Ulloa, C. (2020). El acceso al aborto en México. Universidad Iberoamericana.¹

¿Y nuestra capacidad de decidir?
¿Decidir algo, en el pequeño espacio de libertad que nos queda?²

Fuente: Daniela Rea

Un domingo de 2009, Eva fue a la iglesia con su familia. Cuando la misa concluyó, comenzó a caminar hacia la puerta del recinto y, de pronto, se desvaneció. Tuvo una hemorragia masiva y la llevaron de urgencia al hospital. Entró en labor de parto de un feto que nació muerto. Un bebé que ella no sabía que esperaba. Eva fue sentenciada a diez años de prisión por haber matado a su hijo.³

Ana tenía diez años cuando fue violada por su tío. Un día comenzó a tener varios malestares y punzadas en el cuerpo. Tenía temor de contar lo que le había ocurrido pero, un día, el dolor fue tan grande que debió pedirle a sus padres que la llevaran al hospital. Los médicos le informaron a la familia que la niña estaba embarazada. Ana no quería ser madre; sus padres apoyaban su decisión. No obstante, por objeción de conciencia, ningún doctor aceptó practicarle un aborto pese a que la ley penal vigente permite en todo el país la interrupción del embarazo cuando éste es resultado de una violación.⁴

El aborto es un problema de salud pública. Las políticas que se trazan acerca de él forman parte de la institucionalización de la perspectiva de género y deben ser diseñadas bajo criterios políticos y no éticos o morales. El acceso al aborto en México es un libro que tiene esa premisa. Un libro necesario, urgente. Un texto que nos ayuda a comprender la coyuntura política y social que estamos viviendo, en donde los movimientos feministas están en el centro de la discusión pública, ya sea en la lucha por los derechos de las mujeres que se gesta en las calles o, bien, en terrenos judiciales, con avances en materia del cese de la criminalización por el delito de aborto mediante sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con su libro, Citlalin Ulloa nos hace una invitación para andar por los entretelones de las políticas públicas en México y observar las tensiones entre las distintas fuerzas de la arena política, es decir, la contraposición de universos simbólicos o marcos de sentido que intervienen en su definición, diseño e implementación. El boleto de entrada incluye una inmersión a la institucionalización de la perspectiva de género a través de las iniciativas por despenalizar el aborto en nuestro país. Cada apartado de la obra nos muestra secuencias temáticas contextuales, teóricas, metodológicas y prácticas para conocer cuáles han sido los derroteros que los movimientos feministas han recorrido para consolidar tanto la institucionalización de la perspectiva de género como la legalización de la interrupción del embarazo, que hoy es una realidad en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

Los contenidos del libro se entrelazan a lo largo de tres ejes. El primero es la configuración del campo de fuerzas en torno a la institucionalización de la perspectiva de género en México en lo general y el acceso al aborto en lo particular; en dicho campo, se alinean, por un lado, el grupo de “las derechas” y, por el otro, “las feministas”. El segundo eje ubica al aborto como un problema de salud pública que, por las tensiones entre los agentes que conforman el campo social, continúa sin solución en nuestro país. El tercero versa sobre los procesos de subjetivación desde las libertades del cuerpo y de los sujetos políticos.

El título del libro, El acceso al aborto en México, nos da un primer indicio de la postura de la autora: si se parte de considerar el aborto como un problema de salud pública, su acceso debe catalogarse como un derecho y, en ese sentido, el Estado debe construir el conglomerado de políticas públicas que, en primer lugar, proporcionen la infraestructura de salud para salvaguardar la integridad de las mujeres y, en segundo, garanticen el cese de la criminalización a quienes decidan interrumpir sus embarazos. El aborto, entonces, debe ser comprendido bajo el marco de la institucionalización de la perspectiva de género.

Por ende, el recorrido que hace esta obra comienza con la presentación de un panorama general mediante datos relacionados a la criminalización del aborto para cada estado de la federación mexicana. La mirada se expande a tres aristas: los estados que protegen la vida desde el momento de la concepción, la revisión de las causales del aborto en los códigos penales y la criminalización de las mujeres por el delito de aborto.

