Introducción

Si bien el contexto histórico y temporal de la dictadura chilena (1973-1990) se diferencia del estallido social chileno (2019-presente), ambos acontecimientos tienen en común la violencia institucional que se ejerce a través de los aparatos represivos del Estado contra los y las ciudadanas del país: “La presencia de militares en las calles durante el Estado de Excepción, el toque de queda y un discurso bélico contra la población, han sido un detonante de la memoria del trauma dictatorial” (Peñaloza, 2019, p. 71).

Lo anterior afecta, en mayor o menor medida, a todas las esferas de la sociedad chilena; sin embargo, para este artículo, nos centramos en las repercusiones directas sobre el quehacer del Trabajo Social, ya que, de acuerdo con la Declaración Global de los Principios Éticos del Trabajo Social, publicada por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales en 2018, consideramos que sus pilares disciplinares se basan en la justicia y en el reconocimiento de la dignidad humana. Es así como, en ambos contextos sociales, la profesión genera artefactos que funcionan como denuncia pública y memoria. Sin embargo, la disciplina se ve influenciada por el contexto específico en el que está sumergida (del Villar, 2016), de tal modo que, si bien los artefactos tienen funciones semejantes, son construidos y operados de forma diferente.

Para comprender lo anterior, es necesario contextualizar la revolución digital y el papel que han desempeñado las redes sociales: “En poco más de una década, a partir de 2003, se duplicaron con creces los usuarios de Internet, que ya alcanzaban al 54.4 % de la población en 2015 […] muchos países de la región se encuentran entre los que más usan las redes sociales globales” (CEPAL, 2016, p. 11). Esto impacta de manera directa en las formas de comunicación digitales y el acceso a la información que tienen hoy los y las ciudadanas chilenas; reflejo de esto es que, en la actualidad, según un estudio de Digital News Report (Newman et al., 2018), un 77 % de la población total del país tiene acceso a Internet; de ésta, un 71 % utiliza las redes sociales, siendo WhatsApp la red social más usada, seguida por Facebook e Instagram. Es por esto por lo que, en general, las redes sociales no sólo sirven como medio de comunicación, sino también de organización y como método de denuncia; ejemplo de ello es la influencia que tuvieron en las revoluciones de la Primavera Árabe (2010-2012) o el movimiento denominado Sentada de Wall Street (2015).

Por otro lado, nos parece necesario mencionar que este artículo utiliza el enfoque postestructural para el desarrollo de sus contenidos; éste asegura que la realidad se conoce por medio del lenguaje, debido a que los significados se construyen a través de los discursos como productos históricos y contextuales. Siguiendo esta línea, el Trabajo Social considera dentro de las perspectivas críticas al enfoque postestructural de la disciplina que buscan develar la relación entre estructura y agencia de los sujetos; este enfoque invita a “situar sus ideas en los contextos históricos y locales de la práctica” (Healy, 2001, p. 92), desmarcándose de la acción asistencial o tradicional de la profesión. De esta forma, la experiencia profesional se vuelve relevante para comprender cómo se delimita el quehacer profesional en contextos específicos de violación a los derechos humanos. Desde el enfoque utilizado, asumimos que no podemos llegar a conclusiones totalizantes, es decir, la sociedad es percibida desde el espacio en el que nos posicionamos, sin comprender globalmente todos los elementos societales.

Con base en lo anterior, las categorías de análisis que guiaron la construcción de esta investigación fueron las nociones de “poder”, “artefacto”, “gubernamentalidad” y “memoria colectiva”. El primero es ejercido, productivo y no poseído, por lo que no siempre es represivo, ya que crea discursos, saberes, identidades y subjetividades (Foucault, 1979). El segundo es considerado un dispositivo o herramienta que produce relatos, muchas veces con el fin de visibilizar historias que han permanecido ocultas (Bernasconi, 2018). La tercera se define como el conjunto de instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones y tácticas que permiten ejercer ese poder dirigido a la población; la economía política se percibe como forma de saber y como instrumento técnico de los dispositivos de seguridad; el gobierno adquiere preeminencia sobre otras modalidades de poder (López, 2010). La cuarta considera a las “memorias compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y en relaciones de poder. Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante” (Jelin, 2001, p. 4).

En este sentido, consideramos que, en un contexto donde los derechos humanos se ven infringidos, es necesario comprender los métodos, recursos y herramientas que utiliza el Trabajo Social para generar denuncias públicas y memoria colectiva, instalando discursos que se insertan en la relación entre el Estado y la sociedad civil a través de la construcción de narrativas en donde se refleja cómo las y los sujetos han sido oprimidos por agentes del Estado en Chile. Para abordar lo anterior, dividimos este artículo en dos ejes de discusión.

El primero versa sobre la relación entre Trabajo Social y derechos humanos; se enfatiza aquí el rol de la disciplina en contextos de violaciones sistemáticas a estos últimos en Chile. Este eje contiene dos apartados: el primero busca distinguir el enfoque de derechos en el Trabajo Social y tensar la relación existente entre enunciación y materialización de los derechos humanos. En el segundo, se revisan de forma histórica las violaciones a los derechos humanos tanto en la Dictadura (1973-1990) como en el estallido social chileno (2019), para comprender el quehacer profesional en ambos periodos. De forma posterior, se describe una de las organizaciones que se construyeron en el contexto del estallido social, Comisión Octubre, conformada por estudiantes y profesoras de Trabajo Social para generar un registro testimonial, y se describen de primera fuente los roles y tareas que se gestaron dentro de ésta, para finalizar con la recolección de testimonios como método de denuncia y memoria dentro de la disciplina.

El segundo eje propone una relación entre el Trabajo Social y los artefactos de memoria; se abordan y caracterizan los dispositivos discursivos o narrativos generados por el Trabajo Social en los dos acontecimientos analizados en este artículo. Este eje también se subdivide en dos apartados: en el primero, se revisa la construcción de artefactos como método de memoria y denuncia pública en el contexto de la Dictadura; el segundo se enfoca en la construcción de artefactos en un escenario de innovación de recursos, resaltando la importancia del uso de las nuevas tecnologías digitales en el quehacer profesional actual, y se concluye con una reflexión sobre sus beneficios y sus limitaciones.

Metodología

El presente artículo se elaboró siguiendo una lógica abductiva, con un enfoque cualitativo de la investigación, entendiendo por ésta:

un proceso inferencial creativo que obliga a generar teorías nuevas sobre la base de evidencias sorpresivas o inesperadas […] el método a través del cual la metodología cualitativa, y en particular la teoría fundamentada, puede superar el problema de la inducción y promover efectivamente la generación de teoría mediante el examen de los datos. (Urquiza, Billi y Leal, 2017, pp. 32-33)

Tomando en cuenta este posicionamiento, este escrito se construye con base en un análisis exhaustivo de fuentes primarias y secundarias, tanto de revisión bibliográfica como de material documental, que tienen como tema principal el quehacer de trabajadores sociales en el contexto de la Dictadura, pues consideramos que ese tipo de materiales nos entregan más información en torno a la labor del Trabajo Social en aquella época.

Como no vivimos este periodo directamente, las fuentes nos permiten acercarnos a las ideas y motivaciones de aquellos profesionales que enfocaron su quehacer a la promoción y defensa de los derechos humanos; por ello, la bibliografía utilizada incluye entrevistas a personas que fueron partícipes de ese proceso, así como revisiones del producto de su trabajo, como los informes Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1990) y Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005). Por otra parte, los textos teóricos nos acercan a la comprensión de aquellos procesos históricos más allá de su descripción. Utilizamos textos vinculados al enfoque postestructuralista y de derechos humanos, lo cual nos permite observar los procesos desde ambos enfoques, situándonos en dos momentos históricos distintos —la Dictadura y el estallido social— que tienen diferencias, pero también similitudes.

