1. INTRODUCCIÓN

La agricultura representa uno de los sectores productivos más importantes de la economía, porque genera los recursos alimentarios (productos primarios, bienes intermedios y productos finales) que posibilitan el sustento diario de la población: salud, nutrición adecuada, estabilidad político-social, entre otros. Gutiérrez (2013) destaca que la actividad agrícola forma parte de un sistema alimentario conformado por un conjunto de actividades enfocadas en la formación y distribución de productos agroalimentarios para lograr la alimentación de la sociedad. En el caso del Sistema Alimentario Venezolano (SAV), se interrelacionan sus componentes (producción agrícola primaria, industria de alimentos, comercialización doméstica de alimentos e insumos para la producción, comercio exterior y consumo) y sus actores (privados y públicos) para producir, transformar, comercializar y consumir bienes agroalimentarios. Los actores del SAV responden a las variaciones del mercado y a las políticas agroalimentarias generales y sectoriales que afectan su comportamiento y por ende la producción y comercialización de bienes y servicios agroalimentarios que van desde la producción primaria hasta el consumo final.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO (citada por Machado-Allison, 2002), la seguridad alimentaria se logra cuando las personas, en todo momento, tienen acceso a la alimentación necesaria para llevar una vida sana y activa. Un país que tiene garantizada la seguridad alimentaria está en condiciones de elaborar, almacenar o importar los comestibles requeridos y distribuirlos equitativamente. Por tal motivo, el Estado debe desarrollar estrategias para impulsar el sector agrícola y contribuir con la seguridad agroalimentaria de todos los ciudadanos, la cual además se puede lograr mediante el desarrollo de la agroindustria, la importación de aquellos bienes que no se producen en el país o su oferta es insuficiente, para de esta forma, garantizar el acceso satisfactorio a las disponibilidades de alimentos seguros e inocuos. Laurentin (2015) considera a la agricultura como una actividad estratégica en el desarrollo nacional, debido a que es la principal fuente de producción alimenticia de origen tanto vegetal como animal. Su importancia se traduce en la particularidad de ser un soporte fundamental en la construcción de la soberanía alimentaria, entendida como la mínima dependencia de importaciones de productos usados en la dieta diaria del habitante promedio de Venezuela a partir de la máxima producción de alimentos dentro del territorio nacional. Por su parte, González (2006) agrega que la agricultura es un sector primordial en el desarrollo y adecuado desempeño de un país; asimismo, brinda estabilidad política, social y demás áreas relacionadas con servicios, vialidad, vivienda, entre otras. En otros términos, además de contribuir con la seguridad alimentaria y el bienestar general, permite una mejor calidad de vida para la población. Esto significa que la agricultura no se desarrolla de manera aislada, sino que está influenciada por una variedad de factores que intervienen en su proceso.

Reinoza (2005) señala que la actividad agrícola requiere tres factores productivos fundamentales en el rendimiento de la producción: tierra, trabajo y capital. En este último renglón se agrupan las necesidades de financiamiento para adquirir semillas, abonos, insecticidas, maquinaria, sistemas de riego y mano de obra, entre otros. En este sentido, a pesar de la trascendencia de la actividad agrícola, se presentan dificultades para el productor al momento de solicitar un financiamiento, puesto que la insuficiencia de recursos financieros y las características particulares que diferencian a la agricultura de otras actividades productivas hacen que el otorgamiento de financiamiento se estipule bajo condiciones especiales. Según Barry (citado por Delgado & Blanco, 2009), se pueden mencionar –entre otras– las siguientes características financieras de la agricultura: i) dependencia del ciclo biológico (que alarga el periodo de recuperación del capital productivo); ii) actividad económica riesgosa; iii) uso intensivo del capital, con elevados requerimientos en inversiones; iv) necesidad de un equilibrio financiero entre endeudamiento y aporte de capital propio; v) carácter familiar de las explotaciones; y, vi) las limitaciones tecnológicas. Conjuntamente con las características previamente mencionadas y en relación con el financiamiento proveniente de terceros (instituciones públicas, banca privada, informal y propia), los productores han presentado problemas de morosidad, baja inversión, limitado acceso al crédito, debido a la falta de garantías y a escasa capacidad de ahorro para su autofinanciamiento. De lograrse un uso eficiente de los recursos financieros, se obtienen mayores beneficios y menores costos-riesgos. Al respecto, Gutiérrez (2013) señala que se deben estudiar los diferentes aspectos inherentes al financiamiento agrícola, como: origen de los recursos, distribución de acuerdo con los rubros priorizados e impacto obtenido en la producción.

De acuerdo con Hernández (2013), en el caso de Venezuela y con respecto al origen del financiamiento agrícola, éste es otorgado principalmente por la banca comercial pública y privada (88,28% de los créditos agrícolas provienen de estas fuentes); asimismo, la distribución del financiamiento agrícola ha estado dirigida desde 1980 hasta 2008 con mayor prioridad en los rubros de cereales, carnes (bovinos y aves), café, cacao y caña de azúcar. El maíz y el arroz recibieron 24% del total de financiamientos, debido a su importancia en los patrones de consumo. Los rubros menos favorecidos han sido la leche (derivados), pescados, mariscos, especias, raíces, tubérculos, azucares, miel, leguminosas, hortalizas, huevos, frutas y algunos renglones de carnes y grasas visibles. El impacto del financiamiento agrícola sobre el Producto Interno Bruto (PIB) es escaso o inexistente, de acuerdo con el coeficiente de correlación estimado (R = 0,41). Este resultado revela la necesidad de estudiar a profundidad las causas de esta baja efectividad en generar valor agregado al sector agrícola.

