Introducción

La presencia de izquierdas antisistema es un factor diferenciador para entender el descontento social; teóricamente, éstas, en sus múltiples formas, encausan y dotan de rumbo específico al antagonismo. Desde la centenaria concepción leninista de organización, dibujada en una oda técnica por Trotsky como “el pistón de la máquina de vapor”, las izquierdas que buscan una ruptura con el capitalismo impregnan de direccionalidad y profundidad distintiva al conflicto social. Identificar proyectos y alcances de estas izquierdas ilumina, en parte, su vitalidad y desempeño dentro de movimientos sociales y luchas sectoriales. También puede llevar al análisis crepuscular.¹ En cualquier caso, su presencia y fortaleza verifica o desmiente, caracteriza y complejiza un escenario político, así como el alcance de sus dinámicas de participación política y movilización social. Entendida de forma diferenciada de otras denominaciones (ultraizquierdas, izquierdas radicales) de la oposición por la izquierda a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre 2012-2018, la izquierda anticapitalista en este artículo refiere a las organizaciones políticas que buscan un reordenamiento radical con justicia económica y social.

Las tres organizaciones que se analizan toman como vía de incidencia la autoconstrucción junto con la participación dentro de movimientos sociales amplios. El lugar de estas izquierdas puede cartografiarse según lo planteado por Norberto Bobbio (1995), quien define la persistencia de la diada izquierda-derecha en el espectro político como dividida por su aspiración a la igualdad; asimismo, sostiene que “el criterio para distinguir el ala moderada de la extremista, tanto en la derecha como en la izquierda, es la distinta actitud frente a la libertad, se puede distribuir esquemáticamente el espectro donde se ubique” (p. 162).

La tipología que propone Bobbio permite ubicar a las izquierdas que están por fuera del gobierno. Basado en el best seller, el plano político ubica cuatro cuadriles bajo el eje horizontal Igualitarismo-Orden y el vertical Libertad-Autoridad. Cartografiar este espectro político postsoviético permite visualizar dónde se ubican doctrinas y movimientos políticos identificados con la “extrema izquierda”, notando que, en la clasificación del politólogo italiano hecha hace treinta años, el cuadril IV, circunscrito entre el igualitarismo y la libertad, se encuentra vacío.

Figura 1

Figura 1
Fuente: Elaboración propia apartir de Bobbio (1995)

El presente artículo analiza el contenido que distintas organizaciones de izquierda anticapitalista dieron a iniciativas para la repartición de la riqueza en México. Dichas propuestas contenidas en sus programas políticos son diferenciadoras por la izquierda respecto al primer gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) encabezado por AMLO, lo que, en perspectiva, les permitiría aglutinar mayor fuerza ante una virtual institucionalización de un nuevo régimen o hegemonía, como han diagnosticado analistas de este periodo y de estas izquierdas (Illades, 2024; Modonesi, 2023a, 2023b).

AMLO llegó a la presidencia de México después de dos intentos (2006 y 2012) con un triunfo contundente del 53 % de los votos (poco más de treinta millones), frente a los partidos tradicionales de la vida política mexicana desde la autodenominada “alternancia democrática” —Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI)—. Con promesas redistributivas signadas en el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, el triunfo electoral del político tabasqueño marcó una inflexión en la vida política mexicana. Con un discurso grandilocuente, inusitado hasta ese momento, denominó que el país estaba viviendo la Cuarta Transformación (4T) de la vida pública de México, tras la Independencia, las Leyes de Reforma y la Revolución mexicana.

El presente artículo se compone de tres apartados y una reflexión final. El primero se centra en describir el panorama de la recaudación fiscal en México y su vínculo con las izquierdas, justificando por qué es un ámbito de oportunidad para proponer soluciones potencialmente radicales, tangibles e inmediatas para cambiar la distribución inequitativa de la riqueza en el país. En segundo lugar, se analiza la categoría “izquierda anticapitalista” como una que prioriza el ordenamiento clasista frente a otras conceptualizaciones como izquierdas radicales y ultraizquierdas, las cuales se han formulado recientemente para describir a las oposiciones por la izquierda al gobierno de AMLO. En el tercer inciso, se presentan los resultados del análisis sobre las propuestas de tres organizaciones de izquierda anticapitalista —el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido Comunista de México (PCdM)— en torno a una reforma fiscal para la redistribución de la riqueza. En las reflexiones finales, se apuntala un balance sobre la disputa por la riqueza social en el periodo 2012-2018, el lugar de las izquierdas anticapitalistas en él, y el horizonte que se vislumbra respecto a este tema en el segundo periodo de gobierno de Morena.

Las fuentes de información para este texto fueron declaraciones, seguimiento hemerográfico y etnografía digital de las organizaciones de izquierda anticapitalista.

Reforma fiscal y política en México

El partido en el poder político en México durante el sexenio 2012-2018 se distinguió de sus predecesores por el énfasis programático en el combate a la pobreza, contrario a las llamadas “políticas neoliberales” de privatización de bienes públicos y a la extendida corrupción que generaron. Si bien Morena, en su primer sexenio, focalizó los procesos de redistribución en transferencias directas vía programas sociales y aumentos sostenidos del salario mínimo, combatiendo la desigualdad primordialmente por estos medios, su programa político vigente en 2024 también abordó la justicia fiscal.

