En la región de América Latina se encuentra una clase media caracterizada por ser heterogénea (Bárcena y Serra, 2010). En los países que conforman esta región, se evidencia cómo los jefes de hogar de la clase media tienen, en promedio, más años de escolarización en comparación con los jefes de hogar más pobres, aunque siguen siendo superados por los hogares de la clase alta (Espinoza y Barozet, 2009). Asimismo, en las zonas urbanas prevalece una tendencia a la baja de la pobreza, lo que da lugar a que la clase media se consolide en este tipo de zonas (Stampini et al., 2015).

De igual modo, para la clase media se encuentra una prevalencia del empleo formal, en el que el sector de servicios es el que cuenta con mayor participación: salud, educación, servicios públicos, entre otros (Ferreira et al., 2013). La clase media consolidada en Latinoamérica se caracteriza por haber alcanzado más logros educativos y por tener la posibilidad de ahorrar: un año adicional de educación aumenta la probabilidad de considerarse de clase media en un 4,8%, y el haber ahorrado aumenta esta probabilidad en un 15,8% (Penfold y Rodríguez-Guzmán, 2014). A pesar de tener mejor capacidad de ahorro, mayor inserción al mercado laboral formal y más años de escolaridad, la población de clase media no tiene características particulares que permitan definirla como clase distintiva, pero su valor radica en ser el punto de llegada esperado en muchas políticas sociales (Ferreira et al., 2013).

Es difícil encontrar un consenso sobre una definición y clasificación de la clase media dado el espectro tan amplio que la abarca. En la literatura, se encuentran dos formas aceptadas para clasificar la clase media. Una forma de clasificación está basada en el establecimiento de rangos de ingresos que van desde 10 hasta 50 dólares por día. Esta clasificación implica incluir en la misma categoría individuos y familias con una distribución de ingresos amplia. Algunas investigaciones relevantes clasifican a la clase media como aquellos hogares que tienen un ingreso entre los 2 y los 10 dólares diarios (Banerjee y Duflo, 2008), y otras usan el rango de 10 a 50 dólares diarios (López-Calva y Ortiz-Juárez, 2011). Una segunda forma de definirla está basada en características sociales y socioeconómicas. Por ejemplo, se ha encontrado que factores como el trabajo formal, la educación y el cuidado de la salud se relacionan con la posibilidad de pertenecer a la clase media (Castellani et al., 2014). Otras investigaciones han usado la estratificación de hogares como criterio de definición de la clase media, es el caso colombiano (Martínez et al., 2019).

Se ha planteado el desafío epistemológico referente al carácter absoluto o relativo en los parámetros de medición de la clase media bajo estas dos definiciones. Los parámetros absolutos no permiten hacer comparaciones entre países, mientras que los parámetros relativos permiten comparaciones, aunque no capturan la desigualdad entre países. Cada definición tiene sus limitaciones y pueden tener características absolutas o relativas. La clasificación basada en ingresos tiene criterios relativos y absolutos. El establecimiento de un tope mínimo y máximo de ingresos (10 o 50 dólares diarios) hace parte de los parámetros absolutos. Los estudios que ubican la clase media entre rangos de ingresos (deciles, por ejemplo) hacen parte de los parámetros relativos (Bárcena y Serra, 2010).

Las mediciones de la clase media basadas en características socioeconómicas, o la disponibilidad de bienes de uso y consumo, hacen parte de las categorías absolutas, pero dificultan el análisis por falta de información disponible y exacta. Algunos estudios utilizan la combinación de ambos criterios. En Colombia existe un sistema único en el mundo de estratificación socioeconómica, en este los hogares se ubican en una escala de 1 a 6: los hogares más pobres se ubican en los estratos 1 y 2, los medios en los estratos 3 y 4, y los hogares más afluentes en los estratos 5 y 6 de la escala. Este sistema se emplea desde la década del sesenta para la entrega de subsidios en servicios públicos (Departamento Nacional de Planeación, 1997; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2006) e integra la clasificación por ingresos y por características socioeconómicas. En este análisis se usó el sistema de estratificación colombiano para hacer referencia a la clase media.