A pesar de estos resultados en la actualidad, es común que los productores del sector agroalimentario precisen el financiamiento agrícola como uno de los problemas que enfrentan, motivado a que es insuficiente y no lo reciben de forma oportuna. Por tal razón, Gutiérrez (2013) hace mención a la necesidad de que los intereses de los productores y del gobierno estén alineados para que el financiamiento contribuya con elevar los niveles de producción y productividad del país. En opinión de Contreras & Saavedra (2001), los entes responsables del financiamiento agrícola deben asumir, con claridad, aspectos como: la necesidad de seguimiento y evaluación, la asistencia permanente a los productores, la garantía de que los recursos estén disponibles para el productor, la verificación de que el crédito se destine para lo que fue solicitado y la certificación de la solvencia moral y crediticia en su comunidad. Es indispensable que los créditos avalados por grupos de la comunidad tengan mayor posibilidad de ser recuperados en los lapsos previstos para tal fin, a diferencia de aquellos avalados individualmente.

La actividad agrícola –además– está expuesta a riesgos que se deberían prever con anticipación, los cuales comprenden condiciones naturales adversas como inundaciones, sequias, lluvias excesivas, heladas, vendavales, granizos, pedriscos, quemaduras del sol, fuego, nieve, ataques de plagas, pestes, enfermedades diversas (Roberts, 2005), así como riesgos relacionados con recursos naturales: condiciones adversas del suelo; falta de agua de las fuentes de irrigación y deterioro de la calidad de este recurso; riesgos financieros, de comercialización y de precios, hasta condiciones propias del mercado, como comportamientos de la oferta y la demanda, con la consecuente variación en los precios; riesgos en el mismo crédito, liquidez, de transacción, de las garantías, de reputación y de diversificación de la cartera agrícola (Eid, 2004). La agricultura es, en consecuencia, una de las actividades más riesgosas, debido a los riesgos asociados con la naturaleza, la sociedad y el mercado (Díaz, 2013).

El riesgo de la actividad agrícola, producto de eventos externos, ocasiona disminución de la capacidad o voluntad de pago de la obligación financiera adquirida mediante un préstamo. Esto ocurre por cuanto estos eventos provocan una merma en los rendimientos esperados, mientras que las variables asociadas con los precios de los insumos originan incrementos en el costo de la producción y cambios en las técnicas productivas implementadas. El productor emplea su experiencia de sembrado para estimar los niveles de rendimiento a lograr, así como para determinar la superficie de siembra para la próxima temporada; asimismo, trata de prever los eventos climáticos que afectarán tales rendimientos de la cosecha de acuerdo con el ciclo productivo. Es allí donde se hace presente la incertidumbre: cuando el productor afronta un escenario en el cual no conoce los resultados posibles de su decisión y no tiene precisada la distribución de probabilidades vinculadas. Por este motivo, el agricultor no puede valorar el resultado ante la situación que se pueda presentar (Ruiz, 2009). De allí que cobran importancia la gestión de riesgos y la implementación de estrategias de prevención, mitigación y transferencia de riesgos, dentro de la actividad agrícola (Díaz, 2013).

A pesar de lo expuesto previamente, los pequeños y medianos productores agrícolas deben aplicar estrategias, con el fin de disminuir los efectos adversos a los que tienen que enfrentar. En este sentido, la gestión del riesgo es vital en las decisiones de inversión y financiación de los agricultores de los países en desarrollo y de economías en transición. Entre las medidas de gestión de riesgos básicos en la agricultura se aprecia la selección adecuada de variedades de plantas y animales, diversificación en la actividad agrícola, medidas de prevención para enfrentar las adversidades climáticas, acceso a los sistemas de riego, entre otras (Roberts, 2005).

Otras medidas a considerar son: aplicación de técnicas productivas menos riesgosas, diversificación de los rubros productivos; fragmentación de la parcela para aprovechar los diferentes microclimas; complementación de los ingresos del hogar, mediante trabajos para terceras personas; acumulación de ahorros en especie; inversión en el colateral social, para tener acceso a préstamos de emergencia de fuentes informales; adquisición de seguros de crédito y cosecha (Arraiza, 2002). En el sector formal los seguros pueden ser inalcanzables o no estar disponibles para los productores agrícolas y cuentan con instrumentos limitados para la mitigación del riesgo cuando no se adaptan a sus condiciones, tales como: garantías reales o avales por parte de terceros, prima por riesgo en el interés fijado, establecimiento de provisiones para préstamos incobrables y diversificación de la cartera.

