Introducción

Las prácticas de intervención socioeducativa con adolescentes infractores en el contexto de las medidas de sanción en libertad —comúnmente denominadas libertad asistida— se inscriben en el terreno de los sistemas de justicia penal especializada para adolescentes. Se trata de la aplicación de sanciones por un delito, decretadas por un tribunal, cuyo cumplimento se realiza en un medio libre acompañado de un proceso de intervención por medio de programas de ejecución de las medidas judiciales en libertad. Estos programas son gestionados por equipos profesionales con formación en adolescencia y situaciones de riesgo (Blasco y Almirall, 2012; Melendro et al., 2013).

La intervención socioeducativa es entendida como un acompañamiento de los adolescentes en sus procesos personales de aprendizaje y autoconocimiento, en el que se privilegia su contexto familiar y comunitario y se hace énfasis en una relación educativa ajustada a sus necesidades, recursos disponibles, así como a las características y condiciones de su contexto social. Se busca propiciar así el desarrollo de capacidades y habilidades en los adolescentes, traducidas fundamentalmente a la reflexión sobre la infracción, cómo se llegó a cometerla y la responsabilización ante ésta. En la intervención, se articula un trabajo de inserción en distintas instituciones —contextos laborales, servicios educativos, por ejemplo—, así como la gestión de los problemas derivados de los procesos de intervención y aquellos factores o situaciones que pueden permanecer latentes para una reiteración de la comisión de delitos (Dionne y Zambrano, 2009; Moreira y Cantos, 2017; Tenenbaum, 2016a; Úcar et al., 2018).

Se trata de una perspectiva de reconocimiento y promoción de los derechos y deberes que se propone proteger, garantizar y ampliar el ejercicio de la ciudadanía como derechos de los menores de edad, resguardando el interés superior de éstos. Esta nueva institucionalidad pasa de una concepción de “los menores” a la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo que los hace titulares por encontrarse en una etapa de crecimiento y protección que se espera sea integral (Aramburu, 2017; Blasco y Almirall, 2012; Centro de Investigación para el Desarrollo, 2016; Collueque, 2019). Bajo este nuevo paradigma, se configura también una nueva forma de visualizar los delitos y el abordaje de los ofensores (Reyes-Quilodrán et al., 2018).

En este contexto, la intervención con adolescentes infractores en el marco de la ejecución de sanciones penales de cumplimiento en libertad es un proceso fundamental en los sistemas modernos de justicia penal juvenil, ya que, por un lado, representa la ejecución de la pena o sanción y, por otro lado, es el sentido y la finalidad de la norma (Morales et al., 2013). En esta línea, Moreira y Cantos (2017) indican que el objetivo del proceso de intervención en medio libre con los adolescentes infractores es contribuir a su desarrollo integral, lo que permite insertarlos en el proceso de intervención como actores protagonistas. En el caso de Blasco-Romera et al. (2014), los autores incorporan el concepto de reincidencia; argumentan que una de las principales finalidades de los servicios de programas de intervención para adolescentes en medio abierto es evitar la reincidencia y conseguir la inserción social; además, agregan que las intervenciones socioeducativas deben orientarse a la compensación de déficit y al impulso de las potencialidades de la población objetivo. De esta manera, podemos decir que la sanción o condena en medio libre se transforma en un recurso para la intervención.

Por lo regular, el trabajo de intervención socioeducativa realizado por equipos profesionales en los programas de ejecución de sanciones en medio libre se articula a través de diversas estrategias de abordaje de situaciones difíciles de los adolescentes y su contexto; dichas estrategias se asientan en distintos ámbitos de intervención, entre ellos el individual y el familiar. Por ejemplo, Blasco-Romera et al. (2014) indican que las intervenciones socioeducativas deben ser complementadas en los ámbitos familiar, de formación, laboral y comunitario. Las estrategias así implementadas se pueden entender como “procesos de intervención y toma de decisiones a corto y medio plazo —no son meras formulaciones de intenciones— que suponen actuaciones bien definidas, capaces de movilizar sistemas” (Melendro et al., 2013, p. 108).

Se habla de acciones o estrategias de intervención en el ámbito individual en dos direcciones: por un lado, las orientadas a la responsabilización y la reparación criminógena, tendientes a subsanar aquellos elementos que se relacionan con la actividad delictiva; por otro lado, las de habilitación social por medio del fortalecimiento de los aspectos relacionados con la mejoría de la calidad de vida, generando un proyecto alternativo a la infracción o promoviendo las áreas educacionales y laborales, es decir, prosociales (Añaños-Brediñana y Fernández-Sánchez, 2013; Blasco y Almirall, 2012).

En términos de estrategias o acciones de intervención en el ámbito individual, Melendro et al. (2013) destacan la necesidad de implementar estrategias flexibles, las cuales implican el desarrollo de actuaciones adaptadas a las condiciones contextuales —tanto en tiempos como lugares—, las características de las personas involucradas y las redes del entorno para la intervención. Por su parte, Blasco-Romera et al. (2014) consideran que el trabajo debería estar enfocado en la promoción de factores de protección tanto en los adolescentes como en sus familias, en vez de estar tan centrado en el control de riesgo. En este contexto, la escucha activa, el diálogo y la motivación podrían favorecer la implicación del adolescente a través de la entrevista, como lo indican Blasco y Almirall (2012).

Con respecto a las acciones o estrategias de intervención en el ámbito familiar, se observa que el trabajo socioeducativo se centra en la cotidianidad del contexto familiar de los adolescentes. Las orientaciones en la intervención abarcan aspectos relacionados con la comunicación intrafamiliar y la educación familiar, con refuerzo de la parentalidad positiva (Melendro et al., 2016). Blasco y Almirall (2012) coinciden con lo anterior, pues señalan que las estrategias o acciones con las familias deben dirigirse a potenciar las competencias parentales, favorecer la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, detectar las situaciones conflictivas o generadoras de conflictos en la familia, mediar en los conflictos relacionales del adolescente con su núcleo familiar y favorecer el acceso a servicios sociales —formativos, laborales, terapéuticos—. De esta manera, la inclusión de las familias en el proceso de intervención socioeducativa promueve habilidades que les permiten redireccionar situaciones de riesgo, la restitución de los vínculos afectivos familiares y la participación familiar en la comunidad (Melendro et al., 2013; Moreira y Cantos, 2017).

Por otra parte, las intervenciones socioeducativas no se encuentran exentas de dificultades en el desarrollo de las acciones o estrategias de los equipos profesionales de los programas de ejecución de medidas de sanción en medio libre. González (2017) señala que es posible que entre los profesionales ocurra una desensibilización de los procesos, lo cual tiene sus bases en el propio contexto y la normalización de los resultados negativos, la reincidencia, las pautas violentas de los adolescentes y la frustración al intentar lograr metas prosociales. En síntesis, para el autor, éstos son obstáculos permanentes y propios del contexto sociocultural de los adolescentes y la intervención. En una línea similar, Gómez y Alatorre (2014) indican que las dificultades en los procesos de intervención tienen que ver con una inadecuada identificación de las características de los actores por parte de los equipos profesionales, es decir, de los adolescentes y su contexto, sus problemas, proyectos, capitales, alianzas o, bien, con no lograr una conexión genuina que facilite el diálogo, la colaboración y la participación.

Otra vertiente de dificultades, expuesta por Melendro et al. (2013), tiene que ver con aspectos relacionados con la insuficiencia en el uso de redes de instituciones en apoyo a los procesos socioeducativos con los adolescentes. En este contexto, para Melendro et al. (2016), resulta necesaria una articulación de las políticas sociales de esta población que permita ir superando la fragmentación en la atención proporcionada y que responda a la complejidad de las situaciones abordadas.

En síntesis, las intervenciones socioeducativas con población de adolescentes infractores se enmarcan en los programas de ejecución de sanciones penales en medio libre decretadas por un tribunal competente en la materia. Asimismo, entendemos que la intervención se dispone por estrategias inscritas en ámbitos tales como el individual y el familiar, y que las intervenciones no se encuentran exentas de dificultades en su desarrollo. En este contexto, es plausible preguntarnos qué se ha investigado al respecto; en otras palabras, ¿qué dicen los resultados de investigaciones empíricas sobre el tema?

De forma específica, este artículo se sitúa en uno de los tópicos de dicha revisión, el cual busca la identificación de orientaciones estratégicas, ámbitos de aplicación de éstas y dificultades para la intervención socioeducativa con adolescentes infractores de ley en contexto de una medida de sanción en medio libre. El propósito de esta revisión es mostrar, de manera exploratoria-descriptiva, las orientaciones estratégicas para la intervención socioeducativa con adolescentes infractores en los ámbitos individual y familiar, así como las dificultades que se presentan en ésta. Todo ello a partir de la exposición de los resultados de investigaciones empíricas publicadas en revistas científicas indexadas, preferentemente en lengua española e inglesa, en los últimos cinco años.

Consideramos pertinente aclarar que este texto no debe ser entendido como una batería de estrategias de intervención o una suerte de manual, ya que sólo estamos explorando orientaciones estratégicas y dificultades en la intervención con adolescentes infractores en el marco de programas de ejecución de sanciones en medio libre. A continuación, describiremos la metodología con la que se realizó la presente revisión; al finalizar dicho apartado, se indicará la organización de la exposición de los resultados.

Metodología

Este trabajo se presenta como una revisión exploratoria-descriptiva, la cual es considerada un tipo de investigación secundaria que puede ocuparse prácticamente de cualquier tema científico. Se utiliza generalmente para exponer novedades, aspectos o características de un fenómeno, por lo que puede tener el propósito de explorar y describir información publicada que le interesa extraer al investigador para sus objetivos de estudio (Aguilera, 2014; Day, 2005; Reyes, 2020). De esta forma, se puede decir que es un proceso que conlleva acciones de búsqueda, selección y comprensión de aquellas publicaciones que se refieren al tema tratado. A continuación, se detallan los aspectos considerados en este trabajo para la selección de la literatura y el procedimiento de revisión y análisis para su incorporación en el texto.

Dimensión tiempo-espacio

Como ya se indicó en la introducción, hemos definido como temporalidad un periodo de cinco años, entre el 2015 y el 2020, para la exploración de la literatura. Por su parte, la espacialidad ha sido definida como ilimitada, es decir, no se encuentra inscrita a un área geográfica específica, ya que no perseguimos esta finalidad.