Un nuevo modelo económico que acabe con los privilegios fiscales. La injusticia fiscal profundiza la desigualdad social. Las grandes empresas gozan de privilegios fiscales y casi no pagan impuestos mientras la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, profesionistas, pequeños y medianas [sic] empresarios y comerciantes. […] Que las grandes corporaciones y los más ricos del país, paguen más. (Morena, 2011)²

Efectivamente, al finalizar el sexenio obradorista, quedó claro que el pago de impuestos sobre las grandes fortunas se convirtió en una disputa política. El conflicto entre el gobierno federal y el empresario de las telecomunicaciones, remesas, tiendas departamentales y servicios financieros para pobres en México y Centroamérica —bajo préstamos con costo anual promedio (CAT) de 75.3 antes de IVA para mediados de 2023—, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, no sólo fue un escándalo mediático que alteró lo que, hasta ese momento, parecía una sólida relación con el presidente López Obrador en el seno del consejo asesor empresarial de la presidencia,³ sino una ventana para asomarse al muy deficiente marco impositivo y recaudatorio del fisco mexicano. ¿Cómo es posible que un Estado pueda prescindir de cobrar impuestos durante más de diez años al propietario de una de las mayores fortunas del país?⁴

El adeudo de Salinas Pliego acumulado entre 2008 y 2018, por cuatro empresas y diecisiete juicios, ascendió a 63 000 millones de pesos (Forbes Staff, 2024); aunque su resolución formal se dirimirá en los entes administrativo-legales del Servicio de Administración Tributaria (SAT)⁵, el alcance de su oposición es tal vez el desafío por la derecha más grande que tuvo AMLO como presidente. El conflicto se vehiculó a partir del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación para grandes contribuyentes, el cual posibilitó cobrar adeudos tributarios de manera retroactiva. Martínez Dagnino, director del SAT al finalizar el sexenio, fue uno de los cinco funcionarios del gobierno federal que diseñaron el Plan Maestro implementado después de mayo de 2019, cuando AMLO firmó un decreto que finalizaba la condonación de impuestos a empresas (Ávila Muñoz, 2019).

La alta exposición mediática y los recursos de Salinas Pliego, junto con la sensible bandera del rechazo al pago de impuestos por parte de los sectores medios con ingresos registrados, generaron un prometedor caldo de cultivo para la ultraderecha mexicana.⁶

La recaudación fiscal en México, al final del sexenio, equivalía a entre el 16 % y el 17 % del producto interno bruto (PIB); es decir, menos de una quinta parte de la riqueza generada cada año. El promedio latinoamericano es del 22 %, mientras que la media de los países del norte global es del 34 %, por lo cual México continúa siendo una “anomalía fiscal” por su baja recaudación, a pesar de ser un país de ingresos medios y la duodécima economía a nivel mundial (Redacción Revista Común, 2024).

El margen de ganancia de los grandes burgueses en México es la otra pinza que cierra la muy desigual distribución de la riqueza en el país. El informe de OXFAM México (2024), publicado a finales de enero del año pasado, muestra cómo la fortuna de los catorce ultrarricos mexicanos —aquéllos con más de mil millones de dólares— casi se duplicó desde inicios de 2020; especialmente la de Carlos Slim:

Carlos Slim es hoy el hombre más rico de la región, con una fortuna mayor que los otros 13 ultrarricos mexicanos juntos. La fortuna conjunta de Carlos Slim y Germán Larrea creció en 70 % durante los últimos cuatro años, hasta representar casi seis de cada 100 pesos de la riqueza privada en el país, cifra equivalente a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe —unas [sic] 334 millones de personas. (OXFAM México, 2024, p. 1)

El hombre más rico de la región no dudó en calificar este informe como “una estupidez” en una larga conferencia de prensa —rara práctica en el multimillonario— el 13 de febrero de 2024 (carloslimvideoficial, 2024). Dijo que vincular el PIB de una nación con el capital de una empresa considerándola como patrimonio, “ligando el PIB sin considerar la riqueza que producen las empresas estatales”, es un mal cálculo que desacredita al empresario; y remató: “Lo que hay que distribuir no es la riqueza. Si se habla de distribuir la riqueza, como dice el gobierno, que distribuyan las acciones de Pemex; ésa es la riqueza del pueblo. ¿De quién es Pemex? Del pueblo”.⁷ La figura 2, extraída del informe de OXFAM México (2024), revela la concentración de la riqueza de los ultrarricos en México.

Figura 2
Fuente: OXFAM México (2024, p. 3)

El cenit de la arquitectura estatal de la desigualdad mexicana lo constituye el análisis de las vías por las cuales se recaudan impuestos. Matari Pierre (2023) afirma que, hacia la segunda mitad de la década de 2010, en América Latina, los impuestos al consumo representaban casi la mitad de la recaudación; los impuestos a la renta y utilidades, el 28 %, y las contribuciones a la seguridad social, el 15 %. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —de los cuales México y Chile son los únicos miembros plenos en América Latina—, la proporción es del 31 % en impuestos al consumo, 33 % en rentas y utilidades y 27 % en seguridad social. Esto lleva a Pierre a una lacónica conclusión: “Ahora bien, si América Latina es la región con la carga tributaria la [sic] más baja del mundo y la estructura fiscal más regresiva, la mexicana es la más regresiva de la región” (p. 138). El mismo autor plantea que, más que las tendencias globales del capitalismo financiero actual, “la particularidad de la cuestión tributaria en México” proviene de la importancia de los recursos rentistas como impuestos directos al consumo para sus ingresos públicos (p. 138). Sobre este entendido, Pierre describe dos orientaciones generales de la política tributaria durante el sexenio 2018-2024:

1) la conservación de la estructura de recaudación heredada; 2) la lucha contra los “nichos” fiscales. Mientras la primera reafirma el statu quo, la segunda devela indirectamente la importancia de la práctica de la elusión fiscal entre la burguesía y de las élites del país. (p. 138)

La figura 3 grafica la recaudación fiscal en este sexenio.

Figura 3.
Ingresos Tributarios netos, 2018-2024 (millones de pesos y variación porcentual real)
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2024, p. 3)

Un gran contribuyente en México es aquél que registra ingresos anuales a partir de 1 500 millones de pesos. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2024), existen 12 857 contribuyentes en esa categoría —flanqueando a los catorce hombres superricos arriba mencionados—. Estos contribuyentes serían susceptibles a una mayor carga fiscal para mejorar el equilibrio en la recaudación de impuestos directos (IVA, ISR). La coincidencia sobre el diagnóstico fiscal de México es clara: es uno de los países que menos impuestos cobra a los más ricos y uno de los más desiguales de la región. Esta situación con la concentración de la riqueza, lejos de cambiar durante el sexenio obradorista, se agudizó.