El seguro de crédito agrícola (SCA) es un elemento financiero que permite a los productores agrícolas traspasar a las aseguradoras los deterioros provocados a un cultivo asegurado por los efectos climáticos adversos que afectan la producción agrícola, con el fin de lograr protección a la fuente de ingreso y la familia del productor. En términos de Hatch, Núñez, Vila & Stephenson (2012, p. 4): «El seguro agropecuario ayuda a los productores a mitigar los efectos financieros de eventos naturales adversos y a mejorar la eficiencia en la asignación de sus recursos». Este seguro protege a animales y cultivos contra causas naturales (por ejemplo, sequía, inundación, plagas y viento), por tanto, está referido a la transferencia equitativa del riesgo de una pérdida, de una instancia a otra a cambio de una prima (Hatch, 2008). La empresa aseguradora toma el riesgo y acepta el pago de una prima determinada por la propia empresa. Murillo (2016) identifica al SCA como un componente de gestión de riesgo en la actividad agrícola, mientras que la ALIDE (2015) lo identifica como una alternativa para la inclusión crediticia. El SCA, en consecuencia, representa una solución que otorga amparos contra riesgos naturales descritos en la cobertura del seguro (Jaramillo & Vásquez, 2012). Generalmente, los agricultores de América Latina carecen de acceso a los servicios de seguros e instrumentos de manejo del riesgo que podrían ofrecerle protección contra la pérdida adversa de ingresos al minimizar la incertidumbre. En América Latina y el Caribe el mercado de SCA se mantiene poco desarrollado (con un total de 5%), a diferencia de países como EE.UU., Canadá y China, que concentran 75% de las primas (de un total de US$ 25.000 millones). Esto se refleja en una limitada superficie cultivada asegurada (17%) y una gran concentración de las primas comercializadas (90%) en países como Argentina, Brasil y México, los cuales disponen de programas subsidiados por el sector público (ALIDE, 2015). Dicha realidad se produce en un contexto donde los fenómenos climáticos se han intensificado, por lo que es necesario el aseguramiento del sector –en especial, de los pequeños y medianos productores–, con el fin de aminorar los impactos negativos. De acuerdo con Hatch (2008), los SCA son relativamente nuevos en países como Chile y Venezuela; no obstante, se han realizado avances para asegurar las tierras agrícolas (2% y 4% respectivamente). Según Hatch et al. (2012), en Venezuela, el alcance de la cobertura de los seguros agropecuarios es incipiente, al tiempo que el área de cobertura llega a menos de 1%; a su vez, el desarrollo del mercado es limitado.

A pesar del escaso desarrollo del mercado de SCA en América Latina, existen experiencias alentadoras que prometen generar resultados positivos a mediano y largo plazo. Entre ellas se pueden mencionar: 1) el caso de la Gestión de Información de Riesgos Agropecuarios y Sistémicos (GIRAS), en Bolivia, el cual tiene como objetivos: a) producir información sobre riesgos agropecuarios y sistémicos a los que están expuestos los agricultores; b) facilitar la toma de decisiones acerca de la asignación de créditos a los pequeños productores; c) generar una mejora efectiva en el manejo de la cartera de créditos; y, d) ofrecer una alerta oportuna a los potenciales agricultores acerca de los riesgos agroclimáticos en sus respectivas zonas de trabajo (FOMIN, 2015a); 2) el caso de los Fondos de Inversión Rural (FIR), de la Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural (Pro-Rural) – también en Bolivia–, cuyo objetivo es reducir costos y riesgos crediticios, así como ofrecer una mejora en las condiciones de crédito a los pequeños agricultores (FOMIN, 2015b); y, 3) el caso del seguro agrícola comercial de La Positiva Seguros, en Perú, creada con el objetivo de desarrollar un seguro de crédito agrícola comercial y cubrir las pérdidas resultantes de fenómenos climáticos, en la producción agrícola de pequeños, medianos y grandes agricultores (FOMIN, 2015c).

Con respecto a la cobertura de los SCA, existen diversos tipos de seguros que cubren desde la preparación de la tierra hasta la recolección de la cosecha (seguros de inversión), así como el valor total de la cosecha esperada por el productor (seguro de cosecha), el valor que el cultivo tenga en el momento de ocurrir el siniestro (seguro por planta viva), pérdidas debido a cualquier riesgo climatológico y biológico. Murillo (2016), por ejemplo, clasifica a los SCA en tres grupos: 1) según el nivel de alcance: catastrófico y comerciales; 2) según el nivel de cobertura de la suma asegurada: de cobertura completa y de cobertura en partes (por franjas); y, 3) según el tipo de evaluación: directa en campo y paramétricos. Díaz (2013) propone los siguientes esquemas de SCA: seguro mono riesgo, seguro combinado o multiriesgo, seguro daño directo a la planta, seguro paramétrico, seguro de rendimiento, seguro de precio, seguro de ingresos y seguro integral de protección agrícola. Zavala (2010) indica que la cobertura puede plantearse mediante diferentes esquemas: seguro a la inversión, seguro a la cosecha esperada y a la producción y seguro por planta.

En el afán de cubrir los riesgos latentes con los SCA, la eventual siniestralidad pudiese superar el fondo común, lo cual obliga a las aseguradoras a rechazar los aseguramientos del riesgo o a hacerlo con costos elevados. Dicho fenómeno se conoce como aversión al riesgo (Wenner, 2005), el cual limita el desarrollo del seguro agrícola como herramienta de gestión de riesgos, cuyas causas principales son la información asimétrica, los riesgos correlacionados, los altos costos administrativos, los desequilibrios entre las preferencias de los agricultores y su capacidad de pago, el mercado de reaseguro a nivel internacional y la inadecuada intervención estatal.

La información asimétrica se corresponde con el conocimiento del productor sobre su cultivo, el cual –además– la aseguradora desconoce (tipo oculto). Ante esta situación es difícil calcular la probabilidad de ocurrencia del riesgo y la prima correspondiente. De la información asimétrica nacen dos problemas correlacionados: a) el riesgo moral, según el cual un aseguramiento puede tener cambios en la conducta del asegurado, quien, al conocer que las pérdidas potenciales son cubiertas por la aseguradora, hace que sea menos diligente en la gestión de los riesgos asociados con la producción y el manejo de los cultivos; y, b) la selección adversa, según el cual un seguro es de mayor interés para personas con perfiles más riesgosos, lo cual puede generar un desequilibrio entre los índices de siniestralidad y los ingresos por primas (Wenner, 2005).

