La acción de transparentar en la lucha por la presidencia de México de 2018¹

The Action of Transparency in the Fight for the Presidency of Mexico in 2018

Manuel Bazan Cruz* bazancruzz@gmail.com

Investigador independiente, México

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Acciones lingüísticas atinentes a descubrir el ejercicio del poder político se han realizado por distintos actores desde que México se convirtió en un país independiente. Muestra de eso es el trabajo periodístico de Francisco Zarco en la primera mitad del siglo XIX, quien tuvo que enfrentar a los tribunales por la publicación de información secreta en los diarios donde colaboró (Granados, 2019). Ese proceder empezó a afianzarse con el uso de la palabra “transparencia” a finales del siglo XX, cuando periodistas y organizaciones de la sociedad civil demandaron el libre acceso a documentos públicos, lo que desembocó en que, en los albores del nuevo milenio, se promulgaran las primeras leyes de transparencia a nivel local y federal (Secretaría de Gobernación [SEGOB], 2002).

En el discurso político, los funcionarios públicos afirman conducirse bajo los reflectores de la sociedad —ninguno niega la importancia de la transparencia para la democracia—. Empero, en la política, el secretismo también juega un rol discursivo, ya sea porque las leyes disponen la protección de aquello que pudiera afectar algún bien jurídicamente tutelado o porque conviene estratégicamente para ciertos actores. Para regular dicha situación, se creó un aparato institucional encargado de garantizar el acceso a la información pública; una de sus premisas es que la transparencia aporta beneficios sociales; entre ellos, mejorar la calidad de vida de las personas e incentivar su participación en las decisiones colectivas.

No obstante, las acciones destinadas a transparentar el poder también enriquecen lo político; es decir, las luchas adversariales que se suscitan en una forma de vida democrática —relación agónica nosotros/ellos, siguiendo a la filósofa Chantal Mouffe (2007)—, como aquéllas que se desenvuelven en los procesos electorales para vencer adversarios, acceder a un cargo de elección popular y ejercer el poder con acciones que incumben a la comunidad. Al tratarse de pugnas en democracia, se llevan a cabo discursivamente: la información que deriva del transparentar facilita que los actores políticos configuren juegos de lenguaje defensivos u ofensivos para enfrentarse en el escenario electoral. Ahí, como arguye la politóloga Hanna Pitkin (1984), la retórica, la manipulación y hasta la decepción pueden ser eficaces, útiles e incluso necesarias para la vida política.

El uso político de las acciones relativas a transparentar el ejercicio del poder es un fenómeno poco explorado en las democracias de América Latina, puesto que los estudios sociales se han orientado, principalmente, a revisar el cumplimiento por parte de los partidos políticos de las leyes y obligaciones de transparencia (Larrosa y Sánchez, 2013; Loredo, 2019), la relación de la transparencia con el combate a la corrupción (Vera et al., 2015), su relevancia social como política pública (Uvalle, 2016) o la implementación de mecanismos ciudadanos para transparentar a los candidatos electorales (Paniagua et al., 2020). Son exiguas aquellas investigaciones donde el transparentar funge como un elemento clave de las luchas por el poder.

En ese sentido, en este artículo se propone explicar por qué la acción de transparentar fungió como un recurso discursivo para luchar por la presidencia de México en 2018. Para ello, el análisis se concentra en los debates oficiales, debido a que en esos encuentros discursivos los adversarios comparten un escenario, presentan propuestas, son cuestionados, tratan de persuadir al electorado y discuten con sus oponentes; asimismo, se estudiaron en virtud de que integran las campañas políticas y, por su formato, proporcionan un marco para examinar los argumentos y asuntos que delinean el proceso electoral (Chihu, 2008). Sobre estos enfrentamientos, se indagó en particular en los juegos de lenguaje que se articularon con lo transparentado, en cómo utilizaron los adversarios estos juegos y cómo fueron retomados en las opiniones que circularon en los medios y redes sociales, para lo cual se usó el enfoque práctico del filósofo Ludwig Wittgenstein.

Este documento está integrado por cinco apartados. En el primero, se exponen brevemente algunos conceptos clave de la filosofía wittgensteiniana empleados en la investigación para describir el fenómeno objeto de estudio. En el segundo, se presenta el contexto histórico atinente a las luchas por el poder político y al uso de la acción de transparentar en México. En el tercero, se analizan los juegos de lenguaje utilizados en los debates oficiales de 2018; se observa cómo se usó el concepto “transparencia” y cómo los adversarios emplearon información proveniente de la acción de transparentar. En el cuarto apartado, se conectan los discursos de los adversarios políticos con las acciones de otros actores, verbigracia, medios de comunicación y agencias fact-checking. Finalmente, se aportan las conclusiones correspondientes, en las que se explica cómo y por qué, con la información transparentada, los adversarios construyeron diferentes juegos de lenguaje; entre ellos, imputar secretos, desorientar con la verdad y defender una verdad. Además, se comenta que ese uso derivó en una lucha por la verdad factual sobre distintos hechos.

Reflexionar el trabajo filosófico de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) amerita profundizar en su legado y dialogar con quienes han interpretado su obra desde diferentes ópticas (véase, por ejemplo, la compilación de Santamaría et al., 2020). En esas interpretaciones se aprecia que la filosofía temprana de Wittgenstein se concentra en Tractatus Logico-Philosophicus (Logisch-Philosophische Abhandlung de 1921) (Wittgenstein, 2009), en la que el lenguaje es una herramienta para describir el mundo: las palabras nombran objetos como si se tratase de un reflejo de la realidad. Esta concepción conocida en el argot filosófico como picture theory se asocia al pensamiento de San Agustín y es el blanco de las críticas que Wittgenstein realizó en su madurez, tal como se aprecia en los primeros parágrafos de su obra póstuma Investigaciones Filosóficas (Philosophische Untersuchungen) de 1953 (Wittgenstein, 2021), en donde cobra relevancia la utilidad del lenguaje —lo que hacen los seres humanos con él—, perspectiva que desborda la idea primigenia del lenguaje ostensivo, puesto que existe una variedad de usos posibles. Este segundo enfoque, siguiendo al filósofo Alejandro Tomasini (2012), demanda examinar las aplicaciones concretas de las palabras en contextos lingüísticos determinados, para lo que resultan importantes los conceptos wittgensteinianos “juegos de lenguaje” y “formas de vida”, los cuales enfatizan la “practicalidad” de las palabras.

En el segundo enfoque de Wittgenstein, también conocido como práctico, el autor utiliza el concepto Sprachspiel (juegos de lenguaje) para referirse a las acciones realizadas con las palabras: “Denominaré también ‘juego de lenguaje’ a la totalidad: el lenguaje y las acciones con las que está entretejido” (Wittgenstein, 2021, § 7). El autor no redacta una definición unívoca de lo que son los juegos de lenguaje; no obstante, es posible familiarizarse con el concepto al observar el uso de las palabras en la praxis. Así, el filósofo menta una variedad de acciones que ejemplifican juegos de lenguaje empleados en la vida cotidiana: dar órdenes y actuar siguiendo órdenes; describir un objeto por su apariencia o por sus medidas; enunciar y comprobar una hipótesis; resolver un problema de aritmética aplicada (Wittgenstein, 2021, (§ 23); mentir (§ 249); comunicar (§ 363). Estas acciones son ejecutadas con el uso del lenguaje en el que concuerdan las personas de una comunidad; según Wittgenstein (2021), “no es una concordancia de opiniones, sino de forma de vida” (§ 241).