Estrategia de búsqueda de información por núcleos temáticos

Es importante destacar que, si bien este trabajo no se plantea como una revisión sistemática, hemos incorporado, de todas formas, núcleos temáticos descriptores para la búsqueda y exploración de la información, considerando la materia y los aspectos puntuales a observar. Sin embargo, no todas las publicaciones conceptualizan de la misma forma los fenómenos o prácticas empíricas, lo que implica establecer un marco contextual de comprensión de los conceptos; de esta manera, entendemos los núcleos temáticos de la siguiente forma:

1. 1. Medidas de sanción en medio libre para adolescentes infractores. Este núcleo se refiere a una condena judicial para adolescentes (menores de 18 años) que se ejecuta en un medio abierto, ambulatorio o libre; es decretada por un tribunal en el marco de una legislación penal especializada y determinada.
2. 2. Prácticas de intervenciones socioeducativas en medio libre para adolescentes infractores. Este núcleo se refiere al trabajo realizado por parte de equipos técnicos o profesionales en programas de ejecución de sanciones en medio libre.
3. 3. Orientaciones estratégicas de intervención con adolescentes infractores. Se entiende este núcleo como las acciones tácticas, planificadas y fundamentadas en un diagnóstico o evaluación de una situación problemática de los adolescentes infractores con medida de sanción en medio libre, las cuales apuntan a abordar los diferentes aspectos de la intervención socioeducativa —sean éstos las problemáticas específicas que presentan los adolescentes y sus entornos o aquéllos que permitan mejorar las acciones en general de la propia intervención—.
4. 4. Ámbitos de intervención con adolescentes infractores. Este núcleo puede ser visto como aquellos espacios, planos o esferas en los que se organiza el abordaje de la intervención socioeducativa con adolescentes infractores. En este sentido, se puede entender que los ámbitos contienen aquellas áreas problemáticas o fenómenos específicos que se incluyen en la intervención. Particularmente, se encuentran los ámbitos individual y familiar de los adolescentes.
5. 5. Dificultades en la intervención socioeducativa con adolescentes infractores. Núcleo temático que considera aquellos problemas derivados de la gestión de los programas de ejecución de las sanciones en medio libre, así como las dificultades en los equipos profesionales para la intervención.

Fuentes de información

Se ha privilegiado el uso de fuentes de información primarias, es decir, resultados de estudios empíricos, modelos teóricos o de intervención derivados de investigaciones, así como artículos procedentes de sistematizaciones de prácticas de intervención.

Criterios de búsqueda

Éstos se establecieron con el fin de crear un primer filtro de la información. Se utilizaron: a) bases de datos (DOAJ, JSTOR, EBSCOHost, Dialnet, Redalyc, Scielo), b) motores de búsqueda (Google Académico), c) palabras claves (intervención/interventions, adolescentes/adolescent, infractores/offender, delincuencia juvenil/juvenile delinquency, jóvenes infractores/offender young, sanción penal/penal sanctions, familia/family, medio familiar/family environment, redes institucionales y comunitarias, menor infractor, tratamiento, intervención socioeducativa/socio-educational intervention, adaptación social/social adaptation) y d) operadores booleanos —ecuaciones de búsqueda— (AND, OR, NOT).

Criterios de inclusión/exclusión

Como segundo filtro para la selección de información, se procedió a la elección de aquellos artículos que cumplieran con los siguientes criterios:

Literatura incluida

En la búsqueda y revisión, se identificaron un total de cuarenta artículos científicos resultado de investigaciones empíricas sobre la temática; de los cuales, diecinueve han cumplido con los criterios de inclusión definidos.

Procedimiento de revisión y análisis

Como se indicó anteriormente, la estrategia de búsqueda de información se llevó a cabo mediante núcleos temáticos. A partir de éstos, se procedió a realizar la revisión, tomando en cuenta los criterios de búsqueda como primer filtro de la información. En este momento, se realizó una primera revisión de los resultados por medio del título, las palabras clave y el resumen para comprobar que trataran el fenómeno aquí abordado y que fueran investigaciones. Así, se seleccionaron los artículos que cumplían con los criterios de inclusión definidos en el segundo filtro.

Para el proceso de análisis de los artículos seleccionados, se utilizó el software Atlas.ti en su versión 8.4.5, con el cual se procedió a la sistematización, clasificación y organización de la información. En términos detallados, el procedimiento para la revisión analítica de los resultados de investigación de los artículos seleccionados se realizó considerando que se estaban identificando tres aspectos clave: las orientaciones estratégicas, los ámbitos de aplicación de éstas y algunas de las dificultades para la intervención socioeducativa con adolescentes infractores de ley en contexto de una medida de sanción en medio libre. De esta manera, se utilizaron elementos del análisis de contenido temático, ya que se definieron previamente los temas en los tres aspectos mencionados. Esta definición fue hecha mediante el programa Atlas.ti como código, es decir, los tres aspectos representados cada uno en un código. Con ello, al ir leyendo y analizando la literatura, se fueron incorporando a cada código aquellos elementos relacionados con nuestro objetivo que se encontraron en cada artículo revisado; esto con el fin de lograr identificar, de manera rápida y organizada, la información seleccionada para la redacción de este trabajo.

Organización de la información

Recordemos que el propósito de esta revisión es mostrar de manera exploratoria-descriptiva la identificación de orientaciones estratégicas para la intervención socioeducativa con adolescentes infractores en los ámbitos individual y familiar, así como las dificultades que se presentan en dicha intervención, por medio del análisis de resultados de investigaciones empíricas sobre el tema. Consideramos importante, dado que se trata de resultados de investigaciones empíricas, indicar los aspectos centrales de las metodologías utilizadas en los estudios revisados; además, uno de nuestros criterios de inclusión fue precisamente que contaran con una metodología adecuadamente descrita.

Dicho lo anterior, este trabajo se organiza a partir de los dos ámbitos de intervención: el primer apartado está dedicado al ámbito individual y el segundo al familiar; en éstos, se exponen los resultados de investigaciones y las orientaciones estratégicas derivadas de ellas. En un tercer apartado, se consignan las dificultades que se presentan en los procesos de intervención socioeducativa. Finalmente, se incluyó un apartado de reflexiones sobre los trabajos revisados para ofrecer una apreciación global.

Desarrollo

1. Orientaciones estratégicas para la intervención socioeducativa en el ámbito individual con los adolescentes infractores

La intervención socioeducativa con adolescentes infractores de ley en contexto de medidas alternativas a la privación de la libertad se realiza abordando distintas problemáticas que se presentan en el ámbito individual de los adolescentes. Una de las más frecuentemente abordadas por los equipos profesionales de estos programas es la relacionada con el uso de drogas. En este contexto, Ortega Gaite et al. (2020) exponen los resultados de una investigación realizada en España que tuvo como objetivo analizar la intervención socioeducativa y los efectos de ésta entre un colectivo de jóvenes que terminó con éxito las medidas educativas del Programa Socioeducativo de Medidas Alternativas de una ONG, mismo que fue organizado como respuesta pedagógica al consumo intensivo de alcohol en la vía pública por parte de la población juvenil. Los autores utilizaron una metodología mixta en la que participaron 423 adolescentes sancionados, de los cuales 112 fueron objeto de estudio por haber finalizado con éxito el programa de intervención.

En los resultados relacionados con el uso y consumo que hacen los adolescentes del alcohol y las drogas, se evidencia un aspecto que podría favorecer dicho consumo: un porcentaje importante de los adolescentes relativiza el riesgo en el consumo de alcohol por tratarse de una droga legal; dicho en otros términos, dado que su venta y consumo no es ilegal, se asume que no hay problema con consumirla. En este contexto, los adolescentes no valoran como problemático el consumo de alcohol; más bien, lo consideran como natural, ligado a la diversión y la juventud; no le atribuyen peligro alguno, a diferencia de las drogas ilegales. Por otra parte, los resultados también muestran los motivos por los que los adolescentes consumen alcohol; éstos son, en orden descendente de motivación: el disfrute, porque se desinhiben y lo pasan mejor, el consumo asociado a la identidad de grupo de pares, porque sus amigos lo hacen o por presión socio-grupal.

Prácticamente la totalidad de los adolescentes indicó conocer las consecuencias del consumo de alcohol, lo que para los autores evidencia cómo el trabajo preventivo en términos informativos —realizado desde los entornos escolar, social y familiar— es efectivo, aunque ello no significa que se evite el consumo. Más del 80 % de los adolescentes consideraron positiva la sanción en modalidad educativa —en referencia a las acciones de interés social y comunitario— y tuvieron una valoración positiva respecto a los proyectos o planes de intervención en los que han cumplido las medidas. Con respecto a las acciones de interés social y comunitario, resulta significativo cómo los adolescentes empatizan con las problemáticas de otras personas a las cuales el alcohol les ha cambiado la vida por completo. Con relación a los proyectos o planes, se destaca cómo han logrado tomar conciencia de sus actos. Los autores señalan que, al parecer, los adolescentes, al finalizar la medida judicial, tienen otra percepción del alcohol, ya que, al realizar el programa, adquieren mayor conciencia sobre los efectos nocivos. Por último, en términos de los resultados más destacados, aparece otro elemento interesante: todos los adolescentes participantes valoraron de forma positiva el trabajo del educador social, apreciando aspectos como la cercanía, la empatía, la flexibilidad y el uso de WhatsApp como estrategia de comunicación y seguimiento.

En términos de las orientaciones estratégicas para la intervención en clave educativa, la investigación muestra que es importante repensar las acciones preventivas puestas en práctica, especialmente aquéllas que han permitido conocer las consecuencias del consumo de alcohol, y, con ello, resignificarlas para pasar de un conocimiento informado a una disminución efectiva del consumo, en el sentido de una reducción de daño.