Además, se realizaron seis entrevistas semiestructuradas a académicas y estudiantes de Trabajo Social partícipes de la Comisión Octubre, con el fin de conocer las perspectivas de quienes fueron parte de la iniciativa de instalar narrativas representativas de un sector violentado en el último periodo. Su selección estuvo determinada por las actividades y activaciones que las personas encuestadas tuvieron dentro de la Comisión, esto es, las que recolectaron y sistematizaron una gran cantidad de testimonios y/o estuvieron presentes de forma continua dentro de las manifestaciones en su territorio.

La técnica de análisis de datos utilizada para esta investigación fue el análisis cualitativo de contenido, entendido como un “conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos” (Andréu, 2002, p. 3); se hizo de forma manual, eligiendo extractos de testimonios de entrevistados y entrevistadas, así como textos significativos para el desarrollo de este documento, mismos que consideramos importantes para generar inferencias reproducibles y válidas aplicadas a sus contextos para hacer énfasis en el sentido del texto de forma situada tanto política como socialmente.

Cabe resaltar que la motivación para escribir este artículo es haber presenciado hechos de violencia ocurridos a fines de 2019, tanto en nuestro territorio como en el lugar más usado para las manifestaciones: la Plaza Dignidad o ex Plaza Italia. Además, una de las investigadoras que colabora en el presente trabajo fue parte de la Comisión Octubre, lo que le permitió recolectar testimonios y conocer directamente los sentires y vivencias de los sujetos violentados. Por otro lado, ambas pertenecemos al Núcleo Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social, focalizado en el estudio de la labor y los artefactos elaborados en aquella Comisión, específicamente los vinculados a los derechos humanos.

Derechos humanos: enfoque de derechos en la disciplina y su contradicción

A lo largo de la trayectoria histórica del Trabajo Social en Chile y en Latinoamérica, se ha reconocido la “condición humana” como una de las piedras angulares de su intervención. Debido a esto, en una primera instancia, se resalta la preocupación sobre las condiciones de vida de las personas marginadas de la sociedad, los procesos de reeducación e higiene, así como la instauración de condiciones mínimas para su subsistencia (Castañeda y Salamé, 2014, 2019; Illanes, 2008; González, 2010), ligadas a la justicia social y a la dignidad: “Sostenemos que la pasión del oficio, el trabajo con los sujetos y el compromiso con la acción social es la raíz más profunda de la profesión y que esta se expresa en formas múltiples en la formación y ejercicio profesional” (Alwyn, Forttes y Matus, 2004, p. 29). Lo anterior funciona como sustento necesario para comprender la relación intrínseca que se construye entre el Trabajo Social y los derechos humanos a partir del documento de Araxá, el cual se firma dentro del contexto de reconceptualización en el año 1967 y distingue los presupuestos éticos y metafísicos de la disciplina, luego de un proceso de cuestionamiento en relación con su rol en la sociedad y la determinación de sus objetivos para el futuro (Morales, 2010).

Sin embargo, al observar el actuar de los Estados nación que se adhieren a la Declaración Universal de Derechos Humanos, particularmente Chile, consideramos que su reconocimiento no asegura su materialización debido, principalmente, a “una teoría de derechos sobre el hombre que no tiene en cuenta al hombre real, sino a un hombre abstracto que se ha inventado la filosofía, pero que tiene el inconveniente de no existir” (Mate, 2010, p. 243), pues su reconocimiento no se sitúa dentro de las relaciones de poder existentes que se insertan a través de los dispositivos construidos por la gubernamentalidad neoliberal: “Las realidades que enfrentan las mayorías empobrecidas del mundo y los abusos de poder que cruzan la historia de los pueblos, evidencian la insuficiencia de un discurso de derechos humanos que no parta de un análisis de las relaciones de poder” (Fundación Juan Vives Suriá, 2010, p. 14).

Esto ha significado que los intereses de los Estados nación jueguen un rol protagónico dentro de las relaciones de poder que se ejercen a la hora de respetar y garantizar los derechos humanos, ya que las acciones del Estado se ejecutan bajo la racionalidad de la gubernamentalidad neoliberal, que a su vez está al servicio del mercado. Como apunta Foucault, esto ha llevado a proponer “la libertad de mercado como principio organizador y regulador del Estado, desde el comienzo de su existencia y hasta la última forma de sus intervenciones. Para decirlo de otra manera, un Estado bajo vigilancia del mercado más que un mercado bajo la vigilancia del Estado” (López, 2010, p. 9).

Es así como éste jerarquiza los principios de la declaración, ya que, dentro de una sociedad basada en las dinámicas del mercado y en la que el mismo Estado ejerce una racionalidad neoliberal, protege aquella relación Estado/mercado, velando por ciertos puntos y negando otros:

la identificación de los derechos humanos con los sistemas políticos y económicos derivados de las revoluciones liberales –el Estado de derecho liberal, por un lado, y el capitalismo de mercado, por el otro– ha fundamentado el rechazo a las propuestas de transformación de las estructuras de poder que niegan derechos. (Fundación Juan Vives Suriá, 2010, p. 36)

Dicho esto, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde el Estado de Chile, tanto en el contexto de la Dictadura como dentro del estallido social, no se pueden entender como neutras ni de forma imparcial, ya que corresponden al ejercicio y la defensa de un tipo específico de gubernamentalidad (neoliberal) y la predominancia de su racionalidad a través de la fuerza desatada. De esta forma, se transgreden las diferentes convenciones sobre derechos humanos que el Estado chileno reconoce y ratifica; a pesar de que éstas funcionan de forma sustancial como autolimitación en torno a las acciones que despliega, en ciertos contextos específicos, sobre todo cuando se ve amenazada o vulnerada su racionalidad, operan como su oposición. Según Portinaro:

Es el campo económico el que sirve para juzgar la validez de la acción gubernamental, sustentando una crítica ya no político-jurídica sino mercantil, en la que el clásico laissez faire se invierte en la exigencia de no dejar hacer al gobierno, en nombre de una ley de mercado que permitirá juzgar y evaluar cada una de sus actividades (citado en López, 2010, p. 13)

Es así como el Trabajo Social se ha tenido que insertar dentro de dicha contradicción; sin embargo, gracias a sus pilares disciplinares basados en la justicia y en la dignidad humana, ha construido un quehacer profesional que se guía a través de la promoción y protección de los derechos humanos, interpelando las acciones del Estado y con ello su gubernamentalidad, independientemente del momento histórico donde éste los viole de manera sistemática y poniendo en jaque el statu quo de las relaciones de poder hegemónicas, cuestionando y construyendo métodos en los cuales esta interpelación genere una transformación en la sociedad.

Resistencia profesional del trabajo social en la Dictadura: registro de casos y violaciones a los derechos humanos

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, podemos comprender por qué durante la época de la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990) existieron personas cuyos derechos humanos fueron violados sin tener como respaldo la protección de una institución estatal; gente que fue brutalmente torturada, asesinada y desaparecida con la facultad del Estado chileno, que mantenía un “estado de dominación”; según Foucault, “la distinción entre relaciones de poder y estados de dominación es la que la presencia o supresión de la libertad ejerce como criterio de delimitación” (citado en López, 2010, p. 16). Según los ya mencionados informes Rettig y Valech, elaborados luego del término de esta dictadura, el número de víctimas directas del régimen fue de 31 686.

Este “estado de dominación” y sus repercusiones son el producto del interés de imponer un sistema económico, social y político, acorde a una visión neoliberal respecto a la economía, que despojó a muchos sujetos (sobre todo del sector más pobre y vulnerado que se organizó a escondidas como bloque de oposición política con lineamientos anticapitalistas) de sus derechos humanos, y, por ende, también de su condición de persona, perdiendo así su dignidad: “desde el momento mismo del golpe de Estado el tema de la violencia, particularmente la violencia política, se constituyó en un elemento central en el accionar de los militares y de aquellos sectores civiles que los respaldaron” (Monsálvez, 2012, p. 65).

