Introducción

Me parece que, en una sociedad como la nuestra, la verdadera tarea política es criticar el juego de las instituciones, en apariencia neutras e independientes, criticarlas de manera tal que la violencia política, que se ejerce oscuramente en ellas, sea desenmascarada y que se pueda luchar contra ellas.

Michel Foucault, El poder, una bestia magnífica

Es el nueve de mayo de 2019. Lorena Gutiérrez y su esposo Jesús Quintana se encuentran afuera de la central de autobuses del Norte. Son alrededor de las 5:45 a. m. Al llegar me saludan; se notan desvelados. Subimos sus maletas a la cajuela para los dos días que se quedarán en la ciudad. El trayecto en autobús para llegar a la Ciudad de México fue de doce horas. Al subir al coche me dicen que pudieron dormir poco en el autobús, pero que siempre van preparados; de hecho, ambos traen puesto pants y sudaderas, ropa cómoda; también guardaron algunas mantas en la cajuela. La audiencia sobre el caso de su hija, Fátima Quintana, será a las 8:00 a. m., así que vamos con buen tiempo hacia los juzgados, los cuales se encuentran en el municipio de Lerma, Estado de México.

Antes del asesinato de su hija Fátima, vivían en la montaña alta, arriba de Naucalpan, en una comunidad que tiene tan sólo trescientos habitantes. Conocían a la mayoría de ellos de toda la vida. Es más: a dos de los asesinos de su hija los conocían desde que eran niños; eran sus vecinos y también amigos de uno de sus hijos; llegaron a comer en su casa en muchas ocasiones.

Fátima tenía doce años; iba de regreso de la secundaria cuando sus vecinos y un amigo de ellos la interceptaron en el camino. Fueron tres quienes la asesinaron: uno de ellos, menor de edad, se encuentra en prisión y saldrá el próximo año; el segundo tiene una sentencia de setenta y cinco años; el tercero, quien era amigo de sus vecinos, se encuentra en libertad. Este último quedó en libertad por una prueba que presentó; un video que presuntamente muestra que, al momento del asesinato, él se encontraba trabajando: “según se presentó a trabajar en la Universidad de Sierra Nevada, presentó un video de que fue a trabajar, pero yo no vi un fantasma” (Lorena Gutiérrez. Diario de campo, 8 de abril de 2019). Lorena y su hijo Dani encontraron el cuerpo de Fátima. Ella y su hijo vieron huir a los tres sujetos; los vieron correr y ser atrapados posteriormente por los oriundos de la localidad. Estaban a punto de lincharlos cuando Lorena y Jesús decidieron entregarlos a las autoridades judiciales. En diversas ocasiones, la señora Lorena me ha comentado que se arrepiente de no haber dejado que los lincharan, ya que no se imaginaba que dos de ellos terminarían libres —refiriéndose también al menor de edad que pronto saldrá de prisión—.

Los testimonios de la familia de Fátima no han sido suficientes para encarcelar a uno de ellos, pese a haberlo visto y atrapado en la escena del crimen. Este hecho jamás pudo preverlo la familia de Fátima pues, en el imaginario social, se tiene la idea de que atrapar a un asesino en la escena del crimen es prueba suficiente para encarcelarlo. Esa seguridad imaginaria nos la da el Estado. Sin embargo, olvidamos que existe un conjunto de circunstancias que se encuentran por encima de nosotros y que podrían terminar definiendo el destino jurídico de un caso: la corrupción, el machismo, el clasismo son algunos hilos de ese tejido. “Yo no vi un fantasma, Vivian”, me señala constantemente la señora Lorena.

El as bajo la manga del tercer sujeto es el video en donde se le ve en su trabajo a la hora en la que ocurrió el feminicidio.1 Tanto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) como la familia argumentan que dicho video fue modificado, cambiándole la fecha o la hora al contenido.

Hoy en día, la familia de Fátima se encuentra desplazada de su comunidad y vive en un estado al norte del país debido a las amenazas de muerte e intentos de levantamiento que han sufrido a partir del juicio para esclarecer el asesinato de Fátima. Las amenazas de muerte se han realizado incluso en los propios juzgados: “Me amenazaron de muerte frente a la jueza; ‘ya firmaste tu sentencia de muerte, perra’, me dijo. Nadie hizo nada, pero bueno, no les tengo miedo, si soy asesinada prefiero ser yo que vivir callada” (Lorena Gutiérrez. Diario de campo, 8 de abril de 2019). Al tratar de levantar la denuncia, le dijeron que no procedía puesto que no le habían hecho nada; frente a ello, Lorena me dice: “entonces tengo que esperar a que me maten”.

Las amenazas de muerte son una constante en la vida de Lorena y su familia. El acoso y las amenazas han sido tales que, más allá de haberse visto obligados a huir del Estado de México y refugiarse en otro estado del país, han tenido que buscar otro tipo de protección. Cada uno de ellos cuenta, por ejemplo, con un botón de pánico; un aparato que tiene un localizador GPS; al presionarlo, en teoría, acuden agentes policiales. Jesús me ha contado que no le gusta prenderlo, puesto que, de esa manera, pueden saber exactamente dónde se encuentra, lo cual le provoca mayor inseguridad. No ha pasado ni un mes desde que trataron de “levantar” a Jesús cuando salía de la última audiencia; una camioneta se detuvo a su lado e intentaron subirlo a la fuerza, pero Jesús no se dejó. No es la primera vez que le ocurre.

También intentaron levantar a su hijo Dani fuera de su escuela poco después del asesinato de Fátima; esto provocó que la institución lo expulsara, puesto que, según sus directivos, “ponía en riesgo a sus demás compañeritos”. Incluso los funcionarios públicos le dijeron a Lorena: “Aguas, porque te estás metiendo con personas peligrosas” (Lorena Gutiérrez. Diario de campo, 8 de abril de 2019).

Fueron estos los motivos que obligaron a la familia de Fátima a huir del Estado de México y refugiarse en un lugar lejano. Uno que no conocían y en donde tuvieron que recomenzar su vida. Lejos de sus familiares y lejos del lugar en el que crecieron tanto ellos como sus hijos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les consiguió una casa en el norte del país.

Lorena y Jesús viajan al Estado de México solamente para atender las audiencias sobre el caso de su hija, así como a movilizaciones sociales en contra de la violencia, el feminicidio, la desaparición forzada o la violencia contra la mujer. También acuden a eventos que organizan las redes familiares de mujeres víctimas de feminicidio.

Camino a los juzgados, me platican sobre lo que esperan de esta audiencia; buscan que el juez rechace una de las pruebas esenciales en el caso: la cinta de video, el as bajo la manga del presunto asesino de Fátima.

Al entrar al Estado de México, Jesús realiza una llamada telefónica para darle las características del coche —color, placa y tripulantes— a la escolta de policías que nos resguardará camino a los juzgados. La escolta los acompaña cada vez que asisten a una audiencia. Poco tiempo después, se nos unen dos camionetas tipo pick up: una se sitúa frente al coche y otra detrás de él; por momentos, se sitúan a los costados. En la parte trasera de los vehículos, viajan policías armados, todos de pie, con las escopetas a los costados y chalecos antibalas.

La situación es más intimidante que relajante, sentimiento que comparto con Lorena y Jesús, quienes me señalan que a ellos también les ha parecido siempre así. Además, saben que el papá del presunto asesino es exagente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), por lo que tiene una estrecha relación con policías del municipio. Este hecho me queda muy claro al llegar a los juzgados.

Al estacionarnos, nos quedamos dentro del vehículo y la escolta de policías desciende para colocarse alrededor del coche. Minutos más tarde, llega el acusado junto con su padre; éste comienza a saludar con gran familiaridad a los policías que nos rodean. A mi parecer, no cabe duda de que tal acto no es más que una demostración de poder hacia la familia de Fátima. Lorena me dice que el señor siempre hace eso al llegar a los juzgados; ya están acostumbrados.

La acción del exagente puede analizarse como una expresión de control y poder. El mensaje es claro; además de las amenazas de muerte directas, también está la demostración de poder sin necesidad de hablar: el poder silencioso en los actos, que se manifiesta en el performance que realiza el sujeto frente a los familiares de Fátima. La intimidación no necesariamente se da en el discurso hablado, sino en la acción. Tal como señala Foucault (2006), “la policía articula la fuerza del Estado con el individuo” (p. 377); el hecho de que los policías —quienes presuntamente protegen a los familiares de Fátima— sean parte del performance del padre del homicida nos habla de una expresión de control sobre la situación.

Cabe destacar que el ejercicio de poder de la policía no es el mismo que el del poder de la justicia: “la policía no es la justicia” (Foucault, 2006, p. 387); la policía funge como agente articulador entre la institución jurídica y el individuo. Su papel, su objetivo, es “el control y la cobertura de la actividad de los individuos” (Foucault, 2006, p. 370). Sin embargo, si consideramos a la policía como un dispositivo —tal como Foucault lo señala—, nos encontramos con una maraña de relaciones y discursos. La institución jurídica y los policías se encuentran entrelazados. Como menciona Agamben (2011), “El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está inscrita en una relación de poder. Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber” (p. 250). Así pues, el mensaje que envían tanto los policías como el familiar del presunto asesino es el de control y poder.