Bajo este panorama, un análisis claro sobre la distribución de la riqueza en México, junto con propuestas políticas para cambiar esta desigual distribución, sería esencial para las formaciones de izquierda que buscan un cambio social de fondo. Mas aún, los diagnósticos alternativos sobre la mala distribución de la riqueza en México servirían de base para propuestas diferenciadoras del gobierno federal, ya que, como es consabido, la visión obradorista es que el origen de la desigualdad está en la corrupción (sobre todo al interior del Estado).

Ultraizquierdas, izquierdas radicales e izquierdas anticapitalistas

En una de sus recientes valoraciones sobre el momento político actual, con el crecimiento de las ultraderechas y el balance sobre los gobiernos progresistas en América Latina, Álvaro García Linera valora que la distribución de la riqueza está en el centro de las disputas:

El dinero es hoy el elemental, el básico, el clásico, el tradicional problema económico y político del presente. En tiempos de crisis, la economía manda, punto. Resuelve ese primer problema y luego el resto. Estamos en un tiempo histórico en que surge el progresismo y las extremas derechas, y decae la centroderecha clásica neoliberal, tradicional, universalista. ¿Por qué? Por la economía. Es la economía, señores, la que ocupa el centro de mando de la realidad. El progresismo, las izquierdas y las propuestas que vengan del lado popular tienen que resolver en primer lugar ese problema. (Ospina Posse, 2024)

México es un caso contraintuitivo dentro del actual fenómeno de derechización regional y mundial. Si bien sus tiempos dislocados del escenario latinoamericano no excluyen que estas condiciones diferenciales actúen como mecanismos de transferencia en la repartición de riquezas y cimienten conflictos más allá (Ospina Posse, 2024). Ello ocurrió en un sexenio en el cual el peso de los programas sociales, el presupuesto del Ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como el puntual pago de la deuda externa no disminuyeron y constituyen una herencia presupuestal demandante de la presidencia de AMLO para el erario público.

Además, en perspectiva regional, vale la pena recordar que ningún proyecto progresista en la región ha permanecido en el gobierno más de un mandato hasta ahora y muchos sí han padecido escenarios adversos a raíz del intento de aumentar la recaudación sin tocar las grandes fortunas. Por ejemplo, lo que sucedió en Brasil en 2013, con el intento de reforma fiscal, seguido de los tarifazos en el transporte público, o lo acontecido a raíz de la política fiscal de Alberto Fernández en su último periodo en Argentina, con hiperinflación agravada en la postpandemia. Adelman y Pryluka (2024) afirman que una de las falencias fundamentales de los gobiernos progresistas en América Latina hasta el momento ha sido la imposibilidad de establecer reformas fiscales progresivas.

Los diagnósticos sobre las izquierdas a la izquierda del gobierno mexicano enfrentan una serie de dificultades para realizarse. Primero, una invisibilización evidente, valga el oxímoron. Por un lado, está su negación desde el púlpito presidencial como “conservadores de izquierda” y obstáculos para la transformación; por otro, su supuesta escala muy pequeña las hace a priori más difíciles de rastrear como sujetos con posibilidad de iniciativa política autónoma con repercusiones (Modonesi, 2003).⁸

Parte de esa paradoja es que la interrogante general abierta a raíz del triunfo electoral sobre qué es la izquierda y cuáles son sus postulados para el México de la segunda década del siglo XXI han llamado la atención de los análisis académicos. Lo que surgió de inmediato en el panorama mexicano en 2018, con el triunfo holgado de López Obrador, fueron nuevas propuestas de demarcaciones para la geometría política del país. Si bien la pregunta sobre la conformación y trayectoria del sistema político mexicano es un género en sí mismo, tras 2018 se ha convertido en un éxito de ventas centrado en un hombre.⁹ Tras la victoria electoral de Morena, los debates han girado en torno a encuadrar o descuadrar la gestión de AMLO dentro de los parámetros de las izquierdas. Así, la pregunta se traslada hacia los tipos, programas y genealogías de las izquierdas en México.

Castañeda y Ortega Juárez (2023) optaron por una separación histórica ad hoc para localizar al lopezobradorismo entendido como el movimiento amplio que lo llevó al poder. Lo presentan como un hiato entre la izquierda nacionalista que tuvo su génesis y líneas maestras del proyecto nacional en la Revolución mexicana, y la “izquierda independiente” al poder político que hizo de su condición virtud —y que, para los autores, fue construyéndose desde hace cuarenta años en lo que engloban como reivindicaciones postmateriales—.¹⁰ La izquierda independiente que imaginan Castañeda y Ortega Juárez, lejos de los análisis de juventud del excanciller sobre la presencia del capital financiero en el país, tendría la opción de construirse en una izquierda moderna que, a falta de espacio ideológico para una socialdemocracia mexicana, se asimilaría a “Movimiento Ciudadano, que aspira a eso” (p. 159).

Illades abrió un espacio de análisis al principio del sexenio con reservado optimismo en la Vuelta a la izquierda (Illades, 2020), que evolucionó hacia una explicación de la esperanza desestimada y desperdiciada que se plasma en La revolución imaginaria (Illades, 2024). Para el historiador, la inflexión durante el sexenio respondería a una combinación de varios factores, entre ellos la continuidad del militarismo, la infravaloración de la educación y la ciencia, las “pulsiones autoritarias”, “la guerra a las clases medias”, un estilo populista de gobernar y, de manera estructural, una continuidad con leves modificaciones en la distribución de la riqueza entre las clases.

