El análisis de un proyecto fallido para exportar bananas a la Federación Rusa (en adelante, Rusia) en 2010 confirma la presencia de distintas dimensiones del extractivismo agrario (McKay, 2017) en Venezuela y muestra que el extractivismo neoliberal y el “progresista” (o neoextractivismo), aplicado por gobiernos de izquierda, tienen efectos negativos similares. Sin embargo, dos factores diferencian el caso venezolano de otros ejemplos latinoamericanos: Venezuela es un estado rentista que basa su economía en la extracción de petróleo y ha sido tradicionalmente un importador neto de alimentos ^[2] , lo que justifica la necesidad de analizar la influencia del rentismo en el neoextractivismo y sus consecuencias en la seguridad alimentaria.

En el siglo XXI la creciente demanda de recursos naturales en la economía global cambió la distribución sectorial de la inversión extranjera directa (IED) en naciones en desarrollo (en el 2000 solo 10% de la IED iba a recursos naturales contra 30% en 2010) (Veltmeyer, 2013). La literatura ha discutido sus consecuencias en el sector minero, pero su desarrollo en el sector agrícola también genera preocupación por su impacto económico, social y ambiental. McKay (2017) resume los principales rasgos del llamado extractivismo neoliberal en extracción de grandes volúmenes de recursos naturales para exportar, monocultivo, concentración en cadenas de valor con desarticulación sectorial y local, degradación ambiental y desplazamiento de población rural pobre ^[3] .

La literatura sobre extractivismo agrario en los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-) es poca en comparación con estudios sobre el tema en Bolivia y Ecuador. Esa literatura destaca el fracaso de los programas agrícolas y la aparición de nuevas formas de extractivismo con apoyo estatal. El fracaso suele atribuirse a debilidades estructurales y moneda sobrevaluada (Purcell, 2013) o a falta de información y coordinación en los programas gubernamentales de acceso a la tierra (Deere, 2018). Kappeler (2013) lo atribuye a las fallas e inconsistencias de aplicar políticas gubernamentales inapropiadas a la cuestión agraria, refiriéndose al intento de establecer una reforma agraria basada en la reconstitución del campesinado (recampesinización) en la Venezuela urbana del siglo XXI. Ese fracaso llevó a implantar un sistema de “fábricas en el campo” + empresas agroindustriales + programas de distribución de alimentos bajo control estatal, que incluyó el proyecto de exportar bananas a Rusia.

Gudynas (2009) define el neoextractivismo como la expansión e intensificación de las economías extractivas por gobiernos progresistas ^[4] de izquierda. Hasta hace poco, la izquierda latinoamericana atacaba a los gobiernos que dependían de rentas del extractivismo, como minería y petróleo, pero, a medida que líderes izquierdistas llegaban al poder en este siglo, intensificaron la extracción de recursos para promover el crecimiento económico. Ese comportamiento se justifica con el argumento que, con mayores rentas por recursos naturales, los gobiernos pueden financiar la lucha contra la pobreza. Pero sus consecuencias sociales y ambientales son las mismas, aunque propiedad de la tierra y recursos pase del sector privado al Estado (Gudynas, 2010; en Valdivia, 2015).

Dado el hecho que Venezuela es una economía rentista, es necesario destacar algunas consecuencias del rentismo. Una de ellas es que la institucionalidad se vuelve débil e incapaz de controlar el impacto de los ciclos de auge y crisis petrolera (Weyland, 2009), porque la obtención de rentas del mercado internacional –el petróleo representó entre 90 y 95% de las exportaciones venezolanas en 2004-2018–, alimenta la corrupción y el clientelismo estatal. Como la mayor tarea del gobierno es decidir la distribución de ingresos por petróleo, “la política reina suprema y la economía juega un rol subordinado, puramente instrumental, en la conciencia popular” (Weyland, 2009, p. 151). El sector agrícola tiene aún menos importancia en esa conciencia en Venezuela porque solo 12% de la población vivía en áreas rurales y la agricultura proveía apenas 5,5% del Producto Nacional Bruto (PNB) en 1998 (Enríquez, 2013), cuando una coalición cívico-militar de izquierda, dirigida por Hugo Chávez, llegó al poder mediante elecciones.

Los efectos del rentismo en la economía son que: i) los gobiernos tienen poca motivación para abrir la economía porque puede diluir su poder y aflojar su control sobre la población; y, ii) como el ingreso generado por exportaciones no se relaciona con la productividad del trabajo, esa productividad resulta inhibida durante etapas de auge exportador (Coronil, 1997; Baptista y Mommer, 1987; Mommer, 1998; Baptista, 2004).

Si bien la extracción de recursos agrarios no tiene el mismo peso que la de petróleo, antes de su descubrimiento el producto venezolano de exportación más importante era el café, que iba a Europa y a Estados Unidos mediante compañías comerciales extranjeras en Maracaibo y Puerto Cabello. Entre 1958 y 1998 también se exportó arroz, cacao, plátanos/bananas, productos de la pesca y de la acuicultura (Gutiérrez, 2013). En algunos de esos productos se desarrollaron complejos con rasgos tanto del extractivismo agrario tradicional como del neoliberal.

