Introducción

En la actualidad, la democracia está en crisis en toda América Latina, los ciudadanos no están satisfechos con el funcionamiento democrático de su país y la crisis sanitaria de la pandemia global por la COVID-19 ha venido a profundizar esta crisis (Latinobarómetro, 2021). Ésta presenta diversas aristas, pero la nula representatividad del ciudadano por parte de los partidos políticos es sin duda un tema de alta relevancia (Alcántara y Freidenberg, 2001). Desde hace tiempo se ha puesto en duda la capacidad de representación de los partidos. Sin embargo, la importancia de éstos radica en su aportación esencial en la construcción del sistema político, ya que se convierten en un catalizador y garante de la democracia (Cárdenas, 2012), por lo que la consolidación democrática de un sistema político incluye un sistema de partidos fuerte, incluyente y representativo (Leyva et al., 2017).

Desde sus inicios, los partidos políticos fueron creados por grupos y asociaciones que compartían un propósito en común; surgieron desde el seno de los sindicatos, iglesias, sociedades de pensamiento, entre otro tipo de comunidades (Duverger, 1957). Sin embargo, el estudio de los partidos es un tema que aún tiene que ser explorado desde el punto de vista económico y financiero por los académicos (Pessoa-de-Oliveira et al., 2021).

En este sentido, se puede decir que el sistema político en México es considerado como un sistema multipartidista, donde han existido diversos partidos a nivel nacional que han intentado competir por el poder a nivel local y nacional (Pacheco, 2003). De igual manera, el multipartidismo cuenta con un grado importante de pluralismo (Aparicio y Pérez, 2007).

Así, parece que la transición democrática partidista en México avanza, pero, ¿qué tan satisfecho está el mexicano promedio con el sistema multipartidista actual?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) de 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021), los ciudadanos mexicanos de 15 años y más presentan un nivel alto de insatisfacción hacia la democracia, sobre todo hacia los partidos políticos, por lo cual se destacan los siguientes hechos:

• Solamente el 52.7 % se encuentra satisfecho con la democracia que se tiene hoy en México.

• Tan sólo el 2.5 % tiene mucha confianza en los partidos políticos, el 19.3 % algo, el 38 % poco y el 38.4 % nada.

• El 48.8 % no tiene simpatía con algún partido.

• De los simpatizantes con algún partido, 21.7 % simpatiza con Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 10.9 % con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 10.3 % con el Partido Acción Nacional (PAN), 2.6 % con el Partido Revolución Democrática (PRD), 0.8 % con Movimiento Ciudadano (MC), 0.7 % con Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 0.5 % con Partido del Trabajo (PT).

• El 22 % está muy de acuerdo con que gracias a los partidos la gente puede participar en la vida política, 37.2 % algo de acuerdo, 23.1 % algo en desacuerdo y 14.9 % muy en desacuerdo.

• El 21.1 % está muy de acuerdo con que los partidos son necesarios para que el gobierno funcione, 37.3 % algo de acuerdo, 22.8 % algo en desacuerdo y 16.2 % muy en desacuerdo.

• El 18.6 % está muy de acuerdo que sin partidos no hay democracia, 32.8 % algo de acuerdo, 27.1 % algo en desacuerdo y 17.8 % muy en desacuerdo.

Por lo anterior, es evidente que hay una problemática compleja relacionada al tema de los partidos políticos en México; entonces, ¿cuál es el problema principal del sistema partidista en el país y por qué las personas no confían en los partidos?

En términos generales, se puede decir que hay tres fuentes potenciales de esta escasa confianza: la cantidad de recursos económicos que reciben; los excesos, abusos y actos de corrupción percibidos entre sus dirigentes, y la percepción de la nula aportación que genera un partido en beneficio de la sociedad (Valdez y Huerta, 2018).

Sin duda, el tema del financiamiento a los partidos políticos representa una cuestión estratégica en la democracia, ya que se ha convertido en un problema de alta relevancia debido a que la mayoría de los analistas concuerdan en que los costos han ido en aumento en un intento de configurar un juego equitativo en términos de competencia electoral (Zovatto, 2008). En años recientes ha surgido un debate en México respecto al gasto público orientado al financiamiento de los partidos, debido al comparativo de gasto en el que incurren otros países tanto en el sostenimiento de estas entidades como en la realización de las elecciones (Ramírez, 2017).

El presente artículo aborda la problemática relativa al financiamiento público que reciben los partidos en México; en específico, el desconocimiento de la magnitud relativa con que han sido beneficiados con recursos públicos. Por ello, habrá que poner en perspectiva la asignación presupuestal pública ejercida y realizar un comparativo relativo del financiamiento público como proporción del gasto público total en el periodo considerado.

Se tiene la hipótesis de que los partidos han recibido un financiamiento público cada vez mayor en términos relativos en el periodo 1997-2022, por lo que, a lo largo del estudio, se pretende dar respuesta a dos preguntas: ¿cómo ha sido este financiamiento? y ¿ha tenido un incremento relativo en las últimas décadas?

Por lo tanto, el objetivo del presente artículo se centra en la cuantificación de los componentes que son parte del financiamiento de los partidos políticos en México, así como en la determinación relativa del nivel de ingresos que han recibido en las últimas décadas respecto al gasto público.