Por otra parte, a partir de las propias narrativas de los adolescentes, es posible destacar estrategias orientadas a la generación de actividades lúdicas y deportivas como paintball, parkour, streetworkout, excursiones, aquéllas relacionadas con el baile, las músicas urbanas o el mundo del motor, e incluso actividades de índole solidario. Por último, una estrategia interesante que surgió está relacionada con la petición de los adolescentes de generar espacios propios en el proceso de intervención; esto significa que no sólo se desplieguen acciones educativas desde el programa de ejecución de las medidas de sanción, sino que también sean los propios adolescentes, como protagonistas reales de su proceso, quienes puedan autogestionar actividades y acciones. Lo anterior implica una imprescindible indagación de las necesidades e intereses de los adolescentes a la hora de diseñar los planes de intervención.

Respecto al ámbito individual, es posible identificar estudios centrados en casos únicos de sujetos intervenidos. Por ejemplo, en el mismo contexto español, Herrera-Pastor y de-Oña-Cots (2017) hicieron una investigación de carácter cualitativo, desarrollada por medio del método de estudio biográfico de caso único, la cual se centró en ubicar las claves que se dieron en el proceso de intervención socioeducativa conducente al cambio positivo que vivió el caso estudiado. Utilizaron entrevistas biográficas al sujeto estudiado y entrevistas a otras doce personas vinculadas al momento de la intervención, entre las que se encuentran un hermano, un amigo, una jueza, una trabajadora social, un tutor, una educadora y unos monitores, por mencionar algunos. También se recurrió a fuentes documentales, principalmente expedientes jurídicos y de intervención.

El resultado más relevante para los autores es que el éxito obtenido se debió a la “personalización de la intervención”, es decir, una estrategia de vinculación estrecha con el sujeto, misma que se articuló con distintas iniciativas socioeducativas; entre ellas, se destaca una que no siempre se considera en los programas, pero que el estudio señala como importante y fundamental: la satisfacción de necesidades básicas muy particulares de cada caso.

En términos de las orientaciones estratégicas de intervención, se rescatan algunas claves de importancia para una intervención personalizada efectiva; cinco de ellas son de carácter educativo y diez de carácter social. Aquí subrayamos las siguientes: a) características personales y disposición al cambio, b) bajo compromiso delictual, c) alto apoyo familiar, d) religiosidad, e) la detención como punto de inflexión de la carrera delictual, f) dotación de un sentido pedagógico de la intervención, g) la re-escolarización y culminación de estudios formales que permitió el acceso de trabajo remunerado y h) las gestiones de la trabajadora social en el ámbito individual y redes sociales.

Otro elemento importante que destacan los autores como un eje estratégico para la intervención es que se ha reforzado la idea de que, a la hora de educar, no sólo basta con los esfuerzos pedagógicos, sino que se deben tener en cuenta aspectos que requieren ser satisfechos en términos de necesidades básicas. De esta manera, concluyen que la intervención con adolescentes sancionados a una medida en medio libre debe ser como mínimo socio-pedagógica.

También en la línea de los estudios cualitativos de caso con método biográfico en España, Herrera-Pastor et al. (2018) muestran algunas de las claves esenciales de una buena práctica de intervención que se desarrolló con un adolescente infractor que se convirtió, posteriormente, en educador de otros adolescentes infractores. La investigación utilizó la técnica del relato de vida con un modelo de relatos cruzados. Participaron el adolescente —ahora educador— y otros diecinueve actores clave en la vida y en el proceso de intervención del protagonista. Los tópicos de análisis fueron: a) el acompañamiento sociopedagógico llevado a cabo, b) el carácter holístico de la intervención, c) su longitudinalidad y d) la intervención desarrollada por la trabajadora social como clave esencial o eje articulador de todo el proceso de intervención.

Los autores exponen resultados centrados en la intervención desarrollada por la trabajadora social como uno de los informantes o fuente primaria del estudio. Dichos resultados son conceptualizados como acompañamiento sociopedagógico, enfoque holístico y longitudinalidad en la intervención. La intervención profesional comprende estos tres aspectos, al combinarlos adecuadamente y con sentido. El acompañamiento socioeducativo fue anticipador y procurador de situaciones, con un carácter proactivo del adolescente en el proceso de intervención. El enfoque holístico permitió poner en práctica, desde una perspectiva integral y ecológica, iniciativas de distinta naturaleza que resultaban coherentes con la situación del adolescente. La longitudinalidad se observa en el hecho de que su trabajo profesional fue realizado de forma transversal mientras el adolescente cumplía su medida de sanción. De esta manera, la articulación de los tres aspectos descritos permitió contribuir al desarrollo de buenas prácticas de intervención.

La metodología de acompañamiento socioeducativo, como orientación estratégica, resulta fundamental y se caracteriza por dos rasgos básicos: el apoyo y el estímulo. En este sentido, el apoyo se representa en proporcionar un soporte al adolescente infractor en las situaciones complicadas, lo que permite contemplar la resiliencia. También es indispensable la relación de confianza entre el profesional y el adolescente intervenido. Además, el profesional debe ser un gestor de situaciones clave, es decir, tener una habilidad especial para detectar momentos incitadores e iniciadores de una transformación del adolescente, considerando tanto los aspectos personales como contextuales. En el abordaje pedagógico de la intervención, son aconsejables dos líneas estratégicas complementarias y su utilización simultánea: por una parte, proporcionar al adolescente recursos para que aprenda aquello que se establece como objetivo y, por otra, realizar un monitoreo constante del proceso, actuando de manera oportuna en los factores que estén poniendo en riesgo la evolución de la intervención socioeducativa.

Los profesionales deben ayudarle al adolescente a reconfigurar la situación que lo ha llevado a su condición actual. Para los autores, esto es fundamental porque no se trata de que los profesionales cambien la realidad, sino que es el propio adolescente quien debe hacerlo, puesto que se trata de su propia realidad. En este sentido, las orientaciones estratégicas de intervención deben orientarse en dos direcciones: la primera es saber cuándo y cómo actuar; esto implica ir un paso más adelante del proceso, visualizando lo que resulta necesario e indispensable abordar y, así, implementarlo de manera oportuna. En la segunda dirección, el profesional debe saber ubicarse un paso atrás del adolescente intervenido: debe permitirle el protagonismo de la experiencia de intervención.

La investigación destaca que el enfoque ecosistémico, como orientación estratégica para la intervención socioeducativa, se torna relevante siempre y cuando las acciones específicas se realicen con sentido coordinado hacia el sujeto intervenido, especialmente cuando existen varios agentes o profesionales que se involucran en la intervención. Dicho de otro modo, los profesionales deben saber que su trabajo es un elemento más en todo el ecosistema del adolescente. Esto implica una constante coordinación entre los involucrados.

Finalmente, una orientación estratégica que no podemos dejar de lado es el de la figura profesional y su rol en la relación con el adolescente intervenido. Es recomendable —sobre todo para casos complejos— que sea el mismo interventor el que cubra o aborde todo el proceso de intervención de un adolescente, es decir, de forma longitudinal; lo que le permite al profesional tener un panorama general de toda la intervención y aprovechar el vínculo en la relación profesional que, de todos modos, facilita el proceso de cambio.

Por otra parte, en la sociedad moderna, las tecnologías de información y comunicación parecen estar más presentes entre nosotros de lo que pensamos; éste es el caso de los teléfonos móviles, que, junto con las redes de comunicación virtual, pueden contribuir a la intervención socioeducativa con adolescentes infractores. En este contexto, Vasco-González et al. (2020) llevaron a cabo un estudio reciente que tuvo como propósito la exploración de prácticas de ocio digital que realizan los adolescentes en riesgo; este trabajo se hizo a partir de la visión de los profesionales socioeducativos, desde su propia experiencia de trabajo con los adolescentes, con el fin de identificar opciones para el desarrollo personal y la inclusión social de éstos desde una perspectiva educativa. La información se obtuvo por medio de entrevistas abiertas a diecinueve educadores sociales de distintas profesiones.

Los principales resultados indican que los adolescentes están en contacto directo y constante con los amigos a través de las redes sociales. En este escenario virtual, operan de acuerdo a sus normas de participación, con su propio lenguaje, de forma libre y autónoma, es decir, alejados del control espacio-temporal de los adultos. Además, los profesionales de intervención consideran que los adolescentes disfrutan de experiencias de ocio digital en las que inventan personajes idealizados, que los entrevistados asocian a la pérdida de noción de la realidad, sostenida en una suerte de autoengaño o fantasía. Asimismo, indican que los adolescentes se caracterizan por la reproducción de estereotipos sociales vinculados a la moda del vestuario, imitación de roles escasamente educativos, consumismo, apuestas en juegos de azar, entre otros; todo por medio del smartphone.

El estudio destaca el potencial que tienen las experiencias de ocio digital entre los adolescentes para el desarrollo de prácticas que les permitan escapar de la hostilidad vivida en la realidad. En este sentido, consideran que estas prácticas contribuyen a mejorar las capacidades comunicativas y habilidades sociales de los adolescentes, pues implican el desarrollo de la creatividad, la libertad y la independencia, las cuales mejoran la autoestima.

En cuanto a las orientaciones estratégicas de intervención, se recalca, primero, que ésta será efectiva en tanto sea capaz de organizar un enfoque educativo articulado en actividades lúdicas a través de dispositivos digitales. Segundo, que las actividades deben estar contextualizadas según intereses, preferencias, participación y motivación de los adolescentes a los que se dirige la acción educativa. Tercero, que es necesario estimular la capacidad de los adolescentes de identificar sus propias necesidades, lo que les ayuda a ganar autonomía y confianza en sí mismos. Cuarto, que se aportan tres principios fundamentales: a) estudiar e identificar las necesidades como grupo social, de forma que se pueda contextualizar la intervención educativa, b) operar en los escenarios virtuales de acuerdo con las necesidades detectadas en el proceso de intervención y c) reconocer el potencial educativo del ocio digital desde un enfoque que le otorgue valor entre los adolescentes que participan.

Finalmente, los autores de esta investigación ponen de relieve que han descubierto que la intervención con estrategia de ocio digital opera en el aprendizaje cooperativo fundamentado en la participación y comunicación de los protagonistas.

También en el contexto europeo —sólo que ahora nos trasladamos a Inglaterra—, Smith y Gray (2019) desarrollaron una investigación para buscar evidencia confirmatoria o compensatoria acerca del grado de coherencia y alineación entre las aspiraciones y reclamos formalmente declarados de los servicios de intervención con adolescentes infractores en medio libre, sus informes de metas y prácticas cotidianas. La investigación tuvo un carácter cualitativo dividido en dos fases.

