Introducción

La elección presidencial celebrada en Nicaragua en noviembre de 2021, que reeligió a Daniel Ortega, representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para su cuarto período consecutivo en la presidencia, cubriendo el mandato 2022-2027, fue calificada como fraudulenta por Freedom House (2025) y la Organization of American States ([OEA, Organización de los Estados Americanos], 2025). El mismo calificativo recibió el proceso electoral en el informe de Varieties of Democracy (V-DEM) (Nord et al., 2025), el cual reconoce que, si bien hubo diferentes partidos que presentaron candidatos, el proceso electoral no fue libre ni justo, lo que lleva a calificar la forma de gobierno del país como una autocracia electoral. El estudio de opinión pública de Latinobarómetro (2025), ubica a Nicaragua como una dictadura desde 2017, año en que, paradójicamente, los datos brindados por la organización señalan que la satisfacción con la democracia alcanza el mayor porcentaje (52 %) para luego caer más de la mitad (a 20 %) en la etapa reciente del FSLN en el poder.

Similar definición ha merecido la elección en Venezuela que tuvo lugar en julio de 2024, en la cual se reeligió a Nicolás Maduro, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como presidente para su tercer período consecutivo, cubriendo el mandato 2025-2031. Freedom House (2025) señaló el carácter fraudulento de las elecciones; asimismo, Latinobarómetro (2025) afirma que desde 2005 las elecciones en Venezuela son fraudulentas, calificando al gobierno como dictadura. La satisfacción con la democracia adquirió su máximo valor en 2007 (59 %) para luego reducirse en 2024 (19 %). V-Dem, en su informe sobre la democracia en el mundo, califica a Venezuela como una autocracia electoral (Nord et al., 2025).

Hoy en día, ambos presidentes continúan en el ejercicio de gobierno, contando con contingentes mayoritarios en las asambleas legislativas unicamerales de sus respectivos países. La permanencia ininterrumpida de ambas fuerzas políticas en el poder —desde hace casi veinte años en el caso nicaragüense y más de un cuarto de siglo en el venezolano— lleva a reflexionar sobre las particularidades de ambas organizaciones con el propósito de contribuir a explicar la continuidad en el ejercicio del poder, en el marco de procesos electorales ampliamente cuestionados. ¿La resistencia frente a la dictadura somocista en el caso nicaragüense y la respuesta popular frente a una democracia elitista en el caso venezolano derivaron en “partidos de Estado” que anulan a la oposición? ¿Consolidaron bases sociales populares identificadas con el proceso político de construcción de un nuevo Estado? ¿Sus programas de lucha antiimperialista —simbolizada en la figura de Augusto César Sandino en el caso del FSLN— y de unidad regional bolivariana —representada en la trayectoria histórica de Simón Bolívar en el caso del PSUV— son eslóganes manipuladores de regímenes represivos? ¿Persisten en sus pautas organizativas, como consecuencia de sus extensas trayectorias políticas, bases sociales populares con activismo político, siendo un factor que explique su permanencia en el poder estatal?

La respuesta tentativa a estas preguntas —hipótesis a verificar a lo largo del análisis —sostiene que el FSLN y el PSUV han combinado en sus pautas organizativas al “movimiento político”, identificado históricamente con la idea de nación y a las luchas populares antiimperialistas en la construcción del Estado y la adhesión de las Fuerzas Armadas con el “partido”, como organización participante del escenario electoral y legislativo propia de la democracia representativa. La combinación de las pautas organizativas del movimiento nacional, popular y antimperialista en la construcción de un nuevo Estado, junto con la participación de las Fuerzas Armadas, y el partido como organización con acceso por la vía electoral a los cargos públicos en la democracia representativa, ha consolidado a ambas fuerzas políticas en el ejercicio de gobierno.

El presente texto se propone, orientado por la hipótesis enunciada, contribuir a explicar la permanencia en el gobierno de ambas fuerzas políticas: el FSLN desde 2007 y el PSUV —como organización renovada— desde 2008 hasta la actualidad. Para ello se realiza un análisis comparado, orientado por el nuevo institucionalismo y por el pensamiento marxista latinoamericano en la identificación de la evolución de las pautas organizativas de las fuerzas políticas objeto de estudio. El análisis se desarrolla en cuatro apartados: en el primero se describe la nueva izquierda latinoamericana en la sucesión de los denominados “ciclos progresistas de la región”, etapas en las cuales se inscriben los actores políticos seleccionados; en el segundo y tercer apartado se analiza la evolución de ambos actores políticos, señalando las pautas organizativas que fueron adquiriendo desde sus orígenes hasta la actualidad; en el cuarto se comparan ambas fuerzas políticas, y finalmente se presentan unas breves conclusiones.

La nueva izquierda latinoamericana en el gobierno

El FSLN y el PSUV forman parte del universo de la nueva izquierda latinoamericana que ha presidido las democracias de la región, participando en dos ciclos progresistas. El primero se extiende desde el inicio de los mandatos presidenciales del Movimiento V República en Venezuela (antecedente del PSUV) en 1999, del Partido de los Trabajadores de Brasil en 2002, del Justicialismo en Argentina en 2003, del Frente Amplio de Uruguay en 2005, del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos en Bolivia en 2006, del Movimiento Patria Altiva i Soberana en Ecuador y del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 2007, de la alianza electoral que luego formaría el Frente Guasú en Paraguay en 2008, y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el Salvador en 2009. Este ciclo concluye en 2015, con el acceso al poder político de un nuevo partido de derecha en Argentina, el golpe institucional contra la presidenta de Brasil al año siguiente y la defección del presidente electo de Movimiento Alianza Patria Altiva i Soberana en Ecuador (Apolinar Navarro et al., 2022). El segundo ciclo inicia en 2018, con el mandato presidencial de Morena en México, al que se suceden los mandatos del PSUV en Venezuela y del Justicialismo en Argentina en 2019, del Partido Perú Libre en 2021, del FSLN en Nicaragua, del Partido Libertad y Refundación de Honduras, de Convergencia Social de Chile y de Colombia Humana en 2022, así como del Partido de los Trabajadores de Brasil en 2023 y del Partido Movimiento Semilla de Guatemala en 2024.