Sin embargo, cada vez que había un auge exportador petrolero (1973-1979, 2003-2008), aumentaban el consumo nacional y la demanda de alimentos mientras disminuían las inversiones productivas en agricultura e industria nacional porque era más barato importar que producir. En consecuencia, el peso de la agricultura y la industria en el PNB se reducía frente al del sector importador. En años de precios petroleros bajos, el gobierno buscaba reactivar producción y exportación no petrolera (Gutiérrez, 2013).

Este artículo analiza un caso de neoextractivismo agrario en una economía rentista petrolera con problemas de seguridad alimentaria, con dos objetivos: i) identificar qué rol jugó en su expansión el rentismo; y, ii) conocer cuál fue el impacto del proyecto en la seguridad alimentaria. Como caso de estudio se utiliza la expropiación de fincas que producían plátanos (plantain o plátano macho) asociados a otros cultivos y ganado lechero en el Sur del Lago de Maracaibo (en adelante Sur del Lago), en 2010, para desarrollar una compañía mixta ruso-venezolana que exportaría bananas a Rusia. La compañía no funcionó porque la firma rusa quebró en 2012. Los efectos que hubiera tenido si hubiera operado se infieren de sus objetivos y de la comparación entre producción y situación de las fincas expropiadas en la década de 1990 y luego de 2010.

El análisis contrafáctico ^[6] de las consecuencias del proyecto de exportar bananas a Rusia permite discutir el neoextractivismo (Gudynas, 2009, 2012) en Venezuela. El argumento central es que además de recrear las consecuencias negativas del extractivismo (véase Galarza, 2017, sobre explotación bananera en Ecuador), el acuerdo aun sin haberse realizado contribuyó a afectar negativamente la seguridad alimentaria ^[7] . El análisis se basa en información de periódicos nacionales y locales, declaraciones de representantes estatales y productores, que incluyen entrevistas y observaciones de actores y testigos, así como también bibliografía secundaria ^[8] .

Desde la década de 1920, las importaciones de alimentos de Venezuela fueron mayores que sus exportaciones y en 2010 la situación no había cambiado porque Venezuela importaba más del 50% de sus necesidades alimentarias (Index Mundi, 2013). La importación de alimentos se asoció a producción y exportación de petróleo, porque los recursos financieros generados por ellas –más las migraciones rurales hacia ciudades y campos petroleros– aumentaron la demanda de alimentos (Parker, 2008), además de apreciar el tipo de cambio y sobrevaluar la moneda de forma que los productos importados se abarataron frente a los nacionales (Gutiérrez, 2013).

La concentración de los recursos financieros del petróleo en el Estado desde la nacionalización de la industria (1976) justificó la intervención estatal en el sistema agroalimentario para garantizar subsidios y financiamiento a productores agrícolas y ganaderos y moderar precios para los consumidores urbanos. En el primer auge exportador petrolero (1973-1979), el gobierno estableció subsidios para consumidores, subsidios y créditos preferenciales para productores e hizo obligatorio comprar las cosechas domésticas antes de permitir la importación de alimentos. La crisis de la deuda externa en la década de 1980 terminó con esa bonanza agrícola y el Estado abandonó subsidios, créditos y restricciones a la importación con el programa de ajustes económicos de 1989 (Gutiérrez, 1995). Mientras tanto, la industria agroalimentaria acostumbrada a importar insumos chocaba con productores locales que buscaban mantener precios altos para su producción. La Ley de Desarrollo Agrario y Seguridad Alimentaria (1988) buscó favorecer a productores agrícolas, industriales e importadores frente a los consumidores (Borgucci, Fuenmayor, Áñez y Vargas, 1999), contribuyendo al descontento social.

En 2001 el gobierno fijó como objetivos simultáneos alcanzar la seguridad alimentaria y asegurar una mejor redistribución de la renta petrolera y la tierra. Hasta 2004 se concentró en la producción primaria, mediante expropiación de tierras y financiamiento de cooperativas agrarias y otras organizaciones colectivas (fundos zamoranos, entre otras) ^[9] y en el consumo urbano, donde fijó precios máximos para alimentos básicos. En 2005 los productores debieron cambiar sus títulos de propiedad de la tierra por “autorizaciones permanentes” del Estado para poder solicitar créditos gubernamentales.