En la revisión de las legislaciones locales, surgen divergencias acerca de las causales por las que se permite el aborto y por las que se penaliza. Si bien en todo el país está permitido el aborto para los casos de violación,⁵ sólo en la Ciudad de México⁶ es posible hacerlo por libre determinación de las mujeres, es decir, no hay causales definidas salvo en razón de tiempo de gestación: debe hacerse hasta la semana doce de gestación como máximo. Ahora bien, en el recuento que hace la autora, es importante apuntar que el texto proporciona información sobre las diferencias entre las legislaciones penales de las entidades del país, tanto en causales que permiten el aborto como en las penas que conlleva la interrupción ilegal del embarazo. Por ejemplo, cabe mencionar que las penas abarcan un rango que va de los quince días a los seis años de privación de la libertad. Las diferencias, desde luego, están contenidas en la ley; son discursos formales de la estructura penal de cada entidad.

El género está inmerso en el discurso legal: están presentes “coordenadas de subjetivación del género, es decir, ejes discursivos de comportamiento graduados que se superponen [...] de acuerdo con lo que se espera de ambos sexos [...] en la visión heteronormada y binaria de la ley” (Núñez, 2018, p. 12). En ese sentido, el libro nos muestra cómo las interpretaciones de la ley también tienen un trato diferenciado de las mujeres; dicho de otro modo, en función a “la apreciación del elemento subjetivo del delito (dolo, culpa), como el carácter sintomático del delito frente a la personalidad [...] y, por tanto, a la individualización y a la conmensuración de la pena” (Baratta, 1986/2016, p. 187). De este modo, se observa que, en aquellos estados de la República cuyos grupos de gobierno han aglutinado en mayor número a agentes de las derechas, se han presentado múltiples casos de mujeres con sentencias más altas por el delito de aborto o, bien, casos en donde, a pesar de tratarse de embarazos producto de una violación, se les ha negado la opción del aborto a mujeres, adolescentes y niñas.

En su libro, Citlalin Ulloa proporciona una perspectiva general de las posturas que cada gobierno adoptó, sobre todo, una vez que se dio la alternancia en el poder en el año 2000 y un grupo político abiertamente de derecha asumió la dirección del país. Éste es un punto de quiebre nuclear para comprender cómo se han presentado las tensiones en la institucionalización de la perspectiva de género en lo que se refiere al aborto y las acciones que han adoptado los gobiernos. En el texto, se mencionan los retos del más reciente gobierno en torno a dicha institucionalización, los cuales, en general, podrían ser atemporales pues tienen que ver con una tarea que lleva varios años sin concretar mecanismos claros para su solución:

Sin duda habrá que ver las acciones que tomará el gobierno ante el problema de salud pública que constituye el aborto, y los mecanismos que utilizará para definir, diseñar, implementar y dar seguimiento a la política de institucionalización de la perspectiva de género, para que deje de ser una estructura ambigua, una política pública precaria y una arena de tensión y conflicto entre la población mexicana. (Ulloa, 2020, p. 21)

Tarea crucial que también se vincula con el creciente problema de la polarización social, que probablemente esté relacionado con el aumento de la violencia contra las mujeres y la población de la comunidad LGBTQ+; polarización que está ligada a la contraposición de los esquemas de sentido, a la pugna de creencias y valores alrededor del género.

El primer capítulo del libro se titula “Agentes políticos en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en México 1980-2010”. Si bien en la introducción se hace un análisis preliminar desde el punto de vista político, el cometido de este capítulo es tejer fino en el análisis y centrarse en las pugnas entre los agentes sociales: se aborda cómo se inició la institucionalización y bajo qué objetivos de lucha; se revisan las principales barreras ideológicas y políticas que encontró a su paso. Para ello, se define el campo de luchas, las fuerzas y el posicionamiento de los agentes sociales, es decir, la autora aglutina varias posturas cuyos encuentros y desencuentros han sido constantes de acuerdo con los compromisos políticos que se ajustan en función a los intereses de los grupos que sexenio a sexenio ostentan cierto cúmulo de poder: feminismos, organizaciones de la derecha, organismos de mujeres —gobierno—, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos jerárquicos de la iglesia católica y cúpulas empresariales —moderados o radicales—.