El seguro de crédito agrícola tiene por finalidad la reducción del impacto negativo en la producción, por lo que actúa como un instrumento financiero para que los productores agrícolas soliciten el reconocimiento de los daños a las aseguradoras, de acuerdo con los términos establecidos por las pérdidas en su cosecha y por el monto estipulado y así cubrir sus requerimientos de liquidez temporalmente. De esta manera, el efecto de dicha pérdida será menor y la protección de su fuente de ingreso y la de su familia será posible. En los casos en que estos seguros de crédito agrícola no cubran los eventos perjudiciales para los pequeños y medianos productores agrícolas, se genera un mayor grado de inestabilidad que puede ocasionar no solo problemas financieros al productor, sino también al entorno en donde se desenvuelve, al afectar a otras familias que dependen de los niveles productivos generados por las cosechas y a las instituciones oferentes de financiamiento. Es evidente fortalecer este instrumento financiero y conocer las bondades que tendría para la economía si se perfeccionara su aplicabilidad, pues se lograría un mayor rendimiento y estabilidad del sector agrícola, al apoyar al pequeño y mediano productor en los casos de presentar dificultades en sus cosechas.

En este escenario ampliamente descrito y para fines de la presente investigación, se consideraron sujetos de estudio a los agricultores del municipio Andrés Bello del estado Mérida (Venezuela), financiados por el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS). Este es un ente de financiamiento público creado en Decreto Nº 5.838, en la Gaceta Oficial Nº 38.863, de fecha 01 de febrero del año 2008, con la finalidad de promover la inclusión social y permitir la participación efectiva del pueblo en la formulación, ejecución y el control de la gestión de sus políticas y resultados, para facilitar el contacto directo entre las comunidades y los trabajadores del Fondo y garantizar la conformación de un sistema agrario socialista. El FONDAS es un servicio de financiamiento dirigido de manera preferencial a los pequeños y medianos productores, vinculados con los Consejos Comunales, Consejos Campesinos, Consejos de Pescadores y Pescadoras, pueblos y comunidades indígenas y cualquier otra forma de organización y participación comunitaria, cuya actividad principal está relacionada con el desarrollo agrario socialista.

En relación con los seguros de crédito agrícola, el FONDAS aplica el Fondo de Riesgo Autoadministrado (FRA), con el fin de garantizar la cobertura de cualquier siniestro que afecte la unidad de producción durante la vigencia del crédito público, de acuerdo con lo establecido en el convenio. Este fondo de riesgo posee una partida financiable dentro del Plan de Inversión del Crédito, equivalente a 2% del monto a financiar y retenido en el primer desembolso. En los casos de mediano y largo plazo, se incrementará en 0,5% del monto del crédito por cada año de vigencia y retenido en el primer desembolso. Estos recursos cubrirán un porcentaje o la totalidad de los siniestros declarados. El porcentaje se establecerá en función de los daños reflejados por el técnico de campo en su inspección a la unidad de producción afectada.

Los pequeños y medianos productores agrícolas que recibieron créditos del FONDAS en el municipio Andrés Bello del estado Mérida Venezuela, cuentan únicamente con la cobertura de siniestros climatológicos debidamente certificados por la institución competente, lo cual representa una barrera para disfrutar de los beneficios proporcionados por el SCA. Sin embargo, hay aseguradoras –en el sector privado– que prestan una cobertura más amplia, pero generalmente no se adaptan a las condiciones de los productores, en virtud de solicitarles garantías reales o avales de terceros, primas por riesgo en el interés fijado, establecimiento de provisiones para préstamos incobrables y diversificación de la cartera (Arraiza, 2002).

Sobre la base de estas premisas, el objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto del SCA en los programas de financiamiento del FONDAS a los pequeños y medianos productores agrícolas del municipio Andrés Bello del estado Mérida, Venezuela. Con este fin, inicialmente se identificó el perfil de estos productores; luego se caracterizó el financiamiento disponible para ellos, al tiempo que se determinaron los siniestros, se revisaron las características de los SCA asociados al financiamiento del FONDAS; y, finalmente, se examinaron las experiencias de estos productores con el SCA pagado, al obtener el financiamiento a cargo de este Fondo.

A continuación se presenta la metodología utilizada en la realización del trabajo; de seguidas los resultados, las principales conclusiones y las referencias revisadas.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una investigación enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, el cual permitió medir en qué proporción los seguros de crédito agrícola cumplieron eficazmente a los pequeños y medianos productores agrícolas en casos de pérdidas ocasionadas por siniestros que no estaban bajo su control. Del mismo modo, este enfoque favoreció la cuantificación de los reembolsos realizados por las empresas aseguradoras ante la ocurrencia de eventos fortuitos que han estado fuera del control de los beneficiarios. Asimismo, se realizó una investigación de campo, con un diseño exploratorio.

La población estuvo constituida por 94 pequeños y medianos productores agrícolas, ubicados en La Azulita, municipio Andrés Bello del estado Mérida (Venezuela). Para el cálculo de la muestra se empleó el muestreo probabilístico (aleatorio simple), con el que se obtuvo una muestra representativa de 43,62% (finalmente conformada por 44 pequeños y medianos productores agrícolas), con un nivel de confianza de 95% y margen de error de 5%.