Al entrar a los juzgados, nos encontramos con Irinea Buendía y Liz Machuca, también familiares de mujeres víctimas de feminicidio. Ambas portan una lona exigiendo justicia por el caso de Fátima. Van acompañadas de sus familiares y de los abogados del OCNF —quienes llevan el caso de Fátima—. Irinea viene desde Chimalhuacán, que está a 71 km de distancia —un trayecto de aproximadamente hora y media en coche—, y Liz, desde Ocoyoacac, un municipio cercano a Lerma que está a 7 km.

La audiencia dura poco tiempo, no más de treinta minutos. Al inicio, el juez dice que el abogado de la familia de Fátima solicitó revisar la cinta. El juez aprueba la petición y se discute la manera en la que se debe enviar nuevamente al juzgado. La audiencia se fija para dentro de quince días, a las nueve de la mañana, con la prueba de la cinta. El largo viaje termina ahí, en una cita más, en una audiencia más, que después se convirtió en dos y después en tres. En la tercera, mes y medio más tarde, el juez aceptó el video como prueba y rechazóla moción de los abogados de Fátima de que el video pudo ser alterado. Se mantiene el as bajo la manga. No queda más por parte de los padres de Fátima que pensar en el contraataque: la presión social.

El imaginario social de la justicia

En el imaginario social, pervive la idea de que las consecuencias de un homicidio son inmediatas; que los actos clasificados como prohibidos por la sociedad tienen un castigo inminente del cual es imposible huir. El peso del Estado está en el imaginario; se percibe como un kraken cuyos tentáculos nos alcanzarán y nos obligarán a cumplir con el castigo impuesto por las normas y las leyes. La idea del castigo está en nosotros desde que tenemos memoria, en la dicotomía de lo que está bien y lo que está mal. “El criminal aparece como un ser jurídicamente paradójico. Ha roto el pacto, con lo que se vuelve enemigo de toda sociedad, pero participa en el castigo que se ejerce sobre él. El castigo penal es, por lo tanto, una función generalizada, coextendida al cuerpo social y a cada uno de sus elementos” (Foucault, 2009, p. 103).

El grado del castigo depende de la gravedad del acto; se nos ha enseñado que atentar contra la vida de otra persona amerita el peor de los castigos establecidos por la sociedad. Un castigo legitimado y no cuestionado. Pero, ¿qué ocurre cuando no se aplica dicha ley? ¿Por qué no llega a aplicarse sobre los perpetradores de un asesinato a pesar de tener las pruebas suficientes para hacerlo? ¿Cuáles son los motivos o razones que impiden que se ejerza dicho castigo? El caso de Fátima nos muestra que a ciertos sujetos se les aplican las leyes correspondientes mientras que a otros no; entonces, ¿por qué unos acusados se encuentran libres? Éstas son las preguntas en las que se ahondará más adelante.

Para ello, quisiera hablar de dos dimensiones que se desarrollarán en este artículo: la primera se refiere a las cuestiones orgánicas del Estado, es decir, las cuestiones más visibles como lo son las leyes y el problema de su ineficiencia. De lo teórico a lo práctico hay un enorme abismo; para que se llegue a lo teórico, tuvo que haber una demanda y, para que esa demanda se desarrolle, se lleve a la práctica, los demandantes se enfrentan en muchas ocasiones con una neblina de incertidumbre legal. La burocracia es, en parte, un medio usado para crear esta incertidumbre; la ley termina escondiéndose entre una maraña de papeles y personas. Los papeles burocráticos terminan sepultando la ilusión de la justicia.

El lenguaje legal complejiza el proceso; el acceso a la justicia se vuelve casi imposible para alguien que no posee el conocimiento legal o que no se relaciona con el personal que lo conoce. La justicia no se aplica tal como se encuentra escrita en los códigos penales, sino que está atravesada por un complejo sistema de sujetos y contextos, de relaciones de poder y de clase social. El capital social y el capital económico también están relacionados con el alcance de la justicia. Como señala Hirsch (1994), se debe considerar que, para todos los sujetos, “sus luchas alrededor de la ley son moldeadas a partir de jerarquías de género, clase, raza, etnicidad, religión, edad y casta” (p. 1). Para ahondar un poco más, esta primera dimensión también contempla el cambio que se genera en la propia ley para visibilizarla o hacerla más eficiente, discutiendo, por lo tanto, la normalización de la norma, la aceptación de las leyes y su futura aplicación. Sin embargo, como se mencionó antes, al modificar la ley, el siguiente paso es llevarla a la práctica, un camino que se vuelve tortuoso y que no depende de la ley misma sino de los agentes involucrados: funcionarios públicos, acusados, víctimas y demás sujetos relacionados.

La segunda dimensión se refiere a lo que sucede sobre la estructura descrita en la primera dimensión, sobre aquella maquinaria llamada sistema de justicia. Si una persona descubre que la maquinaria no funciona bien, en muchas ocasiones tratará de arreglarla. Primero, se percatará de los engranajes que fallan, los obstáculos a los que se enfrenta para llegar a una resolución; después, intentará arreglarlos, no sólo para su beneficio sino para el de las otras personas que enfrentan los mismos obstáculos.

Como he mencionado, la justicia —en el contexto mexicano— no es ese ente puro que, con sólo desearlo, se puede alcanzar; antes, se debe pasar por todo un proceso que, muchas veces, se encuentra permeado de obstáculos tales como la corrupción, el lenguaje especializado y complejo, las leyes poco homogéneas entre un territorio y otro, la poca preparación del personal que lleva a cabo los procesos legales, la indiferencia de éste frente al trabajo que debe desarrollar y la invisibilización del delito a partir de una etiqueta distinta —como cuando se cataloga como otra forma de delito cuyo castigo resulta menor—.

Todas estas acciones provocan una agencia de los involucrados sobre la estructura. Es decir, los sujetos buscan romper y transformar la ley o la sociedad, buscan generar conciencia y resistir lo más que puedan con el propio cuerpo. El proceso de cambio es algo constante; día a día es obrado por diversos agentes. Una continua guerra.

La corrupción, como elemento que obstaculiza el acceso a la justicia, también tiene diversas aristas, ya que funciona a partir de distintos sujetos con intereses diferentes. Existen los individuos feminicidas que se encuentran protegidos por el discurso misógino del propio sistema, discurso que es respaldado por burócratas y funcionarios públicos.2 Todo el sistema judicial está inserto en una matriz sexo-genérica muy específica y definida por su carácter patriarcal.

Existe también la corrupción llevada a cabo por policías que cometen asesinato, amparados en el conocimiento que tienen del sistema de justicia y de cómo se puede manejar internamente. Éstos hacen uso de sus influencias y de la relación de poder que ejercen sobre la víctima y sus familiares. No tienen miedo al castigo porque saben cómo evadirlo. El poder que poseen va más allá de las influencias y puede recaer sobre el cuerpo de cualquier sujeto. Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, se enfrenta a este tipo de corrupción, ya que el asesino de su hija era policía estatal; éste hizo uso de sus influencias para que el asesinato fuese catalogado como suicidio.

La delincuencia organizada funge como una maquinaria del terror; contiene toda una red de corrupción que opera sistemáticamente. En ella se encuentran implicados funcionarios públicos, policías, abogados, etcétera.3 Esta maquinaria del terror es la materialización del discurso misógino, del odio hacia la mujer, de la sistematización de dicho odio y del control de la estructura para demostrar su poder. Es una legitimización de la relación de poder y control sobre los cuerpos de las mujeres y una demostración de la dominación del discurso misógino.

Cabe destacar que, como apunta Mujica (2011), la corrupción

es uno de esos modos [de transgresión], y funciona como una práctica recurrente en las instituciones políticas y en diversos campos de la estructura social. Pero hay que reconocer que la corrupción no constituye solamente una ruptura en el sistema, sino también una manera de relacionarse con la política. […] vincula a las normas, a los funcionarios públicos, a los ciudadanos, en redes de poder no formales que, muchas veces, articulan la práctica concreta de la vida de las instituciones. (p. 19)

Esta práctica es común dentro de nuestro sistema jurídico mexicano —nuestra Fiscalía General de Justicia—. Una de las familiares de víctima me contó que, en una ocasión, un funcionario le pidió doscientos mil pesos para que su caso fuera tratado de manera más expedita, puesto que tenían más de trescientos casos de feminicidio antes que el suyo. La madre no tenía dicha cantidad y le respondió que no podía darle ese dinero; el funcionario le respondió que tendría que esperar y que no podía garantizarle avances.

Ahora bien, como señalan Hirsch y Lazarus-Black (1994), los sujetos se encuentran atravesados por categorías tales como el sexo, la edad, la clase social, entre otras. También es relevante la localidad en la que se encuentren. No es casualidad que muchos feminicidios ocurran en la Ciudad de México y que los cuerpos sean dejados en Ecatepec: el procedimiento, tanto de levantamiento del cuerpo como de la investigación, depende del municipio o delegación en donde se encuentra un cuerpo.

Esta maquinaria del terror, como he mencionado, es la materialización de un discurso misógino, de la sistematización del odio hacia la mujer y del control de la estructura para demostrar su poder. Se busca un cuerpo femenino para torturarlo, humillarlo, cosificarlo, poseerlo y asesinarlo. Se quiere demostrar que se tiene control sobre la vida a través de rituales con un mensaje muy contundente, como explica Washington (2005).