La preocupación del gobierno acerca de la posibilidad de que una reducción del ingreso petrolero afectara la importación de alimentos llevó a fortalecer al sector agrícola. Frente a la falta de movimientos campesinos organizados ^[10] , el gobierno creó la misión “Vuelvan Caras”, ofreciendo tierra con el objetivo de atraer población urbana al ámbito rural, pero pocos aceptaron la propuesta o tenían interés en ser campesinos (Kappeler, 2013). Según este último autor, el programa buscaba crear mano de obra campesina sin la intención de transferirle la propiedad de la tierra,

(…) las haciendas que visité nunca fueron entregadas a campesinos locales (…) en su totalidad. (…) en una ocasión fui testigo de un incidente en el cual la Guardia Nacional confrontó violentamente a los activistas de la liga campesina local, que habían ocupado una hacienda destinada a transferirse a la Corporación Agraria de Venezuela [ente estatal]. El gobierno de Venezuela ha ocupado el vacío dejado por el régimen neoliberal, pero no parece haber suficiente espacio para los campesinos y el Estado. (Kappeler, 2013, p. 8)

Por su parte, Hernández (en PROVEA, 2009-2010) destaca que el latifundio venezolano está asociado a la ganadería extensiva de bovinos (en regiones apartadas) y no a sistemas productivos intensivos, pero la “(…) mayor parte de los procesos de rescate de tierras realizados [por el Estado] durante el lapso que cubre el presente informe se ubican en zonas distintas a las señaladas más arriba y en zonas productivas del centro del país” (p. 210). Para Rodríguez (2013) el gobierno consideraba que el latifundio no había sufrido cambios desde 1960, lo que no correspondía a la realidad de la estructura agraria de finales de la década de 1990 (donde el latifundio representaba 20% de las tierras) sino que formaba parte de una posición teórica político-ideológica.

En este sentido, es importante observar las ideas del gobierno sobre propiedad de la tierra. El derecho de acceso a la tierra ocupa lugar central en las teorías sobre renta de la tierra y en las políticas públicas venezolanas porque, al no ser un factor productivo creado por el trabajo, la cantidad de tierra disponible para agricultura se considera un elemento inmutable. A pesar de que su capacidad de producción puede mejorarse con infraestructura (drenaje, irrigación) y prácticas de cultivos (rotación, fertilizantes, etc.) (Delahaye, 2013), en el gobierno predomina una visión de juego suma cero sobre propiedad de la tierra. Su apropiación por el Estado tiene objetivos similares a los del rentismo (controlarla, explotar sus recursos y distribuirlos, sin entregar su propiedad a otros), junto con valor simbólico ^[11] .

Rodríguez (2013) subraya la similitud entre la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001 y políticas colectivistas soviéticas bajo José Stalin. La vincula a una narrativa de la izquierda, que considera el ámbito rural como campo de lucha entre latifundistas y pobres desposeídos, a pesar de que Venezuela es un país urbano y no existe la misma presión sobre la tierra que en otros países latinoamericanos. Las ideas de Salvador de la Plaza ^[12] desarrolladas en las décadas de 1930 y 1940 inspiraron las políticas agrícolas y de tierras después de 1999. No se reconocieron los cambios ocurridos bajo el gobierno militar de Pérez Jiménez (1953-1958) (llegada de colonos europeos) y los gobiernos del periodo democrático (1959-1998) (mecanización y modernización de pequeños y medianos productores con créditos o subsidios estatales) ni la existencia de una reforma agraria en 1960. Para Rodríguez (2013), en la política agraria posterior a 1999 triunfó del paradigma de la colectivización estalinista sobre la vía campesina, otra visión de la izquierda que apoyaba la distribución de la tierra en parcelas familiares e inspiró la reforma de 1960 ^[13] .

La primera reforma agraria venezolana disminuyó el latifundio, pero no detuvo la migración a las ciudades. El campo perdió población cuando los pequeños productores que habían recibido tierras las vendieron a productores medianos que –para la década de 1990– tenían en conjunto más del 50% de la tierra cultivada, mientras los latifundios (mayores de 5.000 hectáreas, ha.) habían pasado de representar el 56% del total en 1950 a menos del 20% en 1997 (Rodríguez, 2013, p. 47). En la primera década del siglo 21, entrevistas y observación directa confirmaron que el mayor grupo de productores agrícolas eran medianos con algunos pequeños que utilizaban métodos tecnificados (Giacalone y Zerpa, 2013; Giacalone, Hernández y Zerpa, 2013).

El segundo auge petrolero (2003-2008) aumentó la demanda urbana de alimentos, pero la inseguridad rural (invasiones de tierras, secuestros, abigeato, etc.) afectó su producción. Aunque se sembraron más hectáreas, su rendimiento fue menor por falta de conocimiento técnico por parte de los nuevos productores, controles de precios y menos ingresos rurales para adquirir agroquímicos y maquinaria. A pesar de ello, los recursos petroleros permitieron importar y financiar un sistema estatal de distribución de alimentos (MERCAL), que enfrentó problemas de mala administración, corrupción y excesiva burocracia (Hurtado, 2017).

El fin del auge en 2008 motivó la “socialización” de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria –producción primaria, agroindustria, distribución y comercialización– que asumió el Estado, además de prohibir la exportación de alimentos para controlar la inflación y evitar que los productos subsidiados se vendieran a otros países. Para 2010, una moneda sobrevaluada, controles administrativos, fracaso de programas agrícolas e inseguridad habían influido en la merma de las exportaciones de café, arroz y cacao; y, entre 2010 y 2012, también se restringió la exportación de cultivos orgánicos o “fair trade”. En esos años ya se importaba arroz y café. Adicionalmente, el control de precios generó una demanda mayor a la oferta nacional, que incentivó el desarrollo de un “mercado negro” de alimentos y mostró la incapacidad del Estado para alimentar a toda la población. La escasez de alimentos comenzó cuando los precios petroleros estaban bajos, pero continuó después de 2012. Como reconoció Jorge Giordani, entonces ministro de Chávez (en Gutiérrez, 2019a), la necesidad de ganar las elecciones de 2012 y 2013 (luego de la muerte de Chávez) exigió un esfuerzo económico y financiero que agudizó el déficit del sector público ^[14] y la inflación y disminuyó la cantidad de alimentos que distribuía el gobierno.