La imposición de este sistema neoliberal se da por medio de una política estatal basada en la violencia política directa a los cuerpos y la limitación del ejercicio de la libertad, y se logra mediante una racionalidad gubernamental que abarca la implementación de una subjetividad que se construye a través de un discurso específico, entendiendo que este último, según Foucault, “no se limitan a construir ideas, sino también ‘el campo de objetos’ a través del cual se experimenta el mundo social” (citado en Healy, 2001, p. 57). Mediante esta política se instala el concepto de “enemigo interno”, que incluye a las personas que amenazan la construcción del bienestar integral de la nación que se busca imponer: “el enemigo interno podía ser cualquier persona, grupo o institución nacional que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos militares” (Leal, 2003, p. 75). Así se instaura un rechazo social generalizado hacia este “enemigo interno” nacional, identificándolo y eliminándolo por vía de la fuerza violenta; a esto le llamamos necropolítica: “el poder del que dispone el Estado para controlar la vida o muerte de su pueblo” (Gutiérrez, 2020, p. 110), empleando para esta finalidad tecnologías de explotación y destrucción corporal de manifestantes (Estévez, 2018), los que muchas veces terminan muertos; todo ello con el objetivo de acabar con todos los grupos y personas que puedan significar una traba para imponer dicho sistema: “El orden no es arbitrario. Parte sustancial en cada etapa fue instalar en la sociedad el miedo a ese enemigo, hacerlo presente, para luego sobre esa base legitimar las formas horrorosas, ilegales y violentas que desplegaron sobre nuestro pueblo” (Mosquera, 2017, párr. 2).

En este momento histórico, el encuentro entre el Trabajo Social y los derechos humanos se produce con claridad (Morales, 2010), ya que se hace radicalmente visible el compromiso de esta disciplina con la promoción y el respeto por éstos, según Gallardo: “Nunca antes hubo una acción profesional que necesitara reivindicar explícitamente, como sustento de su praxis, los derechos consagrados por la Carta Universal de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos” (citado en Morales, 2010, p. 184). Sin embargo, este encuentro se da de forma abrupta y sin precedentes históricos, lo cual genera que los y las profesionales adquieran la obligación de repensar el quehacer de su labor, convertir esta actividad en su principal preocupación y buscar dinamismo en sus prácticas (del Villar, 2016). Sobre todo, considerando que el impacto de este proceso y la experiencia de situarse en un contexto de represión, violencia, tortura y muerte llevaron a los y las trabajadoras sociales a actuar sin una planificación previa, pero con un gran sentido ético por la defensa de la dignidad a través de organismos como el Comité Pro Paz, del que destaca su trabajo organizado con la comunidad cristiana: la Vicaría de la Solidaridad, en el cual se desarrolla una relación directa entre las víctimas y las trabajadoras sociales y variadas instituciones ligadas a la Iglesia, entre ellas la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) (Morales, 2010).

Durante la época anterior a la dictadura cívico-militar chilena, la disciplina había pasado por un proceso de reconceptualización en el cual se desarrolló una crítica a la atención de casos debido a que ésta se caracterizaba por tener un sentido individual y el objetivo de normar a los sujetos bajo un contexto social con el fundamento de que este método reproducía las problemáticas propias de la estructura capitalista. Este tipo de atención, paradójicamente, fue utilizado a la hora de defender los derechos humanos en el contexto dictatorial, ya que en ese periodo histórico la intervención profesional estaba dirigida a recolectar y registrar casos y, a su vez, desencadenar una investigación sobre éstos con la finalidad de mantener informadas a las familias sobre sus detenidos desaparecidos: “En la práctica misma fuimos adquiriendo una conceptualización de los derechos humanos que se relacionó con la defensa de la vida y de la libertad de las personas” (González, 2010, p. 21). Otro objetivo, el más relevante para este artículo, era obtener evidencia de la existencia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ejercidas en la época dictatorial, la cual fue utilizada posteriormente en la transición a la democracia como denuncia documentada con el fin de encontrar algún tipo de justicia y “reparación”:

Fueron las viejas estrategias individuales asistencialistas de Trabajo Social, cuestionadas durante la reciente etapa de la reconceptualización sucedida a lo largo de la década de 1960, las que reaparecieron. [...] Así entonces, se desplegó la experiencia de atención asistencial hacia personas y familias afectadas por situaciones de violaciones a los Derechos Humanos (Castañeda y Salamé, 2019, p. 286)

A partir de este marco inicial de respuesta, en los años siguientes, se fueron conformando diversas organizaciones no gubernamentales, solidarias, de familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos a lo largo del país que, en conjunto, funcionaron como bloque de resistencia a la dictadura cívico-militar (Castañeda y Salamé, 2019).

Este quehacer profesional, si bien se adapta a las limitantes del ejercicio en la época, no es exclusivo del periodo, ya que vuelve a ejercerse en épocas donde el Estado, aun en democracia, viola de forma sistemática los derechos humanos. La historia se repite cuando, como profesión, se nos hace necesario rescatar la memoria de aquellos profesionales que se articularon en la época dictatorial chilena: “presupone tener una experiencia pasada que se activa en el presente, por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces a la intención de comunicarla” (Jelin, 2001, p. 9), lo cual tiene como efecto volver a repensar y cuestionar el quehacer profesional.

Estallido social: crisis sociopolítica del neoliberalismo chileno y conformación de la Comisión Octubre

Es así como este ambiente de represión y violencia sistemática ejercida por organismos del Estado, y con ello una profunda violación a los derechos humanos, se repite veinticinco años después en un contexto democrático. Desde octubre de 2019, luego de que el gobierno de Chile a cargo de Sebastián Piñera estableciera un alza en el precio del transporte público, se generó una indignación social que estalló en primera instancia entre los y las estudiantes de secundaria, quienes comenzaron una evasión masiva del transporte público: “‘Evadir, no pagar, otra forma de luchar’ fue la consigna que cientos de estudiantes coreaban a la entrada de las estaciones de Metro, desde el lunes 14 en adelante” (Garcés, 2019, p. 1). Esta indignación luego fue abarcando otros sectores de la población para posteriormente reflejarse en distintos tipos de manifestaciones, contexto que se sintetizó en masivas protestas que culminaron con el inicio de un estallido social, el día 18 de octubre:

tuvieron como detonante el gesto de un grupo de estudiantes secundarios saltando las barreras del Metro, llamando a evadir el pasaje en protesta por el alza del transporte público. Ello dio lugar a un conjunto heterogéneo de demandas, protestas, enfrentamientos, movilizaciones y violencias que en estas semanas han solido ser agrupadas bajo denominaciones tan diversas como estallido social, revuelta o crisis social. (Araujo, 2019, p. 9)

Este estallido social se expandió hasta tal punto que el pueblo comenzó a manifestarse en sus propios barrios y a ejercer una lucha situada en sus territorios. Estas protestas vienen a desplegarse como una crítica directa hacia la racionalidad gubernamental neoliberal que se implementó en la Dictadura y que se desarrolló durante los años de democracia: “la rabia acumulada por unas mayorías que viven cotidianamente la precariedad social y la desigualdad estructural que el neoliberalismo configuró, materializó y naturalizó en la sociedad chilena, desde la dictadura de Pinochet a la fecha” (Garcés, 2019, p. 1).

