Introducción

La Providencia es uno de los 1 132 recintos de detención y tortura reconocidos por el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en Chile (2004). Está ubicado en la región de Antofagasta, en el norte de Chile. A comienzos de los 1900, este inmueble era un pensionado a cargo de religiosas; en 1973, una vez perpetrado el golpe de Estado, fue ocupado ilegalmente por Carabineros de Chile (la policía chilena) y utilizado hasta 1986 como centro clandestino de detención. Luego de eso, y hasta la actualidad, Carabineros ha usado el edificio como Escuela de Suboficiales.

En 2014, iniciamos una investigación y diversas acciones vinculadas al recinto con el fin de declararlo “sitio de memoria”.

Éste fue el origen de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia (Agrupación Providencia) de Antofagasta, compuesta por ex detenidos y detenidas del recinto, familiares de ex presos y de ejecutados de la dictadura y algunos que no tenemos vínculo biográfico con la represión de la dictadura.

Al día de hoy, este sitio es el único en Chile que se encuentra en ocupación parcial por un colectivo de memoria y por fuerzas armadas y de orden en un radio urbano. Mientras es usado por Carabineros para la formación de suboficiales, su ocupación parcial como sitio de memoria se materializa en visitas masivas de escolares y público en general, mediadas por la Agrupación, además de actividades culturales y conmemorativas con el permiso de altos mandos de Carabineros.

El objetivo de este artículo es indagar en la relación de los miembros de la Agrupación Providencia con los registros de la violencia política estatal y sus prácticas de afectación, en tanto relaciones postsanguíneas (Sosa, 2018). De este modo, analizo la formación de la Agrupación y planteo que instaura una nueva forma de filiación que cuestiona el derecho sanguíneo, establecido alrededor de las batallas de la memoria, por medio de conjuntos de prácticas y relaciones de una generación de miembros nacidos entre 1986 y 1993.

La pregunta guía del artículo es: ¿qué lleva a actores que no tienen lazos de filiación sanguínea a participar en una agrupación de memoria? Específicamente, me interesa entender cómo es que actores que no tienen un aparente lazo sanguíneo o familiar adoptan una demanda política que ha sido normada por el derecho sanguíneo, y cuál es el rol de los registros de violaciones a los derechos humanos en estas relaciones.

Para esto, analizaré tres conjuntos de afectaciones: i) el acercamiento a experiencias del golpe de Estado y la dictadura por parte de estos miembros, ii) las formas relacionales que se originan en el grupo y iii) la forma en la que la filiación y subjetivación de estos miembros ha sido mediada por el encuentro con registros de la violación a los derechos humanos durante la dictadura.

A partir del análisis, sostengo que los registros de la violencia política, es decir, documentación asociada a violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar chilena, operan como un dispositivo de afectación en el proceso de filiación política postsanguínea.

Un asunto familiar

Durante la dictadura cívico-militar, se crearon agrupaciones de ex presos políticos, de familiares de presos políticos y de familiares de ejecutados y de detenidos desaparecidos. Estas agrupaciones nacieron al alero de organismos de derechos humanos, impulsadas principalmente por las trabajadoras del departamento jurídico-asistencial de la Vicaría de la Solidaridad y los partidos políticos a los que pertenecían los presos políticos o afectados por la represión política dictatorial.

Terminada la dictadura, si bien las organizaciones de derechos humanos continuaron su labor durante algunos años, las agrupaciones de víctimas y de familiares de víctimas pasaron al centro del debate. Durante la dictadura, su demanda se centró en la denuncia y búsqueda de personas desaparecidas, haciendo frente a la negación de estos crímenes mediante la búsqueda, identificación y denuncia de los centros de detención donde permanecieron en cautiverio. En la posdictadura, la demanda de estas agrupaciones se reorientó a la obtención de verdad y justicia. El Estado transicional reconoció la violencia política por medio de comisiones de verdad (1991, 1993, 2004, 2011) y estableció una política de reparación mediante la Ley N° 19.123, (1992, 31 de enero) la creación de un Programa de Derechos Humanos a cargo del Ministerio del Interior —actualmente a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos—, que entrega asistencia jurídica a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos; contempló, además, una reparación simbólica mediante marcas en la ciudad con el fin de conmemorar hitos y a víctimas de la dictadura con la construcción de memoriales, monumentos, cambio de nombres de calles, renombre de plazas o inmuebles (Díaz y Gutiérrez, 2008).

La categoría de víctima construida por la Comisión de Verdad y Reconciliación durante el gobierno de Patricio Aylwin ha sido ampliamente criticada, dado su acotamiento a personas que no pueden hablar sobre el pasado violento: asesinados y desaparecidos (Richard, 2010), así como por las restricciones legales de no dar a conocer a los responsables de los crímenes (de Cock y Maturana, 2014).

Los “beneficios” otorgados por medio de la promulgación de la ley fueron graduados de acuerdo al tipo de vínculo de parentesco con la víctima. Con esto, las y los familiares dejaron de ser sólo opositores al régimen de la dictadura o activistas de derechos humanos y se transformaron en una categoría jurídica asociada a la política de reparación estatal: “familiares de víctimas a que se refiere el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile), lo que ha permeado la conformación de agrupaciones en distintos puntos de Latinoamérica durante sus posdictaduras. Esta forma de entender los lazos sanguíneos en las agrupaciones de memoria y derechos humanos es analizada en Argentina por la antropóloga Virginia Vecchioli (2017), quien acuñó el término “familismo” para designar la forma de legitimación que ha adquirido el vínculo de parentesco o la propia experiencia de la violencia para hablar del periodo dictatorial. Esto ha generado una participación “estratificada” en el debate de la memoria donde “las razones ideológicas, políticas o éticas [de miembros de agrupaciones] no tienen el mismo poder justificatorio [que el lazo familiar], excepto ‘acompañando’ las demandas de los ‘afectados directos’” (Jelin, 2017, p. 199).

Para el caso chileno, la política estatal de reparación delimita quién puede o no hablar de la violencia política, siendo el familiar el actor legítimo para establecer relaciones o demandas en torno al pasado dictatorial. Por otro lado, las agrupaciones han delimitado su entorno a familiares o víctimas directas de la represión.

