Resumen: En este trabajo se examina la estrategia comunicacional y propagandística exterior de la última dictadura argentina elaborada por la Dirección General de Prensa y Difusión, establecida en 1977 en Cancillería. Se investiga su funcionamiento a partir del hallazgo de una serie de carpetas producidas por esta dependencia. Se reflexiona sobre la deriva de esta documentación para, posteriormente, analizar su contenido. Ello permite identificar el programa de invitación a periodistas extranjeros seleccionados para visitar Argentina. Los elegidos no eran solo figuras identificadas y defensoras del régimen, también participaron quienes manifestaban posiciones más críticas y quienes eran capaces de producir crónicas turísticas “no políticas”. Sus escritos periodísticos, a la vez, permiten señalar invariantes (rasgos comunes) que llevan a identificar lineamientos del proyecto comunicacional de la dictadura. Finalmente, este trabajo se detiene en el particular funcionamiento de esta Dirección: la presencia, entre sus empleados y funcionarios, de mujeres que estaban detenidas en uno de los principales centro
Palabras clave: relaciones internacionales, dictadura, propaganda, diplomacia.
Abstract: This work examines the foreign communication and propaganda strategy of the last Argentine dictatorship developed by the General Directorate of Press and Diffusion established in 1977 in the Foreign Ministry. Its operation is investigated based on the discovery of a series of folders produced by this agency. We reflect on the drift of this documentation to subsequently analyze its content. This allows us to identify the invitation program for foreign journalists selected to visit Argentina. Those chosen were not only identified figures and defenders of the regime, but also those who expressed more critical positions and those who were capable of producing “non-political” tourist chronicles. His journalistic writings, in turn, allow us to point out invariants (common features) that lead to identifying guidelines of the communication project of the dictatorship. Finally, this work focuses on the peculiar functioning of this Directorate: the presence, among its employees and officials, of women who were prisoners in one of the main clandestine detention centers – the Navy Mechanics School – and who were transferred to the Chancellery to work. Their inscriptions in the documents lead us to reflect on the work with bureaucratic-administrative documentation produced by the terrorist State.
Keywords: international relations dictatorship, propaganda, diplomacy.
Resumo: Este trabalho examina a estratégia de comunicação e propaganda externa da última ditadura argentina, desenvolvida pela Direção Geral de Imprensa e Divulgação, criada em 1977 no Ministério das Relações Exteriores. Investigamos seu funcionamento com base na descoberta de uma série de pastas produzidas por essa unidade. Refletiremos sobre o desvio dessa documentação e, em seguida, analisaremos seu conteúdo. Isso torna possível identificar o programa de convites para jornalistas estrangeiros selecionados para visitar a Argentina. Os escolhidos não eram apenas figuras identificadas e defensores do regime, mas também aqueles que expressavam posições mais críticas e que eram capazes de produzir crônicas turísticas “não políticas”. Seus textos jornalísticos, por sua vez, nos permitem apontar invariantes (características comuns) que nos levam a identificar diretrizes do projeto de comunicação da ditadura. Por fim, este documento se concentra no funcionamento específico dessa Diretoria: a presença, entre seus funcionários e oficiais, de mulheres que foram detidas em um dos principais centros de detenção clandestinos –a Escuela de Mecánica de la Armada– e que foram transferidas para a Chancelaria para trabalhar. Suas inscrições nos documentos nos levam a refletir sobre o trabalho com a documentação burocrático-administrativa produzida pelo Estado terrorista.
Palavras-chave: relações internacionais, ditadura, propaganda, diplomacia.
