante, y eso tiene un costo y caro porque es un laboratorio especializado y no cualquiera. Eh… si tú quieres aplicar cualquier otro producto casero que tú lo hagas te dicen ok ningún problema, usted hágalo pero antes vaya al laboratorio y me trae el papelito que me dice que eso está limpio de contaminación (Entrevista a Agricultor Orgánico).

En suma, distintos actores del negocio de exportación orgánica –las exportadoras, certificadoras, y los propios productores– promueven una agricultura por sustitución de insumos. Paradójicamente, el insumismo orgánico parece ser más oneroso que el convencional, puesto que los agroquímicos autorizados para la agricultura orgánica están gravados por un sobreprecio y suelen requerir trabajo más intensivo para su aplicación:

«Los productos orgánicos para producir son más caros(…) de ahí yo tengo que pagar (mano de obra intensiva) por ponerle a mi producto orgánico y ellos no tienen que pagar, y ahí ya mis costos se me van para arriba» (Entrevista a Agricultor Orgánico).

Este hecho se expresa en que los productores menos insumistas sostienen que producir orgánico es más barato que convencional –»Cómo una lechuga te va a costar eso, si más encima no tiene productos químicos, gastaste menos en producirlo» (Entrevista a agricultor orgánico)–; mientras que los más insumistas sostienen que es significativamente más caro y que solo se justifica con un sobreprecio importante. A ello se suma la carga simbólica asociada a las lógicas transferencistas, que desvalorizan saberes locales y promueven la dependencia a un saber técnico acuñado por los profesionales de las empresas compradoras y certificadoras.

5.2. RELACIÓN CON LAS EMPRESAS EXPORTADORAS

La agroecología como movimiento promueve los mercados locales y el acortamiento de la cadena de valor. La agricultura orgánica en Chile, sin embargo, no se desarrolló localmente, sino en vínculo con mercados de nicho y de exportación. Esto es altamente paradójico, pues produce una enorme huella ecológica por el transporte de productos. Como lo señaló un dirigente:

La agricultura orgánica se supone que debería producir alimentos que no viajen grandes distancias, sino que sean alimentos locales y que se consumen en forma local. Eso es lo que le da sentido a la agroecología, a la agricultura orgánica, pero no ha sido el caso de Chile (…) la agricultura orgánica chilena partió siendo una agricultura netamente de exportación. (Entrevista a dirigente orgánico).

Además de la huella ecológica, una segunda consecuencia es la disminución de la autonomía de los productores, reeditando de manera menos dura las ya conocidas formas de dependencia a la industria alimentaria. Detrás de esta paradoja radica que solo mercados muy específicos otorgan sobreprecio a productos certificados: mercados de países desarrollados y supermercados nacionales de élite. En ambos casos existen barreras que impiden a productores medianos el acceso directo a los mismos. De hecho, solo los productores certificados grandes –o aquellos con líneas de productos de exclusiva (tales como hierbas medicinales)– pueden acceder a estos nichos. Entre las barreras existentes, están: 1) las demandas de regularidad de la oferta y homogeneidad del producto en las distintas estaciones del año, lo que es difícil para un productor orgánico que no usa todos los agroquímicos para promover el crecimiento vegetal invernal:

Te dice ok, tráigame 300 lechugas todos los lunes durante todo el año. Oiga, pero las lechugas se producen entre no sé pos, entre noviembre y marzo de cada año no más, el resto no hay lechugas. A no pos…. si no es capaz de traerme todo el invierno entonces no le compro. (Entrevista a agricultor orgánico).

También dentro de las barreras están: 2) la gran fragilidad de ciertos productos –tales como los berries, en los cuales muchos productores se han especializado–, no resiste almacenaje ni trasporte, lo que previene a los agricultores de asistir a ferias y otras instancias de venta directa. Además, éstos requieren rápida congelación o procesamiento, con tecnologías que muchas veces no tienen en sus predios. Ambos factores los incentiva a ofrecer sus productos al rápido y seguro mercado de las empresas exportadoras; y, 3) con respecto a los mercados internacionales, la complejidad de un proceso de exportación introduce un conjunto de barreras que son prácticamente insalvables para la mediana producción. Entre ellos los permisos del Servicio Agrícola y Ganadero, los diversos trámites de aduana, impuestos, controles sanitarios, gestión del transporte, así como también la recepción de la fruta en el puerto de destino, que finalmente se asocia a costos de viaje y uso de otros idiomas:

Ahora que conozco la aduana, que conozco el SAG, que conozco como es el recibimiento en otros países y que conozco cómo es el sistema de pago jamás lo hago, porque normalmente vas a perder, el que es chico va a perder. (…) no es tan fácil y tú te entusiasmas porque te dicen a ver cuánto te paga Hortifrut, 3 dólares y allá 7 dólares (…) y después te das cuenta que sacaste 0. (Entrevista a agricultor orgánico).