El derecho sanguíneo o saber testimonial opera también en las agrupaciones que gestionan ex centros de detención política y tortura en Chile. Hasta 2017 todas las solicitudes para constituir como Monumentos Nacionales los inmuebles que fueron centros de detención política y tortura fueron ingresadas por agrupaciones de sobrevivientes o familiares de ex detenidos y detenidas (Bustamante, 2016). Manuel Guerrero (2014) ha planteado que hay un desplazamiento desde la autoridad que establece el saber experiencial al momento de tomar decisiones dentro de las organizaciones, hacia el saber profesional o técnico que traen nuevas generaciones; aun así, como argumentan Loreto López y Ana Gugliemucci (2019), para el caso chileno y argentino, esta exclusividad de familiares y sobrevivientes en la gestión de los sitios de memoria ha puesto en tensión y dificultado la legitimidad del saber profesional en la narrativa de los espacios. A la fecha, en Chile, han surgido tres organizaciones a partir de procesos investigativos no relacionados con un vínculo de parentesco con sobrevivientes o víctimas de la represión dictatorial: la Casa Museo y Memoria Neltume —a cargo de la declaratoria del ex Complejo Forestal y Maderero Panguipulli—, la cual nació a partir de una exposición sobre la industria maderera y las organizaciones vinculadas a ella, organizada por estudiantes egresados de Periodismo e Historia de la Universidad Austral de Chile; la ex Clínica Santa Lucía, conformada en un proceso de investigación y visibilización por parte de una abogada y una profesora que convocaron a sobrevivientes del lugar, y La Providencia en Antofagasta, que surgió de un proceso paralelo de marcación del espacio por jóvenes en la ciudad y la tesis de pregrado que realicé para titularme como sociólogo en 2014. Esta forma de aglutinamiento marca una diferencia con respecto a la de otras organizaciones de sitios de memoria que han surgido por el peligro de destrucción de los recintos que fueron ocupados como centros de detención —tal es el caso de José Domingo Cañas en 2002—, u organizaciones conformadas por activistas familiares o sobrevivientes de los lugares, que buscan establecer marcas memoriales —como el caso de la Agrupación Metropolitana de ex Prisioneros Políticos, que gestiona el sitio de memoria del Estadio Nacional.

La socióloga Cecilia Sosa (2012, 2017, 2018, 2019) argumenta que el duelo y la pérdida generaron nuevas formas de filiación política en la posdictadura argentina. A partir de los quiebres familiares que provocó la violencia estatal al desaparecer y asesinar a miles de personas y al apropiarse de hijos de prisioneros, Sosa se pregunta cómo se establecen formas de transferencia de la memoria del pasado y del duelo colectivo, más allá de la transmisión intergeneracional del trauma, hacia formas filiales ampliadas no determinadas por la sangre. A esto le llama filiaciones “postsanguíneas” (2018), formas de parentesco que han sido reelaboradas a partir de los efectos de la violencia política estatal en una familia ampliada que incluye, para su caso de estudio, al nieto/hijo recuperado, su familia biológica representada en integrantes de Abuelas o Madres de Mayo y la familia de crianza. El acercamiento o lazo entre las distintas familias (biológica y de crianza) es una elección que no depende de la consanguineidad, sino de la elección política y afectiva de sus miembros. En este sentido, el lazo postsanguíneo corresponde a una forma de identificación entre personas que no está condicionado por lo biológico sino por elecciones de sus miembros.

La filiación sanguínea en las agrupaciones sobre sitios de memoria, si consideramos la forma familista de entenderlas, surge por defecto: el hijo o nieto o bisnieto de una víctima de la violencia estatal perpetua, la política de memoria y derechos humanos; y forma parte de la demanda en inscripciones públicas. Esta premisa supone un revestimiento identitario de la sangre, cuestión que, a mi parecer, la antropóloga Elizabeth Imaz (2018) —quien se ha dedicado a estudiar nuevas formas maternales y parentales— desmitifica al referirse a la popular frase “sangre de su sangre” planteando que:

Aunque es una obviedad conviene recordar que esta alusión a la sangre es una metáfora y que nadie, propiamente hablando, comparte la sangre de nadie, ni recibe sangre de nadie. Incluso en el vínculo íntimo del feto y la gestante, las sangres no se transmiten ni se mezclan, es el feto quien genera la propia a través de su placenta. En sentido estricto, únicamente en la transfusión sanguínea podemos afirmar que la sangre se transmite, acto que, curiosamente, no produce vínculo sanguíneo. (p. 111)

Para el caso de hijas e hijos de detenidas y detenidos desaparecidos en Argentina, Gabriel Gatti (2011) argumenta que no existe una relación determinista entre la víctima y sus parientes sanguíneos. Por medio de entrevistas, el sociólogo describe una relación que se consolida en una parodia seria, desobediencia respetuosa y acatamiento distanciado del mandato sanguíneo que se les ha impuesto como “familiares de”.

Si asumimos que la alusión a lo sanguíneo es una metáfora —dado que, como explica Imaz (2018) a propósito de los vínculos maternales y parentales, en la práctica, las sangres no se transmiten y no conllevan un vínculo identitario—, integrar una agrupación de memoria y defensa de los derechos humanos no está determinado por una filiación sanguínea con alguna víctima de la represión estatal, sino que supone un proceso donde los sujetos son afectados por experiencias y demandas, se disponen a asumir esa causa y la ponen en juego.

En este artículo tomo como ejemplo de una filiación postsanguínea a la generación más joven de la Agrupación Providencia, un colectivo que surge en medio de cuestionamientos sobre su acción pública al no tener un vínculo experiencial coetáneo con la dictadura: “si tú no habías nacido”. Dentro de estos miembros de la Agrupación, nacidos entre 1986 y 1994, es posible identificar dos grupos: quienes no tienen vínculos de parentesco con la represión y quienes, durante su participación en la Agrupación, fueron encontrándose y construyendo la historia de familiares que vivieron la experiencia de detención en La Providencia. Esta distinción es importante porque, si bien este grupo, al momento de trabajar con la Agrupación, sabe que es parte de un círculo de consanguineidad y se ha relacionado previamente con personas que vivieron la tortura de la época dictatorial, no se filia al grupo desde el mandato sanguíneo, lo que muestra que la filiación postsanguínea está dada por múltiples relaciones y lazos no deterministas.

