Anatomía política del hambre: dominación y control social en Venezuela

Political anatomy of hunger: Domination and social control in Venezuela

Anatomie politique de la faim : Domination et contrôle social au Venezuela

Anatomia política da fome: dominação e controle social na Venezuela

Rafael Cartay rafaelcartay@hotmail.com

Universidad Técnica de Manabí-UTM, Ecuador

Luis Ricardo Dávila lrd2136@columbia.edu

Columbia University, Estados Unidos

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El pan de la limosna es la vida de los pobres, quien se lo quita es un criminal. Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento, vierte sangre quien quita el jornal al jornalero. (Eclesiastés, 34, 18-22)

El propósito de una lectura política del hambre parecería ir –en estos momentos– en contra de la corriente, pues algunos análisis prefieren estudiarla dentro de los mecanismos capitalistas del modelo politico neoliberal, basado en la liberación de las economías y la desregulación de los mercados; haciendo que estos sean totalmente abiertos; fomentando el libre comercio que trae consigo supuestamente hambre, desigualdad, pobreza, exclusión (PMA, 2009; Sen, 1993; Ziegler, 2011). Otros ven los cambios climáticos irreversibles por razones naturales o como consecuencia de la acción del hombre afectando la producción de alimentos, mientras que otros de manera más incómoda ven el flagelo del hambre como el fracaso de una civilización, una “vergüenza sostenida” (Caparrós, 2014; Rodríguez-Garza y Caloca-Osorio, 2008; Musarra, 2016). A pesar de ello creemos que es oportuno interrogarnos por la naturaleza política del hambre y por sus funciones en el interior de los mecanismos de dominación y control social.

¿Con qué categorías pensamos y nos pensamos? ¿Será el hambre producto ineludible del orden mundial neoliberal? Toda conciencia es mediatizada. Ni el mundo ni las categorías con que lo pensamos son evidentes en sí mismas. No se muestran de inmediato, sin mediación alguna. Las ideologías y los ideólogos oscurecen la realidad, la esconden, la tergiversan: ven virtud donde no hay sino vicio; las palabras trastocan la realidad como un acto taumaturgo; las mentiras se convierten en verdades revolucionarias; el objetivo de toda política es mantener a la sociedad al borde de la hambruna. Mientras tanto el crimen avanza al acecho, enmascarado por la ideología. Acaso no es este el leitmotiv de nuestra indagación.

Para evitar cualquier equívoco, aclaremos que el trabajo que sigue en modo alguno es fruto de una necesidad interior cualquiera: al contrario. Cuando se trata de elaborar una anatomía política del hambre, el análisis se pone incómodo y apasionado. Provoca denunciar el apremio de una vergüenza sostenida, exhibida por regímenes inescrupulosos y totalitarios. Y ello lleva a que el hambre y la desnutrición no deban ser solo percibidos como problemas sociales, humanitarios o técnicos; ni bien vistos como problemas médicos, ni biológicos, sino como auténticos problemas políticos; como fallos de los sistemas económicos de producción, distribución y acceso al alimento; pero también como mecanismos de control politico y social y –por tanto– ha de ser materia que indague la política y las ideologías. Así, la naturaleza del objeto mismo obliga al análisis crítico a detallar el contenido del objeto.

La historia de la humanidad ha sido desde el principio la historia de su lucha por la obtención del pan nuestro de cada día. (Josué de Castro, 1955, p. 27)

El hambre se ha utilizado –tal como lo enseña la historia– para mantener a pueblos sometidos en un mundo de mentiras políticas y chantajes. Desde el Panem et circenses (literalmente, pan y circo) romano, el pan y toros español; pasando por el caso del Holodomor (“matar de hambre”, en ucraniano) de 1932-1933, en el que encontramos a los rusos (soviéticos) tratando de aniquilar por órdenes de Joseph Stalin a los ucranianos para aplastar la resistencia del campesinado contra la colectivización (Applebaum, 2019); hasta el Hungerplan de Hitler: un plan económico genocida de la Alemania nazi ideado en 1941 para ser aplicado en la Unión Soviética, tras su invasión y ocupación, que preveía que las Wehrmacht (las fuerzas armadas unificadas del nazismo) se alimentaran sobre el terreno y que la producción soviética se destinara a abastecer a Alemania, a costa de la población civil y de los prisioneros de guerra soviéticos a los que se dejaría morir de hambre (Evans, 2011 [2008]; Ziegler, 2011, pp. 70-74)^[4]; o la gran hambruna en la China de Mao, producto del Gran Salto Adelante que terminó entre 1959-1960 en una campaña contra sus críticos de represión, torturas, hambre y enfermedades que provocaron la muerte de millones de personas (Diköter, 2010; Becker, 1998; Fairbank, 1997; Li y Yang, 2005).

A lo largo del tiempo, la lógica de esta perversión ideológica no ha variado significativamente. Por el contrario, se ha instalado en los mecanismos del control y la dominación. Así llegamos a la Venezuela disgregada y totalitaria actual, con las llamadas bolsas o cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción-CLAP (MINPPAL, 2016), cuando grupos comunitarios ligados al régimen chavista-bolivariano se encargan de la distribución popular de lotes de alimentos a precios subsidiados por el Estado, en el contexto de una voraz hiperinflación y del colapso inducido del siempre menguado aparato productivo nacional. Estas bolsas de abastecimiento no son más que un eufemismo para nombrar el hambre programado intencionalmente por el régimen. El simple hecho de tener a los ciudadanos en el medio de una situación crítica de escasez de alimentos y de un colapso de los servicios públicos básicos (UCAB-USB-UCV, 2020), provoca que aquellos que están desnutridos –y con su derecho a la alimentación violado– no muestren ni el interés, ni el estimulo, ni la energía para desempeñar papeles como ciudadanos integrales. Por el contrario, actuarán como ciudadanos hambrientos y sometidos que se pondrán del lado del que o de quien les dé las migajas que se desprenden del poder político. El control político y social se convierte, entonces, en la suma de acciones, símbolos, tendencias, políticas establecidas –legalmente o no–, expresa o tácitamente, para fines conscientes y no conscientes para la reproducción y permanencia en el tiempo de un sistema de dominación (Gabaldón, 1987; Klamer, 2009).

Son experiencias traumáticas, sin lugar a dudas; catástrofes humanitarias que ponen en evidencia todas las perversidades de quienes solo velan por el control y la dominación, más allá del bien común y de la justicia social. Bien saben los venezolanos cómo el régimen niega estos hechos, suerte de asesinatos premeditados, al someter a la población a una hambruna inevitable después de haber expropiado más de 5,8 millones de hectáreas de tierra que antes eran productivas, luego de hecho quebrar a más del 80% del parque industrial nacional: todo un plan diseñado de destrucción nacional.

No debe olvidarse que todo comenzó con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, promulgada por Hugo Chávez en 2001. Esta Ley propició la expropiación de tierras que se sumó a los cambios en el modo de distribución de la renta petrolera que buscaba el control social soñado por el llamado “comandante supremo”, para eternizar su revolución bolivariana, utopía delirante de tierra caliente. Esta fue la obra inicial de un nuevo caudillo redentor, seleccionado y seducido Fidel Castro, para preservar su “legado” autoritario y revolucionario en América Latina y –al mismo tiempo– expoliar la riqueza de Venezuela y paliar la escasez crónica de energía de Cuba con el petróleo venezolano. La conexión entre La Habana y Caracas se fue profundizando hasta llegar a lo que es Venezuela hoy día, un satélite colonial del gobierno cubano: “La singularidad de la llamada ‘revolución bolivariana’ radica en la decisión de su líder de remitirse a la tutela de otro país, Cuba y de otro líder, Fidel Castro, en su afán de cumplir con la misión para la que se cree predestinado”. (Burgos, 2006, p. 40).