La nueva izquierda latinoamericana, también denominada “progresismo”, rescata los procesos históricos que definieron a la región en oposición a los imperialismos de las naciones del norte en su expansión capitalista, conformando una identidad cultural regional expresada como síntesis del pasado precolonial, colonial y moderno. Se nutre de diversos enfoques científicos, tales como la teoría estructuralista sobre el capitalismo periférico y la teoría de la dependencia sobre la inserción internacional subordinada de nuestra región; de las ideas manifestadas por Simón Bolívar, José Martí y José Vasconcelos; de las experiencias gubernamentales en la vinculación entre nacionalismo, industrialización y regionalismo expresado por el varguismo, el cardenismo y el peronismo; de las contribuciones de la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, y de la proyección regional del proceso revolucionario cubano (Rivarola Puntigliano, 2008). En el presente siglo, la posición antiimperialista se reformuló en oposición al Consenso de Washington, con sus programas de reformas estructurales de mercado, de individualismo neoliberal y de políticas sociales focalizadas.

La democracia impulsada por la nueva izquierda latinoamericana se opone a la globalización económica orientada por las multinacionales de los países del norte y a la globalización comunicacional que moldea las ideas proclives a un orden conservador; en cambio, promueve la intervención estatal, priorizando las políticas sociales universales y la democratización de los medios de comunicación masiva.

Estas fuerzas políticas cuentan con estructuras organizativas complejas y con bases sociales populares; la mayoría de ellas han surgido en contextos democráticos, conformadas por líderes carismáticos que han orientado los principios programáticos, creando e interpretando los símbolos políticos distintivos de cada agrupación.

Como partidos políticos son organizaciones que presentan candidatos a los procesos electorales para ocupar cargos públicos y proveer beneficios colectivos que legitiman su accionar, al mismo tiempo que obtienen beneficios individuales para sus miembros (Schlesinger, 1994). Cuentan con rutinas conformadas por reglas, comportamientos e ideas que estructuran las iniciativas y asignan los recursos para su sostenimiento (Thelen, 1999). Las reglas partidarias establecen sus autoridades y facultades, la incorporación de sus miembros, los procedimientos de elección de sus líderes y de los candidatos partidarios, así como la distribución del financiamiento. Estas disposiciones organizativas suponen un plexo de ideas compartidas por los miembros del partido, quienes adecúan sus comportamientos a la lógica de la organización, retroalimentando las rutinas internas. Éstas últimas son reconstruidas en el tiempo mediante dos mecanismos de retroalimentación: los incentivos estructurales y la reproducción de asimetrías de poder (Thelen, 1999; Pierson y Sockpol, 2008).

Los incentivos estructurales son los comportamientos adaptativos inducidos por la organización. Cuando ésta se establece, los miembros adaptan sus estrategias, reforzando la lógica de la organización mediante cálculos estratégicos que incorporan las estructuras institucionales de las que participan. Por su parte, las asimetrías de poder, consecuencia de la distribución desigual de los recursos materiales y simbólicos, se manifiestan en las disposiciones internas que promueven ciertas iniciativas y vetan otras, condicionando las opciones a futuro (Thelen, 1999). Los mecanismos de retroalimentación dan continuidad y, simultáneamente, promueven el cambio al interior de la organización.

Las democracias de los países centrales, cuna de los partidos políticos contemporáneos, han conformado el sustrato empírico para la descripción, el análisis y la comprensión de las características distintivas de las organizaciones partidarias.

En el devenir de los procesos democráticos de los países desarrollados han surgido otras formas de participación: los “movimientos políticos”, caracterizados como organizaciones carentes de reglas formales en la disposición de autoridades y atribuciones internas, sin distinción entre líderes y miembros. La toma de decisiones se basa en el consenso, con una cultura de prácticas horizontales que se diferencia de la conformación de mayorías y minorías propias de los procedimientos partidarios (Offe, 1996). La agenda programática es monotemática, circunscribiendo su accionar en torno a una cuestión considerada determinante para la organización colectiva (Offe, 1996). La identidad construida se despliega en la conformación de alianzas de veto, llevando adelante políticas de confrontación con métodos de acción que incluyen la ocupación de espacios públicos, las intervenciones en las calles y las marchas convocadas por las redes (Offe, 1996).

Así, el movimiento político cuestiona la política institucional centrada en el Estado, en el acceso a los cargos públicos y en la competencia electoral, promoviendo la acción colectiva de protesta en torno a una temática para la práctica de valores comunes y la ampliación de la esfera pública. Por su parte, Kitschelt (2006), en su estudio del “partido-movimiento”, señala la combinación de partido y movimiento político, la cual se corresponde con la presencia de un líder carismático que ejerce el control patrimonial a través de funcionarios leales y prioriza una agenda única, combinando las actividades de la competencia democrática formal con la movilización extrainstitucional.

La nueva izquierda latinoamericana presenta su originalidad frente a los movimientos políticos de los países centrales. Como movimiento, en su carácter de protesta y manifestación en el espacio público de las clases populares, se propone modificar el aparato institucional del Estado, incorporando a sectores históricamente excluidos del ejercicio del poder político estatal. La nación se identifica con los sectores populares y se manifiesta en su confrontación con el imperialismo y con sus representantes internos que conformaron históricamente las bases del Estado oligárquico del siglo XIX.

Las formas productivas de la tierra, el latifundio y la extracción de materias primas, vinculadas directamente con el imperialismo de los países centrales, se percibe como un orden oligárquico que explota económicamente a las clases subalternas (Zavaleta, 2009). Las clases nacionales subalternas —integradas por campesinos, proletarios y sectores de las capas medias— se enfrentan al capitalismo oligárquico que ocupa el país. La nación se constituye a partir de las luchas populares; la contradicción de los países periféricos es la oposición entre clases nacionales y clases extranjeras enfrentadas en la construcción de un Estado nacional (Zavaleta, 2009). El Estado, como estructura de poder, determina en última instancia el sistema político, estableciendo los patrones de producción y distribución de la plusvalía creada por la explotación; por ello, la lucha por la democracia como sistema político es una lucha por la reconfiguración del Estado en un nuevo sistema social (González Casanova, 1980).

La lucha por la democracia en América Latina se da en tres frentes: el democrático, el de los trabajadores y el nacional. Si bien éstos varían en cada formación histórica nacional, tienen un enemigo común: el círculo reaccionario del imperialismo norteamericano y la burguesía latinoamericana (González Casanova, 1980).

El movimiento político promueve la construcción del Estado democrático, identificado con la nación expresada en los reclamos de inclusión de las clases postergadas. Para la nueva izquierda latinoamericana en su conformación histórica, la política movimientista no es extrainstitucional, sino que se propone construir una nueva institucionalidad estatal con reglas, procedimientos y comportamientos orientados por un plexo de ideas surgidas de conflictivos procesos históricos de luchas populares por la soberanía nacional, como realización de la igualdad democrática y la justicia social. El carácter institucional de la política planteada se revela en el papel de las Fuerzas Armadas, cuyo apoyo a los procesos populares de construcción de una nueva institucionalidad estatal es central.