La importancia del financiamiento público

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son organizaciones formadas por ciudadanos con el objetivo de incentivar la participación de la población en la vida democrática del país mediante la asistencia en la integración de los órganos de representación política, para que, con ello, puedan ejercer el poder, acorde a los programas, principios e ideas que promueven (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019).

En sus inicios, los partidos fueron establecidos como organismos de carácter privado, a través de los cuales un grupo de personas afines políticamente determinaba agruparse en la búsqueda de una posición con poder público (Di Tella, 1993). No obstante, el financiamiento público ha sido un elemento clave en su desarrollo. Es así que, en la actualidad, es un tópico relevante, ya que genera una controversia ideológica debido al rol que desempeña en la supervivencia de los partidos políticos (Montigny y Villeneuve-Siconnelly, 2018).

El financiamiento político es la política de ingresos y egresos de los partidos tanto para sus actividades electorales como permanentes (Zovatto, 2008). Éste puede ser público, privado o mixto: el público corresponde a los recursos que provienen del erario público; el privado es la obtención legal y legítima de recursos de fuentes distintas al Estado, y el mixto es la combinación del público y privado (Bernal, 2006).

El fenómeno del financiamiento público tuvo su punto de inflexión en la segunda mitad del siglo XX; Francia fue el primer país que legalizó un reembolso correspondiente a los gastos de campaña en 1946; posteriormente, se unieron Argentina, Puerto Rico, Alemania y Suecia en 1955, 1957, 1959 y 1965, respectivamente (Woldenberg, 2003). Por lo tanto, si en sus inicios los partidos políticos recibían financiamiento privado solamente, ¿por qué fue necesario que el gobierno interviniera a través del financiamiento público?

El financiamiento público pretende garantizar un nivel de recursos económicos suficiente, que permita la competencia electoral, es decir, que se conforme un sistema político donde existan diversas opciones reales en la contienda de espacios de representación (Woldenberg, 2003). La competencia electoral es un componente esencial en la democracia, ya que atribuye poder al pueblo e impone la responsabilidad de los elegidos frente a los electores (Sartori, 1991). En el mismo sentido, el financiamiento de origen público asegura una igualdad de condiciones para los partidos en la arena electoral y reduce la dependencia financiera frente a determinados grupos de interés, grupos que, en el futuro, probablemente soliciten una contrapartida por su apoyo previo (Vitez y Matakovic, 2017). El financiamiento público garantiza una competencia real para las partes contendientes en cargos de elección popular en función de la equidad y evita la existencia de ganadores y perdedores predeterminados (Griner y Zovatto, 2011). Además, obliga a los partidos políticos a contar con recursos que provengan de un origen lícito, claro y conocido por los mismos partidos y, sobre todo, por la ciudadanía (Figueroa, 2016). De igual manera, un efecto positivo ha sido la transparencia, ya que los partidos han normalizado la contabilidad financiera dentro de sus actividades con el fin de preservar un control en sus cuentas (Pessoa-de-Oliveira et al., 2021).

El financiamiento de origen público, además de garantizar una contienda electoral en igualdad de condiciones, de fomentar la transparencia y de disminuir la dependencia del recurso de origen privado, promueve la participación ciudadana mediante dos vías: a través de la difusión de la información en campañas informativas y con la participación directa del ciudadano en el funcionamiento del partido (Aparicio y Pérez, 2007). Es decir, el financiamiento público dota de transparencia a la operación financiera de los partidos, los cuales están sujetos a órganos de control y fiscalización del erario público (Griner y Zovatto, 2011). Así mismo, impacta directamente en las posibilidades que tienen respecto al acceso a los principales medios de comunicación masivos, como lo son la radio y la televisión (Infante, 2005).

Bernal (2006) ha comentado que las principales ventajas del financiamiento público son la transparencia en el origen de los recursos, la independencia entre los partidos y un interés externo, las condiciones de equidad en la competencia electoral y la minimización de la posibilidad de acudir a fuentes ilegítimas. Por lo anterior, puede decirse que el financiamiento público incide positivamente en temas de competencia, transparencia, regulación, orden, control y participación ciudadana en el sistema político. No obstante, la crítica también ha señalado que los partidos pueden estar recibiendo recursos económicos de origen público de manera excesiva, lo que, a su vez, ha coadyuvado en la generación de un deterioro de la imagen de éstos, así como una reducción en el nivel de confianza que tienen los ciudadanos hacia ellos (Valdez y Huerta, 2018).

En el presente estudio, el análisis se centra en el financiamiento público de los partidos políticos en México para determinar si la cantidad de recursos que reciben se ha incrementado en términos relativos con el paso del tiempo. Previo al análisis de los datos estadísticos, se presenta un breve resumen cronológico del fenómeno.

Antecedentes en México

En México, las primeras elecciones organizadas para elegir gobernante se dieron en 1828; al igual que en el resto del mundo, en sus inicios los partidos políticos financiaban sus actividades y campañas con recursos de origen privado (Valdez y Huerta, 2018).

Los primeros esfuerzos públicos con el propósito de apoyar financieramente a los partidos acontecieron en 1963, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, con la promulgación de la Ley Federal Electoral (LFE), en donde se manifestaba la exención de impuestos sobre timbre en caso de arrendamiento, así como en las rifas y sorteos con fines de recaudación para su operación y mantenimiento; así mismo, se concedió una exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en las utilidades derivadas de la enajenación de inmuebles adquiridos por compra o donación y por la venta de impresos relativos a sus funciones públicas (Alcocer, 1993).