La primera fase consistió en una revisión sustancial de los planes o políticas públicas para el desarrollo de las acciones con población adolescente infractora. Para ello, se utilizó un análisis de contenido, logrando identificar tres tipologías de orientaciones en materia de intervención en medio no privativo de libertad con población adolescente infractora: gestión del adolescente infractor, intervención dirigida y “los adolescentes primero”. La segunda fase incluyó la aplicación de una serie de entrevistas semiestructuradas en profundidad para representar los tres modelos de práctica identificados en la primera fase del estudio. Participaron veintitrés informantes, entre los que se encontraban profesionales de intervención, coordinaciones y direcciones de ocho de los servicios de atención en medio libre para adolescentes infractores. Las respuestas de las entrevistas fueron sometidas a un análisis temático teórico tomando como base el marco ofrecido por la tipología.

Los resultados de la primera fase arrojaron tipologías de orientaciones en materia de intervención en medio no privativo de libertad con población adolescente infractora desde los planes de políticas públicas. Primero, se encuentra la gestión de los adolescentes infractores: los planes en este tipo de intervenciones ponen el acento en abordar la conducta delictiva y las consecuencias derivadas de ella; en otros términos, se trata de la gestión de riesgo para la reducción de la reincidencia. Las estrategias tienden a combinar las necesidades de la situación del adolescente con la gestión de riesgo, ya que la intervención está centrada en ello, más que en comprender los orígenes de la conducta delictiva. Segundo, aparece la intervención dirigida, la cual forma parte de planes más amplios de prestación de intervención especializada con adolescentes infractores. Las intervenciones de este tipo son proactivas, al abordar aspectos de las vulnerabilidades y necesidades básicas de los adolescentes —por ejemplo, falta de vivienda, uso de drogas, embarazo adolescente, bajo rendimiento educativo, desvinculación escolar—. Tercero, se encuentran los planes denominados “los adolescentes primero”; éstos son generalizados, es decir, pueden ser incorporados tanto adolescentes infractores como los que no lo son. Hacen énfasis en priorizar el bienestar de los adolescentes, independientemente de su participación en conductas delictivas; esto implica la satisfacción de necesidades básicas junto con la preocupación constante por un comportamiento delictivo.

Por otra parte, en los resultados de la segunda fase de la investigación, se evidencia lo que los autores denominan “ontologías cotidianas” de los equipos entrevistados. Esto se refiere a sus creencias implícitas y, en ocasiones, explícitas sobre las causas del delito, la naturaleza de la infancia, la relación entre riesgo y necesidad, así como sus ideas sobre estrategias de intervención apropiadas y efectivas. Mientras que, en otros servicios, las prioridades se definen en términos de abordar necesidades complejas y trabajar con jóvenes de “alto riesgo”, las orientaciones estratégicas se enmarcan en “‘identificar a los adolescentes con las mayores-necesidades/mayores-riesgos’ lo más pronto posible para luego implementar acciones preventivas en modalidad de intervención dirigida” (Smith y Gray, 2019, p. 564; traducción propia). Mientras otros servicios se centran en un enfoque integral de resolución para los problemas más complejos en el bienestar de los adolescentes en un estilo integrado o de “ventanilla única” para abordarlos, este enfoque tiene como estrategia evitar “aislar” a los jóvenes infractores y reconocerlos como “los adolescentes primero”.

Es importante destacar que, en el contexto europeo, se está avanzando hacia la justicia restaurativa especializada para adolescentes infractores. En este sentido, la investigación devela algunos aspectos de esta modalidad. La forma en la que la justicia restaurativa fue interpretada por los informantes de los servicios de atención es operativa. Por ejemplo, en uno de ellos, que realizaba gestión de adolescentes infractores, la justicia restaurativa se entendió como parte de un menú de intervenciones rutinarias y de responsabilidad, como las disculpas y la retribución de la comunidad, que podrían utilizarse para gestionar el riesgo de reincidencia de los adolescentes. En otro servicio, las prácticas de justicia restaurativa fueron más que una estrategia de intervención: el equipo estaba orientado a la resolución de conflictos, reparación de daños y reparación en su trabajo con jóvenes, víctimas y la comunidad. Finalmente, en los equipos de intervención dirigida, la justicia restaurativa se entendió como parte de un repertorio de intervenciones terapéuticas flexibles pero dirigidas a objetivos de alto riesgo/necesidad, más que como un fin en sí misma.

Ahora bien, en las intervenciones socioeducativas con población de adolescentes infractores, es recurrente el uso de los modelos de intervención; en este sentido, se han desarrollado adaptaciones y validaciones de modelos importados, por ejemplo, del contexto educativo formal al de los programas de ejecución de sanciones en medio para adolescentes sancionados. Para aproximarnos a este tipo de trabajo, nos trasladaremos a América, particularmente a Estados Unidos, en donde Snow et al. (2015) realizaron una investigación para adaptar una política pública implementada en el sistema educativo denominada Modelo de Respuesta a la Intervención (RTI).1 Dicha adaptación se centra en la RTI con respecto a las necesidades del habla, lenguaje y comunicación (SLCN)2 de los adolescentes infractores y las formas en las que este marco podría servir como base para el diseño, la prestación y la evaluación de los servicios de terapia del habla y el lenguaje en el contexto de la justicia penal para adolescentes. Todo esto fundamentado en la alta prevalencia de las SLCN en adolescentes infractores.

En cuanto a los resultados de la adaptación, a diferencia del modelo triangular RTI original, el modelo adaptado para las SLCN de los adolescentes infractores se constituyó como un modelo envolvente, en forma de círculos concéntricos. El modelo parte del supuesto de niveles significativamente más altos de necesidad de alfabetización lingüística en los contextos de intervención con adolescentes infractores —a diferencia de los que se encontrarían en un aula regular—; de esta manera, los niveles de intervención no son categóricos ni mutuamente excluyentes, por lo que los adolescentes pueden transitar de forma paralela entre niveles.

Con respecto al primer nivel de intervención (Nivel 1), la adaptación destaca que, en un contexto de intervención con adolescentes infractores, se operará desde una base más baja de lo que sería el Nivel 1 en un aula general o regular de un contexto educativo. En este nivel, todos los adolescentes que ingresan a la medida judicial de sanción en medio libre deben someterse a una evaluación de comunicación por medio del lenguaje, como parte de los procedimientos operativos estándar y transversales del programa de ejecución de la medida de sanción. En este contexto, la orientación estratégica de intervención más importante es evaluar, en forma de procedimientos operativos estándar, a todos los adolescentes ingresados; esto permite prever que las intervenciones en donde, por ejemplo, los profesionales buscan involucrar al adolescente en una alianza terapéutica a través de una intervención verbalmente mediada —como la terapia cognitivo-conductual— podría dificultarse en la medida que el adolescente no logre una adecuada relación de comunicación con el interventor. En estos casos, los autores destacan el uso estratégico de herramientas que sean breves, psicométricamente sólidas y fáciles de administrar y puntuar. También es deseable que se emplee alguna forma de autoevaluación de las habilidades de comunicación para invitar a la autorreflexión sobre las fortalezas y dificultades de la comunicación como un paso inicial en el desarrollo de metas que tienen buenos resultados.

Los autores destacan una interesante orientación estratégica clave de la intervención de Nivel 1, la cual tiene que ver con la modificación del entorno de comunicación en el que se desarrolla la intervención, con la finalidad de reducir la complejidad y el riesgo de fallas por problemas comunicativos. Esto significa que es importante asegurarse de que el personal pueda identificar y modificar el material verbal y escrito que pueda significar dificultades lingüísticas para los adolescentes, de modo que se fomente la participación y los logros en un lenguaje adaptado. En este sentido, es apropiado enfocarse explícitamente en habilidades de comunicación social en el Nivel 1, como parte del marco más amplio de bienestar y educación, con actividades incorporadas a todas las áreas temáticas y clases. Finalmente, para este nivel, una sugestiva estrategia se enmarca en el rol que pueden desempeñar las intervenciones en el desarrollo de planes de apoyo conductual y de gestión de riesgos mediante la identificación de destrezas de comunicación que ayudan en la tarea de superar las conductas desafiantes de los adolescentes infractores.

Con respecto al segundo nivel de intervención (Nivel 2), aquí se trabaja en problemáticas más específicas de los adolescentes, en entornos de aprendizaje con grupos pequeños altamente estructurados, para abordar las SLCN que interfieren con la comunicación, la educación y el éxito de la intervención con la población infractora. Los autores destacan una serie de orientaciones estratégicas de intervención, tales como: a) tareas relacionadas con la interacción conversacional pragmática y el lenguaje oral, con mayor énfasis en las fortalezas y debilidades particulares de los adolescentes; b) la incorporación, en las tareas de los grupos pequeños, de juegos de rol y otras actividades que fomenten y refuercen la transferencia de habilidades a diferentes contextos y situaciones, dado que los adolescentes infractores a menudo pueden “hablar lo que se habla” pero no “hacer lo que se dice”, y c) actividades de autoevaluación y el seguimiento del lenguaje hablado y escrito. Finalmente, de forma indispensable, se recomienda realizar monitoreo de proceso en el Nivel 2, el cual debe dirigirse a los dominios de comportamiento, comunicación y aprendizaje, utilizando distintos instrumentos como medidas estandarizadas, herramientas de observación y herramientas de autoinforme.

Por último, en el tercer nivel de intervención (Nivel 3), se trabajan problemáticas más complejas que requieren abordajes más específicos de las SLCN. En los contextos de intervención con adolescentes infractores de ley —a diferencia de los contextos convencionales de educación—, se espera que varios adolescentes necesitarán servicios de este nivel. Las orientaciones estratégicas de intervención sugieren usar los enfoques de “criterios cambiantes” y de “línea de base múltiple”, pues son apropiados para los comportamientos y habilidades que pueden cambiar gradualmente. Además, se deben considerar minuciosamente los enfoques de instrucción: dadas las problemáticas de las SLCN y su complejidad, las instrucciones deben ser claras y simples. Por otra parte, es necesaria la participación de la familia —si es posible—, los apoyos de conducta y las opiniones interdisciplinarias en los equipos profesionales. Finalmente, los autores sugieren que el Nivel 3 brinde también la oportunidad de evaluar rigurosamente la efectividad de las intervenciones; para ello proponen, por ejemplo, métodos de caso único o estudio de caso único.