Se usa de esta manera el petróleo como arma decisiva interna y externa, instrumento de chantaje mundial. Con el petróleo en sus manos, con los enormes recursos que produjo, se subsidió el hambre de los pobres de Venezuela y subvencionó –condicionándolos– a una peligrosa alianza donde se mezclaban negocios ilícitos, corrupción y populismo de izquierda en Bolivia, Ecuador, Uruguay y Nicaragua. Pero, ahora, las cosas han cambiado: con una producción que ha disminuido dramáticamente, con los precios del petróleo a su nivel más bajo históricamente y con la petrolera estatal (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima-PDVSA) quebrada y sancionada internacionalmente, los espejismos de grandeza creados por el proyecto chavista han quedado al desnudo, sin asidero alguno.

En cierto sentido, esto que se acaba de señalar enseña que el hambre tiene un parentesco con el crimen organizado. Eso es inaceptable, porque la alimentación constituye la energía vital de la persona; es un derecho humano que consiste en tener un acceso regular, permanente y libre, sea de un modo directo, o bien por medio de transacciones monetarias, a un alimento cualitativa y cuantitativamente adecuado y suficiente, que se corresponda con las tradiciones culturales del pueblo de procedencia del consumidor, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Así se define el derecho humano a la alimentación, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU-FAO, 2010). Su violación es, sin duda alguna, un acto criminal. Cuando esta se ejecuta desde el poder del Estado o de cualquier otra institución, se actúa bajo la lógica y la mentalidad del criminal, generando intencionalmente efectos indeseados. A pesar de la gravedad del asunto, de todos los Derechos Humanos “el derecho a la alimentación es (…) el más constantemente y más ampliamente violado en nuestro planeta” (Ziegler, 2011, p. 15).

La variable fundamental es el poder político y las ideologías subyacentes. El interés que en las ciencias sociales contemporáneas ha suscitado el tema del poder contrasta con una relativa desatención normativa por parte de la teoría política a los mecanismos de control y dominación social. Una razón de esto acaso resida en el hecho de que el concepto moderno de poder es deudor –desde sus inicios– de la revolución científica del siglo XVII y del imaginario mecanicista de la llamada Nuova Scienza, aplicada al ámbito de la política y la sociedad. De allí su formulación en términos de las causas y de los efectos que unos sujetos ejercen sobre otros.

Pero ese imaginario mecanicista propició el entendimiento del poder como una relación causal entre un sujeto, agente, y otro sujeto, paciente. Thomas Hobbes, uno de los protagonistas de esta revolución científica en las ciencias sociales, en su interés en elaborar una Ciencia Política lo expresa en De Corpore (1655) en términos inmejorables: “Poder y causa son la misma cosa. Correspondientes con causa y efecto, son el Poder y el Acto” (Hobbes, 2000, p. 116). El asunto de una ciudadanía activa, de una cultura cívica como requisitos para intervenir en la política, se trastoca en cultura más bien técnica (causa-poder) al servicio de la organización del Estado y de su legitimación (efecto-acto). De esta manera, el poder y la dominación se han relacionado, cuando no identificado, con causalidad; es decir: con una habilidad o una capacidad de hacer que sucedan cosas, que se produzcan fenómenos, de “generar intencionalmente efectos” (Russell, 1938, p. 28).

Con el tiempo, el poder devino en la capacidad de un actor o agente para producir resultados, para conseguir que otro haga “lo que de otro modo este no haría” (Dahl, 1957, p. 202).

Se construye así un arma de doble filo: el concepto de poder puede ser la capacidad de realización del bien común, desde el Estado o desde la ciudadanía activa. Pero puede ser también el mecanismo o el arma de sujeción y manipulación, de amedrentamiento y sumisión a los distintos agentes que constituyen la sociedad. Realización del bien común o de la servidumbre, voluntaria o no, poco importa. Lo importante es que somete, controla y domina, según una lógica totalitaria.

En estas circunstancias, conceptos como democracia, igualdad o libertad se ven eclipsados por una cierta capacidad de condicionar la conducta de los otros: ya como realización de la vida buena, de la felicidad colectiva, a través de las instituciones y las acciones públicas adecuadas a tal fin; ya como dominación de unos actores sobre otros, lo opuesto a la libertad –como lo observa Max Weber en su Economía y Sociedad, al considerar el poder como “la probabilidad de imponer la propia voluntad (…) aún contra toda resistencia” (2002, p. 43)–. Esta idea del poder como total imposición no hará más que reforzarse cuando nos situamos en un escenario autoritario, hegemónico y de vocación totalitaria, como por lo general prevalece en aquellos regímenes autodenominados socialistas. El totalitarismo socialista no tolera ninguna ideología que no sea la suya; ninguna libertad intelectual, espiritual o política que no sean las utopías que predica. Por el contrario, a mayor la resistencia, mayor la implacable fuerza del poder para emprender la tarea aniquiladora. Este ha sido el símbolo de nuestro tiempo atravesado de punta a punta por la lógica totalitaria.

Pero, hay más. En la teoría social moderna estas formas de gobierno que regulan la población y la controlan, particularmente aquellas de los estados totalitarios, ha comenzado a rendir sus frutos en función de la noción de biopolítica. Trabajos como los de Michel Foucault (1978), Giorgio Agamben (1998), Michel Hard y Antonio Negri (2002), para no citar sino a los más prominentes teóricos, permiten que dos cuestiones comiencen a discutirse en función de la biopolítica: i) la intervención del poder sobre los fundamentos de la vida; y, ii) la relación entre poder y vida, entre conocimiento, propaganda y poder. Una de esas modalidades consiste, precisamente, en generar intencionalmente el hambre. Si algo muestran estos análisis es la puesta en escena de la dimensión política del cuerpo y su papel en el orden social, la forma como es subyugado por las prácticas del poder contiene una densa capacidad argumentativa. La pertinencia del tema crece si consideramos que el argumento biopolítico inicial no incluyó el contexto poscolonialista y totalitario de algunas naciones latinoamericanas.

En estos contextos, el hambre se convierte en categoría ordenadora de la experiencia. El hambre en la vida se ha vuelto el más allá de la subjetividad, lo que excede los límites del sujeto individual, arrancándolo del campo de la experiencia, dislocando el campo de su conciencia, vaciando su interioridad, tensando violentamente su lenguaje, reorganizando sus sentimientos, reconfigurando sus modos de producción y reproducción del mundo. La salud, el hambre, la seguridad, el acceso a los servicios públicos (electricidad, agua potable, condiciones sanitarias) se convierten en una instancia de permanente lucha, intervención y politización, transformándose los imaginarios de la “vida digna” del pasado en una vida sin cualificaciones, sin valor, sin calidad.

Hambre es una palabra deplorable. Poetas de cuarta, políticos de octava y todo tipo de plumíferos fáciles la han usado tanto y tan barato que debería estar prohibida. En lugar de prohibida está neutralizada. (Caparrós, 2014, p. 20)

El hambre es palabra deplorable. De acuerdo. Pero, el problema –por otra parte– es que cuando conceptos deplorables, viejos y gastados, como el hambre, de uso fácil y estereotipado, permanecen allí vaciados de contenido, significando algo menor de lo que realmente contienen, de pronto un día alguna experiencia histórica o social hace volver a verlos como si fueran nuevos. Pero no es así, han existido desde siempre. El punto entonces es ¿cómo deshacer, cómo resistir los mecanismos de inscripción y sujeción de lo vivo a ese poder que, reclamándose defensor de las poblaciones en su salud y en su potencia, los sujeta a mecanismos violentamente normalizadores?

