El régimen de la transición y su crisis

The Transition Regime and Its Crisis

Jaime Ortega Reyna* jortega@correo.xoc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México

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El discurso público mexicano se encuentra en un proceso de cambio, aunque el desenlace de sus próximas figuras de discusión no es aún claro. El italiano Antonio Gramsci (1999) nombró a este tipo de periodos como “interregno” (p. 37), es decir, un momento en donde algo que era vigente deja de serlo, pero no del todo: lo viejo no muere, lo nuevo no nace, según la formulación popular. En ese sentido, aunque en los últimos seis años fue palpable un cambio en las formas de operar la relación entre el Estado y la sociedad, no queda muy claro qué es lo que se está sustituyendo ni qué es lo que se está conservando. Aclarar este punto puede dar pauta a comprender mejor el contenido material del interregno y los posibles derroteros del cambio político.

Así, la publicación en 2023 de México: el peso del pasado. Ensayo de interpretación, de Fernando Escalante Gonzalbo, resulta crucial para la evaluación de los conflictos y el antagonismo relevantes en los últimos tiempos. Se trata de una serie de ensayos ya publicados con anterioridad, que, al ser unificados en un solo volumen, permiten una comprensión global y hasta cierto punto estandarizada de quienes no consideran positivo el actual interregno. En específico, el autor elabora una interpretación formal del llamado “régimen de la transición”, el cual habría sido colocado en tela de juicio a partir de 2018. Hasta este momento, si bien existían obras que reflexionaban sobre la deriva legal e institucional —sobre el ejercicio de seguimiento de leyes electorales, principalmente—, la de Escalante representa una profundización en el telos de la transición, al mostrar sus derivas económico-políticas, así como un perfil de los actores desplazados antes de ese periodo.

A través de una serie de artículos publicados originalmente en la revista Nexos, Escalante señala que dicho régimen se presentó como un nuevo ordenamiento político, pero que tuvo dos periodos distinguibles: uno entre 1988 y 2006 que catapultó la creación de instituciones, signado por un impulso cultural y la creación de altas expectativas; otro, un momento recesivo a partir del año 2007 y con punto final hacia 2018, marcado por la crisis. Lo que dio forma a estos periodos, tanto en su momento de mayor auge como en el de declive, se establece a partir de tres elementos: la democracia como forma de legitimación, el mercado como centro de la asignación de recursos y el Estado de derecho como el garante de la resolución de conflictos.

En términos prácticos, lo que realizó el programa de la transición, frente al modelo previo —el del nacionalismo-revolucionario, podemos pensar—, fue un proceso de despojo de elementos de soberanía —es decir, de capacidad de regulación— y de posibilidad de intermediación, ya fuera por una progresiva racionalización administrativa de las elecciones o bien por lo que se denomina una despolitización de los mercados. El objetivo de ese plan, señala Escalante, era eliminar la forma que habían adquirido las mediaciones en el régimen posrevolucionario y establecer mecanismos que operaran de manera automática y autónoma. Aunque el autor lo explica en términos de un programa contra la clase política, bien podríamos pensar que fue contra una ramificación dentro del grupo gobernante, a la cual se le privó de recursos, mientras que otro sector se fortaleció.

El tema de la despolitización de los mercados resulta esencial: sobre él articula, Escalante, gran parte de su interpretación, ya que considera que fue ésa la manera de desquebrajar la forma de dominio que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había creado. Al proceder a esa despolitización, se le dejó sin recursos para la negociación y resolución de problemas y, por lo tanto, se le arrebató la capacidad de construcción de mediaciones. A raíz de ello vino el auge de la “acconuntability” como expresión del deseo de transparentar lo que el proceso de despolitización había dejado.