Es de esta manera como se empieza a instaurar de forma política el discurso sobre la desprotección que ha ejercido el Estado en la ciudadanía dentro del sistema neoliberal, como también la desconfianza social que existe hacia la política institucional acarreada desde el término de la dictadura cívico-militar, caracterizada por los múltiples casos de corrupción y la falta de políticas que pudiesen considerar las exigencias que provienen desde la ciudadanía:

Las dinámicas analizadas muestran una gran diversidad de tensiones subjetivas, sociales y económicas que durante largo tiempo han hecho sistema entre sí, permitiendo un estado de cosas admitido, tolerado e incluso legitimado. Situaciones estructurales que engendraron tanto frustraciones como expectativas, las que no puede decirse que hayan sido invisibles. De hecho: la gran mayoría siempre fue pública, pero no habían alcanzado a ser plenamente políticas. (Araujo, 2019, p. 10)

El estallido simultáneo de diversas manifestaciones sociales a lo largo del territorio chileno —lo que se leyó como una amenaza a las bases de la gubernamentalidad neoliberal— provocó que el Estado respondiera utilizando sus tecnologías represivas dirigidas hacia la corporalidad de los y las manifestantes y hacia la restricción de libertades personales mediante la implementación de un toque de queda; a la vez que se realizaban detenciones arbitrarias, disparos de perdigones al cuerpo, golpes, torturas y mutilaciones por parte de la policía de Chile. Estas acciones rememoraron directamente la violencia ejercida en tiempos de la Dictadura, reavivando la presencia del “estado de dominación”.

Lo anterior se hace evidente cuando leemos dos informes internacionales emitidos en noviembre de 2019, dos meses después de que estallaran las movilizaciones sociales en el país. La organización Amnistía Internacional (2019) señala que: “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”. Por su parte, el informe de Human Rights Watch (2019) reafirma lo señalado al destacar que: “Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos”.

Según la Fiscalía Nacional, se registraron veintitrés personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones sociales, cinco de ellas asesinadas en manos del aparato del Estado y dos mientras estaban detenidas en una comisaría (Fiscalía Nacional citada en Smink, 2019). Es necesario destacar que, en julio del año 2020, la Fiscalía Nacional de Chile dio a conocer su último reporte sobre violencia institucional ejercida dentro del marco del estallido social con datos que abarcan desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, señalando que fueron 8 827 los casos ingresados al sistema, de los cuales 1 362 eran denuncias de menores de edad, 24 de ciudadanos mapuches y 32 pertenecientes a la diversidad sexual. Respecto al género, 1 635 son mujeres, 7 183 son hombres y 17 víctimas no cuentan con información. Según se documentó, el lugar que cuenta con mayor cantidad de denuncias fue la vía pública con 6 397 casos, seguido por las comisarías, brigadas o recintos militares con 809, y por último el carro policial con 482 detenciones. De las detenciones, 6 291 son catalogadas como apremios ilegítimos, 1 911 abusos contra particulares, 704 otros delitos considerados como comunes, 388 casos vinculados a violencia sexual y 217 torturas. En torno a las consecuencias físicas, se registraron 3 342 lesionados por armas de fuego y 413 lesiones oculares. Finalmente, los carabineros tuvieron la mayor cantidad de denuncias con 6 626, al ejército le corresponden 323. En cuanto a los investigados por violación a los derechos humanos, 444 son por parte de carabineros de Chile, 30 por detectives y 13 en manos de militares (Fiscalía Nacional citada en Matus, 2020).

El contexto anterior conlleva a que se propaguen y construyan organizaciones tanto políticas como sociales por el país, con el fin de insertarse dentro de las relaciones de poder con el Estado, operando como resistencia, desestabilizando la relación Estado/población civil, como también para entregar ayuda médica a gente herida en las manifestaciones y denunciar la violencia estatal; ejemplo de ello es que tras los acontecimientos observados por los y las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Chile, las profesoras del mismo departamento comenzaron a expresar sus intenciones de “hacer algo” por aquellas personas a las que se les estaban vulnerando los derechos humanos en las distintas manifestaciones territoriales desplegadas a partir de la segunda mitad del mes de octubre de 2019, conformándose así la Comisión Octubre 2019. Sin embargo, el quehacer de la profesión sólo se concentró en recolectar testimonios en la quinta región y en la Región Metropolitana de Chile.

Este ímpetu por “hacer algo” responde a la responsabilidad política de la disciplina, tanto por la justicia como por velar que el Estado salvaguarde, respete y promueva los derechos humanos en todas las situaciones donde se vea involucrado. Esta ética disciplinar se puede observar en estudiantes de la disciplina:

fue súper rico encontrarse con otros estudiantes de Trabajo Social que […] nos mirábamos las caras por eso, por ser estudiantes de Trabajo Social y porque pensábamos que era necesario realizar algo en función del estallido, de la revuelta de octubre [...] esta eterna deuda que nosotros, o que algunas personas de la sociedad, concebimos como la deuda histórica en torno a los derechos humanos […] y tener nociones de la historia sobre los derechos humanos, sobre los registros, el rol profesional tener esto instalado en la memoria como una historia profesional y saber que de alguna forma siempre hemos estado ligados a los derechos humanos. (Entrevista a estudiante 1, integrante de la Comisión Octubre, agosto de 2020)

Al igual que en las profesoras del departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, las cuales se vieron interpeladas por el contexto de represión policial, sobre todo de acuerdo con su historia profesional vinculada con acciones de justicia y reparación de violación a los derechos humanos en la época dictatorial chilena, rememorando el actuar profesional y cuestionando las acciones represivas:

Y bueno en temas de derechos humanos había trabajado hace ya más de 20 años, a ver, como hace 25 años más menos, había trabajado en temas de derechos humanos con personas que habían sido violentadas por el Estado chileno en dictadura y que estaban exigiendo justicia, entonces los familiares de detenidos desaparecidos, con familiares también de ejecutados políticos, y prisioneros políticos, entonces siempre había tenido esta inquietud por el tema de los testimonios y la defensa de los derechos humanos. (Entrevista a académica 1, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020)

Posterior a ello, el 20 de octubre de 2019, se organizó una primera asamblea de estudiantes de Trabajo Social en la que se propuso divulgar el llamado a todos los y las estudiantes de la disciplina de la Región Metropolitana con la finalidad de coordinar y gestionar una iniciativa en conjunto como “estudiantes de Trabajo Social en la Región Metropolitana” (en esta instancia, asisten únicamente dos personas que provienen de universidades externas), en la que se llegó a la conclusión de que se deberían levantar diferentes propuestas que pudieran evidenciar la violencia institucional que se estaba ejerciendo en contextos de crisis social y que a su vez, apele a la autodeterminación de las personas, ocupando sus herramientas para que éstas plasmen sus experiencias

fue un llamado a una asamblea metropolitana de estudiantes de Trabajo Social que se realizó la semana siguiente al 18 de octubre en la cual asistimos súper poquitos, debimos haber sido cinco o seis estudiantes de Trabajo Social, tres de ellos éramos de la Chile y los demás me parece que eran del Humanismo Cristiano y de un técnico. (Entrevista a estudiante, integrante de la Comisión Octubre, agosto de 2020)

Paralelamente las académicas del Departamento de Trabajo Social, el día 21 de octubre del mismo año, se organizan en una asamblea en donde, al igual que en el caso de los y las estudiantes, se cuestionó el quehacer profesional:

con algunas otras profes habíamos estado conversando, incluso cuando empezaron las primeras cosas, con las primeras represiones, con las cosas de los metros, de saltarse, de evadir, como que ya habíamos conversado, que tendríamos que haber hecho, o sea, tendríamos que empezar a hacer en ese momento, cuando antes que viniera ya, esto del estallido y eso, testimonios de esa gente, que fue como reprimida al inicio, cuando empezó lo de los torniquetes. (Entrevista a académica 1, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020)

Posteriormente, el 22 de octubre se propuso un encuentro triestamental entre estudiantes y docentes de Trabajo Social de la Universidad de Chile, en el cual se dividió a las y los asistentes en dos comisiones: una comisión de Contrainformación, agitación y propaganda, y otra llamada Comisión Octubre, dedicada a recolectar testimonios que puedan reflejar las violaciones a los derechos humanos ejercidas por el aparato estatal en las manifestaciones sociales territoriales: “se hicieron algunas comisiones y entre ésas como la que me llamó la atención fue la de la Comisión Octubre” (Entrevista a estudiante 2, agosto de 2020).