Si bien, en 1973, en el sexenio de Luis Echeverría, se incorporó en la LFE tanto las franquicias postales y telegráficas, como el tiempo gratuito para campañas electorales federales en radio y televisión, fue hasta 1977 cuando se reconoció, por primera vez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la importancia de los partidos como entidades de interés público, con el establecimiento de derechos y obligaciones, así como con apoyos asociados a la realización de campañas electorales, los cuales podrían considerarse como financiamiento público indirecto (Figueroa, 2016). En la misma reforma, se incorporó una flexibilización en los requisitos para la creación de un partido cada tres años, aunque los nuevos partidos en sus inicios tenían dificultad en refrendar su registro (Alcocer, 2008). La reforma de 1977 fue el punto de inflexión en el financiamiento público de los partidos, y se conoció como la reforma de Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación en el sexenio de José López Portillo; ésta tuvo como objetivo incorporar nuevos actores y fuerzas sociales en la escena política y con ello reducir los espacios que comenzaron a ganar los movimientos guerrilleros de esa época (Valdez y Huerta, 2018).

No obstante, fue hasta 1987, con la reforma electoral del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que se otorgó por primera vez el financiamiento público de los partidos políticos; para ello se consideraba el número de votos obtenidos en las últimas elecciones federales y el número de espacios obtenidos en la Cámara de Diputados (Orozco, 2004).

La siguiente reforma electoral de alta magnitud fue la modificación de 1989 —en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari— al porcentaje mínimo de votos para la continuidad de un partido político a nivel nacional: se determinó que el porcentaje mínimo pasaba del 1.5 % al 2.5 %, es decir, si un partido no obtenía dicho porcentaje en unas elecciones nacionales, no podía ser susceptible de recibir financiamiento público en las siguientes elecciones; así mismo, se reformaron los rubros por los cuales se tenía derecho al financiamiento de origen público, surgiendo los destinados a actividades electorales, actividades generales, subrogación del Estado a las contribuciones de diputados y senadores para el sostenimiento del partido, y actividades específicas relacionadas a la educación política, capacitación política y tareas editoriales (Valdez y Huerta, 2018).

Dado que los criterios de repartición de recursos públicos consideraban los resultados de las últimas elecciones, los partidos de nueva creación estaban en desventaja, por lo que, en 1993, aún en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se realizó una reforma electoral con la incorporación de un rubro adicional llamado desarrollo político, el cual era otorgado a los partidos con registro reciente (Figueroa, 2016).

En la misma reforma de 1993, se prohibió el financiamiento que provenía de los poderes federales, estatales o locales; así como las aportaciones de entidades públicas, extranjeros, ministros de culto y de empresas mercantiles. También se estableció que las aportaciones privadas no serían deducibles de impuestos y se obligó a los partidos a presentar informes periódicos de ingresos y egresos; así mismo, se fijaron límites al financiamiento privado, permitiendo hasta un 10 % del financiamiento público en aportaciones anónimas, hasta un 1 % en aportaciones individuales y hasta un 5 % en aportaciones de personas morales; por último, se establecieron montos máximos de gasto en campaña electoral (Orozco, 2004).

La siguiente reforma electoral significativa ocurrió en 1996, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León; por un lado, se modificó nuevamente el porcentaje mínimo de votos para la continuidad de un partido político a nivel nacional, quedando en 2 %, por lo que partidos con un porcentaje de votos obtenidos mayores al 2 % garantizaban su financiamiento público hasta la siguientes elecciones; por otro lado, se estableció el porcentaje de distribución de recursos, determinando que el 70 % del monto total se distribuiría de manera proporcional al número de votos obtenidos en la última elección y el 30 % restante se distribuiría de forma igualitaria entre los partidos (Valdez y Huerta, 2018).

En 2007, se aprobó la reforma electoral en materia de financiamiento público de los partidos, con la cual se derogó la fórmula matemática para establecer el monto debido a su alta volatilidad y por el riesgo potencial de un crecimiento exponencial, ya que anteriormente contemplaba como referencia al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y se establecía a partir del número de partidos representados en el Congreso de la Unión, así como del número total de diputados y senadores que lo conformaban, aun cuando no todos fueran elegidos directamente por el voto popular. En la nueva fórmula, el financiamiento se determinó como el 65 % del salario mínimo diario vigente en la capital del país multiplicado por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral; además, se redujo del 70 % al 30 % el monto para actividades de campaña electoral en año de elección intermedia y al 50 % en año electoral donde se elige presidente del país (Marcial, 2015).

Cabe mencionar que, desde 2007, cada partido debe destinar el 2 % de sus actividades ordinarias a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; sin embargo, dicha medida aún es un tema pendiente dentro de la agenda nacional por la equidad de género, debido a que se ha convertido en un proceso de simulación, ya que, por un lado, los partidos han destinado dichos recursos a actividades administrativas —como el pago de servicios básicos— porque no se ha determinado con precisión el significado de las medidas, y, por otro lado, no se les exige la entrega de evidencia relativa a las actividades realizadas; incluso, no se cuenta con sanciones económicas elevadas por disponer del recurso para otros fines (Cárdenas Morales, 2012).