Justicia y castigo: el papel de la maquinaria judicial

El concepto de justicia, según Badiou (2007), puede considerarse como “una invención de la libertad moderna, no una libertad invariable y eterna, sino una libertad de hoy” (p. 28). Esto podría definir las grandes variantes y aristas que tiene la justicia, así como su transformación de acuerdo con el entorno social en el que se desenvuelve, pues está atravesada por la ética y la moral de una sociedad o una época.

La respuesta más común a “¿qué es la justicia?” se da a partir de su negación: lo que no es injusto. Nos dice Badiou (2007) que “la justicia es oscura, por el contrario; la injusticia es clara, es mucho más difícil hablar de lo que es la justicia” (p. 19). Siguiendo esta idea, la injusticia es clara: un asesinato voluntario debe cumplir un castigo, “la justicia criminal, en lugar de vengarse, castiga” (Foucault, 2009, p. 86). Pero, en cuanto a la justicia, a aplicar la justicia, es ahí donde el tema se torna oscuro: ¿cómo se llega a ella?, ¿cuál es el debido castigo?

Al preguntarles a los familiares de mujeres víctimas de feminicidio por qué luchan, la respuesta es la misma: justicia. Sin embargo, cada quien la visualiza de distinta forma. La señora Irinea Buendía constantemente termina sus discursos con la frase “Justicia, justicia y justicia”; éste se ha convertido en un lema para el movimiento y para las redes familiares. La frase se escucha en megáfonos, marchas, ruedas de prensa, escritos y publicaciones, etcétera. Para Irinea, justicia no es sólo el castigo para el asesino de su hija sino también la pena de muerte —menciona que las prisiones son formadoras de los nuevos delincuentes—, condena que no existe en la sociedad mexicana. Cada vez que tiene la oportunidad, Irinea le comunica esta noción de justicia a las instituciones gubernamentales, a la prensa. Incluso, ha elaborado panfletos que reparte en las calles con el fin de difundir su discurso.

Para la señora Lorena, la justicia no sólo es encarcelar a los asesinos de su hija sino darles el debido castigo: cadena perpetua. El suplicio se encuentra precisamente en la privación de la libertad. En este caso, “el sufrimiento físico, el dolor del cuerpo mismo, no son ya los elementos constitutivos de la pena. El castigo pasa de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos” (Foucault, 2009, p. 20).

Araceli Osorio, madre de Lesvy Rosas, demanda que el castigo no sólo debe caer sobre el asesino de su hija, sino que debe aplicarse a todos los funcionarios corruptos que obstaculizaron el proceso y encarcelamiento del asesino. Así pues, la justicia conlleva castigo y suplicio y debe ser aplicada por el Estado contra el Estado mismo.

Los más de veinte familiares que he entrevistado concuerdan con una idea de justicia: otorgarles un debido castigo a los asesinos de sus familiares. Aunque existen diversas perspectivas en la intensidad del castigo, la concepción es la misma: “hay justicia cuando no hay injusticia” (Badiou, 2007, p. 19).

La intensidad del castigo, por lo tanto, será medida por el Estado: “castigar con una severidad atenuada, para castigar con más universalidad y necesidad; introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social” (Foucault, 2009, p. 95); no el cuerpo en sí. “La pena ha dejado de estar centrada en el suplicio como técnica de sufrimiento para pasar a tener como objeto principal la pérdida de un bien o de un derecho” (Foucault, 2009, p. 25).

Por esta razón, cabe recordar lo que Badiou señala como la ética de la víctima, la idea de que la justicia se construye a partir de la existencia de la víctima. Sin embargo, también hay que considerar que “en toda la historia del mundo, políticas diferentes tuvieron víctimas diferentes” (Badiou, 2007, p. 21); por lo tanto, no se puede partir únicamente de la noción de víctima, puesto que éste es un término variable, relacionado al contexto en el cual se desenvuelve o se entiende. Para Badiou, la noción de víctima está estrechamente relacionada al cuerpo, al sufrimiento, la tortura, la privación de la libertad. Al comprender a la víctima, se puede comprender lo injusto: “Aquí la injusticia es un cuerpo sufriente visible; la injusticia es el espectáculo de las personas sometidas a suplicios, heridas. La cuestión del cuerpo sufriente, la cuestión de la herida a la vida” (Badiou, 2007, p. 22).

En el caso de los familiares, la búsqueda de justicia se encuentra en su organización para transformar lo que es concebido como justo por la ley, por el Estado; lo concebido como la justicia. La víctima no es sólo el doliente, el afectado, aquél sometido a tortura y heridas, sino que también lo es la familia. A través de esta construcción, los familiares transforman su vivencia de víctimas en afirmación política. La justicia es eso: pasar de la condición de víctima a la condición de alguien que está en lucha. La justicia es una transformación, “es el presente colectivo de una transformación subjetiva. […] La justicia es un presente activo” (Badiou, 2007, p. 27).

Así, a pesar de no visualizarla de la misma manera, los familiares comparten una visión sobre la justicia: ésta no es sólo aquello que les ofrece el Estado, no es el castigo que se encuentra en las leyes y normas, no es la prisión en sí. El castigo también es social: hacia la temporalidad o el tipo de castigo; hacia el implicado directamente en el asesinato como hacia aquéllos que nublan la aplicación de la ley.

Esto también podría explicar por qué los familiares, después de alcanzar lo que puede considerarse justicia, se mantienen en la lucha social para apoyar a otras personas. La justicia otorga el castigo, pero la verdadera injusticia está en el acto cometido a su familiar, en su asesinato. Es ahí donde la justicia se vuelve un ente en movimiento, en constante transformación. Por más castigo que se aplique al homicida, el feminicidio deja un vacío. La desaparición forzada4 es consecuencia de la misma problemática; la mujer asesinada y la mujer desaparecida son dolores y luchas diferentes, aunque se entrecruzan. El caso de Nancy López muestra esta urdimbre.

Nancy es madre de Aitana Andrea López Félix, quien desapareció el 31 de mayo de 2017 en Cancún, Quintana Roo. A Nancy la conocí el 11 de marzo de 2019 en el Palacio Legislativo, en una audiencia pública de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia contra las Mujeres. Iba acompañada de su suegra. Al preguntarles sobre su experiencia personal y cómo terminaron asistiendo a esta audiencia, me platicaron que conocieron a familiares de víctimas de feminicidio en la marcha ocurrida dos días atrás: la manifestación del 8M, en la cual los familiares de víctimas conformaron un contingente. Allí fue donde compartió su testimonio y encontró similitudes en otros. Ella y su suegra viajaron a la Ciudad de México para asistir a la marcha, y aprovecharon su visita para ir a La Villa para pedir por Andrea, por encontrarla.

Nancy asiste a los eventos con los familiares de víctimas de feminicidio aunque su hija no ha sido hallada —se mantiene en calidad de desaparecida—. Sin embargo, Nancy ha encontrado en estos grupos una red de apoyo para continuar con la búsqueda de Andrea. Asimismo, intenta visibilizar su caso con la finalidad de presionar a los funcionarios públicos de su localidad para que continúen con la investigación.

La búsqueda de la justicia, entonces, abarca también las propuestas creadas por las redes familiares: la prevención, la concientización; contrarrestar la misoginia y apoyar todo acto en contra de la violencia o de la injusticia.

Araceli Osorio, madre de Lesvy Flores, vivió todo este proceso como un tortuoso camino. El infierno comenzó cuando su hija no regresó; después, llegó la noticia de su asesinato. La primera versión: la encontraron ahorcada en las inmediaciones de la UNAM. Vino la revictimización, generada tanto por funcionarios públicos como por la sociedad civil. Los rumores comenzaron en titulares de periódicos, en Twitter y en otras redes sociales: que Lesvy usaba drogas, que no estudiaba, que andaba de noche, que estaba tomada, etcétera. Todo ello aunado a la negligencia de los funcionarios públicos, pues el levantamiento del cuerpo no siguió las medidas forenses adecuadas y el documento forense carecía de respaldo y evidencias.

La maquinaria judicial es productora de violencias, que se complementan con las opiniones expresadas por los medios sensacionalistas y los “expertos”; un ambiente de horror y terror para las víctimas y sus familias. Después del asesinato de Lesvy, su familia atravesó por todo un proceso de revictimización. Culpabilizar a la víctima —o victimizar al victimario— es un hecho común en algunos medios de prensa.

Tras una intensa lucha contra el Estado y con el apoyo de activistas, redes familiares y organismos no gubernamentales —como el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria—, se pudo dictar una sentencia considerada adecuada en el caso de Lesvy. Gracias a la presión, después de un largo proceso, se logró una disculpa pública por parte de los médicos forenses, quienes declararon que el levantamiento de pruebas no se realizó con las medidas adecuadas. Días antes del evento en el que se ofreció dicha disculpa, Araceli realizó una invitación en diversas redes de apoyo para que las personas asistieran. Ese día, Araceli estuvo acompañada por otros familiares de víctimas y activistas.

A pesar de la sentencia para el feminicida, Araceli Osorio se mantiene en pie de lucha, apoyando a otros familiares de víctimas en redes y manifestaciones públicas. De igual modo, se ha sumado a diversos movimientos sociales feministas y en contra del extractivismo y de la desaparición de ambientalistas en el país, entre otros.