La expansión de la clase media y la salida de la pobreza de millones de personas se han convertido en algunos de los principales rasgos en el desarrollo económico de los países latinoamericanos en las últimas décadas. En el 2009, una de cada tres personas vivía con menos de 10 dólares al día. Entre el 2003 y el 2009, la clase media en Latinoamérica creció a una tasa de 6,7% anual y la cantidad de personas pertenecientes a la clase media se igualó por primera vez a la cantidad de personas en situación de pobreza (Ferreira et al., 2013). En el 2018, la clase media se convirtió en el mayor grupo poblacional en América Latina después de dos décadas de crecimiento sostenido (World Bank Group, 2021a). Este cambio se dio gracias al crecimiento económico -que generó el 66% de la reducción de la pobreza y el 74% de la expansión de la clase media durante la década del 2000- y a la aparición de políticas redistributivas a lo largo de la región (Biekart, 2015; Vakis et al., 2015).

A pesar del crecimiento económico y la salida de la pobreza, los avances no son suficientes para considerar a Latinoamérica como una sociedad con una clase media consolidada. Algunos estudios basados en criterios monetarios han señalado la presencia de cuatro clases en la región: pobres, vulnerables, clase media y ricos. La nueva clase social, los vulnerables, se ubican entre los pobres y la clase media y se define como los que devengan ingresos promedio entre 4 y 10 dólares diarios (Ferreira et al., 2013). Una parte importante de la población que ha salido de la pobreza en los últimos años en el continente se caracteriza por altos niveles de vulnerabilidad frente a choques económicos y la posibilidad latente de caer nuevamente en la pobreza monetaria. La vulnerabilidad de la clase media emergente también se evidencia en la creciente participación en el sector económico informal. Esto implica inestabilidad laboral, de ingresos y el no amparo de los trabajadores dentro de los sistemas de protección social existentes (Castilleja-Vargas, 2020). También se destacan vulnerabilidades referidas a la población joven de clase media y las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado laboral, e incluso se señalan desventajas en materia de calidad de la educación media, en la que se ha generado una estratificación en la calidad que es directamente proporcional a la pertenencia de clase. Los colegios privados que tienen mejores indicadores de cali-dad están conformados por un estudiantado perteneciente a clases altas, mientras que para las clases medias y bajas las instituciones educativas disponibles, públicas y privadas, tienen peores indicadores de calidad (Bárcena y Serra, 2010).

La alta vulnerabilidad de la clase media se evidenció durante la pandemia generada por la COVID-19. El crecimiento gradual de la clase media que se reportó durante las últimas décadas experimentó una caída como consecuencia de la crisis sanitaria. Para el 2020, se estima que 4,7 millones de personas en clase media y clase media vulnerable volvieron a la pobreza en la región (World Bank Group, 2021b). El retroceso se encuentra explicado sobre todo por la alta participación de la clase media en el trabajo informal, la baja capacidad de ahorros y la exclusión de la clase media de los sistemas de protección social y transferencias monetarias que sirvieron de colchón a los más pobres, pero que no fueron extendidos a la clase media (World Bank Group, 2021a).