En 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo una reforma electoral importante, ya que se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituyó al Instituto Federal Electoral (IFE); dicho organismo, a través del Consejo General, tiene la atribución de manera exclusiva respecto a la fiscalización de gastos de campaña. Además, se estableció un sistema oportuno de fiscalización relativo al origen y destino de los recursos, con lineamientos homogéneos de contabilidad, de acceso público y por medios electrónicos (Casoluengo, 2014).

En la misma reforma de 2014, se modificó nuevamente el porcentaje mínimo de votos para la continuidad de un partido político a nivel nacional —pasando del 2 % al 3%—, por lo que se incrementó la cantidad mínima de votos para tener acceso al financiamiento público (Valdez y Huerta, 2018). En la actualidad, los partidos tienen opciones limitadas para recibir financiamiento: el público y el privado, donde los órganos de fiscalización tienen un control y una regulación estricta sobre dichos recursos (García, 2020).

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) es el documento que establece el mecanismo para determinar el monto de financiamiento a los partidos políticos; aquí queda asentado que el público debe ser mayoritario, ya que ninguno puede obtener un financiamiento privado superior al 50 % de sus ingresos totales. El privado puede provenir de cuatro fuentes distintas: vía militantes (cuotas ordinarias o voluntarias de afiliados y candidatos), vía simpatizantes (aportaciones o donativos), vía autofinanciamiento (eventos, juegos y sorteos) y vía rendimientos financieros (de fondos y fideicomisos); todas las vías son sujetas a fiscalización (Aparicio y Pérez, 2007).

Las donaciones realizadas por simpatizantes no pueden ser superiores al 10 % del financiamiento público, y las aportaciones individuales no deben superar el 0.05 %. Mientras que, bajo ninguna circunstancia, podrán realizar una aportación o donativo a los partidos políticos en dinero o en especie las siguientes entidades: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (de la federación y de los estados, y los ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley), las dependencias, entidades u organismos de la administración pública (federal, estatal o municipal, centralizados o paraestatales), los propios partidos, personas físicas o morales extranjeras, los organismos internacionales de cualquier naturaleza, los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y las empresas mexicanas de carácter mercantil (Figueroa, 2016).

Es así que, en la actualidad, se sigue reformando la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos en el país. Los tres debates principales se centran en el monto del presupuesto, en la racionalidad del gasto (considerando que los recursos que reciben tienen poca productividad o rentabilidad) y en las malas prácticas de la utilización de los recursos, en otras palabras, la corrupción (Valdez y Huerta, 2018).

No obstante, el financiamiento público de los partidos en México es tan sólo uno de los cuatro componentes que son contemplados en el financiamiento público federal para las actividades electorales en el país, ya que el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR) también reciben apoyos del erario público (Marcial, 2015).

A continuación, se presenta el estudio del financiamiento público de los partidos políticos en México. El análisis considera sólo el financiamiento directo, ya que en toda campaña existe el directo y el indirecto, así como una parte visible y una oculta (Durand y Salcedo, 2020).

Metodología

El presente documento contempla un estudio longitudinal del financiamiento público de los partidos políticos en el periodo 1997-2022. En primer lugar, se analizan los componentes del financiamiento público a los partidos en dicho periodo, con el fin de observar tendencias y variaciones. Posteriormente, se estudia el financiamiento público como proporción del gasto público, con lo cual se emplea la fórmula (1).

(1)

Donde P es la proporción del financiamiento respecto al gasto público, F es el monto del financiamiento público que reciben los partidos políticos, G es el gasto público total y t es el año para el que se calcula la proporción.

Por lo tanto, la proporción es simplemente un cociente, lo cual permitirá estimar la variación del financiamiento público de los partidos políticos en términos relativos. Se espera encontrar que la proporción se ha incrementado durante el periodo considerado.

Es importante destacar que los datos relativos al financiamiento público han sido tomados directamente del portal del INE, mientras que los datos relacionados al gasto público se han obtenido del portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El periodo de análisis es 1997-2022. Así mismo, no se omite mencionar que todos los datos se trabajan en valores corrientes, ya que al trabajar con una proporción no se requiere del ajuste por inflación.

Financiamiento de los partidos políticos nacionales

Si bien, en México, existen partidos políticos locales y nacionales, en el presente estudio se considera solamente el financiamiento a nivel nacional.

En la tabla 1 se plasma el número de partidos por año, durante el periodo de 1997 a 2022. El año que registra menor cantidad es 1998, con cinco; los años con mayor cantidad han sido 1999, 2000, 2002 y 2003. Como se aprecia en la tabla 1, después de una elección, el número de partidos se reduce por las reglas relacionadas al porcentaje mínimo de votos que deben obtener para mantener el registro como partido político.

En la actualidad, sólo siete partidos mantienen su registro, por lo que puede decirse que son considerados como aquéllos con la mayor base de simpatizantes, ya que han cumplido con el porcentaje mínimo de votos de manera constante. De hecho, estos siete son los mismos que tenían su registro en 2019; incluso, cinco de esos siete existían desde 1997 y, por ende, reciben financiamiento público desde dicho año.