Así pues, la justicia es una noción en transformación, por lo cual muchos de los familiares se mantienen en lucha con la intención de alcanzar la justicia en los casos pendientes. Mediante el uso de las herramientas y de los medios que conocen, de aquéllos que particularmente les han servido, buscan despejar esa neblina que les impide obtener justicia. Brindan su apoyo, sus contactos y sus conocimientos para contrarrestar la corrupción latente dentro del sistema de justicia del Estado mexicano. La justicia está ahí, como señala Badiou, en la constante transformación de ella misma.

Una multiplicidad de voces y saberes: el rizoma

Todo rizoma comprende líneas de segmentaridad según las cuales está estratificado, territorializado, organizado, etc.; pero también líneas de desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar. Hay ruptura en el rizoma cada vez que de las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga, que también forma parte del rizoma.

Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia

Quise comenzar este apartado con un extracto del libro Mil mesetas porque me parece una manera interesante de hablar sobre el cambio, la transformación. El rizoma puede ejemplificar no sólo la sociedad, sino también los diversos caminos que ésta va tomando. El rizoma representa la estructura que se mueve, con constantes desplazamientos mecánicos.

La reflexión sobre el cambio y la transformación puede aplicarse precisamente a la idea de justicia, de leyes, de las instituciones que las legitiman, ya que éstas se conforman a partir de la misma construcción histórica que las va definiendo. Aunque las leyes y las instituciones encargadas de aplicarlas son consideradas “rígidas” por algunas personas, un funcionamiento deficiente en la aplicación del debido castigo a un sujeto que comete un acto delictivo provoca que se reflexione nuevamente sobre ellas y se busque su reconfiguración.

Actualmente tenemos un sistema de justicia que asemeja una confusa maraña de procesos y agentes; por lo tanto, el acceso a la justicia se convierte en un camino tortuoso. Todo esto está atravesado por los obstáculos que se tratarán en la siguiente dimensión, mencionados previamente: las leyes desactualizadas, la burocracia, la poca preparación de los funcionarios públicos, la corrupción, la invisibilización del delito cometido y la lógica —guiada por las ideologías sexo-genéricas ya referidas— con la que opera este sistema.

Los familiares de víctimas de feminicidio descubrieron la segmentaridad del rizoma, su ruptura y sus posibles líneas de fuga. Descubrieron que la justicia no es estática; que, como agentes, pueden transformarla a través de la lucha. Ésta, como señala Badiou (2007), se da a partir de la reconfiguración de la noción de justicia o de, al menos, los medios por los cuales se pueda alcanzar aquélla que ya está escrita y legitimada. Por lo tanto, no se puede decir a priori que la justicia es mala o buena; más bien, su resultado será el balance de múltiples fuerzas.

El camino no es fácil, ya que, como señalan Deleuze y Guattari (2002), “siempre existe el riesgo de que reaparezcan en ella organizaciones que reestratifican el conjunto, formaciones que devuelven el poder a un significante, atribuciones que reconstituyen un sujeto” (p. 15). No existe un consenso real de cómo debería funcionar la justicia; es ahí donde se encuentra la lucha; una guerra, un constante juego, donde unos ganan y otros pierden.

Así, se busca la reconfiguración a partir de nuevas posibilidades: “lo múltiple hay que hacerlo, pero no añadiendo constantemente una dimensión superior […]. En sí mismo, el rizoma tiene formas muy diversas: la patata y la grama, la mala hierba” (Deleuze y Guattari, 2002, p. 12). No hay, por lo tanto, una sola mirada, una forma única de entender, una raíz, sino una multiplicidad de miradas, un rizoma.

La sociedad, las leyes, la justicia y los movimientos sociales son rizomas. Dentro de la lucha, se busca encontrar los engranajes adecuados. “Los agenciamientos colectivos de enunciación funcionan directamente en los agenciamientos maquínicos, se sigue estando en la órbita de un discurso que implica todavía modos de agenciamiento y tipos de poder sociales específicos” (Deleuze y Guattari, 2002, p. 13). Es decir, dentro del mundo social, se mantiene una estructura con características específicas, sedimentada por la historia, pero los cambios, lo modificable y la transformación ocurren en los procesos, en el sistema que existe sobre la estructura.

Las redes familiares buscan la transformación de la justicia y de las leyes a partir de lo material y lo inmaterial; a partir de su impacto en la superestructura y en la propia concientización. Por un lado, se ataca el discurso legítimo, dominante y formal de las instituciones; por otro lado, se apela a la conciencia de los agentes del entorno, a la concientización de la sociedad, fungiendo, así, como la gota que crea ondas en el agua y busca expandirse.

El megáfono sirve para ello; el performance creado en lo individual y más tarde unificado en las redes familiares, en las manifestaciones públicas; las demandas en redes sociales y a través de escritos dirigidos a instituciones gubernamentales. Lo formal y lo informal. La apropiación del espacio público y su uso para ser escuchados. La batalla está en la palabra, en el lenguaje, en la transformación del pensamiento, en la búsqueda de un cambio de ideología. También en el cuerpo, en lo material, porque se hace lo posible con él, se pone en riesgo; se expone la propia vida. ¿Qué es más valioso que la vida para algunos familiares? La palabra; ser escuchados: “no me interesa que me sigan amenazando de muerte, yo sólo quiero ser escuchada por todos los medios posibles” (Lorena Gutiérrez. Diario de campo, 23 de octubre de 2019).

El 22 de mayo de 2019, Irinea Buendía me escribió por WhatsApp para decirme que habían tirado una de las cruces rosas colocadas en Chimalhuacán, a un lado del río de aguas negras en donde se encuentran cuerpos de mujeres con regularidad. Estaba convocando a una marcha desde el centro de Chimalhuacán hasta el río para volver a colocarla. Se encontraba muy molesta por la gente que fue a tirar la cruz, a romperla.

El sábado siguiente marchamos del centro al río de aguas negras; ahí vimos la cruz, partida a la mitad. Éramos unas cincuenta personas, de las cuales al menos la mitad eran familiares de mujeres víctimas de feminicidio. Al llegar a la zona del río, ya había un coche con lo necesario para la colocación de la nueva cruz. Cemento, cubetas, palas y una lona puesta antes de nuestra llegada.

En todo el camino hacia esa zona, hubo policías que nos tomaban fotografías. Se acercaban y nos grababan con el celular. Al llegar al lugar donde se colocaría la cruz, nos seguían dos camionetas tipo pick up junto con los policías. Se quedaron detrás de nosotros. Por unos minutos, no supimos qué hacer; después, Irinea tomo el megáfono, se notaba molesta:

También estamos luchando por ustedes, porque también tienen familia, hijas, hermanas y esposas. Ya no pueden intimidarme a mí ni a nadie aquí. Ya no tengo nada que perder, me da igual si me matan o no, así que tómenme fotos, aquí estoy, me llamo Irinea Buendía y me asesinaron a mi hija Mariana Lima Buendía. (Irinea Buendía. Diario de campo, 25 de mayo de 2019)

Posteriormente, una policía se acercó y pidió hablar con Irinea; le dijo que sólo estaban allí para cuidarnos durante el camino; Irinea le preguntó que por qué nos fotografiaron; la policía contestó que disculpara a sus compañeros, que algunos eran así.

Algunos familiares comenzaron a hacer la mezcla de cemento y agua; otros hicieron el hoyo donde se colocaría la nueva cruz. Eran aproximadamente las dos de la tarde y el sol quemaba. Se colocó un tambo en el hoyo y dentro de él la cruz rosa de aproximadamente cuatro metros. Se comenzó a rellenar el hoyo con el cemento. Irinea tomó una pala para llevar mezcla al hoyo. Los policías se fueron antes de que se terminara la colocación de la cruz. Al finalizar el trabajo, Irinea me comentó que los vecinos de la zona —los que les habían dado agua y luz para colocar la cruz— le habían dicho que los habían amenazado y les habían prohibido ayudarnos.

Más importante que la vida: el discurso. El símbolo del discurso, de la resistencia en una cruz rosa de cuatro metros que enuncia el terror y la muerte. Que simboliza la muerte de la mujer por la misoginia, por el odio hacia ellas.

Mientras se coloca la cruz, rodeada de hierba y de tierra, los vecinos se asoman y miran todo el proceso sin salir de sus casas. La cruz es resistencia, es enunciación de un discurso; va más allá de lo material y del cuerpo. Se tiró la cruz por el odio, pero se vuelve a levantar en son de la resistencia. No caerá el discurso, enuncia.

Un rizoma no cesa de conectar eslabones semióticos, organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con las ciencias, las luchas sociales. Un eslabón semiótico es como un tubérculo que aglutina actos muy diversos, lingüísticos, pero también perceptivos, gestuales (Deleuze y Guattari, 2002, p. 13). El discurso retumba y es temporal, evoluciona por tallos y flujos subterráneos, se desplaza por manchas de aceite. Siempre se pueden efectuar descomposiciones internas (Deleuze y Guattari, 2002, p. 13).