Los partidos de la nueva izquierda latinoamericana combinan dos formas organizativas: el “partido”, cuyo origen se remonta a las democracias representativas de los países centrales, como expresión de la pluralidad de intereses e ideas presentes en sociedades diversas, y el “movimiento político”, organización que responde a procesos políticos nacionales de construcción de Estados democráticos y soberanos en su pertenencia al capitalismo periférico, enfrentado al imperialismo y a las clases extranjeras. La combinación de ambas formas organizativas en la nueva izquierda latinoamericana se manifiesta en cinco variantes, determinadas por las estructuras de oportunidades políticas presentes en cada contexto nacional:

Las organizaciones partidarias que se definen como “partido movimiento” surgen como respuesta ante la deficiencia de la representación partidaria, percibida como excluyente en los distintos contextos nacionales. El Justicialismo argentino, el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos boliviano, el Movimiento Patria Altiva i Soberana ecuatoriano, el Movimiento de Regeneración Nacional mexicano y el Partido Movimiento Semilla guatemalteco, en orden cronológico, son ejemplos de respuesta frente a dicha deficiencia.

b. El “movimiento político con funciones partidarias” suma a la respuesta del inciso anterior la estructura de oportunidades políticas que permite a los movimientos presentar candidaturas presidenciales. Es el caso de Colombia Humana.

c. El “movimiento-partido”, originalmente un movimiento que luego se constituye en partido político, participa en las contiendas electorales para transformar la institucionalidad estatal. Por ejemplo, el Partido Perú Libre, el Partido Libertad y Refundación de Honduras, Convergencia Social de Chile (Frente Amplio desde marzo de 2024) y el PSUV.

d. En el “partido integrado por movimientos”, la forma de movimiento político se subordina a la partidaria. Ilustran esta combinación el Frente Amplio de Uruguay y el Partido de los Trabajadores de Brasil.

e. Finalmente, “las organizaciones armadas que devinieron partidos políticos” modifican toda su estructura organizacional desde la verticalidad y la clandestinidad en su confrontación con un Estado insurgente en un régimen dictatorial, hacia la participación ascendente en la legalidad de un Estado de derecho con un régimen democrático. Ejemplos de ello son el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador y el FSLN.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 1961-2025

Organización armada triunfante, partido en el gobierno y principal partido opositor (de 1961 a 2007)

El FSLN surgió en 1961 como organización armada enfrentada a la dictadura de la familia Somoza, que gobernó el país desde 1936 hasta su derrocamiento por el sandinismo triunfante en 1979.

Nicaragua fue una de las primeras zonas bajo el dominio del imperialismo norteamericano, lo que se remonta a la tentativa del filibustero William Walker para transformar al país en un Estado esclavista perteneciente a la Confederación norteamericana. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos apoyó a los conservadores contra la revolución liberal de Zelaya en 1893; luego ocupó dos veces Nicaragua: de 1912 a 1925 y de 1926 a 1933, siendo derrotado por el general Augusto César Sandino, creador del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional; desde 1936, Estados Unidos apoyó de manera ininterrumpida los gobiernos de la dinastía Somoza, cuyo fundador, Anastasio Somoza García, comandante en jefe de la Guardia Nacional —fuerza de seguridad organizada por los norteamericanos—, fue quien envió a ejecutar al general Sandino (Bataillon y Galindo Juárez, 2013).

Bajo la dictadura que se extendió por más de cuarenta años, se desarrolló el capitalismo nicaragüense basado en la exportación de materias primas —café, algodón y azúcar—; este predominio rural se modificó hacia la década de 1960 con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana resultado de la integración del Mercado Común Centroamericano, que incentivó las inversiones industriales en la elaboración de productos agropecuarios en una economía urbana caracterizada por el comercio y los servicios en pequeñas unidades (Vilas, 1985):

La irrupción de la industria y, con ella, del capital extranjero, no alcanzó empero para cambiar significativamente el paisaje económico urbano. Una gran cantidad de pequeños establecimientos, muchos de ellos simples talleres artesanales, coexistía con unos pocos establecimientos fabriles grandes. Todavía en 1979 el 73 por ciento de los establecimientos industriales ocupaba a menos de treinta trabajadores cada uno, y la mitad de ellos, a menos de diez. (Vilas, 1985, p. 121)

Con una población que no llegaba a dos millones de personas en 1970 (Centro Latinoamericano de Demografía [CELADE], 1981), la estructura del empleo hacia la década de 1970 se caracterizaba por el predominio de la informalidad —que agrupaba servicios personales, comerciantes, artesanos y operarios—, sumando el 60 % de la población económicamente activa, un proletariado reducido del 6 % y tasas de desempleo relativamente altas (Vilas, 1985).

Estos sectores populares conformaron la base social del FSLN: en su mayoría estudiantes, gente de oficio, obreros, jornaleros, empleados y oficinistas, en un rango de edad predominante de 15 a 30 años. Jóvenes influenciados por el éxito de la Revolución cubana que, en un paralelismo con el proceso protagonizado veinte años antes por el Movimiento 26 de Julio, llevaron adelante la lucha armada contra la dictadura para construir la sociedad socialista. Los fundadores del FSLN, Carlos Fonseca Amador, Faustino Ruiz, Silvio Mayorga —con trayectoria en distintas organizaciones desde la década de 1950— y Santos López —coronel que había integrado el ejército de Sandino treinta años antes—, incorporaron el antimperialismo de la figura de Sandino a la organización en la lucha político-militar contra la dictadura y la combinaron con el marxismo de la Revolución cubana en su enfrentamiento con las oligarquías locales, así como con el guevarismo en la estrategia armada para el triunfo revolucionario (Salgado, 2018).

La base del FSLN se conformó por escuadras tácticas de combate, las cuales se agrupaban en unidades tácticas de formación; por encima de ellas se encontraban las columnas bajo la Dirección Nacional. La organización armada no estuvo exenta de disidencias internas, reflejadas en la existencia de distintas facciones: una proclive a la “guerra popular prolongada”; otra más renuente a la lucha armada, conocida como “los proletarios”; otra volcada a la “lucha insurreccional marxista llamada tercerista”, formada luego de la muerte de uno de sus fundadores, Carlos Fonseca Amador en 1974. Esta última facción propuso una alianza con todos los grupos antisomocistas y organizó “el grupo de los doce”, con influencia de la teología de la liberación; desde su formación, domina al interior del FSLN y coincide con la adhesión mediática internacional en su lucha contra la dictadura. En la facción tercerista participaban los hermanos Daniel y Humberto Ortega Saavedra, quienes asumieron, posteriormente, el liderazgo del FSLN en el gobierno.