La 4T no planteó la redistribución de la riqueza con base en reordenar la relación del capital con el trabajo o en expropiar al capital privado, ni tampoco por medio de una reforma fiscal progre- siva que gravara a los deciles más altos de la población para devolver los recursos captados al resto de la sociedad a través del gasto público (transferencias directas, subsidios, becas) o emplearlos en beneficio del interés colectivo (seguridad, educación, servicios). Salvo las empresas morosas con el fisco, a los grandes capitales (incluida la economía criminal) prácticamente no los tocó la administración federal. (Illades, 2024. p. 81)

Illades, para poder historiar la izquierda mexicana, reconoce tres grandes corrientes que la estructuran a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI: la nacionalista, la romántica socialcristiana y la socialista. Entre la historia del tiempo presente y el ensayo político, el profesor de la UAM Cuajimalpa delinea la complejidad interna de cada uno de estos afluentes, los cuales cuentan con valores, repertorios de acción, sujetos y horizontes de futuro bien diferenciados. El reconocimiento de estos ecosistemas de izquierdas lo lleva, junto con Rafael Mondragón, a reconstruir la conformación de las izquierdas radicales anarquistas y nihilistas posmodernas que en el siglo XXI experimentan, según los autores, un momento de bonanza en sus propios términos (Illades y Mondragón, 2023). Esa misma óptica reconoce los trasvases entre las corrientes, así como las posibles fugas del campo político de izquierdas.¹¹

Entre las formas de englobar los comportamientos y horizontes de las izquierdas recientemente se han barajeado las categorías ultraizquierdas, izquierdas radicales e izquierdas anticapitalistas. El término ultraizquierda tiene un valor del cual las otras dos categorías carecen: su capacidad de reformulación de su sentido mismo de pertenencia y autoconstrucción de una genealogía propia en el actual contexto postsoviético.

La denominación ultraizquierda —a diferencia de izquierdas radicales y anticapitalistas— emergió de grupos anarquistas que vivieron intensamente el periodo de conflictividad hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Después de esos años, quienes se adscriben en ella ubican una dispersión: “hemos pensado que el verdadero punto de inflexión en los grupúsculos radicales fue el año 2014, cuando la Coordinadora Anticapitalista se disolvió en el contexto de las movilizaciones contra la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa” (Ortega, 2022, p. 4). Estos grupos tuvieron momentos de reflexión y autocrítica “tras el caótico repliegue”: las rupturas con el anarquismo de Guadalajara en 2016 y la impresión de libros en Monterrey.

En cuanto a éstos últimos, en Ni transición, ni consciencia, ni organización. Introducción a la historia crítica del comunismo contemporáneo (Juárez y Ortega, 2020), se plantea un marco teórico para resolver problemas políticos a partir del estado de aislamiento y dispersión, condiciones que se hicieron más evidentes con sublevaciones espontáneas como la acontecida en Monterrey el 5 de enero de 2017 contra los aumentos de tarifas en el precio de los combustibles, los conocidos como gasolinazos al final del sexenio de Enrique Peña Nieto (Juárez y Ortega, 2020. p. 7). Las dos cuestiones por resolver, a manera de pregunta, eran:

en qué medida (la transición del periodo de dominación formal del modo de producción capitalista al periodo de la dominación real) se combina con formas sociales precapitalistas y qué determinación pone esa combinación en el desarrollo de países como México en el marco del mercado mundial y los ciclos internacionales de lucha […] 2) recuperar la historia de los personajes y grupúsculos (de ultraizquierda revolucionaria y realizar la crítica pertinente de cara a lo que hoy sabemos de las limitaciones de la problemática programatista con respecto al balance del ciclo de luchas de 1969-1977. (Ortega, 2022, p. 5)¹²

La doble labor de diagnóstico sobre la formación social mexicana y la construcción de una genealogía de la cual abrevar enmarca a la ultraizquierda como una corriente en reconstrucción y autodefinición.¹³ Una que, en algunos de sus desplegados públicos durante el periodo electoral de 2012, se desmarcó de un virtual gobierno de AMLO, pero también de “el coro cacafónico y rancio de lxs nihilistas informalistas y lxs insurreccionalistas inoperantes” (Manifiesto Anarco-Comunista, 2018). En el sexenio lopezobradorista, fue notable la disminución de la confrontación urbana-callejera —exceptuando las movilizaciones feministas—, con lo que el terreno de la memoria de quienes consideran mártires de su panteón en la disputa simbólica ante el gobierno de la 4T ocupó un lugar importante.¹⁴ Hubo momentos en que la disputa por los próceres derivó en confrontación física, como en el centenario de muerte de Ricardo Flores Magón, cuando estas ultraizquierdas chocaron con gente de la Confederación Regional Obrera Mexicana en el Panteón Francés el 21 de noviembre de 2022, en el marco del “año de Flores” y los amplios festejos que el gobierno federal organizó en honor al revolucionario fallecido en la prisión de Leavenworth (Ávila, 2022).

La disputa por la memoria, en algunos casos, acompañó la crítica a la 4T por parte de las ultraizquierdas. Por ejemplo, la Federación Anarquista Mexicana (FAM) lanzó la publicación de Regeneración. Periódico de ideas y combate. En el número de febrero-abril de 2024, se lee:

El proyecto de país de Sheinbaum y de Morena es muy claro y sincero: proponen una economía de mercado —un “sistema de libre comercio”, como lo denomina la precandidata—, en la que se promueva la inversión privada, aunque sin corrupción, y que garantice ganancias para los empresarios. Se trata, en efecto, de una economía capitalista que fomente la inversión empresarial y que genere beneficios económicos para la burguesía. Esto, sin embargo, no es suficiente. La economía de mercado debe estar regida por un Estado fortalecido, que desempeñe un “papel fundamental en la vida de la nación”. (Trejo, 2024)

La ultraizquierda se autoreconoce como un espectro entre anarquistas, antiautoritarios, comunistas libertarios y anarquistas plataformistas, grupos y colectivos herederos de las corrientes del siglo XX, así como propagandistas en radicalización discursiva permanente junto a diversas individualidades de esa naturaleza. Buscando antecedentes de esa conjunción en el marco de militancias radicales plurales pero engarzadas por una práctica confrontativa contra las autoridades —y, en no pocas ocasiones, contra otras izquierdas que se encuentran en movimientos con prácticas asamblearias—, tal vez su germen esté en el invierno de la huelga de 1999-2000 en la UNAM (Monroy, 2012, pp. 213-230).