Así, el régimen de la transición habría logrado deshacerse de lo que Escalante denomina un verdadero “sistema de intermediación parasitaria”, conformado por “sindicatos, asociaciones campesinas, de ambulantes, de taxistas, notables locales, contratistas, caciques, obispos y párrocos, funcionarios menores, abogados y coyotes, agitadores, eso que se llama ‘luchadores sociales’, actores que mediaban entre el ciudadano y la burocracia” (p. 113). Esta cita bien puede ser la máxima expresión de todo aquello que la transición debió dejar atrás; lo que, desde el punto de vista del autor, representa el logro más importante al momento de despolitizar los mercados. El desplazamiento de estos actores habría dado paso a la racionalización electoral y la despolitización de los mercados, base sobre la cual ejercían su influencia particular.

Dado este panorama, conviene hacer una lectura crítica, tanto de algunas afirmaciones sueltas —que no pueden absolutizarse— como de la concepción global que enmarca el régimen de la transición. Para empezar, como suele suceder con los intérpretes —en un consenso inquietante por su unanimidad— que sostienen que este régimen es el más adecuado para la sociedad mexicana, el 68 representa un punto clave, más por sus efectos que por el contenido mismo del movimiento estudiantil. De hecho, la referencia sólo remite a un cambio cultural alrededor de dicho año y no a lo que aquel acontecimiento sugirió en términos de búsqueda de libertades o de expresiones de radicalización juvenil.

De tal forma que lo que queda del 68 es la centralidad del mundo universitario, es decir, de elites profesionales que, a la postre, pactarían los cambios al nivel de instituciones. Más aún, se trata de una concepción que presenta la urbe como centro de irradiación y como el lugar de la democracia, y a la elite forjada tras la muralla universitaria como la artífice de los pactos democratizadores. Esto desplaza al conjunto de los actores no pertenecientes a los sectores medios, urbanos e ilustrados;¹ lo cual va en detrimento de la acción colectiva en la sociedad rural, que en México ha sido particularmente importante y que, en una genealogía distinta, ha mostrado vitalidad democrática.

Una segunda lectura crítica refiere a las formas de comprensión de la intermediación. Escalante da por hecho que el programa de la transición fue una despolitización de los mercados y ofrece como ejemplo, para referirse a la pérdida de poder de los intermediarios (ésos que impedirían el funcionamiento automático de las instituciones)—, a las asociaciones de taxistas, obreras o de campesinos. Resulta curioso que la mayoría de los actores enumerados en la cita antes inserta tienen una posición en la base de la sociedad —es decir, están ligados a lo productivo o a la dotación de servicios—, pero no en sectores medios, tradicionalmente absueltos de la acusación de “clientelares”; acepción típicamente endilgada a los sectores plebeyos o desprotegidos de la institucionalidad.

La intelectualidad, los estudiantes, los profesionales universitarios, las elites ilustradas no aparecen como partícipes de ese proceso. Curioso resulta que surja la imagen del contratista, pero no del empresariado, como si éstos no hubieran sido parte del régimen pos-revolucionario, alineados en la forma corporativa hasta entrada la década de 1970. Todo ello nos recuerda que la clase empresarial mexicana no se forjó al margen del Estado. La selectividad con la que opera este discurso sobre la transición refleja mucho del punto de vista de la sociedad: de nuevo, son las clases medias las heroínas de la democracia, frente a las “intermediaciones parasitarias” de los subalternos. La transición marcaría, entonces, una ruptura entre la formalidad institucional y la búsqueda por la reproducción de la vida; una noción de la democracia bastante cuestionada a lo largo de la historia del pensamiento político. No hay, en este espectro, posibilidad de pensar las vicisitudes del régimen mercantil-capitalista y los avatares de la reproducción de la vida, razón por la cual surgirían los cuerpos intermedios de la sociedad que buscan, a decir de Karl Polanyi (2004), proteger a la sociedad.