En cuanto a la recolección de datos, se realizó una encuesta con base en un cuestionario dirigido a estos productores agrícolas. Las preguntas del cuestionario fueron cerradas y de selección simple. Los datos así obtenidos se procesaron a través del software estadístico SPSS, versión 19 y del Microsoft Excel 2007. La selección y clasificación de los datos se realizó de acuerdo con el tipo y naturaleza de la información para alcanzar los objetivos de la investigación y bajo el asesoramiento estadístico de especialistas en la materia.

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Esta sección presenta los resultados asociados con el trabajo de campo realizado con los pequeños y medianos productores agrícolas del municipio Andrés Bello del estado Mérida, financiados por el FONDAS y seleccionados en la muestra.

3.1. PERFIL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO, ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA

Respecto a la edad de los pequeños y medianos productores agrícolas, el mínimo corresponde a 29 años y el máximo a 83. El promedio equivale a 58 años, con una dispersión respecto a este valor de 13 años. La distribución de frecuencias del estado civil de los productores agrícolas fue la siguiente: 19 de los productores (47,5%) se encuentran casados, mientras que 11 están solteros (24,5%) y 7 en estado de viudez (17,5%). Los divorciados y los unidos por concubinato son los de menor frecuencia, con 2 (5%) y 1 (2,5%), respectivamente.

Referente a la carga familiar, el 80,8% de los productores encuestados indica que su esposa forma parte de la carga familiar, mientras que el 19,2% de los productores señala a su madre u otro familiar (como nietos y sobrinos) como miembros de su carga familiar, con 11,5% y 7,7%, respectivamente. En relación con la distribución del número de hijos que forman parte dela carga familiar, se puede apreciar que los productores tienen entre 1 y 9 hijos, cuyas frecuencias mayores están entre 1 y 3 hijos, mientras que la menor frecuencia recae entre 6 y 8 hijos. El número de hijos promedio es de 3, con una desviación estándar de 2 hijos.

La situación habitacional de los productores agrícolas revela que 36 productores (90%) poseen vivienda propia. Esto constituye un indicador indirecto de sus condiciones socioeconómicas, puesto que poseer una vivienda propia acarrea cierto estatus social más alto con respecto a quien no la posee. Por su parte, 1 productor (2,5%) vive en condición de alquilado, mientras que el porcentaje restante (7,5%) son productores que aún se encuentran en su vivienda materna.

En cuanto a los ingresos monetarios mensuales aproximados³, las actividades agrícolas representan los ingresos mensuales de Bs.F de 0 a 1.000 para 47,5% de los productores, mientras que los ingresos por actividades agrícolas entre Bs.F de 1.000 a 3.000 son percibidos por 45% de los ellos; solo 2,5% de los agricultores supera el ingreso mensual de Bs.F 3.000 Por otro lado, 52,5% percibe ingresos mensuales por otro tipo de actividad. En este grupo, 17,5% de los agricultores gana entre Bs.F de 0 a 1.000 mensuales y 30% entre Bs.F de 1.000 a 3.000 mensuales, debido a otra actividad económica adicional, mientras que 47,5% de los agricultores solo se dedica a la actividad agrícola.

Entre los rubros de mayor producción (Gráfico Nª 1) en las explotaciones de los productores encuestados, destacan: el café, el banano (o cambur), la naranja y el cacao, con una frecuencia de 22, 21, 16 y 16 –respectivamente–, con un ciclo anual absoluto para el café; por su parte, el banano (o cambur) presenta variaciones entre diario, mensual y trimestral, siendo este último el de mayor prevalencia en su duración del ciclo. La naranja y el cacao presentan un ciclo de duración anual, semestral o trimestral. En el ciclo anual domina la naranja, mientras que en el ciclo trimestral predomina el cacao.

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO DEL ESTADO MÉRIDA (VENEZUELA)

Entre las organizaciones financieras que han otorgado crédito para las actividades agrícolas se destaca el FONDAS, con 100% (40 productores) de créditos otorgados; seguidamente se encuentra el Fondo Merideño para el Desarrollo Agrícola Sustentable (FOMDES), con 7,5% de los productores, mediante créditos agrícolas otorgados, mientras que el 5% ha recibido créditos de instituciones privadas para financiar sus actividades agrícolas. Los montos otorgados por las organizaciones financieras superan los Bs.F 2.500; por su parte, los créditos superiores a Bs.F 20.000 son los de mayor aprobación, con 53%; seguidamente se encuentran los montos aprobados entre Bs.F 2.500-7.500, con 28% de los prestatarios. Los montos otorgados entre Bs.F 7.500-20.000 se encuentran entre 5% y 8%, respectivamente. La solicitud de créditos para el desarrollo de actividades agrícolas se realiza por lo general una vez al año en el 35 casos ( 87, 5 %), mientras que para las demás modalidades –como siembra u otros–, dos o tres veces al año.

Gráfico 1.
Municipio Andrés Bello: rubros y duración del ciclo de cada rubro
elaboración propia

En relación con los niveles de dificultad resalta la insuficiencia del monto para satisfacer las necesidades de la actividad agrícola; para ello, se identifica con 1 la dificultad más baja y con 5, la más alta (Gráfico Nª 2). Los niveles más altos de dificultad se registraron con valores iguales a 4 y 5, en el caso de 3 productores agrícolas (7,5%), mientras que la dificultad para llenar la planilla, la falta de garantías reales y la documentación exigidas corresponden a los niveles más bajos de dificultad. Sin embargo, este último (documentación exigida) presenta un nivel de dificultad levemente alto (4) para cualquier productor agrícola.