Al principio, las luchas giraron en torno a temas relacionados con el acceso de las mujeres a derechos, con el ejercicio de una ciudadanía real en términos de libertades, de igualdad e inclusión. No obstante, gradualmente, las demandas fueron afinándose en el sentido de, por ejemplo, buscar equidad ante la insuficiencia de las políticas de igualdad o de exigir la consolidación de una política pública respecto a las violencias de género y el papel del Estado en su mitigación, la diversidad sexual, así como las mujeres indígenas.

Para efectos teórico-metodológicos, la autora aglutina dos macroposiciones en torno a la construcción de marcos de sentido o universos simbólicos que históricamente se han considerado opuestos y, por ende, en conflicto. Se trata de los feminismos y los grupos de derecha. Es importante mencionar el posicionamiento del texto en el sentido de expresar a los feminismos en plural pues cada uno posee diferentes estrategias organizativas, características, metas y políticas. En ese sentido, el texto se centra en aquellos feminismos que buscan “incluir la perspectiva de género y los derechos de las mujeres en los ámbitos políticos [...] la propia institucionalización de los feminismos, mediante el ingreso de un amplio número de sus dirigentes e integrantes a instituciones públicas (políticas y académicas) y la lucha por institucionalizar la perspectiva de género por la vía de la política pública” (Ulloa, 2020, p. 27). Una lucha que tuvo sus albores en los años ochenta, una década que marcó también el inicio de la adopción del modelo económico neoliberal que tuvo como consecuencia, entre sus muchas líneas macroeconómicas y políticas, la disminución del gasto público que se empleaba en programas sociales, rasgo que puso fin al Estado de bienestar y desencadenó diversos problemas de desigualdades estructurales, violencias y desgarramientos del tejido social.

La escritora inicia su recorrido en esta década porque en esos años se empezó a poner atención a los problemas estructurales que afectaban a las mujeres; por ejemplo, en México, las principales universidades comenzaron a consolidar programas y estudios sobre las mujeres. Asimismo, la crisis económica ocasionó que las mujeres se insertaran en el campo laboral; por ello, surgieron los primeros estudios en torno a la carga de trabajo excesiva que soportaban las mujeres, tanto en su empleo remunerado como en la organización del hogar y los trabajos de cuidado. Dicha crisis fue un elemento macroeconómico que tuvo un vínculo con las mujeres y sus afectaciones en el terreno familiar y personal.

En lo que concierne a la institucionalización de la perspectiva de género, este apartado aporta una descripción de los escenarios y momentos clave que, a lo largo de tres décadas, sentaron las bases para los avances en política pública, particularmente en la despenalización del aborto. Ulloa describe las posturas políticas e ideológicas de los principales agentes sociales, lo que nos ayuda a comprender los marcos de sentido en pugna.

Así, por ejemplo, es factible conocer cuáles fueron los posicionamientos relativos a la institucionalización del género en lo general y al aborto en lo particular que caracterizaron a la política federal de cada sexenio. El recuento incluye la adscripción del gobierno mexicano a convenciones internacionales que abordan la igualdad de derechos para mujeres y hombres y la búsqueda de la transversalización del género en la estructura de poder.⁷ Se observa el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil que, al principio, tenían inclinaciones políticas de derecha —pues eran financiadas o apoyadas por el Vaticano—, además de otras organizaciones de corte feminista que intentaban subsanar la retirada del Estado de la solución de problemas sociales. Asimismo, también se hace notar cómo algunos feminismos comenzaron a vincularse políticamente con partidos de izquierda o de derecha para apuntalar la oposición al partido en el poder, llevar sus demandas al terreno político y participar en la lucha por obtener posiciones.