Según el BID, entre el 2011 y el 2015 la población adulta latinoamericana que tenía una cuenta abierta en una institución financiera formal pasó del 39 al 51%, una cifra muy cercana al 54% de los países desarrollados (De Olloqui et al., 2015). A pesar de que la región presenta rezagos en materia de inclusión financiera, especialmente en zonas rurales, y de que aún prevalece una proporción importante de la población que no tiene acceso al sistema financiero, son evidentes los avances. En el segmento más pobre de la población, el porcentaje de personas con cuentas en instituciones financieras formales pasó del 24 al 41% en el mismo periodo (De Olloqui et al., 2015). El acceso al crédito, además de incentivar el consumo y permitir la adquisición de bienes durables, también es un mecanismo para solventar choques externos de iliquidez (Caldentey y Titelman, 2018; García et al., 2013). En muchos países en vías de desarrollo, la inclusión financiera no es un objetivo de política pública, lo que se traduce en que la inclusión financiera queda determinada por las reglas del sistema financiero y no por políticas sociales. En Colombia, por ejemplo, el acceso al sistema financiero presenta grandes obstáculos a las personas que no tengan un trabajo formal, bienes durables o ingresos mensuales constantes que permitan reducir los costos de manejo de productos financieros (Acevedo y Martínez, 2018). Las personas excluidas del sistema financiero deben recurrir a mecanismos de acceso a crédito por medio de canales informales y no regulados como préstamos a amigos, familiares o prestamistas de pago diario que cargan intereses por encima de la tasa de usura (Serrano-Cinca y Gutiérrez-Nieto, 2014). Durante la pandemia, la población excluida del sistema financiero debió recurrir a mecanismos de financiación no regulados que tienen mayores tasas de interés para solventar la crisis sanitaria.

El acceso al crédito es lo que ha permitido un mayor consumo en el segmento de la clase media. Las personas de ingresos medios son unos de los mayores dinamizadores de la economía por su tamaño como grupo poblacional, y por la disponibilidad de recursos para el gasto en bienes no necesarios (consumo conspicuo). Hasta antes de la pandemia, el aumento sostenido en los ingresos de la clase media significó un aumento en los mercados de consumo, especialmente en bienes como entretenimiento, ropa, vacaciones y vehículos motorizados (Dávila, 2016). En la región, el aumento del consumo conspicuo de los grupos de ingreso medio y bajo se observa en la variación de la proporción del gasto en entretenimiento de hogares de estratos socioeconómicos altos frente a los de estratos bajos. En Colombia, por ejemplo, en el 2004 un hogar de ingresos altos gastaba 11,4 veces más en entretenimiento en comparación con un hogar de ingresos bajos y medios. Para el 2012, la proporción disminuyó a 3,8 veces (Martínez et al., 2019). El aumento en el consumo en bienes no necesarios de las clases medias es, además, el resultado de un aumento de ingresos y mayor capacidad de compra gracias a la reducción en precios en bienes de consumo (De la Cruz et al., 2020). Desde una perspectiva sociológica, la importancia del consumo conspicuo en la clase media se puede explicar por la importancia del contenido simbólico y aspiracional del consumo en términos de identidad y posición social. Si bien los deseos aspiracionales y de movilidad social han existido siempre, las nuevas posibilidades de consumo en las poblaciones con ingresos medios les permiten acceder a bienes a los que antes solo podían acceder los grupos con ingresos altos, como una casa, electrodomésticos o un vehículo motorizado (Franco et al., 2011). Sin embargo, el aumento en el consumo contrasta notoriamente con la vulnerabilidad laboral y la falta de ahorros y esquemas pensionales que les permitan sobrevivir a choques externos de iliquidez o desempleo. Para la clase media, el acceso al crédito y un mayor consumo no necesariamente se ha equiparado con estabilidad laboral o mayores tasas de ahorros (Martínez et al., 2019).

A pesar de que la teoría sugiere que la satisfacción con el Gobierno mejora a medida que aumentan los niveles de ingresos, los estudios realizados en América Latina muestran a una clase media particularmente insatisfecha y con altos niveles de desconfianza hacia las instituciones. En el 2018, tres de cada cuatro personas de la región expresaron su juicio negativo sobre la vida política de su país. La confianza en el Gobierno nacional pasó del 45 al 26% entre 2008 y 2018, así como la confianza en el Congreso pasó del 32 al 21%. La confianza en el sistema judicial se redujo del 28 al 24%, y en los partidos políticos disminuyó del 21 al 13% en el mismo periodo (OECD, 2020b). Otros estudios comparativos han señalado bajos niveles de confianza en el Gobierno en América Latina. Pertenecer a la clase media aumenta los niveles de confianza en el Gobierno de forma casi imperceptible frente a otras regiones del mundo en desarrollo como Europa del Este y Medio Oriente, en donde la pertenencia a la clase media supone un incremento mayor de los niveles de confianza en el Gobierno. El principal determinante señalado como causa de la baja confianza es la percepción general de corrupción en la administración pública (Penfold y Rodríguez-Guzmán, 2014).