Respecto al tiempo de respuesta de la entidad financiera para la tramitación del crédito agrícola, los productores otorgan a la modalidad de Bueno la mayor frecuencia, con 39%, seguido de 33% a la modalidad Excelente, mientras que las modalidades Deficiente y Medianamente presentan las frecuencias más pequeñas con 15% y 13%, respectivamente. Cerca de 40% de los prestatarios poseían un conocimiento completo sobre las condiciones del cumplimiento del crédito agrícola, mientras que 25% percibió parcialmente dicho conocimiento, mientras que a 23% de ellos no se le dieron a conocer las condiciones de cumplimiento.

El número de financiamientos (Gráfico Nª 3) recibidos por los productores agrícolas en los últimos tres años del período analizado han sido otorgados principalmente por el FONDAS, con una mayor frecuencia en un único crédito (85%), frente a 12,5% de los productores que han recibido dos créditos y 2,5% recibió más de dos (2) créditos.

Gráfico 2.
Municipio Andrés Bello: principales dificultades enfrentadas al momento de solicitar un crédito agrícola
elaboración propia

Gráfico 3.
Municipio Andrés Bello: financiamientos recibidos en los últimos tres años
elaboración propia

3.3. SINIESTROS OCURRIDOS A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO DEL ESTADO MÉRIDA (VENEZUELA)

De los 40 productores que contestaron la pregunta sobre siniestros, 57,50% respondió que ha enfrentado algún tipo de siniestro con pérdidas significativas en su unidad de producción (UP), frente a 42,5% que no lo han padecido. En el Gráfico Nª 4 se observan los siniestros más frecuentes: plagas y enfermedades con una frecuencia de 9 productores (22,5%) y 8 (20,0%) respectivamente. Seguidamente, se encuentra el clima, para el cual se toman en cuenta las lluvias excesivas, ondas cálidas, granizo y heladas, con una frecuencia de 7 (17,5%) de los productores. Las inundaciones, el viento u otros siniestros son de menor incidencia con una frecuencia menor o igual a 2 (2,5%).

Gráfico 4.
Municipio Andrés Bello: tipos de siniestros ocurridos a los productores
elaboración propia

El nivel de afectación en la unidad de producción por el padecimiento de los siniestros (Gráfico Nª 5) ha sido Muy malo para los productores (43%), mientras que el nivel de afectación Malo representa 32% y el nivel intermedio Regular, 25%.

El seguimiento y asesoría por parte de los técnicos de la institución crediticia (Gráfico Nª 6) es considerado Muy malo por 38% de los encuestados, seguidos por una proporción de 29%, compartida para las modalidades Regular y Malo, mientras que 4% de los productores no respondió a esta interrogante.

Gráfico 5.
Municipio Andrés Bello: nivel de afectación de siniestros en unidad de producción
elaboración propia

Gráfico 6.
Seguimiento y asesoría por parte de los técnicos de la institución crediticia
elaboración propia

Las principales causas señaladas por los productores para la ocurrencia de los siniestros (Gráfico Nª 7) vienen dadas por condiciones de ondas cálidas y plagas, ambas con la misma proporción de 85% de los productores. Seguidamente se encuentran los fuertes vientos, con 53% y el exceso de humedad, con 45%; mientras que la sequía y las enfermedades representan el grupo de causas a un nivel porcentual más pequeño, con 28% y 23% respectivamente. Por su parte, las inundaciones y el granizo son las causas de siniestros de menor incidencia entre los productores, con 5% y 3%.

Los siniestros en el proceso productivo se presentan con mayor frecuencia y de forma esporádica en 14 de los productores (35%). Seguidamente se encuentran los siniestros de ocurrencia mensual, con una frecuencia de 10 productores (25%). La ocurrencia anual o en cada cosecha presentan la misma frecuencia, con 7 productores (17,5%), mientras que la ocurrencia de siniestros semanales representa 2%, por lo que estos tiempos de recurrencia son los de menor frecuencia.

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SEGUROS DE CRÉDITO AGRÍCOLA (SCA) ASOCIADOS CON EL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA OTORGADO POR EL FONDAS

En relación con las condiciones del SCA, a 95% de los productores agrícolas (38) no se le explicaron las condiciones, mientras que a 2,5% de los ellos (1) se le explicó mediana o parcialmente las condiciones de cumplimiento del SCA.

El nivel de información previa para la tramitación del SCA (Gráfico Nª 8) que poseían 2,5% de los prestatarios es parcial, frente a 97,5% de productores que no poseen ninguna información previa. En cuanto a la asesoría técnica, 100% de los productores agrícolas (41) no han recibido alguna en relación con la tramitación del beneficio del SCA.

3.5. EXPERIENCIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES CON EL SCA DEL FONDAS

La experiencia de los productores con seguros agrícolas ha sido deficiente para 16% de ellos (7), mientras que 84% de los restantes (34 productores) no aplica o no responde a este ítem, porque no sabían que disponían de ese beneficio. El número de veces que han hecho uso efectivo del SCA es superior a 4 para 3% de los productores, mientras que el porcentaje restante (97%) no ha hecho uso efectivo del SCA, al no poseer información sobre cómo es su funcionamiento.