Ahora bien, desde la psicología, se habla de conceptos tales como moral, empatía o prosocialidad relacionados a las experiencias delictivas. Esto se puede observar a partir de una investigación cuantitativa desarrollada en Colombia por Gómez y Narváez (2019), quienes buscaron identificar la relación entre los mecanismos de desconexión moral, la empatía y la prosocialidad en adolescentes con experiencias delictivas. En el estudio participaron sesenta adolescentes infractores (50 % hombres y 50 % mujeres), de entre 16 y 18 años de edad, de la ciudad de Manizales, a los que se les aplicó el cuestionario de desconexión moral (MMD), la escala de tendencias prosociales (PTM-R) y el índice de reactividad emocional (IRI).

Uno de los principales resultados fue que el mecanismo de desconexión moral que más alto puntuó fue la “justificación moral” de las conductas disruptivas. Este mecanismo se correlacionó de forma negativa con las conductas prosociales de emergencia emocional por complacencia y altruismo, y con la empatía, especialmente en las dimensiones de toma de perspectiva y preocupación empática.

El mecanismo de justificación moral se observa en el hecho de que los adolescentes, para lograr sus fines, perciben como correctos aspectos incorrectos. Esto significa que anteponen sus medios, aun cuando atenten contra el bienestar social. Un ejemplo de esto sería proteger a un ser querido o familiar, o los medios empleados para la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, abrigo, etcétera. Los autores señalan que este mecanismo es el principal inhibidor de las conductas prosociales, particularmente aquéllas que se relacionan con cuestiones emocionales y de complacencia. Se trata de la capacidad para experimentar un estado emocional o comprender el punto de vista de otro, lo que se vuelve trascendental a la hora de desconectarse moralmente en una conducta delictiva.

En tanto que, si bien, las motivaciones prosociales están dirigidas a la ayuda en situaciones de emergencia, complacer u obedecer a terceras personas no se vincularía a motivaciones altruistas o emocionales. En este contexto, se muestra que, a mayor presencia de conductas prosociales y empatía por otro, menor será la de mecanismos de justificación de conductas disruptivas. Esto significa que, mientras más se presenten comportamientos prosociales relacionados con terceras personas, menor será la tendencia a asumir acciones negativas y violentas. Por último, el estudio evidencia la tendencia de los adolescentes a ayudar a otros en presencia de terceros espectadores sólo para reducir malestar personal y no necesariamente por motivos altruistas.

A partir de lo anterior, las orientaciones estratégicas de intervención se centran en la estimulación de la empatía, la solidaridad, la educación emocional, los criterios morales y prosociales en adolescentes infractores de la ley. Esto implica, por un lado, la promoción de intervenciones tendientes a generar acciones solidarias y, por otro, la exposición a un modelamiento prosocial, de modo que posibilite formas de aprendizaje social para una mayor sensibilidad frente al bienestar de terceros. Las orientaciones de intervención pueden ir encaminadas a comprender los aspectos sociocognitivos de la conducta delictiva. Además, es pertinente indagar en los mecanismos psicológicos que subyacen en el comportamiento disruptivo. Finalmente, para los autores, esto podría incidir en la disminución, a largo plazo, de las desconexiones morales y de las conductas delictivas.

Otros estudios se han centrado en destacar la voz de varios adolescentes infractores en cumplimiento de la medida de sanción de libertad asistida. Muñoz y Freixas (2017) llevaron a cabo un estudio realizado en Chile para describir los aspectos propositivos que se pueden mejorar, así como los procesos de intervención, los sueños y anhelos de los adolescentes infractores, participantes de un programa de intervención socioeducativa. Se utilizó una metodología cualitativa interpretativa, con un muestreo no probabilístico e intencionado. Los informantes fueron adolescentes que participaron en un programa de libertad asistida de la Región Metropolitana de Santiago.

A partir de los discursos de los adolescentes participantes, los autores destacaron aspectos que se sitúan como potenciales orientaciones estratégicas de intervención. Por una parte, los adolescentes informaron sobre la necesidad de acciones tendientes a la generación de vínculos desde una “lógica de emotividad” y no precisamente desde lo caracterizado como reinserción social o control social, pues develan y demandan explícitamente ese tipo de intervenciones. Por otra parte, es deseable implementar estrategias que busquen identificar las formas en cómo se representan en los adolescentes aquellas tácticas que éstos despliegan en la intervención; por ejemplo, aprenderse los procedimientos, las normativas y su “deseabilidad social”, es decir, la posibilidad de que burlen los mecanismos con los cuales se busca su revinculación normativa.

Por otro lado, la experiencia en torno a la pandemia de COVID-19 nos ha impulsado a buscar nuevas formas de abordar las intervenciones socioeducativas con adolescentes infractores, especialmente por los contactos físicos cercanos, las medidas de restricción del desplazamiento o cuarentenas. Precisamente en esta temática, Astorga (2020) publicó un estudio reciente, realizado también en Chile, que da a conocer la experiencia de Corporación Opción, un organismo privado sin fines de lucro, dedicado al trabajo infanto-adolescente en contexto de vulneración de derechos y que actúa como ente colaborador en programas ambulatorios de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename) del país. En el artículo se expone una sistematización de prácticas de intervención psicoterapéutica y psicosocial en el terreno de la responsabilidad penal adolescente en modalidad a distancia y online en contexto COVID-19. Para ello, se diseñó una propuesta institucional de intervención, acompañamiento y sistematización del desarrollo de experiencias de intervención a distancia y online por parte de los equipos profesionales; el trabajo involucra profesionales de la psicología, la educación, el trabajo social y el derecho; los medios comúnmente utilizados son teléfonos, computadoras y dispositivos móviles para organizar llamadas telefónicas, videollamadas, chats y reuniones por videoconferencia.

Se utilizó una metodología cualitativa. Se diseñaron y aplicaron instrumentos para la sistematización de las experiencias, tales como una ficha de recopilación de información que consideró los tópicos de nombre del programa, nombre de la práctica o experiencia a presentar, descripción de la práctica, opinión de los adolescentes y sus familias sobre las prácticas implementadas, la opinión de profesionales de la intervención, así como sugerencias y observaciones a las iniciativas. Se recopilaron en total 106 fichas pertenecientes a 94 programas implementados por la Corporación Opción en el país.

De los principales resultados de la sistematización, se destaca que la implementación de procesos de intervención online y a distancia ha permitido dar continuidad e iniciar nuevos ingresos para la intervención en contexto de COVID-19. Se tuvieron que adaptar las metodologías de intervención presenciales a la modalidad a distancia y crear nuevas formas de abordaje de los procesos. Las intervenciones en esta modalidad requieren de consentimientos informados, aplicados tanto a los adolescentes como a sus familias o cuidadores. Las situaciones de riesgo y complicaciones en la intervención deben ser abordadas necesariamente en forma directa, sin mediar la modalidad online. Dado el contexto de confinamiento, se observa la importancia de orientar el trabajo no sólo hacia el adolescente, sino también hacia su familia. En este sentido, los adolescentes y sus familias han reportado percepciones de efectividad en cuanto a la continuidad de las intervenciones y la aplicación de diversas acciones innovadoras. Por su parte, los profesionales perciben una mayor adherencia y motivación de las familias a estas nuevas prácticas. Sin embargo, el autor destaca que el trabajo en modalidad a distancia no reemplaza el trabajo directo y presencial.

Las orientaciones estratégicas se centran en intervenciones enfocadas en problemáticas de las familias derivadas del confinamiento o cuarentenas; así como en estrategias informativas y preventivas sobre la COVID-19 y estrategias tendientes a visualizar los efectos del confinamiento tanto en los adolescentes como en sus familias. Esto ha favorecido la expresión de emociones en los adolescentes y sus familias en el contexto de la pandemia.

Se pueden destacar las acciones que favorecen la organización del tiempo del grupo familiar (rutinas) y la prevención del ciberacoso y grooming en los adolescentes. También se resaltan aquellas experiencias tendientes al acompañamiento de los adultos responsables de los adolescentes; por ejemplo, los talleres de acceso a beneficios sociales establecidos como políticas estatales. Por otra parte, se sugiere el uso de metodologías creativas para adolescentes y adultos, tales como videos explicativos, mapas conceptuales y cápsulas audiovisuales informativas sobre modelos de intervención, ciclo metodológico y circuito judicial, pues el estudio reportó mayor comprensión y aplicación en la cotidianeidad de los adolescentes y sus familias.

En términos de las estrategias para los equipos profesionales, se deben adaptar, como mínimo, la entrevista de ingreso, la visita domiciliaria y los módulos socioeducativos. También es necesaria la formación o capacitación, tanto de los adolescentes como de sus familias, en el uso de plataformas digitales que permitan realizar los procesos de intervención. Por último, se sugiere apoyo y acompañamiento individual educativo para adolescentes en situación de tensión o conflicto con el medio escolar, educación ante el consumo de drogas, intervenciones grupales con adolescentes que son madres, creación de grupos de estudio vía Facebook, talleres online para adolescentes y adultos en temáticas educacionales, jurídicas o de género.

Ahora bien, desde Chile, cruzamos la cordillera de los Andes y nos situamos en Argentina, en donde Fernández (2019) realizó un estudio entre 2014 y 2016 que tuvo como objetivo el análisis del sentido producido por profesionales estatales de intervención sobre la categoría de responsabilidad penal juvenil, especialmente en lo concerniente a las acciones que se desarrollan en el contexto de la ejecución de las medidas de sanción en medio libre. Se utilizó una metodología cualitativa, con un método de estudio de caso; siendo éste un programa de ejecución de sanciones de libertad asistida de la provincia de Buenos Aires, el cual tiene como finalidad generar acciones orientadas a la reflexividad y la educación de adolescentes de 16 y 17 años sancionados judicialmente por delitos. Se aplicaron técnicas de observación no participante y de entrevista semiestructurada en profundidad a los profesionales de intervención.