Las amplias alianzas propuestas con empresarios y con la Iglesia a través de la formación del grupo de los doce, así como el apoyo que recibieron de los gobiernos socialdemócratas de Costa Rica y de Venezuela, fueron modificando la orientación de los miembros terceristas desde el marxismo-leninismo prevaleciente en los años sesenta y setenta hacia posiciones moderadas de defensa de los sindicatos, la reforma agraria y las políticas educativas (Bataillon y Galindo Juárez, 2013).

La facción tercerista impulsó la ofensiva contra la dictadura a través de hechos de gran impacto, como la toma del Palacio Nacional en un contexto de creciente aislamiento internacional de Somoza por el asesinato del opositor Pedro Joaquín Chamorro, dueño del diario La Prensa y miembro de la opositora Unión Democrática de Liberación. Finalmente, el derrocamiento del dictador tuvo lugar por la insurrección llevada a cabo por el FSLN, ofensiva victoriosa inspirada en la lucha de Sandino al frente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional casi medio siglo antes. Como resultado, se instauró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en julio de 1979.

La crisis del Estado nicaragüense en su forma transnacional y de fascismo dependiente —dictaduras militares con influencia del Pentágono, sometidas a la reestructuración del capital monopólico— dio nacimiento a un nuevo Estado dominado por la organización popular y patriótica del FSLN, en su carácter de frente político nacional de las clases trabajadoras (González Casanova, 1980). El triunfo del FSLN significó para Nicaragua el cambio del autoritarismo a la democracia (Salgado, 2018).

En 1984 el FSLN se presentó a elecciones y resultó vencedor, conformando, según estudios politológicos, un partido de Estado (Serra et al., 2025). De organización armada se transformó en un partido político, con sus autoridades, órganos, procedimientos de selección de candidatos y programa partidario. Visiones afines al sandinismo sostienen su carácter de partido de masas con apoyo de las Fuerzas Armadas, compenetradas con el proceso revolucionario y garantía de la defensa del proceso y del gobierno (Boron y Klachko, 2023).

En sus estatutos, el partido establece que tiene principios revolucionarios, socialistas, solidario, democráticos y antiimperialistas, que es de composición plural, que defiende la soberanía nacional, la paz y la independencia, y que busca edificar una sociedad con democracia política y económica, justicia social y un verdadero Estado de derecho. Los órganos nacionales del partido son el Congreso —organismo principal que crea las reglas, elige a las autoridades, establece el programa, define las alianzas y elige a los candidatos del partido—, la Asamblea, la Dirección Nacional, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos, y la Comisión Electoral, que se descentralizan en órganos departamentales y municipales y en las unidades de base territoriales.

En 1987 se sancionó una nueva Constitución que afirmó el carácter pluralista, la economía mixta y el no alineamiento del Estado nicaragüense, y promovió la construcción de un proyecto de nación, de orientación popular e indigenista, en medio de contradicciones con las regiones del Pacífico y del Atlántico que integran a Nicaragua (Serra et al., 2025; Field, 1995).

En 1990 el FSLN perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro, viuda del asesinado dueño del diario La Prensa y representante de una amplia alianza opositora al sandinismo. La crisis económica y la desintegración del proceso político revolucionario fueron las causas de la derrota electoral. La crisis económica tuvo como principal causa los ataques armados de “los contras”, apoyados por Estados Unidos, por una evaluación geopolítica de la Guerra Fría, disminuyendo el gasto social a partir de 1985 (López Castellanos, 2013). La desintegración del proceso revolucionario se caracterizó por la expropiación por parte del sandinismo de recursos del Estado para beneficio personal de empresarios afines y de sus líderes, lo que fue conocido popularmente como “la piñata sandinista” (López Castellanos, 2016). La oficialidad sandinista retuvo el control del Ejército Nacional y de la Policía Nacional (Regalado, 2012). El FSLN se constituyó en el partido opositor más importante en el escenario electoral nicaragüense, concentrando un promedio del 40 % de los sufragios en las sucesivas elecciones presidenciales de 1990, 1996 y 2001, enfrentado a los partidos liberales.

Como partido en la oposición, redujo su estructura y modificó sus estatutos, reemplazando la Dirección Nacional por un Consejo sandinista; extendió la duración de los mandatos de las autoridades del partido y las convocatorias de los Congresos de cuatro a cinco años, los cuales refrendaron el liderazgo de Daniel Ortega (Serra et al., 2025). En su interior se distinguieron dos facciones: una pactista e institucional con Sergio Ramírez, exvicepresidente, y Dora Téllez, la exministra de Sanidad; la otra, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Tomás Borge, afines a los principios revolucionarios.

En las elecciones internas, la facción de Ortega mantuvo el poder; los opositores se separaron y formaron un nuevo partido, el Movimiento de Renovación Sandinista, sin constituir una plataforma programática que dispute la herencia política del sandinismo (López Castellanos, 2016). Daniel Ortega conservó el cargo partidario de secretario general en el Consejo sandinista, siendo el representante oficial del partido, coordinador de las reuniones y quien firma compromisos en nombre del partido, cargo que desempeña hasta la actualidad.

El FSLN en el gobierno: partido-movimiento político (de 2007 a la actualidad)

En las elecciones presidenciales y legislativas de 2006, el FSLN, en coalición con otras fuerzas políticas, obtuvo el triunfo con la primera minoría —el 38 % de los sufragios— y logró un contingente legislativo minoritario de 38 miembros sobre 92 bancas con una participación electoral del 61 %. Según estudios politológicos, el FSLN se convirtió en un partido electoral bajo el liderazgo personalizado de Daniel Ortega, llevando adelante el patrimonialismo y el nepotismo en las instituciones del Estado, incrementando el gasto social a través de políticas sociales focalizadas y restringiendo la presentación de candidatos opositores a través del control del Consejo Supremo Electoral (Serra et al., 2025).

