Introducción

El Seminario es una colonia popular estigmatizada como una de las más inseguras de la ciudad de Toluca, Estado de México. Más allá de si es o no un auténtico nido de violencia, lo indiscutible es su animada vida comercial, mercados callejeros, tienditas,¹papelerías, farmacias, locales de comida, ropa, zapatos, entre otras cosas; por regla general, dentro de cada establecimiento hay una o más máquinas tragamonedas. Si bien la economía popular descrita no puede reducirse a dichas máquinas, éstas representan un ingreso complementario bastante redituable, a tal grado, que hay quienes han decidido convertirlo en su actividad principal. La dinámica económica se inscribe en la llamada informalidad y es parte de una red global de “maquineros”, cuyos vínculos se extienden a Taiwán.

El objetivo del ensayo es contribuir a la reflexión en torno al papel vital que desempeña la globalización desde abajo en el mundo de hoy (Mathews y Alba, 2015), a través de material etnográfico que recupera puntos de anclaje de la cadena de valor —integrada por la producción, transporte, consumo y desecho— de lo que llamo “casinos de barrio”. Al mismo tiempo, permite la comprensión de un fenómeno escasamente documentado, vinculado a las culturas populares y sus nuevas expresiones. Así, el texto se guía bajo la pregunta ¿cómo se han articulado los “casinos de barrio” en las zonas populares de Toluca para gestar una globalización desde abajo, cuyos vínculos se extienden a Taiwán?

El ensayo comienza abordando la conceptualización de la globalización desde abajo. Posteriormente, se brinda un bosquejo sobre el “mundo de los maquineros”, así como de la cadena de valor de las máquinas tragamonedas —la mercancía que se explota en los “casinos de barrio”—. En el siguiente apartado, se detalla cómo la actividad descrita transita entre lo legal y lo ilegal, según la temporalidad y los designios del Estado. En las reflexiones finales, señalo que la incorporación de un sector vulnerable de la población a los beneficios de los “casinos de barrio” convierte esta actividad económica en una auténtica globalización desde abajo. Pese a su estigmatización y desvalorización, dado su carácter informal, permite una captación significativa de ingresos para sectores populares y vulnerables. Además, su análisis posibilita comprender cómo lo legal y lo ilegal, lo lícito y lo ilícito son etiquetas estadocéntricas que sirven a los intereses de los circuitos económicos hegemónicos.

Globalización desde abajo

La historia de la humanidad se ha constituido por un conjunto de sucesos que indican “contacto y conexiones, vínculos e interrelaciones” (Wolf, 2000, p. 15). Tras el surgimiento del capitalismo moderno, la interconexión de todo tipo —ecológica, económica, política— a escala global se ha intensificado, dando origen a lo que Wallerstein (1979) denominó como moderno sistema mundial. Durante la segunda mitad del siglo XX, la implementación de políticas neoliberales²amplificó la escala, creando una nueva configuración económica circunscrita bajo el término de globalización (Harvey, 2005).

Los estudios sobre globalización han sido monopolizados por el análisis de los circuitos económicos hegemónicos (Aguiar, 2015; Riaño et al., 2024), con el foco en las empresas transnacionales legalmente constituidas y las grandes capitales mundiales como Nueva York o Londres (Sassen, 2011). Sin embargo, para el grueso de la población mundial, la actividad económica se experimenta con mayor intensidad dentro del sistema mundial no hegemónico. Es decir, ocurre en mercados callejeros considerados informales y no en tiendas de lujo pertenecientes a consorcios transnacionales. Las estimaciones señalan que la informalidad absorbe más del 60 % del empleo mundial (Oficina Internacional del Trabajo, 2018). Lo anterior evidencia cómo las conexiones, flujos y relaciones comerciales de la globalización se expanden a múltiples escalas (Aguiar, 2015; Lins, 2015).