Según Purcell (2013,), la mayoría de los análisis empíricos encuentran positivo el uso de la renta petrolera venezolana para adoptar un nuevo modelo de producción y transferir ingresos a programas sociales. Sin embargo, no comparte esa posición porque considera que las organizaciones colectivas campesinas no tenían un objetivo productivo sino social –la recampesinización ^[15] de población excedente urbana y pobres rurales para combatir la pobreza y desconcentrar las ciudades–. Para lograrlo, el gobierno otorgó créditos y otros subsidios a pequeñas cooperativas agrarias y cuando no aumentó la disponibilidad de alimentos, creó empresas de producción social con propiedad mixta, supervisadas por la Corporación Venezolana Agrícola-CVA (Purcell, 2013).

En una investigación basada en catorce meses de observación directa (2009-2010) de una cooperativa del Sur del Lago, Enríquez (2013) presenta la situación previa de organizaciones colectivas de la zona en que se ubica el caso de estudio de este artículo. La cooperativa que observó había recibido 563 ha, tenía créditos gubernamentales y asistencia técnica del Instituto Nacional de Tierras y de asesores cubanos y usaba prácticas agrícolas convencionales y agroquímicos, excepto en 2008 cuando recibió productos de control biológico. En 2010 vendía a vecinos y trabajadores de la cooperativa, pero la mayor parte de su producción iba a intermediarios privados porque se negaba a venderle a la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), organismo estatal que suministraba alimentos a MERCAL, porque el pago era demasiado lento. Ese año el gobierno estableció que las cooperativas debían integrarse a empresas estatales debido a su débil desempeño productivo (Enríquez, 2013).

En contra del argumento de que la política gubernamental fracasó porque los pobres urbanos no estaban preparados o no querían trabajar la tierra, Kappeler (2013) señala que el objetivo de la reforma agraria era inviable en Venezuela en el siglo XXI: las cooperativas generaban un pequeño excedente para vender, pero no podían alimentar a la población urbana y, como no producían todos sus alimentos, dependían del sistema estatal de alimentos subsidiados. Desde 2010 esa inviabilidad llevó a desarrollar un nuevo modelo agrícola: fábricas en el campo + empresas industriales estatales + programas populistas de distribución de alimentos, según un modelo neopopulista fordista, así como al abandono de la recampesinización (Kappeler, 2013).

Los plátanos y bananas (Musa sp.) son alimentos básicos de las familias venezolanas. Los plátanos, que se comen hervidos, horneados o asados y proveen un almidón (carbohidrato) básico de la dieta, son más importantes que las bananas, que se comen frescas y se llaman en Venezuela “cambures”. La producción de plátanos/bananas creció en Venezuela entre 1985 y 1996 junto a la exportación, pero varias compañías quebraron en la crisis bancaria de 1994 (Surga, Bolívar y Trujillo, 1999).

El Sur del Lago es una zona agropecuaria importante, que cubre parcialmente el sur del estado Zulia y el norte de los estados Trujillo, Mérida y Táchira y en la década de 1990 produjo 60% de la producción platanera del país. Se encuentra cercana a la frontera con Colombia, en las adyacencias de la Sierra de Perijá. El Estado ayudó a abrir la zona al cultivo mediante la construcción de la Carretera Panamericana (inaugurada en 1955), la reforma agraria de 1960 y el drenaje de tierras bajas cerca del Lago (Abreu et al., 2007). Se trata de un área de agricultura tropical con temperaturas excesivas todo el año, una estación seca y otra lluviosa y tierras acídicas (Kappeler, 2013).

Desde el siglo XIX, el área unió la producción cafetalera de los Andes venezolanos con el comercio internacional por Maracaibo, desde donde salía el 29% del café de exportación. La producción cafetalera y el transporte al puerto ampliaron la frontera agrícola hacia el Sur del Lago y, luego del descubrimiento de petróleo, la zona fue ocupada por colonos de los Andes y Colombia. La reforma agraria de 1960 consolidó esa población en unidades pequeñas y medianas dedicadas a producir café con cultivos asociados y ganadería para su venta en campos petroleros y áreas urbanas (Rojas, 2016). Buena parte del bosque tropical se transformó, pero mientras cultivos comerciales como el café de sombra se asociaron a nuevas formas de cobertura vegetal como plátanos/bananas y frutales (bosque secundario), las tierras de pastoreo eliminaron la cobertura boscosa profundizando problemas ambientales como sequías (Abreu et al., 2007).