El presidente y vicepresidente son electos por mayoría simple de votos. Las sucesivas elecciones presidenciales y legislativas incrementaron la votación para el FSLN desde el 38 % en 2006, al 62 % en 2011 y el 72 % en coalición electoral en 2016, hasta llegar al 76 % en las últimas elecciones de 2021, que dieron el triunfo a la fórmula presidencial del sandinismo en su cuarto período consecutivo —mandato que se extenderá hasta 2027—, elección a la cual se presentó como FSLN.

En Nicaragua el voto no es obligatorio; la participación en las elecciones en las cuales triunfó el sandinismo ha oscilado entre el 61 % en 2006 —el porcentaje más bajo de participación electoral— y el 74 % en la elección de 2011. El FSLN obtuvo la minoría en la elección legislativa de 2006 —38 bancas—, lo que se modificó a partir de 2011: desde entonces ha tenido la mayoría absoluta con 62 bancas ese año, con 70 legisladores cinco años después y con 75 miembros sobre 92 bancas actualmente. Los legisladores electos suman 90 en total y el sistema electoral aplicado es representación proporcional, eligiendo 20 diputados en la circunscripción nacional y 70 diputados en las circunscripciones departamentales y regiones autónomas.

Estudios sobre los partidos gobernantes de la nueva izquierda latinoamericana sitúan al FSLN como “izquierda renovadora”, siendo un partido electoral pragmático con elementos de partido catch all, buscador de votos, institucionalizado, con postulados ideológicos socialistas en homenaje a sus orígenes, crítico al neoliberalismo, pero sin plantear claramente la superación del capitalismo e integrado al sistema partidario nacional (Pereira da Silva, 2010).

Desde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador lo reconocen como fuerza política:

Partido que ha logrado resolver sus contradicciones internas, garantizando la herramienta más importante ante la amenaza de la soberanía nacional, enfrentando al imperialismo norteamericano. Permaneció en su oposición al imperialismo y en una visión de lucha de clases anticapitalista, sin vincularse a las demandas de género y al ecologismo. (Raúl Llarull, miembro del gobierno de El Salvador en el período 2009-2019, comunicación personal, Ciudad de México, 21 de marzo de 2025)

Por su parte, analistas políticos señalan sus logros como partido gobernante, al convertir a uno de los países más pobres de Centroamérica en uno de los más prósperos y seguros, logrando una tasa de homicidios inferior a la de sus vecinos y transformando la gran villa miseria que fue Nicaragua durante los gobiernos neoliberales de 1990 a 2006 (Boron y Klachko, 2023).

La base de datos de World Inequality Database (2025) revela que, si bien persisten grandes desigualdades en la distribución de ingresos, los gobiernos del FSLN han logrado incrementar los ingresos del 50 % de la población más pobre. El último informe del Fondo Monetario Internacional señala que el desempeño de la economía de Nicaragua es robusto, con una política macroeconómica prudente, y destaca el crecimiento del PIB y la baja en la inflación (International Monetary Fund [IMF], 2025b). Por su parte, el Banco Mundial señala una reducción de la tasa de incidencia de la pobreza desde el inicio de los gobiernos sandinistas; asimismo, destaca que el desempleo ha bajado desde 2009, con un incremento durante la pandemia para luego ubicarse en el 4.6 % (Grupo Banco Mundial, 2025a). De igual forma, el indicador WIID (World Income Inequality Database), elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas, sostiene que el coeficiente de Gini registra desigualdad levemente menor en Nicaragua (49.2), en comparación con el resto de América Latina (50.2), para el perìodo 2014-2020 (United Nations University World Institute for Development [UNU-WIDER] y World Income Inequality Database [WIID], 2022a).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica para Nicaragua una caída de la pobreza desde el inicio del presente siglo: del 65 % de la población al 46 % catorce años después; la pobreza extrema pasó del 35.8 % al 18.3 % en el mismo período (CEPAL, 2025b). El índice de Gini registrado por la CEPAL en 2014 es de 0,495 (CEPAL, 2024). El perfil económico y sociodemográfico nacional elaborado por la citada organización presenta una reducción del desempleo de 2016 a 2023, así como una tasa de matrícula de educación primaria de casi el 100 % desde 2006 —frente al 72 % en 1996—. En el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024 (CEPAL, 2025a), Nicaragua presenta un aumento interanual del salario mínimo real superior al 3 %, frente a otros países donde ha disminuido —el caso de Argentina, por ejemplo—, con un PIB que ha crecido más que el de los países de la región, con una inflación en descenso y con registro del mayor porcentaje de incremento interanual del empleo industrial (del 7 %) con respecto a países donde se ha contraído —también el caso de Argentina—.

Los centros de estudios de las democracias en el mundo, Freedom House (organización con sede en Washington y sostenida por demócratas y republicanos), Latinobarómetro (corporación de derecho privado con sede en Santiago de Chile, financiada, entre otros, por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos y los Estados Unidos) y Variedades de Democracia (proyecto académico con sede en Universidades de EE. UU. y Suecia) (Nord et al., 2025) señalan el deterioro democrático, calificando a Nicaragua como “país no libre” desde el inicio del gobierno del FSLN en 2006, de “electo-dictadura” desde 2012 y como “autocracia electoral” desde 2007.

El FSLN, como fuerza política, ha atravesado una extensa trayectoria en la historia política de Nicaragua: desde organización armada triunfante, partido de Estado en la transición al socialismo, partido electoral bajo un liderazgo personalizado o partido con características de catch all, buscador de votos en la oposición y en el gobierno. En el cuarto apartado se retomarán críticamente estas definiciones, a partir de la interpretación de la evolución de sus pautas organizativas como combinación de partido y de movimiento político.

Partido Socialista Unido de Venezuela (2008-2025)

De Movimiento V República al PSUV (1997-2008)

El PSUV tiene su origen en el Movimiento V República de Venezuela (MVR), constituido en 1997 por tres sectores: los militares que participaron en el golpe de Estado de 1992, parte de la izquierda tradicional y el sector popular. El sector militar provenía del “Movimiento Revolucionario Bolivariano 200”, formado en 1983 y cuyo nombre se refiere a los doscientos años del nacimiento de Simón Bolívar (Lalander, 2008). Este sector había participado en los intentos de golpe de Estado en febrero y noviembre de 1992, evidenciando el descontento de una parte de las Fuerzas Armadas frente a las políticas neoliberales que habían provocado las convulsiones sociales, manifestadas en el Caracazo, y las que se sucedieron a lo largo de la década de 1990. Los líderes políticos formaban parte del ejército identificado con el pensamiento bolivariano popular y antiimperialista; entre ellos se encontraba Hugo Chávez Frías, quien sería líder del movimiento, del partido y presidente de la República hasta su fallecimiento en marzo de 2013.