La ausencia de personajes vinculados a las clases medias, de profesionales y universitarios va de la mano de la loa al régimen de la transición, tímidamente vinculado al patrón de acumulación neoliberal (o, mejor dicho, desvinculado de esa palabra, que aparece un par de veces), signado por la flexibilización, la desregulación, la mercantilización y el despojo. De hecho, la despolitización subalterna de los mercados que efectivamente ocurrió es lo que propició la excesiva politización de los mercados a partir del control de grandes consorcios que ocuparon la escena. La ausente reflexión sobre el neoliberalismo parece omitir este punto clave para el propio desprestigio del régimen de la transición. El optimista retrato pintado por Escalante sobre el advenimiento de este régimen como una fortuna propia de despejar del espacio políticos a los “parásitos” es lo que permite decir que con él fue posible un funcionamiento normal y sin obstáculos del acuerdo político democrático.

Ese funcionamiento normal se vería reforzado por la aparición de los mecanismos de auditoría, de control de gastos y, sobre todo, del “desarrollo de una especie de exoesqueleto funcional del Estado mediante una serie de organismos autónomos para despolitizar mucho de la economía, mucho de la función pública” (p. 116). Es interesante cómo no se profundiza sobre las implicaciones materiales de quien creó, desarrolló, alimentó y vivió de ese “exoesqueleto funcional”. Ni una palabra sobre la tecnocracia que forjó sus propios intereses y mecanismos de negociación política al amparo de dichos cuerpos. El lado oscuro de ese proceso, sólo develado dramáticamente después de 2018 con la crisis de esta forma de régimen, no aparece en la obra. Queda la sensación de que todo aquello que en el libro se interpreta como una ganancia de la sociedad frente al Estado fue, en realidad, la de un sector social muy específico, de alta instrucción y experticia, que aprovechó para sí mismo el despeje de las “intermediaciones parasitarias” de los subalternos, a favor de unas intermediaciones que acumularon bastante poder y también riqueza.

El declive del régimen de la transición ha permitido el surgimiento de algunas miradas críticas, aun dentro de sus propios artífices. El agotamiento de las intermediaciones neoliberales, de los organismos que precarizaron las funciones sustantivas de ejecución de políticas, así como una corrupción lacerante no pueden obviarse a partir del discurso celebratorio de un programa que, en el papel, aparece como pulcro. Frente a esa imagen, la realidad fue la de un desprestigio de las elites económicas y políticas, la necesidad de reemplazar las intermediaciones y la tendencia de la sociedad de enfrentar el vendaval mercantil mediante formas de protección, asociadas a la necesidad de un Estado más robusto.

En Escalante sólo es visible la crítica a este régimen a partir del sexenio de Peña Nieto, pero, incluso en éste, sigue viendo el ascético programa despolitizante llevado a cabo mediante la reforma educativa (en el sexenio de Calderón habría sido el equivalente al golpe al sindicalismo), que habría querido arrebatar el piso a los intermediarios sindicales. El resultado de aquel intento es más que conocido y algo debería decir a los analistas que, si la realidad opera de una forma, tendría que ser tomado en cuenta.

Se agradece una mirada global del régimen de la transición, comprensiva tanto de la dimensión política como de la económica. Resulta igualmente importante considerar que, para los intérpretes de la transición, la búsqueda de mecanismos de protección y de reproducción de la vida sea calificada como “parasitaria”, mientras se muestra una posición acrítica frente a los intereses de la tecnocracia propia de una época de precariedad, es decir, la experticia del consultor especializado, pues permite dirimir aún mejor el por qué un sector importante de la sociedad —momentáneamente mayoritario— ha procedido a su cuestionamiento. En resumen, este posicionamiento condena la configuración popular de la dinámica estatal, pero omite que los sectores medios, de especialistas, consultores y demás formas de la tecnocracia también se encuentran en vínculo con las formas institucionales del Estado.

Este conjunto de ensayos resulta útil, productivo y da pie a posibles interpretaciones de cómo la acción colectiva vuelve sobre la construcción de mediaciones, regenerándolas, subvirtiéndolas, reinventándolas o destruyéndolas, sin que ello deba calificarse como regresión. Antes bien, expresa la tensión entre un modelo político en declive y la reacción de quienes construyeron artilugios conceptuales para sostenerlo.