Las ultraizquierdas se empalman con las izquierdas radicales. Para Illades y Mondragón (2023), esta otra izquierda es plebeya e insumisa, pero también rechaza las formas tradicionales de la política,

afirma la rabia y el dolor como principios de movilización, se rehúsa a cualquier estrategia que implique la negociación o el acuerdo con el poder, apuesta por la violencia callejera como forma legítima de protesta, y en algunos casos, es escéptica de la posibilidad de construcción de un proyecto colectivo de futuro. (pp. 9-10)¹⁵

En el siglo XX, esta izquierda individualista, nihilista y posmoderna fue más pequeña que la izquierda socialista con organizaciones y referentes definidos. Ahora su capacidad de movilización, o al menos su irrupción en el espacio público, parece mayor para las denominadas izquierdas radicales. Tal vez esta izquierda emergió en América Latina de las sombras del ciclo previo de confrontación que quiso ser destituyente (2006-2014) y que vio el intento de órganos de coordinación tironeados y movimientos sociales envueltos en una dinámica contenciosa por una represión desatada. La izquierda radical tomó mayor fuerza después del debilitamiento de las movilizaciones por Ayotzinapa y el ascenso electoral de Morena, ocupando un lugar en la protesta —la ya antigua táctica del bloque negro— que cobró protagonismo tras el descenso y desorganización de otros contingentes. Independientemente de la valoración política de esta dinámica, lo cierto es que el prisma de la acción directa de las ultraizquierdas e izquierdas radicales no ayuda a hacer valoraciones sobre acumulación de fuerza y organización, ya sea por su reconfiguración o por sus dinámicas clandestinas.

Modonesi (2020) hace un recorrido más político estratégico de la historia de la izquierda mexicana al evocar “imágenes del pasado [que] pueden alumbrar nuestra comprensión de la historicidad del presente que vivimos como cotidianidad”. Al cardenismo y el neocardenismo-PRD los describe como los dos “eclipses” de las izquierdas socialistas y anticapitalistas ante las mareas del nacionalismo progresista; esto le permite “relevar las consecuencias históricas de la puesta en práctica de fórmulas políticas al estilo de lo que, en los años treinta, al interior del movimiento comunista internacional se denominó ‘frente popular’” (Modonesi, 2020).¹⁶ Este desperfilamiento explicaría (ayer como hoy) la disminución de unas ya alicaídas izquierdas anticapitalistas —bajo experiencias sectarias, localizadas o ejemplares— por fuera del bloque emergente en el poder que “no pudieron adquirir un real protagonismo político nacional, no lograron ofrecer una alternativa viable a la avasalladora hegemonía del progresismo nacional-popular” (Modonesi, 2020).

Bajo este diagnóstico pesimista, la pregunta política sobre la viabilidad de la izquierda anticapitalista como polo para el acuerpamiento de descontento, conflicto y organización se traslada a la duración del tercer ocaso de la izquierda anticapitalista y los puntos de fuga para salir del marasmo causado por la 4T. Es decir, frente a la centralidad, centrismo, centralismo (Modonesi, 2023a, 2023b) que logró López Obrador y su proyecto político, ¿está en curso un proceso de institucionalización de un nuevo régimen (Illades, 2024)¹⁷ en forma de hegemonía progresista (Modonesi, 2023a, 2023b)?

Así, las clasificaciones mejor pertrechadas para analizar a las izquierdas antisistema parten de reconocer su pervivencia, a la par de una descolocación ante el gobierno lopezobradorista. Sin un pronóstico claro sobre el fin del eclipse, con sólo las líneas generales de lo que sería una izquierda deseable y su difícil renovación, estos balances sobre el sexenio obradorista no incluyen indagaciones específicas sobre las organizaciones anticapitalistas en México. Si bien reconocen que, aunque maltrechas, perviven.

Las izquierdas radicales y anticapitalistas se traslapan y reconocen sobre todo durante la movilización y el conflicto. También se pueden encontrar en centros de trabajo o estudio, circuitos culturales y radios de acción compartidos; es decir, este conjunto de organizaciones e iniciativas configura un ecosistema político en el México contemporáneo.¹⁸ Podrían compararse otros aspectos sociológicos de estas formaciones como las edades, escolaridad, distribución geográfica, así como sus formas de comunicación y fuentes de las que se abastecen para generar análisis.¹⁹Estos aspectos complementarían los marcos generales que se han producido para analizar a las diversas izquierdas a la sombra del lopezobradorismo como movimiento y a Morena como organización partidaria.

Sin embargo, las organizaciones de izquierda anticapitalista, al implicar un sentido acumulativo de fuerza política organizada, se hacen distintivas entre las izquierdas radicales. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la agrupación más amplia y mejor organizada desde hace treinta años entre las izquierdas en ruptura con el capitalismo, se excluye de este análisis porque, en las formulaciones desarrolladas sobre la conflictividad socioambiental e indígena, se le localiza en un horizonte de construcción territorial, más que en la confrontación con y en la política estatal mexicana.²⁰ Para fines analíticos, a este tipo de experiencias se les sitúa con mayor énfasis en la segunda parte de la tríada subalternidad-antagonismo-autonomía, según la conceptualización que hace Modonesi sobre la conflictividad social. Dicha organización político militar de base indígena se inserta en el tránsito hacia propuestas autonómicas de la producción y la gestión de la vida, por lo que el análisis sobre sus iniciativas político-estratégicas merece ser valorado desde ese lugar.

En el siguiente apartado, se analizan las formulaciones de las izquierdas anticapitalistas actuantes en México en relación con una reforma fiscal progresiva. En su heterogeneidad —sin adelantar si esta diversidad es producto de la crisis que experimenta el campo o es propia de un momento histórico sin liderazgos definidos, como sí los tuvo el siglo XX con los regímenes socialistas— busqué analizar fuerzas organizadas que tuvieran un posicionamiento y pretensiones de incidencia respecto a la redistribución de las riquezas mediante la afectación de las grandes fortunas; es decir, formas estructuradas de ordenamientos clasistas (partidos, frentes, coaliciones, centrales, colectivos, ligas) que incluyan, entre sus prioridades políticas, organizar e incidir con el objetivo de una mayor distribución de la riqueza a lo largo del sexenio, entre julio de 2018 y septiembre de 2024.