De esta manera, tanto estudiantes como profesoras buscan, a través de esta organización, incidir en la relación de poder, construida entre Estado/sociedad civil y en sus discursos institucionales y hegemónicos, construyendo un camino alterno que legitime los testimonios y relatos de los protagonistas y receptores de la violencia estatal en manifestaciones.

Con base en estos lineamientos, surgieron una multiplicidad de tareas dentro de la comisión: en primer lugar, se puede observar la elaboración de un consentimiento que estuviera respaldado por una comisión de ética, todo esto con el fin de certificar que el testimonio era consentido y con pleno conocimiento de las personas entrevistadas, y, en segundo lugar, buscar el reconocimiento del Colegio de Trabajadores Sociales con la finalidad de establecer una relación colaborativa:

Asumimos primero la elaboración del consentimiento para el comité, para la firma de la autorización para los comités de ética, si bien no lo pasamos por el comité de ética de la FACSO [Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile] [dado el contexto de urgencia], como que seguimos todos los protocolos pensando que efectivamente esos testimonios podían ser usados. También asumí el rol de la coordinación con la Ana María [presidenta del capítulo de derechos humanos] que era nuestra contraparte del colegio de trabajadoras y trabajadores sociales. Y cada una además asumió su propia búsqueda de sus entrevistas y testimonios. (Entrevista a académica 2, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020)

Luego de ello, se empezaron a gestionar reuniones periódicas entre las personas dispuestas a participar en la Comisión Octubre, donde se repartieron consentimientos y grabadoras para ser utilizadas en cada entrevista. Un grupo se dedicó a recolectar y luego transcribir los testimonios, dividiendo a los integrantes de acuerdo con los territorios en los que vivían o que frecuentaban, para que posteriormente las profesoras sistematizaran la información:

Yo creo que la única labor que tuve que hacer era tomar testimonios y transcribirlos, y luego mandarlos a un correo en donde las profes estaban a cargo de sistematizar la información, pero era únicamente eso, y lo que sí como en la Comisión Octubre empezamos a participar por sectores, entonces nos dividíamos los sectores de acuerdo [a] donde vivíamos nosotros, lo que era igual [de] beneficioso para mí, porque igual me estaba organizando en el territorio. (Entrevista a estudiante 3, agosto de 2020)

Finalmente, encontramos una subcomisión en la cual profesoras y estudiantes seleccionaron testimonios para resumirlos y posteriormente construir narrativas que pudiera ser expuestas en redes sociales como método de denuncia pública:

Yo lo que pescaba era el testimonio, que hacían un resumen, algunas hacían la transcripción y otros hacían un resumen, y con ese resumen yo construía una narrativa, que pudiera ser exportable a un afiche que lo hacían otras compañeras, para poner en online, entonces hacía como las citas que sé que quería, que iban a ir en el testimonio. (Entrevista a académica 1, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020)

A través de los distintos roles que se formaron dentro de la Comisión, se lograron obtener en la práctica más de ochenta casos que evidencian la sistemática violación a los derechos humanos por parte de la fuerza represiva del Estado, esto se observa mediante los testimonios recaudados de detenciones violentas, torturas, heridas y mutilaciones con balines, entre otros.

Así, la puesta en práctica de las tareas en su conjunto se aleja de la neutralidad y se acerca hacia el campo de la política, validando experiencias percibidas como contrahegemónicas en relación con los discursos oficiales: “La recepción de palabras y actos no es un proceso pasivo sino, por el contrario, un acto de reconocimiento hacia quien realiza la transmisión” (Jelin, 2001, p. 15). Palabras que posteriormente se materializaron en productos específicos, concebidos, tomando las palabras de Elizabeth Jelin, como “vehículos de la memoria” o, para nosotras, artefactos de memoria:

La memoria, entonces, se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan “materializar” estos sentidos del pasado en diversos productos culturales que son concebidos como, o que se convierten en, vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, películas o libros de historia. (Jelin, 2001, p. 17)

Se puede observar que el método de recolección de testimonios utilizado en la Dictadura para registrar, y posteriormente denunciar, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del aparato estatal, hoy de nuevo ha marcado el quehacer de las y los estudiantes de Trabajo Social, como también de las académicas que forman parte de la Comisión Octubre, con la finalidad de registrar y denunciar de forma pública la violencia que ha ejercido el Estado chileno contra los y las ciudadanas que se movilizaron en el marco del estallido social; se usan nuevas tecnologías de registro y denuncia, pero tienen el mismo fin.

Reconocemos que los efectos y consecuencias de la dictadura cívico-militar que se ejerció en Chile entre los años 70 y 80 repercuten en las relaciones de poder actuales entre el Estado y la población civil, así, “lo de ayer tiene permanencia en el hoy, otorgándole sentido a los acontecimientos del presente” (Castañeda y Salamé, 2014, p. 9), por lo que también se establece una relación basada en la memoria con los y las trabajadoras sociales que ejercen su profesión en torno a los derechos humanos en la dictadura, debido a que hoy la memoria colectiva de la disciplina nos hace un llamado como estudiantes y profesionales para que, al igual que las trabajadoras sociales comprometidas con los derechos humanos en dictadura, busquemos una forma de transformar, a través de la elaboración de artefactos de memoria y denuncia testimonial, el ejercicio del Estado en momentos de crisis política y social:

La existencia de archivos y centros de documentación, y aun el conocimiento y la información sobre el pasado, sus huellas en distintos tipos de soportes reconocidos, no garantizan su evocación. En la medida en que son activadas por el sujeto, en que son motorizadas en acciones orientadas a dar sentido al pasado, interpretándolo y trayéndolo al escenario del drama presente, esas evocaciones cobran centralidad en el proceso de interacción social. (Jelin, 2001, p. 5)

Generando artefactos que tengan la capacidad de ser evocados en el presente y ser reinterpretados con la esperanza de que aquellos acontecimientos no vuelvan a ocurrir, construyendo nuevas formas de relacionarnos a través del respeto por la dignidad humana.

Trabajo Social y artefactos de la memoria: dictadura cívico-militar y estallido social chileno

Tal como describimos, en ambos periodos de la historia de Chile donde el Estado hace uso desmedido de su fuerza represiva con la finalidad de apaciguar y desestructurar las movilizaciones sociales para implementar y defender un tipo específico de gubernamentalidad neoliberal, los y las trabajadoras sociales han ideado formas con las cuales se puedan registrar y evidenciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estado, con el fin de que sean utilizadas posteriormente como registro de memoria y método para denunciar públicamente a las instituciones que han violado los derechos intrínsecos de la población civil.

En este caso, consideramos importante destacar que aquello que resulta del registro y su posterior materialización en un producto funcional en torno a la construcción de memoria y denuncia lo reconoceremos en el presente artículo como “artefacto”: “entendidos como productos o procesos que se construyen intencionalmente para modificar y representar una realidad determinada” (Lugo-Márquez, 2013, p. 37). Así cumple con el objetivo de ser una denuncia documentada; es relevante “entenderlos como prácticas sociales, políticas morales y técnicas complejas […] capaces de conectar aquello que es visible o perceptible (una escena represiva) con aquello que es enunciado (un relato)” (Bernasconi, 2018, p. 77). También se busca ser parte de la construcción de una memoria que se inserte en la historia colectiva tanto del país como de la disciplina en cuanto “se construye un conocimiento cultural compartido ligado a una visión del pasado” (Jelin, 2001, p. 16).