A partir de entonces, la incursión de las mujeres en la escena política cobra mayor fuerza; al mismo tiempo, se observa la separación ideológica de los diferentes posicionamientos feministas: por un lado, las mujeres que buscaban adherirse al marco institucional y, por el otro, quienes preferían que el movimiento continuara ejerciendo su autonomía frente al poder público. En ese sentido, la autora resalta que

detrás de sus pugnas y aún con sus marcadas diferencias [...] ambos enfoques han sido complementarios para construir un feminismo plural, desde sus propios espacios o “trincheras”, han trabajado para la consecución del mismo objetivo: lograr avances significativos en la condición y posición de las mujeres [...] la opción de formar parte del feminismo autónomo o del institucional significa que existe una condición moderna de los feminismos mexicanos en sí. (Ulloa, 2020, p. 32)

De origen activista o académico, algunas mujeres feministas comenzaron a posicionarse en los gobiernos y, desde dentro, intentaron colocar en la agenda pública algunos de los problemas que no sólo se intensificaban sino que se diversificaban y que tenían que ver con el ámbito laboral, el acoso sexual, la diferencia salarial y la escasa participación de las mujeres en puestos de dirección en relación a los hombres, así como con la violencia que cada vez era más frecuente en ciertas zonas del país en las que la configuración socioeconómica se había modificado por la incursión de la globalización. Es importante mencionar que la implementación del modelo neoliberal —impulsada por el PRI desde el gobierno central— fue posible por el apoyo de los grupos de derecha mexicanos —PAN, organizaciones afines a la Iglesia católica y empresarios—; grupos que, si bien no coincidían ideológicamente con el partido en el poder, sí consideraban como enemigos comunes a los movimientos de izquierda y feministas.

En el 2000 se dio la alternancia en el poder: el PAN asumió la presidencia y la derecha se posicionó en el centro de la toma de decisiones políticas y de toda índole. El libro de Ulloa nos muestra cómo esta coyuntura fue crucial para el rumbo que tomó tanto la institucionalización de la perspectiva de género como la lucha por el acceso al aborto en México. Cuando Vicente Fox llegó al poder, “uno de sus primeros compromisos fue promover el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural” (Ulloa, 2020, p. 37). No obstante, el entonces Distrito Federal era gobernado por la izquierda y, a pesar de los intentos por frenarla —como anteponer acciones de inconstitucionalidad—, en ese año se lanzó la Ley Robles, una estrategia para impulsar la legalización de la interrupción del embarazo.

Otro de los aportes del libro es que, como parte del recuento histórico de las pugnas políticas y avances institucionales de la perspectiva de género, nos posibilita conocer cuál ha sido el proceso de creación de las instituciones encargadas de centrar sus acciones en la búsqueda de la resolución de las diversas problemáticas que afectan a las mujeres. Así, podemos conocer la manera en la que surgió en esa época el Inmujeres, un organismo federal que tenía la finalidad de apoyar la institucionalización política del género en el sector público y contribuir a reducir las brechas entre hombres y mujeres con miras a la equidad. Sin embargo, la historia nos ha mostrado cómo las ideologías políticas de los grupos en el poder han frenado los avances de todas aquellas acciones que se vinculen con las demandas feministas, sobre todo en el tema del aborto.

Pese a todo ello, en abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) antes de las doce semanas de gestación en los hospitales de las dieciséis delegaciones del Distrito Federal para todas las mujeres mexicanas (Ulloa, 2020, p. 41). Ello no significó que la derecha en el poder no se pronunciara al respecto: respondieron con un par de acciones de inconstitucionalidad que, tanto el gobierno de Fox en el 2000 como el de Calderón, interpusieron frente a diversas instancias, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la entonces Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Iniciativas que, de forma intrínseca, buscaban no sólo frenar la interrupción legal del embarazo sino criminalizar a las mujeres que optaran por esa vía.

Ahora bien, luego del aporte en el plano contextual con la amplia y detallada revisión de los aspectos políticos operantes en la institucionalización de la perspectiva de género y el acceso al aborto, el capítulo ٢ del libro hace una sólida contribución en el terreno teórico-metodológico en torno al institucionalismo sociológico, un enfoque que ubica a las dinámicas culturales como generadoras de marcos simbólicos y a la política como un mecanismo de orden interpretativo, es decir, se observa la realidad social tanto desde la esfera objetiva como desde la esfera subjetiva, el mundo simbólico de los individuos. Ambas esferas se interrelacionan en un movimiento dialéctico que nos conforma como sujetos, establece las instituciones y determina las dinámicas de relación, los planos interpretativos y, por ende, la producción y reproducción del orden social.