Gráfico 7.
Municipio Andrés Bello: causas de los siniestros
elaboración propia

Gráfico 8.
Municipio Andrés Bello: manejo de información y asesoría técnica para la tramitación del SCA
elaboración propia

Durante el proceso de obtención de respuesta del SCA, cuando se presenta un siniestro (Gráfico Nª 9) 49% de los productores (20) carece de información sobre ello, mientras que 15 de los productores (37%) notifica el siniestro al ente crediticio como el primer paso, seguido por 9% (representado por 4 de los productores) quienes consideran relevante acatar las recomendaciones establecidas por el inspector. Sin embargo, los técnicos no asisten al productor según lo manifiestan. En igual proporción, 2,5% de los productores considera prestar la colaboración al inspector enviado por el ente crediticio, así como resguardar el terreno afectado.

La respuesta por parte de la entidad financiera para la aplicación del SCA ha sido deficiente para 8% de los productores agrícolas (3), mientras que 92% (representado por 37 los productores) no ha solicitado dicha respuesta a nombre del ente crediticio, debido al desconocimiento del trámite a realizar por parte de cada productor. El SCA obtenido por los productores no ha cubierto ninguno de los siniestros ocurridos a 20% de los productores (8), mientras que 80% (constituido por 32 productores) manifestó desconocer la cobertura de dicho SCA (Gráfico Nª10).

Los siniestros cubiertos por el SCA representan para 2 de los productores (5%) la pérdida total de la cosecha, mientras que para 1 de ellos (3%), el seguro le cubre la pérdida parcial de la cosecha o no le cubre ninguno de los siniestros. Por otro lado, 36 productores (90%) desconocen los tipos de siniestros cubiertos por el SCA. En cuanto a la mora o morosidad, 10% de los productores manifiestan haber caído en mora, mientras que 90% afirma lo contrario. Las razones para incurrir en mora están influenciadas, en igual medida, al bajo rendimiento de la producción para 2 productores (5%) o una pérdida de la cosecha financiada, a diferencia de los 36 productores restantes (90%), a quienes no aplica o carecen de información sobre el incurrimiento en mora. Por otro lado, el número de veces que han sido exonerados del pago del crédito agrícola ha sido ninguno para los 41 productores (100%), sea por el FONDAS o por la banca privada.

Gráfico 9.
Municipio Andrés Bello: proceso para obtener respuestas por parte del seguro de crédito agrícola, en caso de presentarse algún siniestro
elaboración propia

Gráfico 10.
Municipio Andrés Bello: cobertura del seguro de crédito agrícola por el siniestro
elaboración propia

3.6. IMPACTO DE LOS SCA FONDAS SOBRE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO OFRECIDOS A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO, MÉRIDA, VENEZUELA

En la evaluación del impacto del SCA, sobre los programas de financiamiento ofrecidos a los pequeños y medianos productores agrícolas del municipio Andrés Bello (Mérida, Venezuela, adicional al trabajo empírico realizado mediante la aplicación del instrumento a los 41 productores agrícolas, se entrevistaron a los técnicos del FONDAS y del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), ubicados en el Municipio mencionado. Se obtuvo así información relativa a los financiamientos otorgados, a la forma de operar y a las limitaciones presentes en la gestión. Al respecto se constató que la mayoría de los técnicos de campo no son de la zona asignada; por tal motivo, desconocen el área de inspección. Asimismo, los informes realizados sobre los siniestros notificados por los productores agrícolas son enviados a la oficina central ubicada en la ciudad de Caracas para que evalúe la factibilidad de ser condonado el financiamiento, de manera parcial o total y optar al beneficio del SCA. Tal práctica ocasiona retardos en la respuesta de los casos presentados. Los siniestros naturales avalados por el FONDAS están relacionados con factores ambientales y climáticos, por lo que quedan sin efecto los daños causados por plagas o enfermedades (estos últimos son reportados por el productor agrícola al técnico de campo para que le proporcione el asesoramiento requerido).

De otro lado, existe insuficiencia de personal técnico y de vehículos para la realización efectiva de las supervisiones y el cubrimiento de las unidades de producción (UP), situación que impide a los técnicos de campo atender las solicitudes de supervisión en las fechas establecidas, en especial las de ciclo corto (papa, tomate, pimentón, apio, cebollín, entre otros). En cuanto a los financiamientos otorgados por el FONDAS a los productores agrícolas, a quienes se les aplica un descuento para ser implementado como seguro, en caso de requerirlo de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y su normativa los técnicos manifiestan que se requiere realizar una explicación concisa a los productores agrícolas de los beneficios y obligaciones del financiamiento y del SCA. La tramitación de los informes por siniestros naturales requiere que sean certificados por una institución especialista en el área, tales como el informe meteorológico o un informe sobre movimiento de tierras. Para realizar estos informes el productor debe trasladarse a la institución que realiza la evaluación y solicitar la inspección de su UP, a fin de certificar el siniestro. Este proceso es complicado para el productor, porque tiende a desconocer los pasos a seguir, debido a que la institución crediticia no le informa al respecto al momento de realizar la entrega del acta y el contrato del financiamiento.