Se produce entonces una fuerte dependencia material y simbólica con las empresas exportadoras como efectivas facilitadoras del acceso al mercado. Como correlato, los productores manifiestan ser incapaces de acceder al mercado en forma autónoma, a la vez que desconfían de procesos cooperativos, por lo que les aparece preferible una relación desigual con la empresa. Así también, esta función de las empresas como coordinadoras se extiende a la compra de insumos: los productores no generan acuerdos para comprar insumos más baratos de forma colectiva, pero sí confían en las empresas exportadoras esta gestión.

Expresiones de esta dependencia material aparecen primero en términos económicos. Los mercados domésticos no solo no pagan el sobreprecio orgánico, sino que son incapaces de consumir la totalidad producida, por lo cual la totalidad de la comercialización está mediada por las exportadoras. Esto hace a los productores vulnerables a los sistemas de cálculo, pago y rechazo de las empresas. Como señala un productor: «Al final todas las empresas terminan obviamente en que el retorno al productor es menos de lo que tú te esperas».

Junto a ello hay también una dependencia técnica. Con el objetivo de homogeneizar la calidad del producto final, las empresas exportadoras ofrecen asesoría directa de agrónomos y procesos de capacitación. En palabras de un productor: «hacen todas las recomendaciones técnicas, te mandan los agrónomos y te dicen: ‘no, oye esto hay que podarlo así’…». Esto es generalmente apreciado por los agricultores, pero aquellos con más sensibilidad agroecológica resienten el criterio de monocultivo y sustitución de insumos, preferido por la asesoría agronómica. Así también existen ocasiones en que las empresas facilitan –y en consecuencia, intermedian– en procesos certificatorios. Para la exportación no es solo relevante homogeneizar la calidad del producto, sino también homogeneizar los sistemas de trazabilidad, por lo cual algunas empresas articulan los procesos certificatorios de los productores:

Ellos nos pagaban la certificación; nosotros no teníamos mucho que ver ahí, eh… ellos pagaban, nos pedían la documentación, la mandaban o sea, se entregaba a la certificadora, después llegaban los certificados y nos decían ya tanto nos debe por certificado (…) pero de las cosechas nos descontaban a nosotros lo que habían pagado. (Entrevista a agricultor orgánico).

Pese a esta dependencia, los productores con certificación orgánica parecen acceder a mejores condiciones de negociación que los convencionales, principalmente por satisfacer un mercado de nicho donde la demanda excede la oferta. De esta manera, mientras los agricultores convencionales enfrentan una guerra de precios y encuentran altas tasas de rechazo, los productores orgánicos encuentran un mercado casi asegurado y con cierto nivel de sobreprecio, posibilitado por la aun escasa competencia entre los productores. Por ejemplo, en el caso de la mediación en procesos certificatorios, es clara la existencia de espacios de agencia y negociación:

«Ellos pensaron que nosotros estábamos obligados a venderles el 100% de nuestra producción. (…) nosotros teníamos clarito que no, nosotros somos dueños de vender nuestra fruta donde nos paguen mejor» (Entrevista a Agricultor orgánico).

6. LO FORMAL VERSUS LO SUSTANTIVO: MÁS ALLÁ DE LA SUSTITUCIÓN DE INSUMOS

La totalidad de los productores entrevistados son certificados y lo asumen como parte de la estructura de costos de su negocio. En este apartado se analiza el tipo de discurso que se establece en torno al proceso certificatorio y como éste se construye – tanto por parte de los certificados como de los certificadores– desde una lógica formal, organizada por los procedimientos y el apego a normas, que llega a ser opuesta y contradictoria a la racionalidad sustantiva que anima una producción ecológica.

Todos los entrevistados asumen el proceso certificatorio como un asunto estrictamente comercial: «Un gran negocio» en las palabras de un productor mediano; o en las palabras más moderadas de otro productor: «Un sello comercial porque a mí me van a pagar como producto orgánico si tiene la certificación orgánica». Esta evaluación es incluso formulada por uno de los certificadores entrevistados: «La certificación existe porque hay que hacer comercio y el comercio requiere de por medio un control de quienes están involucrados (…) yo estaba con el tema de que hay que hacer crecer las plantas de sentir la brisa, de ver los colores, y termino sentado viendo, controlando de que la gente no haga fraude».