Reforma fiscal progresiva en el horizonte político estratégico de las izquierdas anticapitalistas

La selección de las tres organizaciones y sus posicionamientos sobre una reforma fiscal progresiva partió tanto de criterios metodológicos como fácticos. Por un lado, se buscaron algunas organizaciones que conectaran el momento político actual con la historia de las izquierdas mexicanas en el siglo XX (Modonesi, 2003a, 2023b)²¹ y, por otro, que contaran con balances generales del sexenio dentro de sus órganos de comunicación y evaluación interna, como resoluciones, manifiestos, periódicos, volantes, en las cuales fuera posible verificar su actividad política y proyección de acumulación de fuerza a partir del debate público. En este sentido, se presentan a continuación las valoraciones del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido Comunista de México (PCdM). Esta constelación de organizaciones anticapitalistas se complementó con propuestas, divergencias o iniciativas de otras organizaciones del ecosistema.

En el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, coincidente con el primer año de gobierno de López Obrador, el 10 de abril de 2019, el FNLS lanzó el comunicado “A cien años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar, su legado es vigente” (Frente Nacional de Lucha por el Socialismo [FNLS], 2019). Además de reivindicar la figura y vigencia del general del Ejército Libertador de Sur frente a la narrativa gubernamental, el comunicado expresa una postura sobre los mecanismos de explotación en el campo y cómo éstos fueron agudizados por el nuevo gobierno:

La iniciativa de Ley de desarrollo agrario presentada por el representante de la bancada de MORENA en el Senado significa la andanada legislativa para imponer el ritmo en el proceso de despojo de tierra en el momento actual. Su contenido es lesivo porque su esencia es eminentemente privatizadora; conceptual y demagógicamente plasma el carácter proimperialista de dicha iniciativa. (FNLS, 2019)²²

Este posicionamiento, además de establecer una demarcación desde el inicio del sexenio y poner en foco la situación del campo —que tiene un renovado interés entre las organizaciones anticapitalistas—, enfatiza también la desigual distribución de la riqueza y los mecanismos de acumulación capitalista por desposesión. Sin embargo, los pronunciamientos y comunicados de la organización en su página web no abarcan más allá de junio de 2020.²³ Fue necesario retomar la valoración que hace una organización más pequeña, pero cercana al Frente, para encontrar un posicionamiento sobre la reforma fiscal. En el número 91 del periódico Fragua de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en el artículo “Balance: 5 años de la 4T”, se lee:

Recaudación fiscal: El logro es que la recaudación fiscal aumentó 16 % aproximadamente respecto al sexenio anterior, pero no es un aumento tan grande considerando las evasiones que hacían las grandes empresas. Lo feo es que ahora incluso el gobierno promoverá los beneficios fiscales a grandes empresas con los 12 Polos de Desarrollo para el Bienestar en el Istmo de Tehuantepec. Lo malo es que no se ha impulsado una verdadera reforma fiscal a favor de las clases trabajadoras. Esto sería, a nuestro ver, el impuesto progresivo a la ganancia, una medida nada absurda y totalmente posible incluso dentro del capitalismo si se considera que ha existido en países como Alemania, Francia, Suiza y Rusia. Además, quienes ganamos menos deberíamos pagar mucho menos.²⁴ (Organización de Lucha por la Emancipación Popular [OLEP], 2024. Negritas en el original)

Este posicionamiento es claro y basado en datos; además, busca hacer un análisis matizado, “señalando avances e insuficiencias, y sobre todo bogando por el fortalecimiento de las organizaciones independientes y con carácter de clase proletario” (OLEP, 2024); aunque no lo hace la organización con mayor peso e implantación social, el FNLS, a la que justamente se seleccionó por su extensión nacional, su presencia y preocupación por el campo, así como por su trayectoria.

“Resolución Política del CC de agosto de 2022. Un gobierno progresista tardío y una política anticapitalista” (Partido Revolucionario de los Trabajadores [PRT], 2022) es el documento más extenso (cuarenta y cinco cuartillas) de los aquí analizados. Más allá de esa caricatura del trotskismo con una gran cabeza y un cuerpo pequeño, contiene la resolución del Comité Central (CC) de lo que queda del partido que promovió a Rosario Ibarra de Piedra —madre de un desaparecido y fallecida en este sexenio; fue distinguida con la medalla Belisario Domínguez, que dejó en custodia de AMLO— como la primera candidata a la presidencia de México. El documento es exhaustivo en aspectos de la política internacional, señalando elementos de una “policrisis” o crisis civilizatoria: la geopolítica, con el genocidio en Gaza y la guerra en Ucrania (contra las posiciones “campistas”); las revueltas de 2019 en América Latina, y las extensas caracterizaciones de la pandemia, las luchas feministas y la violación a los derechos humanos (en casos como Ayotzinapa y la militarización del país). Aunque una de sus partes más escuetas es el análisis económico y sobre la desigualdad en el país.²⁵

Bajo una caracterización general del gobierno de AMLO como un “progresismo tardío” y una transición pactada con el gobierno de Peña Nieto —valoración que comparte con el balance del PCdM, así como de ciertas “acciones bonapartistas” de Obrador—, hace énfasis en el vínculo entre esta caracterización, los programas sociales y el mantenimiento de la desigualdad.

El aumento a los salarios mínimos, así como el otro programa social estrella del gobierno que es la pensión para las personas de la tercera edad por medio del Banco Bienestar apuntan a un equilibrio económico, al aumentar aunque sea mínimamente la capacidad de compra. Por eso AMLO presume que todas las partes están contentas con la política de “primero los pobres” pues los empresarios han tenido ganancias como nunca en este sexenio. Es decir, lo que ocurre con estos programas asistenciales del progresismo es que no han reducido la desigualdad social, al contrario, se ha profundizado la desigualdad social. Pueden presumir que en México están algunos de los empresarios más ricos del mundo como Carlos Slim o Germán Larrea, frente a un aumento al salario mínimo de 20 % pero que significa 249 pesos diarios o 375 pesos diarios en la frontera y una pensión para las personas de la tercera edad, a partir de enero del 2024, de 6 mil pesos bimestrales, es decir 3 mil pesos mensuales. Es éste un ingreso, menor al salario mínimo, que es en todo caso una ayuda para las personas que requieren otro ingreso pues no permite vivir sólo de ese ingreso. (PRT, 2022, p. 32)

El énfasis distintivo del PRT sobre la distribución de la riqueza se centra en una crítica al puntual pago de la deuda externa,²⁶ sin alusiones o propuestas explícitas sobre una reforma fiscal en su documento de resoluciones. Esta postura se puede rastrear, como en el caso del FNLS, de manera indirecta a través de la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública —una campaña amplia inspirada en el Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), dirigido por el economista belga Erick Toussaint—, que el 24 de abril de 2024 hizo un llamado a la candidata presidencial de Morena:

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo: atentamente solicitamos que se comprometa a promover y facilitar un debate nacional informado, así como una consulta pública vinculante, para decidir si debe haber o no una reforma fiscal progresiva que grave más a quien más tiene y establecer un impuesto a las grandes fortunas (más de 100 millones de pesos).