En la tabla 1, también se puede observar que diversos partidos han perdido su registro e inmediatamente solicitan su registro con un nombre similar, por lo que, probablemente, cuenten con una base amplia de simpatizantes, pero no lo suficiente para competir con los bien establecidos. Además, se ha señalado de manera explícita el nombre completo de un partido cuando éste ha cambiado su nombre, con el fin de notar la diferencia en la denominación del partido.

Tabla 1
Partidos políticos existentes de 1997 a 2022

Elaboración propia con datos del INE (2022)

Año	Número de partidos políticos	Partidos políticos
1997	8	Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Cardenista (PC), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Popular Socialista (PPS) y Partido Demócrata Mexicano (PDM).
1998	5	PAN, PRI, PRD, PT y PVEM.
1999	11	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia por la Democracia (CD), Partido de Centro Democrático (PCD), Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Alianza Social (PAS) y Democracia Social (DS).
2000	11	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, CD, PCD, PSN, PARM, PAS y DS.
2001	8	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, CD, PSN y PAS.
2002	11	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, CD, PSN, PAS, Partido Liberal Progresista (PLP), México Posible (MP) y Fuerza Ciudadana (FC).
2003	11	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, CD, PSN, PAS, PLP, MP y FC.
2004	6	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia (PC)
2005	8	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PC, Nueva Alianza (PANAL) y Alternativa Socialdemócrata y Campesina (ASC).
2006	8	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PC, PANAL y ASC.
2007	8	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PC, PANAL y ASC.
2008	8	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PC, PANAL y Alternativa Socialdemócrata (AS).
2009	8	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PC, PANAL y Partido Socialdemócrata (PS).
2010	7	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PC y PANAL.
2011	7	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PC y PANAL.
2012	7	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano (MC) y PANAL.
2013	7	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y PANAL.
2014	10	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, PANAL, Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Humanista (PH) y Encuentro Social (PES).
2015	10	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, PANAL, MORENA, PH y PES.
2016	9	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, PANAL, MORENA y PES.
2017	9	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, PANAL, MORENA y PES.
2018	9	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, PANAL, MORENA y PES.
2019	7	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y MORENA.
2020	10	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, MORENA, Partido Encuentro Solidario (PESO), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FM).
2021	10	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, MORENA, PESO, RSP y FM.
2022	7	PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y MORENA.

En resumen, en los últimos veintiséis años a nivel nacional, el promedio anual de partidos políticos ha sido de 8.4, con una desviación estándar de 1.6; ha existido alta volatilidad en el periodo 1997-2004, pero a partir de 2005 se aprecia baja volatilidad; esto último indica que no es tan fácil crear un partido a nivel nacional y, al parecer, existe cierto poder de mercado con tintes de oligopolio. No obstante, se debe considerar que los mecanismos actuales que fungen como requisitos para la creación y permanencia de partidos en el sistema tienen como objetivo la dotación de estabilidad al sistema político del país. Es notable que, prácticamente después de cada elección, existe una caída en el número de partidos dadas las reglas de continuidad ya mencionadas; esto ha ocurrido en el periodo posterior a las elecciones de 1997, 2000, 2003, 2009, 2015, 2018 y 2021. Esto último indica que, para un partido político de nueva creación, es difícil conseguir el porcentaje mínimo de votos requeridos para seguir existiendo.

Una vez señalado el número de partidos existentes en el periodo considerado, se procede a mostrar los datos relativos al financiamiento con recursos públicos que reciben en el mismo periodo. Antes, se muestran los datos relevantes a la composición de éste.

De acuerdo al INE (2022), en la actualidad, los partidos políticos reciben financiamiento público para llevar a cabo sus actividades; a cambio deben garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Incluye tres componentes: actividades ordinarias, actividades específicas y los gastos de campaña.

Tabla 2
Componentes del financiamiento público a los partidos políticos

Elaboración propia con datos del INE (2022)

Componente	Descripción	Cálculo
Actividades ordinarias	Gasto realizado para conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer, gasto en los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, arrendamiento de muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos, y propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática.	Se multiplica el número de ciudadanos inscritos en el padrón al 31 de julio de cada año por el 65 % del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El 70 % se distribuye proporcionalmente al número de votos obtenidos en la última elección de diputados y el 30 % restante de forma igualitaria. Si se trata de un partido de nueva creación, le corresponde el 2 % del total destinado a las actividades ordinarias.
Actividades específicas	Gasto dirigido a las actividades de educación, capacitación, investigación, socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.	Le corresponde a cada partido político el 3 % del monto total que corresponde anualmente a las actividades ordinarias del año. El 70 % se distribuye proporcionalmente al número de votos obtenidos en la última elección de diputados y el 30 % restante de forma igualitaria. Si se trata de un partido de nueva creación, participa únicamente en el 30 % que se distribuye igualitariamente.
Gastos de campaña	Gasto realizado en las actividades de campaña política para para difundir las propuestas de sus candidatos previo a la elección, lo cual incluye propaganda electoral, publicidad, realización de eventos públicos, anuncios y producción de mensajes para radio y televisión.	Le corresponde un monto equivalente a cada partido político del 30 % del monto destinado a Actividades Ordinarias del año. Si se trata de un partido de nueva creación, le corresponde el 2 % del total destinado a los gastos de campaña. En el caso de candidatos independientes, le corresponde un 0.1 % del total.