“Hay muchas formas diferentes de entender el hambre. La definición del término que da el diccionario, ‘malestar o sensación de dolor causada por la gana y necesidad de comer’, nos orienta hacia una dirección muy concreta y enormemente delimitada” (Sen, 1993, p. 28). La FAO (2019) distingue, en sus publicaciones, entre dos clases de hambre: i) el hambre como molestia física o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria; y, ii) el hambre persistente, ligada a la inseguridad alimentaria, en la que se carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para garantizar un crecimiento y desarrollo normales que permitan llevar una vida activa y saludable, debido a que no existe disponibilidad de alimentos y/o se carece de recursos para obtenerlos. La FAO utiliza una escala experencial para medir la inseguridad alimentaria (IA) en cuatro etapas: i) una leve IA por incertidumbre en la capacidad de obtener alimentos; ii) un riesgo cada vez mayor en cuanto a la calidad y la variedad de los alimentos consumidos; iii) una situación en la que se reduce la cantidad de alimentos consumidos. Las etapas ii) y ii) configuran, según la FAO, una IA moderada, pero preocupante. Por último, iv) la etapa extrema de la IA, o IA grave, en la que no se consumen alimentos durante un día o más, varias veces durante el año.

Esos conceptos, aplicados a la situación de la mayoría de la población venezolana, conforman una situación de IA moderada; y para una parte considerable, sobre todo, para la más vulnerable, los más pobres, una situación de IA grave. No se cuenta con información oficial para demostrar la afirmación, en el caso del indicador de la Prevalencia de la Subalimentación (PoU, por sus siglas en inglés), sino que se sustenta por los informes escritos por distintas organizaciones que analizan la cuestión de la alimentación y la salud en Venezuela, como el Pronunciamiento ante los informes internacionales recientes sobre la situación alimentaria y nutricional de Venezuela (2020), o la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida-ENCOVI 2019-2020 (UCAB-USB-UCV, 2020).

Para entrar en materia es necesario hacer, de entrada, dos precisiones importantes. La primera es simple. Se trata de distinguir entre hambre y hambruna, términos que el común usa indistintamente, aunque ambos vienen del latín vulgar famen, que deriva, a su vez, de fames. Esa distinción existe en el castellano y en algunos otros idiomas (inglés: hunger, famine; francés: faim, famine; italiano: fame, carestia), pero no en alemán (hunger) y portugués (fome). La segunda es un poco más complicada. Se trata de preguntarse si es posible abordar un tema como el planteado sin partir de una postura ética. En este último sentido, valga insistir en el significado al mismo tiempo ético y político que contienen las técnicas de subjetivación.

El hambre es la necesidad o ganas de comer, el aumento del apetito y el ansia de comer. O, puesto en otras palabras: Hambre, en castellano, es un sustativo femenino que significa (…) tres cosas: “Gana y necesidad de comer; Escasez de alimentos básicos, que causa carestía y miseria generalizada; Apetito o deseo ardiente de algo. Un estado físico” (Caparrós, 2014, pp. 20-21). Ese deseo ardiente de algo o sensación fisiológica aparece normalmente en el individuo varias horas después de haber ingerido la última comida. Es una sensación desagradable, pero pasajera, que no tiene mayores repercusiones para la sobrevivencia del individuo y la incomodidad finaliza cuando se ingieren alimentos en un plazo razonable. El hambre es producida por estímulos que ejercen los alimentos en nuestro cerebro, estimulando ciertos órganos, principalmente el hipotálamo lateral, que produce estímulos vagales que nos obligan a comer y lo hacemos hasta sentir la sensación contraria, la saciedad, cuando resulta estimulado el hipotálamo ventromedial. Los especialistas (Carranza-Quispe, 2016; González, Ambrosio y Sánchez, 2006) señalan –en artículos de revisión– que el hambre y la saciedad son regulados por un sistema neuroendocrino complejo que se relaciona con el hipotálamo, el lateral como el centro del hambre y el ventromedial como el centro de la saciedad. El hambre actúa, además, como un síntoma que permite identificar ciertas dolencias en el individuo en los casos de diabetes mellitus tipo 1, diabetes tipo 2, bulimia, estenosis pilórica.

La hambruna es otra cosa. Es una sensación permanente de ausencia prolongada de alimentos que produce una condición de precariedad fisiológica en un colectivo humano. Sus efectos son severos y ponen en peligro la supervivencia de los miembros de un colectivo, región o nación y están estrechamente vinculados con la inseguridad alimentaria moderada y grave. Algunos especialistas (Gómez, 2003) son más precisos, al considerar tres grados de desnutrición: el primer grado, que corresponde a toda pérdida de peso que no pase del 25% del peso que la persona debería tener para su edad; el segundo grado, en que la pérdida de peso fluctúe entre el 25 y el 40%; y el tercer grado, en que la pérdida de peso supera el 40%. Si esa situación de subalimentación se prolonga, por deficiencia en la calidad o en la cantidad de los alimentos consumidos, por falta de disponibilidad o falta de poder adquisitivo para adquirir los alimentos, se produce la muerte, rápidamente en el caso de los niños.

La otra precisión necesaria se relaciona con la característica de la alimentación como un hecho social total, presente desde el nacimiento hasta la muerte y de la que no se puede prescindir. Sin ella, el individuo muere al cabo de pocos meses, después de haberse consumido en un proceso de autocanibalización, agotando progresivamente sus reservas de proteínas y de energía que había acumulado en la ingesta alimentaria. Esa situación es particularmente grave en niños menores de cinco años. La falta de alimentos, en cantidad y calidad, altera el proceso de crecimiento físico y desarrollo mental del niño. En los primeros 36 meses de vida, “los mil días críticos para la vida”, el individuo quintuplica su peso, duplica su talla y aumenta en tres veces y media el tamaño de su cerebro, alcanzando 100.000 millones de neuronas y 300.000 millones de sinapsis (las sinapsis son los contactos entre las células nerviosas, fundamentales para la comunicación neurológica). Un niño desnutrido no alcanza la talla ni el desarrollo cerebral promedio para su edad, una situación casi irreversible a partir de los tres años de vida, con sus efectos sobre su productividad laboral y social, capacidad funcional y desarrollo cognitivo. En las niñas la situación se agrava, porque éstas luego tendrán serios problemas de embarazo y parto, una evolución uterina anormal y fetos menos desarrollados. De esta manera se perpetúa el ciclo vicioso de la pobreza: vulnerabilidad-pobreza-desnutrición crónica-pobreza-vulnerabilidad. En las condiciones actuales de desarrollo científico y tecnológico, en el que la oferta mundial alimentaria supera a la demanda mundial de alimentos, es injustificable, grosso modo, que un niño, o una persona de cualquier edad, muera por desnutrición.

En 2017 había en el mundo, según el informe FAO-FIDA-PMA-UNICEF-OMS (2018), un total de 821 millones de personas aquejadas de desnutrición crónica, con un índice mundial de prevalencia del 10,9%. De ellos, 236,5 millones residían en África, con prevalencia del 20,4%; la mayoría, el 92%, concentrados en la región subsahariana. Allí predominan grandes desigualdades económicas, políticas y sociales, y un ambiente caracterizado por un suelo pobre y un clima difícil, salvo en sus extremos noroeste y sur (Bertaux, 1974). En el África subsahariana –formada por 49 países situados al sur del desierto del Sahara, sin límites con el mar Mediterráneo–, hay 35 países que reciben ayuda humanitaria de ACNUR, por su gran volumen de refugiados, que se desplazan internamente en la vasta región. Entre ellos, están los 10 países más pobres del mundo.