Los resultados indican que la responsabilidad penal adolescente se construye de forma reintegrativa/estigmatizante a partir de discursos de moralidad que operan sobre la base de estrategias de “responsabilidad subjetiva”. Esto significa que los discursos remiten a una matriz clásica que concibe a los adolescentes como sujetos racionales, lo que implica asumir que tienen la capacidad de decidir, desear y hacerse responsables de las consecuencias de sus actos. Esto es coherente con la implementación de estrategias de subjetivación y moralización por medio de la reflexión del joven sobre los motivos del delito. Por otra parte, la autora señala que el carácter formal y breve de las medidas alternativas a la privación de libertad pone en la palestra la controversia de que esto, de alguna manera, neutraliza el sentido de la intervención. Por último, se señala una “alerta” para la configuración de la identidad de los adolescentes durante el proceso de intervención, ya que por momentos éste es referenciado de forma estigmatizante y, en otros momentos, de forma reintegrativa.

La orientación estratégica que se pueden destacar, según la autora, es la propuesta de una especificidad en la intervención con adolescentes infractores en contexto no privativo de libertad, que genere espacios para que el adolescente interpele discursos tanto reintegrativos como estigmatizantes y, con ello, favorecer su conducta reeducable e integrable a la sociedad. En este sentido, la construcción de identidad de los adolescentes es de suma importancia, ya que, por un lado, se contribuye al alejamiento del delito y, por el otro, se facilita la integración social en la medida en que los programas y políticas públicas lo observan como posible.

En este apartado, hemos expuesto una serie de resultados de investigaciones en torno a la intervención socioeducativa con adolescentes infractores en cumplimiento de medidas de sanción en medio libre en programas o dispositivos de ejecución, especialmente orientadas al ámbito individual de los sujetos intervenidos. A continuación, se expondrán resultados de investigaciones de las cuales se desprenden orientaciones estratégicas para la intervención en el ámbito familiar de los adolescentes infractores.

2. Orientaciones estratégicas para la intervención socioeducativa en el ámbito familiar de los adolescentes infractores

Si bien la intervención socioeducativa en contexto de una medida de sanción en medio libre se realiza para el adolescente infractor, también se hace cargo de su entorno familiar como agente indispensable para lograr resultados positivos, cambios o transformaciones. En este sentido, este apartado busca exponer los principales resultados de investigaciones que relacionan al ámbito familiar de los adolescentes con los procesos socioeducativos.

Tal es el caso de Melendro et al. (2016), quienes desarrollaron un estudio en España con el objetivo de aportar orientaciones y propuestas que contribuyeran a mejorar la praxis de los profesionales de la intervención socioeducativa con adolescentes infractores y sus familias. La metodología fue de carácter mixta, desarrollada en dos fases. Aquí se expone la segunda fase, correspondiente a un estudio cualitativo que buscó profundizar y contrastar los resultados cuantitativos de la primera fase. Participaron 92 profesionales de intervención y 149 adolescentes.

Los resultados cualitativos de esta fase de la investigación indican que las orientaciones estratégicas de intervención con familias se deben situar principalmente en la oferta de pautas de comportamiento, es decir, estilos educativos familiares. En este sentido, la intervención debe hacerse desde el afecto, la cercanía, el humor y con un lenguaje adaptado a las familias, evitando elementos que propendan a juzgar las dinámicas, creencias o condiciones familiares. Para los autores, esto significa que las intervenciones se hacen desde un carácter educativo, consideradas como “no terapéuticas”.

Una de las estrategias explícitas que se propone para el trabajo con las familias de los adolescentes infractores es el control de los “juegos familiares” con el profesional. La estrategia tiene que ver con mostrar a las familias los aspectos positivos del adolescente por medio de paradojas o metáforas. Por último, frente a las dificultades con las familias escasamente adherentes a la intervención, se plantea potenciar la autonomía de los adolescentes y el abordaje de las percepciones sobre el tiempo o los ritmos vitales entre familia y adolescencia.

En el contexto europeo, Humayun et al. (2017) desarrollaron el primer estudio cuantitativo que evalúa la Terapia Familiar Funcional (FFT) fuera de Estados Unidos. La investigación fue desarrollada en Inglaterra y tuvo como finalidad la evaluación comparativa de la FFT y una intervención de las habituales, con modelo de apoyo y asesoramiento, desarrollada de manera independiente al programa de intervención, aunque con la supervisión de éste. La hipótesis central fue que, en el ámbito individual, los adolescentes miembros de familias signadas a la estrategia de intervención reducirían sus conductas delictivas y, para el ámbito familiar, suponían una reducción de comportamientos disruptivos en la familia e interacciones positivas entre los 6 y 18 meses de intervención. Participaron 111 adolescentes, hombres y mujeres, de 10 a 18 años de edad y sus padres o cuidadores responsables, los cuales se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos: el de FFT (65) y el de control o intervenciones habituales con modelo de apoyo y asesoramiento (46). Las familias asignadas al grupo FFT participaron, en promedio, en once sesiones de trabajo.

Los resultados muestran que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos evaluados en términos de intervención y resultados tras catorce semanas. A diferencia de los estudios del contexto norteamericano, que sí han arrojado diferencias, los autores indican que éstas radicarían principalmente en que los estudios estadounidenses fueron más rigurosos metodológicamente y externos al programa de intervención original. De esta manera, en Inglaterra, el programa genérico de intervención considera aspectos como la comunidad, familia o controles de georastreo, por lo que reporta mejores resultados que la FFT proveniente del contexto estadounidense. Finalmente, los investigadores concluyen como orientación estratégica que las intervenciones son más efectivas cuando están basadas en el individuo e incorporan el resto de los ámbitos de trabajo como la familia y la comunidad, entre otros.

Otros estudios se han centrado en la identificación de dificultades en las familias de adolescentes infractores, como es el caso de una investigación desarrollada en la Ciudad de México por Tenenbaum (2016b), quien buscó mostrar los problemas asociados con el cuidado familiar en adolescentes que cometieron infracciones a la ley y que, por esa razón, cumplen medidas en libertad. Se planteó como propósito dar cuenta de la incidencia de la familia en la infracción de los adolescentes. Se utilizó una metodología cualitativa con historias de vida familiar. Los participantes fueron catorce adolescentes —cuatro mujeres y diez varones de entre ١٤ y ١٨ años de edad— en proceso de cumplimiento de sanción en libertad. El instrumento de recogida de información fue la entrevista individual en profundidad.

En los resultados, el autor indica que los adolescentes reportan un reconocimiento de la familia, particularmente porque ya no se enfocan en las ausencias del pasado —en caso de haber ocurrido—sino en la presencia actual, traducida en demostraciones de preocupación ante su situación de cumplimiento de la medida judicial, lo que se visualiza, por ejemplo, en la presencia de la familia en los procesos judiciales —las audiencias en tribunales, las visitas en internación tanto provisoria como cautelar y la institución de ejecución de medidas de libertad—. En cualquiera de estas situaciones, algún familiar —especialmente la madre, quien retoma su lugar privilegiado— acompañaba el proceso.

En este sentido, el autor recalca que las orientaciones estratégicas de intervención en el ámbito familiar deberían estar dirigidas a la figura materna o significativa de los adolescentes, de tal modo que la intervención conecte con el sentido de éstos, es decir, con el sentido que los adolescentes le asignan a la figura de la madre en el presente.

Por último, un aspecto interesante que destaca la investigación —y que se podría considerar para una orientación estratégica de intervención— es que la formalización del proceso judicial del adolescente es una suerte de golpe en las familias, debido al cual han logrado cambiar ciertos patrones de comportamiento relacionados con las pautas familiares problemáticas anteriores a la infracción. Si las pautas y problemáticas familiares no se difuminan, por lo menos el adolescente ya las visualiza de otra forma, lo que debe ser aprovechado de manera estratégica en el proceso socioeducativo.

En Colombia, Ávila-Navarrete (2017) muestra la experiencia sistematizada de un plan estratégico para el incremento de la corresponsabilidad familiar en instituciones que ejecutan medidas judiciales en libertad para adolescentes infractores. La investigación fue realizada por medio de una metodología de marco lógico. Participaron actores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: tanto los adolescentes vinculados al programa como su familia nuclear y extensa y los equipos interdisciplinarios pertenecientes a la institución de ejecución de las medidas de sanción; también integrantes de la comunidad o barrio, profesionales de la intervención, policías y jueces.

De los resultados relacionados a las orientaciones estratégicas identificadas, se resaltan cuatro puntos. En primer lugar, se proponen tácticas participativas para que las familias garanticen la atención, el cuidado y la protección de los adolescentes al momento de llevar a cabo un proceso intervención socioeducativa. En este contexto de corresponsabilidad familiar en los procesos de intervención con adolescentes infractores, se obliga a todos los profesionales a visualizarse y visualizar al otro como un ser social; en este sentido, se sugiere establecer procesos humanizados y generadores de cambio en las familias, fundamentados en la comprensión de las interacciones que son propias del contexto familiar. Segundo, los profesionales de intervención deben ahondar en la identificación de las características diferenciales de cada familia y sus escenarios de interacción. Para esto, la autora propone una gestión mediada por una actitud afectuosa y cargada de compromiso. Tercero, las intervenciones profesionales deben ir encaminadas a favorecer las mediaciones lingüísticas. Esto implica una adaptación del lenguaje a la forma como lo manejan las familias y sus contextos. Cuarto, con respecto a la gestión de redes, es fundamental la activación o regulación de éstas, especialmente cuando se tornan indispensables para los complejos fenómenos sociales que pueden afectar a las familias porque en la intervención con los adolescentes no se puede separar o aislar lo familiar, pues este constituye un mundo simbólico en el que están inmersos.

Finalmente, la intervención con familias se convierte en un componente terapéutico y pedagógico indispensable para la formación de la responsabilidad penal, de la adaptación o del ajuste psicológico no sólo de los adolescentes, sino también de los miembros del grupo familiar.

En este apartado, hemos mostrado resultados de investigaciones en torno a la intervención que vincula al ámbito familiar en los procesos socioeducativos con adolescentes infractores de ley en cumplimiento de medidas de sanción en libertad. El siguiente apartado expone resultados de investigaciones en las cuales se pudieron identificar dificultades en los procesos de intervención.