Entiendo la incorporación de estos actores a la Agrupación como procesos de “subjetivación política”, es decir, atendiendo a la forma en la que los sujetos se autocomprenden como actores con fines u horizontes políticos en acciones particulares (Angelcos, 2010). Estas acciones pueden trascender al individuo para poner en juego una figura política colectiva por medio de la construcción de relaciones y de vínculos políticos (Tassin, 2012, p. 44).

Para acercarme a la filiación postsanguínea y el perfilamiento de una subjetivación política en torno a la política de memoria y los derechos humanos, utilizo la noción de afectación, entendida como un proceso en el que los involucrados desarrollan un trabajo de condicionamiento activo (Landri, 2007) por medio de prácticas, decisiones políticas y modelamientos de sí (Hennion y Gomart, 1999; Thrift, 2004). La afectación es el proceso por el cual la emoción o la pasión se llevan a la práctica por medio de diversos dispositivos de transmisión (Hennion y Gomart, 1999). Este enfoque propone que las acciones de los individuos no están reducidas a estructuras causales o intencionalidades, sino que surgen de una red de elementos. Los procesos de condicionamiento “movilizan competencias y repertorios” (Hennion, 2007, p. 104) y permiten al sujeto emerger por medio de un colectivo de prácticas, objetos y disposiciones (Hennion y Gomart, 1999; Bernasconi y Tham, 2016).

Las entrevistas que realicé en el marco de esta investigación a miembros de la Agrupación son analizadas para identificar las prácticas y formas de relacionarse que tienen dentro del colectivo, las cuales van definiendo al grupo y perfilando la identidad de sus integrantes. También recurrí a trabajo de campo: conversaciones con los miembros del colectivo, reuniones de trabajo, visitas guiadas al sitio y revisión de documentación de archivo de personas que estuvieron detenidas en el ex centro de detención política y tortura La Providencia. Las entrevistas con miembros de la Agrupación incluyeron la revisión in situ de documentación de archivo sobre detenciones en La Providencia y el periodo dictatorial en Antofagasta.

Antes de la entrevista, las y los entrevistados no conocían estos documentos. En el caso de familiares de exdetenidos en La Providencia, llevé toda la documentación que encontré en los centros mencionados que hiciera referencia al familiar, ya sea sobre su detención en La Providencia o sobre el periodo dictatorial. Para quienes no son familiares, seleccioné la documentación que he recopilado desde 2014 que hiciera referencia a miembros de la Agrupación que estuvieron detenidos en La Providencia.

Este ejercicio no busca ser una forma de elicitación en la que se obtiene información o conocimiento de las y los entrevistados a partir de una imagen. La importancia de la documentación en las entrevistas reside en el encuentro de las personas entrevistadas con ella, lo que potencia nuevas posibilidades de subjetivación política. En este sentido, las entrevistas funcionaron como un dispositivo de afectación, en donde las y los entrevistados se enfrentaron a fuentes primarias y se produjeron puntos de inflexión sobre las narrativas personales atravesadas por materialidades que, aun cuando son fotocopias o documentos reproducidos por impresoras contemporáneas, mantienen la forma original y generan preguntas sobre cómo se realizaron dichos registros. Fotocopias en ocasiones poco legibles, recortes de prensa, cartas escritas a mano y documentación jurídica sirvieron como “recipientes que invierten y producen significados” (Pink, 2013, p. 68) sobre la experiencia, la cercanía y los conocimientos del periodo.

La cercanía con las y los entrevistados, dada mi participación en la Agrupación, me permitió hacer un seguimiento, luego de las entrevistas, por medio de conversaciones sobre los cambios y significaciones que sobrevinieron en las formas de entender su cotidianidad, y revisar el destino que tuvieron los documentos entregados durante la entrevista.

La mayoría de las personas entrevistadas son jóvenes que vivieron sus primeras vinculaciones políticas en el movimiento estudiantil de 2011 en Chile. Damari y Fernanda hoy tienen veintiocho años; en 2011 fueron compañeras en la carrera de Psicología en la Universidad Católica del Norte (UCN); cursaban el último año de sus estudios cuando decidieron formar parte de la Agrupación. Paula también estudió psicología un par de años en esa universidad; su primera participación en el tema que nos convoca fue la conmemoración de los cuarenta años del golpe de Estado; su papá fue preso político durante la dictadura, y no supo en qué recinto había estado detenido hasta que se encontró con él en una reunión de la Agrupación. Camila estudiaba periodismo en la UCN en 2011; desde el 2018 participa en la recuperación del sitio; actualmente es presidenta de la Agrupación. Cristian también estudió psicología en la UCN y se dedicó a estudiar el periodo dictatorial desde ese campo; actualmente trabaja en el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS); al momento de crear la Agrupación, era el único que tenía una militancia política activa en una organización trotskista, la misma organización de la que habíamos formado parte al menos otros cinco miembros. Alicia y Nicole participaron activamente en la demanda para declarar monumento histórico el inmueble. Actualmente, Alicia vive en Colombia; su salida de la Agrupación tuvo que ver con diferencias políticas en el proceso de conversaciones con el Estado. Nicole, luego de un largo viaje por Latinoamérica, trabaja en la biblioteca de un liceo en Antofagasta y organiza talleres de memoria junto a otros miembros del grupo. Héctor estuvo detenido en La Providencia en 1980; su padre, dos hermanos, su pareja y su cuñado también estuvieron detenidos en el lugar; hoy es cocinero de oficio, conocimiento que usó en las primeras reuniones de la Agrupación para amenizar las conversaciones. Herman tiene 31 años y es músico; durante su participación en la Agrupación, se enteró de que su abuelo, ya fallecido, había estado detenido en La Providencia en 1976 y luego en 1980. El caso de Alejandra es similar: su tío, ya fallecido, estuvo detenido en 1980 en La Providencia; cuando la conocí estaba en un proceso de búsqueda de información del Gordo, apodo de Osvaldo Pinto; hasta el día de la entrevista, ella nunca había visto una foto de su tío; si bien ella no participa activamente en la Agrupación, colabora llevando estudiantes a visitas guiadas y cooperando en las actividades que desarrollamos.