El concepto “forma de vida”, como otros tantos en la obra de Wittgenstein, carece de una definición específica, por lo que en las interpretaciones destaca una vertiente biologicista y una sociocultural. La primera resalta la manera en la que los seres humanos reaccionan a su entorno y cómo aprenden el lenguaje; la segunda pone de manifiesto que las actividades humanas dependen de convenciones sociales (Marrades, 2014). Interpretaciones que, siguiendo al filósofo Julián Marrades (2014), no son excluyentes entre sí, puesto que, si bien las formas de vida son prácticas sociales, no dependen únicamente de reglas explícitas y convenciones, pues descansan en un tipo de consenso práctico que se halla en el adiestramiento o entrenamiento de esas prácticas, tal como ocurre con otras actividades naturales del ser humano (andar, comer, beber, jugar). Así:

La noción de “forma de vida” apunta a un modo particular —aunque indefinido— de estar relacionadas las expresiones de un juego de lenguaje con otros hechos de la vida de sus usuarios. Más concretamente, una forma de vida designa, para Wittgenstein, un entramado fáctico de relaciones entre conducta lingüística, conducta no lingüística y situaciones en el mundo, en cuyo marco se desarrolla un juego de lenguaje. (Marrades, 2014, p. 146)

Ahora bien, Wittgenstein no escribió tratados sobre política o democracia; sin embargo, como arguye Hanna Pitkin (1984), en el lenguaje constituimos nuestro mundo político. Por ende, en las formas de vida políticas encontramos la interacción de seres humanos con base en un entramado de juegos de lenguaje. De ese modo, en la filosofía y la ciencia política se hallan aportaciones de una corriente que ha subrayado la importancia de Wittgenstein para el pensamiento político y social (Karczmarczyk, 2017). Por ejemplo, la filósofa Chantal Mouffe (2012) se apoyó en las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein (2021) para reflexionar sobre los problemas de las democracias modernas desde la pluralidad de formas de vida y de lo político (dimensión antagónica de las relaciones humanas). Ergo, dado que la obra de Wittgenstein ha facilitado la comprensión de fenómenos engarzados con el ámbito político, en este trabajo se retomó el enfoque práctico para: a) exponer el significado de los conceptos relevantes de la investigación y b) explicar el uso de la acción de transparentar en la lucha por el poder político de 2018 en México, según los objetivos planteados en la introducción.

Por lo que refiere al primer inciso, cabe comentar que el significado de las palabras emerge de la práctica humana, de su uso en los juegos de lenguaje, los cuales no son estáticos, sino que están en una dinámica constante. Al respecto, dice Wittgenstein (1979) en Sobre la certeza (Über Gewißheit) (1949-1950) que “Cuando cambian los juegos de lenguaje cambian los conceptos y, con estos, los significados de las palabras” (§ 65). Así:

[...] si yo quiero determinar qué significa una palabra o algo que se haya dicho, no pregunto en abstracto o a secas por el significado de la palabra, sino que doy una descripción de lo que se logra usando esta expresión; es a través de dicha descripción que hago explícito lo que se quería decir y por lo tanto es así como se aclara el significado. Esa explicación del significado es el significado. (Tomasini, 2012, p. 31)

En consecuencia, la descripción de los juegos de lenguaje es una acción discursiva que trae aparejada la explicación de lo que hacen los seres humanos con las palabras en una forma de vida determinada. En atención a esa postura, se realizó un análisis gramatical de los conceptos centrales de la investigación, entre los que destaca “democracia”, “poder político” y “transparencia”, cuya exposición desbordaría este artículo. No obstante, es dable comentar que uno de los significados de la democracia estriba en su uso en la actividad de luchar por el ejercicio del poder político (forma de vida). Esa actividad es realizada en comunidades lingüísticas donde se eligen representantes políticos por medio de elecciones periódicas y donde se enfrentan una pluralidad de adversarios. Asimismo, entre los Estados que han adoptado los procesos electorales como mecanismos para elegir representantes, no existe homogeneidad, puesto que cuentan con circunstancias atinentes a su propia historia y contexto, por lo que sólo se puede identificar una miríada de parecidos en torno a la aplicación de principios, reglas e instituciones (juegos de lenguaje), entre las que se halla la transparencia gubernamental.

Por su parte, la transparencia, más que una cualidad de la democracia, consiste en un entramado de acciones dirigidas, a grandes rasgos, a descubrir el ejercicio del poder. Acciones discursivas que son de diversa índole y, además, son ejecutadas por una pluralidad de actores; por ejemplo, la publicación de documentos y la respuesta a solicitudes de información por parte del Estado, investigaciones periodísticas, la filtración de documentos, la difusión de información confidencial en plataformas como WikiLeaks, evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil, investigaciones científicas y la mirada directa de los ciudadanos, entre otras.

Si bien es cierto que —de igual modo que con la democracia— existen notorias reflexiones filosóficas y teóricas que han tratado de definir la transparencia gubernamental (Merino, 2008; Schauer, 2014; Uvalle, 2016; López, 2017; Peschard, 2018, 2022), como ya se ha dicho, en la aplicación de la perspectiva wittgensteiniana, más que adoptar una definición que podría ignorar algunos usos válidos de un concepto, se trata de identificar y describir las acciones humanas que le dan vida en un contexto particular, las cuales lo dotan de significado, permitiendo su análisis y comprensión.

En cuanto al segundo inciso, se utilizó la perspectiva de Wittgenstein para analizar las acciones relativas a la lucha por el poder político en México en 2018, especialmente los enfrentamientos discursivos entre los adversarios que aspiraron a ocupar el cargo de presidente de la República (debates oficiales), sobre todo aquéllos donde se utilizó el concepto “transparencia” y donde la acción de transparentar fue útil para articular juegos de lenguaje ofensivos y defensivos. Para eso, es menester mencionar que en Cuadernos Azul y Marrón (The Blue and Brown Books) (1933-1935), Wittgenstein (1968) expresó sobre la gramática de “por qué”:

Si ustedes preguntan “por qué”, ¿preguntan por la causa o por la razón? Si es por la causa, es bastante fácil discurrir una hipótesis fisiológica o psicológica que explique esta elección bajo las condiciones dadas. La tarea de las ciencias experimentales es comprobar tales hipótesis. Si, por el contrario, preguntan por una razón, la respuesta es: “No se necesita que haya habido una razón de la elección. Una razón es un paso que precede al paso de la elección. ¿Pero por qué cada paso tiene que ir precedido por otro?”. (p. 123)

Al respecto, Tomasini (2016) comenta que “las razones constituyen el mecanismo lingüístico ad hoc para la evaluación de las acciones. ¿Quiere decir que las acciones no tienen causas? Claro que no, sólo que éstas sirven básicamente para dar cuenta de un aspecto de lo que se quiere explicar en conexión con una perspectiva particular previamente adoptada” (p. 14). En ese entendido, para racionalizar o hacer inteligibles las acciones de quienes lucharon por el poder político, de modo que se comprenda por qué en esa forma de vida fue útil la acción de transparentar, en concordancia con el filósofo y antropólogo Witold Robert Jacorzynski (2011), se atendieron los siguientes principios o acciones: 1) describir el contexto apropiado (contexto), 2) describir detalladamente los juegos de lenguaje y la forma de vida en la que se utilizaron (análisis gramatical), 3) considerar la pluralidad de perspectivas en esa forma de vida (perspectivismo), 4) conectar los datos o elementos del caso estudiado (representación perspicua) y 5) más que buscar características comunes en la práctica de los juegos de lenguaje, se trata de mirar y presentar sus semejanzas o parecidos de familia (antiesencialismo). En este orden de ideas, a continuación, se describe el marco histórico-contextual atinente a las luchas por el poder político y el uso de la acción de transparentar en México.

En el territorio mexicano, las primeras luchas electorales acontecieron entre 1812 y 1814, antes del México independiente (Sordo, 1998). Desde entonces, se han librado dichos procesos para disputar cargos públicos de distintos niveles y órdenes de gobierno, dentro de los que se halla el de presidente de la Nación. Sin embargo, la praxis de las elecciones fue inestable durante el siglo XIX y principios del XX debido a una diversidad de factores, dentro de los que destacan: intervenciones extranjeras —verbigracia: Estados Unidos de América (1846-1848), Francia (1862-1867)— y conflictos internos —como la Guerra de Reforma (1858-1861) o la Revolución Mexicana (1910-1920)—. Pese a ello, durante ese periodo las normas y las prácticas democráticas se transformaron para dar cabida a elecciones caracterizadas por una menor o mayor inclusión social (Gantús y Salmerón, 2017). Asimismo, algunos personajes emprendieron acciones encaminadas a descubrir el ejercicio del poder, como las de los hermanos Flores Magón en los periódicos Regeneración y El hijo del Ahuizote.