En la década de 1990, plátanos y bananas continuaban cultivándose de forma tradicional (asociados a cultivos o ganado en pequeñas y medianas propiedades), pero también en sistemas de plantación. Estos últimos incluían un sistema de plantación permanente o tradicional que, a pesar de su nombre, utilizaba fertilizantes y tecnología moderna; pero también grandes plantaciones, asociadas a la llegada de compañías transnacionales como Dole, que empleaban irrigación, fumigación aérea y un sistema de cultivo de alta densidad (Abreu et al., 2007) ^[17] .

Según Delahaye (2003), la aparición en el Sur del Lago de propietarios pequeños y medianos se vinculó con medidas asociadas a la reforma agraria de 1961, que produjeron un salto cuantitativo en la titulación (propiedad) de la tierra. La mayoría producía para el mercado doméstico y para la exportación y solo cuatro fincas producían exclusivamente bananas y exportaban toda su producción. Existían asociaciones y cooperativas organizadas por los productores para evadir el control de los grandes mayoristas de frutas de Caracas y Barquisimeto y facilitar su acceso a créditos (Abreu et al., 2007).

Plantas agroindustriales locales procesaban plátanos para producir harina, sopas, compotas, chips y otros subproductos (e.g., ISELA-Frutas Tropicales, Alina Fruit, Frito Lay-Snacks Latinoamérica) ^[18] . Las principales compañías exportadoras eran VENEPLAT, Vigía Tropical Fruit, VENEAGRO y La Nona ^[19] . Los exportadores tenían exenciones impositivas para las ganancias de la producción agrícola y un subsidio de 10% para la exportación de productos agrarios no procesados. En la década de 1990, entre 5 y 10% de la producción total fue a mercados externos y, un porcentaje menor, a la agroindustria (Abreu et al., 2007; Villasmil, 2016). Resumiendo, solo un poco más del 10% de la producción platanero-bananera iba a la industria procesadora y la exportación; el resto se vendía fresca en el mercado doméstico, en tanto que las fincas producían más plátanos que bananas.

En el 2000 se exportó un 1% de la producción de plátanos, en especial a Estados Unidos, islas del Caribe y Colombia, porque los consumidores venezolanos aumentaron su demanda de alimentos. En 2004 el Estado financió un complejo agroindustrial platanero-bananero –PROINPLAT, localizado en el Sur del Lago–, donde productores individuales eran dueños del 70% y el otro 30% lo poseían cooperativas de productores. Para 2010 severas inundaciones destrozaron las cosechas de plátanos/bananas y PROINPLAT paralizó sus actividades. Un año después el gobierno expropió PROINPLAT para cumplir un acuerdo bilateral con Rusia firmado en octubre de 2010. Para finales de ese año, con el mismo objetivo expropió 47 fincas platanero-bananeras de todo tamaño y nivel tecnológico, que producían también ganado, leche y otros alimentos y ocupaban en conjunto unas 20.000 ha. en el Sur del Lago (véase Figura Nº 1) ^[20] .

Figura 1. Figura 1. Zona en que se produjeron las expropiaciones. Fuente: Blog de Manuela Alcalá “Viva Venezuela Libre”; en Calvani y Gómez (2013, p. 27)

La expropiación de las fincas se produjo en la madrugada del 17 al 18 de diciembre de 2010 e incluyó la participación de tres batallones del ejército. La intervención militar fue rápida y abarcó 9 fincas grandes (entre 824 y 3.918 ha.) y 6 pequeñas (la menor tenía 6 ha.); las fincas restantes tenían entre 100 y 700 ha. Su producción total anual estimada era de 16.824 toneladas de alimentos. La mayor era la Hacienda Bolívar (llamada ahora Bolivariana) de la familia Brillembourg, que producía ganado vacuno (raza Santa Gertrudis) y leche. Otra importante era Hoya Grande, la mayor hacienda productora y exportadora de plátanos de Venezuela (García, 2011), que según Molina (2013) era la única incluida en el acuerdo con Rusia.

Con respecto a la base legal de la expropiación, el Artículo 115 de la Constitución de 1999, establecida por el gobierno de Chávez, garantiza la propiedad privada y especifica que solo en caso de utilidad pública o interés social y después de sentencia jurídica firme y pago de compensación, puede expropiarse. Sin embargo, la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008) indica que productos y actividades del sector pueden expropiarse sin necesidad de autorización jurídica o legislativa. También la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios permite que algunos bienes sean declarados de utilidad pública, si son esenciales para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado (Paullier, 2012).

El gobierno alegó que 50% de las fincas expropiadas en 2010 pertenecían a 4% de los propietarios, lo que indicaba un sistema de propiedad de la tierra altamente inequitativo (Paullier, 2012), con condiciones laborales semejantes a la esclavitud. Otras veces, alegó que se estaban “recuperando” tierras del Estado o que estaban ociosas (Calvani y Gómez, 2013, p. 20). Pocas veces esas afirmaciones fueron sustanciadas con datos (nombres, lugares o ejemplos), pero sirvieron de justificación para no indemnizar a sus propietarios.