Fortalecer los cimientos de la transformación es un asunto de interés nacional. Los problemas pendientes requieren recursos para su solución. (Soto Elízaga, 2024)

De vuelta a la resolución del CC del PRT, llama la atención un aspecto que da pie a introducir otras experiencias de la izquierda anticapitalista durante el sexenio, especialmente en la lucha sindical. En el balance del PRT, hay un breve recuento sobre los conflictos sindicales, pero sólo enuncian aquéllos que fueron derrotados o que están en un marasmo; por ejemplo, el Sindicato Minero, comandado por Napoleón Gómez Urrutia, contra Grupo México de Germán Larrea —cuyas huelgas en Taxco, Cananea y Sombrerete ya llevan más de 10 años, siendo las más largas en la historia del país—. También se mencionan los conflictos con Notimex, SME y la Universidad de Sinaloa.

Sin embargo, no hay alguna mención a los importantes éxitos del sindicalismo independiente durante el sexenio, desde el movimiento 20/30 en las maquilas de la frontera a principios de 2019 hasta los nuevos sindicatos independientes dirigidos por mujeres sindicalistas, así como los aumentos sostenidos de salarios en los contratos colectivos de la industria automotriz y autopartista en el marco del capítulo laboral del T-MEC (PRT, 2022, 32).²⁷ En estas nuevas experiencias del sindicalismo independiente, militantes que vienen de viejas rupturas (Partido Obrero Socialista) y de nuevas escisiones de la escisión (Movimiento al Socialismo) tuvieron funciones importantes de articulación y asesoría en estas victorias.

El Partido Comunista de México²⁸ es la organización que hizo la propuesta política más intrépida hacia el final del sexenio. En el primer trimestre de 2024, lanzaron candidaturas independientes y sin registro electoral a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El documento que se analiza es “La sucesión presidencial y las tareas de los comunistas. Reagrupar fuerzas para la confrontación con el poder de los Monopolios”, presentado en su IV Conferencia Política Nacional. En él se ubica en el centro del sistema a los monopolios y al presidente como su garante: “La confianza de la clase dominante, del poder de los monopolios fue por su compromiso de control y una línea para desactivar el conflicto de clase” (Partido Comunista de México [PCdM], 2024a, p.3).

En algunos momentos, el documento caracteriza las políticas del gobierno actual como socialdemócratas y, en otros, “lejanos de las experiencias progresistas —lo cual tampoco apoyaríamos—” (PCdM, 2024a, p.7)”. Sin embargo, sí es consistente en afirmar que la administración lopezobradorista consistió en asegurar el poder de los monopolios y sus ganancias en el país:

asegurando además condiciones para que este sea uno de los países con una de las tasas más altas de extracción de plusvalía, y también plusvalía absoluta con mecanismos como el de “jóvenes construyendo el futuro”. Mientras la clase obrera fue dejada a su suerte durante la pandemia, para los distintos grupos empresariales hubo trasferencias, contratos, créditos, para que no tuvieran ni un centavo en pérdidas. Al final del salario [sic], los datos son contundentes: los distintos grupos monopolistas duplicaron sus ganancias y los trabajadores y las capas populares continúan en la miseria, a pesar de aumentos salariales aparatosos pero incapaces de seguir el ritmo del aumento de la canasta básica, el alquiles [sic] de vivienda, el costo del transporte. (PCdM, 2024a, p. 8)

A partir de este diagnóstico, el PCdM fue el único grupo anticapitalista que presentó una candidatura independiente para las elecciones de 2024.²⁹ Si bien la iniciativa es relevante al proponer una candidatura de impugnación más como opción política que electoral —como en la elección presidencial anterior lo tuvo la candidatura de Marichuy, impulsada por el Consejo Nacional Indígena—^’30, en la Plataforma Electoral Comunista #EligeLuchar, publicada en su sitio web, no hay ninguna mención o propuesta de reforma laboral o fiscal para combatir la desigualdad. En su lugar, se plantea lo siguiente: “Requisa, expropiación, nacionalización y socialización de las 1,100 empresas previamente privatizadas y entregadas a monopolios. Éstas pasaran a conformar el núcleo del sector social que producirá conforme a un Plan Nacional de Desarrollo” (PCdM, 2024b). Además de la expropiación de todas las empresas que tengan vínculos con el narcotráfico, se plantea la incorporación al sector social de las empresas centralizadas “conforme el Plan Nacional de Desarrollo lo requiera y conforme la Asamblea Nacional lo mande y ejecute”, una jornada laboral de treinta y cinco horas, la “eliminación del desempleo aprovechando la automatización”, el impulso de la industria nuclear, la prohibición de la obsolescencia programada, la prohibición de los despidos y el tránsito de pequeños negocios y productores a cooperativas.