Dossier
La Dirección General de Prensa y Difusión de Cancillería: su estrategia de propaganda para confrontar la “campaña antiargentina” (1977-1981)
The General Directorate of Press and Dissemination of the Ministry of Foreign Affairs: its propaganda strategy to confront the 'anti-Argentina campaign' (1977-1981)
A Direção Geral de Imprensa e Divulgação do Ministério das Relações Exteriores: sua estratégia de propaganda para enfrentar a "campanha antiargentina" (1977-1981)

Recepción: 26 Julio 2023
Aprobación: 14 Febrero 2024
UFA, Tobis y otras empresas alemanas empezaron a distribuir sus películas en Francia, hasta tal punto de que el servicio secreto francés advirtió que los nazis estaban utilizando el cine como arma contra Francia
Introducción
La cita del libro de Alan Riding que describe el clima político en Francia antes de la ocupación nazi, nos introduce en un conjunto de interrogantes entre los cuales cabe destacar: ¿cómo la intervención cultural puede devenir en estrategia política?, ¿será por ello que los gobiernos suman a sus causas a artistas, periodistas, publicistas y, en general, intelectuales? Y, al hacerlo, ¿creen en su capacidad y en su poder de convencimiento o tan solo apuntan a dar una imagen de acompañamiento como parte de una propaganda superficial? Estas preguntas forman parte del marco de indagación con el cual investigamos desde hace varios años la proyección cultural y, sobre todo comunicacional, de la última dictadura en Argentina (1976-1983).[1] En particular, nos preguntamos por las estrategias de legitimación seguidas y de negación de las denuncias por violaciones a los derechos humanos.
A un año del golpe de Estado de 1976, la dictadura había creado por lo menos dos estructuras estatales paralelas con tareas propagandísticas y comunicacionales. Por un lado, la Secretaría de Información Pública (SIP), dependiente del Poder Ejecutivo y responsable del control de los medios de comunicación, contrató a publicistas reconocidos de una empresa privada estadounidense denominada Burson-Marsteller. Por el otro, Cancillería reformuló y reconvirtió su antigua oficina de prensa, que pasó a ser denominada Dirección General de Prensa y Difusión (DGPyD) –que incluyó la creación de un departamento en Europa, el Centro Piloto en París– a cargo de la diplomacia cultural y de la relación con el periodismo extranjero. A pesar de que ambas tuvieron a su cargo la misma tarea de defensa –frente a la “campaña antiargentina”, nombre con el que el propio régimen denostó las denuncias recibidas por violaciones a los derechos humanos (Franco, 2002)–, los intereses políticos que expresaron fueron divergentes y hasta llegaron a ser opuestos.[2] Mientras que la SIP-Burson-Marsteller patrocinó el programa económico-político del sector liberal vinculado al jefe del Poder Ejecutivo, el teniente general Jorge Rafael Videla, Cancillería se convirtió hasta 1978 en una de las bases del almirante Emilio Massera, miembro de la Junta Militar y con una estrategia política contrapuesta a la del anterior.[3]
Recientemente, fue noticia el “hallazgo” de documentos producidos por la DGPyD. Se trataba de una nota escrita por el periodista Enrique Vázquez, en la cual develaba que la dictadura contrató a periodistas de medios extranjeros para que difundieran imágenes positivas sobre el país. La investigación, realizada junto a Gustavo Cirelli y un equipo de la agencia de noticias Télam, fue publicada en marzo de 2022 al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.[4] Uno de los principales elementos de impacto resaltados fue evidenciar que parte de las tareas de logística destinadas al recibimiento del periodismo extranjero fue delegada a mujeres que, en ese momento, estaban detenidas-desaparecidas en el mayor centro clandestino de detención de Buenos Aires, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) (Vázquez, 2022a).