La razón para la expropiación fue que el gobierno necesitaba esas tierras para cumplir un acuerdo ruso-venezolano firmado en octubre de 2010. En una visita a Moscú, el entonces presidente venezolano declaró que el objetivo era (citado en García, 2011, p. s/n),

(…) constituir una empresa mixta en un plazo máximo de 120 días siguientes […] Habrá que ver el tremendo impacto que eso tendrá. Se firmó un contrato entre una empresa rusa y una empresa venezolana, una alianza para producir banano, plátano, en Venezuela… Veinte mil hectáreas para comenzar…

Declaraciones del gobierno venezolano destacaban su interés en vender café, cacao, bananas y flores a Rusia, ya que su comercio con ese país mostraba balance negativo (Reuters, 2010) ^[21] . En enero de 2011 se informaba que el presidente ruso, Dimitri Mediedev había declarado que la compañía de esa nacionalidad JFC (Joint Fruit Company) tendría acceso a grandes plantaciones de banana en Venezuela ^[22] (Barboza, 2011). El 8 de octubre de 2011 (El Nacional, 2011, p. 5), el gobierno venezolano anunció que las fincas expropiadas en el Sur del Lago producirían bananas para exportar a Rusia, según el acuerdo bilateral.

El plan de negocios de JFC, a través de su subsidiaria Bonanza International –cuyo dueño era Vladimir Kekhman– y la CVAL, consistía en sembrar y producir bananas para exportar 70 millones de cajas anuales a Rusia (El Nacional, 8 de octubre de 2011, p. 5). La aprobación oficial de la formación de la compañía apareció en la Gaceta Oficial Nº 6.045 del 7 de octubre de 2011, donde el gobierno usaba como justificación de su creación el Artículo 305 de la Constitución de 1999, que garantiza los derechos de los consumidores venezolanos a la seguridad alimentaria (Barboza, 2011) ^[23] .

El proyecto no llegó a realizarse porque en 2012 Kekhman y JFC se declararon en quiebra alegando que los levantamientos en Medio Oriente y norte de África habían alterado el comercio y afectado su capacidad de repagar créditos. Kekhman había realizado previamente negocios en Ecuador y otros países latinoamericanos, pero, en 2009, su compañía debió retirarse de Ecuador por deudas con productores bananeros, además de que oficiales aduaneros rusos habían encontrado cocaína en contenedores que transportaban bananas de la compañía (Helmer, 2011).

Para evaluar las consecuencias que el proyecto hubiera tenido si hubiera funcionado, la Tabla Nº 1 compara los rasgos del extractivismo agrario en el Sur del Lago en los noventa con los del acuerdo bananero de 2010.

Tabla 1 Tabla 1 Comparación de rasgos del extractivismo agrario de la década de 1990 con el neoextractivismo Fuente: elaboración propia (1)

Una caja contiene entre 13 y 18 kg de bananas, de manera que 70 millones de cajas anuales (El Nacional, 8 de octubre de 2011, p. 5) equivalen a 108.500.000 kg (asumiendo un promedio de 15 kg/caja)

En resumen, en el complejo platanero-bananero del Sur del Lago coexistían extractivismo tradicional y neoliberal (aunque este último en menor medida) y la situación cambió por la intervención estatal en 2010. Sin embargo, esa intervención no buscaba terminar con el extractivismo, sino redirigir exportaciones e inversión extranjera directa de países desarrollados a “socios amigos” como Rusia, al igual que transferir la propiedad de la tierra y sus beneficios del sector privado al Estado. Repitió así la experiencia de Cuba que después de la revolución no desarticuló su modelo agroexportador, sino que lo reforzó ingresando al Consejo de Ayuda Económica Mutua de la Unión Soviética, que ancló a la isla como monoproductora de azúcar (Gascón, 2010).

La expectativa del gobierno venezolano era que la compañía rusa traería tecnología para aumentar la producción y exportar. Cuando eso no se produjo, la tierra fue redistribuida a cooperativas formadas rápidamente –muchas veces sin preparación ni planificación– y la mayoría de ellas fueron dejadas a su suerte. En consecuencia, se redujo la disponibilidad de alimentos para consumo nacional y las cooperativas debieron depender de alimentos enviados por el Estado para subsistir. Según un trabajador de Hoya Grande (en Villasmil, 2011, s/p.), “(…) la administración pasada, nos vendía la carne a mil 500 bolívares de los viejos, ahora nos la venden a 17 mil 500; […]; al principio todas las semanas nos endulzaban con bolsas de comida, ahora nada…”

La decisión de expropiar tierras en el Sur del Lago tuvo consecuencias negativas para la producción alimentaria venezolana, aunque el negocio con Rusia no prosperó ^[24] . Después de la expropiación, Hoya Grande producía 10% de su producción anterior y una parte importante de la plantación de plátano estaba afectada por sigatoka, una enfermedad fungosa (Calvani y Gómez, 2013). Esta situación se repetía en otras fincas que en 2013 fueron devueltas a sus dueños. Igualmente, el patrón de producción de plátanos-bananas asociados a otros cultivos y de ganado había sido sustituido por producción de ganado que obtenía precios altos en el mercado venezolano (Calvani y Gómez, 2013). Su producción extensiva había acelerado la desaparición del bosque primario que sobrevivía, transformándolo en tierras de pastoreo (Luengo, 2016), un fenómeno al que pueden haber contribuido también los pequeños propietarios desposeídos al abrir nuevas tierras al cultivo.