A continuación, presento tres conjuntos de experiencias de afectación en torno a La Providencia: i) el acercamiento a experiencias del golpe de Estado y la dictadura por parte de estos miembros, ii) las formas relacionales que se originan en el grupo y iii) la forma en la que la filiación y subjetivación de estos miembros han sido mediadas por el encuentro con registros de la violación a los derechos humanos durante la dictadura. Estos conjuntos permiten vislumbrar cómo se conforman relaciones postsanguíneas en la Agrupación entre jóvenes nacidos entre 1986 y 1994 que no tienen un vínculo aparente con el periodo dictatorial ni con el inmueble utilizado como centro de detención política y tortura, pero que disputan la recuperación del inmueble como sitio de memoria.

a) Experiencias del golpe de Estado y la dictadura en Antofagasta

La irrupción del movimiento estudiantil de 2011 generó lazos políticos y afectivos entre las y los estudiantes que posteriormente integramos la Agrupación.

Camila recuerda eventos de la toma de la universidad: “obvio que nos dábamos color y veíamos Los Archivos del Cardenal en la toma. Nos juntábamos grupos […] Y ahí surgió el tema de oye, qué pasó acá [en Antofagasta]. Porque, claro, eso es una historia, pero qué estaba pasando acá. Obvio que pasó algo”. Damari reflexiona sobre el 2011: “para mí el 11 [de septiembre] era una fecha más, nunca de derecha pa' decir que era necesario [el golpe de Estado] pero tampoco me sentía partícipe. Pero el hecho de que estuviéramos peleando por educación gratuita era precisamente por la dictadura”. Las entrevistadas representan a un grupo de personas que se acerca a la dictadura no particularmente por las violaciones al derecho a la vida e integridad física sino por los enclaves en la política pública educativa que dejó la dictadura; las prácticas de resistencia que asumen están enlazadas a las experiencias previas de resistencia de organismos de derechos humanos y de resistencia pacífica por medio de performances artísticos y ocupación de lugares.

En 2013, con la conmemoración de los cuarenta años del golpe de Estado, hubo un sinnúmero de actos en instituciones públicas, series de televisión, películas, libros y todo tipo de performances a lo largo del país. En Antofagasta se conformó una agrupación de jóvenes denominada “A 40 años” que, por medio de reuniones abiertas, comenzó a organizar una marcha o intervención —como la llaman las entrevistadas— para el 11 de septiembre. Las y los organizadores de la intervención fueron las y los mismos estudiantes que durante el 2011 tomaron las calles y universidades para demandar educación gratuita. El grupo —según recuerdan las entrevistadas— no tenía mucha relación con ex presos políticos, sólo con un pequeño grupo de personas que habían estado detenidas en la cárcel de Antofagasta. La marcha consistió en un recorrido por los lugares que habían sido utilizados como centros de detención en Antofagasta, utilizando como fuente el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004). En cada uno de los lugares reconocidos, se realizaba una representación de los métodos de tortura señalados en el informe.

La conmemoración de los cuarenta años reveló que, entre sus participantes, había mucho desconocimiento sobre el periodo de la dictadura, lo que no fue un impedimento para realizar la intervención. Sin embargo, a partir de este hito, el grupo inicial comenzó a preguntarse por los sucesos que habían ocurrido durante la dictadura en la ciudad, en específico en La Providencia; un lugar poco usual del que poco o nada se sabía más allá de lo que decía el informe de la Comisión, el cual sindicaba la iglesia como lugar de detención.

Ninguno de los presos políticos que participó en la organización de la conmemoración había estado en La Providencia. El único relato del sitio hasta esa fecha era un comentario sobre una foto que circulaba en el grupo de Facebook “A 40 años” —organizadores de la marcha en 2013—; el comentario relataba: “yo estuve en La Providencia”. Así, un grupo local de jóvenes sin vínculos de parentesco con víctimas de la dictadura ligó una demanda educativa del presente con las herencias dictatoriales y comenzó a relacionarse con las marcas de la represión política en la ciudad desde la acción pública expresiva y el aprendizaje colectivo. El ejercicio de marcación de los lugares por medio de la representación sirvió para que ellos mismos conocieran el uso y despliegue de la represión en el territorio y como aprendizaje de formas de intervención en torno al tema, además de ser el preludio de un movimiento de jóvenes que realizan ejercicios de memoria en el espacio público.

Para las personas que trabajan en la Agrupación, los primeros acercamientos a las vivencias del periodo de la dictadura cívico-militar ocurrieron entre 2011 y 2013 por medio del vínculo entre la demanda contemporánea de educación gratuita y el engranaje político que dejó la dictadura. Conocer a quienes vivieron el periodo implica un conocimiento de las formas en las que se instauró dicha política y con las que se resistió a ella. El conocimiento de los hechos ocurridos en la ciudad durante la dictadura es parte del contexto en el que se realizan las reformas neoliberales contra las que se lucha.

A esto se le suma que en Antofagasta, al momento de la conformación de la Agrupación, los hitos recordatorios sobre la dictadura eran un monumento con nombres de desaparecidos y ejecutados políticos en la entrada norte de la ciudad, un monumento a personas desaparecidas y ejecutadas en la entrada del cementerio general con placas mortuorias con nombres y placas en blanco, y un monolito con una lista de nombres en el lugar donde asesinaron a catorce personas con el paso de la denominada Caravana de la Muerte.

Ninguno ofrece un relato que establezca las condiciones de sus muertes, una descripción de la persona asesinada o de los hechos posteriores a su muerte. Estas enunciaciones sin relato son el contexto enunciativo local en el que se crea la Agrupación; enunciaciones que construyen víctimas extraordinarias, fuera del común de la sociedad, como plantea Gabriel Gatti (2018).

No fue algo que de repente supe

La relación que tiene Paula, Herman y Alejandra con el periodo dictatorial es distinta a la de quienes no habíamos tenido un vínculo social previo con ex detenidas y detenidos políticos. Ellas y él son familiares de personas que fueron torturadas en Antofagasta durante la dictadura. En el caso de Herman, su abuelo, Domingo Ceriche, fue un reconocido militante del Partido Comunista (PC): “Nunca fue un tema tabú, era motivo para seguir su legado, pero […] sin militar. Hagan la revolución, pero no militen”, recuerda que le decía su madre en conversaciones familiares. Herman sabía que su abuelo había sido preso político, pero desconocía dónde había estado detenido hasta que se sumó a la Agrupación. Herman y sus hermanas estudiaron en el Colegio Providencia, establecimiento ubicado frente al ex centro de detención; su abuelo iba a dejar a su hermana en las mañanas: es algo que comentaron cuando se enteraron de que su abuelo estuvo en La Providencia en dos ocasiones.