Estas propuestas, que guardan un parecido con los programas revolucionarios soviético de 1918 o cubano de 1959-1960 por su énfasis en la expropiación de la riqueza, no fueron la única tentativa que las izquierdas anticapitalistas enunciaron hacia el final del sexenio dentro de la arena electoral. El Movimiento Socialista del Poder Popular (fusión de la Coordinadora Socialista Revolucionaria y la Organización Nacional del Poder Popular a principios de 2023), en su posicionamiento sobre las elecciones del 2 de junio, puso como punto número uno de sus consideraciones la concentración de la riqueza,³¹ llamando a “Derrotar a las derechas en las urnas y en las calles” y a votar bajo el siguiente argumento:

En este sentido, para profundizar una línea de transformación real y radical, llamamos a no votar por ningún candidato del PRIANRD ni de Movimiento Ciudadano y denunciar a las falsas propuestas de izquierda dentro de MORENA que siempre acaban traicionando (Lily Téllez, Germán Martínez, etc.) a su propio movimiento. Asimismo, es importante ganar una mayoría de dos tercios en el Poder Legislativo con candidatos comprometidos para poder garantizar los cambios constitucionales progresivos que están contemplados en la mayoría de las iniciativas de reforma constitucional presentadas el pasado 5 de febrero. (Movimiento Socialista del Poder Popular [MSPP], 2024)

En contraste con lo dicho por esta joven organización, el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS) lanzó una propuesta de unidad electoral de los anticapitalistas, bajo las caracterizaciones de una crisis civilizatoria y climática, el genocidio en Gaza, así como un panorama en México económicamente estable, pero que trasluce la continuidad de la concentración de la riqueza y el poco alcance de la recuperación “del 20 % del salario mínimo, llega a no más de 10 millones de trabajadores”.³²

Ante este panorama nacional y pensando en los escenarios de la lucha de clases que probablemente se abrirán ante un eventual segundo gobierno de la 4T, proponemos coordinarnos entre las fuerzas que actúan con independencia política del gobierno de Morena, en la realización de un foro para poner en pie un Bloque Anticapitalista Independiente, en el plano político y organizativo, basado en un programa obrero y anticapitalista que proponga una salida a la crisis histórica que estamos viviendo, y presentarlo de manera unitaria ante trabajadores, mujeres y jóvenes.

El objetivo es construir un polo político que, en este contexto de crisis internacional, se posicione claramente del lado de la clase trabajadora y sus aliados, denunciando la política del imperialismo y construyendo un programa que dé respuesta a las demandas más sentidas del pueblo trabajador. (La Izquierda Diario, 2024)

Ya se verá el desarrollo de esta iniciativa más allá del periodo electoral para conjuntar fuerzas en la disgregación de las izquierdas anticapitalistas, pues este tipo de llamados han sido recurrentes en periodos electorales anteriores, pero ahora operan con fuerzas aún más menguadas y un horizonte conjunto que no se limita solo a la resistencia a los gobiernos neoliberales.

Reflexión final

En abril de 2024, al poco tiempo de haber arrancado formalmente las campañas por la presidencia de México, la candidata por el partido oficial, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo tempranas declaraciones de que no habría reforma fiscal entre sus prioridades de gobierno (Reuters, 2024). La medida no ha dejado de ser discutida en el espacio público después de su triunfo aún más amplio que el de AMLO, debido a los ambiciosos planes gubernamentales para la modernización, junto con la ampliación en cobertura de las transferencias directas vía programas sociales y el aumento sostenido del salario mínimo.³³ La continuidad con el gobierno de AMLO también se refleja en el combate a la evasión fiscal, así como en la imperante concentración de riqueza en el país. En ese marco, resulta relevante plantear que el cuadrante IV, basado en la clasificación de Bobbio y utilizado en este artículo para delimitar el espectro político de las izquierdas antisistema, sigue teniendo un espacio vacante en México durante el primer mandato presidencial de Morena. Es decir, que el segmento de las izquierdas no incorporadas al gobierno federal, aunque cuentan con organizaciones que se expresan en el espacio público, no logran posicionarse más allá de su propio ecosistema. Este segmento sigue disponible para ser ocupado por las izquierdas que tienen como valores distintivos la libertad y la igualdad.

Al ocuparse el gobierno por AMLO y el partido Morena, como parte del progresismo tardío, el énfasis en la redistribución de la riqueza en el país está presente en el discurso y en acciones gubernamentales puntuales como el impulso a los programas sociales y el aumento sostenido del salario mínimo. Sin embargo, estas acciones no proyectan una reforma fiscal más allá de lo expresado en los planes maestros de atención a los contribuyentes y recaudación fiscal, los cuales buscan cobrar deudas a empresarios morosos específicos y combatir la evasión fiscal. Esta particular configuración hace posible que las oposiciones de izquierda busquen incidir en la vida pública al proponer mecanismos que vayan más allá de estas medidas específicas y no repetibles, así como explicar la hiperconcentración de la riqueza imperante en México.

En este contexto, se ha observado una proliferación de opiniones y estudios sobre el significado de las políticas de izquierda y sus distintas variedades comenzando por la propia definición del gobierno de AMLO y la caracterización de Morena. En este artículo, se glosaron algunas categorías (izquierda moderna, ultraizquierda, izquierdas radicales) que se han propuesto describir a las formaciones de izquierda por fuera del gobierno. Se optó por centrarse en las izquierdas anticapitalistas, pues éstas poseen una vocación de acumulación de fuerzas a partir del debate público y la acción colectiva organizada.

Las organizaciones analizadas en este artículo tienen balances sobre la acumulación de riqueza durante el sexenio de López Obrador, aunque la manera de comunicarlos y traducirlos en iniciativas políticas varía entre cada una. Si bien la izquierda anticapitalista existe en México —un dato no menor ante la lógica política del obradorismo de descalificar a todo opositor de izquierda a su hegemonía—, los posicionamientos de tres organizaciones con raíces diversas en el maoísmo (FNLS), el trotskismo (PRT) y el comunismo soviético y cubano (PCdM) también convergen en algún punto al plantear una reforma fiscal que redistribuya la riqueza.

Todas utilizan distintos tipos de mediación (organización satélite, coordinadoras por el pago de la deuda externa, campañas electorales, apoyos a las candidaturas oficialistas o intentos de agrupación en periodos electorales) para plantear la necesidad de otro tipo de repartición de la riqueza en México a partir de una reforma fiscal progresiva. No lo hacen de manera directa como organización, ya sea por considerar más eficaz esta mediación o por la debilidad en sus fuerzas partidarias para llevarlo a cabo. Es probable que dentro del espectro de estas izquierdas haya alguna otra que sí lo haga. Finalmente, además de hacer patente los sesgos geográficos y de organizaciones en esta aportación, este análisis subraya que el campo de estudio sobre las oposiciones por izquierda a los gobiernos de la 4T puede seguir enriqueciéndose.

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