El fracaso de la administración y manejo estatal de la tierra expropiada llevó a que, en 2013, el gobierno regresara a sus propietarios quince fincas, incluyendo la más pequeña y una grande. En 2016 se devolvieron otras fincas grandes, como las de la familia Pérez Carroz y del Grupo San Simón (Villasmil, 2016). No se incluyó a la Hacienda Bolívar, donde en 2015 se constataron “instalaciones deterioradas, caída de la producción, pugnas entre grupos de invasores, ocupantes y autoridades locales, y desaparición del ganado Santa Gertrudis” (El Nacional, 16 de abril de 2018, p. s/n).

Para la FAO, plátanos y bananas tienen importancia en naciones en desarrollo porque los ingresos por sus exportaciones sirven para pagar por importaciones de otros alimentos y contribuyen a la seguridad alimentaria familiar, ya que son ingrediente básico de su alimentación en países con déficit de alimentos. Según estadísticas del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, la producción de plátanos bajó de 615.095 t en 1998 a 304.971 en 2011 y la superficie cosechada, de 65.126 ha en 1998 a 45.565 en 2011. En bananas la reducción de la producción fue de 812.921 t en 1998, a 455.213 en 2011; y, en esos años, la superficie cultivada pasó de 45.117 ha a 43.222 (Molina, 2013).

Después de 2010, la producción anual de bananas en Venezuela fue menor que la de la década de 1960 (no sobrepasó los 500 kilogramos, excepto en 2015, mientras en los sesenta se la estimaba en 750 kg) (Tilasto, 2017). Hay, por lo tanto, menos producción para alimentar a la población venezolana que subió de 25 millones en la década de 1990 a 29,03 millones en 2010. Esta situación es lamentable porque la dieta del venezolano se ha vuelto más dependiente de almidones (carbohidratos) por la escasez o el costo prohibitivo de legumbres, lácteos y carne (Gutiérrez, 2019a, 2019b).

Aunque el beneficio que se espera del neoextractivismo es la redistribución de ingresos por parte del Estado, en el caso estudiado esa intervención exacerbó la monoproducción, afectó negativamente la cantidad de alimentos disponibles para consumo nacional y produjo poca redistribución. De esa forma, las opciones que –según la FAO– otorgan importancia a plátanos y bananas en países en desarrollo, no existen en los escenarios de la Tabla Nº 2.

Tabla 2 Tabla 2 Escenarios y consecuencias Fuente: elaboración propia

De esta forma, el proyecto ruso-venezolano muestra varias dimensiones del extractivismo: i) la expectativa de extraer grandes volúmenes de recursos naturales para exportación; ii) la desarticulación sectorial y local, al reducirse el volumen de alimentos para consumo nacional/local; y, iii) la explotación intensiva para alcanzar la meta de exportación, que significaba la expansión del monocultivo en plantaciones de alta densidad y sus efectos ambientales.

Como contexto de la discusión debe destacarse que, desde 2010, un gobierno que colocó la seguridad alimentaria al tope de sus prioridades presidió una situación de inseguridad alimentaria sin precedentes en Venezuela. Siempre que caían los precios internacionales del petróleo o sequías e inundaciones afectaban las cosechas surgía algún tipo de emergencia temporal, relacionada con alimentos específicos (arroz, azúcar, harina precocida de maíz, entre otros). Pero, en la segunda década del siglo XXI, la emergencia duró varios años y para las clases populares sigue todavía, porque los bajos ingresos y la inflación impiden el acceso a alimentos a quienes no reciben remesas en dólares estadounidenses de familiares en el exterior (Gutiérrez, 2019b). La emergencia .además. afecta a la mayoría de los alimentos, guarda poca relación con fenómenos naturales y deriva en buena parte de la intervención estatal en el sector agrícola.

El índice DCH (Disponibilidad de Alimentos para Consumo Humano) estima la disponibilidad de alimentos sumando la producción nacional de alimentos y las importaciones, a las que se restan exportaciones de alimentos y variaciones en niveles de existencia. Según Gutiérrez (2014), los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Nutrición corresponden al año 2007. En ese momento, 57% de las calorías consumidas por los venezolanos provenían de la producción nacional y 43%, de importaciones, lo que representaba una situación de autonomía alimentaria crítica dada la alta dependencia de alimentos importados. Para 2014 el porcentaje de calorías importada en la DCH de energía alimentaria había aumentado al 63%, según información del Instituto Nacional de Nutrición (INN, 2016). Entre 2011 y 2012, datos sobre consumo privado de los hogares venezolanos mostraban que ese consumo había caído entre ambos años, lo que debe haber afectado también el consumo de alimentos (Gutiérrez, 2014). La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2018; en CEPAZ, 2018) agrega que, aunque no hay datos oficiales sobre acceso a alimentos, la encuesta ENCOVI de 2017 mostró que 78% de los encuestados reconocía que había comido menos en los meses previos y que los venezolanos solo habían cubierto 75% de sus necesidades calóricas diarias a fin de año. La encuesta ENCOVI 2019-2020 muestra que la situación se ha agravado (UCAB-USB-UCV, 2020).