Los primeros esfuerzos para comprender cómo se contribuye a la globalización económica “desde abajo” fueron hechos bajo el marco conceptual de la llamada economía informal³ —también etiquetada como economía off, paralela, fantasma o subterránea—, análisis que asume la existencia de economías nacionales diferentes y autónomas. En su lugar, el concepto de globalización desde abajo da cuenta de una sola economía mundial con sus propias reglas y regulaciones (Mathews y Alba, 2015).

De acuerdo con Lins (2015), la globalización desde abajo puede definirse como el flujo transnacional de personas y bienes que incluyen un amplio espectro de actividades consideradas ilegales —según los parámetros definidos por el Estado—. La integran redes y agentes que siguen un patrón piramidal en diferentes centros de producción y mercados (formales e informales) que, a su vez, son los nodos del sistema mundial no hegemónico.

Lo interesante de ella no es la élite en la cima, sino la masiva incorporación de personas en condición de pobreza en su base. Con frecuencia, operan como una red social horizontal y descentralizada basada en la confianza, formada por grupos domésticos en búsqueda de nichos económicos de actividades consideradas ilícitas. Se consolida como una dinámica que brinda una opción más inclusiva para conseguir movilidad social ascendente (Lins, 2008, 2015), en un sistema capitalista neoliberal en donde la creciente desigualdad es un rasgo estructural y la inclusión predominante de la población es como trabajadores desechables, con largas jornadas y condiciones laborales precarias (Harvey, 2005).

Además de monopolizar la agenda académica, el sistema mundial hegemónico se ha encargado de deslegitimar, estigmatizar y criminalizar a la globalización desde abajo, calificándola de ilegal o ilícita (Lins, 2015). Diversas organizaciones antipiratería, medios de comunicación y gobiernos responden a intereses de poderosas transnacionales. Promueven la idea de que la compra de productos “pirata”, por ejemplo, resulta en un comercio mundial ilícito al implicar el financiamiento del crimen organizado, la desaparición de empresas legalmente constituidas —con todo y los empleos que generan—, el estancamiento tecnológico, así como el riesgo para la seguridad de los consumidores (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013). En este sentido, olvidan que la capacidad para clasificar como ilegal o legal, así como lícito o ilícito, se basa en

[...] las diferencias de poder entre los actores que toman parte en ellas y los que participan del sistema hegemónico […], ningún segmento social tiene el monopolio moral de la honestidad, y las relaciones entre lo que es legal y lo que es ilegal son complejas y frecuentemente borrosas. (Lins, 2015, p. 408)

Para solventar la contradicción entre las nociones de lo legal e ilegal y lo lícito e ilícito, Abraham y Shendel (2005) acuñaron la noción de “(i)lícito”. Señalan que las interrelaciones entre lo lícito y lo ilegal crean un “tercer espacio” al que denominan (i)lícito, en el que circulan mercancías legalmente prohibidas pero que son protegidas socialmente. Con respecto a esto, Lins (2015) señala que lo (i)lícito caracteriza a la globalización desde abajo, “esa es la razón de que las copias no autorizadas puedan venderse al aire libre y a plena luz del día en las calles concurridas y en los mercados callejeros abarrotados, mientras que no ocurre lo mismo con las drogas” (p. 277).

Otras visiones menos sesgadas y estigmatizantes (Aditya y Amri, 2023; Lins, 2006) argumentan que la economía desde abajo resuelve problemas que la globalización desde arriba ha producido. Genera una sustancial fuente de empleo, proporciona mercancías de estatus simbólico global a precios más asequibles y tiene una alta capacidad de resiliencia frente a crisis —como ocurrió durante la pandemia de COVID-19—.

En términos generales, la globalización desde abajo procura la subsistencia de una gran parte de la población mundial. A través de ella, sectores vulnerables acceden a flujos de riqueza a los que de otra manera no llegarían; de esta forma, abre senderos que pueden llevar al ascenso social. En este sentido, como señala Ritzer (2007), resulta en una forma de capitalismo más cálida y humana, que elude las leyes de los Estados y no rompe los lazos sociales.