Después de la Revolución Mexicana, las elecciones fueron subyugadas por el partido político oficial, primero como Partido Nacional Revolucionario (1929), después como Partido de la Revolución Mexicana (1938) y, finalmente, como Partido Revolucionario Institucional (1946). Este último, mejor conocido como “el PRI”, controló los procesos electorales y, por ende, ganó las contiendas a la presidencia hasta 1994, valiéndose, entre otros artilugios, del fraude electoral.² Durante los gobiernos priistas, la transparencia del Estado fue exigua y los medios de comunicación rendían pleitesía al titular del ejecutivo federal. En contra de esa opacidad, algunos periodistas se dedicaron a transparentar y criticar al régimen, entre ellos, Manuel Buendía (1926-1984), Julio Scherer García (1926-2015) y Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011).

No fue sino hasta finales del siglo XX cuando, en esta forma de vida de la democracia, se incluyó un lenguaje jurídico favorable a elecciones libres y plurales. A partir de la década de los setenta, se aprobaron reformas constitucionales y legales que impactaron en el ambiente político del país; entre ellas, mayor inclusión y participación de partidos políticos (1977), creación del Instituto Federal Electoral (IFE) (1990) y la conformación del IFE con consejeros ciudadanos (1994). Así, las fuerzas políticas comenzaron a participar en condiciones favorables para la libertad e igualdad electoral, puesto que menguó el control priista sobre las autoridades y los comicios. En palabras de José Woldenberg, exconsejero presidente del IFE (1996-2003): “entre 1988 y 1997 México desmontó un sistema autoritario y construyó un sistema democrático. Pasamos de un sistema de partido hegemónico a uno auténtico de partidos; de elecciones sin competencia a elecciones competidas” (citado en Aristegui y Trabulsi, 2010, p. 301).

Como parte del nuevo paisaje político, en 1994 se tuvo la primera experiencia de un debate televisado entre los principales contendientes a ocupar la presidencia del país, que fue organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y contó con la presencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI), Diego Fernández de Cevallos Ramos (PAN) y Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano (PRD). Para las elecciones intermedias de 1997, el PRI comenzaba a resentir los cambios político-electorales, por lo que, por primera vez, perdió la mayoría simple en la Cámara de Diputados al obtener 239 curules de las 251 necesarias para aprobar cualquier tipo de iniciativa (Casar, 2008, p. 232).

El declive priista se acentuó en las elecciones presidenciales del año 2000, en las que los principales candidatos eran Vicente Fox Quesada (PAN), Francisco Labastida Ochoa (PRI) y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (PRD). La socióloga María Marván (2000) comenta que en esas elecciones las tres principales fuerzas políticas apostaron por una estrategia centrada en la personalidad de los candidatos. Por ende, ganó el carisma de Fox y su llamado al voto útil para sacar al PRI del poder al obtener el 42.54 % de los votos (Instituto Nacional Electoral [INE], 2000). Estos resultados articularon discursos optimistas sobre la democracia mexicana, ya que el relevo presidencial con leyes e instituciones significaba un cambio en las prácticas del sistema político —por fin había llegado la alternancia sin que la violencia o el fraude fueran un factor decisivo—. No obstante, pese al relevo político, existía claridad en que un avance en lo electoral no equivalía al fin de todos los problemas que aquejaban al Estado: era palpable la persistente inseguridad, la desigualdad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos (Moloeznik, 2007).

Durante el mandato de Fox, se abrieron los causes a la regulación de la transparencia a nivel federal con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (SEGOB, 2002), ordenamiento jurídico que enunciaba la información que las autoridades de la administración pública debían poner a disposición de los ciudadanos, así como la atención a solicitudes de acceso a información, los supuestos de reserva y confidencialidad, los medios de defensa que las personas podían interponer en contra de la negativa de las autoridades para entregar los documentos solicitados, y un órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la ley.

En 2006, el PAN volvió a ganar las elecciones presidenciales con Felipe Calderón Hinojosa y su llamado a votar por la estabilidad y no por la opción que podría convertir al país en Cuba o Venezuela, refiriéndose al candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. Pese a los cambios en las reglas del juego electoral, regresó el fantasma del fraude en los comicios, cuya denuncia provino de López Obrador (segundo lugar en el conteo de votos), ya que la diferencia entre él y Calderón era del 0.58 % de los votos emitidos (INE, 2006). Esta situación condujo a que simpatizantes de López Obrador demandaran a la autoridad electoral un nuevo recuento “voto por voto”. Por su parte, algunos ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil solicitaron el acceso a las boletas electorales para confirmar o descartar el fraude, requerimiento que negó el IFE y que se elevó a la resolución del Poder Judicial de la Federación y a instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El asunto se extendió hasta el 2013, cuando el IFE procedió a la destrucción de los documentos sin que los solicitantes de información hubiesen accedido a su contenido. La gestión de Calderón concluyó con una irritación social con los gobiernos panistas; en especial, por la violencia que desencadenó la denominada “guerra contra el narcotráfico”, la cual incrementó el número de cárteles de la droga y de homicidios en el país (Rosen y Zepeda, 2015).

Posteriormente, con el apoyo de las principales televisoras del país —lo que detonó el movimiento estudiantil denominado #YoSoy132—, el PRI regresó al poder en las elecciones de 2012 con Enrique Peña Nieto (38.2 % de los votos emitidos) (INE, 2012). Su discurso aludía a un partido renovado, y su imagen había sido diseñada por y para la televisión. En cambio, su mandato estuvo marcado por violaciones graves a los derechos humanos —como la desaparición de decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) en septiembre de 2014 y el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus de la empresa israelí NSO Group— y por la incertidumbre sobre la comisión de actos de corrupción —entre otros, la relación de algunos funcionaros públicos con el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht—. La prensa (como Aristegui Noticias y la revista Proceso) y la sociedad civil organizada (como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad) trabajaron sobre estos asuntos para transparentar los sucesos.

En 2014, durante el mandato de Peña Nieto, como una de sus “reformas estructurales”, el IFE se convirtió en el Instituto Nacional Electoral (INE) con el propósito de estandarizar las reglas electorales a nivel federal y local. Ese mismo año entró en vigor la reforma de transparencia, con la que se amplió el catálogo de autoridades obligadas a transparentar sus funciones y se pretendió homologar su regulación en el país con la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otras instancias. Ambas reformas produjeron un nuevo andamiaje jurídico e institucional que repercutiría en las luchas por el poder político y en las acciones tendientes a transparentar el desempeño estatal.

El 2018, último año de gestión de Peña Nieto, arrancó con un sismo de magnitud 7.2 grados en la escala de Richter (16 de febrero), con epicentro en el estado de Oaxaca. Acontecimiento que recuperaba los sentimientos, todavía latentes, de los sismos que sufrió el país en 2017, como aquél del 19 de septiembre (de 7.1 grados) con epicentro en el estado de Morelos, el cual dejó pérdidas humanas y daños materiales en las entidades del centro. En el mismo año, según datos sistematizados por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A. C. (2018), presentados en el informe intitulado Fue un mal año. No, menos, como seis: 1) aumentó la percepción de la corrupción; 2) México era considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, ya que hasta julio se contabilizaban cuarenta y cinco asesinatos de periodistas; 3) a ese atentado contra la libertad de expresión e información se sumaba la nula competencia en el sector de las telecomunicaciones y la prevalencia de ciertos monopolios (América Móvil y Grupo Televisa) que incidían en los precios y hacían inaccesibles los servicios a amplios estratos de la población; 4) en materia de seguridad, las muertes por homicidio doloso, al corte del primer cuatrimestre del año, ascendían a 103 951; 5) las víctimas no tenían acceso a la justicia ni veían garantizados sus derechos, lo que se reflejaba en una elevada cifra de delitos que no se denunciaron por desconfianza en la efectividad del sistema de justicia; 6) la política fiscal no había sido utilizada como un instrumento para combatir las desigualdades o la pobreza, ni para contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de derechos; 7) no sólo se mantenía el mismo nivel de incidencia de la pobreza que en 1994, sino que la desigualdad de ingresos y de riqueza era crónica. Además, se mantenía estancada la economía: las expectativas del Banco de México eran de entre el 2 % y el 2.6 % respecto del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del 5.3 % que había previsto el gobierno (Navarro, 2018).