Después de acceder al material hallado de la DGPyD,[5] propusimos desentrañar la información para comprender el funcionamiento de esta dependencia de prensa. De allí que en este trabajo, en primer lugar, realizamos una descripción de estos documentos para precisar su relevancia; luego, nos detenemos en el estudio de la DGPyD y de su programa de recepción a periodistas, que atravesó dos etapas: la primera, bajo la gestión de oficiales de la Armada (entre 1977 y 1978), y la segunda, a cargo de la Aeronáutica (entre 1979 y 1981).[6] Finalmente, nos concentramos en las huellas a través de las cuales es posible identificar en estos documentos el trabajo de las mujeres detenidas en la ESMA. De este modo, el horizonte de esta propuesta suscribe a lo planteado por la fiscal Mercedes Soiza Reilly en el juicio conocido como la Megacausa ESMA, quien señaló que “la burocracia atenta contra lo clandestino” cuando el relevamiento de documentación administrativa habilita la reconstrucción de los circuitos represivos de los que se intentó su total borramiento (Agostini y Lettieri, 2016).
Las carpetas de la Dirección General de Prensa y Difusión
Los “hallazgos” de documentos relativos a la última dictadura siempre son noticia. Las expectativas que se generan en torno a los procesos de acceso a fuentes que devienen públicas se vinculan a la posibilidad de obtener información útil para la reconstrucción judicial e histórica de delitos de lesa humanidad, así como también de proveer datos a familiares que aún buscan conocer el destino de sus allegados. Sin embargo, bajo el nombre de “hallazgos” se referencian procesos de diversa índole. En ocasiones, devienen de la disolución de los organismos productores y, en otras, de negociaciones y del aprovechamiento de coyunturas políticas favorables (Caimari y Nazar, 2015; Balé, 2018; Schenquer et al., 2023).
En particular, sobre este “hallazgo”, Enrique Vázquez relató que un “empleado de Cancillería” tras culminar la dictadura rescató las carpetas de un volquete cercano al ministerio y se las entregó a un “abogado vinculado a los derechos humanos”. Este las preservó durante casi 40 años, hasta que se produjo su fallecimiento y fue entonces que “su secretaria” se las acercó a Vázquez (2022a). Este recorrido con diversos actores intermediarios no identificados y en situaciones inespecíficas, resulta tan verosímil como la posibilidad de que el tránsito haya sido otro: según un testimonio, el material fue sacado de Cancillería por una detenida en la ESMA que era trasladada a este organismo para trabajar y el periodista habría optado por preservar su identidad para evitar que recayeran cuestionamientos sobre ella.[7]
En cualquier caso, el fondo documental que se dio a conocer en 2022 está compuesto por “ocho carpetas de aspecto exterior rutinario, de oficina” que fueron elaboradas y archivadas por funcionarios de la DGPyD (Vázquez, 2022a). Cada una contiene material referido a la visita de un periodista o de un grupo de periodistas y referentes extranjeros que fueron invitados a visitar el país y, posteriormente, incentivados a redactar noticias favorables sobre Argentina.[8] Este material –conformado por notas, cables reservados y memorándums entre periodistas, diplomáticos y funcionarios– permite reconstruir la agenda diaria de lo que realizaron las y los invitados extranjeros, así como también la de funcionarios de la DGPyD responsables del acompañamiento. Tan relevante como dichas actividades resulta la de quienes oficiaron de burocracia de esa dirección de prensa. Esta actuaba siguiendo normativas: modos de recopilar, transmitir y archivar la información que se encontraban sumamente pautados.