Norma Andrade es madre de Lilia García; su hija fue una de las víctimas en Campo Algodonero; actualmente, ella es defensora de los derechos humanos:

¿De qué hablo? De mi calidad de desplazada, de mi lucha, de mis amenazas de muerte. No éramos una organización, ni madres, para el gobernador, éramos una piedra en el zapato, en sus muñecas mi hija tenía marcas de esposas de un policía de Chihuahua. Se tienen las pruebas de ADN de quién fue, también mató a otras cuatro muchachas (Norma Esther Andrade. Diario de campo, 25 de febrero de 2019).

Norma es cofundadora de Nuestras hijas de regreso a casa, una organización de familiares de mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez que han realizado diversas protestas y peticiones al gobierno federal para el esclarecimiento de los casos de sus hijas. Norma ha sufrido dos atentados de homicidio, por lo que ha tenido que desplazarse de Chihuahua a la Ciudad de México.

Actualmente, Norma Esther imparte cursos de perspectiva de género, asiste a eventos públicos —tales como movilizaciones sociales— y a eventos institucionales en los que demanda que los funcionarios públicos tengan la debida preparación para tratar los casos de feminicidio. La agencia de Norma ha provocado la transformación de la aplicación de la ley, de la manera en la que el asesinato de una mujer debe ser investigado. Su discurso más importante es el de tratar el asesinato con perspectiva de género. Su voz, junto con la de otros familiares, causó cambios en las leyes; aunque también causó el disgusto de aquéllos que intentaron asesinarla.

Sin embargo, la modificación de las leyes no significa necesariamente que éstas sean aplicadas debidamente; de la teoría a la práctica hay un abismo, por lo tanto, lo hay también entre la ley y su aplicación: la ley es insuficiente si los agentes que deben aplicarla no lo hacen.

Fue más o menos como en junio del 2011, me dijo la ministerio público: “Es que yo voy a dar el ejercicio de la acción no penal”, y le dije yo que ¿por qué?, sí, hay muchos elementos suficientes para determinar que el sujeto asesinó a mi hija y, además, todavía usted no termina de hacer las investigaciones, y me dijo: “No, es que no hay elementos”, y le dije: pues, usted dice que no, pero yo puedo mencionarles “cuáles”, y entonces me dice: “Solamente que me traiga usted un testigo que lo haya visto y que lo sostenga”, pues, me dio risa, le dije: Por favor, ¿pero cómo se le ocurre una cosa semejante? La investigación la va a hacer usted, no la voy a hacer yo y, aun con todo eso, yo no puedo traerle un testigo que lo haya visto y que lo sostenga porque: ¿quién llama a gente cuando asesina? ¿A ver, dígame, quién llama gente para matar? “No sé”, dice. La fiscal, lo que me dijo, es que no podía atender mi caso porque tenía 922 casos cuando se formó la fiscalía de feminicidios, que no se iba a enfocar nada más en mi caso. (Entrevista a Irinea Buendía, 8 de agosto de 2019).

La ley está escrita, el delito existe dentro del Código Penal Federal; sin embargo, su aplicación se ve interrumpida por los actores del contexto social; además, se encuentra definida por las relaciones de poder.

Irinea señala que el sujeto conocía a la agente del Ministerio Público y a otros funcionarios que fueron truncando la investigación y el proceso. Este hecho no quedó sólo en las palabras de Irinea: tuvo tal repercusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia en relación con la investigación del asesinato de Mariana Lima Buendía; éste constituyó el primer pronunciamiento del máximo tribunal mexicano en materia de feminicidio:

La sentencia de Mariana Lima Buendía amplía las reparaciones en relación con las obstrucciones de justicia destacadas en la decisión respecto de la investigación. Tal como se subraya en la sentencia: más allá de las falencias o negligencias en la investigación, existieron obstrucciones de justicia en la misma, lo cual agrava la violación al derecho de acceso a la justicia. (Quintana Osuna, 2018, p. 143)

Esta sentencia generó un amparo que obligó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a investigar nuevamente la muerte de Mariana Lima Buendía, ya no como un suicidio sino como un feminicidio. Ello obligó a reconocer las omisiones y negligencias que llevaron este caso a la impunidad. Hoy en día, la investigación continúa; el caso sigue abierto e Irinea aún busca justicia por el asesinato de su hija.

VR: ¿Cómo es que usted logra la sentencia de Mariana Lima Buendía?

IB: Bueno, en primera, porque fue un caso emblemático, un caso que reunía los elementos suficientes y características para que fuera traído por la SCJN. Era un caso relevante y, más que nada, porque intervenía un ente de la procuraduría. Porque no había honestidad en nada, y sobre todo porque desde un inicio yo denuncio el contexto de violencia que mi hija vivió. Si bien es cierto, el dictamen que hace la médico forense dejó mucho que desear porque, pues, estuvo mal hecho, bueno, más bien, estuvo incompleto, y, aparte de que estuvo incompleto, la conclusión fue mala. Porque no determinó con base en lo que había descubierto, sino que determinó con base en la línea que posiblemente le estaban dando, porque, yo no entiendo, si ella era médica, y ya había descubierto dónde había fractura, todavía se atreve a decir que era ahorcamiento, cuando un ahorcamiento no tiene esas características. Aparte de eso, por lo que determinan ellos era que mi hija tenía 133 grados de alcohol. Yo no puedo si quiera imaginar cuánto es. Mi hija no tomaba.

VR: Aparte la cantidad es demasiada, ¿no cree?

IB: Sí, yo siempre he dicho que con .04 grados de alcohol, ya no los dejan manejar, .04. ¿Se imagina cuánto es 133? O sea, yo no me puedo imaginar porque no sé cuánto alcohol se necesite. Sólo un médico puede saber. Entonces, todo eso, yo se los decía y yo lo que quería era una buena investigación. (Entrevista a Irinea Buendía, 8 de agosto de 2019)

Posteriormente, Irinea me leyó un documento detallado con la conclusión del dictamen que realizó un forense externo, experto en feminicidios de Guatemala:

“Se ha indicado como causa de muerte el ahorcamiento, pero, al revisar los documentos, no hay datos que sustenten este diagnóstico, como lo son: el surco no es oblicuo”. Como lo dije ahora, a pesar de que mostraron un croquis de un cuerpo humano, de una mujer, y al momento de hacer los trazos del cuello, los ponen oblicuos, pero eso lo hacen por medio de una computadora, o sea, lo hace la mano humana. Ésas no eran las fotografías de mi hija. Porque en las fotografías originales, en el cuerpo de mi hija, el trazo es de forma horizontal, no es de forma oblicua. (Entrevista a Irinea Buendía, 8 de agosto de 2019)

Irinea me dice que ella intentó colgarse con el lazo con el que presuntamente se suicidó su hija. El lazo deja una marca oblicua en el cuello y no horizontal; además, no aguanta el peso. Ni siquiera aguanta treinta kilos. Lo demostró con diversas pruebas que realizó.

Según se suicidó con un hilo de cinco centímetros de diámetro, lo cual es imposible. Yo misma lo comprobé comprando un hilo del mismo material y el hilo se rompe, es imposible. No sabía nada, pero para eso hay libros y por medio de eso conocí mis derechos, y comencé a luchar, porque por ley de vida nosotras debimos morir primero, cuando se muere un hijo no hay nombre, es tanto el dolor que Dios no le puso nombre. (Entrevista a Irinea Buendía, 8 de agosto de 2019)

Como se menciona, la investigación se mantiene abierta. El caso sigue en proceso y las pruebas de Irinea no han sido suficientes para demostrar el asesinato de su hija Mariana. La relación de poder entre el funcionario público y el sujeto tiene consecuencias en la aplicación de la ley. Se vuelve, por tanto, a la idea de que, entre la ley y su aplicación, hay un enorme abismo que está atravesado por una maraña de relaciones de poder, de burocracia y de un proceso que depende de los actores que desempeñan el trabajo: la aplicación de la ley se ve afectada por el contexto social y sus agentes.

La víctima acude con la finalidad de que se aplique el castigo al perpetrador del daño; sin embargo, el camino hacia la justicia se ve afectado por su relación con el otro, es decir, con el funcionario público, quien ejerce una relación de poder al tener en sus manos el camino que tomará la justicia. No importa lo establecido en la ley, sino el contexto. Como señala Stuchka, el derecho es un sistema u ordenamiento de relaciones sociales que corresponden a los intereses de la clase dominante y está protegido por la fuerza organizada de esta clase (Sánchez Vázquez, 1976, p. 102).

Por ejemplo, allá en Chimalhuacán, yo he visto que van a levantar una carpeta de investigación y lo primero que el Ministerio Público hace es verlo de arriba a abajo. No lo pela, así se lo juro. Así como yo he ido y no me han pelado, yo les empiezo a hacer escándalo porque ahora no voy a permitir. Y con las personas que yo he ido, les he dicho: “Graben y súbanlo” y es cuando dicen “No, no, no…” y nos quieren detener y todo eso. Pasó eso en una ocasión y la fiscal les dijo: “¿Qué no conocen a la señora?”. No, pues no. Entonces, pues ya, me atienden, pero obviamente se quedan bien sacados de onda, porque ahí lo primero que dicen es: “¿Pues esta ruca quién es?”. (Entrevista a Irinea Buendía, 8 de agosto de 2019)

Con “clase dominante” no nos referimos únicamente a una clase con un capital económico superior. La dominación también puede darse a partir de la posesión de capital social, entendido éste como una posesión de relaciones que permite a sus agentes ejercer el poder a partir de ellas; un capital social es un capital de relaciones mundanas que pueden proporcionar apoyos útiles, tales como la respetabilidad (Bourdieu, 2012, p. 136).