Otro rasgo característico de la clase media y su relación con el Gobierno en América Latina es su postura ideológica. Los estudios realizados han encontrado a la clase media como ideológicamente moderada en una escala entre 1 y 10, en la que 1 supone posiciones más cercanas a la izquierda y 10 a la derecha. En Latinoamérica el 57% se encuentra en la escala entre 5 y 6. En contraste, las protestas sociales de los últimos años que han tenido lugar en varios países del continente como Colombia, Chile, Brasil, Venezuela y Perú muestran a la clase media como un actor político determinante, que cuenta con capacidad de movilización y con demandas y exigencias marcadas (Penfold y Rodríguez Guzmán, 2014).

La vulnerabilidad propia de la clase media latinoamericana hace que demandas naturales sean aquellas que les permitan salir de la vulnerabilidad, como la implementación de políticas redistributivas y el fortalecimiento de sistemas de protección y asistencia social (Ferreira et al., 2013). Con la casi universalización en el acceso a los sistemas educativos y de salud, la clase media ha enfocado su atención en el mejoramiento de la calidad de estos bienes y servicios, junto con una mayor demanda de calidad en la educación de sus hijos, en los servicios de salud, servicios turísticos más sofisticados, mejor calidad en las viviendas, parques, espacios públicos y transporte (Bárcena y Serra, 2010). Se debe señalar que la clase media latinoamericana tiene preferencias particularmente posmaterialistas respecto a sus homólogas de otras regiones del mundo. En el mundo desarrollado los individuos tienden a priorizar bienes más intangibles como la tolerancia, la libertad de expresión, el bienestar subjetivo y la calidad de vida (Penfold y Rodríguez-Guzmán, 2014).

La clase media ha crecido de manera significativa durante las últimas décadas. De acuerdo con Angulo et al. (2014), para el periodo de 2002 a 2011 el crecimiento de la clase media se vio acompañado de unas mejores condiciones en la calidad de vida. Si bien el crecimiento ha sido sostenido, solo a partir de mediados del 2012 se evidencia que la clase media ha superado la clase pobre en las cabeceras municipales de Colombia (Figura 1). Esta continua expansión de la clase media junto con la disminución de las clases pobre y vulnerable se deben, principalmente, al crecimiento económico del país, que ha logrado alcanzar mejores niveles en el bienestar de los hogares colombianos (De la Cruz et al., 2020). De este modo, el papel del crecimiento económico nacional se considera fundamental para incrementar y consolidar una clase media en el país. Incluso, según Brunori et al. (2013), se evidencia que las medidas para impulsar el crecimiento económico favorecen, en mayor medida, a la clase media en contraste con las medidas económicas enfocadas en la redistribución de ingresos.

Figura 1 Nota: De acuerdo con la actualización del DANE a partir de la metodología de López-Calva y Ortiz-Juárez (2011) , las líneas de corte para clasificar las clases fueron (1) Pobres: hogares con un ingreso per cápita por debajo de la línea de pobreza 5,5 dólares (Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) 2011); (2) Vulnerables: hogares con un ingreso per cápita entre 5,5 y 13 dólares (PPA 2011); (3) Clase media: hogares con un ingreso per cápita entre 13 y 70 dólares (PPA 2011); y (4) Clase alta: hogares con un ingreso mayor a 70 dólares (PPA 2011). Fuente: elaboración propia basada en información suministrada por la caracterización de la pobreza monetaria y resultados de las clases sociales (DANE, 2020a).

