Siguiendo a Das y Poole (2008), los márgenes del Estado no deben entenderse como zonas periféricas, sino como espacios constitutivos donde las normas formales coexisten con prácticas informales, permitiendo que el poder se renegocie en condiciones de ambigüedad normativa. En el Congreso mexicano, estos márgenes cobran particular importancia en el caso del transfuguismo legislativo. Los legisladores que deciden cambiar de bancada lo hacen desde esas zonas grises del orden institucional, donde es posible empujar los límites de las reglas internas sin romper formalmente con la legalidad. Así, su acción no necesariamente viola el marco normativo, pero sí lo pone a prueba, revelando su flexibilidad y sus ambigüedades.

En esos espacios, los legisladores no son piezas subordinadas, sino actores estratégicos que influyen directamente en el equilibrio del Congreso. Al cambiar de grupo parlamentario, modifican la correlación de fuerzas, reordenan el acceso a recursos y afectan la definición de la agenda legislativa. La ausencia de límites precisos en la ley orgánica o en los reglamentos internos de las cámaras del Congreso mexicano deja abierta esa posibilidad, haciendo de la omisión normativa un margen efectivo de acción.

Tales espacios no son simples irregularidades o zonas de resistencia; son lugares donde el poder se reorganiza con flexibilidad. Como sugiere Asad (2003), no están fuera del sistema, sino que lo transforman desde dentro. El caso del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) entre 2018 y 2024 es ilustrativo: al sumar a decenas de legisladores provenientes de otros partidos —52 diputados y 8 senadores—, logró consolidar una mayoría sin tocar la legislación ni convocar nuevas elecciones (Cámara de Diputados [CDD], 2024; Cámara de Senadores [CDS], 2024). Esta estrategia no sólo redibujó las coaliciones, sino que diluyó la frontera entre oficialismo y oposición, trastocando el funcionamiento del juego parlamentario.

Pero los efectos de esta práctica no son sólo institucionales. Cambiar de sigla implica también una reconfiguración del mandato simbólico. Un legislador que abandona el partido con el que fue electo no sólo rompe un vínculo interno, también envía un mensaje al electorado sobre el carácter flexible —y a veces volátil— de la representación. En un sistema sin mandato imperativo, como señala el artículo 61 constitucional, este cambio es legal, pero no por ello neutro: sacude las bases de confianza, cuestiona las lealtades y revela la fragilidad del sistema de partidos. Así, los márgenes no son zonas de vacío, sino escenarios activos donde se renegocian las reglas del poder democrático.

Desde la perspectiva de la gubernamentalidad, tal como la desarrolla Foucault (1981), el poder no se ejerce únicamente a través de órdenes explícitas, sino mediante arreglos que orientan la conducta política sin necesidad de coerción directa.⁵ En el espacio legislativo, estos mecanismos se expresan en incentivos como el acceso a comisiones, recursos materiales o proyección pública, así como en sanciones que van desde la exclusión de futuras candidaturas hasta la pérdida de apoyos clave (Carey, 2009; Kam, 2009). Sin embargo, la movilidad parlamentaria revela que este andamiaje de control tiene límites. Los legisladores no actúan como piezas pasivas dentro del engranaje institucional, sino como agentes estratégicos que movilizan su capital político y simbólico —trayectorias, redes, legitimidad— para renegociar su posición en el juego legislativo (Bourdieu, 2007).

En el caso mexicano, esa autonomía está respaldada por la ley. El artículo 61 de la Constitución garantiza la inviolabilidad parlamentaria y elimina el mandato imperativo, lo que ha sido interpretado por el Poder Judicial como una base legal para el cambio de bancada sin consecuencias jurídicas (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013). Lejos de ser una falla del sistema, esa ambigüedad normativa forma parte de su propia lógica: ahí es donde la gubernamentalidad se activa, en las zonas grises del derecho. En esos espacios —ni plenamente regulados ni expresamente prohibidos— el transfuguismo se convierte en una práctica recurrente: válida en términos legales, pero sujeta a disputa política.

El cambio de bancada no sólo pone a prueba los mecanismos formales de control partidario, también funciona como una estrategia de adaptación en un sistema político cada vez más fragmentado, donde la volatilidad electoral, la debilidad de los partidos y la flexibilidad normativa definen las reglas del juego. Los legisladores que deciden cambiar de afiliación no rompen con el orden institucional: operan desde sus márgenes, aprovechando la permeabilidad de los partidos y la falta de sanciones efectivas. Siguiendo a Asad (2004), su maniobra no busca necesariamente subvertir el orden, sino actuar dentro de él de manera más ventajosa, reposicionándose en alianzas coyunturales y negociando cuotas de poder.

Esta racionalidad también se expresa en el plano discursivo. Mientras algunos partidos condenan el transfuguismo como traición, otros lo reivindican como una forma legítima de autonomía representativa (Rosanvallon, 2015). La disputa no se limita a un desacuerdo doctrinal: es una lucha práctica por el control del significado de lo democrático, donde las tecnologías de la gubernamentalidad moldean el comportamiento legislativo a través de discursos, prácticas y estructuras de incentivo.