En resumen, el sistema agroalimentario venezolano luego de 1998 se ha caracterizado por declinación de producción agrícola, reducción de la producción de la agroindustria, mayor dependencia de alimentos importados y acceso precario e insuficiente a energía alimentaria, a pesar de los recursos financieros y los programas estatales que priorizaron al sector agrícola y los subsidios alimentarios (Gutiérrez, 2014).

El proyecto de 2010 contribuyó a esa situación porque se aplicaron criterios inadecuados a la realidad venezolana y tampoco se cumplieron principios del desarrollo agrícola como los del Banco Mundial (2007; en Giraldo, 2015): que las nuevas inversiones no pongan en peligro la seguridad alimentaria, que las personas involucradas sean consultadas, que los procesos sean transparentes y haya rendición de cuentas y que los impactos ambientales sean cuantificados para tomar medidas que los mitiguen.

El rentismo siempre influyó sobre el Sistema Alimentario Venezolano porque la renta petrolera distribuida en la economía nacional por el Estado determina las políticas fiscales y monetarias y los llamados “macro-precios” (tasa de cambio e interés, salarios reales), que afectan al sistema productivo (Gutiérrez, 2010). Ese mecanismo no ha cambiado porque, según Lander (2016, p. s/n), entre 1999 y 2016 el gobierno “(…) en lugar de cuestionar el modelo de petroestado rentista …lo intensificó a extremos desconocidos en la historia previa del país. A lo largo de los 17 años del proyecto bolivariano, la economía se hizo… más dependiente del ingreso petrolero”.

El rentismo petrolero ejerció influencia en la definición del neoextractivismo platanero-bananero porque se lo vio como un mecanismo adicional para que el Estado obtuviera recursos del sector agrícola. Entre 2010 y 2014 el gobierno tuvo un déficit fiscal importante (Hernández y Guerrero, 2016) y recibió relativamente pocos ingresos fiscales directos de la agricultura, a pesar de haber eliminado en 1999 las exenciones impositivas para el sector, debido al aumento del número de cooperativas y empresas agrícolas estatales. El extractivismo agrario representaba una oportunidad para el gobierno de apropiarse de rentas generadas por exportación, como ocurría con el petróleo. Pero si la productividad del trabajo en la actividad petrolera no es un factor importante sino secundario (Baptista, 2004) frente a la tecnología especializada y la demanda internacional, en la explotación agrícola el trabajo y su productividad son vitales para producir suficientes alimentos para exportación y consumo doméstico. Sin embargo, no hay evidencia de que ese factor haya sido considerado el proyecto.

Si el rentismo petrolero proveyó la lógica del proyecto bananero, Calvani y Gómez (2013, p. 13) destacan otro móvil del gobierno: asegurarse la propiedad de la tierra y recursos naturales para aumentar su capacidad de control sobre la sociedad y ganar votos en las elecciones. Chiasson-Lebel (2016) coincide en que el neoextractivismo, aunque busque reducir la desigualdad social, limita la autonomía de movimientos sociales y clases populares. Agréguese asimismo que tiene también objetivos geoeconómicos y geopolíticos –establecer una red de comercio e inversiones con gobiernos afines para asegurar su apoyo internacional–.

Con ese trasfondo, si el proyecto bananero se hubiera concretado hubiera exacerbado el monocultivo y sus consecuencias ambientales, desarticulado la relación de la tierra explotada con su comunidad para subordinarla a intereses y necesidades de actores externos ^[26] y hubiera afectado la producción de alimentos para consumo nacional. Aún sin concretarse, tuvo consecuencias negativas porque retiró tierras de la producción para el mercado doméstico sin aumentar ingresos por exportación, descuidó cultivos tradicionales .permitiendo el ingreso de enfermedades y plagas., facilitó la transformación de tierras de vocación agrícola en tierras de pastoreo, aumentó la desaparición del bosque nativo y no logró ni la recampesinización ni la redistribución social. Cambiaron el origen de la inversión extranjera directa y los mercados a los que se dirigen los recursos explotados, pero se mantuvieron las consecuencias negativas del extractivismo previo.

En conclusión, esos problemas derivaron de aplicar a la cuestión agraria una posición teórica sobre propiedad de la tierra alejada de la realidad venezolana de principios del siglo XXI y de proyectos estatales que no evaluaron el factor trabajo/productividad ni aplicaron criterios de desarrollo agrícola, además de intentar extender al campo el patrón de funcionamiento y distribución del rentismo petrolero. Una de sus principales consecuencias fue la disminución de la disponibilidad de alimentos para consumo nacional sin que se asegurara la redistribución social de la propiedad de la tierra ni de las ganancias de recursos naturales en manos del Estado.