En este texto se utiliza el enfoque del nuevo institucionalismo sociológico para analizar la formación y el desarrollo de la perspectiva de género como política pública y, en específico, el tema del aborto como una dimensión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que representa el ámbito donde se gestan las principales formas de discriminación contra ellas. (Ulloa, 2020, p. 49)

En este apartado, la autora nos permite dimensionar por qué es crucial que, al analizar ciertos aspectos políticos de una situación concreta, ubiquemos las coincidencias culturales asociadas al poder, es decir, cuáles creencias, actitudes y motivaciones son propias de un determinado grupo social y cómo se traducen en acciones específicas cuando, como es el caso del aborto, intervienen en la toma de decisiones de las gestiones de gobierno y la determinación de agendas puntuales de atención. De ahí la importancia que en la obra se le da a la definición de los agentes sociales que han habitado el campo político mexicano en las últimas décadas, así como el hincapié que se hace en la conformación de marcos de sentido referentes a la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; éstos son también los ejes ideológicos que constituyen las instituciones sociales: “valores, normas y estructuras de sentido que se modifican o limitan a partir de los intercambios realizados a lo largo del tiempo” (Ulloa, 2020, p. 54) y que constituyen el orden social.

Por ello, en el libro se presentan las controversias o divergencias en los marcos simbólicos detrás de las posturas de cada grupo social, las cuales se traducen en abiertos desencuentros ideológicos —como en el caso de las feministas institucionales y las que pugnan por la autonomía— o, en el marco de la gestión pública, en francas contradicciones en las posturas políticas y los programas o protocolos de actuación. Por ejemplo, mientras el posicionamiento formal del gobierno federal fue condenar la violencia contra las mujeres, en el caso de menores abusadas sexualmente que resultaron embarazadas, la política pública en el periodo de Enrique Peña Nieto se concentró en brindar apoyos a las adolescentes para la manutención del recién nacido. En este caso, el marco de sentido predominante fue la salvaguarda de los valores culturales y sociales vinculados a la maternidad y no la de los derechos sexuales y reproductivos de una mujer cuyo embarazo fue forzado.

Éste es otro de los grandes aportes del texto: destacar la importancia de la consideración del aborto como un derecho que responde a un problema de salud pública y, en ese sentido, resaltar la trascendencia de la ley de la Interrupción Legal del Embarazo como un instrumento que vincula los procesos integradores y de agregación en la política pública precisamente porque reconoce la autonomía y la pluralidad de valores, garantiza los derechos de las mujeres en la sexualidad y reproducción, así como su libertad de conciencia, y asegura la igualdad de trato entre las mujeres de los diferentes niveles socioeconómicos para que accedan a servicios de salud cuando así lo necesiten. (Ulloa, 2020, p. 62)

Leyes como ésta no son una coacción o incitación para abortar; son el derecho a elegir la interrupción del embarazo sin importar las causas y sin que haya repercusiones legales.

Ahora bien, en el tercer capítulo, se consolida el aporte práctico del libro; en esta sección, se plasma la expresión de los universos simbólicos o estructuras de sentido extraídas de entrevistas con miembros de los grupos que se posicionan en el campo de batalla, en la arena pública donde se han defendido posturas que se alinean alrededor de dos esferas: por un lado, la que tiene que ver con la defensa del imaginario mujer-naturaleza-maternidad y la protección de la vida del no nacido; por otro lado, la que, por el contrario, resignifica la maternidad —o maternidades pues, en primera instancia, diversifica la experiencia, lo que otorga inclusión y respeto al término— y, sobre todo, pone en el centro la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, sobre el ejercicio de su sexualidad y el control sobre la reproducción.