El caso de MORENA es ilustrativo. En su etapa de consolidación legislativa (2018-2024), el partido sumó a legisladores de otras fuerzas políticas sin necesidad de recurrir a nuevas elecciones. Lejos de ser un hecho aislado, esta estrategia respondió a un cálculo para ampliar su margen de maniobra en el Congreso (Hernández, 2024). La movilidad parlamentaria permitió incorporar liderazgos regionales, neutralizar resistencias opositoras y modificar el equilibrio interno de poder. Más que una ruptura institucional, el transfuguismo funcionó como una herramienta política que reforzó el control legislativo sin necesidad de cambiar las reglas formales.

Desde esta perspectiva, los partidos no pueden ser entendidos como entidades cohesivas con pleno control sobre sus miembros. En contextos de fragmentación estructural, operan también desde los márgenes del Estado, esto es, permeables a intereses individuales, redes informales y fluctuaciones coyunturales. El cambio de partido no responde únicamente a decisiones personales, sino que emerge de un campo de disputa donde convergen racionalidades estratégicas y oportunidades institucionales.

La teoría de la elección pública ofrece claves importantes para entender este tipo de comportamiento. Como plantean Buchanan y Tullock (1962), los actores políticos tienden a tomar decisiones guiados por incentivos, procurando maximizar beneficios y reducir riesgos. En este sentido, la disciplina partidaria no siempre obedece a una lógica de obediencia ideológica, sino que puede responder a un cálculo racional: mantenerse leal al partido tiene sentido cuando esa lealtad se traduce en ventajas concretas. Pero cuando esos beneficios se diluyen o cuando otro espacio político parece ofrecer mejores oportunidades, cambiar de partido se vuelve una alternativa razonable. En esa línea, Carey y Shugart (1995) señalan que el grado de control que los partidos ejercen sobre las candidaturas, los recursos o los cargos internos influye directamente en la decisión de permanecer o desertar.

En última instancia, la gubernamentalidad legislativa se expresa en la capacidad de los actores para moverse entre normas, narrativas y estructuras de poder. La movilidad parlamentaria no sólo altera la composición de las bancadas, también incide directamente en el funcionamiento del Congreso al modificar reglas informales y desplazar el centro de gravedad institucional hacia sus márgenes más flexibles.

En escenarios marcados por la fragmentación partidaria y la inestabilidad institucional, el cambio de grupo parlamentario funciona como una respuesta a la forma de adaptación a la constante reconfiguración del poder. Más que una anomalía, el transfuguismo sigue una lógica de excepción que se vuelve parte del orden, esto es, se produce cuando las reglas formales siguen vigentes, pero ya no bastan para contener nuevas correlaciones de fuerza. La brecha entre lo que establece la norma y lo que impone la práctica pone en evidencia una tensión persistente en los regímenes representativos: el frágil equilibrio entre la autoridad del partido y la autonomía del legislador.

Como advierte Shepsle (2022), cuando los partidos carecen de mecanismos efectivos de control, el comportamiento de los legisladores tiende a guiarse por cálculos estratégicos y por los incentivos que ofrece el contexto inmediato. En el caso mexicano, esta lógica se ha hecho particularmente visible en los períodos de transición política, desde el desmantelamiento del sistema hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la consolidación de MORENA como la nueva fuerza dominante. La capacidad de ésta última para incorporar legisladores provenientes de otros partidos —sin mediación electoral— no sólo le otorgó mayoría legislativa, sino que transformó el balance entre los bloques gobernante y opositor, alterando de facto las condiciones de gobernabilidad parlamentaria (Bruhn, 2008; Greene y Sánchez, 2018).

Desde esta perspectiva, el transfuguismo no puede reducirse a una traición ni a un mero oportunismo individual. Más bien, debe entenderse como una forma de excepción política que opera dentro de los márgenes del sistema institucional. En un terreno normativamente ambiguo —donde las sanciones son tenues y los límites poco claros—, los legisladores activan sus recursos políticos y simbólicos para reposicionarse en el juego parlamentario. Al hacerlo, no sólo desdibujan las fronteras partidistas, sino que también influyen en la configuración de agendas y en la dinámica entre el Congreso y el Ejecutivo.

La noción de “excepción” no implica necesariamente una ruptura con el sistema, sino una activación selectiva de reglas que permiten mover el orden sin cancelar su vigencia. En este sentido, los legisladores desleales se convierten en operadores de una lógica de adaptación estructural. A través de ellos, el sistema se reajusta sin necesidad de reformas legales, reproduciendo nuevas mayorías y generando gobernabilidad por medios extraordinarios.

Como señalan Katz y Mair (2004), en los “partidos cartel” la cohesión interna se ve constantemente presionada por fuerzas tanto internas como externas, lo que relaja las reglas de afiliación y abre espacio para la negociación. En lugar de seguir de manera automática la línea del partido, los legisladores se convierten en actores activos que disputan el poder desde dentro. En ese marco, cambiar de partido no sólo refleja un desgaste institucional, también da cuenta de la capacidad del sistema para adaptarse en contextos marcados por la incertidumbre.