La manifestación más evidente y directa de la hambruna es la desnutrición crónica. De prolongarse esta, conduce inevitablemente a la muerte. Pero, ¿qué la produce?

Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. (Jean Ziegler, 2011, p. 47)

Si la desnutrición crónica es producida por la falta prolongada de alimentos. Esta privación solo pudiera ocurrir, al parecer, por dos causas: una amenaza natural o un conflicto bélico.

Una amenaza natural se produce cuando existe un evento o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural potencialmente perjudicial en un área dada y durante un lapso específico (Castro, Valencia, Ojeda y Muñoz, 2001). Esa amenaza, una o varias a la vez, configura un riesgo natural, que es la posibilidad de que un territorio y la población que lo habita puedan ser afectados por un fenómeno natural extraordinario (Olcina y Ayala-Carcedo, 2002). Ese fenómeno produce efectos perturbadores sobre el suelo, los bienes y las personas, constituyendo una catástrofe natural, que cuando alcanza una gran magnitud y hace necesaria la intervención de la ayuda externa, se convierte en un desastre natural (Olcina y Ayala-Carcedo, 2002). Esas alteraciones –como una sequía prolongada–, que ocasionan catástrofes o desastres naturales, son por lo general agravadas por las malas prácticas humanas. La ocurrencia de la amenaza natural era, en el pasado –al menos hasta el siglo XIX–, un factor de altísimo riesgo que provocaba hambrunas masivas. Eran épocas de escaso desarrollo agrícola, de mercados limitados y de ausencia de medios de comunicación eficientes. Esas catástrofes o desastres naturales provocaban pérdida de cosechas durante largos períodos y desabastecimiento de alimentos en regiones muy extendidas, estimulando los desplazamientos masivos de población y la aparición de enfermedades infecciosas; o haciendo más vulnerables las resistencias de las personas a ciertas epidemias o pandemias, como la peste negra, la viruela o el cólera. La historia reseña la ocurrencia de hambrunas masivas de estos tipos especialmente en el siglo XIV, como la registrada en Europa del Norte entre 1315 y 1322, o las acaecidas en la India en el siglo XVII, específicamente en Deccan y Gujarat, que produjo, entre los años 1630 y 1632, más de dos millones de muertos (ídem).

No todo conflicto bélico, por su parte, crea las condiciones para que se produzca la desnutrición en una extensión e intensidad de manera incontrolable. Para hacerlo, el enfrentamiento debe ser de tal magnitud que produzca una severa disminución de la oferta alimentaria (por la destrucción de las fuentes alimentarias y las posibilidades de tránsito de los alimentos), limitando las posibilidades de que una gran parte de la población acceda a los alimentos porque están agotados o porque se carezca de recursos económicos para adquirirlos. Ninguno de los casos de las grandes hambrunas que ocurrieron a partir del siglo XX puede ser explicado exclusivamente por la guerra en sí misma. El conflicto bélico actúa, más bien, como un elemento que condiciona y agrava la disponibilidad y la distribución de los alimentos. En África, por ejemplo, las hambrunas masivas del siglo XX e inicios del XXI son explicadas por la ocurrencia de cuatro factores: la sequía, la incompetencia de los gobiernos en materia de planeación económica, la corrupción y la existencia de conflictos armados, casi siempre estimulados por razones religiosas o étnicas.

La pérdida de cosechas, que ocasiona desabastecimiento temporal de alimentos; o la ocurrencia de una guerra o de un sismo, que disminuye la actividad agrícola y entorpece la distribución de alimentos, no resultan por sí mismas una condición suficiente como para provocar un problema de desnutrición a gran escala y por mucho tiempo. Es una suma de factores, agravada por la negligencia o la incompetencia oficial, lo que la provoca. En estos casos la pobreza es un caldo de cultivo para acelerarla y prolongarla. Además, la muerte causada por la desnutrición crónica no aparece de manera inmediata tras el desastre natural o el conflicto armado. La falta de alimentos ocasiona una situación de racionamiento, que la gente intenta aliviar buscando ingresos suplementarios. Después vende sus bienes –hasta su casa– y migra, si puede, en procura de alimentos y maneras de subsistencia. En ese proceso la desnutrición va manifestándose con toda severidad. Al inicio, en tres o cuatro meses, hace estragos en los niños, los ancianos y los discapacitados, que son las personas más vulnerables de la sociedad y son sus primeras víctimas.

La hambruna masiva –y su consecuencia, la desnutrición crónica– es el resultado de un concurso de factores que se manifiestan como un fenómeno social de honda repercusión. Entre esos factores podemos encontrar las amenazas naturales, particularmente las que afectan la producción agropecuaria, como las sequías y las inundaciones; pero también intervienen las plagas y las enfermedades que diezman los cultivos, los conflictos armados, la incidencia de epidemias y la pobreza extrema, entre otros. Entran aquí todos aquellos factores que reducen la oferta de alimentos en una sociedad a niveles críticos, provocando aumentos de precios incosteables para la mayoría de la población, perjudicando los sistemas de distribución de alimentos, debilitando el sistema inmunológico de la gente, degradando su autoestima personal, horadando las redes de solidaridad social. Y, lo que es más importante, no olvidemos que la malnutrición –al igual que la subalimentación–, azota tambien por el flanco de la destrucción psicológica (Ziegler, 2011).

Esa concurrencia de factores es responsable de lo que llamamos las hambrunas clásicas. Es una historia que sigue, más o menos, un mismo guión de causas, que se ha venido repitiendo desde el siglo XIV, una suerte de saeculum horribilis de la Edad Media, cuando se oía aquel grito lastimero en los campos y en las ciudades europeas: A peste, fame et bello, libera nos Domine (De la peste, el hambre y la guerra, líbranos Señor) (Musarra, 2016).

Sobre un camino de siglos los hombres pasan hambrientos. Justicia y amor no han sido sino palabras y sueños. Hambrientos pasan los hombres por el camino del tiempo. (Spinetti Dini, 1937, p. 5)

5.1. Las hambrunas han asolado al planeta desde la antigüedad: en particular, al continente africano, durante una gran parte de su historia. Son hambrunas recurrentes, numerosas, masivas, muy trágicas, en las que intervienen de manera constante varios factores. Entre ellos siempre están presentes la pobreza del suelo, la sequía, la erosión resultante, la ausencia de agua potable, la pobreza de la gente, la ambición y la corruptela de los gobernantes, los interminables conflictos armados que terminan en enfrentamientos estimulados por acciones de limpieza étnica. Las hambrunas africanas –las de antes y las de ahora–, exacerbadas por la pobreza y los fanatismos étnicos, obedecen –por lo general– a una dinámica propia, ligada estrechamente a factores geográficos y climatológicos, así como a profundas desigualdades económicas, políticas y sociales.