Así también está instalada la idea de que lo que realmente se certifica es el producto –y su inocuidad para la salud humana– y no el proceso productivo que lo subyace. Esta situación guarda alta coherencia respecto a lo anteriormente señalado acerca de la prevalencia de una política y una ideología centradas en el cuerpo:

«No está diciendo que ese agricultor es orgánico y tampoco está diciendo que ese campo es orgánico, lo que está diciendo es que ese producto que se llama manzana, se puede poner una etiqueta que dice orgánico. (…) Yo no certifico agricultores orgánicos ni predios orgánicos, certifico manzanas, vinos, productos» (Entrevista a Certificador).

La certificación aparece como el mecanismo para instituir procesos de acreditación y estandarización de la confianza, controlando la posibilidad de fraude, como principio organizador del intercambio. En palabras de un productor: «Es sumamente necesario porque hay gente sinvergüenza», donde el sobreprecio asociado a la etiqueta orgánica lleva a que: «Hay mucha gente que se dice orgánica y te cobra el doble por una lechuga normal y resulta que de orgánico no tienen nada» (Entrevista a Agricultora Orgánica).

Ahora bien, el sello certificatorio tampoco es percibido como un salvaguarde ético de los principios agroecológicos, en tanto sería posible engañar a la certificadora. Para los agricultores más pequeños, la escala masiva de producción en monocultivos es indicador de fraude: «Una persona normal no planta 100 hectáreas de arándano orgánicas, porque no es tan fácil y, bueno y las malas lenguas tú sabes que siempre hablan por ahí, que son ´los orgánicos de día y los químicos de noche´» (Entrevista a Agricultora Orgánica).

Así mismo se percibe que el proceso certificatorio no es necesariamente confiable; en las palabras de un certificador: «Muchas certificadoras son parte del circo», existiendo inspecciones poco rigurosas y a una suerte de venta de la certificación:

«Hay certificadoras que pasan en avión, ¡en avión!, por los campos de bananas (…) son tremendamente fraudulentos, ¿cachai?, y hay certificadoras que no pescan, les da lo mismo, cobran no más» (Entrevista a Certificador). De esta manera, el mecanismo de gobernanza privada para garantizar la credibilidad de la etiqueta genera desconfianzas incluso entre productores certificados. Asociado a ello, se instala un clima de vigilancia entre los agricultores para cuidar el prestigio del grupo:

A mí me avisan agricultores orgánicos o campesinos o agroecológicos de que tal persona, tal campesino está transgrediendo la norma orgánica (…) nosotros tenemos que tener una ética pero….cero cero falta entonces, lo que yo hago es antes de avisarle al SAG [Servicio Agrícola y Ganadero] le aviso a la [certificadora] BCS para que confirme el problema. (Entrevista a agricultor orgánico).

Esta fallida institucionalización de la confianza y la generación de nuevos espacios de desconfianza aparecen en contradicción con la posibilidad de implementar sistemas participativos de certificación, basados precisamente en la confianza grupal. Los sistemas de certificación participativa disminuyen los costos del proceso certificatorio para organizaciones de pequeños productores, por la vía de combinar inspecciones mutuas con auditorías externas a una muestra aleatoria de los agricultores. Ahora bien, la desconfianza discursivamente instalada en la práctica certificatoria hace difícil implementar sistemas participativos, cuya naturaleza está basada en la cohesión interna del grupo. En las palabras de una agricultora, «(…) cuando usted certifica individualmente se hace más responsable. Eh… cuando certifica grupal no sé, no le da esa seguridad que si su compañero va a hacer las cosas bien».

Paradójicamente incluso el exceso de confianza o cercanía emocional entre algunos miembros del grupo es visto como un riesgo para el grupo en general, en tanto las relaciones interpersonales de una diada actuarían como impedimento para los sistemas de control interno:

No era confiable porque existe mucha amistad también. Si usted tiene un amigo y le va a revisar su huerto lo ve que está haciendo algo mal le dice: «oye, no se puede hacer esto», pero en el fondo no lo sanciona» (Entrevista a agricultora orgánica).