Estos vínculos —que pueden darse a partir de amistades, compadrazgos, familiaridad, etcétera— pueden definir la relación de poder entre los involucrados; en nuestro caso, la de los funcionarios públicos con aquéllos que demandan el acceso a la justicia. La relación de familiaridad genera un desequilibrio en la aplicación de la ley: se privilegian las funciones políticas de los sistemas simbólicos; las ideologías sirven a los intereses particulares que éstas tienden a presentar como intereses universales.

En el caso de Irinea Buendía, el capital social del que es poseedor el asesino de su hija provoca que la aplicación de la ley se vea afectada. Los agentes involucrados en la administración del castigo influyen para que éste no ocurra y el caso quede impune.

Lorena Gutiérrez también enfrenta la misma situación: el padre del asesino de Fátima es poseedor de capital social dentro de la institución jurídica. Asimismo, ejerce poder con su capital económico al pagar una defensa costosa. Lorena señala que, al principio, ella contaba sólo con el abogado establecido por el Estado; actualmente, cuenta con el apoyo de los abogados del OCNF, al igual que Irinea Buendía.

El derecho, al ser el medio por el cual se aplica la ley, da la idea de ser igual y justo, aunque en la práctica sea desigual e injusto. Las relaciones de poder entre los agentes terminan guiando su aplicación y legitimación, aunque no siempre sean evidentes. En el proceso para la aplicación de la ley en un caso se presentan circunstancias que no permiten su concreción; éstas están definidas por las relaciones de poder existentes dentro de la institución jurídica.

Los familiares atraviesan un proceso lleno de trabas, de tal manera que comienzan a visualizarlo como un ente complejo. El proceso burocrático es cansado, pesado, angustioso y conlleva tiempo y dinero. Ir a un lado, después a otro; contar la historia aquí y allá. Carpetas de investigación que se pierden frecuentemente. Se nubla el proceso; se olvidan de decirles sus derechos. Por ejemplo, los familiares tienen derecho a contar con una copia de la carpeta de investigación; sin embargo, esto nunca se les dice y, en ocasiones, se les niega.

Nancy López, madre de Andrea, me comenta que el agente del Ministerio Público con quien llevó su caso ni siquiera tenía conocimiento del Protocolo Alba5 —o al menos eso fue lo que le dijeron—. Esto provocó que se perdieran horas cruciales en la localización de Andrea.

El “fetichismo jurídico”: la posesión de un derecho que resulta ajeno

El “fetichismo jurídico” se entiende como una propiedad fantasmagórica del derecho, en el que éste se visualiza como ajeno al sujeto, algo que existe pero que da la ilusión de independencia: no se controla ni se regula conscientemente (Castro Neira, 2018, p. 30). Este concepto se interpreta a partir del fetichismo de las mercancías, entendido de la siguiente manera:

[Para el humano] la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es sólo la relación social determinada existente entre aquéllos. De ahí que, para hallar una analogía pertinente, debamos buscar amparo en las comarcas del mundo religioso. En éste los productos de la mente humana parecen autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y los humanos. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo, no bien se los produce como mercancías, y que es inseparable de la producción mercantil. (Marx, 2005, p. 89)

Es decir, los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, siendo, por tanto, “relaciones propias de cosas, y relaciones sociales entre las cosas” (Marx, 2005, p. 89). En correspondencia, el fetichismo jurídico se define a partir de la relación social entre los agentes. En el entremedio está la ley, lo cual genera una ilusión de independencia. El sujeto jurídico es, por lo tanto, propietario de mercancías abstractas.

Uno de los lemas populares de las consignas de los familiares de mujeres víctimas de feminicidio es: “No fue suicidio, fue feminicidio”. Esto se debe a que los casos son catalogados frecuentemente como suicidios, a pesar de contar con las características de un feminicidio. Los familiares muchas veces encuentran los cuerpos de las víctimas y observan los evidentes rasgos de violencia, como la violación y la tortura. Sin embargo, no es raro que el delito se catalogue como suicidio, como sucedió en el caso ya mencionado de Mariana Lima Buendía.

En la escena del crimen, los primeros en generar un reporte son los peritos de campo y el policía preventivo y de investigación. Este informe llega al agente del Ministerio Público, quien se encarga de integrar la carpeta y generar las líneas de investigación. Si el agente cataloga el hecho como suicidio, las líneas de investigación se acortan. Este acto puede ser consecuencia de la información de los reportes que le fueron entregados previamente o, en algunos casos, de un acto de corrupción. En ambos escenarios, este hecho provoca que la investigación se vea truncada. En este proceso se puede identificar lo fantasmagórico de la ley, el fetichismo jurídico.

El familiar de la víctima, por más rostros que busque, por más respuestas que exija, se enfrentará a lo fantasmagórico, al proceso mismo de la ley. En el caso de Irinea Buendía, podemos retomar el comentario que le hizo la agente del Ministerio Público, citado antes. Irinea se enfrentó a un proceso intermedio, un fantasma que interfiere entre ella y la aplicación de la ley y la sanción. Para que la ley se ejecutara, debía cumplir con la petición que en ese momento le realizó la agente: llevar un testigo que haya visto el asesinato de su hija.

La propiedad fantasmagórica del derecho crea la ilusión de que la decisión del proceso penal no está en las manos de la agente, sino de la ley misma. Para aplicarla, se deben cumplir las características que menciona la agente. Irinea se enfrenta a una paradoja. Así, entre la teoría y la práctica, se interpone el gran abismo del fetichismo jurídico, de la ilusión de la independencia de la ley, sin que se consideren las afectaciones en su aplicación por parte del sujeto que debe desempeñarla, en este caso la agente del Ministerio: “la fiscal, lo que me dijo es que no podía atender mi caso porque tenía 922 casos cuando se formó la fiscalía de feminicidios” (Entrevista a Irinea Buendía, 8 de agosto de 2019).

Los familiares se enfrentan a un fantasma que interfiere en su camino a la justicia. Este fantasma parece no poseer rostro y se hunde en una profunda burocracia. La maquinaria a la que se enfrentan parece compleja. Incluso, en ocasiones, el funcionario público no tiene conciencia de la obstrucción que representa, como puede deducirse del testimonio anterior: a la fiscal la sobrepasa el trabajo que debe desempeñar. La maquinaria está ahí, debe funcionar, pero tanto la agente como Irinea se enfrentan a un ente que parece autónomo: la ley.

La ambigüedad de la participación de los funcionarios públicos en el desempeño de la ley es fantasmagórica. Un funcionario también puede estar sujeto a la maquinaria —como en las líneas anteriores— o puede ejercer una relación de poder sobre la persona que busca acceso a la justicia. Ambos casos evidencian problemas en la maquinaria legal; ya sea su mal funcionamiento por la forma en la que fue legitimada —la burocracia en la institución— o por la corrupción dentro de ella, en su sistema.

Por ejemplo, Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez, sólo cuenta con la enunciación del delito. El cuerpo de su hija fue encontrado con signos de tortura y violación; el hecho fue catalogado como feminicidio:

Ni siquiera hay sospechosos, no tienen ninguna prueba porque al levantar el cuerpo de mi hija no levantaron las pruebas necesarias para poder llegar con sus asesinos. La catalogaron como un hombre y eso hizo que nos costara encontrarla en el Semefo. (Lidia Florencia. Diario de campo, 9 de marzo de 2019)

La familia de Diana acudió a la Procuraduría General de Justicia de Chimalhuacán para levantar la denuncia por desaparición; sin embargo, la institución les negó la solicitud argumentado que debían esperar las debidas 72 horas.

Me dijeron que seguro se había ido con el novio o de fiesta, pero lo que pasó es que yo tenía una consulta médica y teníamos que irnos muy temprano para la cita. Aún estaba oscuro y Diana quedó de esperarme afuera de la casa mientras yo terminaba de estar lista, al asomarme por la ventana que da a la calle ya no la vi, no la volví a ver. (Lidia Florencia. Diario de campo, 9 de marzo de 2019)

Debido a la respuesta dada por la Procuraduría, la familia inició la búsqueda por sus propios medios: salieron a buscarla a la calle y a los hospitales. Cuatro días después de su desaparición, Laura, su hermana, acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) para preguntar si tenían reportada a alguna joven con las características de Diana. Le respondieron que, con esas características, sólo había un cuerpo de un hombre. Al entrar al cuarto del Semefo, Laura encontró a Diana, desnuda, en el piso. Reconoció la trenza que su hermana solía hacerse en el cabello.

Si no la hubiéramos buscado ahí hubiera terminado en la fosa común, imagínate que horror, ni siquiera estaba registrada como mujer, cuando la encontraron la registraron como hombre. (Lidia Florencia. Diario de campo, 9 de marzo de 2019)

Este suceso nos muestra el deficiente funcionamiento de la maquinaria en todos sus ámbitos. El cuerpo desnudo de Diana fue catalogado como el de un hombre; ¿por qué? Probablemente se catalogó así con la finalidad de evitar el procedimiento pericial que conlleva encontrar a una mujer asesinada. Sin embargo, esto provoca que se pierdan pruebas sustanciales en el proceso de investigación para encontrar a los agresores. Se vuelve, por lo tanto, a la ambigüedad del funcionario público en el desempeño de la aplicación de la ley.