El mundo de los maquineros

Como suele ocurrir con el resto de las actividades en los circuitos de la economía no hegemónica, no existen estadísticas del peso y magnitud de los “maquineros” en la economía mundial. Las estimaciones más cercanas las tiene la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la cual está encargada de regular los juegos y sorteos en México. En 2014, la SEGOB señalaba que en nuestro país operaban unas 300 mil máquinas tragamonedas, de las cuales más de la mitad son consideradas ilegales, es decir, pertenecientes al gremio de los “maquineros”, quienes calculan que dicho negocio involucra a unos 700 mil comercios del país (Martínez, 2014a, 2015), y que genera ingresos semanales de 600 millones de pesos (SEGOB, 2023).

Parto del supuesto de que es posible comprender el “mundo de los maquineros” a través de la cadena de valor entendida como el “proceso de producción, transporte, consumo y desecho de mercancías en entornos internacionales altamente complejos” (Aguiar, 2015, p. 86), en el que cada uno de sus eslabones genera ganancias y valor excedente.

La cadena de valor en la que se enmarcan los “maquineros” ha tenido matices y cambios según la temporalidad. Las máquinas tragamonedas llevan poco más de dos décadas en el mercado mexicano; antes de ellas, las más redituables eran las maquinitas de videojuegos o arcade. Los “maquineros” nacieron con ellas en la década de los ochenta; éstos viajaban a Estados Unidos para comprarlas y revenderlas en ciudades como Tijuana, Guadalajara o la Ciudad de México. Era un comercio hormiga que implicaba varios viajes al año. En la década de los noventa, con una demanda cada vez mayor, surgieron talleres de reparación y ensamble. Los muebles los fabricaban carpinteros mexicanos; los componentes electrónicos llegaban desde Taiwán y Estados Unidos. A través de las maquinitas, niños de las comunidades más alejadas del país accedieron al consumo cultural de los videojuegos. A la par de la creación de este tipo de consumo, se permitió la subsistencia de un numeroso grupo de personas que pudo adquirir dichos aparatos para su explotación. Un informante recuerda que, durante la crisis económica ocurrida entre 1994 y 1995 —conocida como efecto tequila o error de diciembre—, las maquinitas le permitieron sobrevivir, al punto de ni siquiera resentir la devaluación del peso mexicano; lo que reafirma la capacidad de resiliencia del trabajo considerado informal:

Mis hermanos se habían quedado sin trabajo y todo estaba cada vez más caro. En esos años yo ya tenía dos locales de maquinitas. Invité a mis hermanos a entrarle. Les enseñé dónde comprar; abrieron sus locales por la terminal de Toluca y en esos años [1995-2000] hicieron mucho dinero. Yo también en esos años es cuando más dinero he juntado; metí a mis tres hijos a escuelas privadas, construí la casa. (Anónimo, comunicación personal, Toluca, Estado de México, 30 de abril de 2023)

Con la llegada del nuevo milenio, el boom de consolas de videojuegos caseras ha ido provocando su gradual decadencia. Si no han desaparecido todavía, se debe al mercado de la nostalgia. Una buena parte de los compradores son adultos entre treinta y cuarenta años que deciden adquirirlas para sus cuartos de juego y así recordar su infancia.

Regresando al universo de máquinas tragamonedas, las de mayor importancia para los “maquineros” en la actualidad son las pinballs de siete bolas de la marca Kwang-Yi y las de lotería producidas por Hansen. Un agente crucial en la cadena es Chrismo, la empresa importadora ubicada en la colonia Clavería, en la Ciudad de México. Ésta logró acaparar el mercado nacional gracias al “buen ingreso que generan sus mercancías”. Ellos trabajan bajo un contrato de exclusividad con Kwang Yi Technology Development Co., Ltd, una compañía taiwanesa especializada en “máquinas de azar y destreza”, ⁴ término que utilizan para desligarse de la etiqueta de apuestas y así poder comercializarlas de manera legal. En Alibaba, la plataforma de comercio electrónico en la que es posible negociar con fabricantes de productos de China y otras partes del mundo, Kwang Yi se enlista como el fabricante con el mayor número de ventas de máquinas pinball, con presencia en China, el sudeste de Asia y Latinoamérica.⁵Las máquinas son importadas legalmente y llegan en contenedores al puerto de Manzanillo; de ahí son transportadas por carretera a la Ciudad de México. Para la distribución de su mercancía en diferentes estados, Chrismo depende de distribuidores mayoristas locales. Una característica distintiva de éstos es su operación como negocio familiar:

Mi papá se dedica a esto desde que nací. Imagínate: ahorita ya tengo 37 años. Al principio se dedicaba a la explotación, teníamos como ocho locales en Toluca. Con mi mamá y mis otros dos hermanos siempre nos traían en los locales; muchas tardes nos la pasábamos contando montones de pesos. Conforme fuimos creciendo, se fue especializando en la venta y nos daban más responsabilidades; aprendimos a ensamblar las máquinas, venderlas, de todo. Los fines de semana y vacaciones siempre me recuerdo trabajando con mi papá. Ya cuando terminamos la universidad, yo y mi hermana nos dedicamos a nuestras carreras [medicina y comunicación]. Mis otros dos hermanos, mi papá y ahora mi esposo siguen en el negocio. Actualmente son de los principales distribuidores del Estado de México y Michoacán. (Anónimo, comunicación personal, Toluca, Estado de México, 30 de abril de 2023)

Los clientes que le compran a los distribuidores mayoristas suelen colocar sus máquinas en “rutas”, es decir, a lo largo de locales ya establecidos. Hay “ruteros” que tienen más de cien máquinas colocadas en tienditas, farmacias, papelerías o heladerías. Lo primero que tienen que hacer es ubicar los lugares en los que haya bastante tránsito de personas, como bases de taxis, paraderos de autobús o tianguis. La labor se completa una vez que negocian con los propietarios de los establecimientos. La negociación no es difícil, pues obtienen ingresos extra sin que aparentemente tengan que realizar inversión alguna —usualmente ya cuentan con algún ayudante y el consumo eléctrico no es significativo—. Es común que se establezca un convenio oral en el que dejan a los locatarios entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de las ganancias generadas por la maquinita. Con frecuencia, el dinero supera al de la actividad principal del local. En estos casos, terminan la relación con el rutero para adquirir las suyas y conservar así el cien por ciento de las ganancias. La siguiente cita ejemplifica lo anterior:

Yo veía que la lotería ya dejaba mucho, unos tres mil pesos a la semana. Me pareció injusto que Don Agustín se llevara más de la mitad. Él no tiene que estar atendiendo, cuidándolas; nada más viene una vez a la semana y sin esfuerzo se lleva casi dos mil pesos. Quisimos comprársela, pero no quiso y se la llevó. Un primo nos dijo que aquí en Toluca las venden; ya nada más queremos que sea igualita a la que teníamos: ésa que tiene frutitas que funciona con de a peso. (Anónimo, comunicación personal, Toluca, Estado de México, 28 de abril de 2023)

Para un buen número de personas, la actividad rutera representa la única forma de subsistir. Es el caso de Samuel, de 72 años, quien solía trabajar como mecánico independiente hasta que la artritis reumatoide se lo impidió. Hace unos años un rutero le propuso instalar en su taller unas tragamonedas. Sin pensión ni seguro social, las maquinitas fueron “su salvación”. Con los nuevos ingresos pudo comprar sus medicamentos y hasta más de lo necesario para su sostenimiento diario (Samuel, comunicación personal, Toluca, Estado de México, 29 de abril de 2023).