Las entrevistas fueron realizadas a diversos académicos de las principales universidades de la Ciudad de México, integrantes de comisiones del sector público encargadas de diagnosticar las acciones de los gobiernos sobre temas de salud sexual y reproductiva, miembros de comisiones para despenalizar o penalizar el aborto, así como individuos pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil en torno a la promoción de los derechos de las mujeres. Para el análisis, se consolidaron dos grupos: el de derechas, que se opone a la despenalización del aborto, y el de feministas, que está a favor.

Este apartado se organiza en varios ejes de contenido: el primero menciona los aspectos que constituyen las estructuras de sentido; en el segundo, se integran algunas de las principales influencias en la construcción de sentido sobre la vinculación de las categorías “mujer”, “madre” y “aborto”; en el tercero, se muestran los resultados del análisis estructural de los contenidos discursivos de las entrevistas a partir de la identificación de dos modelos que consolidaron tanto los agentes estudiados como las personas consultadas. Una contribución más del texto es el señalamiento de la importancia del lenguaje “a partir de la separación de objetos lingüísticos de acuerdo con sus características y campos semánticos que posibilitan la objetivación, retención y acumulación selectiva de experiencias del individuo y de su sociedad” (Ulloa, 2020, p. 81). El lenguaje como parte medular de la construcción de ese sistema de valores y creencias con los que cada agente social se posiciona en el espacio y pugna por su prevalencia y determinación de identidades y de interacciones, con una tendencia hacia la universalización.

Visibilizar la importancia del lenguaje nos ayuda a comprender cuáles son las concepciones arquetípicas de “la mujer”, por qué se han construido y cuáles son las creencias y valores que las han producido y reproducido a lo largo del tiempo. De ahí la relevancia de emplear la perspectiva de género en la confección del texto, tanto en sus marcos contextuales y teórico-metodológicos como en el plano del análisis interpretativo.

La perspectiva de género implica un proceso cuyo orden se basa en cuatro niveles: en el primero se cuestionan representaciones, conceptos o mitos que implican discriminación o desigualdades; en el segundo se evidencian constreñimiento y limitaciones; en el tercero se desplaza su pretensión de ser considerados modelos únicos; y en el cuarto se resignifica a través de la inclusión de las diferencias para interpretar y acercarse a la realidad. (Ulloa, 2020, p. 83)

La perspectiva de género fue crucial para organizar la información para su posterior análisis; la autora estructuró los datos alrededor de ejes semánticos que definió con base en los contenidos que se incluyeron en las conversaciones con las personas que participaron en el estudio: institucionalización de la perspectiva de género, penalización/despenalización, tratados y convenciones, Interrupción Legal del Embarazo, institutos de las mujeres, jerarquía conservadora de la Iglesia católica, feminismos, mujeres, hombres y fetos o embriones. Posteriormente, se presentan los principales códigos y comentarios que reúnen las estructuras simbólicas de cada grupo. En este apartado, la autora nos hace observar el impacto de los contenidos culturales, sus relaciones con las instituciones, la forma en la que interactúan y se posicionan, así como las tensiones entre lo social y lo individual.

Con este capítulo, la autora confirma la presencia de los dos universos simbólicos divergentes y opuestos que planteó al principio: uno (las derechas) que ubica la individualización de las mujeres en el ámbito adscriptivo y otro (las feministas) que la ubica en el ámbito electivo. De esta constatación se desprenden las razones de la polarización social ante la individualización de las mujeres, así como la institucionalización de la perspectiva de género y el acceso al aborto. Posiciones encontradas que permean el terreno de lo político y han hecho que prevalezca la irresolución en la respuesta del Estado frente a la necesidad de reducir la brecha de género en las esferas pública y privada, pero, sobre todo, frente a las desigualdades y violencias estructurales que las mujeres enfrentan en México.

La importancia de los aportes de este texto descansa en la comprensión de las dinámicas sociales y políticas de la institucionalización de la perspectiva de género, además de las pistas que nos brinda acerca de cómo las disputas de los contenidos simbólicos de los agentes sociales permean el diseño, la implementación y el freno de las políticas públicas con miras a la inclusión y la real ciudadanía de las mujeres. En ese sentido, el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo un campo de batalla en donde se resiente la ausencia del Estado en la definición de una postura que conciba al aborto como un problema de salud pública.