En la tabla 2 se describen los componentes que comprenden el financiamiento público, así como el cálculo que se realiza para su determinación. Es interesante la forma en que se determina el monto de las actividades ordinarias, ya que de ahí se derivan los montos destinados para el resto de los rubros; por lo que surge la pregunta: ¿será adecuado emplear un porcentaje del 65 % del valor de la UMA y después multiplicarlo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral para estimar el monto destinado a financiar las actividades ordinarias de los partidos políticos?

Además, a partir de 2014, existen los gastos para franquicia postal y para franquicia telegráfica. El primero equivale al 4 % del financiamiento total que reciben por concepto de actividades ordinarias en el año, el cual se distribuye de manera equitativa entre el total de partidos existentes, a excepción del año electoral, donde se reparte de forma igualitaria entre los partidos en diez de los doce meses, y en los dos meses restantes se divide entre los partidos y los candidatos independientes. Mientras que el segundo rubro es estimado por el Consejo General del INE y se distribuye de forma igualitaria entre los partidos. No obstante, estos dos rubros en conjunto llegan a representar no más del 5 % del gasto anual destinado a actividades ordinarias.

Figura 1
Financiamiento de actividades ordinarias
Elaboración propia con datos del INE (2022)

En la figura 1 se observa el componente de mayor magnitud en el financiamiento público para los últimos 26 años: las actividades ordinarias. En dicha figura se puede apreciar el incremento sostenible experimentado en el periodo en cuestión, donde destacan los años 1998, 2004, 2008 y 2016, por ser los únicos en donde existió una disminución en la asignación total. El monto máximo distribuido en este componente ha sido por $ 5,544 millones de pesos en 2022.

Cabe destacar que este rubro es el componente de mayor peso en el financiamiento de los partidos políticos, por lo que su comportamiento determina en gran parte el comportamiento del resto. De hecho, los componentes de actividades específicas y de gastos de campaña están referenciados al cálculo del monto destinado a actividades ordinarias.

Figura 2
Financiamiento de actividades específicas
Elaboración propia con datos del INE (2022)

La figura 2 representa el financiamiento de actividades específicas durante los últimos veintiséis años, donde, a pesar de la tendencia alcista en dicho rubro, resalta el periodo comprendido entre 2004 y 2008, en el que hubo una volatilidad considerable. Nuevamente, el año con el mayor recurso en el componente ha sido el 2022 con 166 millones de pesos.

Este rubro es considerablemente menor que las actividades ordinarias, ya que, como se ha comentado anteriormente, representa el 3 % del monto total de financiamiento de las actividades ordinarias.

Figura 3
Financiamiento de los gastos de campaña
Elaboración propia con datos del INE (2022)

La figura 3 plasma los gastos de campaña que han sido financiados con recursos públicos; el gasto se hace cada tres años, debido a la periodicidad de las elecciones nacionales en México. En dicha figura, se puede apreciar la gran modificación que sufrió a partir del año 2009: antes, se determinaba duplicar el rubro de la actividades ordinarias mediante los gastos de campaña del año, es decir, se otorgaba un monto para la campaña igual al proporcionado a través de actividades ordinarias; sin embargo, a partir de 2009, la regulación cambió y se calcula como el 50 % del monto destinado a actividades ordinarias en los años donde hay elecciones nacionales para elegir presidente, y 30 % en el resto de las elecciones.

Figura 4
Financiamiento total
Elaboración propia con datos del INE (2022)

La figura 4 detalla el gasto total destinado al financiamiento público que reciben los partidos políticos en México; se aprecia claramente la tendencia positiva a través del tiempo, un crecimiento sostenible que tiene un comportamiento cíclico cada tres años, debido a la periodicidad de las elecciones nacionales en el país. El año 2021 sigue siendo el año de mayor financiamiento de origen público recibido, llegando a ascender a $ 7 199 millones de pesos, una cifra considerablemente elevada.

Era de esperarse un incremento del financiamiento público hacia los partidos en valor absoluto, debido a la fórmula con la cual se calculan dichos montos, los cuales están sujetos tanto al valor de la UMA como al número de personas que se encuentran inscritas en el padrón electoral, donde ambas cifras se han incrementado en los últimos años. Sin embargo, habrá que analizar la situación en términos relativos.

Todo lo anterior indica la manera en que se ha financiado a los partidos en México, lo que correspondía a la primera pregunta de investigación planteada al inicio del estudio; sin embargo, no responde a la segunda pregunta sobre la determinación de un incremento relativo en el financiamiento del sistema partidista. Al respecto, a continuación, se realiza un análisis comparativo tomando como referencia el gasto público total de México, en donde se contemplará la proporción del financiamiento público que han recibido los partidos respecto a gasto público total y, posteriormente, se pondrá en perspectiva la variación anual del financiamiento y la variación anual del gasto público.

Figura 5
Financiamiento público de partidos políticos como proporción del gasto público en México
Elaboración propia con datos del INE (2022) e INEGI (2022)

En la figura 5 se plasma la proporción comentada en la sección de metodología, donde se ha obtenido el cociente entre el financiamiento público de los partidos y el gasto público total. Se puede observar que dicha proporción ha disminuido persistentemente, producto de las reformas explicadas. La proporción puede ser comprendida como la importancia relativa del sistema de partidos políticos nacionales dentro del gasto público, la cual comenzó en 1997 con una importancia relativa del 0.64 % y para 2022 representa un 0.18 %.