Además de los ruteros, existe un grupo que opera lo que podría llamarse “casinos de barrio”, los cuales son locales dedicados exclusivamente a la explotación de máquinas tragamonedas. Se ubican en las centrales de abasto, tianguis y calles populares altamente transitadas. Los jugadores pueden encontrar de diez a quince máquinas en pequeños cuartos que miden de quince a veinte metros cuadrados aproximadamente. Los distribuidores locales aseguran que este tipo de modelo es el más redituable, con ingresos que superan los 500 mil pesos anuales. Son recurrentes los testimonios que narran cómo en este tipo de negocios se sigue —sin pretenderlo— una estrategia de atracción y fidelización de jugadores tipo casino de las Vegas. En la central de abastos de Toluca, lo describen así:

A mí me generan mucho dinero; ya hasta pude construir mi casa. Igual y tiene que ver por cómo trato a mis clientes. Les puse una rockola, una mesa de billar, un futbolito y hasta una cantina; yo por eso no les cobro. Eso sí, les ofrezco nada más un trago, una cerveza; no es para que se emborrachen; es para que estén a gusto. Les gusta venir acá porque yo sí dejo que ganen [las pinball pueden programarse para retornar al jugador un porcentaje de la cantidad de monedas que ingresa; algunos sólo las dejan al veinte por ciento; otros, incluso, las modifican con pelotas de balín y otros aditamentos que vuelven más complicado el juego], que mis clientes se lleven buenos bonus [como llaman a los premios]. Vienen a gastarse de tres mil a diez mil pesos y se van contentos si ganaron dos mil. Ya al siguiente día regresan a echárselos. Si ya no tienen para seguirle, les doy doscientos pesos y les invito la comida. Es buen negocio; lo único que hay que aguantar [son] las desveladas: cerrar diario a las tres o cuatro de la mañana está pesado. (O. Ordoñez, comunicación personal, Toluca, Estado de México, 29 de abril de 2023)

Es posible apreciar cómo los beneficios no sólo llegan a una élite de fabricantes taiwaneses, importadores o distribuidores, sino también se extienden a ciertos sectores vulnerables, incluidas personas de la tercera edad, madres solteras, desempleados o jóvenes —que muchas veces las adquieren para pagar sus estudios—. Así, como señala Lins (2008), esta economía desde abajo crea brechas de movilidad ascendente, contribuyendo a la sobrevivencia en economías que no tienen la capacidad de ofrecer empleo a todos sus ciudadanos. Lo anterior no borra ni justifica las problemáticas sociales que los juegos de azar acarrean a sus usuarios (Castillo et al., 2011; Morales et al., 2015) tanto en los circuitos hegemónicos como no hegemónicos.

Casinos de barrio, entre lo legal/ilegal

Lo legal e ilegal, lícito e ilícito son etiquetas que los agentes de la globalización —como Estados, consorcios transnacionales e instituciones financieras internacionales— designan según sus intereses. Es una forma de imponer sus propias reglas del juego, regulando y restringiendo la globalización desde abajo. El Estado, por ejemplo, juega con las etiquetas en su afán de convertir a la globalización desde abajo en globalización desde arriba, en donde lo ilegal pasa a ser legal por medio de la banca, la formalización y la fiscalización (Mathews y Alba, 2015). El negocio de los “casinos de barrio” es una clara muestra: la recaudación de impuestos se torna en el plusvalor aplicado a la producción y el trabajo realizado en la economía informal.

A diferencia de los bien posicionados casinos legales, localizados en lujosos centros comerciales, los casinos de barrio han sido estigmatizados como ilegales por la SEGOB, la autoridad encargada de la regulación de juegos y sorteos en México. Razón suficiente para que tanto agentes del Estado como el crimen organizado establezcan acuerdos informales con los “maquineros” para permitir su funcionamiento, lo cual se puede apreciar en la siguiente cita:

n mi cachimba [cafeterías abiertas las veinticuatro horas del día donde acuden los traileros, y en donde suelen ofrecerse comida, regaderas y pastillas para “quitar el sueño” —como la obeclox—] tenía ya ocho maquinitas. Los traileros consumen mucho: había semanas que a cada una le sacaba hasta ocho mil pesos. Con todo y lo que dábamos de mordida [dinero que se otorga al servidor público con abuso de las atribuciones de su cargo] al ayuntamiento de Zinacantepec y de derecho de piso [especie de impuesto que grupos delictivos exigen de forma recurrente a quienes poseen un negocio o propiedad], que eran entre cien a doscientos pesos por máquina, ganábamos más que con las comidas. (S. Fabiola, comunicación personal, Toluca, Estado de México, 29 de abril de 2023)