El sector de izquierda estaba constituido, principalmente, por exmiembros del Movimiento al Socialismo, del Partido Comunista y el partido La Causa R. En el sector popular se encontraban las organizaciones denominadas Círculos Patrióticos y Círculos Bolivarianos, grupos de simpatizantes encargados de tareas proselitistas y de movilización política (Arenas y Gómez Calcaño, 2005; Ellner, 2006; Lalander, 2008; Martínez, 2014). Los Círculos Bolivarianos organizaban a los sectores populares bajo una serie de consignas tales como honestidad, humildad, trabajo y solidaridad; eran abiertos a quienes compartieran los ideales de Bolívar y se ocupaban de los problemas que aquejaban a la comunidad. Estas organizaciones sociales contaban como antecedentes de las Asociaciones Cívicas Bolivarianas, formas organizativas agenciadas por los gobiernos militares del período 1936-1945 (Martínez, 2014). Además de los Círculos, sumaban su apoyo al MVR los movimientos sociales de indígenas y afrodescendientes, organizaciones populares como Tupamaros y Alexis Vive, y las organizaciones creadas desde el Gobierno como los Comités de Tierra Rurales y Urbanos y los Consejos Comunales (López Maya, 2008).

En un breve período de tiempo, comprendido entre la asunción del gobierno en 1999 y las elecciones internas cuatro años después, el MVR fue hegemonizado internamente por el sector militar, desplazando a la izquierda tradicional y a los Círculos Bolivarianos. La máxima autoridad partidaria, la Convención Nacional, formada por delegados elegidos internamente, fue dominada por el sector militar, a pesar del mayor número de delegados de la izquierda del partido, al promover el presidente Chávez la designación de un militar en la Dirección Nacional partidaria (Ellner, 2006; López Maya, 2008; Martínez, 2014).

El predominio del sector militar retroalimentó las rutinas organizacionales al reforzar la particularidad fundacional del partido-movimiento, surgido de un grupo de oficiales de rango medio de las Fuerzas Armadas venezolanas. El nacionalismo bolivariano militar cumplió un papel central en la conformación del MVR y en su organización sucesora, el PSUV (Reveles Vázquez, 2021).

El MVR participó en tres elecciones presidenciales: 1998, 2000 —luego de aprobada la Constitución de 1999, se llamó a elecciones en el nuevo marco constitucional— y 2006. En 1998 participó en coalición electoral junto a otras fuerzas de izquierda —como el Movimiento Al Socialismo y el Partido Comunista— y obtuvo el 56 % de los sufragios frente a una segunda fórmula perteneciente a la corriente socialcristiana, que concentró el 40 % de los sufragios. En las sucesivas elecciones presidenciales, repitió la coalición electoral; obtuvo el 60 % en 2000, frente a partidos de tendencia socialdemócrata, que concentraron el 38 % de los votos, y en 2006 obtuvo el 63 % de los sufragios, frente al 37 % de la socialdemocracia, con una tendencia a la baja de la competitividad electoral. El voto no es obligatorio en Venezuela, por lo que la participación electoral fue del 63 % en la primera elección, del 56 % en la segunda y del 75 % en la última (Consejo Supremo Electoral et al., s. f.; Georgetown University, 2006a, 2006b, 2006c, 2007; Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2006).

El MVR participó en tres elecciones legislativas, dos concurrentes con las presidenciales —en 1998 y en 2000— y una no concurrente en 2005. En las elecciones legislativas de 1998 obtuvo la segunda minoría, detrás de Acción Democrática: 8 Senadores sobre 54 bancas, y 35 diputados sobre 207 bancas, con una participación del 53 %. En la elección concurrente de 2000 —bajo la nueva Constitución de 1999, que estableció un Legislativo unicameral— obtuvo 92 escaños, mayoría absoluta, sobre 165, con una participación del 56 %. En la elección no concurrente de 2005, en la cual la oposición se abstuvo de participar, alcanzó 114 escaños sobre 167 con una participación del 25 %, presentando una tendencia hacia la obtención de la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa unicameral (Consejo Supremo Electoral et al., s. f.; Georgetown University, 2006a, 2006b, 2006c, 2007; Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2006).

El PSUV en el gobierno: partido-movimiento (de 2008 a la actualidad)

El Congreso fundacional del partido tuvo lugar entre enero y marzo de 2008. El propósito de conformar una nueva organización, superadora del MVR, fue contar con una organización de masas destinada a construir el socialismo bolivariano del siglo XXI. Sus principios se expresan en el Libro Rojo (Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV], 2010), afirmando su carácter anticapitalista, antiimperialista, anticorrupción, socialista, marxista, bolivariano y comprometido con los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. En este documento, se cuestiona a la democracia representativa denunciando:

[...] el viejo modelo democrático liberal burgués basado en la democracia formal y representativa, en la cual el derecho a elegir, ser elegido y votar, son suficientes. En nombre de esas “libertades”, en nombre de esa “democracia” en lo formal, se facilitaba el proceso de acumulación de capital a favor de unos pocos, en medio de la creciente pobreza, la exclusión social y con un enorme costo en cuanto a la destrucción de la naturaleza. (PSUV, 2010, p. 9)

Asimismo, propone como tarea fundamental del partido:

[...] elevar la conciencia revolucionaria de la masa, organizarla y formarla para la lucha por la conquista del poder, elevar su nivel de conciencia filosófica, política, ideológica, moral y organizativa para lograr la transformación de patrones de representatividad en patrones de democracia participativa y protagónica. […] formar al pueblo para el ejercicio del poder en las funciones de planificación, elaboración de presupuestos, toma de decisiones, ejecución y control orientados por valores socialistas. (PSUV, 2010, p. 31)

En su origen, el PSUV asume el socialismo bolivariano del siglo XXI como el mayor ideal de sociedad, de modelo político y de Estado. Con ello, cuestiona el socialismo realmente existente —entendido como estatista, centralizador y autoritario— y propone la construcción de un socialismo contemporáneo y autóctono, “socialismo del siglo XXI”, apropiado a la realidad que se busca transformar en una “vía venezolana al socialismo”, latinoamericanizando el concepto universal de “socialismo” (Pereira da Silva, 2018). La transición al socialismo es la tarea del PSUV; tarea compartida con las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Asimismo, se destaca la organización de la juventud, la cual construye la patria bolivariana y a la que el comandante Chávez Frías le entregó el sable bolivariano, símbolo de las luchas por la Patria Grande antiimperialista.