Evidentemente, la importancia del financiamiento público ha tenido una tendencia negativa; en promedio se ha presentado a lo largo del periodo un 0.27 % de relevancia, con una desviación estándar del 0.12 %. La relación entre el financiamiento público partidista y el gasto público ha sido positiva, es decir, el coeficiente de correlación entre dichas variables ha sido de 0.83, lo que indica la presencia de alta correlación. Entonces, puede entenderse que, ante aumentos en el gasto público, el financiamiento público de los partidos se incrementa, por lo tanto, cobra relevancia conocer cómo han sido los incrementos de ambas variables en el periodo considerado.

Figura 6
Comparativo entre la variación del financiamiento público a los partidos políticos y la variación del gasto público total en México
Elaboración propia con datos del INE (2022) e INEGI (2022)

En la figura 6 se hace un comparativo entre la variación anual del financiamiento con recurso público a los partidos y la variación del gasto público. Esta primera comparación destaca un hecho relevante: la diferencia en volatilidad, lo cual indica que el financiamiento público a los partidos tiene una volatilidad más alta que la asociada al gasto público, lo cual se explica en parte por los años electorales.

La disminución más grande de presupuesto para los partidos se dio en 2004, con una reducción del 62 %, mientras que el incremento de mayor magnitud fue en 2000, con un aumento del 133 %. Por su parte, el gasto público sólo ha tenido tasas de crecimiento positivas durante el periodo en cuestión: tuvo su menor incremento en 2021 debido a la pandemia global de la COVID-19 con un 4 %, y su mayor expansión fue en 1999 por un 28 %.

Sin embargo, la figura 6 no deja del todo clara la diferencia entre dichas tasas de variación anual, por lo que el siguiente gráfico evidencia la diferencia relativa al considerar el promedio anual, donde dicho promedio es calculado mediante el promedio geométrico, al tratarse de tasas de crecimiento.

Figura 7
Comparativo entre la variación anual promedio del financiamiento público a los partidos políticos y la variación anual promedio del gasto público total en México
Elaboración propia con datos del INE (2022) e INEGI (2022)

La figura 7 muestra el comparativo entre las tasas de variación anual promedio del financiamiento público de los partidos y el gasto público. Puede observarse la gran diferencia entre la tasa de crecimiento del financiamiento público y la del gasto público, lo que cobra mayor relevancia debido al crecimiento exponencial que ello conlleva.

Para dimensionar lo anterior, basta con hacer el comparativo entre el crecimiento de $ 1 a una tasa del 4.14 % y a una tasa del 9.59 % anual a lo largo de los últimos 26 años; el primer resultado sería la obtención de $ 2.87 y la segunda sería de $ 10.82, es decir, con la primera tasa de crecimiento el monto casi se triplica y con la segunda tasa se multiplica por más de 10.

A partir de los datos anteriores, ¿se puede decir que la inversión relativa en el financiamiento público de los partidos políticos se ha incrementado en los últimos años? La respuesta es que no, ya que la importancia relativa del financiamiento público respecto al gasto total ha mostrado una tendencia negativa y, con ello, la tasa de crecimiento anual promedio del financiamiento público de los partidos ha sido considerablemente menor que la del gasto público en México.

Conclusión y reflexiones finales

Los resultados muestran que la hipótesis planteada al inicio del presente estudio no se cumple, debido a que el financiamiento con recursos públicos de los partidos políticos en México ha disminuido en términos relativos, considerando dicho financiamiento como proporción del gasto público total en el periodo de 1997-2022.

Del presente documento se deriva una conclusión relativa al sistema partidista que requiere de la consideración de dos hechos: la percepción del beneficio de los partidos en el sistema político mexicano y la cuantificación de los costos derivados del financiamiento a dichos partidos.

En relación a los beneficios, si bien México es un país que ha avanzado democráticamente en el fortalecimiento del sistema político partidista, en la actualidad, solamente el 59.2 % de la población está de acuerdo con que gracias a los partidos la gente puede participar en la vida política, tan sólo el 58.4 % está de acuerdo con que son necesarios para que el gobierno funcione y sólo el 51.4 % está de acuerdo con que sin ellos no hay democracia (INEGI, 2021). Es decir, la mitad de la población no ve la necesidad de contar con partidos para tener un sistema democrático, lo cual no es más que un reflejo del hartazgo generado en la población.

Respecto al costo, en el presente estudio se ha demostrado que el financiamiento público de los partidos políticos ha ido disminuyendo considerablemente en términos relativos. No obstante, ciudadanos y organizaciones sociales del país manifiestan que el monto dedicado a dicho concepto debe disminuir aún más ya que es superior al financiamiento que reciben otras dependencias de mayor relevancia para el desarrollo social y económico (Arredondo et al., 2021). Es decir, pareciera que se desconoce el efecto neto de la “rentabilidad” social del sistema, ya que ha disminuido tanto el beneficio —dado que la percepción de la población sobre el sistema partidista cada vez es peor, pues en toda América Latina existe un desencanto con la política, originado por la crisis de representación (Latinobarómetro, 2021)— como el costo.