Más allá de la fallida confianza, existen otros elementos problemáticos en relación con los procesos certificatorios. La naturaleza de la certificación es un registro –trazable– de los procesos e insumos usados. Esto es en sí mismo un ejercicio de poder sobre el productor, que obliga al uso o desuso de ciertos insumos y procedimientos, la mantención de sistemas de registro y estandarización, como también a la formalización de los procesos. En otras palabras, es una interferencia en la autonomía de los productores. En palabras de un certificador: «Lo vamos metiendo en un esquema (…) va ordenando su actuar enseguida en la forma en que nosotros le vamos preguntando».

Se la percibe además como muy cara y excluyente, especialmente para los agricultores pequeños: «Para mí que soy agricultor chico sale casi al mismo precio que un agricultor que tiene 4 o 5 veces más que yo» (Entrevista a agricultor orgánico). Precio que se encarece en la medida que es necesario certificar otras fases del proceso productivo, como el compostaje y la agregación de valor. Por ello es general el comentario de que «No es gran negocio para los chicos el estar certificado orgánicamente» (Entrevista a agricultor orgánico).

Como consecuencia no es de extrañar que entre los productores agroecológicos exista un rechazo activo a la participación en procesos certificatorios. Sin embargo es interesante notar que incluso entre productores certificados existen amplias críticas al proceso. Una productora certificada señaló: «Los que no pueden certificarse, es gente que las tengo muy profundo en mi corazón porque normalmente son los más honrados de todos, porque son los que realmente están produciendo en forma ecológica por un tema de convicción 100%»; e incluso un certificador agregó: «Yo aquí le compro a gente que ni siquiera está certificada orgánica, pero yo sé que hace orgánico».

Existen tres ejemplos donde se manifiesta explícitamente la contradicción entre la lógica formal del proceso certificatorio y la lógica sustantiva que subyace a la ideología de muchos productores orgánicos. El primer caso – desarrollado más arriba en este mismo artículo– refiere al requerimiento certificatorio de trazar y examinar los distintos insumos aplicados en el ciclo agrícola, lo que desincentiva la producción intrapredial de insumos, que es central en la propuesta agroecológica.

El segundo caso refiere a la certificación de productos elaborados que contienen azúcar: mermelada y manjar, que requieren «azúcar orgánica, que en Chile no se produce». Por ello y con miras a obtener la certificación, se importa azúcar desde Paraguay y Brasil, lo cual –si bien garantiza la trazabilidad del producto– incrementa enormemente su huella ecológica. De esta manera, una mermelada o manjar no certificado, que utiliza azúcares locales, termina con una huella ecológica probablemente menor que un producto equivalente que si porta las certificaciones.

El tercer caso refiere a la producción de harinas orgánicas. Existen al menos dos grupos de productores que han hecho el ejercicio de producir trigo orgánico, recuperando semillas tradicionales de alta rusticidad, eliminando el uso de químicos y reemplazando la roza de la broza por la reincorporación –con arado–, de dicho material orgánico a la tierra (en un proceso muy demandante de trabajo). Este trigo es posteriormente molido en forma separada para producir harina orgánica integral de alta calidad. Uno de dichos productores se certificó exitosamente, mientras que el otro grupo de productores rechaza activamente participar de dicho proceso. Lo paradójico del primer caso es que, habiendo obtenido certificación orgánica, no le fue posible obtener resolución sanitaria. Esto se explica porque el Reglamento Sanitario de los Alimentos obliga a las harinas comerciales a incorporar aditivos y preservantes, requisito que es incompatible con la certificación orgánica. Como consecuencia, ninguna harina que cumpla con el Reglamento Sanitario puede obtener certificación orgánica y ninguna harina auténticamente orgánica logra cumplir con el Reglamento Sanitario. De esta manera el productor no pudo distribuir legalmente su producto certificado.