Alejandra creció en Argentina; supo, desde los 14 años aproximadamente, que su tío había estado preso durante la dictadura chilena en Antofagasta. No tuvo mayor información hasta 2018 cuando, luego de una visita al Museo de la Memoria y Derechos Humanos en Santiago, Alejandra comenzó a indagar en la historia política de su tío. Desde ese momento, el Gordo pasó a ser una figura presente en su vida, aunque con muchos silencios. Le dice Gordo porque su mamá le decía así. Antes de la entrevista, no había visto jamás una foto de su tío. Su madre no le había querido contar mucho —me comentó—, por lo que estuvo semanas mandando correos electrónicos a distintas instituciones que pensaba que podían ayudarla: la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el Museo de la Memoria en Santiago, la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en Santiago. La pregunta común, que recibió a modo de respuesta por parte de las instituciones, fue si quería algún tipo de compensación económica, lo que desmotivó la búsqueda que era, según Alejandra, un ejercicio de memoria.

“No fue algo que de repente supe”, me cuenta Paula. En su casa ocurrían reuniones sociales: la mayoría de los invitados habían estado detenidos durante la dictadura. Entre ellos, su papá. Cuenta que durante las conversaciones supo de los dolores físicos y de las formas en las que se enfrentaron esos dolores. Aun así, no hubo conversaciones sobre el periodo; lo que sabe sobre Antofagasta durante la dictadura ha sido gracias a un proceso autodidacta y de trabajo en la Agrupación. Como señalé antes, fue durante una reunión del grupo que supo que su padre había estado detenido en La Providencia; asimismo, al guiar visitas, se enteró sobre los hechos acontecidos alrededor y al interior del inmueble.

Para el caso de quienes son hijos o nietos de sobrevivientes de prisión política, si bien la relación inicial con el periodo de la dictadura es sanguínea, el conocimiento de los hechos victimizantes que vivieron sus familiares es escaso. Saben de la prisión política de su padre, abuelo o tío (en este caso), pero no las causas de la detención, los procesos aledaños vividos por sus familias o los lugares físicos en los que ocurrieron los hechos. Entonces, aun cuando hay un vínculo afectivo que atraviesa su acercamiento a la dictadura militar en Antofagasta, al igual que el grupo que no tiene vínculos de parentesco, su interés surge del desconocimiento del periodo.

b) Formas relacionales ante el derecho sanguíneo. Va a venir a mi casa un caballero que fue torturado

La primera reunión que realizamos para conformar el grupo que llevaría adelante la demanda por la recuperación del sitio fue un almuerzo; Héctor haría quiches de verduras y sería en la casa de Damari. Ella recuerda que antes del encuentro pensaba: “va a venir a mi casa un caballero que fue torturado. Me enseñaron en psicología que no tengo que hacer preguntas estúpidas”. Durante el almuerzo conversamos de nuestras experiencias políticas y militancias previas, sobre la historia de La Providencia y el proyecto para declarar monumento histórico el inmueble; decidimos conformar un grupo que comenzaría a organizar reuniones para invitar gente que quisiera sumarse a la campaña. Durante la primera reunión se definió una forma de trabajo en la que todos aportamos los conocimientos políticos previos y comenzamos a trabajar de manera colectiva.

Fernanda comenta que, al comenzar su trabajo en la Agrupación, tenía un debate interno sobre cómo relacionarse con quienes vivieron la prisión política; por un lado, sobrevivientes que lucharon contra el régimen; por otro, víctimas de la dictadura, “personas golpeadas y torturadas”. A la vez, recuerda la dificultad de afrontar la pregunta directa sobre los hechos: “cómo le pregunto [refiriéndose a un sobreviviente de La Providencia]. No le he preguntado de manera directa ‘cómo fue tu detención’, me vine a leer cómo fue su detención este año”. Camila se unió un par de años después a la Agrupación, pero recuerda que su primera relación con personas que vivieron la represión de la dictadura fue durante la conmemoración de los cuarenta años del golpe de Estado, para la que hubo reuniones con un grupo de ex presos políticos. Camila comenta: “yo creo que pa' muchos de ellos [ex presos políticos] nosotros éramos como los chiches, los jóvenes que quieren saber”.

Otro de los conflictos al que se enfrentaron los miembros jóvenes y los sobrevivientes de tortura se refiere al estatus de la experiencia; según Camila: “es súper complejo estar en esa línea de poder convivir bajo el respeto a lo que ellos vivieron, pero también poder hacerles críticas de las viejas prácticas políticas que tienen algunos”. La no interpelación directa con ánimo de no revictimizar impulsa una búsqueda de otras instancias de formación y conocimiento, lo que pone en relieve la importancia de otro tipo de soportes, fuera del testimonio, para difundir o circular la memoria de los hechos victimizantes, así como la importancia de que las historias de resistencia al régimen dictatorial pongan el foco en la movilización. Durante la entrevista, antes de presentarle los documentos, Camila plantea: “yo en verdad lo que más he conversado [con ex detenidas y detenidos] es de cómo eran como sujetos o sujetas activas políticas, me atrae mucho más esa visión que de víctima torturada. Todo lo que he conversado es de ‘dónde estuviste’, saber sus historias políticas, ‘qué pensabas en ese momento’”. Este tipo de relato, que se antepone al relato de los hechos victimizantes, va moldeando un tipo de relación que rompe la asimetría de la autoridad por la experiencia-víctima.

Yo a mi abuelo todavía lo veo como a un héroe

Herman, al revisar la documentación, me cuenta que, para él y para sus tíos, su abuelo “siempre ha sido un héroe, un modelo a seguir”. Le cuesta imaginarse a su abuelo en una situación de vulnerabilidad: “No me imagino a mi abuelo en esa situación culiá, o sea, me lo imagino detrás de las rejas, me lo imagino en la clandestinidad, organizando, pero jamás me lo hubiera imaginado en un tribunal […]. Un delincuentillo [risas]”. Los relatos familiares son sobre la militancia, pero no sabía de sus detenciones o procesos judiciales, tampoco sobre las repercusiones en la familia. De esta manera, a partir de la documentación, Domingo es un personaje que comienza a adoptar otra forma.