De igual modo, el crecimiento y consolidación de la clase media implica que un mayor porcentaje de la población está alcanzando salarios reales¹ más altos, por lo cual surge la posibilidad de un cambio en el patrón de consumo al poder establecerse como clase media y enfocarse en otros gastos diferentes a las necesidades básicas. Por otro lado, al medir las clases sociales por estrato socioeconómico, se encuentra que el crecimiento de la clase media se ha visto acompañado de un incremento en los niveles de educación, salario y seguridad social. A pesar de que los años promedios de escolaridad en la clase media han aumentado en la última década, pasando de 10,9 años en el 2010 a 11,6 años en el 2019, aún persisten dificultades para el acceso a la educación superior y, además, prevalecen brechas relacionadas con la exclusión social y la discriminación laboral (Azevedo y Bouillon, 2009). Por último, el porcentaje de trabajadores que pertenecen a la clase media y que cotizan a la seguridad social ha aumentado, pero en una baja proporción, de tal manera que se observa que los porcentajes más altos siguen rondando del 50 al 60%² solo para la salud y pensión, lo que deja en evidencia los altos niveles de informalidad y la poca importancia de cotizar a otros esquemas de protección social disponibles en el país, como aseguradores de riesgos profesionales o cajas de compensación que otorgan subsidios familiares y programas sociales.

Las cuatro ciudades más importantes de Colombia son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (Figura 2), con 7.181.496, 2.372.330, 1.822.869 y 1.120.103 habitantes para el 2018 en sus cabeceras urbanas, respectivamente (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2019). Estas ciudades son importantes centros regionales que concentran la mayor parte de la actividad económica de sus respectivos departamentos. En Cali, por ejemplo, para el 2018 el valor agregado municipal contribuyó en un 47,1% del valor agregado departamental; en Medellín contribuyó con un 42,7% del valor agregado departamental y Barranquilla aportó un 66,5% del valor agregado departamental.³

Figura 2 Nota. De acuerdo con el DANE (2020b), la manzana censal es un área de terreno edificada o sin edificar, delimitada por vías de tránsito vehicular o peatonal de carácter público, así como por accidentes naturales o culturales, siempre y cuando estos elementos sean de carácter permanente y se identifiquen fácilmente en campo. Fuente: elaboración propia con datos suministrados por el DANE (2020b)

Los datos de la encuesta de CaliBRANDO 2020 con-tienen variables que aproximan las implicaciones que tuvo la pandemia en varios aspectos de la vida cotidiana de las personas y cómo afectó de forma diferenciada a la población por nivel socioeconómico (NSE). Los resultados reflejan los altos porcentajes de personas que tuvieron alguna dificultad financiera o económica y la poca ayuda del Gobierno.

Como se muestra en la tabla 2, los niveles socioeconómicos medios y bajos son los más afectados en cuanto a ingresos y empleo durante la pandemia. El 64,9% de los encuestados de NSE bajo afirmaron haber tenido una disminución en sus ingresos y el 47,3% declara que el encuestado o alguien del hogar perdió su empleo durante la crisis. A pesar de que las consecuencias económicas de la pandemia fueron más acentuadas en la población más pobre, el 41,3 y el 24,1% de encuestados de NSE alto vieron reducidos sus ingresos y alguien en el hogar perdió el empleo, respectivamente.

Tabla 2

NSE	Ingresos reducidos como consecuencia de la pandemia	Pérdida de empleo (incluyendo miembros del hogar) durante los últimos seis meses	Hogares que han recibido mercados o ayudas económicas por parte del Gobierno
Bajo	64,9%	47,3%	33,2%
Medio	46,1%	33,1%	8,8%
Alto	41,3%	24,1%	2,4%
Total	47,5%	32,4%	10,6%

Fuente: elaboración propia con datos de CaliBRANDO (2020).

La atención gubernamental ha estado focalizada en el NSE bajo (33,2%), lo que muestra una atención escasa a las personas que pertenecen al NSE medio. Tan solo el 8,8% de las personas de NSE medio manifiestan que han recibido algún tipo de ayuda durante las estrictas restricciones que impuso el Gobierno como medida para contrarrestar la crisis sanitaria. Sin embargo, como se ha mencionado antes, el NSE medio posee un gran porcentaje de personas vulnerables y con alto riesgo de caer en la pobreza, por lo que es necesario brindar programas que, ante choques negativos, garanticen su permanencia y los ayuden a consolidarse en un NSE medio.