Dictadura y Trabajo Social: construcción de artefactos como método de memoria y denuncia pública

Para los y las trabajadoras sociales que ejercieron su rol profesional en la Dictadura, la construcción de artefactos que documenten relatos y testimonios significó, dentro del área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad, el primer acercamiento entre la institución y la experiencia de los sujetos que recurren a este espacio para declarar y denunciar:

Las asistentes sociales que trabajaron en el Departamento Jurídico llevaron adelante principalmente la labor asistencial y promocional vinculada a las víctimas de detención y tortura, sus familias y las familias de detenidos desaparecidos. Ellas siguieron siendo las encargadas de la recepción y primera entrevista a las víctimas y familiares y además continuaron asesorando a los grupos de familiares de Detenidos y Detenidos Desaparecidos. (del Villar, 2016, p. 98)

El primer paso para la construcción de estos artefactos se basó en la implementación de una entrevista de recepción de casos, la cual consistió en generar un archivo o carpeta del caso específico de la persona que llegaba a declarar; en esta carpeta se iban adjuntando todos los documentos que se recolectaban a través de una investigación de la persona afectada:

Las asistentes sostenían una entrevista individual con la persona afectada y elaboraban una ficha en la que se dejaba un registro detallado del caso. Para cada caso se abría una carpeta individual, en la que se iban reuniendo todos los antecedentes. Esta carpeta se iba engrosando con el pasar del tiempo porque normalmente las personas iban más de una vez, aportando nueva información con el tiempo. Con esa carpeta, las Asistentes Sociales iban donde los abogados. Les explicaban el caso y luego hacían entrar a la persona para que determinaran las acciones legales a seguir. (del Villar, 2016, p. 101)

Este proceso fue de gran utilidad, debido a que la entrevista se transformó en una herramienta fundamental para la obtención de información, en la cual se utilizan una gran cantidad de técnicas como la observación, la interpretación de la información recogida y las apreciaciones consignadas (Morales, 2010); con posterioridad estos registros dieron origen a un archivo que ha sido considerado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s. f.), cuyos objetivos consisten en clasificar y diagnosticar la situación de los individuos que concurren en este espacio, educar en derechos, motivar a que sigan participando en el espacio público, otorgar fines terapéuticos y registrar la denuncia; por ende, el proceso de registro no sólo tiene como finalidad mantener un registro escrito de la denuncia, sino que también buscaba involucrar a los sujetos en el proceso (Morales, 2010). Así, “el eje que sostiene este desarrollo es el vínculo que se establece entre el asistente social y la persona afectada; vínculo que se convierte en un instrumento central en el proceso de ayuda y acompañamiento que se inicia a partir de la construcción conjunta del diagnóstico” (Gallardo citado en Morales, 2010, p. 190).

Dentro del proceso de denuncia, la labor de los y las trabajadoras sociales fue agrupar estos registros en tópicos diferidos que especificaban el problema central de la denuncia, generando una labor organizada. En ese momento, este artefacto tuvo dos objetivos: por un lado, registrar a nivel subjetivo, lo que vivían las personas y, por otro, tenían un valor histórico (denuncia en el presente y archivo histórico del proceso) para comenzar un proceso de conocimiento y reparación (Morales, 2010).

Es así como se crean diferentes propuestas y comisiones que tienen la finalidad de utilizar los testimonios que reflejan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos como denuncia documentada. Un ejemplo de ello, tal como se menciona en el primer apartado, es la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990), que recogió y recopiló testimonios relacionados con víctimas que murieron, tanto ejecutadas como desaparecidas, con el fin de esclarecer y visibilizar la realidad en la que vivieron muchas personas en este momento histórico. En él participaron siete trabajadoras sociales, organizando los archivos, y una gran variedad de profesionales en la recopilación de información que provenía de las entrevistas a familiares directos de las víctimas de la dictadura, con el objetivo de que pudieran aportar información relevante a la indagación. Al recopilar información únicamente de víctimas con resultado de muerte, se deja afuera a una gran cantidad de víctimas que también fueron afectadas y que tenían como derecho la reparación estatal. Debido a esto, surgió la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en el año 2004; en ella, los trabajadores sociales se organizaron en conjunto con abogados y estuvieron encargados de organizar y realizar la atención pública (Morales, 2010).

De esta forma, como explica Sánchez, “la denuncia fue considerada como parte de la intervención profesional. En este caso, la denuncia ha sido sustentada en pruebas serias y documentadas” (citado en Morales, 2010, p. 199) que se pudieron utilizar posteriormente, por un lado, como denuncia y por otro como memoria, interpelando a los y las profesionales de la disciplina en relación con los derechos humanos, como también haciéndoles entrega de grandes aportes con relación al ejercicio profesional:

A fin de atesorar el valor de los aprendizajes de la acción social realizada por Trabajo Social en el campo de los Derechos Humanos, comenzaron a producirse importantes procesos de reflexión profesional y de sistematización, destacando en el periodo los esfuerzos realizados por el Colectivo de Trabajo Social conformado a contar del año 1981, que tradujo su proceso de análisis de la realidad nacional y el aporte profesional a la publicación especializada denominada Apuntes de Trabajo Social que se editó durante esa década. (Castañeda y Salamé, 2019, p. 289)

De esta manera, se genera un relato colectivo desarrollado a través de la documentación, formado por trabajadoras y trabajadores sociales, sobre un proceso histórico: “justo allí donde la significación parece tomar un apoyo mudo sobre sílabas insignificantes, hay siempre una denominación dormida, una forma que tiene encerrada entre sus paredes sonoras el reflejo de una representación invisible y, por ello, imborrable” (Foucault, 1968, p. 108); así, se logra un aporte significativo al enfoque de derechos humanos en la disciplina, tal como lo menciona Morales (2010):

se posibilita una nueva lectura de los derechos humanos, en la perspectiva de ampliar su consideración más allá de la protección de garantías individuales, a fin de situarlos como una preocupación de la sociedad toda por mejores condiciones de vida, lo que demanda transformaciones estructurales que permitan la concreción de valores como la dignidad, la igualdad y la libertad, tres pilares fundacionales de los derechos humanos a lo largo de la historia. (p. 200)

Así como Castañeda y Salamé (2019):

La memoria colectiva de Trabajo Social rescata estas experiencias como testimonios invaluables de compromiso social y de aprendizajes profesionales que aportan en la resignificación directa de la dimensión ética de la profesión, enriquecida a partir de la incorporación explícita de los Derechos Humanos en su desempeño cotidiano. (p. 285)

En este artículo, estos archivos adquieren la denominación de “artefactos”, en tanto que permitieron develar prácticas represivas al vincularlas con un relato individual y, al mismo tiempo, con un hito colectivo, denunciando de forma nacional e internacional actos que el Estado dictatorial de esa época negaba, y actuando también como resistencia (Bernasconi, 2018).

La creación de artefactos se posicionó como una micro-práctica política que podía impactar en las prácticas oficiales: “La propia gestión cotidiana de los procesos de registro y asistencia de la población afectada está impregnada de valuaciones que son también micro-prácticas políticas: definiciones, descripciones y categorizaciones, clasificaciones de víctimas, victimarios, entre otras” (Bernasconi, 2018, p. 77).

Artefactos en un contexto de nuevos recursos tecnológicos

Los artefactos que nos brindaron las trabajadoras y trabajadores sociales, tanto de la época dictatorial como las de los primeros años del retorno a la democracia, se presentan, hoy más que nunca, a través del ejercicio profesional que ejercen estudiantes y profesionales que pertenecen a la Comisión Octubre. Debido a que nos encontramos nuevamente en un contexto de violación sistemática a los derechos humanos, se vuelven a idear y proponer nuevas formas de construir artefactos, con el fin de registrar y documentar las experiencias y relatos de las víctimas de la fuerza estatal dentro de las manifestaciones del estallido social; también se sigue el objetivo de impactar en la memoria colectiva del país mediante la denuncia documentada “para fijar ciertos parámetros de identidad (nacional, de género, política o de otro tipo) el sujeto selecciona ciertos hitos, ciertas memorias que lo ponen en relación con ‘otros’” (Jelin, 2001, p. 7).