Asimismo, el descontento social derivaba de los aumentos a los precios de los combustibles —“gasolinazos”—, los cuales habían comenzado en 2017 con la reforma energética. El incremento paulatino de esos problemas debilitó el discurso de los partidos políticos PRI y PAN, que habían accedido al poder y cuyos candidatos incumplieron muchas de sus promesas. Como plantean los investigadores Ricardo Espinoza y Javier Rosiles (2020), “el desfase entre el discurso de los gobernantes y la realidad cotidiana identificaron la gestión de esos dos partidos y eran motivo del creciente descontento de amplios segmentos de ciudadanos” (p. 200).

La exposición anterior traza la intersección histórica entre las acciones inclinadas a luchar por el poder político en México y aquéllas relativas a transparentar su ejercicio, las cuales, a partir del siglo XXI, están vinculadas a una plataforma jurídica e institucional creada por el Estado. Sin embargo, antes de esa regulación y frente a la exigua apertura de gobiernos autoritarios, algunos periodistas trataron de indagar sus secretos y hacerlos del conocimiento público. Asimismo, en los últimos años, las acciones destinadas a transparentar el poder se han dirigido a descubrir aquellos movimientos gubernamentales concatenados con actos de corrupción. Por otro lado, se distingue el uso político de dichas acciones, tanto en procesos electorales como en el ejercicio del poder —valga referir al espionaje del gobierno de Peña Nieto con el software Pegasus—. Prácticas que dotan de significado al concepto “transparencia”. En ese tenor, a continuación, se profundiza en el análisis de esas acciones a la luz de la contienda electoral de 2018.

Con los escollos que caracterizaron el último tramo del gobierno de Peña Nieto, las organizaciones políticas comenzaron a movilizarse para contender en las elecciones de 2018, en las cuales se disputaron 18 299 cargos federales y locales (INE, 2018c), entre ellos el de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la Numeralia Proceso Electoral 2017-2018 (INE, 2018c), la campaña electoral se realizó del 30 de marzo al 27 de junio de 2018; la votación se llevó a cabo el 1 de julio de ese año, y en ella se enfrentaron cuatro adversarios políticos para ocupar la presidencia del país:

Tabla 1.
Adversarios políticos, México, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE (2018a)

En esta contienda resultó vencedor Andrés Manuel López Obrador —quien ya había sido candidato en las elecciones de 2006 y 2012—, con 30 113 483 votos a favor, lo que representa el 53.1936 % de la votación total (56 611 027) (INE, 2018b). Él era el puntero en las principales encuestas de intención de voto, en las que su adversario más fuerte fue Ricardo Anaya Cortés (INE, s. f.).

Durante la campaña, los adversarios tuvieron acceso, vía el INE, a 3 111 emisoras de radio y televisión, y se llevaron a cabo tres debates oficiales, los cuales son obligatorios de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El primero (D1) fue a las 20:00 horas del domingo 22 de abril de 2018, en la Ciudad de México (Palacio de Minería); el segundo (D2), a las 21:30 horas del domingo 20 de mayo de 2018, en Tijuana, Baja California (Universidad Autónoma de Baja California); el tercero (D3), en la ciudad de Mérida, Yucatán (Museo del Mundo Maya), a las 21:00 horas del martes 12 de junio de 2018. El INE promovió la invitación pública a seguir los debates en diferentes canales de comunicación. Según datos de ese órgano, los niveles de audiencia registrados en televisión fueron de 11.4 millones de visualizaciones en D1, 12.6 millones en D2 y 10.7 millones en D3 (INE, 2018c).

Las reglas para la organización y realización de los debates se desprendieron de la actividad discursiva de los integrantes del Consejo General del INE (consejeros electorales, consejeros del poder legislativo y representantes de los partidos políticos), cuyos juegos de lenguaje se encuentran enlazados con las facultades que les confiere la ley. Dentro de esas reglas se halla: la institución que operó los debates, el número de los mismos, el lugar y la fecha de celebración, el formato, las reglas sobre la moderación, la aprobación de moderadores, las características de las preguntas, la interacción discursiva y la participación ciudadana; elementos que impactan en el desarrollo de los encuentros discursivos, por lo que la discusión e incidencia sobre ellos repercutió en las estrategias de los candidatos. Con base en esas reglas, los debates estuvieron moderados por periodistas, comunicadores y académicos seleccionados por el INE, quienes presentaron los temas, regularon el tiempo de las intervenciones, realizaron preguntas provenientes de la sociedad y cuestionaron a los candidatos. Los enfrentamientos discursivos giraron en torno a un eje general y temas específicos:

Tabla 2.
Ejes temáticos de los debates oficiales, México, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en los debates oficiales de 2018

En D1 los adversarios se ubicaron frente a los moderadores en su respectivo atril, mientras que en D2 existió la posibilidad de desplazarse y acercarse al público o situarse frente a otro adversario. En D3 adversarios y moderadores compartieron una mesa redonda para el intercambio verbal. En D2 el público presente tuvo la posibilidad de participar con preguntas dirigidas a los contendientes. En el caso de D3, los moderadores leyeron e hicieron algunas preguntas seleccionadas a partir del análisis de las redes sociales que realizaron la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. La interacción discursiva de los tres debates fluyó con un juego de preguntas y respuestas, ya fuera de los moderadores y la sociedad hacia los candidatos, o entre los propios adversarios políticos. A esos enfrentamientos acudieron los cuatro adversarios; en D1 también asistió Margarita Zavala Gómez del Campo, candidata independiente que el 17 de mayo de 2018 renunció a la contienda, por lo que no participó en D2 y D3. En las intervenciones de los adversarios se aprecia un discurso eje que reiteraron en los tres debates:

Tabla 3.
Discurso eje de los adversarios políticos

Fuente: Elaboración propia con base en los debates oficiales de 2018

Ahora bien, alrededor de los debates se utilizó el concepto “transparencia”. Así, el discurso institucional (INE-INAI) destacó la importancia del voto libre, informado y razonado de la ciudadanía, por lo que los debates debían corresponder a un ejercicio de transparencia donde los electores conocieran con claridad por quiénes votarían y cuáles eran sus propuestas. En ese discurso se planteó un uso político de la transparencia, puesto que se aludió a ella como un instrumento para que los adversarios atrajeran el voto electoral (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales [INAI], 2018). En otras palabras, en el discurso institucional, el cumplimiento de las leyes de transparencia por parte de partidos políticos y candidatos concede confianza electoral.

El concepto también se utilizó en algunas propuestas de los adversarios con la finalidad de confirmar un compromiso con los principios democráticos: “Habrá total transparencia y contratos abiertos” (A3 en D1); así como para exponer alguna inconformidad con la labor de las instituciones que influyen en el combate a la corrupción: “Se creó, por ejemplo, el Instituto de la Transparencia; hablando del caso de Odebrecht, ¿saben ustedes qué resolvieron en el Instituto de la Transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht” (A2 en D1).³

En relación con el uso del concepto “transparencia”, el problema de la corrupción se mentó en los tres debates, particularmente en los intercambios que sostuvieron A1, A2 y A3, constituyéndose en el leitmotiv de los ataques. Aunado a ello, en los tres eventos se discierne el uso de distintos juegos de lenguaje (tanto ofensivos como defensivos), tales como: afirmar un hecho, proponer una acción, imputar un acto deshonesto, victimizarse, poner sobrenombres, comprometerse con algo o alguien, amenazar a alguien, el silencio respecto de alguna alusión o pregunta, halagar a alguien, narrar anécdotas y formular hipótesis, entre otros.