Un magnífico estudio sobre la pobreza y sus consecuencias en la República de Sierra Leona, hecho por Rodríguez-Garza y Caloca-Osorio (2008) retrata la situación de ese país, que puede ser generalizada para todos los países del África subsahariana. Para ellos las hambrunas responden, en general, a dos grupos de causas. Una es de orden natural: huracanes, terremotos, sequías prolongadas, etcétera. La otra se relaciona con elementos de orden político, étnico, religioso o que obedecen a decisiones genocidas. En realidad, en una situación de hambruna se combinan –por lo general– elementos pertenecientes a las dos causas. En el caso de África se conjugan tres razones principales. En primer lugar, la inseguridad en las zonas de conflicto, que impide el cultivo de los campos y estimula los saqueos. En segundo lugar, la precariedad de la producción alimentaria por el reclutamiento militar forzoso de la mano de obra masculina, sustituyéndola por mujeres y niños en la actividad productiva. En tercer lugar, la extendida pobreza, una condición que agudiza la desnutrición, fortaleciendo el círculo vicioso de desnutrición-pobreza-insalubridad-infección-desnutrición. Estos dos autores concluyen que la hambruna africana obedece más a cuestiones políticas, como segregación y eliminación de grupos étnicos rivales, que a causas de orden natural. Este es el caso, dicen, de las hambrunas en Sierra Leona, Sudán, Somalia, entre otras, señalando que tras ellas se ocultan hechos de corrupción, que sostienen mafias y traficantes de todo tipo.

5.2. La hambruna que asoló a Europa del Norte entre 1315 y 1317: y que continuó menos severamente hasta 1322, que marcó el fin de un largo período de expansión económica y demográfica en la región, es atribuida a factores climáticos, de veranos lluviosos e inviernos fríos, con destrucción de cosechas de granos y pérdida de animales, escasez de sal para conservar las provisiones de carnes y pescado, agravada por la aparición de conflictos armados y de epidemias (Warner, 2009; Jordan, 1996).

5.3. La hambruna de Deccan y Gujarat, en la India, de 1630-1632: fue el resultado de la pérdida de varias cosechas agrícolas consecutivas, desabastecimiento alimentario, desplazamientos masivos de población y aparición de enfermedades, que provocó más de dos millones de muertes (Padmanbhan, 1973).

5.4. La hambruna de Irlanda en 1740-1741: conocida como la Irish Famine, a consecuencia de la aparición de una fuerte helada en 1739 y bajas temperaturas entre 1739-1740, produjo destrucción de cosechas –en especial de papas–, muerte de animales, pérdidas masivas de leche. Esta hambruna provocó la muerte de entre 380.000 y 480.000 personas, que equivalían del 13 al 20% de la población total de Irlanda (Crawford, 1989). Un siglo después, en la misma Irlanda entre 1845 y 1849, se asistió a la gran hambruna (Great Famine). Habría resultado de crudos inviernos, como el de 1846, así como de la aparición de epidemias de cólera, disentería y fiebre tifoidea. Pero el elemento más notable fue el daño causado por el tizón tardío (Phytophtora infestans), un hongo que acabó con las cosechas de papa, el alimento base de la dieta popular irlandesa, que aportaba el 80% de las calorías. Esa importante pérdida sumió en el hambre a los irlandeses pobres, ocasionando de dos a dos millones y medio de muertos, y provocando emigraciones masivas mayormente a Estados Unidos. Entre muertos y desplazados, el país perdió más de una cuarta parte de su población total (De Jarnett, 1999; Ordovini, 2008).

5.5. La aparición del fenómeno de El Niño, en el evento conocido como el Meganiño ocurrido entre 1877 y 1878: produjo una de las mayores crisis de hambruna que la Tierra ha conocido. Se manifestó en gran parte del planeta por fuertes sequías, que dañaron cultivos, mataron animales y estimularon la aparición de enfermedades. Entre Asia y África murieron más de veinte millones de personas (Aceituno et al., 2009). La información aportada por Rocha-Felices (2007, p. 8) supera en mucho esas cifras: en China, de 15 a 25 millones de personas; en la India, más de ocho millones. Pero no fue solo allí. Por todas partes El Meganiño dejó su cuota de muerte, hasta el punto de que en solo en la parte noreste de Brasil –una región semiárida– se registraron más de dos millones de muertos por hambre y por las epidemias resultantes. En la zona de Ceará (Brasil) murieron más de 400.000 personas; la mitad por la ocurrencia de enfermedades originadas por la escasez de alimentos (Rocha-Felices, 2007).

5.6. La hambruna registrada en Rusia, en la región del Volga, entre 1921 y 1922: provocada por la gran sequía de 1921, que dañó el 20% de la cosecha y la inestabilidad política derivada de la Revolución bolchevique de 1917 y la guerra civil rusa (1917-1923, entre el Ejército Rojo –de los bolcheviques– y el Ejército Blanco –de los opositores–). Esos eventos trajeron consigo la requisición forzosa de la producción de granos del Volga. Los pocos alimentos que quedaban en el lugar fueron comercializados en el mercado negro, con altos precios, inalcanzables para la población de bajos recursos. Estos últimos eran la inmensa mayoría, que vivió una espantosa hambruna y que produjo cerca de cinco millones de muertos. Hubo ayuda internacional para aliviar la crisis y llegaron a Rusia grandes volúmenes en granos donados, parte de la cual fue desviada por las agencias oficiales para su venta en el extranjero, lo que llevó a la suspensión de la ayuda por los gobiernos donantes (Carr, 1952; Marie, 2005).

5.7. El inicio de la hambruna en Corea del Norte: se atribuye entre 1995 y 1996, a varias inundaciones que arrasaron los cultivos de arroz, cuya fertilización y sistemas de riego eran mantenidos gracias a grandes subsidios gubernamentales, que se recibían de la URSS y de China. Esos años fueron de grandes cambios en esos países, y cortaron su ayuda técnica y económica. La URSS se disolvió en diciembre de 1991. China realizó la transición de una economía socialista a una economía de mercado, adoptando políticas capitalistas y profundas reformas económicas, bajo un fuerte control político del partido comunista. La crisis de la agricultura norcoreana había comenzado desde 1985 cuando fuertes lluvias destruyeron el sistema de regadío agrícola, y comenzó el desabastecimiento de granos y de fertilizantes en el país. La situación se agravó a partir de la década de 1990, y en especial de 1995, cuando se produjeron grandes inundaciones. La hambruna que sobrevino, en un país que daba prioridad a la carrera armamentista, produjo un gran número de muertes, que se estiman entre 200.000, la cifra oficial, y dos millones, según estimaciones de investigadores occidentales (Woo-Cummings, 2002; Natsios, 1999).

En una situación de crisis el poder se mantiene con el terror y el hambre. (Fidel Castro; citado en Franqui, 2006, p. 432)

En la literatura especializada sobre el tema hay referencias a algunas hambrunas atípicas, que algunos denominan hambrunas artificiales o intencionales, cuyo desencadenante principal es la decisión política de un grupo o facción que tiene como propósito debilitar o exterminar al otro, que se resiste a aceptar su deseo de control social. Recuérdese la ecuación totalitaria que abre esta sección, lugar común del malestar de América: “(…) el poder se mantiene con el terror y el hambre” (óp. cit). Luego de las seis décadas de experiencia cubana y viendo el desarrollo de la venezolana, ¿qué duda cabe?