Este desafío fue abordado desde un contexto histórico que, si bien tiene similitudes como el ejercicio hegemónico del poder desde un Estado que impone y defiende una gubernamentalidad neoliberal, también tiene diferencias, pues el espacio-tiempo es distinto, comprendiendo que, “si bien todo proceso de construcción de memorias se inscribe en una representación del tiempo y del espacio, estas representaciones —y, en consecuencia, la propia noción de qué es pasado y qué es presente— son culturalmente variables e históricamente construidas” (Jelin, 2001, p. 6), además de las diferencias que genera el desarrollo tecnológico que caracteriza a cada época. El uso de la tecnología en el presente tiene como efecto el buen manejo de nuevas herramientas y recursos para construir y difundir artefactos que reflejan la realidad que quiere ser representada. Es así como, tanto estudiantes como profesores pertenecientes a la Comisión Octubre, se tuvieron que enfrentar a este desafío tecnológico, utilizando las redes sociales como la principal plataforma de denuncia:

Las redes sociales, en varios fenómenos han posibilitado incluso movimientos sociales, cuando hay mayor control estatal y mayor persecución política, social, institucional; las redes sociales logran penetrar o filtrar esos controles, entonces, creo que las alternativas como de acción colectiva la podemos hacer usando los medios que podemos y casi todo el mundo puede disponer de las redes, entonces, creo que es la manera nomás para poder hacerlo. (Entrevista a académica 1, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020)

Se utilizan Instagram, Facebook y Twitter como recursos a la hora de construir artefactos que visibilicen y documenten estas situaciones. En primer lugar, debido a que tienen una afluencia de público masiva, lo que permite que una gran cantidad de población pueda acceder a la información:

Había días que se visualizó mucho sobre todo en Twitter y en Instagram, bueno en Facebook también sobre todo al inicio, cuando fue más cruda la represión, en enero empezó a bajar sí, pero yo creo que en octubre, noviembre y diciembre, o sea, hasta antes de la Navidad, estaba súper visitada esa página. (Entrevista a académica 1, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020)

En segundo lugar, al ser redes sociales masivas, se logra que la información pueda circular en el espacio virtual como artefacto de memoria:

La red social te sirve como para que la información circule y al mismo tiempo a la gente que la usa también la hace circular, entonces yo creo que en un contexto de estallido y de específicamente como de derechos humanos y violación de derechos humanos como que también sirve para eso como un poco, lo que decía en denante como para mostrar que las cosas están pasando. (Entrevista a estudiante 3, integrante de la Comisión Octubre, agosto de 2020)

En tercer lugar, las redes sociales logran evadir los controles estatales que se caracterizan por reprimir y coartar ciertas verdades que exponen y amenazan a la gubernamentalidad neoliberal, como serían en este caso las violaciones a los derechos humanos en manos del aparato represivo del Estado. Por lo tanto, las redes sociales se perciben como un espacio libre de control social directo, donde se puede divulgar información alternativa a la que los medios de comunicación oficiales exponen:

Cuando hay mayor control estatal y mayor persecución política, social, institucional, las redes sociales logran penetrar o filtrar esos controles, poder reunirse, o sea, por ejemplo, la Primavera Árabe, todo el movimiento de los indignados a nivel internacional fue posible a través de las redes, o sea, no eran convocatorias como muy institucionales, entonces creo que el poder de las redes es que en el fondo puedan evadir de otra manera, de alguna manera esos controles que son como muy evidentes en ciertas comunidades. (Entrevista a académica 1, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020)

Por lo tanto, la misma población busca informarse por estas plataformas, ya que puede acceder a la información de forma simultánea al hecho que está ocurriendo, sobre todo cuando se utilizan imágenes o videos, ya que respaldan una información que es divulgada de forma alternativa y que de otra manera quizás no hubiesen conocido:

Es cosa de meterte cinco minutos a Twitter, o cinco minutos a Instagram para que tú te des cuenta de que esto está sucediendo y es sistemático y ahí está la información, darle como veracidad un poco a los hechos y cómo apoyar un poco a esa veracidad. (Entrevista a estudiante 3, integrante de la Comisión Octubre, agosto de 2020)

En cuarto lugar, las redes sociales permiten que los testimonios que funcionan como artefacto de denuncia pública circulen de forma rápida, lo que conlleva una repercusión en la realidad que muestran los medios de comunicación oficiales:

Al ser muy instantáneo uno puede publicarlo mucho, compartirlo, que sé yo, más gente lo comparte, y no sólo eso, que se visibilice, sino que al ser muy compartido [...] los medios de comunicación hegemónicos también tienen que dar una respuesta sobre eso, entonces se difunde aún más y se ponen ciertos límites. (Entrevista a estudiante 4, julio de 2020)

Por último, encontramos que las redes sociales al ser masivas pueden hacer circular la información hasta llegar a mano de otras comisiones y medios de comunicación afines, permitiendo que se puedan formar redes de organización y difusión, lo cual resulta positivo para la divulgación de los artefactos que construye:

Entonces yo creo que fue una combinación de las dos cosas, de lo online, que yo creo que igual facilita y llega a más gente que no salía a lo mejor “po” o que no “cachaba” [no conocía] lo que estaba pasando y eso, y también incluso nos contactaron medios de comunicación, extranjeros, nacionales; nos llamaron a algunas comisiones de información, por ejemplo, no sé, vino gente de la Comisión de Derechos Humanos Internacionales, y nos llamó, sabía de la comisión, nos llamó a testimoniar digamos, lo que habíamos recogido, eso gracias a las redes, porque yo creo que no, no nos habrían conocido de otra manera. (Entrevista a académica 1, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020)

Sin embargo, el uso de las redes sociales no está exento de conflictos ni dificultades, sobre todo si consideramos que el uso de ellas implica un manejo tecnológico específico, lo cual evidencia la brecha generacional existente entre las profesoras y las y los alumnos participantes de la Comisión Octubre. Las profesoras mencionan que uno de los mayores problemas con los que se encontraron al momento de utilizar estas plataformas es el buen manejo de ellas: “no sabían, por ejemplo, cómo se publicaba de Instagram a Twitter, esas cosas como más técnicas” (Entrevista a académica 2, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020). Siguiendo esta misma línea, uno de los estudiantes entrevistados menciona la complejidad de construir una publicación atractiva que sea eficaz para masificar la información, principalmente si consideramos que la violación a los derechos humanos está lejos de caracterizarse por ser un fenómeno atractivo, lo que es un conflicto, comprendiendo que las publicaciones funcionan con una cierta estética definida, por lo que los testimonios no son suficientes por sí mismos:

Yo creo que la mayor dificultad es que como tiene que lo que más pega es como lo más instantáneo o lo más como atractivo quizás videos, a veces más fuerte o qué sé yo, como siento que de repente los testimonios no tenían tanto alcance por sí solos […] creo que ahí están las dificultades, como la necesidad de tener mucha gente siguiéndote, qué sé yo, y, de hacer un material que sea atractivo porque es loco, porque tampoco es que la violación a los derechos humanos sea atractiva entonces ¿cómo “entregai” la información respetando a las personas y a la vez que la gente como que le llegue lo que está pasando también? Como que es un poco difícil. (Entrevista a estudiante 4, integrante de la Comisión Octubre, julio de 2020)

Desde este cuestionamiento, la Comisión Octubre busca formas de construir un relato que sea atractivo visualmente, que pueda captar la atención de las y los usuarios de estas tecnologías y que genere un mayor alcance con su difusión, lo que lleva a construir plantillas y cómics para exponer un extracto de algún testimonio recolectado:

Al principio empezamos a ponerlas, pero eran un poco feas, y no, la gente no las leía, era muy largo, entonces, con esas plantillas, fue como la primera dificultad [...] luego ya una diseñadora nos hizo unas y con esas fuimos, nos hizo varias en realidad, y con esa íbamos pegando el testimonio ahí. (Entrevista a académica 1, integrante de la Comisión Octubre, junio del 2020)