Alejandra, a los pocos días de su búsqueda infructuosa por información sobre su tío, se puso en contacto con la Agrupación, con Héctor en particular, quien había estado detenido con él. El relato que recibió habla de un hombre que, estando preso, acogió a otros presos políticos que llegaban a la cárcel luego de la prisión clandestina. Si bien la búsqueda de Alejandra partió del interés de conocer los hechos victimizantes vividos por su tío, su curiosidad cambió al poco tiempo hacia “la vida política de mi tío, su militancia, de qué era encargado”.

Paula, por su parte, pone en relieve el conocimiento sobre las acciones de su madre frente a la detención de su cónyuge. El recurso de amparo interpuesto por su madre en 1981 llama la atención de Paula, dado que el documento muestra cómo la detención irradia a otras personas cercanas a los y las afectadas: “Me sorprende porque manifiesta también esa desesperación que se cuenta en las películas. Que es la desesperación de las mamás, de las esposas, de las hermanas, hermanos, se ve un poco en lo concreto. Y también el material burocrático que tiene eso”.

¿Cómo relacionarse con alguien que vivió torturas y que estuvo desaparecido? Una de las consecuencias de la política de reparación de la dictadura, como expuse anteriormente, fue extirpar a las víctimas de la dictadura —y a quienes luchaban por esas víctimas— del común de los ciudadanos y ciudadanas. La monumentalización de las víctimas de la dictadura chilena estableció una distancia entre las generaciones que nacimos en la posdictadura (y en la gestación de ésta) y quienes vivieron de manera directa la represión y la lucha contra el régimen militar.

Relacionarse con personas que vivieron la represión del periodo, para quienes no tienen una filiación sanguínea con las víctimas, supone enfrentar el desafío de acortar las distancias con el pasado reciente, situando la memoria en grados de proximidad que no tienen que ver con la sangre y el parentesco, sino con el territorio, sus formas de habitarlo y marcarlo y con la gestión de la memoria en sus estrategias políticas para la proyección en el tiempo.

c) Registros de la violencia política estatal como mediadores de nuevas filiaciones

Los registros de la violencia política han estado en la base de la Agrupación. Como mencioné anteriormente, la conformación inicial juntó el trabajo de investigación que realicé y la documentación recopilada en los archivos de derechos humanos, además de testimonios de sobrevivientes del sitio, para ser presentada al Consejo de Monumentos y a quienes quisieran formar parte del grupo. De esta manera, las entrevistas realizadas para esta investigación han sido parte del proceso de constitución de la Agrupación, al circular documentos de archivo que contienen información sobre detenciones y sobre cómo irradia la violencia en las familias y en la comunidad; documentos que vinculan biografías de jóvenes con las biografías de sus familiares o de compañeros de trabajo.

Si entendemos que los registros de la violencia política son un dispositivo de afectación en el proceso de filiación política postsanguínea, hay que pensar en cuáles son las relaciones que gatillan y de qué manera es ampliado el lazo de filiación hacia las familias de quienes conforman la Agrupación, entre sus miembros y hacia afuera del colectivo. De esta manera, el seguimiento de la documentación en estas entrevistas cuenta, en aspectos acotados, las historias de filiación ampliada de una agrupación postsanguínea.

La mayoría de los registros que recopilé sobre Domingo —el abuelo de Herman— son recursos judiciales, un recurso de amparo interpuesto por el Comité del Arzobispado, una sentencia judicial —fotocopiada hasta el cansancio y con varias páginas ilegibles— que detalla los cargos por los que fue procesado Domingo y una ficha de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que señala quién lo detuvo y quiénes emitieron la orden.

En FASIC hay cartas enviadas entre Domingo Ceriche y el programa laboral de FASIC y la Vicaría en Antofagasta y Santiago. Las cartas están escritas con lapicera azul sobre hojas de cuadernos; en ellas, Domingo pide ayuda económica para poder montar un taller de zapatería y así generar un ingreso que apoye a su familia en la alimentación y la educación de sus hijos. En la Imagen 1 se ve la carta que abre la conversación, la cual se extiende un año. En ella, Domingo explica las consecuencias de la represión que lo llevaron a no tener un sustento económico: estar relegado tres años en Victoria y padecer reumatismo, producto de los siete meses que estuvo en la cárcel. Expone, además, que, mientras estuvo relegado con su familia, la persona que cuidó su casa le robó casi la mitad de sus bienes. Las cartas revelan un ángulo de Domingo que Herman desconocía: “No conocía al hombre que aparece en las cartas, que era un hombre que estaba desfalleciendo, estaba golpeado, se siente mal, se siente inútil, se siente ‘qué hago ahora’. Y esa hueá me remueve todo”.

Las cartas muestran la represión más allá de la violación al derecho a la vida e integridad física; se refieren a la forma en la que la violencia política estatal irradia un entorno y contexto de vida. Para Herman, la carta manuscrita de su abuelo es una prueba fehaciente del periodo que vivió su familia y lleva a concatenar hechos posteriores sobre la forma en la que transcurre su vida familiar: “entiendo muchas cosas de cómo se mueve mi familia y el por qué se mueven así”. Herman refiere las formas de financiamiento del hogar que le cuentan sus tíos y su madre y los lugares en los que vivieron. Con los meses, ha hecho circular esta documentación entre su familia, lo que ha propiciado conversaciones sobre el periodo y reelaborado un pasado común familiar que da claves para entender rasgos personales de sus miembros.

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Carta de Domingo Ceriche a Norma Rojas, trabajadora social de la Vicaría de la Solidaridad. Antofagasta, 20 de mayo de 1983

Fuente: Fundación de Ayuda de las Iglesias Cristianas

A raíz de las preguntas y la búsqueda de Alejandra luego de visitar el Museo de la Memoria en Santiago, su madre le dijo un día que podría haber documentos sobre su tío en la bodega de la casa. En una maleta, Alejandra encontró un archivador verde con partes metálicas oxidadas; en el lomo tiene una etiqueta autoadhesiva escrita a máquina de escribir que dice “Mantos Blancos”. Éste es el nombre de una de las primeras mineras privadas de la región. La carpeta contiene documentación de todo tipo sobre su tío Osvaldo Pinto: certificado de nacimiento, contrato de trabajo, cartas y una larga sentencia judicial que describe la historia sobre la detención de Pinto como activista sindical de Mantos Blancos. Su tío fue llevado, junto con tres personas, a La Providencia en enero de 1980; luego de cinco días en el centro clandestino de detención, fue puesto a disposición de los tribunales.