Puede, nuevamente, que el funcionario no tenga la preparación suficiente para desempeñar su función, que le dé pereza realizarla adecuadamente, que la situación lo sobrepase o que ejerza una relación de poder al hacer uso de su posición para detener la investigación con la finalidad de no permitir el acceso a la justicia, de que el castigo no llegue a los perpetradores. En este punto, entra lo que se nombró la maquinaria del terror, de la cual participa toda una red de agentes.

Todos los testimonios presentados caen dentro de esta ambigüedad: ya sea por la limitada funcionalidad de la maquinaria o por la corrupción que hay dentro de ella, por las relaciones de poder que ejercen quienes la controlan, o bien por un poco de ambas. Sea como sea, la impunidad es una constante en los casos mencionados y “en el 95 % de su totalidad” (Guerrera, 2018, p. 22). Sólo el 5 % de los casos obtiene una sentencia que, a veces, ni siquiera es la correcta, como señala Segato (2016):

En una ocasión participé en una movilización de madres de Ciudad Juárez que pedían dos cosas: el fin de la impunidad, por un lado, y también, sorprendentemente, la libertad de los acusados que se encontraban en prisión. Algo nunca visto, porque las víctimas y sus parientes por lo general siempre quieren un culpable. Pero esas madres, no. Esas madres, de alguna forma inquietante, sabían que los que estaban presos no eran los culpables. La razón es que en Ciudad Juárez hay un consenso, un saber compartido, que no es otra cosa que el conocimiento de que esos raros crímenes contra las mujeres son crímenes del poder. (p. 183)

Crímenes de poder que son realizados por medio de la maquinaria del terror, la cual está legitimada y se conoce a voces. Por lo tanto, la lucha de los familiares debe salir del aspecto institucional que, en teoría, debería brindarles la justicia que buscan. La lucha se traslada así a la movilización social, la organización y la conformación de redes en las que se comparten saberes y herramientas útiles para acceder a la justicia, presionando así la maquinaria institucional y llevándola al límite.

Este fenómeno ha provocado que todos los familiares mencionados a lo largo de este texto se conozcan entre ellos, a pesar de que cada uno pertenece a espacios y localidades distintos, y aunque las víctimas tengan características diferentes. El punto en común es la impunidad, lo cual los ha forzado a organizarse y movilizarse en búsqueda de justicia.

El “cuerpo sin órganos”: la reconfiguración de la maquinaria judicial

Entonces, ¿qué se busca? Se busca la transformación desde lo social —la gota que genera olas— y desde lo institucional —la modificación de las leyes, del camino a la justicia—. Se busca el “cuerpo sin órganos”, que es aquello que queda cuando se ha suprimido todo, porque lo que se suprime es, precisamente, el fantasma, el conjunto de significancias y de subjetivaciones (Deleuze y Guattari, 2002, p. 157). El cuerpo sin órganos está en marcha desde el momento en el que el cuerpo se cansa de los órganos y quiere deshacerse de ellos, o bien, cuando los pierde: el “cuerpo hipocondríaco”, cuyos órganos están destruidos; si la destrucción es consumada, ya nada pasa (Deleuze y Guattari, 2002, p. 156).

Se lucha contra el fantasma, contra los propios significados de la justicia y de las leyes, de su ejecución y su funcionamiento. El sistema de justicia es un cuerpo sin órganos: éstos están destruidos, enfermos, o son disfuncionales. El cuerpo debe vaciarse para volver a funcionar, reconfigurándose. Esto se puede lograr a partir de “una máquina abstracta capaz de englobarlo e incluso de trazarlo” (Deleuze y Guattari, 2002, p. 170); al salir de lo establecido, de la norma, para buscar nuevos caminos que lleven hacia lo que es considerado justo. Ni blanco, ni negro, ni claro, ni oscuro: el rizoma siempre, las nuevas posibilidades de lucha y de resistencia.

A partir de esta idea, podemos hablar de las formas jurídicas: lo establecido, lo legitimado e institucionalizado. ¿Se puede pensar en otra manera de visualizar las prácticas judiciales? Foucault (2017) señala que es posible:

En realidad, hay dos historias de la verdad. La primera es una especie de historia interna de la verdad: es la historia de la verdad tal como se hace en o a partir de la historia de las ciencias. Por otra parte, hay otros sitios en los que se forma la verdad, allí donde se definen un cierto número de reglas de juego, a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad, dominios de objeto, tipos de saber y, por consiguiente podemos hacer a partir de ello una historia externa, exterior, de la verdad. (p. 5)

Lo anterior puede interpretarse como la ambivalencia del conocimiento: la verdad, lo que hemos definido como tal, puede serlo o no. Sin embargo, la historia se ha empeñado en legitimar una verdad y hacernos creer como sociedad que ésta es única e incuestionable. Es decir, lo que se ha establecido en la sociedad como la verdad parte de un conocimiento que se asume correcto. Lo mismo ha pasado con las formas jurídicas y con la idea de justicia.

La lucha de los familiares por modificar las leyes y acceder a la justicia, así como la concientización de la sociedad en estos temas, son ejemplos de una ruptura con lo establecido. Al romper con los dominios de saber establecidos por las prácticas sociales, se generan nuevos objetos y técnicas, lo que produce nuevas formas de conocimiento.

El feminicidio como categoría jurídica, es decir, la elaboración jurídico-política que tipifica al feminicidio como delito, se aceptó apenas en diciembre del 2012 (Segato, 2016). El camino para establecerlo comenzó con la visibilización de los feminicidios en Ciudad Juárez en 2001; fue un largo proceso hasta su legitimación. Los familiares y activistas buscaron la resignificación de las leyes, la transformación de éstas a partir de sus demandas. Gracias a ello, se ha ido normalizando la noción de feminicidio.

Aunque esta tipificación se sigue cuestionando, su recepción se ha ido modificando poco a poco a través de nuestro entorno social. Se ha ido naturalizando hasta convertirse en parte de nuestra subjetividad. El discurso sigue en lucha; sin embargo, la categoría se encuentra mucho más interiorizada que hace una década. Las voces en su contra poco a poco disminuyen: así es como algo se llega a normalizar, a asumirse como la verdad. “El conocimiento es simplemente el resultado del juego, del enfrentamiento, la confluencia, la lucha y el compromiso” (Foucault, 2017, p. 7); de un juego de poder donde se instaura la idea de conocimiento y de lo que debe ser considerado como la verdad.

Las prácticas judiciales están entre las prácticas más importantes puesto que, a partir de su análisis histórico, se puede localizar la creación de nuevas formas de subjetividad y mostrar las caras que va tomando el conocimiento y lo establecido como la norma. Hay una constante dialéctica entre una verdad y otra; su reconfiguración se debe a las relaciones de poder. En este juego, las ideas son legitimadas constantemente por los sujetos que se encuentren en el poder, quienes las asumen como la verdad.

Como apuntó Foucault, el conocimiento es el resultado de este enfrentamiento entre los sujetos que tratan de imponer una verdad que se subjetiviza. Una batalla ganada en la que se legitima. ¿De qué manera se ha transformado este conocimiento? ¿Cómo ha sido la modificación de las prácticas judiciales? Como se señaló, ésta se da a partir de la ruptura, de la transformación de los dominios de saber establecidos por las prácticas sociales, de la generación de nuevas formas de conocimiento.

Rose y Valverde (1998) mencionan que el biopoder se encuentra en las instituciones judiciales y genera un entrelazado de diversos agentes: médicos, personal administrativo, entre otros, quienes, como se ha mencionado, fungen como los aplicadores de la ley y ejercen la justicia. La lucha de los familiares busca reposicionar esa relación de poder a partir de las estrategias que se mencionan más adelante.

Por un lado, las instituciones judiciales regulan y normalizan las formas de desempeñar la ley. Administran la vida. La normalización viene acompañada por la ley y la norma. El complejo legal está constituido por prácticas legales, instituciones, códigos, autoridades, discursos, normas y formas de juicio. Todos estos engranajes de la maquinaria legal tienen un papel de aplicadores de la ley.

Por otro lado, los familiares se han visto en la necesidad de transformar su propia subjetividad para reconfigurar estos dominios de saber. La resistencia y el cambio se encuentran en varios ámbitos: en la transformación de las leyes —como la instauración del feminicidio como categoría jurídica—, en la modificación del código penal y en la inclusión de la perspectiva de género en la investigación.

En el aspecto burocrático, se ha buscado concientizar al personal que participa en los procesos y sancionar a aquéllos funcionarios corruptos que impiden la aplicación de las leyes. Los familiares también buscan la visibilización del feminicidio sin dejarse corromper por las propuestas de funcionarios públicos, quienes, en algunas ocasiones, han insistido en catalogar sus casos como suicidios y secuestros.

Sobre este último punto, presencié, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cómo el Fiscal General de Morelos pedía abiertamente a los familiares que trataran sus casos como secuestro, ya que de esa manera se puede imponer una mayor penalidad y el caso puede solucionarse más rápido, puesto que los protocolos son mucho más claros y efectivos. Sin embargo, una de las grandes desventajas de hacerlo es la invisibilización del problema: si se considera como un acto de violencia con fines económicos, la cuestión del género queda invisibilizada.