Se pueden analizar otros ejemplos. Finalizaba marzo de 1943 y las tropas japonesas desarrollaron una violenta ofensiva para apoderarse de Birmania (hoy Myanmar,​ u oficialmente República de la Unión de Myanmar), gran productor mundial de arroz, en su avance hacia la India bajo el dominio británico. Atravesando Birmania alcanzarían la parte norte de Bengala. Para dificultar el avance japonés, las autoridades británicas ordenaron se practicara en la región la táctica de tierra arrasada, que consistía en la destrucción de los campos de cultivo de arroz y la confiscación de otros alimentos, para impedir que los japoneses se aprovisionaran. Un fuerte ciclón en octubre de 1942 agravó la situación, afectando la mayor región productora de arroz en Bengala, que era la costa oriental y en Orissa. Esa región corresponden hoy al estado de Bengala (perteneciente a la India) y a la república de Bangladesh. Las existencias de alimentos se redujeron severamente por las decisiones militares y los daños producidos por el ciclón. El rumor de escasez trajo consigo acaparamiento del arroz y aumento de su precio, lo que perjudicó a la mayoría de la población bengalí, que era pobre y dependía en gran medida del consumo de ese cereal. Por otra parte, el arroz comenzó a exportarse a las zonas de acantonamiento de las tropas británicas. Con escaso arroz, y de alto precio, la hambruna hizo estragos entre los bengalíes pobres, matando a cerca de dos millones de personas (Padmanabhan, 1973; Bhatia, 1985).

Otra hambruna se registró en los Países Bajos durante la época de intenso frío ocurrida entre septiembre de 1944 y abril de 1945, poco antes de finalizar la II Guerra Mundial, cuando el país estaba aún ocupado por las tropas nazis. Todo comenzó con una huelga de ferrocarriles. En represalia, los alemanes decretaron el embargo del transporte de comida y los suministros de carbón destinados al sector de Holanda (parte de los Países Bajos, que comprende Holanda meridional y Holanda septentrional, con ciudades como Ámsterdam, Róterdam y La Haya). El tiempo era muy frío, los canales de navegación fluvial estaban congelados y la región estaba controlada por los nazis, bien apertrechados. No había alimentos ni carbón y la gente se moría de hambre y de frío. La ingesta diaria de calorías se redujo a menos de un tercio y la situación de privación se prolongó hasta abril, pero ya habían fallecido más de 20.000 personas.

El Holocausto judío –o la “solución final” a la cuestión judía– fue un genocidio, perpetrado principalmente contra los ciudadanos judíos, pero que también se extendió contra la población polaca, gitanos, comunistas, homosexuales, discapacitados física y mentalmente, al igual que prisioneros de guerra soviéticos y miembros de la resistencia civil. Fue un genocidio político, religioso, ético, ocurrido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ordenado por el régimen de la Alemania Nazi. Detenidos en campos de concentración, millones de personas fueron sometidos a la hambruna y luego asesinados, principalmente en las cámaras de gas que funcionaban en esos campos de exterminio. Se estima que hubo un total de once millones de muertos, de los cuales un millón fueron niños. Murieron entonces seis millones de judíos, exterminados usando diversos métodos de muerte, que iban desde la asfixia por gas venenoso hasta las ejecuciones, ahorcamientos, torturas, experimentos seudocientíficos, trabajos forzados y hambre.

La llamada hambruna roja –conocida como Holodomor o Golodomor– que produjo entre tres a cinco millones de muertos en Ucrania y el norte del Cáucaso (Rusia), durante el período de 1932-1933 y bajo las órdenes de Joseph Stalin (Rosefielde, 2009), ha producido una gran controversia entre los historiadores. Se discute principalmente sobre las razones principales que la motivaron, la cantidad de muertos que hubo y el calificativo de “genocidio” utilizado para describirla (Wosniak, 2011). Se acepta –sin embargo– que fue una de las mayores tragedias de la humanidad causada por la decisión política de colectivizar de manera forzada la agricultura soviética –y, en especial la agricultura ucraniana, un gran centro de producción agrícola–, mientras se destruían las organizaciones del pueblo ucraniano, que se habían desarrollado durante la campaña de la Korenizatsiia en la época de Lenin, que permitió una cierta autonomía que fortaleció el nacionalismo ucraniano.

Para aumentar la producción agrícola en la extinta URSS se provocó de una manera obligatoria la colectivización agrícola, que fue muy intensa en Ucrania. Esto produjo la ruina de los kulaks –la clase campesina rica–, mientras se confiscaban las existencias de granos, sin dejar –sin embargo– de exportar los excedentes. El pueblo ucraniano, fuertemente nacionalista, fue condenado a la muerte por hambre, obligándolo por la fuerza a incorporarse en granjas colectivas. Los especialistas han demostrado que, durante ese período de hambre forzada, existía en la región una gran cantidad de granos en una magnitud suficiente como para alimentar a una población de al menos 13 millones (Conquest, 1986). Pero los alimentos fueron confiscados, para emplear el hambre inducida y forzada como un instrumento de control político, que perseguía –además– el objetivo de debilitar o eliminar el sentimiento nacionalista de las clases dirigentes ucranianas.

Entre todos esos estudios, surgidos desde la década de 1980 y venciendo la censura oficial rusa, destaca la obra muy documentada de la historiadora estadounidense Anne Applebaum (“Gulag”, del 2005; y “Hambruna Roja”, de 2019). Más allá de toda polémica histórica, lo cierto –como lo refiere, con poderosas fuentes documentales, esta misma historiadora– es que la hambruna ucraniana fue premeditada por Stalin y su cortejo de cómplices –Mólotov, Kaganóvich, Voroshílov, Póstishev, Kosior y algunos más– para someter a la población de Ucrania, frenar todo intento de nacionalismo y liquidar las organizaciones que se resistían a integrarla a la URSS (Vargas Llosa, 2019; Applebaum, 2019).

Un proceso de aniquilamiento por hambre contra la población campesina, que presenta ciertas semejanzas con el ucraniano, ocurrió también en China entre 1958 y 1961. Se le conoce como el Gran Salto Adelante y se le califica como la mayor hambruna planetaria provocada por decisiones políticas durante el siglo XX. Entonces el Partido Comunista Chino, controlado por Mao Zedong, se propuso –a marcha forzada– convertir a China de una nación básicamente agrícola en una nación industrializada, en un breve lapso, de donde viene el nombre de “Gran Salto Adelante”. Con ese propósito se obligó a los campesinos chinos a abandonar sus pequeñas unidades productivas privadas, para incorporarse a grandes comunas populares colectivas. Al mismo tiempo se promovió la producción de acero en el campo, llevada a cabo por pequeñas empresas metalúrgicas. La colectivización fue un completo fracaso: los campesinos se empobrecieron y se les obligó a trabajar largas jornadas. Gran parte de la producción agrícola que se obtenía se exportaba a la URSS, para pagar la deuda externa China y poco quedaba para la subsistencia de los campesinos. Se produjo así una enorme y prolongada escasez y un gran desabastecimiento alimentario, agravado por las malas condiciones climáticas –sequías e inundaciones– que se presentaron esos años. China conoció una época de hambruna masiva y de fuerte represión política. Se calcula que hubo, en esa época, cerca de treinta millones de muertos por esa causa (Fairbank, 1997; Becker, 1998; Gernet, 2005; Li y Yang, 2005).