Dentro de esos juegos de lenguaje, un conjunto de preguntas se articuló con información proveniente de la acción de transparentar el proceder de los adversarios, ya sea en virtud de las funciones que desempeñaron en otros puestos de elección popular o en su calidad de servidores públicos de administraciones anteriores, así como de discursos previos o de actividades relacionadas con su vida privada. Así, en D1, M2 cuestionó a A4 con datos de lo que se transparentó de su gestión como gobernador del estado de Nuevo León en materia de seguridad: “hubo 451 homicidios dolosos en 2015 cuando usted asumió el poder, 644 en 2016, 656 en 2017, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de nuestra Nación. ¿Qué falló?”.

Asimismo, la acción de transparentar se utilizó en las preguntas que los ciudadanos formularon en D2, quienes se expresaron con lo que han observado en la cotidianidad:

[...] tengo cuarenta años radicando aquí en Tijuana; actualmente tengo treinta años viviendo cerca de la malla y he mirado mucha [sic], ah, abuso para nuestros paisanos de parte de la policía y de parte de los malos pues, de, cómo se dice, los ladrones. Entonces, la policía, en vez de cuidarnos, también los [sic] extorsionan. Y eso no me lo contaron, yo lo he mirado. Y yo quiero saber qué pueden hacer algunos de ustedes por eso. Es todo.

En otras ocasiones, en la respuesta a determinadas preguntas de los moderadores o en las alusiones directas que recibieron o hicieron sobre otros adversarios, se identificaron juegos de lenguaje donde información procedente de la acción de transparentar se utilizó como un recurso defensivo u ofensivo que permitió construir mentiras, acusar secretismo, desorientar con la verdad e imponer una postura, entre otros. En algunos momentos, esos discursos se acompañaron con descalificaciones, en las que se utilizaron palabras o expresiones como “farsante”, “mentiroso”, “falta de pudor”, “están engañando al pueblo”. En el uso de los juegos de lenguaje estratégicos se observa un parentesco o semejanza en su configuración, lo cual se esquematiza a continuación:

Tabla 4.
Juegos de lenguaje estratégicos

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los debates oficiales de 2018

La intención de imponer una postura en cuanto a distintos hechos generó incertidumbre tocante a quién dijo la verdad. Para esclarecer ese asunto, participaron una pluralidad de actores que, con sus discursos, entablaron una lucha por la verdad factual, la cual, siguiendo a la filósofa Hanna Arendt (2017), concuerda con el sentido que las personas le dan al concepto y atañe a los hechos constituyentes de la textura del campo político, por lo que sobre ella se dirigen los ataques del poder. Tal es el caso de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual, en alianza con el INE y distintas organizaciones de la sociedad civil, impulsaron la plataforma digital Voto Informado 2018 con la finalidad de que la ciudadanía contara con información útil para conocer a los candidatos y, con ella, emitir su voto.

Por su parte, un conjunto de medios de comunicación, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil —como Animal Político, Universidad de la Comunicación, El Economista, El Universal, Artículo 19, Forbes México, Universidad Iberoamericana (Ciudad de México), La Crónica, México Evalúa, Milenio, Radio UNAM, Proceso, Tecnológico de Monterrey, entre otros— se unieron para desarrollar la plataforma #Verificado2018 con el objetivo de revisar noticias falsas y discursos políticos. Los discursos de estos actores se enfrentaron en el debate público con los juegos de lenguaje de los adversarios políticos; así, la información proveniente de la acción de transparentar formó parte del entramado discursivo, como se ilustra en los siguientes casos.

Imponer una verdad

En los debates, los adversarios se enfrascaron en un conflicto con respecto a la verdad de distintos hechos, entre ellos: los bienes inmuebles propiedad de A1 y A2, actos ligados con el escándalo internacional de la empresa Odebrecht, denuncias penales en contra de A1, los niveles de inversión en la Ciudad de México durante la gestión de A2, la inseguridad en el gobierno de A4 en el estado de Nuevo León, los dichos de A4 sobre el salario mínimo, los niveles de crecimiento económico y empleo durante la estadía de A2 como jefe de gobierno del Distrito Federal, los contratos que adjudicó A2, así como un supuesto pacto entre A1 y A2 con el presidente Peña Nieto. Para apoyar la seguridad de sus dichos, A1 y A2 se valieron de gráficas e imágenes que mostraron ante las cámaras de televisión, así como de documentos supuestamente oficiales y la difusión de una página de internet donde A1 aseveró que se encontraba el soporte de sus comentarios. Para profundizar en este juego de lenguaje, valga mencionar que A1, A2 y A3 en D1 encendieron una disputa por la verdad en cuanto a la gestión de A2 en el Gobierno del Distrito Federal, específicamente en materia de seguridad.

Tabla 5.
Verdades en conflicto en materia de seguridad: A2 vs. A1 y A3

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los debates oficiales de 2018

Como se observa, en este intercambio dialógico existe una contraposición de datos, los cuales desvirtúan la verdad factual y opacan la transparencia sobre los niveles de inseguridad que existían durante el mandato de A2 como jefe de gobierno de la capital. Según las leyes mexicanas, debe tratarse de información transparente, ya que instituciones federales y locales —como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— están obligadas a publicar estadísticas que muestren los niveles de inseguridad. No obstante, los tres adversarios defendieron sus posturas. Esta polémica se reprodujo en los medios de comunicación; por su resonancia en la opinión pública, #Verificado2018 revisó las frases contrastando diversas fuentes informativas (incluidas las oficiales). De acuerdo con su labor, la tasa de homicidios dolosos, secuestros y robo de vehículos con y sin violencia, sí disminuyó durante la gestión de A2 en el Distrito Federal (Verificado 2018). Sin embargo, A1 y A3 avivaron la lucha por la verdad, remitiendo a la alianza periodística su inconformidad y algunas precisiones sobre las cifras. En atención a esas quejas, #Verificado2018 determinó y comunicó que A3 no había expresado con claridad los datos que refirió en D1, y que con A1 había una diferencia metodológica, puesto que éste no señaló el número de secuestros total ni la tasa por cada 100 mil habitantes —como usualmente se mide la incidencia delictiva—. Sobre el reclamo de A1, Patricio Solís (2018), profesor investigador de El Colegio de México, comentó para el diario online Animal Político que:

¿Sirve el porcentaje de secuestros con respecto al total nacional como medida de incidencia? La respuesta es un contundente no. Este porcentaje es una medida de distribución. No se le puede usar para afirmar que los secuestros “crecieron”.

[A1] optó por utilizar la medida de distribución, tal vez porque esto le permitía afirmar que “los secuestros crecieron 88 %” utilizando un “dato verdadero” pero engañoso e inapropiado

Así, en conflictos atinentes a la verdad factual, convergen distintos juegos de lenguaje, como mentir o desorientar con la verdad, así como la interpretación de los datos que más favorezca a una defensa o a un ataque discursivo. En ese sentido, en la disputa por la verdad sobre los niveles de inseguridad de la Ciudad de México durante la gestión de A2, la metodología que se utilizó para interpretar los datos que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública influyó en la verdad que se pretendió imponer. La polémica generada alrededor de este tema repercutió en el objetivo de #Verificado2018, ya que, a diferencia de las calificaciones que emitió sobre otros asuntos, aquí A1 y A3 cuestionaron su labor y reclamaron su verdad.