Los principales organismos internos del partido son el Congreso Socialista (revisa los estatutos y elige a las autoridades), la presidencia del partido, la primera vicepresidencia, las vicepresidencias regionales, las vicepresidencias sectoriales y la Dirección Política Nacional. El partido se organiza territorialmente en patrullas socialistas, las Unidades Bolívar Chávez (UBCH), que articulan a las patrullas socialistas, equipos políticos comunales socialistas, equipos políticos parroquiales socialistas, equipos políticos municipales socialistas, equipos políticos estatales y regiones socialistas. Actualmente, la Dirección Nacional se integra por el presidente Maduro; su ministro de Relaciones Exteriores, Diosdao Cabello Rondón; la diputada Cilia Adela Flores, esposa de Maduro, y Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, entre otros.

El PSUV se clasifica como una izquierda “refundadora”, junto al MAS-IPSP de Bolivia y al Movimiento Alianza PAIS de Ecuador. Es una organización surgida de la disolución del sistema de partidos previo, que reorganiza al Estado a través de un nuevo orden constitucional, instrumento electoral de un líder, con una institucionalización partidaria desde el gobierno, crítico de la democracia representativa, rupturista con respecto al sistema partidario anterior y que propone superar el sistema capitalista (Pereira da Silva, 2010).

El PSUV participó en tres elecciones presidenciales: las de 2012, 2018 y 2024. En la primera, en coalición con el Gran Polo Patriótico, obtuvo el 55 % de los sufragios, seguido por la Mesa de la Unidad Democrática con el 44 %; la participación fue del 80 % del electorado. En la elección presidencial de 2018, el PSUV, en el Frente Amplio de la Patria, obtuvo el 68 % de los votos, seguido por Alianza Progresista con el 21 %; se registró una participación del 46 % del electorado. Finalmente, en la elección de 2024, el PSUV, en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, obtuvo el menor porcentaje de sufragios hasta la fecha: el 52 %, seguido por Plataforma Unitaria Democrática con el 43 %; hubo una participación del 58 % del electorado. La Constitución de 1999 establece que el presidente y el vicepresidente son electos por mayoría simple de votos válidos con un mandato de seis años; pueden ser reelegidos por un sólo período consecutivo (Ayuso et al., 2012; Organization of American States, 2025; Directorio Legislativo, 2024).

Los parlamentarios se eligen por representación proporcional en cada entidad federal, sobre una base poblacional del 1.1 % de la población total del país; además, cada entidad, al igual que los pueblos indígenas, elige a tres diputados o diputadas. Éstos duran cinco años en sus funciones y pueden ser reelectos por dos períodos consecutivos como máximo. La República Bolivariana de Venezuela se compone de 23 entidades federales y el Distrito Capital. En la elección parlamentaria de 2010, el PSUV obtuvo 98 escaños (mayoría absoluta) sobre 165, seguido de la Mesa de la Unidad Democrática con 65 escaños; la participación electoral fue del 66 %. Cinco años después, el PSUV perdió la mayoría frente a la Mesa de la Unidad Democrática, que obtuvo 112 escaños; el PSUV, en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, ganó 55 escaños; se registró una participación del 74 % del electorado. Finalmente, en la elección parlamentaria de 2020, el PSUV, nuevamente en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, obtuvo la mayoría absoluta con 256 escaños (el Consejo Nacional Electoral incrementó a 277 el número de diputados a elegir), seguido de Acción Democrática con 11 escaños; se registró una muy baja participación electoral, con el 30 %, debido a que varios partidos de la oposición se abstuvieron de competir por la ausencia de garantías de integridad del proceso electoral (Observatorio Electoral Venezolano, 2020).

Los indicadores sociales presentados por bases de datos académicas y de organismos internacionales muestran leves mejorías en la distribución del ingreso en Venezuela. World Inequality Database señala la persistencia de grandes desigualdades en la distribución del ingreso, aunque con una leve mejoría; el FMI no emite un informe actualizado sobre la economía venezolana (International Monetary Fund [IMF], 2025a). Por su parte, el Banco Mundial registra una tasa de incidencia de la pobreza en descenso, con datos hasta el 2006, así como la disminución del desempleo desde el presente siglo, registrando un 5.5 % en 2024 (Grupo Banco Mundial, 2025b). El indicador WIID señala que el coeficiente de Gini registra menor desigualdad en Venezuela (37.4), en comparación con el resto de América Latina (50.2) en el período 2014-2020 (UNU-WIDER y WIID, 2022b).

La CEPAL señala que la pobreza bajó abruptamente desde 2003, cuando afectaba a casi el 60 % de la población, alcanzando el 20 % diez años después; la última medición registró un 28.7 % en 2014. La pobreza extrema tiene otro comportamiento: el porcentaje más bajo fue del 3.7 % en 2007, para luego triplicarse hacia 2014, alcanzando el 12 % de la población (CEPAL, 2025c). El índice de Gini para 2014, publicado por la CEPAL (2024), es de 0.378. El perfil económico nacional editado por el citado organismo señala una caída del PIB per cápita desde 2013, una tasa de desempleo que disminuye y una cobertura de educación primaria de 99.46 % en 2022. El gasto educativo superaba al de los países de la región hasta el 2014; la salud no ha sido un tema prioritario, y el gasto destinado a seguridad y asistencia sociales aumentaron con respecto a los gobiernos anteriores (Reveles Vázquez, 2019). En el Balance Preliminar de las Economías Latinoamericanas, editado por la CEPAL (2025a), Venezuela presenta una proyección de aumento del PIB por encima de los demás países de la región, una significativa disminución interanual de la inflación y un aumento del PIB per cápita en los últimos dos años (CEPAL, 2025c).

Al igual que en el caso de Nicaragua, los centros de estudios internacionales, Freedom House (2025), Latinobarómetro (Corporación Latinobarómetro, 2025) y Variedades de Democracia (Nord et al., 2025) califican a Venezuela como “no libre”, con un deterioro democrático desde el inicio del gobierno del MVR en 1999, como “electo-dictadura” desde el cambio de la Constitución en 1999 y como “autocracia electoral” estable desde 2002.

Como el FSLN, el PSUV cuenta con una extensa trayectoria en la historia política nacional. Se conforma como un instrumento electoral de un líder, reuniendo las características de una izquierda refundadora del Estado y proponiendo la superación del capitalismo; se presenta como rupturista respecto del sistema de partidos previo a su conformación. En el siguiente apartado nos detendremos en la evolución de sus pautas organizativas como partido y movimiento político.