Sin embargo, considerando que los partidos políticos requieren de financiamiento público —ya que existe la convicción de que juegan un papel trascendental en un sistema democrático representativo (Griner y Zovatto, 2011)—, prácticamente pueden vislumbrarse dos alternativas para incrementar la rentabilidad social del sistema en cuanto a costo: una mayor reducción en el financiamiento público o la incorporación de la participación privada.

Respecto a la primera alternativa, han existido propuestas de modificación a la ley para reducir aún más el financiamiento público a los partidos; es el caso de personajes políticos como Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del estado de Jalisco (2013-2018), quien proponía que los partidos no recibieran financiamiento en año no electoral y que dichos recursos fueran destinados a un fondo de contingencia para la economía familiar; Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, precandidata a la presidencia del país (2018), quien sugería la reducción de un 60 % del presupuesto; y José Pedro Kumamoto Aguilar, primer diputado independiente de Jalisco (2015-2017), quien planteaba modificar la base a partir de la cual se calcula el financiamiento, de manera que en, lugar de utilizar el padrón electoral como referencia, se utilizara la votación válida emitida en la elección federal o local anterior (Valdez y Huerta, 2018). Incluso pudiera considerarse la estimación de promedios móviles ponderados a partir de la emisión efectiva del voto (Arredondo et al., 2021), así como lo señalado por Ramírez Lemus (2017), quien resalta la reducción del porcentaje destinado a actividades ordinarias respecto a la UMA o la vinculación del cálculo con la votación efectiva emitida en lugar de la lista nominal. En resumen, esta alternativa es viable, pero es algo que se ha estado trabajando en las últimas décadas y no parece ser la solución para que la población esté satisfecha con la rentabilidad social de los partidos. De hecho, dicha medida resulta ser insuficiente para enfrentar los problemas democráticos del país (Patiño et al., 2020).

En relación a la segunda alternativa, si bien el financiamiento privado puede ser una posible solución, el financiamiento público pretende garantizar la competencia, transparencia, regulación, orden, control y participación ciudadana en el sistema político. Así mismo, no puede dejar de considerarse que el financiamiento privado da lugar a los favores políticos a cambio de determinado cargo de elección popular (Bernal, 2006). Por lo que esta opción no parece viable en un país como México, en donde la corrupción tiene un lugar importante.

Por lo tanto, si las dos alternativas viables por el lado del costo no parecen ser el mejor camino para incrementar la rentabilidad social del sistema partidista en el país, habría que explorar una alternativa por el lado del beneficio. Quizá es tiempo de cuestionar la participación de los partidos políticos en el desarrollo democrático del mismo. Así, surge una tercera alternativa, la cual pudiera ser el siguiente paso de la política mexicana.

El financiamiento público ha estado disminuyendo relativamente en los últimos años y, a pesar de que hay propuestas más radicales con el fin de reducir dicho presupuesto, quizá el problema no esté en la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos, sino precisamente en la existencia de éstos. Por ellos, la tercera alternativa sería el financiamiento de candidatos sin afiliación partidista, ya que, si bien, actualmente existe la figura de candidato independiente en los procesos electorales del país, generalmente dichos candidatos han estado afiliados a algún partido en el pasado, por lo cual muy “independientes” no son. Por lo que, más allá de “candidatos independientes”, pueden surgir los “candidatos” directamente de la comunidad y dar origen a la participación ciudadana directa.

Dicha alternativa puede contribuir a la erradicación del negocio en el que se han convertido los partidos, los cuales se han olvidado de garantizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en los asuntos públicos de mayor relevancia (Arévalo, 2010). En el mismo sentido, puede fungir como una medida para mitigar la existencia de un Estado como la organización de una minoría, los partidos como una oligarquía y la democracia como una ilusión, como lo ha mencionado Michels (1996).

No obstante, adoptar esta medida conlleva una serie de reformas electorales que no se vislumbran en el corto plazo en México ya que, en la actualidad, los partidos se contemplan como figuras indispensables dentro del ejercicio los derechos políticos de la ciudadanía (Patiño et al., 2020). Mientras tanto, habrá que contemplar la creación y adecuación de leyes en materia de transparencia y fiscalización de los recursos públicos; especialmente, en prácticas efectivas en el control de los recursos públicos que utilizan los partidos (Peschard, 2005).

Lo que es un hecho es que con la alternativa aquí planteada se busca la unión y participación de la comunidad; es tiempo de unir y no de separar. Los partidos políticos surgieron en sus inicios para representar facciones, clases sociales o económicas, o simplemente grupos de personas con un objetivo en común; si bien fueron necesarias en su momento, esas divisiones generadas corresponden al pasado; probablemente sea tiempo de dejar de pertenecer a un partido o dejar de votar por uno en particular, y dar paso a la participación ciudadana directa, a través de la selección de personas que tengan la capacidad, la formación y la pasión necesaria para tomar decisiones en favor de la comunidad que representen y que, por supuesto, cuenten con una serie de valores que integren a una persona de una ética impecable, donde el representante de un municipio, estado, país o región sea verdaderamente un servidor público y, sobre todo, un ejemplo a seguir.

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Notas de autor