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el levantamiento del cuestionario y su posterior procesamiento estadístico, así como en las entrevistas no estructuradas realizadas a funcionarios del FONDAS y del MPPAT, en términos de impacto de los seguros de crédito agrícola en los programas de financiamiento ofrecidos por FONDAS a los pequeños y medianos productores agrícolas, fue posible determinar que el SCA cancelado de manera obligatoria por los productores (como un porcentaje del monto del crédito y establecido como parte del contrato con la institución), no ha propiciado ningún impacto favorable en dichos productores en cuanto al financiamiento agrícola. De hecho, en los casos de haberse producido algún siniestro, ellos han perdido su cosecha, han quedado insolventes. Adicionalmente, tal y como se ya indicó en los resultados, algunos siguen cancelando el crédito con recursos de otras fuentes diferentes a las generadas en el proceso agrícola.

Cabe destacar asimismo que el inadecuado funcionamiento del SCA también ha causado daños significativos a las instituciones crediticias, en lo referido a no recuperar los fondos prestados a los productores. En caso de haberlos recuperado, esto ha sido gracias al compromiso del productor, al emplear diferentes fuentes de fondos para honrar la deuda. No obstante, tal práctica afecta el desempeño general, así como la sostenibilidad financiera de las instituciones, al tiempo que obliga al Estado a tomar medidas inadecuadas. Es el caso de lo acontecido en el último trimestre del año 2010, cuando varios productores venezolanos resultaron afectados por contingencias naturales o eventualidades ajenas a su voluntad, lo que implicó para ellos perder la capacidad de pago de los recursos otorgados por parte de la banca pública y privada. En este sentido, el entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela dictó la Ley de Atención al Sector Agrícola (Decreto Nº 8.684, Gaceta Oficial Nº 39.928, de fecha 23 de mayo de 2012), con la que estableció normas para regular la reestructuración y condonación total o parcial de los financiamientos agrícolas concedidos a beneficiarios que demostraran haber enfrentado contingencias ajenas a su voluntad con la consecuente pérdida de la capacidad de pago. Estas medidas, en lugar de fomentar la cultura del crédito y fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas, aumentaron la ineficiencia de las instituciones, el abandono o poca atención de las labores agrícolas y una creciente la cultura del no pago en los prestatarios.

4. CONCLUSIONES

El estudio realizado sobre el impacto del SCA, contemplado en el financiamiento ofrecido por el FONDAS a los pequeños y medianos productores del municipio Andrés Bello del estado Mérida (Venezuela) permitió reflexionar que la experiencia de éstos con el SCA ha sido deficiente. En la mayoría de los casos no se ha hecho un uso efectivo del mismo, principalmente por desconocimiento de esta herramienta por parte del productor agrícola, además su cobertura solo atañe en casos de siniestros climáticos. Esto hace casi imposible que se beneficien los pequeños y medianos productores agrícolas, debido a que no se están considerando otro tipo de siniestros presentes, tales como plagas o enfermedades, las cuales también afectan a las UP. Es en este sentido que las condiciones para el cumplimiento de los SCA deben ajustarse a los requerimientos de estos productores y a los factores externos fuera de su control, aunado a políticas públicas orientadas al tema, en las cuales se garantice un seguimiento y asesoramiento adecuado. Esto permitirá lograr un mejor aprovechamiento de los financiamientos, además de proporcionar respaldo y cierta seguridad a los productores en su actividad cotidiana.

Para destacar lo mucho que falta por hacer en Venezuela en relación con el SCA, cabría recordar algunas de las principales ventajas conocidas de su pertinente implementación. Según la ALIDE (2015), un adecuado esquema de SCA permitiría a los bancos controlar de manera más eficiente los riesgos sistémicos relacionados con su cartera de crédito agrícola; asimismo, podrían reducir sus tasas de interés, aumentar el acceso al crédito y reducir la escala de riesgo de déficit de liquidez de los bancos e instituciones crediticias, que genera insolvencia o imposición de un financiamiento externo elevado. Adicionalmente Zavala (2010) expone que contar con un SCA beneficia a los agricultores por cuanto pueden disponer de protección personal. Además, el país se beneficia al generarse un ahorro interno, que proporciona mayor estabilidad al sector. A pesar de la importancia del SCA, no se difunden suficientemente los instrumentos de cobertura de riesgos, debido a ausencia de políticas y debilidad de instituciones públicas y privadas encargadas del tema. Por lo tanto, si se quiere realmente avanzar en la solución de este problema, se deben diseñar e implementar políticas acordes con la realidad, a la par de definir muy bien los roles de los sectores público y privado, según sea el producto o servicio que cada uno ofrece (Hatch et al., 2012). Finalmente y en relación con los resultados obtenidos en la presente investigación, se destaca que la situación expuesta afecta la producción y distribución alimentaria del país, pues genera obstáculos adicionales para desarrollar el sector agrícola; en especial, en el caso de los pequeños productores, quienes no poseen capacidad competitiva frente al incremento de las importaciones de rubros agrícolas para solventar la demanda interna. Por tal razón es imperativo impulsar ampliamente el mercado de SCA en el país, como respuesta a las grandes necesidades del sector, a la vez que instituciones como el FONDAS diseñen estrategias ajustadas a los requerimientos del productor para aprovechar el financiamiento y asesorarlo en lo concerniente al SCA, con posibilidades reales de hacer uso efectivo del mismo en caso de requerirlo, para de esta forma ser garantes de la tan deseada seguridad alimentaria de Venezuela desde el punto de vista del abastecimiento (claro está, sin de lado la inocuidad alimentaria).

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Notas

Notas de autor