Entre “derechos de piso” y “mordidas”, la operación de los “casinos de barrio” ha proliferado, con excepción del periodo comprendido entre 2014 y 2020. Durante este tiempo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la SEGOB, declaró abiertamente la guerra contra las tragamonedas, anulando cualquier tipo de acuerdo previo.

La vía legal como instrumento de control y dominación

En la segunda mitad de 2014, la ya extinta policía federal comenzó a clausurar locales populares con incautaciones y supuestas destrucciones de máquinas tragamonedas —según lo señalado por distintos informantes, las incautaban para posteriormente revenderlas—. Las acciones se justificaron al amparo de la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, que las tipificó formalmente como ilegales por “adictivas y abrir la puerta a la delincuencia”.

La entonces titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, señalaba que formaban parte de un engranaje de delitos y vicios, en un nivel de dependencia similar a la cocaína y el crack. Reforzando el imaginario represor, incluso planteó que los niños que juegan maquinitas se convertirían en los sicarios del crimen (Martínez, 2014a).

Para octubre de 2014 ya se habían decomisado ocho mil máquinas tragamonedas y se había abierto un canal de denuncias anónimas mediante el teléfono 088. En los medios de comunicación también se difundió una campaña de propaganda oficial contra estos juegos. Muchos operadores terminaron en prisión —la ley preveía sanciones de tres meses a tres años de prisión y multas—, dejando a muchas familias sin sustento económico (Martínez, 2014a). El gremio maquinero no tardó en unirse y alzar la voz para expresar el rechazo a su criminalización; así surgió la Unión Nacional de Maquineros (UNAMA). Se estima que acudieron unos quinientos “maquineros” a la marcha que se realizó el 30 de septiembre de 2014 en la Ciudad de México. En primera instancia, exigían el cese a los operativos de decomisos y a la campaña que los estigmatizaba como “giros negros de la delincuencia organizada”; otras peticiones estaban encaminadas a que se les abriera un espacio para su legalización (Martínez, 2015). La respuesta de la autoridad fue negativa:

[...] no hay sinrazón en decomisar las maquinas callejeras y permitirlas en casinos registrados porque las primeras carecen de controles y están al alcance de los niños, mientras en los locales avalados por la autoridad sólo deben entrar adultos, quienes tienen libre albedrío para decidir en qué gastan su dinero. (Martínez, 2014a)

La manipulación selectiva de la ley, así como la construcción de narrativas estigmatizadoras, fueron estrategias utilizadas para consolidar relaciones de poder desiguales en el ámbito económico y social. Así, los grandes casinos resultaban beneficiados. Veían cumplidos sus intereses en diferentes frentes. Su competencia desaparecía y, al mismo tiempo, el congreso mexicano estaba por aprobar una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos que avalaba la expansión de los concesionarios de casinos “hasta su máxima capacidad autorizada”. La nueva ley permitía que, por un periodo de dos años, los actuales permisionarios de casinos que eran dueños de una licencia de veinticinco años la canjearan por un permiso con el cual lograrían duplicar su inversión. Esto suponía que de los trescientos cuarenta casinos existentes en el país podrían expandirse hasta llegar a ochocientos (Martínez, 2014b). Uno de los principales beneficiarios de esta reforma sería el priista Jorge Hank Rohn, hijo del fundador del conocido Grupo Atlacomulco; este político y empresario es la cabeza del Grupo Caliente, la empresa de apuestas deportivas y casinos más grande de México (Santa, 2015).