Los juegos de lenguaje que se aludieron en este apartado permiten observar cómo información que derivó de la acción de transparentar el ejercicio del poder político fue útil en los discursos de los adversarios y, también, cómo dicha información constituyó un insumo para tratar de engañar a la opinión pública. Sobre este punto, actores como #Verificado2018 contrastaron los discursos políticos con diversas fuentes informativas, entablándose, junto con la lucha por el poder político, una lucha por la verdad factual. En esa red de juegos de lenguaje, destaca la intersección entre distintos tipos de acciones dirigidas a transparentar asuntos públicos, dentro de las que se ubican aquéllas que tienen un soporte en las leyes de transparencia y en las instituciones encargadas de cumplirlas.

Luego, la transparencia institucional es útil para la consecución de fines político-electorales, en tanto que provee elementos para tejer estrategias discursivas en un contexto específico. Además, el análisis de tales juegos de lenguaje arroja que la complejidad para transparentar algunas decisiones influye en el uso político de la información; por ejemplo, en algunos casos la transparencia se logra con la mirada directa de la ciudadanía y, en otros, se alcanza con una trama de juegos de lenguaje donde intervienen distintos agentes, como en las estadísticas que pretenden dar cuenta de los niveles de seguridad o pobreza a nivel nacional. Esa característica, en relación con las opiniones o juicios que recaen sobre los juegos de lenguaje de los adversarios, opaca los hechos y enciende la lucha por la verdad factual, tal como se abunda a continuación.

Al igual que la acción de transparentar y las luchas por el poder político por la vía electoral, en México la acción de opinar está concatenada con el discurso jurídico. La Constitución Política federal reconoce la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas a través de cualquier medio, siempre y cuando no se viole alguna de sus excepciones. Luego, opinar es una acción estrechamente conectada con la de informar: esta última consiste en proporcionar al público información veraz (verificada y contrastada con distintas fuentes documentales), labor que se proponen los programas de noticias y en la que se enfocó #Verificado2018. Asimismo, en la acción de opinar se vinculan juegos de lenguaje proclives a expresar ideas, sentimientos, emociones o juicios sobre cualquier acontecimiento, como aquéllos concernientes a la información que producen los medios de comunicación y los discursos de actores políticos.

Ahora bien, respecto de los debates presidenciales de 2018, circularon información y opiniones alusivas a su contenido. Según el Digital News Report, elaborado por Reuters Institute for the Study of Journalism y University of Oxford (2018), en México las personas que utilizaron medios tradicionales (televisión, radio y periódico impreso) consultaron más TV Azteca Noticias, Televisa Noticias, El Universal, CNN y Milenio Noticias. Mientras que, vía online, prefirieron Aristegui Noticias, El Universal online, CNN.com, Yahoo News y Animal Político —siendo Aristegui Noticias y El Universal los que disfrutaron de mayor confianza del público—; medios que difundieron notas sobre los enfrentamientos discursivos de 2018 y que cuentan con espacios para publicar opiniones de académicos, periodistas, analistas políticos y servidores públicos, entre otros. Dichas opiniones también se difundieron en las redes sociales; de acuerdo con el reporte en comento, las más concurridas fueron Facebook, YouTube, WhatsApp y Twitter.

Una revisión de las agencias de noticias con mayor audiencia, tomando como referencia el reporte antes mencionado, permitió identificar la manera en la que comunicaron el desarrollo de los debates oficiales. Por lo que respecta a D1, los titulares hicieron hincapié en el uso de acusaciones y en el impulso de los ataques en contra de A2: “Todos contra AMLO, en debate ágil” (El Universal, Redacción, 2018), (El Universal), “Debate: propuestas, ataques… chistoretes” (Rivera, 2018), (Milenio), “Tunden a AMLO; domina Anaya” (Guerrero, 2018), (Reforma), “Cuestionar a AMLO, consigna del debate” (Méndez y Urrutia, 2018), (La Jornada), “Evaden y se acusan en el primer debate” (Chávez, 2018), (El Financiero). Un día después de D2, las notas continuaron destacando el uso de acusaciones por encima de propuestas: “Chocan AMLO, Anaya y Meade en debate” (Zavala, García y Alcántara, 2018), (El Universal), “Los insultos opacan a las propuestas” (Milenio, 2018), (Milenio), “‘Debaten’ sin debatir; ganan acusaciones” (Chávez, V., 2018), (El Financiero), “En el debate, ataques, mentiras y una cartera” (La Jornada, 2018), (La Jornada). Situación que continuó en D3: “Anaya y Meade se amagan con cárcel”, “AMLO dice no” (El Universal, Redacción, 2018), (El Universal), “En el último debate, 36 ataques, 59 propuestas” (Damián y Rivera, 2018), (Milenio), “Lo acusan Anaya y Meade; AMLO calla” (Chávez, 2018), (El Financiero), “Gana Anaya 3 a 1” (Reforma, Redacción, 2018), (Reforma). Notas que, en su mayoría, se ciñeron a reproducir fragmentos de los debates con un título sugerente.

Empero, en los discursos de las opiniones publicadas en esos espacios, es donde se halló un abanico de comentarios sobre lo dicho en los debates. Dentro de esa pluralidad, algunos personajes trataron de apartarse de quienes utilizan el acceso a las tecnologías de la comunicación para expresar opiniones sin contar con algún conocimiento sobre un tema o sin haberse informado previamente. Asimismo, reconocieron la posible influencia que sus textos podrían generar sobre su auditorio: “esto que estamos diciendo va formando las intenciones del voto en un sentido o en otro, lo que tenemos que reivindicar es que, para nuestro auditorio es, que hagan un esfuerzo por distinguir entre la información con bases o las opiniones con bases sustentadas” (Redacción AN, 2018). La distinción entre quienes se informan y quienes no, entre quienes conocen asuntos técnicos —como el crecimiento económico— y quienes no los entienden se planteó en algunas opiniones en programas de Grupo Televisa, donde criticaron el lenguaje de ciertos candidatos. Para los opinantes, el uso de lenguaje técnico y la exposición de temas que la mayoría de la población “no entiende”, posiblemente limitó la conexión con el público, por lo que los adversarios debieron avocarse al espectáculo: “a ver, le hubiera dicho ‘vulgar ladrón’ otra vez, ¿no?”, “Atacó primero a [A2] por su administración con temas que la gente no entiende, que si el crecimiento económico, ¿no? No dio nota” (Noticieros Televisa, 2018).

En cuanto a la construcción de las estrategias discursivas, se ubicaron expresiones que arguyeron a la manera en la que los adversarios prepararon sus tácticas defensivas y ofensivas; entre ellas, la búsqueda de secretos: “debe preverse que lleve bajo el brazo cierta artillería de secretos de sus adversarios” (Opinión El Universal, 2018a). En esta opinión se considera que los equipos de campaña de los adversarios observarían cuidadosamente lo que dijeron e hicieron los oponentes, con la intención de allegarse de información útil para defenderse o atacar durante la campaña electoral. Respecto de las acciones emprendidas durante los debates, opinantes de distintos medios de comunicación concordaron en el uso de una regla estratégica del juego electoral relativa a “pegarle” al puntero en las encuestas de intención de voto, de tal forma que menguaran las preferencias sobre él en favor de quien acertó los mejores golpes: “cumplió, con creces, las dos expectativas más importantes que generó: la primera, un formato más ágil, dinámico y por momentos entretenido. Y la segunda expectativa, que el encuentro sería una cacería de ‘todos contra [A2]’” (Opinión El Universal, 2018b).