La cooptación legislativa deja ver con claridad una tensión característica del sistema político mexicano: por un lado, evidencia la fragilidad de las lealtades partidarias; por otro, muestra su habilidad para absorber reacomodos sin desmoronarse. En ese terreno excepcional, la representación se convierte en un espacio de disputa por la legitimidad, donde el cambio de bancada se vuelve una herramienta para reconstituir coaliciones, reorientar agendas y reorganizar las fuerzas dentro del Congreso.

Desde la teoría de campos de Pierre Bourdieu (2007), el capital político se concibe como el conjunto de recursos —institucionales, simbólicos o personales— que los actores acumulan y movilizan para ganar influencia en un espacio competitivo. En el Congreso mexicano, esta perspectiva permite entender que cambiar de bancada no es sólo una jugada táctica, sino parte de una estrategia más amplia de reposicionamiento dentro del juego legislativo. Al tomar esa decisión, el legislador busca aumentar su visibilidad, mejorar sus condiciones de negociación y asegurar presencia en los núcleos donde se define el rumbo del poder parlamentario.

A partir de la reforma constitucional de 2014, que habilitó la reelección legislativa desde 2018, cambiar de partido dejó de ser una jugada meramente coyuntural para convertirse en un factor que podía incidir en la permanencia en el cargo. En ese nuevo escenario, el transfuguismo pasó de ser una maniobra interna del Congreso a una estrategia con miras electorales.⁶ La posibilidad de reelegirse convirtió la gestión del capital político en una herramienta clave de supervivencia, donde las decisiones sobre lealtades partidarias se subordinan a una lógica de continuidad en el cargo, acceso a recursos y legitimidad frente a los votantes (Greene y Sánchez, 2018).

El fenómeno descrito debe leerse a la luz de una transformación más amplia del sistema político. En entornos marcados por la fragmentación, la volatilidad electoral y la debilidad orgánica de los partidos, los incentivos se dispersan y el margen de agencia de los legisladores se amplía. La “estabilidad institucional” no consiste en evitar el conflicto o la movilidad, sino en mantener la funcionalidad del sistema político a pesar de esas dinámicas. Así, el transfuguismo aparece como una manifestación adaptativa de un orden institucional que combina competencia permanente, reglas laxas y liderazgo personalizado.

Desde esta perspectiva, la acumulación de capital político se articula con formas específicas de gubernamentalidad, esto es, los legisladores no sólo responden a mandatos de partido, sino que negocian constantemente su posición en un sistema fluido, en el que la legitimidad se construye tanto dentro como fuera del recinto parlamentario. El reacomodo constante nos invita a cuestionar los supuestos tradicionales sobre representación y disciplina partidaria. A medida que el sistema se vuelve más plural y competitivo, la cohesión interna se debilita. Paradójicamente, la apertura democrática ha intensificado las tensiones al interior de los partidos y ha desdibujado los mecanismos clásicos de control.

Como advierten Mainwaring (1999) y Carey (2009), cuando el control partidario es débil, los legisladores suelen privilegiar sus propias agendas por encima de los objetivos colectivos, lo que termina por erosionar la cohesión interna y dificultar la acción coordinada del partido. México representa un caso paradigmático: el declive del PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), junto con el ascenso de MORENA, ha reconfigurado el equilibrio partidista e introducido incentivos contradictorios dentro del Congreso (Bruhn, 2008). Pero lejos de ser un colapso, este proceso ha abierto paso a nuevas formas de coordinación, menos sustentadas en la cohesión ideológica y más en la acumulación estratégica de capital político. En esa lógica, la reconfiguración de lealtades parlamentarias no aparece como un problema, sino como una práctica sistémica de reposicionamiento en el campo parlamentario.

La fragmentación partidista es un rasgo estructural central para entender tanto la lógica del transfuguismo como su impacto en la representación democrática. Cuando el poder se reparte de forma desigual entre varias fuerzas políticas, los márgenes de maniobra se amplían y la competencia se intensifica. En ese contexto, las decisiones legislativas no obedecen sólo a la línea del partido, sino también a agendas personales, lealtades locales y estrategias de posicionamiento. El reordenamiento de prioridades se acentúa cuando la representación proporcional y la proliferación de nuevos partidos erosionan la cohesión interna de las bancadas y debilitan los mecanismos tradicionales de control disciplinario (Katz y Mair, 2004).

En tales contextos, la movilidad parlamentaria no debe interpretarse exclusivamente como un acto utilitario. Cambiar de grupo parlamentario puede representar una forma de adaptación estratégica frente a la inestabilidad del sistema o al desgaste de los partidos tradicionales. Cuando los partidos pierden legitimidad o atraviesan fracturas internas, el transfuguismo suele aparecer como una forma de reconectar con el electorado, mantener la viabilidad política y responder a demandas ciudadanas ignoradas (Carey y Shugart, 1995). Pero esa misma flexibilidad puede minar la rendición de cuentas, reforzar la imagen de oportunismo o cinismo político y añadir incertidumbre al funcionamiento legislativo (Mainwaring y Scully, 1995).