Cada año, miles de mujeres —en su mayoría de escasos recursos económicos— ponen en riesgo su vida al practicarse un aborto clandestino. Cientos de ellas pierden la vida. Negar esta realidad es, además de una omisión de las responsabilidades del Estado en cuanto a la garantía de derechos básicos, la perpetuación de las opresiones y violencias que viven las mujeres por razones de género. Mujeres que, de cara al Estado, no pueden decidir acerca del ejercicio de su sexualidad, el control de su reproducción y, por ende, la libertad sobre sus cuerpos. La comprensión también se expande a los terrenos de lo social y de lo cultural. En el imaginario colectivo, se replican las mismas estructuras de sentido vinculadas a posiciones encontradas, en pugna: autonomía o sujeción de las mujeres en torno al tema del aborto.

La polarización social va en aumento; el rechazo de amplios sectores de la población al movimiento feminista es muestra de ello. Las críticas no están centradas en el origen del problema ni en los marcos estructurales de la violencia por los que las mujeres demandan respuestas y atención. Las críticas se encausan a las formas, a las texturas, a las pintas en las paredes y no a las violencias, a las muertes, a las desapariciones. La configuración de los bandos de los que habla la autora es fehaciente: a favor o en contra; la polarización se expresa en binario. En los derechos sexuales y reproductivos, la dicotomía es clara. Si se elige el ejercicio de una vida sexual, se afrontan las consecuencias de ello; la única manera de hacerlo, en caso de un embarazo, es la maternidad. De ahí que parezca que los marcos de sentido que han permitido la interrupción legal del embarazo por violación tienen en el fondo la asociación mujer/víctima, como si el juego moral sólo permitiera estar de este lado de la balanza y, en tanto víctimas/sin capacidad de agencia, las mujeres acceden al derecho de abortar porque, para casos contrarios, en términos materiales no tienen permitido un ejercicio real de su ciudadanía y, en términos simbólicos, no ejercen la libertad de decidir sobre sus cuerpos.

La autora agrega un posicionamiento al final del texto que se vincula a los avatares de los feminismos actuales, los feminismos de a pie, los que pintan de morado y rosa las principales arterias del espacio público. Las nuevas generaciones de mujeres que se juegan la vida todos los días para ir al trabajo, para ir a la escuela. Las que exigen nuevas respuestas, nuevas y contundentes acciones del Estado que no se muevan bajo las lógicas de lo ético o lo político, las derechas y las izquierdas. Acciones integrales que expandan su alcance e incluyan la diversidad de posturas, de lógicas, de posicionamientos pero que —aquí la labor crucial— encuentren los puntos políticos que permitan la convergencia, que construyan puentes porque las décadas de pugnas entre los agentes sociales se han librado sobre el cuerpo de las mujeres: ése ha sido el campo de batalla.

El aborto es uno de los vértices más importantes de las problemáticas que enfrentan las mujeres, pero debe ser considerado como un problema de salud pública y, por lo tanto, como un acceso a un derecho que vaya más allá de las lógicas añejas que asocian a las mujeres con la maternidad y la carga moral del deber ser propio de su género. El derecho al aborto no se centra en la elección de ser madre o no serlo. Es un ejercicio de libertad sobre sus cuerpos; también sobre sus historias, sobre cómo eligen vivir. El Estado debe garantizar que las mujeres, adolescentes y niñas que deciden interrumpir su embarazo tengan la certeza de que accederán a un esquema de salud integral que garantice su seguridad, su libertad y que les permita decidir sobre sus cuerpos, sobre sus trayectorias. Las mujeres que han muerto por abortos clandestinos, las que han sido encarceladas por interrumpir sus embarazos, las que fueron obligadas a ser madres luego de una violación lo merecen. Las mujeres como Eva tienen derecho a ser libres y las mujeres como Ana tienen derecho a no ser madres si no lo desean.

Referencias bibliográficas

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Zaremberg, G. (2017). El género en las políticas públicas. Flacso México. (Trabajo original publicado en 2013).

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