En diciembre de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento. Estos penalizaban la operación de máquinas tragamonedas, consideradas como “juegos prohibidos o con apuestas”. Se estableció que la prohibición era contraria a los principios constitucionales y que además resultaba vaga. Según la sentencia:

El artículo 12, fracción II, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; así como el artículo 12 del Reglamento de dicha Ley, resultan inconstitucionales por contravenir el principio de legalidad en materia penal […]. Dichos artículos no establecen con la precisión suficiente exigida por el principio de taxatividad, las actividades prohibidas que ameritan una sanción penal […]. Si no resulta completamente claro que las máquinas tragamonedas están prohibidas, entonces el artículo 12 del Reglamento está modificando el contenido del artículo primero de la ley y, por ende, los supuestos de actualización del tipo penal. (Vela, 2020)

Desde entonces, la operación de las tragamonedas quedó en un limbo legal; continúan como un negocio rentable bajo sus propias reglas, ya sean “mordidas”, “derechos de piso” o colocando al frente máquinas de videojuegos que disimulen la operación de las tragamonedas. Algunos municipios —a través de la fiscalización— ya permiten que los “casinos de barrio” sean legales. Los operadores, además de pagar impuestos, deben sujetarse a reglas; por ejemplo, no se puede operar a menos de trescientos metros de escuelas; tampoco se permite el acceso a menores de catorce años. Además, deben tener la factura de la máquina para comprobar que se adquirió de forma legal (Rivas, 2020).

La criminalización selectiva de ciertas actividades económicas, como la operación de tragamonedas en espacios populares (informales), y la legitimación de otras, como el juego en casinos registrados (formales), refleja una distribución desigual del poder. Los intereses de los grandes grupos empresariales son protegidos y favorecidos por el marco legal, lo que les permite expandir su dominio en el mercado del juego y las apuestas. La manipulación de la ley también se evidencia en la forma en la que se construye y difunde una narrativa estigmatizadora en contra de los operadores de máquinas tragamonedas en espacios populares, asociándolos con la delincuencia y el vicio. Esta narrativa justifica las acciones represivas del Estado, como los decomisos y las detenciones, en nombre de la protección social y la seguridad pública. Sin embargo, detrás de esta retórica moralizante, se oculta la protección de intereses económicos particulares.

Reflexiones finales

El concepto de globalización desde abajo, utilizado a partir de un acercamiento etnográfico, permite despojar a la llamada economía informal de su pesada carga estigmatizante. Esto sucede al analizar bajo esta conceptualización a los “casinos de barrio”, que considero son una muestra de la auténtica globalización desde abajo. Funcionan como una red social —muchas veces familiar— basada en la confianza, que ha permitido a sectores vulnerables de la población alcanzar una movilidad ascendente. Además, al desarrollarse en una especie de limbo legal o “(i)lícito”, su análisis abre vetas para profundizar en la práctica de las globalizaciones que escapan de la mirada hegemónica.

El tránsito ilegal a legal de las máquinas tragamonedas en los “casinos de barrio” da cuenta del carácter estadocéntrico del etiquetamiento artificial. Evidencian relaciones enmarañadas y asimétricas que sirven a intereses de los circuitos económicos hegemónicos, en este caso, a los grandes casinos como Grupo Caliente. El derecho se consolida como un instrumento de control y dominación; mientras los de “arriba” tienen el marco legal a su favor, los de “abajo” reman contracorriente.

Por otra parte, el análisis de la cadena de valor de las máquinas tragamonedas resulta útil para entender la red de relaciones de la economía mundial de los “maquineros”, lo que permite dar cuenta de las nuevas relaciones entre América Latina y Asia. También deja ver la importancia de Taiwán como líder en la producción de semiconductores, esos chips que hacen que todo funcione.

No cabe duda de que la perspectiva “desde arriba” es imprescindible; sin embargo, el análisis del sistema económico mundial queda incompleto sin la perspectiva aquí propuesta. Como señala Lins (2015, p. 413), ambos términos —“desde arriba” y “desde abajo”— llaman la atención sobre dos sistemas que mantienen relaciones de complementariedad estrechas y complejas, con acceso desigual al poder del control económico, fiscal y político del Estado.

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Notas

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