En este marco, el cambio de grupo parlamentario se sitúa en la intersección entre dos principios en tensión: la autonomía legislativa y la disciplina partidaria. La primera se legitima en nombre de la representación individual y territorial; la segunda, en nombre del programa colectivo y la cohesión institucional. Entonces, lejos de ser irregularidades aisladas, los cambios de bancada reflejan esta contradicción estructural de las democracias fragmentadas, es decir, sistemas donde la representación se negocia constantemente y donde la gobernabilidad depende menos de la estabilidad normativa que de la capacidad para articular alianzas siempre cambiantes.

El caso mexicano refleja esta tensión. La llegada de MORENA como fuerza dominante no sólo transformó el sistema de partidos, sino que activó una serie de movimientos estratégicos al interior del Congreso. La incorporación de legisladores provenientes de otras bancadas no fue un hecho fortuito, sino parte de una maniobra calculada que articuló poder institucional, capital simbólico y negociaciones informales en los márgenes. Este reacomodo no sólo alteró la configuración del poder legislativo, sino que también diluyó las fronteras entre oficialismo y oposición, debilitando los referentes tradicionales de lealtad partidaria (Hernández, 2024).

En resumen, la fragmentación partidista no debe concebirse únicamente como una consecuencia del cambio de partido, sino también como su condición de posibilidad. La movilidad parlamentaria revela cómo se disputa y redefine la noción misma de representación: ya no basta con apelar al mandato formal, pues los legisladores movilizan discursos de legitimidad simbólica para justificar su decisión ante votantes, medios y colegas. En esos relatos, cambiar de partido se plantea como un gesto de coherencia ética, una respuesta responsable ante la ciudadanía o un acto de resistencia frente a partidos que cierran sus filas por adoptar directrices autocráticas.

Esta situación ubica al transfuguismo en el centro mismo del debate sobre lo que entendemos por democracia. Como sugiere Agamben (2004), la soberanía no es un orden cerrado, sino un espacio ambiguo donde las reglas del poder pueden suspenderse, ajustarse o renegociarse.⁷ En ese sentido, el cambio de bancada funciona como una excepción normativa que no ocurre fuera del sistema, sino que revela algunos de sus mecanismos más profundos. La representación deja de ser una relación fija, garantizada por estructuras estables, y se convierte en una práctica dinámica, atravesada por tensiones entre lo institucional y lo informal, entre lo que es legalmente posible y lo que resulta políticamente legítimo.

El transfuguismo no debilita por sí sólo a la democracia; más bien, pone en evidencia sus contradicciones internas. En sistemas multipartidistas, con reglas abiertas y partidos frágiles, los legisladores se mueven dentro de una estructura institucional porosa y flexible, donde las lealtades políticas operan como recursos estratégicos y las decisiones individuales se entretejen con dinámicas colectivas de reconfiguración del poder. En ese escenario, la fragmentación y la deserción política no son fallas, sino parte del modo en que una democracia se adapta y se transforma.

El cambio de partido en México ha dejado de ser una irregularidad ocasional para convertirse en una práctica recurrente en el funcionamiento del Congreso. A lo largo del siglo XX, la hegemonía del PRI impuso un modelo de representación basado en la disciplina vertical, pues los legisladores accedían a cargos por decisión de las cúpulas partidistas y su permanencia en el sistema dependía del cumplimiento estricto de lealtades internas. En ese régimen, cambiar de partido era impensable, no sólo por los costos políticos, sino por la estructura cerrada que articulaba representación, carrera política y acceso a recursos. Sin embargo, el proceso de alternancia iniciado en el año 2000 trastocó dicho orden. La entrada de nuevos partidos, la creciente fragmentación del Congreso y el debilitamiento del control centralizado abrieron espacios para que los legisladores ejercieran mayor autonomía frente a sus dirigencias, configurando un escenario donde el cambio de bancada comenzó a adquirir sentido estratégico (Langston, 2008).

Los datos de las últimas seis legislaturas muestran una tendencia ascendente en la movilidad parlamentaria (véase Tabla 2). Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el transfuguismo se mantuvo en niveles muy bajos pero sostenidos: 4 diputados cambiaron de bancada en la LX Legislatura (0.8 %) y 19 lo hicieron en la siguiente (3.8 %). El fenómeno se intensificó en la presidencia de Enrique Peña Nieto. La LXII Legislatura registró 23 casos (4.6 %) y la LXIII duplicó esa cifra con 57 legisladores tránsfugas (11.4 %), reflejando una pérdida progresiva de cohesión al interior del PRI, y una mayor competencia entre partidos por atraer perfiles con liderazgo regional y capacidad de negociación.

El punto de inflexión se dio con el ascenso de MORENA al poder. En la LXIV Legislatura, 99 diputados cambiaron de bancada, lo que representa el 19.8 % del total. Aunque en la LXV la cifra disminuyó a 55 (11 %), el acumulado sexenal da cuenta de una práctica institucionalizada. En el Senado, el patrón fue igual de pronunciado: 37 senadores —casi el 30 % del total— modificaron su adscripción partidaria, una cifra muy superior a la registrada en los gobiernos previos. El fenómeno no fue resultado del azar ni de decisiones individuales aisladas, sino de una estrategia deliberada de cooptación legislativa que permitió a MORENA ampliar su control del Congreso más allá de los resultados electorales originales (Hernández, 2024, en prensa). En este nuevo equilibrio, la mayoría legislativa no se construyó solamente en las urnas, sino también mediante el reacomodo de alianzas al interior del poder legislativo.