Los CLAP son un mecanismo de control social. (Freddy Bernal, 2019, p. s/n)

En América Latina han ocurrido muy pocos episodios de hambruna de este tipo. Uno de ellos ocurre actualmente en Venezuela, durante el período del mandato autoritario y represivo de Nicolás Maduro. La inseguridad alimentaria, por la escasez y los altos precios de los alimentos, así como la falta casi absoluta de medicamentos venía ocurriendo desde antes del 2015 (Solano, Barón y Del Real, 2005; Sifontes, 2007), pero se agudizó desde 2018 (UCAB-USB-UCV, 2020), hasta el punto de que los más pobres han llegado a comer de la basura. La orden del régimen fue inapelable y taxativa: matar de hambre a los opositores, reales o imaginarios, que en su esquizofrénico desvarío se vio asediado por el “imperialismo norteamericano” y una oposición enemiga de la revolución y “del pueblo”. Fue una terrorífica cacería que no perdonó a nadie. Todos quienes se les oponen son susceptibles al odio y la persecución. Poco les importó que esa hambruna adquiriese contornos apocalípticos, por su propia ineptitud y erráticas políticas. Lo importante para los adláteres del régimen es defender un gobierno corrupto y criminal, sin dejar de lado –por supuesto–, la muletilla revolucionaria. Para el propio Bernal es simple: “Los CLAP se han transformado en un mecanismo donde se agrupa el poder popular y el poder político, para defender al Gobierno y consolidar la revolución” (Bernal, 2019).

Aparte de de estas declaraciones de Bernal, con una clara intención política, se ha denunciado reiteradamente que el sistema oficial de distribución de alimentos en Venezuela –conocido desde 2016 como CLAP– viola el derecho a comer por autodeterminación, obligando a los receptores de la CLAP a comprar cajas de alimentos de las cuales se desconoce su contenido (OVS-CNDV-SVPP-FB-SLAN-CENDES-RAV-CIAAL, 2020). Esos alimentos corresponden “a un aporte nutricional desequilibrado a expensas de carbohidratos y grasas, ultraprocesados y muchas veces no consistentes con el patrón alimentario local o con las normas internacionales de protección de la alimentación de lactantes y niños pequeños” (p. s/n). En el documento citado se señala, además, que esa entrega de alimentos es insuficiente: “En una familia de cinco miembros, si se preparan tres comidas con estos alimentos, cada persona consumiría unas 1.300 Kcal/día, y alcanzaría para alimentarse solo cinco días ¿Cómo se alimentan los demás días? Esa estrategia mantiene a la población vulnerable, unida en hambre crónica” (ídem, p. s/n).

Éxodo y hambre… Nada diferente a la hambruna soviética de 1932-1933 que arrasó con millones de ucranianos, víctimas del ya referido Holodomor, o al Hungerplan nazi. Pero lo cierto es que esa precariedad alimentaria, bajos salarios, alta inflación e inseguridad personal y jurídica, han producido un dramático éxodo de venezolanos, que aumentó en un 900% entre 2015 y 2017 y que siguió creciendo para intensificarse en 2018 (La República, Colombia, 01 febrero, 2019), circunstancia que favorece la consolidación del poder.

Un informe conjunto de la FAO con el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF (FAO-WFP-OPS-OMS-UNICEF, 2018, p. 55) señala que a mediados de 2018 habían emigrado más de 2,3 millones de venezolanos al exterior, principalmente por falta de comida (90%); ya en el I trimestre de 2020 se estima que hay 5 millones de venezolanos repartidos por el mundo (UCAB-USB-UCV, 2020). Según cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, año 2018), estudio que se realiza desde 2014 y que está dirigido por tres prestigiosas universidades venezolanas –la UCV, la USB y la UCAB– (Perfil, 2019), el 80% de los hogares venezolanos se encuentra en inseguridad alimentaria, en tanto que el 89% carece de un ingreso suficiente para adquirir alimentos. Según el Observatorio del Gasto Público Cedice Libertad, el costo de la canasta básica de alimentos en febrero de 2019 era equivalente a 39 salarios mínimos. Según la ENCOVI, la pobreza multidimensional creció 10 puntos entre 2015 y 2018. En esas circunstancias, de inseguridad alimentaria la población opta por emigrar a países vecinos o plegarse a los mandatos del régimen, que ha utilizado la distribución de alimentos y medicamentos como instrumentos de control político y social (OCHA, 2018). El régimen dictatorial ha condicionado la distribución de alimentos (las bolsas o cajas CLAP) a la aceptación de militancia política a su partido y al voto electoral. Un distribuidor de las CLAP en la comunidad es, según Freddy Bernal, alto personero del régimen, “un líder que tiene control territorial sobre 20, 30, 40, 50, hasta 300 familias” (Bernal, 2019). El médico Rotondaro, quien fuera ministro de salud y presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) confesó, en el exilio colombiano, que el gobierno le ordenó reservar medicamentos importantes para los momentos especiales como el electoral, para canjearlos por votos a su favor (Diario Las Américas, 2019). Lo que hoy existe en Venezuela es una hambruna inducida por el régimen para mantenerse en el poder a través del terror. La FAO informó (El País, 2018) que Venezuela es el país con mayor aumento en materia de hambre y malnutrición en el lapso 2016-2018. En el informe conjunto FAO-WFP-OPS-OMS-UNICEF (2018) también se señala que los índices de desnutrición aumentaron entre un 5 a 6% en aquel bienio, de acuerdo con la caída del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que disminuyó en un 44% entre 2014 y 2018.

La situación de escasez de alimentos y medicamentos se agrava con los frecuentes y prolongados cortes de electricidad, la escasez de gas para cocinar y agua potable, por incompetencia oficial en la gestión de los servicios públicos. En el Zulia (situado al noroeste), el estado más poblado del país, durante el “apagón” de más de seis días seguidos en marzo del 2019, se dañaron 5 millones de litros de leche, 1 millón de kilos de queso y la mitad de las existencias de carne (Fegalago, 2019), en un país donde la desnutrición cobra vidas cada día.

Las personas afectadas por el hambre y la pobreza sufren a menudo la exclusión social y política, incapaces de exigir sus derechos. (Programa Mundial de Alimentos, 2009, p. 20)

El hambre –según ya se ha dicho– se convierte en categoría ordenadora de la experiencia. La intervención del poder sobre los fundamentos de la vida consiste, precisamente, en generar intencionalmente el hambre. Esto nos lleva a pensar que la existencia de hambrunas en el mundo actual no es, en realidad, siempre consecuencia de la falta de producción suficiente de alimentos a escala mundial, quizás si puede ser a escala regional y, por lo general, por la falta de recursos económicos para subsanar la insuficiencia.

Veamos algunas evidencias. Muchos estudios señalan que la oferta alimentaria supera a la demanda alimentaria al nivel global (Sen, 1981; Sen, 1982; Moor, Collins y Rosset, 1998; Acción contra el Hambre, 1999; Van der Linden, 2007; Seufert, Ramankutty y Fowley, 2012; Simon, 2012; FAO, 2013; Ignatov, 2014). Causas naturales, como sequías o terremotos, o la incidencia de plagas, pueden reducir significativamente la oferta de alimentos por sus efectos sobre cultivos y animales productores de carne, y productos alimenticios como leche, queso, huevos, etcétera, ocasionando períodos críticos de abastecimiento que ponen en peligro a la población; pero solo a corto plazo, porque pueden ser aliviados con una eficiente distribución de alimentos de otras regiones a las zonas afectadas. Entre 2013 y 2017 las sequías afectaron a 35 millones de personas en América Latina y El Caribe, estimándose sus efectos monetarios en casi 6.000 millones de US dólares (FAO-WFP-OPS-OMS-UNICEF, 2018, p. 51). El problema se complica cuando hay fallas en los servicios básicos (electricidad, agua potable, asistencia sanitaria) o en las vías de comunicación, dificultando aún más la logística de distribución alimentaria.