Osvaldo se encontraba juntando documentación para ser calificado como exonerado político cuando falleció en 2003. Durante la entrevista con Alejandra, revisamos la documentación que complementaba la encontrada en el archivador: documentos de FUNVISOL relativos a su detención y de FASIC respecto a su relegación. La única foto de Osvaldo que Alejandra había visto era la fotocopia de su cédula de identidad. En el archivo de FUNVISOL, se conserva un ejemplar de la portada de El Mercurio de Antofagasta1 del 26 de enero de 1980, en el que aparece la imagen de Osvaldo cuando fue trasladado a los tribunales. En el momento en el que observamos la portada, Alejandra la tomó, la miró en silencio y fue a la habitación contigua para corroborar con su madre si ése era su tío. Alejandra miró con detenimiento la foto: la imagen de la cédula de identidad, que sólo muestra el rostro de Osvaldo, se completa con la de la portada del diario; una fotocopia donde aparece el cuerpo del Gordo, quien cubre su rostro y es escoltado por militares. La composición de la imagen muestra cómo el archivo de un organismo de derechos humanos contribuye al acervo personal y a la elaboración de dos narrativas: una familiar para Alejandra y una pública a partir del uso de esta documentación por parte de la Agrupación.

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Portada de El Mercurio de Antofagasta, 26 de enero de 1980
Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad

IMAGEN 3
Cédula de identidad de Osvaldo Pinto Andrade
Fuente: Archivo personal de Alejandra Méndez

Durante la entrevista, Paula lee atentamente las páginas de un recurso judicial que no tiene que ver, al menos directamente, con la detención de su padre en La Providencia. El papel es un recurso de protección interpuesto tres años después de la detención y explica que a su padre se le negó el ingreso a la planta de trabajo en una empresa minera, acusando persecución política. El documento, casi ilegible, tiene un par de respuestas resolviendo la expulsión de la empresa. Este hecho muestra un problema político posterior a la detención, que marca una trayectoria laboral. Paula, a partir de estos documentos, encuentra claves y explicaciones sobre la importancia que tuvo durante su niñez la situación laboral de su padre y cómo esto moldeó las relaciones dentro de su familia. Para Paula, los documentos ayudan a acortar las distancias entre las víctimas y sus familias o conocidos. Los presos políticos, dice, “son como personas que uno sabe que están en la misma ciudad que tú pero no lo concientizas, lo ves como algo completamente lejano”.

Durante la entrevista, Alejandra reflexiona acerca de cómo su interés por la historia de su tío, asociado a los encuentros con la documentación, fue cambiando con el tiempo. Desde su interés por conocer el hecho victimizante y saber sobre la prisión y torturas que sufrió su tío, hasta su inquietud por la historia política de Osvaldo. Durante la entrevista, también revisamos un extracto de prensa donde se relata que Mantos Blancos, la empresa en la que trabajaba su tío, se encontraba en negociaciones sindicales.

IMAGEN 4
Extracto de El Mercurio de Antofagasta
Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad

En este extracto, los dirigentes sindicales de la empresa desestiman el trabajo realizado por los detenidos, sosteniendo que “lamentan que no concuerden con lo planteado” y que por eso “les pasó lo que les pasó”. Otro dirigente agrega: “ellos están detenidos por asuntos de política y nosotros no vamos a echar a perder la negociación”. La noticia culmina con un dirigente de la minera que sentencia que “estas personas por disposiciones legales, tenían que saber lo que podía pasarles”. La relación con los registros logra establecer hitos significativos en la historia represiva que aportan conocimiento sobre el contexto en el que ocurrieron los hechos. Por otro lado, el documento habla de políticas sindicales del periodo y de la posición que adoptaron Osvaldo y el Partido Comunista frente a la negociación sindical de Mantos Blancos. Mientras lee el documento, Alejandra dice que le parece “irritante” ver el discurso mediatizado e incriminatorio sobre su familiar. Durante los meses en que indagó la historia de Osvaldo, asumió una dirigencia gremial en el Colegio de Profesores en medio de un paro docente que se extendió por casi dos meses en 2019; relacionando la noticia con esta experiencia, Alejandra me comenta: “pienso ahora en qué me pasaría a mí si estuviera en ese sindicato”.

Los documentos incitan un proceso reflexivo sobre las posiciones políticas que se asumen en determinados contextos, sobre las relaciones familiares y la expansión del radio de la violencia, sobre la solidaridad entre presos políticos —como en la historia de Osvaldo— y la búsqueda de los seres queridos —como el caso del recurso de amparo que revisó Paula—. Si bien hay un conocimiento previo sobre las historias familiares y colectivas de la represión vinculadas a La Providencia en Antofagasta, como señalé antes, la documentación genera quiebres en el conocimiento de los hechos y establece valoraciones sobre las relaciones políticas del periodo.

Durante los meses siguientes a las entrevistas fui siguiendo el recorrido de la documentación utilizada y sus efectos. En el caso de Herman, la documentación de su abuelo marca un hito biográfico que modela una ideología, una militancia y formas de acción colectiva: “Desde que supe que mi abuelo estuvo en La Providencia, todas mis canciones, excepto las que le he hecho a mi hijo, han estado enfocadas en política. […] ha afectado La Providencia y la información que tengo desde ese momento hasta ahora en cómo yo baso lo que creo”. En uno de mis viajes a Antofagasta fui a ver a Pulmón, la banda musical en la que Herman es vocalista y compositor. Era una tocata en solidaridad con los presos políticos, posterior al 18 de octubre de 2019. Uno de los temas que tocó fue “La Familia”;2 al presentarla, le contó al público que su abuelo estuvo detenido en La Providencia y que el tema estaba dedicado a él. Al terminar la presentación me acerqué a saludarlo; estaba con otra persona; Herman le dijo: “él es el Suárez, el que nos pasó los documentos del tata”. Su primo me abrazó y saludó efusivamente.