La deserción partidaria, más que reflejo de un déficit democrático, ha funcionado como una válvula de adaptación en un entorno caracterizado por la debilidad estructural de los partidos, la erosión de las reglas no escritas del Congreso y la lógica de supervivencia política que impera en los márgenes institucionales. Lejos de responder a un solo patrón, los motivos para cambiar de partido combinan razones ideológicas, cálculos electorales, conflictos internos, expectativas de liderazgo y búsquedas de mayor margen de gestión local. En muchos casos, los legisladores que cambian de bancada sostienen en sus declaraciones públicas y en entrevistas para esta investigación que lo hacen para representar mejor a sus electores o por la falta de diálogo con sus dirigencias nacionales. Los argumentos sugieren que la deserción a sus partidos iniciales no siempre responde a una lógica de traición, sino que puede leerse como una estrategia de reposicionamiento en un sistema político en permanente transformación.

El caso de MORENA ilustra con claridad cómo la deslealtad partidaria se ha convertido en un mecanismo efectivo para consolidar mayorías en el Congreso, un fenómeno especialmente notorio en la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al incorporar a legisladores de partidos en declive —como el PRI, el PRD⁹ o el PVEM—, no sólo amplió su base legislativa, sino que contribuyó a desdibujar la línea que separa al grupo gobernante de la oposición. La dinámica descrita ha puesto en tensión la noción de representación política, cuestionando la idea de que el mandato está necesariamente vinculado al partido con el que se llegó al cargo. El legislador tránsfuga encarna así una figura ambivalente: criticado desde el discurso partidario sobre todo del bloque opositor, pero funcional en términos de gobernabilidad en un entorno fragmentado.

Esa flexibilidad, sin embargo, tiene sus costos. La movilidad entre bancadas ha dificultado la conformación de mayorías calificadas, necesarias para aprobar las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo. Ejemplos como las reformas energética y electoral —que no prosperaron por falta de votos— lo muestran con claridad. Además, el transfuguismo alimenta el escepticismo ciudadano: muchos lo perciben como oportunismo más que como expresión legítima de representación. Según Latinobarómetro (2024), sólo tres de cada diez personas en México confían en el Congreso, y una de las razones más frecuentes es la distancia entre las promesas de campaña y el actuar legislativo.

Tabla 2.
Número y porcentaje de legisladores tránsfugas (Congreso de la Unión, 2006-2024)

Fuente: Elaboración propia con información de la CDD y de la CDS (varios años). El porcentaje se calcula con base en el total de escaños de cada cámara: 500 en la de Diputados y 128 en la de Senadores* El número entre paréntesis es la cantidad acumulada de cambios partidarios de las dos cámaras del Congreso.

En este contexto, la movilidad parlamentaria expone una tensión de fondo en las democracias representativas: la que enfrenta al mandato partidario con la autonomía del legislador. En medio de un multipartidismo inestable, ambiciones individuales y débiles anclajes programáticos, cambiar de bancada deja de ser una excepción y se vuelve parte del juego. El legislador ya no es sólo portavoz de su partido, sino un actor con margen de maniobra que negocia, acumula capital simbólico y redefine su posición en un Congreso donde las fronteras se diluyen. Comprender esa figura no significa justificarla, pero sí asumir que, bajo las condiciones actuales, es un síntoma estructural del modo en que se ejerce el poder legislativo en México.

Este apartado se centra en la primera dimensión analítica del transfuguismo: la reconfiguración de alianzas y los márgenes institucionales donde se disputan las posiciones de poder legislativo. Más allá de representar una simple ruptura con la disciplina partidaria, el cambio de bancada se inscribe en dinámicas más amplias de negociación política que tienen lugar en los márgenes del Congreso. Lejos de ser zonas periféricas o excepcionales, estos márgenes forman parte del corazón del sistema político, ya que es ahí donde los legisladores negocian influencia, reacomodan alianzas y ensayan arreglos que tensan las reglas sin necesariamente quebrarlas. En este contexto, el transfuguismo no responde sólo a decisiones individuales o a cálculos personales, sino que se articula con una red de incentivos estructurales que habilita nuevas formas de agencia legislativa.

Uno de los elementos que explica la relevancia de estos márgenes es la fragmentación del sistema de partidos y la debilidad persistente de los mecanismos internos de control. Aunque diversas fuerzas políticas han buscado limitar la movilidad con reglamentos o sanciones simbólicas, estas medidas han resultado poco efectivas. La posibilidad de desertar sin mayores costos convierte a la disciplina partidaria en una frontera porosa, sujeta a tensiones constantes. En ese escenario, el transfuguismo no solo es una vía de salida: también es una herramienta de presión, una táctica para ganar protagonismo o una forma de escalar posiciones dentro de un Congreso en permanente reacomodo.