Los efectos de un desastre natural, que propician una pequeña hambruna temporal, traen consigo –en algunos casos– la puesta en práctica de ciertos comportamientos individuales (ética: libertad, solidaridad, justicia, equidad, libertad). Tales comportamientos pueden aliviar o agravar una situación de desabastecimiento, porque cumplen o contradicen las reglas de convivencia (moral) de la sociedad humana, reglas o normas que aceptamos como válidas (Savater, 1996; Chauí, 1998). Un funcionario, por ejemplo, que distrae recursos económicos que deberían dedicarse a paliar los efectos de un sismo, incurre en un acto de corrupción, reñido con la moral y su acción será no ética. O un particular que especula con el precio de los alimentos y el acaparamiento, incurre en un comportamiento no ético. Pero, en el caso de una hambruna intencional, lo que la motiva principalmente no son comportamientos individuales, sino una decisión política arbitraria que se relaciona directamente con la moral y la ética: transgrede normas morales y viola valores éticos de los individuos que la padecen (“A nosotros nunca nos han vendido ninguna [bolsa CLAP], somos escuálidos)”. Este es un testimonio frecuentemente escuchado en Venezuela (ver, e.g.,Hernández, 2017). Con este tipo de prácticas, el poder muestra que está dispuesto a convertir la “vida digna” en vida sin valor, sin calidad, si no se apoyan las políticas corruptas y aberrantes del régimen del oprobio.

El derecho a la alimentación y al agua potable son derechos básicos del ser humano, lo que los convierten en fundamentos de su ética individual (FAO, 2001; Siurana, 2013; Bernal, Ávila, Hernández, Herrera y Montoya, 2014). Permitir o inducir al hambre y llevarlo al grado de hambruna constituye un problema moral, donde la ética y la responsabilidad están intrínsecamente implicadas (Van der Linden, 2007); y el hambre se convierte, manifestado en desnutrición crónica, en un problema de orden político y ético; y –por supuesto– económico, porque la escasez de alimentos dispara al unísono los no menos perversos mecanismos del mercado negro y el aumento desmedido de los precios (Kliksberg, 2002, p. 11)[8].

El hombre hiena y chacal que hace de todo progreso la máquina que destruye en vez de crear. (Spinetti Dini, 1937, p. 6)

Hemos hablado de lo efímera que puede ser la vida en un régimen totalitario que utiliza el hambre como arma política de segregación y exclusión. Nunca sabemos a priori aquello de lo que es capaz, salvo su voracidad para permanecer en el poder, un poder que toma por objeto la vida misma. Esta voracidad incorpora el simulacro, la mentira sostenida, para normalizar, para optimizar y –sobre todo– para controlar. Ciertos grupos son considerados como meros residuos, sin lugar en el orden económico y social, como meros residuos “escuálidos”, superfluos. El hambre como aparato biopolítico de sometimiento ha sido, desde siempre, la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad.

Pero bajo la lógica totalitaria se observa una suerte de gestión de la población a partir de la producción de vidas residuales, de cuerpos despojados de humanidad –en un discurso que falazmente se dice humanista–, despojados de toda protección jurídica y política. De manera que cuando en nombre del hambre un grupo o facción impone sus decisiones, relacionadas con su voluntad y deseos –sobre otros grupos más débiles–, impidiendo la satisfacción de sus necesidades elementales, como la de sobrevivencia; o concretamente, la posibilidad de alimentarse o la de combatir la enfermedad, comete un acto criminal: un asesinato masivo. “Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía, ninguna plaga es tan letal y, al mismo tiempo, tan evitable como el hambre” (Caparrós, 2014, p. 23). Ese grupo criminal, violenta –por coacción o coerción– la moral social y viola los derechos elementales de los otros –la libertad, la dignidad, el derecho a la vida–, incurriendo en un delito de lesa humanidad. Es un delito que se incorpora a la memoria cultural y a la “memoria moral” de un colectivo, que estimula las acciones de resistencia y de demanda de justicia, aunque sea tardíamente (Espinosa-Arango, 2007).

Cuando un régimen político impide el ingreso internacional de ayuda humanitaria –alimentos y medicamentos– a un país o una región enfrentada a una grave situación de sobrevivencia –tal como sucedió en el caso de la hambruna intencional experimentada en Ucrania, con Stalin, en 1932-1933; y ahora en Venezuela, con el régimen actual–, se incurre en una violación flagrante y grave de los reglas y normas de convivencia humana que constituyen la moral de una sociedad, al tiempo que se incurre en un abuso de poder que violenta los principios éticos de los individuos que integran un colectivo. En estas condiciones, la inducción al hambre se convierte en un hecho político y en un mecanismo para doblegar las voluntades de los grupos más vulnerables. Los alimentos y los medicamentos se utilizan como un arma de control social y político, para obtener el poder o conservarlo (Acción contra el Hambre, 1999; Rodríguez-Garza y Caloca-Osorio, 2008).

El poder político abusivo se manifiesta cuando un individuo o grupo actúa impositivamente, e “impone” por la fuerza su voluntad a los otros, doblegando las voluntades individuales e imponiéndole la suya. Un poder no abusivo es aquel que “expone” su voluntad al otro y lo convence (Villoro, 1997). En un ambiente de escasez, pobreza, corrupción, arbitrariedad, ilegalidad, los que ejercen la violencia llevan la ventaja, pues no habiendo suficientes recursos para repartir y captar las voluntades se recurre a la represión (Chabal, 2007, p. 13). La violencia es un acto de fuerza para ir en contra de la naturaleza del otro, o contra su acción espontánea, voluntad y libertad. La violencia se opone a la ética, porque esta última se aplica a seres racionales y sensibles, y no a cosas (Chauí, 1998, p. 33). Callar o minimizar ese uso de la violencia para dominar al más débil no debe ser silenciado o minimizado, como intentan hacer algunos historiadores que retratan las matanzas como acciones inevitables, justificadas por las decisiones necesarias para construir una nación (Rebel, 2004). En el caso que nos ocupa, el hambre ha sido utilizada para definir modelos políticos, pero también como gran coartada para la inmensa corrupción (Hurtado, 2017; Efecto Cocuyo, 2018; Transparencia Venezuela, 2019) y el control social. Por eso no se ha reparado en ella, nada se ha hecho para detenerla; todo lo contrario, se reprodujo de manera abrumadora para generar intencionalmente efectos.

¿Qué representa, finalmente, un régimen que se dice socialista pero lleva –en palabras del Eclesiastés– la vida de los pobres al pan de la limosna, mata y tortura a su prójimo descontento y de paso le discrimina y arrebata su sustento alimentario? El régimen totalitario bolivariano en Venezuela es uno de esos raros casos de revolucionarios que deciden convertirse en sepultureros del pueblo, que lo tiranizan para aniquilarlo. Cuando el panorama se despeja un poco, reaparece cortando los nudos gordianos con represión y crueldad. El caso venezolano es profundo y perturbador; juego complicado de crueldades y de malos entendidos recíprocos. Podría verse como la última forma que adopta la venganza contra la decepción popular, una guerra implacable del poder contra la sociedad, que convierte la realidad en un “estado de excepción permanente” (Agamben, 2005, p. 6). La excepción ha sido y es la estructura originaria que da origen y fundamento a la política del régimen bolivariano venezolano desde sus mismos comienzos. El estado de excepción permanente forma parte de los cálculos del poder estatal. Ante ello no queda sino resistir al régimen totalitario y bregar por un orden social libre, manteniendo a la población activa y luchando, lo que significa –siguiendo uno de los versos del texto del poeta merideño Spinetti Dini (1937, p. 6), que evoca una justicia perfectamente poética– que: «Hay que luchar sin descanso,/ con fe y fervor, compañeros,/ por la paz y la justicia;/ porque tengan pan y techo, –pan de trigo y pan de espíritu– nuestros hermanos hambrientos».