Análisis comparado de la evolución de las pautas organizativas del FSLN y del PSUV

El presente artículo tiene como objetivo interpretar la vigencia de ambas fuerzas políticas en sus contextos nacionales, a partir de las trayectorias históricas de sus pautas organizativas en democracias del capitalismo periférico, frente al creciente cuestionamiento de sus regímenes políticos en el orden internacional.

Ambas fuerzas políticas, el FSLN y el PSUV, pertenecen al universo de la nueva izquierda latinoamericana, espacio político que llegó al gobierno en el nuevo siglo como respuesta crítica a las reformas estructurales de mercado dominantes en la década de 1990, con sus efectos sociales regresivos para toda la región.

Los dos cuentan con extensas trayectorias políticas en sus contextos nacionales: el FSLN surgió como una organización armada para enfrentar a la dictadura de la familia Somoza; tenía carácter antiimperialista debido a los vínculos de los sucesivos gobiernos dictatoriales nicaragüenses con los Estados Unidos. Por su parte, el PSUV surgió de un movimiento político de militares en la década de 1980 contra los gobiernos democráticos representativos neoliberales venezolanos; cuestionaba a un sistema de partidos estables que administraba la creciente desigualdad social.

En sus orígenes, el PSUV responde a la caracterización de movimiento político de protesta extrainstitucional en una democracia; no así el FSLN, que se forma en la lucha armada contra una dictadura, emulando el triunfo de la Revolución cubana en la década de 1960. Son dos momentos políticos diferentes en la historia de la región, que conforman dos organizaciones distintas en sus orígenes: la primera con un horizonte de conquista del poder político para construir la sociedad socialista enfrentada al capitalismo de bloques de la Guerra Fría; la segunda para construir la democracia popular, cuestionando el neoliberalismo dominante en las democracias representativas de los ochenta y noventa.

Tienen orígenes distintos, con evolución de pautas organizativas similares en la construcción del Estado nacional, con base popular, en oposición al imperialismo vinculado al capitalismo periférico, y con influencia de las Fuerzas Armadas en su política programática. Exceden, como organizaciones, la lucha electoral para situarse en la construcción de una nueva institucionalidad estatal: con la revolución sandinista, el Estado se plantea, por primera vez en la historia de Nicaragua, como Estado-nación (Córdova y Benítez, citado por López Castellanos, 2013); en el caso del PSUV, el foco está en la superación del capitalismo. Como movimientos políticos, se proponen impulsar una nueva institucionalidad estatal, incorporando a las Fuerzas Armadas en una nueva asociación de dominio institucional. Para ello, privilegian el acceso al poder político por las vías definidas por la democracia representativa: se constituyen como partidos, eligen candidatos y participan en las elecciones.

En cuanto a los desempeños específicamente partidarios de ambas fuerzas políticas, surgen datos preocupantes. Con sufragio no obligatorio en ambos países, tanto las elecciones presidenciales como las legislativas son menos competitivas, lo que profundiza la tendencia a la baja de la participación electoral, especialmente en el caso de las votaciones legislativas en Venezuela. Cuando la competitividad electoral aumenta, también lo hace la participación en los comicios.

Ambas fuerzas políticas cuentan con mayoría absoluta en Asambleas Legislativas unicamerales: el FSLN desde 2011, y el PSUV en las elecciones de 2020 —recuperando así la mayoría obtenida en su primera elección legislativa en 2010— con varios partidos opositores absteniéndose de competir por la ausencia de garantías de integridad en el proceso.

Como organizaciones partidarias, el FSLN se ha clasificado como partido de Estado, partido de masas, partido electoral, partido catch all e izquierda renovadora. Sin duda, presenta atributos de todas estas clasificaciones: domina toda la estructura estatal como partido de Estado, tiene una base social popular como electorado de pertenencia como partido de masas, privilegia las contiendas electorales y la profesionalización del marketing político como partido electoral, busca conservar y ampliar su base electoral como partido catch all, y prioriza reformas sociales en una democracia sin proponer la superación del sistema capitalista. El PSUV, en cambio, se clasifica como instrumento electoral de un líder, orientado a impulsar la vía venezolana hacia el socialismo.

Estas clasificaciones resultan insuficientes para comprender la evolución histórica de ambas fuerzas políticas, asociadas a la construcción de una nueva institucionalidad estatal en el capitalismo periférico; ambas asimilan estructuras que combinan pautas de los partidos y movimientos políticos constructores de una nueva institucionalidad estatal en los países de capitalismo periférico, a diferencia de las organizaciones partidarias de las democracias representativas de los países centrales.

Conclusiones

Destacados politólogos señalan la progresiva dilución de la distinción entre la izquierda y la derecha por el fin de la Guerra Fría, a partir de los noventa (Katz y Mair, 2022). América Latina con un proceso diferente, presenta el dominio de una nueva izquierda o “progresismo” como respuesta al neoliberalismo, marcando el devenir de la región en dos ciclos a lo largo del presente siglo.

La nueva izquierda latinoamericana no ha superado al sistema capitalista, como sí lo realizaron las “viejas izquierdas”, siendo Cuba un ejemplo en el contexto regional. El progresismo ha dado respuestas a la desigualdad estructural, con la baja del desempleo y con la progresiva distribución de la riqueza, según lo señalan los informes de los organismos internacionales previamente citados.

Hoy, fuerzas políticas de la nueva izquierda, el FSLN y el PSUV, son cuestionadas por autocráticas, personalistas y por apartarse de los estándares mundiales de las democracias liberales. Sus procesos electorales son denunciados por fraudulentos y sus gobiernos son señalados como expulsores de sus propios ciudadanos. La verificación empírica de estas afirmaciones se encuentra ampliamente documentada por las investigaciones de numerosos especialistas sobre los procesos políticos de la región.

Sin embargo, la ciencia es comunicación intersubjetiva: el conocimiento científico se constituye a través de la falsabilidad de sus proposiciones; en consecuencia, la verdad no es un dogma, sino que estamos en presencia de criterios de verificación empírica de nuestras afirmaciones sobre los procesos, en este caso políticos, como lo es la evolución de pautas organizativas de los partidos gubernamentales.

El carácter abierto de la ciencia nos incentiva a interpretar a los partidos gubernamentales, el FSLN y el PSUV, desde su historicidad en la evolución de sus pautas organizativas; historicidad que es manifestación de la ininterrumpida construcción de la institucionalidad estatal nacional en países del capitalismo periférico.

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