Las entrevistas recabadas para este estudio dan cuenta de que, más allá de la búsqueda de sobrevivencia política —como sugiere la tipología de la ambición política propuesta por Schlesinger (1966)—,¹⁰ muchos legisladores conciben el cambio de bancada como un mecanismo para ampliar sus márgenes de acción. Un diputado que dejó MORENA para integrarse a Movimiento Ciudadano relató:

Movimiento Ciudadano tiene una agenda muy progresista. Incluso tuve mayor apertura para presentar mis iniciativas y de aquéllas surgidas en mi distrito, en comparación con lo que ocurría en MORENA. Obviamente, como partido en el poder, sí se podían modificar muchas cosas, pero MORENA solía limitar la presentación de ciertas propuestas, especialmente aquéllas que podían tener un impacto presupuestal. En Movimiento Ciudadano tuvimos total libertad para impulsarlas. (Entrevista 14, comunicación personal, 22 de agosto de 2024)

El testimonio sugiere que, en muchos casos, el cambio de partido no responde a grandes diferencias ideológicas, sino a barreras internas que dificultan el trabajo legislativo y limitan la capacidad de representar con eficacia a la ciudadanía. En ese contexto, cambiar de bancada se vuelve menos una ruptura y más una estrategia de continuidad: una forma de capitalizar lo ya construido para mantenerse vigente en un entorno político que demanda adaptabilidad, visión estratégica y una lectura precisa del momento.

La interpretación anterior también encuentra sustento en el análisis cuantitativo de las legislaturas LXII a LXV, que comprenden el período de 2012 a 2024. Los datos muestran que los partidos con estructuras más laxas y menor cohesión interna —como el PRD, el PVEM o el PRI— concentran los mayores niveles de transfuguismo. En la LXIV Legislatura (2018-2024), por ejemplo, el PRD perdió al 60 % de sus diputados, mientras que MORENA incorporó a más de 30 legisladores provenientes de otras bancadas (CDD, 2024). La decisión del legislador se acompaña de beneficios materiales y simbólicos: en muchos casos, aquellos que cambiaron de bancada accedieron a presidencias de comisión, cargos de coordinación o posiciones estratégicas en la agenda parlamentaria, como han documentado medios como El Norte (Salazar, 2017), El Universal ( Jiménez y García, 2020; Gómez y Merlos, 2007) y El Siglo de Torreón (Agencias, 2020). De este modo, tanto los testimonios como los datos cuantitativos y el tratamiento mediático coinciden en señalar que el transfuguismo legislativo no es un hecho aislado ni meramente anecdótico. Se trata, más bien, de la expresión de una lógica estructural que responde a las dinámicas internas del Congreso y a la forma en que se ejerce el poder en su interior.

Los márgenes legislativos operan también como espacios de experimentación institucional, donde se ensayan formas emergentes de coalición, se ponen a prueba lealtades y se reconfigura el equilibrio del poder sin necesidad de modificar el marco constitucional. Un caso ilustrativo tuvo lugar en la LXIV Legislatura, cuando el Partido del Trabajo logró disputar la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados. Al sumar a legisladores como Mauricio Toledo y Héctor Serrano —ambos provenientes del PRD—, el Partido del Trabajo (PT) superó momentáneamente al PRI en número de escaños y logró colocarse como tercera fuerza parlamentaria.¹¹ La maniobra, documentada por El Siglo de Torreón (Agencias, 2020), muestra que la cooptación legislativa no sólo obedece a decisiones individuales, sino también a estrategias diseñadas desde las dirigencias partidarias que operan en estos márgenes para reconfigurar el tablero político del Congreso.

A nivel representativo, la deserción partidaria también interpela la relación entre legisladores y ciudadanía. Si bien algunos congresistas justifican su decisión de transfugar como una respuesta a la ineficacia de sus partidos para canalizar agendas locales, otros la presentan como una forma de fortalecer su capacidad de gestión. Un académico entrevistado explicó:

Hemos visto que hay legisladores que, siendo del mismo distrito, compiten por otro partido y aun así ganan. Es decir, ya cuentan con una base electoral personalizada, sin importar el emblema bajo el cual se postulen. (Entrevista 08, comunicación personal, 16 de julio de 2024)

Esta afirmación abre una pregunta clave: ¿sigue siendo el partido político el principal anclaje de la representación democrática o estamos asistiendo a una creciente personalización del mandato legislativo? Aunque los discursos mediáticos tienden a denunciar el transfuguismo como traición al electorado (v. gr., De la Peña, 2024), lo cierto es que muchos votantes premian trayectorias individuales por encima de las etiquetas partidistas, sobre todo en contextos donde los partidos han perdido capacidad de articulación y liderazgo.

En definitiva, los márgenes legislativos no son espacios marginales; en realidad son zonas donde se reorganiza el poder parlamentario, se trazan nuevas coaliciones y se produce una reconfiguración constante del sistema político. La movilidad legislativa, entendida como expresión de estas dinámicas, no puede seguir leyéndose exclusivamente como disfuncionalidad o falla. En el contexto mexicano contemporáneo constituye un mecanismo estructural de adaptación a un sistema de partidos frágil, una representación en transformación y una gobernabilidad cada vez más negociada. La defección partidaria, al operar en los márgenes, no cancela la democracia: revela su naturaleza conflictiva, inestable y en disputa.