7. REFLEXIONES FINALES

Los discursos y prácticas relevadas entre los agricultores orgánicos agroexportadores plantean preguntas respecto del llamado «Capitalismo Verde», esto es, el crecimiento de una demanda y un negocio global que recodifica los deseos sustantivos de consumidores y productores dentro de las categorías de la economía formal. Los productores entran al negocio orgánico desde convicciones ambientales genuinas, las que sin embargo están demasiado ancladas en su entorno inmediato –la salud del propio cuerpo, el bienestar de la familia, la protección de las propias semillas, y la productividad del propio predio–, lo que limita emancipar una política amplia de los deseos. Existe en los productores un genuino interés en ecologizar lo propio; sin embargo, esto no se extiende a deseos de una ecologización de lo social. El ejemplo más claro de esto es la fuerte dependencia –en términos de insumos y comercialización– a empresas exportadoras, en las cuales se deposita la confianza para resolver cuestiones centrales del proceso productivo y comercializador. Ello actúa como anverso de un fuerte temor y desconfianza a formas económicas colectivas, cooperativas y autogestionadas. La producción orgánica orientada a mercado puede ser descrita entonces como una deslocalización de la producción ecológica. El estándar orgánico se establece como un patrón eficiente, móvil e inmutable a través del espacio, que define el cómo producir de manera formalmente ecológica, a la vez que ignora o prescinde de las particularidades locales –los valores, saberes, prácticas y socioecologías locales–. Este estándar es definido, monopolizado y movilizado por certificadoras y por los segmentos de la cadena de valor más cercanos a los consumidores y alejados de los productores directos: retail, exportadoras y certificadoras. Existe una dimensión neocolonial en esta deslocalización. Tanto la demanda de productos ecológicos como el proceso de certificación se encuentran subordinados a distintos actores del norte global: consumidores dispuestos a pagar un sobreprecio por el cual demandan inocuidad; retail y certificadoras que demandan ser capaces de trazar dicha inocuidad. Esto es gravitante en distanciar lo formal y lo sustantivo en el proceso certificatorio; en tanto prácticas que desde un contexto local responden a una racionalidad sustantiva –ecológica y social–, no se ajustan a la racionalidad formal estandarizada y deslocalizada demandada por el retail. En otras palabras, procesos que ecologizan la vida en el espacio local muchas veces no son capaces de demostrarse como tales bajo los criterios homogeneizadores de la certificación y trazabilidad estandarizada. Así mismo el mercado de productos alternativos es incapaz de leer los criterios sustantivos propuestos por los productores.

En otras palabras las relaciones Norte-Sur que se establecen en torno a la producción orgánica, no son muy distintas a otras formas de producción agrícola, de tal manera que las empresas exportadoras y las agencias de certificación constituyen dispositivos de ejercicio de poder por el cual los deseos y demandas de los consumidores del norte global y del retail organizan hacia abajo –material, ideológica, simbólica y técnicamente– la cadena de valor. Como consecuencia, los productores pierden control y autonomía sobre su proceso productivo (Lewontin, 2000), pese a que sin embargo logran negociar una parte atractiva del excedente.

La participación en el mercado global de producción ecológica transita por carriles distintos que la producción localizada agroecológica, desarrollada por ejemplo por la red de curadoras de semillas (Cid & Hinrich, 2015). Incluso es posible especular que se contraponen, en tanto la producción orgánica mina elementos simbólicos de distinción y posibles consumidores a la producción agroecológica. Ello se articula con las llamadas hipótesis de convencionalización de la etiqueta orgánica. Los mismos productores son sensibles y críticos respecto de esta contradicción:

Lo orgánico ahora están produciendo una sola cosa, un monocultivo, entonces pa’ mí eso ya no es ecológico; es ecológico cuando tú vas haciendo una cadena de manejo que una cosa sirve pa’ la otra, y otra pa’ la otra y así, y por supuesto que estay cuidando el medio ambiente, esa es más la diferencia, con lo orgánico pa’ mí veo bastante más separada esos dos núcleos, lo ecológico va más con la vida, y este otro lo orgánico se está viendo por la parte de producción, más comercial, nada más. (Entrevista a agricultor orgánico)

Se encuentra eso sí una relación neocolonial transformada que incorpora criterios de sustentabilidad cautelados formalmente, técnicamente acreditados, legibles al mercado y susceptibles de ser valorados con sobreprecio. Sin embargo, como se ha señalado, algunos de estos aspectos formales se contradicen ampliamente con el sentido sustantivo de la producción agroecológica. Ello refleja por una parte lo dificultoso –y tal vez siempre incompleto– esfuerzo de ecologizar los sistemas agroalimentarios en un contexto donde las transacciones y los principales actores están hegemonizados por el mercado; como también por la otra, los intentos del mercado por leer y traducir los códigos de productores y consumidores éticos, de manera de resignificarse y reestabilizarse frente a los cuestionamientos a la hegemonía agroalimentaria. Finalmente ello releva la necesidad de descolonizar los sistemas productivos alternativos, relocalizando la producción desde sus propias prácticas, sistemas de certificación y estándares autónomos.

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Notas

Notas de autor