3. Dificultades en la intervención socioeducativa de adolescentes infractores

Hemos visto que existen una serie de orientaciones estratégicas de intervención socioeducativa tanto en el ámbito individual como familiar de los adolescentes infractores. Sin embargo, como en todo contexto, las intervenciones no se encuentran exentas de sufrir complicaciones o dificultades en su desarrollo. En este sentido, el apartado que inicia ofrece una serie de resultados de investigaciones en las cuales se han podido observar aquellas dificultades que se presentan en el abordaje de la intervención socioeducativa.

La evaluación o monitoreo de la intervención socioeducativa, tanto en el proceso como en los resultados, obliga a los equipos profesionales a contar con las herramientas adecuadas para visualizar aquellos elementos que den cuenta de situaciones iniciales y no explícitas de cambio en los adolescentes infractores. Esta temática es abordada por Úcar et al. (2018), quienes realizaron un estudio en ayuntamientos y servicios municipales de Barcelona para observar la evaluación que hacen los equipos profesionales con respecto al trabajo socioeducativo centrado en adolescentes con medida de sanción en medio abierto, bajo los principios del Enfoque de Evaluación Colaborativa. Participaron adolescentes, educadores y técnicos de intervención.

Los resultados indican que, en la evaluación realizada por los equipos, relacionada a los procesos y necesidades de los adolescentes, los profesionales carecen de herramientas puntuales para evaluar situaciones de cambio o evolución de la situación de los jóvenes intervenidos. En este sentido, los autores señalan que las evaluaciones son, por lo general, jerárquicas e implican una escasa participación de los propios adolescentes protagonistas de la intervención. Se destaca que las evaluaciones realizadas son de corte cuantitativas, más que cualitativas, y no están dirigidas precisamente al adolescente en el marco del proceso de intervención, sino más bien al desempeño de los profesionales, en términos de los procesos que se deben llevar a cabo, es decir, una especie de accountability.

Por otra parte, regularmente una de las perspectivas más utilizadas para abordar las intervenciones con población de adolescentes infractores de ley en su ámbito individual es la entrevista motivacional, la cual, en términos sencillos, es una estrategia para sortear las ambivalencias que los adolescentes pueden presentar para generar cambios o transformaciones de conducta. En este contexto, Schwartz et al. (2017) desarrollaron una investigación en Indiana, Estados Unidos, que tuvo como objetivo determinar si los profesionales de libertad asistida aplicaban principios básicos de entrevista motivacional con los adolescentes intervenidos. También se identificaron estrategias donde se visualizara con mayor frecuencia el uso de las habilidades de entrevista motivacional basada en evidencia. La muestra estuvo conformada por diecisiete programas de libertad asistida y un total de 221 profesionales participantes.

Los autores concluyeron que, si bien se evidencia que los profesionales utilizan estrategias centradas en la persona adolescente, éstas no se relacionaron con el uso de habilidades efectivas de entrevistas motivacionales. Por el contrario, se devela la utilización de estrategias de confrontación que frustran la colaboración y la relación entre el profesional y el adolescente, lo que contribuye a la resistencia al cambio. En este sentido, utilizaron enfoques de confrontación, mientras que otros informaron poco uso de cualquier tipo de estrategias. Para los autores, lo anterior se vuelve más problemático porque los profesionales no sólo no demostraron habilidades para realizar entrevistas motivacionales, sino que las respuestas de los participantes eran totalmente contrarias a los principios de éstas.

Los autores ponen de relieve que, dado el papel de los profesionales de libertad asistida para lograr un cambio en el comportamiento de los adolescentes, los hallazgos deberían fomentar orientaciones estratégicas para mejorar las competencias de los profesionales respecto a las habilidades de entrevistas motivacionales. En este contexto, la preparación o capacitación debería estar encaminada a disipar la utilización en exceso de la confrontación e incorporar elementos como la escucha reflexiva y las declaraciones afirmativas, propias del modelo motivacional del cambio.

Ahora bien, en el contexto latinoamericano, particularmente en Argentina, Collueque (2019) desarrolló un estudio en la provincia de Chubut en un dispositivo socio-penal de ejecución de sanciones en medio libre con enfoque socioeducativo. Los participantes fueron profesionales de intervención, a quienes se le aplicaron entrevistas en profundidad.

Los resultados evidencian tensiones en las distintas miradas, posicionamientos, discursos, reglas y prácticas por parte de los profesionales respecto a los adolescentes infractores. Se reconoce que el trabajo se enfoca en una política socioeducativa que forma parte de un contexto de control; no obstante, los profesionales buscan posibilidades de otorgarle nuevos sentidos a la intervención que se orienten a la promoción de la autonomía de los adolescentes y facilitar su inclusión social.

El autor indica que se evidencian discursos anclados en “paradigmas” tutelares con una visión de “tratamiento” de los adolescentes infractores. Sin embargo, en este contexto, hace la puntualización de que los profesionales —particularmente los de trabajo social— se caracterizan por un posicionamiento ético, político y conceptual, basado en un enfoque de derechos, evidenciando, en este sentido, rupturas con modelos de trabajo normativos hegemónicos y tradicionales del paradigma tutelar.

Por otra parte, a manera de orientación estratégica de intervención, el autor subraya la importancia de involucrar a las familias y la comunidad de los adolescentes porque permiten acuerdos responsabilizantes con estos actores. También se ponen de relieve las acciones de vinculación territorial en términos de las relaciones con otras instituciones del medio que contribuyan a la intervención.

De esta manera, el desafío profesional está en instituir constantemente nuevos sentidos de la intervención y ampliar prácticas desde la subjetividad de los sujetos, como forma de emancipación de las personas, mediadas por las condiciones que sean comprendidas y problematizadas por los profesionales de la intervención.

En tanto que Melendro et al. (2016) desarrollaron un estudio en tres comunidades autónomas de España (Madrid, Galicia y Cataluña) que tuvo como eje central la familia como parte esencial de la intervención socioeducativa con adolescentes. Se plantearon como objetivos la valoración de la intervención socioeducativa que se realiza con las familias y la detección de déficits y dificultades existentes en esa intervención. La metodología fue de carácter mixto. Participaron 92 profesionales, los cuales respondieron un cuestionario semiestructurado, elaborado especialmente para la investigación y con el que se realizaron trece grupos de discusión.

Entre los principales resultados relacionados con el primer objetivo (la valoración de la intervención socioeducativa que se realiza con las familias), se destacan los siguientes. Primero, en la esfera cuantitativa, el trabajo con familias de adolescentes infractores aparece como el menos valorado para la intervención, con un 0.7 % de las menciones. De igual forma, el trabajo con familias aflora como el que demuestra menor eficacia, está menos sistematizado y presenta una gran dificultad e incertidumbre para la intervención. También se evidencia que es uno de los peores evaluados por los educadores y el principal obstáculo para la intervención socioeducativa con los adolescentes. Por otra parte, a diferencia de los profesionales que trabajan directamente con las familias, aquéllos que no lo hacen consideran que las familias colaboran y participan en las intervenciones. En este sentido, los profesionales con mayor experiencia valoran mejor el trabajo realizado con las familias y su colaboración; también se evidencia que no existen diferencias significativas en cuanto a la formación académica de los encuestados, sean éstos educadores sociales, psicólogos o trabajadores sociales.

Segundo, en la esfera cualitativa, se comprueba que intervenir con las familias es una tarea compleja. Los profesionales discuten cómo mejorar las intervenciones con las familias, pero le otorgan mayor preponderancia al empoderar a los adolescentes y mantener su confianza independientemente de la evolución de la familia. Además, reconocen que las dificultades de intervención incrementan conforme aumenta la edad de los adolescentes. Se identifican problemas relacionados con los conflictos en y con las familias, poniendo el acento en estrategias de mediación y negociación como viablemente necesarias. Cuando las familias participan en el proceso de intervención, se reconocen efectos indirectos sobre el subsistema conyugal o parental, como es el caso del refuerzo a la pareja o a uno de los progenitores, respectivamente.

En cuanto a los principales resultados sobre el segundo objetivo (la detección de déficits y dificultades existentes en la intervención con las familias de los adolescentes), se exponen los siguientes. Primero, en la esfera cuantitativa, se muestra la fuerte relación que existe entre el tipo de relación familiar y la importancia del contexto familiar. La familia es un agente socializador y mediador de conductas —sean agresivas o de victimización—, especialmente cuando existen problemas en la calidad de vida y situaciones como violencia intrafamiliar. El estudio muestra que la dificultad de abordar el trabajo con familias radica en que éstas no son directa y formalmente consideradas usuarias de los servicios socioeducativos que atienden a los adolescentes, o bien, solicitan una ayuda que los servicios no siempre pueden proporcionar. La variable medida por la frase “entorno sociofamiliar que obstaculiza la intervención” (Melendro et al., 2016, p. 130) se presenta como el elemento más frecuente en la respuesta de los consultados con 37 menciones sobre 236 (15.7 %). Esta variable hace alusión a la presencia de familias desestructuradas, con patrones educativos desajustados, escasamente implicadas en el cambio, con resistencia a la intervención y que consideran al adolescente como el único sujeto que requiere la intervención. Con relación a la valoración de la colaboración y participación de las familias en la intervención, las respuestas de los profesionales se sitúan en un promedio bajo, es decir, de 4.6 en una escala de 0 a 10.

Segundo, en la esfera cualitativa, emergen dos elementos importantes: por un lado, la “intervención familiar segmentada y descoordinada limita las posibilidades de éxito” (Melendro et al., 2016, p. 132) y, por otro lado, la intervención centrada siempre en una misma dirección con los mismos objetivos provoca que las familias sean “multi-mal-asistidas” y no empoderadas. Por otra parte, se hace referencia a los vacíos institucionales para la intervención; dicho de otro modo, surgen dudas entre los propios profesionales con relación a si, en el trabajo socioeducativo, lo central son los adolescentes, su familia o ambos, lo que introduce la incertidumbre en el proceso de intervención.