En esta sección se aborda la segunda dimensión analítica: las tensiones que el transfuguismo genera en la legitimidad representativa, particularmente en la relación entre legisladores, partidos y ciudadanía. En el caso mexicano, la fragmentación partidista no sólo ha definido el funcionamiento del Congreso, sino que ha habilitado condiciones propicias para que el cambio de militancia legislativa se normalice como una práctica institucional. Conforme los partidos tradicionales —especialmente el PRI y el PRD— comenzaron a perder densidad programática y cohesión organizativa, las fronteras partidarias se tornaron más porosas. En ese entorno, el cambio de bancada dejó de ser un evento aislado y ocasional para convertirse en una vía plausible de reposicionamiento político, un recurso legítimo —aunque polémico— para adaptarse a la inestabilidad del sistema.

Desde las reformas políticas de los años noventa, el sistema electoral mexicano ha incentivado la representación proporcional y el ingreso de nuevas fuerzas al Congreso. Aunque esta dinámica ha ampliado la pluralidad de voces en el Congreso, también ha vuelto más difícil la toma de decisiones y ha mermado la disciplina interna de los partidos. La competencia por atraer legisladores de otras bancadas ha debilitado los mecanismos de contención, abaratando los costos del cambio de grupo. Al final, lo que está en juego no es sólo la construcción de mayorías, sino la capacidad de los partidos para preservar su identidad, sostener su cohesión y mantener un vínculo representativo con la ciudadanía.

Uno de los efectos más visibles de esta erosión es la desconexión entre dirigencias partidarias y legisladores. La incapacidad para procesar diferencias internas, atender demandas territoriales o canalizar agendas sectoriales ha debilitado la intermediación partidaria. En muchos casos, las decisiones se centralizan verticalmente y se adoptan con escasa deliberación, como señaló una exlegisladora entrevistada:

Son liderazgos altamente jerárquicos y verticales, con un control total sobre la toma de decisiones, que impiden una discusión abierta. Aunque las decisiones se someten a votación y cuentan con el refrendo de las asambleas, en realidad no existen espacios genuinos de deliberación. (Entrevista 01, comunicación personal, 12 de junio de 2024)

Ante esta rigidez organizativa, diversos legisladores optan por migrar a partidos más abiertos o menos jerarquizados, donde puedan reconstruir su capital político sin los límites impuestos por aparatos verticales y cerrados. De esta manera, el transfuguismo emerge no sólo como cálculo individual, sino como respuesta a un entorno partidario disfuncional.

La fragmentación del sistema de partidos también ha dificultado la formación de sólidas mayorías legislativas. El análisis de las votaciones en reformas constitucionales muestra que los legisladores tránsfugas han operado como votantes bisagra. Su participación ha sido clave tanto para aprobar reformas —como la energética de 2013— como para bloquearlas, como ocurrió con la electoral de 2022 (Hernández, en prensa). Esta posición, no prevista en el diseño institucional, encarece la negociación política y deja a los partidos expuestos a lealtades inestables. En consecuencia, se debilita la capacidad operativa del Congreso y se consolida una dinámica legislativa atravesada por la incertidumbre y la fragmentación.

No obstante, algunos legisladores reivindican el cambio de bancada como una expresión de autonomía y como un acto de congruencia frente a estructuras partidarias que consideran opresivas. Así lo expresó uno de los entrevistados:

Fui el primer diputado del bloque mayoritario, de la bancada en el poder y del partido gobernante que decidió romper con el poder, con todo lo que eso implica. Para mí, era más importante mantenerme congruente con mis ideales y con lo que quiero construir como proyecto de vida, que permanecer a la sombra del poder en silencio a cambio de prebendas y beneficios particulares. Nunca ha sido ese mi modo de actuar. Aunque sabía que tendría implicaciones fuertes, tomé la decisión como un acto de congruencia para sostener los valores que me llevaron a participar en la vida pública de mi municipio, del Estado y del país. (Entrevista 14, comunicación personal, 22 de agosto de 2024)

La narrativa citada revela un modelo de representación cada vez más centrado en la figura del legislador, donde la legitimidad se construye no sólo a partir de la afiliación partidaria, sino también de la trayectoria personal y la relación directa con los votantes. Esta forma de representación, sin embargo, deja zonas grises en cuanto a la rendición de cuentas y la lealtad programática, dos pilares esenciales de toda democracia representativa.

El caso de MORENA resulta especialmente revelador. Desde 2018, ha incorporado a legisladores del PRI, PRD, Partido Acción Nacional (PAN) e incluso de aliados como el PT y el extinto Partido Encuentro Solidario (PES), fortaleciendo su mayoría en el Congreso a través de mecanismos de cooptación. Tal capacidad para absorber nuevos actores le ha permitido consolidar su hegemonía legislativa sin pasar por nuevas elecciones, modificando de facto el equilibrio entre representación y pluralismo. No obstante, dicha expansión también ha traído tensiones internas, pues la incorporación de perfiles con trayectorias dispares ha dificultado la cohesión ideológica del grupo parlamentario (v. gr., Aguilar, 2024). En consecuencia, la heterogeneidad interna obliga a redefinir los mecanismos de coordinación, al tiempo que revela la fragilidad de los vínculos partidarios en un sistema donde la unidad se sostiene más por incentivos coyunturales que por afinidades ideológicas estructurales.