De igual modo, al utilizar la información suministrada por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE (2020a), se encuentra que, para las 13 áreas metropolitanas, los resultados anteriores persisten. Los NSE bajo y medio son los más afectados: el 22,5 y el 14,8% de las personas en estos niveles socioeconómicos, respectivamente, manifiestan que no han podido realizar pagos de facturas y deudas, y el 30,3 y el 25,1% presentan una disminución de actividades económicas y de ingresos. El 9,1 y el 6,7% no han podido trabajar, buscar empleo o iniciar un negocio.

Las personas de los niveles socioeconómicos más bajos son las que se han visto más perjudicadas en la actual pandemia. La reducción de la actividad económica tiene un gran impacto para todas las personas; sin embargo, para estos grupos socioeconómicos, que cuentan con altos niveles de informalidad, esta reducción es más alta y conlleva mayores dificultades en el bienestar del hogar.

El acceso universal a servicios financieros regulados no es un objetivo de política pública en muchos países en vía de desarrollo (Claessens, 2006). La baja inserción de la población más pobre y la clase media vulnerable al sistema financiero tiene implicaciones importantes en la reducción de pobreza, ya que, sin la posibilidad de acceso a crédito regulado, la población excluida del sistema financiero debe recurrir a formas de créditos informales que son más costosas y que perpetúan un círculo de pobreza (Acevedo y Martínez, 2018).

Los resultados de la encuesta muestran que las personas que pertenecen a los niveles socioeconómicos medios y bajos se caracterizan por tener altos niveles de informalidad y pocos ahorros, por lo cual, en tiempos de crisis económica, el crédito se convierte en una necesidad. Los datos recolectados en CaliBRANDO 2020 evidencian cómo se ha perjudicado la situación financiera de los hogares de NSE medio: el 35,8% de las personas de este grupo solicitó endeudarse durante la pandemia y el 54% manifestó que ha tenido dificultad para pagar sus obligaciones financieras.

Como se muestra en la tabla 3, los principales mecanismos para acceder a crédito por parte de la clase media durante la pandemia fueron medios informales. Los préstamos con amigos y los préstamos a paga diarios o gota a gota, como se conocen en Colombia, representan respectivamente el 33,4 y el 5,9% de los mecanismos de endeudamiento que utilizaron los encuestados de clase media. El préstamo gota a gota se puede definir como un préstamo pagado a través de cantidades pequeñas con una frecuencia alta de pago (Hernández-García y Oviedo-Gómez, 2016) y con intereses que pueden llegar hasta el 20% mensual más altos para los informales (Acevedo y Martínez, 2018). La tarjeta de crédito, que es el mecanismo de deuda más costoso en el sistema regulado, fue la primera opción para endeudarse (35,8%). Los préstamos bancarios representaron el mecanismo de deuda usado por el 24,9% de los encuestados de clase media. Si bien este es un proxy imperfecto de acceso financiero, es un indicativo de la exclusión financiera de la clase media.

Tabla 3

NSE	Tarjeta de crédito	Préstamo de bancos	Préstamo de amigos	Préstamo por gota a gota
Bajo	19,1%	17,1%	51,3%	12,5%
Medio	35,8%	24,9%	33,4%	5,9%
Alto	43,3%	29,9%	26,8%	0,0%
Total	33,9%	24,3%	35,8%	5,9%

Fuente: elaboración propia con datos de CaliBRANDO (2020).

El motivo por el cual las personas se han endeudado durante la pandemia deja en evidencia la vulnerabilidad de la clase media al no tener ahorros suficientes para garantizar las necesidades y servicios básicos. Principalmente, la difícil situación con los créditos anteriores generó que los préstamos nuevos se destinaran a pagar, parcial o completamente, las antiguas deudas para aliviar la carga financiera durante la pandemia. A esto se le suma que, junto con las obligaciones financieras y la interrupción de la actividad económica, los gastos mensuales del hogar se tuvieron que financiar mediante deuda, lo que generó mayores problemas a futuro y una ralentización en la recuperación económica. En la tabla 4 se muestran las razones de endeudamiento durante la pandemia por nivel socioeconómico.