Por último, los autores destacan que los profesionales debaten en torno a los elementos de confidencialidad y suerte de escasa transparencia en la intervención, particularmente en el juego que se da entre la relación del profesional con los adolescentes y las familias. El debate se centra en que estos elementos actuarían como potenciales incitadores del abandono del programa por parte del adolescente o de la familia. Esta situación la conceptúan, por ejemplo, como la pérdida de confianza del adolescente con el profesional, en el sentido de que el profesional pueda ser una vía de transmisión de información personal de carácter privado a su familia, o bien, porque la familia pierde la confianza en el programa por escasa transparencia.

En los programas de ejecución de sanciones penales en medio libre, una de las estrategias o acciones más frecuentemente utilizada en las intervenciones con adolescentes infractores es la articulación del trabajo en red con otras instituciones y entidades comunitarias del entorno. En esta temática, Zambrano et al. (2015) exponen los resultados de una investigación realizada en tres regiones de Chile, que tuvo como propósito caracterizar la incorporación, por parte de los equipos profesionales de programas destinados a adolescentes infractores de ley, de las redes interinstitucionales y comunitarias en las intervenciones. Se utilizó una metodología de investigación-acción en su vertiente participativa. Los participantes fueron los equipos profesionales que ejecutan sanciones penales en medio libre de diferentes entidades colaboradoras del Servicio Nacional de Menores (Sename); participó en total un estimado de 150 informantes. Las técnicas de recolección de información fueron diversas, entre ellas, entrevistas focalizadas, observación participante, talleres de análisis grupales, herramientas de análisis de redes; todo esto se combinó de forma participativa con el análisis temático y discusión de resultados de proceso con los participantes. La investigación se desarrolló en dos tiempos (T1 y T2), bajo el supuesto de que la incorporación de la metodología de investigación-acción participativa contribuiría a mejorar los niveles de coordinación de los programas con otras redes institucionales que operan o gestionan recursos requeridos por los adolescentes para optimizar su actual situación.

Los resultados más relevantes indican que, en las tres regiones investigadas, los programas de ejecución de sanciones resolvían de forma independiente sus vínculos con las redes institucionales para facilitar las intervenciones. Dicho en otras palabras, ninguno de los programas investigados presentaba un trabajo de red articulado al inicio de la investigación. Sin embargo, en conjunto, todos los programas de ejecución de sanciones de las tres regiones evidencia cambios en el T2 respecto del T1. Por ejemplo, en el T1 se valora el trabajo en red pero se le asigna mayor importancia al trabajo comunitario y del entorno de los adolescentes. En este sentido, los programas no muestran una estrategia intencionada que se oriente a fortalecer el trabajo de las redes de instituciones aledañas que contribuyen a la intervención. Mientras que el T2 de la investigación-acción participativa da cuenta de una construcción de relaciones con las redes a partir de una mayor coordinación al interior de los programas de ejecución de sanciones. De esta manera, se avanza en la incorporación de articulaciones con instituciones especializadas, por ejemplo, en el tratamiento de drogas, los sectores de justicia, capacitación, educación, salud, como principales agentes de las redes institucionales. Además, se muestran avances en cuanto a la coordinación e integración de los programas a las mesas de trabajo conformadas por una red de programas que ejecutan sanciones penales.

Por último, los autores señalan que, de manera global, los avances alcanzados durante el proceso de desarrollo de la investigación-acción participativa podrían mantenerse e incluso transferirse a otros programas, siempre y cuando se garanticen las condiciones básicas para la operación; entre éstas destacan la planificación compartida intra y extra programas, y mantener fortalecida la relación con las redes por medio de procesos de reflexividad y aprendizaje continuo sobre estrategias de articulación del entorno contextual de las intervenciones.

Finalmente, siguiendo en la línea de las instituciones que efectúan programas de ejecución de sanciones en medio libre para adolescentes infractores, aparecen dificultades en torno a los propósitos que se buscan en los procesos socioeducativos. En Chile, Muñoz y Freixas (2017) indican que, en las instituciones que desarrollan medidas de sanción de libertad asistida, el trabajo responde a alcanzar objetivos institucionales por sobre los intereses de los adolescentes intervenidos. Además, en el sistema judicial en general, sigue existiendo la idea de un sistema autoritario y de control hacia los adolescentes, lo que se manifiesta en la profunda y enraizada adultocéntrica mirada de las instituciones judiciales y normativas. De esta manera, las propuestas de trabajo e intervención siguen estando en un nivel del control y la supervisión administrativa permanente, perdiéndose la riqueza de generar otros espacios de encuentro entre profesionales y adolescentes.

En este tercer apartado, expusimos resultados de investigaciones que hablan de las dificultades en los procesos de intervención socioeducativos con adolescentes infractores de ley. El apartado final, presentado a continuación, está dedicado a realizar una reflexión y generar una discusión de la revisión exploratoria-descriptiva efectuada.

Reflexiones finales

En este apartado, queremos ofrecer algunas reflexiones en torno a lo expuesto. Así, tras la presentación de los resultados de las investigaciones revisadas, consideramos indispensable hacer una reflexión global. En este sentido, las reflexiones finales no se estructuran de acuerdo a cada uno de los ámbitos descritos y las dificultades indicadas en los estudios revisados, pues consideramos que sería repetitivo. En cambio, ofreceremos algunas relaciones entre los resultados de los distintos estudios que hemos inscrito en cada ámbito y las dificultades.

Hemos utilizado el concepto de intervención socioeducativa para referirnos a las distintas prácticas de abordaje de situaciones problemáticas en los procesos de cumplimiento de las medidas de sanción en medio libre por parte de los adolescentes infractores. En este contexto, a partir de lo indicado por Herrera-Pastor y de-Oña-Cots (2017), se justifica que la intervención implique no sólo acciones en el ámbito educativo, sino también, por ejemplo, para la satisfacción de necesidades básicas. Esto es reforzado por Herrera-Pastor et al. (2018), quienes indican dos rasgos básicos de la intervención: el apoyo y el estímulo, es decir, lo social y lo educativo. De este modo, podemos hablar de manera fundada de intervención socioeducativa.

Por otra parte, es interesante la estrategia de “personalización de la intervención” propuesta por Herrera-Pastor y de-Oña-Cots (2017), que conceptúan como una vinculación estrecha entre el profesional y el sujeto intervenido. Esta idea también es rescatada por Humayun et al. (2017), quienes afirman que las intervenciones son más efectivas cuando están basadas en el individuo. En este sentido, si hablamos de personalización de la intervención, consideramos que es interesante la estrategia de actividades autogestionadas por los propios adolescentes, lo que es propuesto tanto por Herrera-Pastor et al. (2018) como por Ortega Gaite et al. (2020).

En esta personalización de la intervención, también es importante la activación de estrategias como las propuestas por Ávila-Navarrete (2017), Muñoz y Freixas (2017), Melendro et al. (2016), Tenenbaum (2016b) y Herrera-Pastor y de-Oña-Cots (2017), referidas a la emotividad y afectividad que debe representarse en la intervención por parte del profesional o equipo de trabajo. Lo anterior se relaciona directamente con el vínculo de confianza entre el interventor y el adolescente (Herrera-Pastor et al., 2018), aunque también, como lo indica Melendro et al. (2016), es relevante el vínculo de confianza con las familias de los adolescentes. De esta manera, la estrategia de la confianza implica poner en juego las habilidades y destrezas de preparación profesional de los interventores y, más aún, implica el genuino interés del profesional por establecer una relación de ese tipo.

También es interesante observar que tanto Vasco-González et al. (2020) como Astorga (2020) proponen estrategias centradas en la detección de necesidades y la articulación de acciones motivacionales para los adolescentes en el proceso de intervención; sin embargo, Schwartz et al. (2017) evidencian que, si bien los profesionales de la intervención se centran en los adolescentes, también carecen de herramientas provenientes de la entrevista motivacional y que utilizan más bien la confrontación generando resistencias al cambio.

Por otra parte, diversos autores (Astorga, 2020; Ávila-Navarrete, 2017; Collueque, 2019; Melendro et al., 2016; Tenenbaum, 2016b) otorgan importancia a la familia en los procesos de intervención, sobre todo por lo que indican tanto Tenenbaum (2016b) como Herrera-Pastor y de-Oña-Cots (2017) respecto a que la infracción del adolescente provoca un punto de inflexión en las familias; por su parte, Úcar et al. (2018) evidencian que existen dificultades entre los profesionales para evaluar los cambios en las familias y, debido a ello, dificultades para evaluar los puntos de inflexión.

Queremos destacar la importancia del uso de las redes institucionales del entorno de los organismos que realizan intervención socioeducativa (Collueque, 2019). En este sentido, es interesante destacar la longitudinalidad de la intervención que indican Herrera-Pastor y de-Oña-Cots (2017) al referirse a las acciones desarrolladas por la profesional trabajadora social del caso estudiado, acciones que articuló con diversas redes del entorno de forma transversal en el proceso de intervención. La importancia de las redes también es considerada por Zambrano et al. (2015), quienes ponen de relieve el uso y articulación de éstas para las atenciones especializadas, como el consumo problemático de drogas o el acceso a beneficios sociales, como lo indica Astorga (2020).

Por último, dos cuestiones. La primera es que las investigaciones revisadas contienen más información que los resultados aquí expuestos, ya que sólo se seleccionaron aquéllos que consideramos pertinentes para este trabajo con relación a los dos ámbitos y las dificultades. Es importante señalarlo, dado que creemos necesario reconocer las fuentes primarias de información que nos han permitido generar este artículo.

La segunda cuestión está relacionada con la separación en ámbitos y dificultades que hemos realizado para este trabajo y que opera metódicamente para efectos académicos, ya que, en la práctica misma de la intervención socioeducativa, el ámbito individual se relaciona con el ámbito familiar y, a su vez, éstos presentan diversas dificultades cuando se trata de intervenir. A partir de esta consideración, es interesante ver cómo las orientaciones estratégicas que hemos expuesto pueden ser tomadas y aplicadas como herramientas de trabajo, lo que significa que es posible utilizar, por ejemplo, elementos presentes en las distintas orientaciones estratégicas revisadas en una misma situación definida, en una intervención determinada. Todo esto también quiere decir que, en la intervención socioeducativa, es necesario desarrollar lo que Charles Wright Mills denomina la “imaginación sociológica” e ir combinando diversos elementos presentes en las distintas orientaciones estratégicas de acuerdo con el carácter de la intervención.

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