En las redes, familiares y activistas también comparten saberes legales y, en algunos casos, como el de Irinea Buendía, el autoaprendizaje de cuestiones legales. En ocasiones, ellos llegan a tener más conocimiento en torno a los protocolos y normas que los propios funcionarios públicos, como se mencionó en el caso de Nancy López.

La concientización también es parte esencial de la transformación de saberes. Ésta se da a partir de la manifestación pública: se hace uso de todos los medios posibles y es una batalla constante. Todos los días encuentro en las redes sociales de madres como Lorena Gutiérrez, Irinea Buendía, Yesenia Zamudio, Araceli Osorio y Sandra Soto, entre otras, enunciaciones que buscan concientizar a la sociedad en torno al tema del feminicidio, de la violencia de género, del feminismo y de la movilización social. En su agenda no hay descanso: es un tema recurrente, su día a día. Una lucha continua que no cesa.

Una de las grandes estrategias compartidas es la búsqueda del apoyo de agentes externos, como los activistas y la sociedad civil.6 Apoyo que ha ido creciendo exponencialmente. Tan sólo en los últimos días, los familiares se han encontrado a la vanguardia de las movilizaciones sociales feministas y han sido integrados a colectivos y asociaciones feministas y de derechos humanos.

Conclusiones: tres panoramas que reproducen la impunidad

En el imaginario social, se tiene la creencia de que la ley y la justicia son dos nociones que se encuentran entrelazadas; sin embargo, esta última sección servirá de reflexión para comprender que no funciona necesariamente de esa manera. El hecho de que exista la ley no significa que beneficie a toda la sociedad o que, por el hecho de encontrarse legitimada, posea el poder para ser aplicable.

La aplicación de la ley depende de relaciones de poder, las cuales están permeadas por cuestiones de clase social, género y, en algunos casos, desigualdades raciales. Cabe destacar que la clase social no depende únicamente del capital económico, sino también del capital social, es decir, la ventaja que algunos sujetos tienen por pertenecer a ciertas instituciones o dependencias del Estado.

Otro aspecto que no permite la aplicación del castigo a un feminicida es la “irreflexividad”, entendida como la superficialidad manifiesta de una persona —en este caso, los sujetos inmiscuidos en el tejido burocrático del sistema judicial—, la cual no lleva a cabo una “conciencia”.7 Es decir, la incapacidad para “pensar desde el punto de vista de otra persona” (Arendt, 2003, p. 34).

El burócrata es fundamental en la aplicación de un castigo a un feminicida. Si el sujeto no realiza su trabajo de manera adecuada, el castigo no será aplicado. Por lo tanto, el papel de la irreflexividad puede ser definitivo en la aplicación de la ley. Dicha irreflexividad puede deberse a la poca empatía que los funcionarios públicos tienen en torno al feminicidio y a la poca concientización en torno al caso, lo que deriva en la deshumanización de los familiares de las víctimas y de las propias víctimas.

Debido a esta irreflexividad, los familiares de víctimas de feminicidio exigen que los funcionarios públicos reciban capacitación para tratar los casos con perspectiva de género. La activista Norma Esther Andrade, cuya hija fue víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, constantemente aboga por ello, a tal grado que hoy en día dedica su vida a ello.

Un tercer aspecto que obstaculiza la aplicación de la ley es la poca preparación de los funcionarios públicos para desempeñar su trabajo; este aspecto también está atravesado por la irreflexividad, puesto que carecen de concientización en torno al tema del feminicidio, lo cual es esencial para aplicar el protocolo de acción frente a un delito de esta naturaleza. De igual modo, no poseen las herramientas físicas necesarias para realizar la investigación, ni la seguridad en contextos de violencia. Si se enfrentan a un grupo delictivo, prefieren ignorarlo para que sus vidas no se vean amenazadas.

En los casos mencionados a lo largo de este artículo, se pueden observar estos tres aspectos. Analicemos el caso de Diana Velázquez Florencio, quien fue registrada como hombre cuando se encontró su cuerpo. En una escena de crimen, son tres los agentes que deben desempeñar un protocolo de actuación en la investigación de un delito: el perito, el agente del ministerio público y el agente de la policía ministerial. Estos sujetos son quienes, a partir de la información recabada en la escena, decidirán el protocolo que debe aplicarse. En este caso, al momento de registrar el cuerpo de Diana como si fuera el de un hombre, se desechó la posibilidad de investigar el caso bajo el delito de feminicidio, a pesar de que su cuerpo contaba con signos de violencia.

Así pues, fueron al menos tres personas las que decidieron clasificar el cuerpo de Diana como masculino para evitar los efectos que conllevaba catalogar como feminicidio la escena del crimen. Esto pudo ocurrir por la poca preparación que tuviesen para el desempeño de su trabajo o por la desidia de hacer el debido levantamiento de pruebas: la recolección de huellas digitales, palmares, plantares, labiales y de calzado que se pudieran encontrar en el lugar o en el cuerpo; la búsqueda de armas, de los posibles vehículos participantes, de elementos pilosos, rastros de fluidos biológicos, objetos personales de la víctima, etcétera. Todo ello para evitarse más trabajo. También existe la posibilidad de que este acto se haya debido a la corrupción: si el cuerpo es clasificado incorrectamente, los familiares no podrán encontrarlo; por lo tanto, la investigación en torno al asesinato se archiva y queda en el olvido. El cuerpo acaba en la fosa común, sin nombre, sin historia. Para la familia, resulta imposible saber qué le ocurrió a su ser querido. Sin pruebas, sin cuerpo y sin lugar. Las pruebas levantadas terminan en el olvido y el o los asesinos quedan impunes.

Otro hecho frecuente es cuando se cataloga un feminicidio como suicidio. Esto es bastante común en nuestro sistema jurídico. Si el lector ha asistido a una movilización feminista en México o ha visto algo relacionado a ello en redes sociales, habrá escuchado u observado en más de una ocasión la consigna “no fue suicido, fue feminicidio”. Lo cual habla de la frecuencia con lo que este hecho ocurre en nuestro sistema de justicia. El caso de Mariana Lima es uno de ellos. El peritaje médico forense externo, realizado por el doctor guatemalteco Mario Nájera, señaló que la causa de muerte de Mariana Lima no fue suicidio, sino asesinato. Hoy en día, después de la presión ejercida por su familia, activistas y periodistas, se ha podido reclasificar el delito como feminicidio.

En la sentencia del caso de Mariana Lima, se reconoció que policías, peritos y agentes cometieron omisiones, negligencias y obstrucciones que llevaron a clasificar el feminicidio como suicidio a pesar de las pruebas.8 Un caso similar fue el de Lesvy Rosas, cuya causa de muerte también fue señalada en un inicio como suicidio; para su reclasificación, el caso también contó con la participación del médico forense Mario Nájera, lo cual demuestra la labor de las redes de apoyo en la difusión de saberes e información.

La corrupción, por su parte, depende de entrelazamientos de grupos y de relaciones de poder. Los casos de Mariana Lima y Lesvy Flores son dos ejemplos de ello; aunque también han demostrado el alcance de la lucha y la resistencia de familiares, activistas, organizaciones y medios de comunicación. El crimen organizado juega un papel relevante en el aspecto de la corrupción y de las relaciones de poder que ejerce junto con funcionarios públicos. Es una maquinaria propia cuyas redes internas se conforman de sujetos que pertenecen a diversas esferas; es aquel fuego lento que invade a nuestro país y que parece ser el responsable del asesinato de mujeres en ciertos espacios.9

Todo esto me lleva a la parte final de este artículo: el fetichismo de la ley; ese proceso del cual somos partícipes como ciudadanos, en el que, “la ley se ha convertido en el medio en el que se representa la política, se tratan conflictos superando diferencias que de otro modo serían inconmensurables, aparentemente se erige el orden social” (Comaroff y Comaroff, 2019, p. 35).

Todo ello podría estar disfrazado de una burocracia falsa, una simulación del trabajo que se debe desempeñar para llegar a la ley, en donde “el recurso a la ley parecería surgir directamente de las crecientes preocupaciones sobre el desorden, el fetichismo obedece a algo más profundo que una mera preocupación por la violencia” (Comaroff y Comaroff, 2019, p. 38). Éste obedece a la reproducción de una maquinaria que rige a nuestra sociedad, que se reproduce y que se conforma a partir de las relaciones de poder existentes entre los sujetos que pertenecen a ella. Así pues, “una cultura de la legalidad puede saturar no sólo el orden civil sino también sus fondos criminales” (Comaroff y Comaroff, 2019, p. 51).

La legislación “es creación de poder y una manifestación inmediata de violencia, pero el poder [es] la más importante de las legislaciones míticas” (Comaroff y Comaroff, 2019, p. 53). Así pues, aquél que puede hacer uso de la ley es poseedor de cierto poder, con el cual puede generar una “arquitectura de las legalidades”, es decir, una legislación que se rija bajo sus demandas.

La maquinaria se reproduce, sigue funcionando a pesar de tener quebrados algunos engranajes. Sin embargo, como lo señala la cita al inicio de este artículo, la sociedad lleva en sus entrañas una nueva maquinaria y la transformación se puede realizar paulatinamente, cambiando los engranajes dañados para reformarla.

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Notas

Notas de autor