Teniendo en consideración lo anterior, estos relatos tienen la característica de ser anónimos con la finalidad de resguardar la identidad de las y los sujetos receptores de la represión estatal, en conjunto con la descripción del espacio físico y las características generales de las y los sujetos:

La identificación de las personas que correspondía, porque muchos casos eran anónimos y a esos les poníamos NN, el género de la persona, pudiendo ser anónimo, podía ser masculino o femenino, en general en una lógica muy binaria, la edad, a ver si estaba sin información, el lugar de los incidentes, en general, eran comunas, pero también emplazamientos específicos como el Metro Laguna sur, Plaza Italia [bautizada como Plaza de la Dignidad durante este periodo]. (Entrevista a académica 2, integrante de la Comisión Octubre, junio de 2020)

Finalmente, pese a las dificultades expuestas sobre el uso de las redes sociales, éstas no se pueden obviar a la hora de construir artefactos de denuncia pública que busquen repercutir en la visión histórica que ha enmarcado a la policía como una entidad protectora y segura, mientras que ha reproducido violencia de forma sistemática:

Nosotros exhibíamos sus extractos de testimonios, que hacían problematizar la forma en la que la policía trataba a las personas, siempre intentando resguardar la identidad de las personas entrevistadas, como en caso de represalias o cosas así, pero también porque al final lo que importaba era el contenido, este cuestionamiento a las formas de tratar que tienen los “pacos” [la policía], y siento que en ese caso, en el caso de la Comisión Octubre, fue muy relevante porque fue la forma en la que pudimos visibilizar lo que estaba pasando ese momento, entonces, sobre todo actualmente, que la gente al menos puede estar una hora al celular al día, entonces utilizar eso para denunciar y para visibilizar lo que está ocurriendo, yo creo que, ¡pucha! es una gran herramienta la verdad, una gran herramienta. (Entrevista a estudiante 2, integrante de la Comisión Octubre, agosto de 2020)

Las redes sociales constituyen una forma masiva de comunicación en Chile, por lo que funcionan como un nuevo recurso y herramienta para difundir artefactos de memoria y denuncia que impacten en la relación Estado/sociedad y que disputen la información hegemónica expuesta por los medios de comunicación.

Actualmente la Comisión Octubre no se dedica a recolectar testimonios ni tampoco a construir artefactos de denuncia; desde marzo de 2020 se conformó como núcleo de investigación de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile; desde ese espacio se construyó este artículo. Sin embargo, nosotras esperamos que la Comisión Octubre vuelva a recolectar y divulgar testimonios sobre violaciones a los derechos humanos en Chile, aun en tiempos donde no esté presente el estallido social, ya que creemos necesario cuestionar las relaciones de poder entre la población civil y los aparatos del Estado en todas las esferas de la sociedad y, con ello, la gubernamentalidad neoliberal, pues observamos que la violación de los derechos humanos en Chile se aplica de forma sistemática, aun en situaciones donde la población ha normalizado esta vulneración. Todo esto con la finalidad de generar artefactos de denuncia y memoria, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Conclusión

Tal como lo expusimos a lo largo del artículo, el contexto histórico en el que se construyen los artefactos difiere, sobre todo, por el crecimiento desmedido de la tecnología y de las redes sociales. Los recursos y las herramientas con las que contó la disciplina en ambos momentos son diferentes. Por un lado, encontramos que en la Dictadura se hizo uso de archivos y registros, recolectados a través de la atención de casos para la denuncia pública materializada en los informes de ejecutados políticos y torturados; ejemplo de ello es la Imagen 1.

Mientras que, en el contexto de estallido social, se utilizó la recolección de testimonios derivados de archivos computacionales; la denuncia es difundida a través de las redes sociales, por lo que es necesario incorporar estrategias para que concuerden con la estética de cada plataforma, tal como lo muestra la Imagen 2.

En las redes se puede acceder a información no hegemónica; además, éstas operan como un artefacto que instala y masifica los relatos y experiencias de aquellos sujetos que protagonizaron las manifestaciones y que fueron receptores de la violencia policial. Ambos artefactos actúan como tecnologías que nos permiten vincular los dos procesos históricos bajo la necesidad de un quehacer profesional sensible con el entorno social, sobre todo en contextos de crisis política y social.

En la actualidad, las redes sociales funcionan como un recurso que permite visibilizar de forma masiva las violaciones a los derechos humanos de tal forma que sean divulgadas como una denuncia pública, exponiendo verdades que rebaten las que son promovidas por los medios de comunicación oficiales como discurso hegemónico. Considerando lo anterior, se hace importante vislumbrar que los recursos y herramientas con las que cuenta la profesión a la hora de construir artefactos de denuncia pública y memoria tienen como desafío el uso y manipulación de estas redes y que, si bien pueden traer retos que antaño no existían, tienen múltiples beneficios sobre cómo se recolectaban y divulgaban los registros tanto en el periodo de la Dictadura como en la transición a la democracia. Es por esto por lo que las trabajadoras sociales del presente han tenido la valentía y la disposición de aceptar este desafío, adaptándose a estas nuevas tecnologías digitales, con tal de visibilizar todos los actos que se cometen en contra de los derechos humanos y la dignidad intrínseca que poseemos los y las ciudadanas, impulsando valiosas intenciones de transformación y memoria con la finalidad de que no se olvide la deuda histórica que tiene Chile con los derechos humanos.

Es necesario destacar que este artículo reconoce y valora de manera profunda el ímpetu por el quehacer profesional del Trabajo Social en contextos de crisis social, política y económica, tanto en la Dictadura como en el presente, ya que busca de manera exhaustiva métodos, herramientas y recursos que puedan reivindicar los derechos de las y los sujetos, aportando a la construcción de una disciplina que promueve y defiende el respeto de todos los seres humanos de manera transversal. Además, hemos evidenciado cómo el Trabajo Social (como lo refiere del Villar, 2018) es una profesión que depende del contexto sociohistórico en el que interviene, siendo una profesión dinámica, reflexiva y con un sentido sumamente ético independiente del contexto donde se sitúe. Por lo que consideramos que este artículo no sólo tiene la función de caracterizar y distinguir los artefactos construidos por las trabajadoras sociales en los dos periodos de tiempo, sino que también es un precedente del quehacer profesional en contextos específicos donde el Estado ejerce la violación a los derechos humanos de los ciudadanos.

Para finalizar, consideramos que este artículo es un aporte a la memoria colectiva de la disciplina de Trabajo Social, en tanto que nosotras, partícipes de la profesión, dejamos de manera escrita la forma en la que se articula una organización (la Comisión Octubre) en contexto de violación sistemática a los derechos humanos y cómo ésta construye artefactos de denuncia y memoria que puedan impactar en la historia institucional, independientemente de cuándo sea leído y reactivado este artículo. Desde ahí hacemos una conexión entre la memoria que se gestó y que aún sigue viva en las trabajadoras sociales que tuvieron que emprender y mantener su lucha en un contexto lleno de dificultades nuevas y sumamente complejas en época de dictadura, y luego en pos de defender y promover los derechos humanos con la memoria que se gestó desde el estallido social del 18 de octubre de 2019. Todo esto con el fin de mantener una memoria que pueda servir para un futuro incierto pero probable.

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Notas de autor

Información adicional

Agradecimientos: Agradecemos al Proyecto Comisión Octubre —enmarcado en el núcleo de investigación y desarrollo Diversidad y Género: abordajes feministas interseccionales, del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile—, a sus integrantes, a nuestras amigas, amigos y familia por el apoyo, por la guía y lo enseñado a lo largo de todo el proceso, en tropiezos y avances dentro de un contexto de pandemia social y una profunda crisis sociopolítica en el país.