Tabla 4

NSE	Pagar arriendo	Comprar bienes	Pagar servicios públicos	Comprar comida	Pagar deudas
Bajo	17,8%	5,4%	18,4%	29,7%	28,6%
Medio	14,0%	10,6%	16,9%	21,9%	36,7%
Alto	10,3%	15,4%	12,5%	13,2%	48,5%
Total	14,3%	10,1%	16,4%	22,3%	36,9%

Fuente: elaboración propia con datos de CaliBRANDO (2020).

La satisfacción con la provisión de bienes y servicios públicos genera un efecto sobre los niveles reportados de confianza institucional. Esto se debe a que la gestión gubernamental afecta la percepción de las personas, la cual depende, en gran medida, de los bienes y servicios públicos a los que tienen acceso. De este modo, se logra evidenciar bajos niveles de confianza con las instituciones púbicas en zonas donde, en promedio, se consideran de baja calidad los bienes y servicios públicos (Monsiváis, 2019).

Durante la pandemia, la toma de decisiones de los gobiernos locales se vio condicionada por el decreto del Gobierno nacional de cuarentena estricta que duró, aproximadamente, más de cinco meses. El largo aislamiento afectó la economía con pérdidas entre 4,6 y 59 (cuatro punto seis y cincuenta y nueve) billones, dependiendo del escenario de aislamiento considerado para la estimación (Bonet et al., 2020a). Además, las regiones más vulnerables, ubicadas en la periferia y con mayor informalidad, vieron perjudicado su bienestar, dada la disminución en los ingresos ocasionada por la restricción de su mano de obra (Bonet et al., 2020b). Asimismo, esto llevó a los municipios a tener que reestructurar su gasto para atender la emergencia, lo cual se realizó mediante los Decretos 678 del 20 de mayo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020 (citados en Pérez-Valbuena et al., 2021), que permiten reorientar rentas, modificar presupuestos, entre otras funciones.

En las principales ciudades de Colombia, las medidas se dividieron en dos categorías: las sociales, enfocadas en destinar ayuda a la población más vulnerable, y las medidas dirigidas a pequeñas y medianas empresas.

En Cali, por ejemplo, se redujeron impuestos y se entregaron mercados y bonos con el objetivo de asegurar la alimentación de población vulnerable como trabajado-res informales, vendedores ambulantes, madres cabezas de familia, recicladores o dueños de negocios informales que pararon sus actividades durante el confinamiento, siempre y cuando no fueran beneficiarios de otros programas de asistencia social (Alcaldía de Santiago de Cali, 2020). En Barranquilla, además de los planes de seguridad alimentaria (Alcaldía de Barranquilla, 2020), se brindó apoyo psicológico y social a hogares en vulnerabilidad (Alcaldía de Barranquilla, 2021). En Medellín, las acciones sociales del Gobierno tuvieron cuatro enfoques principales: 1) las transferencias monetarias no condicionadas; 2) las transferencias en paquetes y alimentos; 3) bonos de dinero y otros servicios entre los que se encuentran el alojamiento por vulnerabilidad y el transporte humanitario, y 4) el acompañamiento psicosocial (Medellín cómo Vamos y Proantioquia, 2020). Bogotá, por su parte, también utilizó las transferencias monetarias no condicionadas, y los bonos y mercados como estrategias para mitigar la crisis en la población (Alcaldía de Bogotá, 2020). Al mismo tiempo, las cuatro ciudades otorgaron beneficios como líneas de microcréditos a pequeñas y medianas empresas, aunque en Barranquilla se implementó una línea para trabajadores informales e independientes, y en Bogotá se usaron medidas de asistencia y capacitación de las empresas mediante programas de asesorías, subsidio salarial y beneficios tributarios.