El contenido de los ataques discursivos figuró en las opiniones de analistas y comunicadores, las cuales no necesariamente concordaron con la información proveniente de lo transparentado ni con la calificación que emitió #Verificado2018. De hecho, en algunos comentarios, cuando se referían a información verificada, ésta se acompañó con ciertas valoraciones para influir en la audiencia. Véase el siguiente caso sobre los ataques a A2: “le hicieron preguntas directas que no pudo contestar, le recordaron contradicciones políticas que no pudo explicar, lo abrumaron con la discusión sobre su propuesta de amnistía y corrigieron con cifras sus certezas” (Aguilar, 2018). Para este opinante, los datos que expusieron A1 y A3 sobre la gestión de A2 como jefe de gobierno del Distrito Federal sirvieron para corregir su supuesto éxito; sin embargo, en plataformas como #Verificado2018, se identificó que los tres adversarios recurrieron a juegos de lenguaje destinados a engañar al electorado, en algunos momentos con mentiras y, en otros, con verdades a medias, por lo que no todos los dichos de A1 y A3 concordaron con lo transparentado por las instituciones del Estado.

Aunque pudieran comprobarse las sospechas de algunos opinantes, en el sentido de que los lee una minoría interesada en temas políticos o que sus opiniones no son determinantes para la emisión del voto —“Ahorita nos estamos concentrando en las opiniones de los más activos e importantes, sin duda, pero me temo que no son las determinantes” (Redacción AN, 2018)—, formaron parte de los discursos que articularon la lucha por el poder político y la verdad durante las elecciones de 2018. A éstas se adhirieron las emitidas en redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter, donde las personas pueden opinar sin las restricciones que conlleva participar en los medios tradicionales; allí no es necesario cumplir con un perfil específico —académico, servidor público, experto, analista político— o contar con cierto “prestigio”: es suficiente aceptar los términos, condiciones y el aviso de privacidad que solicitan las plataformas virtuales. Esas redes están diseñadas para que los usuarios comenten en tiempo real o diferido los contenidos abiertos al público y, si lo desean, compartirlos (“viralizarlos”) desde su propio perfil dentro de una red o inter redes.

En el flujo de opiniones relativas a la lucha por el poder político de 2018 en las redes sociales, se retomaron los juegos de lenguaje que los adversarios emplearon en los debates, así como aquellos puntos de vista expresados en los medios tradicionales. También se distinguen juegos de lenguaje que utilizaron los usuarios para defender a su candidato, para los cuales conocer la verdad factual no fue indispensable para sus discursos. Por ejemplo, con los criterios de búsqueda “Debate Presidencial 2018”, “#Debate2018” y “#Verificado2018” en Twitter, se encontraron enfrentamientos entre simpatizantes de distintos adversarios. Verbigracia, en relación con D3 —donde A1 requirió a A2: “Contesta sin chistes, sin payasadas: ¿Sí o no, cuando fuiste jefe de gobierno, a Riobóo le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por ciento setenta millones de pesos? ¡Contesta sí o no!”, y A2 negó la imputación: “Nosotros no somos corruptos como tú”—, el 13 de junio de 2018, en su cuenta de Twitter, la revista Proceso (@proceso) compartió la nota “Gobierno de AMLO en la CDMX sí otorgó contratos directos a Riobóo: Verificado 2018”. En los comentarios al tuit, por un lado, se justificó a A2: “Qué va de eso comprobado, a Miles de millones de pesos que ha robado el PRI-PAN y en la miseria que tienen al país, la delincuencia, el narcotráfico abran los ojos”; por otro lado, se enfatizó el uso de la mentira por parte de A2, asociándolo con el fenómeno de la corrupción: “En todos los casos, sea Pedro, Juan o López, es un abuso que asignen directo. Por lo tanto, es un corrupto. Quien vote por él está apoyando la corrupción y la mentira”.

Juegos de lenguaje parecidos se localizaron en los discursos de personajes que utilizan YouTube para publicar contenido audiovisual sobre diversos temas (youtubers), dentro de los que se encuentran los de carácter político. En esa red existen videos de canales que, con sus propios criterios, calificaron los dichos de los adversarios. Así, en el canal Campechaneando, el 24 de abril de 2018, se transmitió el programa intitulado “Ricardo Anaya y Meade MIENTEN, aquí las Pruebas”. En ese espacio, el youtuber expresó su opinión en torno a las acusaciones sobre los bienes inmuebles que A2, de acuerdo con sus adversarios, no había reportado en su declaración patrimonial: “Aquí, con pruebas, documentos, fechas, vamos a desmentir a [A1] y a [A3]”.

En esos mismos términos, en el canal El Chapucero (2018b), el 22 de mayo de 2018, se transmitió el programa “LAS NUEVAS MENTIRAS DE ANAYA EN EL SEGUNDO DEBATE”, (El Chapucero, 2018a), donde se calificó a A1 y A3 como los únicos mentirosos en D2: “Primero, vámonos, sin embargo, con el gran mentiroso de la campaña, que es precisamente [A1]”. En el caso de este youtuber, llama la atención que en su programa intitulado “ENTREGÓ INE PREGUNTAS SEMBRADAS A CIUDADANOS EN DEBATE”, de fecha 22 de mayo de 2018, denunció la ausencia de transparencia por parte de la autoridad electoral en D2, al afirmar que: “El debate del INE fue una FARSA porque ahora está claro que los ciudadanos LEYERON preguntas aprobadas y sembradas, y nunca hubo real libertad para cuestionar a candidatos”.

Por su parte, en el canal de humor El Pulso de la República, el 26 de abril de 2018, se publicó el programa “ANAYA MIENTE”, donde se dijo: “[A1] miente; sí, tías del mundo, este chiquitín burlesco en el que tienen sembradas sus ilusiones presidenciales bien podría irse al infierno a causa de la mentira”.

Por lo tanto, en esta red social, se produjeron y difundieron contenidos alusivos a los debates oficiales, donde prosperaron programas o videos que subrayaron las mentiras de A1; no obstante, según datos verificados a partir de la transparencia gubernamental, todos los adversarios políticos utilizaron juegos de lenguaje atinentes a engañar al electorado. Quizá esto se debió a la estrategia de comunicación política de A2, la cual se volcó a los medios digitales, haciendo un mejor uso de esos recursos que sus adversarios (Perera et al., 2019). En esta red también se encontraron canales que recogieron las opiniones de algunos ciudadanos, las cuales resulta pertinente analizar, ya que en ellas se distingue la influencia de los medios tradicionales o de aquello que se viralizó en internet, pues, como comenta el sociólogo Raúl Trejo (2001), “Después de un debate, la reacción inmediata de los ciudadanos suele coincidir con la apreciación que ya tenían. Luego, sin embargo, pueden producirse variaciones de acuerdo con las opiniones que en los medios de comunicación se propaguen” (p. 99).

Al respecto, en el video del canal Luisito Comunica (2018) intitulado “Personas opinan sobre AMLO”, publicado el 3 de julio de 2018, algunos ciudadanos tejieron sus puntos de vista a partir de lo que se dijo: “no voté por [A2], por muchas cosas que se escuchan de él; la verdad, a mí en lo personal me da miedo por tantas cosas que se escuchan, pero, pues, esperemos que nos dé una sorpresa, ¿no?”. En esta opinión se recordó una de las acusaciones que se habían imputado a A2 desde que fue candidato en las elecciones de 2006 —que iba a convertir a México en Venezuela o Cuba— y que A1 y A3 reiteraron durante los debates de 2018.

Finalmente, en el recorrido de las redes sociales, se observaron opiniones que, tal y como A1 y A3 lo hicieron en su momento, dudaron del o descalificaron el trabajo de #Verificado2018. A guisa de ejemplo, en la publicación de esa alianza en la plataforma de Facebook, de fecha 21 de mayo de 2018, tocante al asunto de la excomandante guerrerense y candidata al Senado de la República por MORENA, se atacó a #Verificado2018 por los resultados de su investigación: “tengo un Twit con un link que demuestra que nunca fue inocente, ante esto qué omitieron los que participaron en esta nota de Verificado 2018? https://twitter.com/CarlaEUrena/status/998435888144310272...”, “quiero que lo verifiquen bien puesto que si leemos todo el documento, vamos a encontrar que en ese tema [A3] NO mintió”, “Me iba gustando verificado, pero por lo que he leído en otros medios Nestora sigue teniendo juicios abiertos en Guerrero. Porque eso no lo dicen? Algún interés político?”, “El caso de Nestora está en Apelación, y si hay víctimas de secuestros! Además, lo que leyó [A3] fue un testimonio de secuestro”, “ustedes Verificado se basan en lo que dice un Juez, la práctica de Secuestradora ya la tiene la sra Nestora, solo le falta el título en papel para que verificado lo de por acertado”, “deberían investigar más, y tomar en cuenta los testimonios de las Victimas, caray, no se quien los postuló para verificar 👎🏼”, “cito parte de un artículo del periódico la razón del 21 de febrero del 2018. - Nestora logró salir del reclusorio porque se argumentaron fallas al debido proceso y por presiones políticas; mas no porque fuera inocente”.