Alejandra, luego de revisar acuciosamente la documentación sobre su tío, buscó a personas del Partido Comunista en Antofagasta para indagar más. Hoy es militante del PC en la región. En una actividad organizada por su partido respecto a la prisión política, a la que fui invitado a exponer, ella abrió su exposición presentándose como “familiar de exdetenido”; le contó a la audiencia —entre la que estaban sus estudiantes de 16 años— que su participación política tuvo mucho que ver con la entrevista en la que le llevé la documentación referida a su tío, e instó a los jóvenes a indagar en sus historias familiares.

Paula me comenta que su mamá “encontró” en su habitación los documentos que revisamos en la entrevista. Le preguntó que por qué los tenía y le contó que ella había puesto el recurso de amparo junto con una abogada. Cuando le pregunto sobre su participación en la Agrupación, me dice: “yo no digo que estuve [en la Agrupación] porque soy la hija de mi papá. Hubiera estado igual pero aun así, si me preguntas ahora por qué, es porque soy la hija de mi papá”.

Los registros se inmiscuyen y propician vínculos en diferentes ámbitos: relaciones y culturas familiares, formulaciones identitarias individuales (familiar de) y colectivas (militante de una organización), incluyendo la filiación de distintas generaciones a la Agrupación Providencia. Por ello propongo que la relación postsanguínea ha operado como una filiación reticular mediada por registros de la violencia política del pasado que irradia más allá de quienes participan en la Agrupación.

Conclusiones

Abordar a la generación de la postdictadura que forma parte de la Agrupación desde la sociología de la afectación me permitió realizar un análisis relacional de sus acercamientos al periodo dictatorial. El desconocimiento de los procesos de la dictadura en la ciudad llevó a estos jóvenes a indagar y cuestionar los rumores sobre dicha historia, como reflexiona Cristian: “cuando entendí que no era azaroso que estuviera oculta esa historia dije ‘bueno, me gustaría ser parte de reconstruirla, y nadie lo ha hecho’”. Para quienes tienen un parentesco sanguíneo con sobrevivientes de prisión política y tortura, el vínculo inicial es afectivo, aun cuando ocurre desde el hecho victimizante. En estos casos, en las entrevistas, los registros les otorgaron información sobre los hechos ocurridos alrededor de la detención y tortura del familiar, desplazando el foco de interés desde el hecho específico de la tortura hacia el contexto en el que se produjeron los eventos, las repercusiones que tuvo la detención y las formas en las que se enfrentaron a los hechos. De esta manera, los registros proporcionan nuevas imágenes que desencriptan procesos complejos y sensibilidades que no se pueden resumir única y exclusivamente en el momento de la detención y la tortura física. La ampliación temática que los registros posibilitan propicia nuevas narrativas familiares y formas comunes de entendimiento del presente.

Por otra parte, el encuentro con las fuentes desmonumentaliza a las víctimas, las traslada desde un lugar extraordinario y lejano hacia un lugar ordinario y cercano, las acerca a la comunidad y contribuye a insertar en el territorio un relato situado sobre ellas. Este encuentro con las fuentes potencia la identificación, afectación y reflexión sobre un pasado común, aun sin haberlo vivido. La generación de este pasado común permite una forma de trabajo colectivo que se extiende desde la sola preocupación por el bienestar de las personas afectadas por la represión hacia la inclusión de demandas y vivencias contemporáneas. Esta ampliación temática funciona también como una actualización temporal.

Al respecto, Damari reflexiona: “cuando los fui conociendo [a los exdetenidos] me di cuenta que ni ellos ni yo veíamos esto [la recuperación del ex centro de detención] como algo de víctimas. Sino más bien como una reivindicación, como una necesidad también y porque el pensar en la víctima es pensar en el pasado”. Camila refuerza esta idea: “a pesar de que no somos víctimas directas, también somos víctimas directas de la dictadura, todas las leyes, el sistema y toda la hueá”. De esta manera, los jóvenes de la Agrupación se enfrentan al derecho sanguíneo o saber testimonial fortaleciendo la reflexión sobre los puntos comunes entre las generaciones que contribuyen a configurar La Providencia como un colectivo de memoria y derechos humanos.

Las filiaciones de las personas entrevistadas para este artículo pueden ser entendidas como postsanguíneas, es decir, vínculos que no están normados por la sangre pero que propician relaciones políticas y sentidos comunes sobre el pasado violento y el legado dictatorial. En estas filiaciones, la norma sanguínea queda relegada a un segundo plano y el saber testimonial media, a la vez, un trabajo colectivo dentro de la Agrupación por medio del inmueble ex centro de detención clandestino que busca ser recuperado como soporte.

A partir de las relaciones descritas, puedo concluir que la subjetivación política de los miembros de la generación posdictadura de la Agrupación emerge a raíz de la concientización sobre el desconocimiento de los hechos de la dictadura en la región, que moviliza recursos y herramientas de acción colectiva. Además, existe una valoración de las relaciones de resistencia al régimen dictatorial por medio de la solidaridad entre detenidos, las militancias o acción política de los involucrados durante la época, entendidas como parte de una resistencia que tiende hilos de continuidad hacia la actualidad y donde la herencia dictatorial se perfila como un elemento antagónico. De esta manera, la no idealización de la víctima sobreviviente opera como un ethos de la organización, el cual permite integrar al expreso político al colectivo de manera horizontal y busca, como una forma de cuidado, evitar la revictimización; todo ello perfila modos de filiación informados por experiencias previas de vinculación política y afectiva que son comunicadas por quienes fueron activistas en la dictadura o en las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 a quienes somos más jóvenes.

Esta conjunción genera una forma de filiación postsanguínea entendida también como una reidentificación de los miembros con el pasado, en la que las demandas actuales o las luchas políticas son y conforman parte de una lucha previa. Este rasgo posibilita la dislocación de la Agrupación con respecto al marco normativo preponderante entre las agrupaciones de memoria y derechos humanos que hasta ese momento existían en la ciudad y que eran, por lo mismo, desconocidas para el grupo de jóvenes, quienes, si bien son afectados emocionalmente, movilizan prácticas de memoria en torno al soporte de inscripción de dichas prácticas: La Providencia.

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Notas

Notas de autor