En contraste, los resultados de la investigación muestran que, para los encuestados de NSE medio que consideran que deberían ser beneficiarios de ayudas por parte del Gobierno, los tipos de ayuda solicitados con más frecuencia corresponden a los subsidios monetarios (68,29%), la mejora en las condiciones de seguridad (60,57%) y la generación de empleo (58,94%). La importancia de los subsidios monetarios como demanda social muestran que las necesidades de la clase media durante la pandemia están menos relacionadas con necesidades básicas de subsistencia como la alimentación, pero más relacionadas con la urgencia de liquidez que tiene que ver con el pago de servicios públicos o deudas.

En este orden de ideas, es de esperar una confianza institucional y satisfacción con la gestión gubernamental bajas en los NSE medios al no contar con el suficiente apoyo económico y social pertinentes para la actual crisis, dado que, por un lado, la atención gubernamental se centró en los NSE bajos y, por otro, porque la clase media urgía más inyecciones de liquidez mientras una parte de las ayudas que llegaron a este segmento poblacional se componían por asistencia alimentaria en bonos o en mercados. Sin embargo, el promedio de confianza institucional fue respectivamente de 3,2; 3,3; y 3,5 en una escala de 0 a 10 para las clases bajas, medias y altas. Si bien el valor más bajo es el de la clase baja, no hay diferencias significativas con la clase media.⁴

Por otra parte, se aprecia cómo la ayuda mal direccionada a la población perteneciente a la clase media vulnerable puede causar que, a pesar de tener un nivel de ingresos superior al de la clase baja, esta pueda retornar a la pobreza ante el deterioro de sus condiciones socioeconómicas porque comparte características con el de la clase baja en cuanto a inestabilidad, informalidad y altos riesgos por baja protección social (Castilleja-Vargas, 2020).

Este hecho se refuerza con las disparidades en-contradas en el estudio de satisfacción con el Gobierno entre el grupo de NSE medio y bajo perteneciente al sector formal e informal (tabla 5), dado que el 72,5% de los informales se encuentran en estos dos grupos poblacionales. Por una parte, los formales⁵, al tener una mayor estabilidad y protección económica, tienen una mejor percepción sobre la gestión de la Alcaldía durante la pandemia; mientras que para los informales se encuentra un mayor grado de insatisfacción con la gestión municipal. Esto indica que su condición de vulnerabilidad amerita intervenciones públicas con mayor alcance y durabilidad que permitan alcanzar una percepción de estabilidad económica en el corto plazo. Se aprecia cómo la confianza difiere en niveles significativos por los grupos de formalidad para las clases media y baja, en las que el promedio de confianza institucional se sitúa en un valor de 3,4, en una escala de 0 a 10. Este bajo valor se relaciona con los problemas estructurales que, durante la pandemia, se han agravado, reflejando el hecho de que la clase media demanda más acciones destinadas a mejorar su calidad de vida y la clase baja no obtuvo la suficiente ayuda gubernamental.

Tabla 5

Indicador compuesto	Formales	Informales	Diferencia de medias
(1) Satisfacción con la Alcaldía	3,4	3,1	0,254*
(2) Confianza institucional	5,0	4,6	0,388
N	533	458

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,1

Por último, se encuentran diferencias marcadas por sexo en la satisfacción con las instituciones públicas para la clase media, pero no en los niveles de confianza institucional (tabla 6).

Tabla 6

Indicador compuesto	Hombre	Mujer	Diferencia de medias
(1) Satisfacción con la Alcaldía	3,4	3,3	0,087
(2) Confianza institucional	4,5	4,0	0,503***
N	376	458

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,1

Cuando se enfoca en esta clase social, los resultados son opuestos a los que encontraron Joshanloo y Jovanović (2020). Esta diferencia se logra, en gran medida, gracias a que los hombres reportan más satisfacción en todos los servicios, excepto en la seguridad. Las diferencias más altas se encuentran en la satisfacción con la provisión de servicios públicos y la salud⁶. De este modo, se evidencia cómo los hombres tienen mayor apreciación por estos servicios públicos cuando se está presente en una clase media, pero vulnerable.