Ergo, pese a la confrontación de fuentes documentales que realizó #Verificado2018, algunos usuarios confiaron e hicieron suya la verdad que expuso su candidato u otros medios de comunicación; incluso, para algunos internautas, hay que dudar de lo que dicen las autoridades en México —la verdad no siempre consta en los documentos oficiales—. Entonces, a pesar del trabajo de la alianza periodística, se cuestionó aquello que consta en los documentos del gobierno y, por ende, en el resultado de las investigaciones basadas en esas fuentes.

Esas opiniones integran sólo una parte de los discursos emitidos sobre las investigaciones de #Verificado2018; sin embargo, confrontándolas con otras citadas en este apartado, es factible concluir que, incluso cuando algún actor comunicó una verdad basada en la acción de transparentar, ésta se desvaneció en el flujo de opiniones que circularon en los medios de comunicación tradicionales y alternativos. Ahí se aceptó, defendió y utilizó la verdad con la que se simpatizó políticamente, en cuya decisión incidieron los juegos de lenguaje de aquellos actores que participaron en la lucha por el poder político y por la verdad factual, entre los que se encuentran: evaluar, mentir, desorientar con la verdad, defender, atacar, calificar y valorar, entre otros que acompañaron los discursos de un adversario político en particular.

Asir la propuesta wittgensteiniana para las ciencias sociales conlleva explicar los fenómenos observando las acciones discursivas (juegos de lenguaje) de los seres humanos que coinciden temporal, espacial y circunstancialmente (formas de vida). Con base en ese enfoque, se articuló una visión sinóptica o perspicua sobre el uso estratégico de la acción de transparentar en la lucha por el poder político de 2018 en México; es decir, una visión donde se conecta el contexto histórico correspondiente, el análisis gramatical de los juegos de lenguaje utilizados por los adversarios políticos, la perspectiva de distintos sujetos sobre esos juegos de lenguaje y las semejanzas o parecidos que priman en el uso de tales discursos. Todo ello con la finalidad de hacer inteligible dicho fenómeno; de lo que se concluye lo siguiente:

En México, acciones dirigidas a transparentar el ejercicio del poder fueron realizadas por algunos periodistas para contrarrestar el secretismo de los gobiernos priistas en el siglo XX. Con la creación de leyes de transparencia, ésos y otros agentes se apoyan en ese marco jurídico para transparentar múltiples asuntos; entre ellos, procesos electorales y actos políticos que atañen a las luchas por el poder. Sin embargo, los profesionales de la información utilizan fuentes alternas a la publicación o entrega de documentos por parte de las autoridades, para descubrir cuestiones de interés público. Además, la acción de transparentar también es útil para los gobiernos, puesto que tratan de indagar los movimientos de actores sociales, como ocurrió con el uso del software Pegasus en la gestión de Enrique Peña. Ergo, transparentar es una acción que practican diversos entes; entre ellos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía, adversarios políticos y los gobiernos, cuyas acciones dotan de significado al concepto “transparencia”, y cuyo análisis provee una manera de comprender el espectro político.

Ahora bien, el concepto “transparencia” forma parte del entramado discursivo atinente a las luchas por el poder político en México, como la celebrada para ocupar la presidencia de la república en 2018. Dentro de esos discursos, las instituciones, apegadas a sus funciones, tratan de persuadir a los adversarios para que transparenten sus actos, puesto que la confianza del electorado depende de ese cumplimiento. En concordancia con ese discurso, en los debates oficiales de 2018, se mencionó el concepto para reforzar el compromiso de los adversarios con los valores democráticos. Sin embargo, el vencedor de la contienda aludió al concepto para criticar al aparato institucional encargado de garantizar la transparencia a nivel nacional; uso que lo separó de sus oponentes, quienes se ciñeron al discurso político tradicional tendiente a respaldar aquello que está relacionado con la transparencia gubernamental.

Asimismo, en esos enfrentamientos se utilizó información proveniente de la acción de transparentar para configurar un conjunto de juegos de lenguaje, como preguntar, atacar o defender; acciones que versaron sobre una variedad de temáticas y temporalidades, por lo que consintieron respaldar tanto discursos ofensivos como defensivos. La información utilizada no sólo emanó de las acciones del Estado, sino de las de un mosaico de actores (periodistas, organizaciones de la sociedad civil y de los propios adversarios). Además, esa información surgió de acciones emparentadas en su objetivo (transparentar), pero heterogéneas en su configuración; por ejemplo, en algunas, fue suficiente un solo juego de lenguaje y, en otras, un entramado discursivo, lo que explica el uso político de la acción de transparentar. Así, en algunos casos se transparentó con la mirada directa sobre los hechos y, en otros, con un proceso complejo donde se emplearon acciones como diagnosticar, planear una metodología, aplicarla, interpretarla y publicar resultados (estadísticas). Cuando la acción de transparentar se teje con esa trama, se produce un problema en torno a lo que se ve, cuya circunstancia fue aprovechada por los contendientes para mentir, desorientar con la verdad, imputar secretos e imponer una verdad, entre otros juegos de lenguaje estratégicos. Uso que detonó una lucha por la verdad factual, donde cada adversario defendió sus juegos de lenguaje y donde entraron en disputa otros actores, como medios de comunicación y agencias fact-checking.

Los discursos de quienes lucharon por el poder político y por la verdad factual en 2018 se retomaron en la información y en las opiniones que circularon en los medios tradicionales y en las redes socio-digitales, las cuales, para efectos de este trabajo, atienden a una parte de los juegos de lenguaje plasmados en esos espacios, dado que apelar a su universo desbordaría un análisis cualitativo como el que se propone. No obstante, en la pluralidad de perspectivas que se tuvieron a la vista, se identificaron juicios sobre los juegos de lenguaje de los adversarios. Ahí, se respaldó al candidato con quien se simpatiza, sin que fuera determinante la verdad basada en la transparencia gubernamental o en la confrontación de fuentes informativas que realizaron agencias fact-checking, por lo que se defendió la verdad política. En ese sentido, en esas opiniones no se logró el objetivo institucional referente a que las y los electores voten con información veraz, puesto que los discursos de los adversarios, medios tradicionales e influencers opacaron los hechos e influyeron en las decisiones de los internautas.

A pesar del espesor discursivo que envuelve las luchas por el poder político —ya no se observa nítidamente y ya no circula una sola verdad—, en dichos enfrentamientos interactúan distintos elementos asociados a un sistema democrático; verbigracia: la creación de instituciones y leyes en materia electoral y de transparencia, la libertad de expresión e información, el reconocimiento de una pluralidad de adversarios políticos, el acceso a medios de comunicación tradicionales y alternativos, información pública disponible en internet, actores interesados en transparentar el ejercicio del poder político y actores enfocados en verificar dichos.

Por lo tanto, el análisis de las luchas por el poder político con base en la acción de transparentar, entendida como un juego de lenguaje polimorfo que incentiva las relaciones adversariales, permite explicar determinados fenómenos políticos desde una óptica abierta a la comunicación con otro tipo de enfoques, a efecto de racionalizar las formas de vida democráticas en México y en América Latina.