En ese contexto, la deserción parlamentaria no puede entenderse como excepción, sino como parte constitutiva de un sistema en constante reconfiguración. La fragmentación, la debilidad organizativa de los partidos y la personalización de la representación han convertido a los márgenes legislativos en zonas donde se disputan no sólo cargos o posiciones, sino los propios términos de la representación democrática. El reacomodo estratégico en el espectro legislativo, en este sentido, no actúa fuera del sistema: lo revela y lo reconfigura desde dentro.

Finalmente, este apartado aborda la tercera dimensión del transfuguismo legislativo: su papel como estrategia para acumular capital político y simbólico. Desde la teoría de campos de Pierre Bourdieu (2007), el cambio de partido se entiende como una maniobra que busca reposicionar al legislador dentro del espacio parlamentario. No se trata únicamente de un movimiento formal entre bancadas, sino de una apuesta por ganar visibilidad, ampliar redes de respaldo y consolidar una trayectoria en un entorno donde la competencia es constante. En ese tránsito, los legisladores activan recursos previamente acumulados —como reconocimiento público, presencia en sus distritos o conexiones con élites locales— que no sólo les aseguran continuidad política, sino que potencian su capacidad de influir en las decisiones legislativas.

La lógica anterior resulta clara en el caso mexicano. Entre 2006 y 2024, cuatro de cada diez legisladores que cambiaron de grupo parlamentario accedieron al Congreso por partidos minoritarios como el PT, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o Movimiento Ciudadano (Hernández, en prensa). Más que expresar una convicción ideológica clara, estas fuerzas partidistas funcionaron como estaciones de paso desde donde los legisladores revaluaban su lugar y redefinían su pertenencia política. No se trató de una transformación doctrinaria, sino de una estrategia pragmática orientada al posicionamiento personal y al aprovechamiento del contexto. En ese sentido, el transfuguismo no es un problema, sino una táctica recurrente para reconstruir poder desde los márgenes, en medio de una institucionalidad frágil.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el cambio de partido adquirió un nuevo cariz. En su ascenso como fuerza dominante en el Congreso, MORENA no sólo capitalizó sus victorias electorales, sino que incorporó a legisladores provenientes de partidos tradicionales. Uno de cada cuatro parlamentarios que cambió de bancada en ese período terminó en sus filas. Esta movilidad no sólo amplió su base legislativa, sino que le permitió consolidar una mayoría sin necesidad de recurrir nuevamente a las urnas. La estrategia de cooptación no sólo fortaleció el control del Ejecutivo sobre el Congreso, sino que modificó las reglas informales de la negociación legislativa, favoreciendo a quienes supieron reposicionarse con mayor oportunidad.

En el plano subnacional, la movilidad parlamentaria también ha moldeado la disputa por el poder. El reacomodo partidario ha influido en la distribución de recursos, en la configuración de coaliciones locales y en la reproducción de élites regionales. Distintos reportes periodísticos han mostrado que muchos legisladores cambian de partido sin modificar sus bases territoriales ni las agendas que promueven. Esto revela la fragilidad de las identidades partidarias en México y el creciente peso de una representación basada en intereses personales más que en afinidades ideológicas (ADNPolítico, 2023). En tal escenario, la deserción política no sólo refleja esa debilidad, sino que también funciona como una forma de adaptación en un sistema partidario fragmentado y en constante transformación.

No obstante, varios legisladores justifican su decisión de cambiar de partido apelando a razones de representación democrática. Argumentan que la lealtad a una bancada no debe prevalecer sobre la fidelidad a los principios que motivaron su postulación o a los compromisos adquiridos con su electorado. Como expresó un diputado entrevistado:

Si el partido que lo postuló falla a su declaración de principios o a los objetivos que motivaron su candidatura, entonces, en un acto de congruencia, la persona electa debe tomar una decisión y no permanecer atada a ese partido sólo por obligación. (Entrevista 14, comunicación personal, 22 de agosto de 2024)

La declaración anterior no debe leerse sólo como apego a las normas, sino como parte de una estrategia de reposicionamiento. El discurso sobre la congruencia política suele ir de la mano con el intento de preservar o ampliar el capital acumulado. En este sentido, el transfuguismo no rompe el orden institucional, pero sí se despliega en sus márgenes: ahí donde las ambigüedades legales y los vacíos normativos permiten ajustar las reglas sin necesidad de quebrarlas. Al hacerlo, reconfigura el equilibrio de fuerzas en el Congreso, altera el funcionamiento del sistema de partidos y transforma la dinámica de la representación en una práctica marcada por la adaptabilidad y el cálculo político.

En suma, el realineamiento de bancada se despliega como una estrategia de gestión del poder que combina lo simbólico y lo material. Su lógica no reside sólo en el acceso a cargos o beneficios inmediatos, sino en la capacidad para sostener una trayectoria política en un entorno volátil, donde las reglas son flexibles, los incentivos cambiantes y la legitimidad se disputa en múltiples planos: el institucional, el discursivo y el territorial. Esta lectura permite entender la defección partidaria como una forma situada de ejercer agencia en los márgenes del sistema político.