El conocimiento de las lógicas y la racionalidad seguida para el cumplimiento de la misión de este organismo, permite admitir que estas carpetas habrían integrado un fondo documental más amplio. Stella Segado indicó que este fondo pudo haber tenido una dimensión de “al menos 484 carpetas” según la numeración de las solapas, cifra que indicaría que ese pudo haber sido como mínimo el número de visitas planificadas. Sería ideal “contar con el fondo generado por dicha dirección [que] permitiría seguir el hilo de Ariadna, hacer el recorrido, saber de los asuntos y sus jerarquías según los tiempos, quienes eran sus destinatarios y quienes las personas que lo firmaron”.[9] Pero, dado su desmembramiento, es posible trabajarlo de manera no concluyente sino exploratoria, y seguir esa doble propuesta de investigación: por un lado, la del estudio de los “destinatarios”, que en este caso eran las y los referentes extranjeros invitados por la DGPyD a visitar Argentina; por el otro, el análisis de “las personas que lo firmaron”, esto es, funcionarios diplomáticos y administrativos que integraban este organismo productor. En este trabajo seguiremos la segunda opción, en tanto nos interesa comprender el funcionamiento de esta dependencia de Cancillería y el modo mediante el cual puso en práctica este programa de propaganda a partir de la recepción del periodismo extranjero. Para ello, hemos optado por examinar la documentación de las carpetas, no como fuentes individuales sino como una serie que permite interpretar la existencia de particularidades y de conexiones/regularidades en el accionar de su organismo productor.[10]
La Dirección de Prensa en funcionamiento
Tras el golpe de Estado de 1976, el modelo institucional impuesto por el gobierno se basó en un esquema de “reparto tripartito del poder”, con el objetivo de asegurar que las tres ramas de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Aeronáutica) compartieran iguales responsabilidades (Canelo, 2008, p. 79). Según esta división, Cancillería quedó a cargo de la Armada entre los años 1976 y 1978.[11] Durante esta gestión, por Decreto N° 1871 de 1977 se aprobó la creación de la DGPyD, integrada por tres departamentos, uno de los cuales fue el Centro Piloto –como ya se mencionó– que quedaba en cercanías de la embajada argentina en Francia.[12] También, ese decreto indicaba que la finalidad de esta Dirección era dar prioridad a “un sistema de difusión destinado a restituir y mantener una imagen real y positiva de nuestro país en el exterior”. Así, la impronta que adquiría esta estructura debe ser analizada en el contexto de importancia creciente que la dictadura le atribuyó a la prensa y a la propaganda, en respuesta a las denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, el almirante Massera, comandante en jefe de la Armada, utilizó este ministerio para promover sus aspiraciones presidenciales (Vázquez, 1985; Uriarte, 2011). Durante el lapso que se considera la primera etapa de la DGPyD (entre junio de 1977 y octubre de 1978), varios individuos cercanos al almirante –con probada participación en el circuito represivo del centro clandestino de la ESMA– ocuparon diferentes puestos en Cancillería. Entre ellos, cabe mencionar al vicealmirante Oscar Antonio Montes, quien se desempeñó como canciller (entre mayo de 1977 y octubre de 1978), y al capitán de navío Gualter O. Allara, que ocupó el cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores y llegó a tener un peso significativo, incluso por encima de Montes (Novaro, 2011, p. 122). Además, se encontraba el capitán de fragata Roberto Pérez Froio, primer director de la DGPyD entre septiembre de 1977 y diciembre de 1978.[13] La presencia de estas figuras en Cancillería permite comprender lo señalado por Facundo Fernández Barrio y Rodrigo González Tizón (2020) quienes, en particular, indicaron que el Centro Piloto fue empleado por el Grupo de Tareas de la ESMA como un centro operativo para actividades encubiertas en el exterior.[14]
La segunda etapa de la DGPyD (entre octubre de 1978 y marzo de 1981) se inició con el cambio de autoridades en Cancillería.[15] Durante este período, se produjo la salida gradual de los funcionarios de la Armada antes mencionados y su reemplazo por miembros de la Aeronáutica. Estos cambios se llevaron a cabo bajo la gestión del canciller brigadier mayor Carlos W. Pastor (entre noviembre de 1978 y marzo de 1981). A partir de entonces la DGPyD, lejos de ser desarticulada, continuó con la misión de difusión propagandística.
Las carpetas “halladas” de la DGPyD evidencian que, a pesar de los cambios de conducción, existieron ciertas regularidades entre los períodos. En particular, en el programa de invitación al periodismo extranjero y en lo referente al proceso de selección de participantes. Después de la “Directiva Nro. 1 de Difusión al Exterior” que había especificado que las embajadas debían remitir a la DGPyD sus contactos,[16] esta Dirección detalló cómo debía ser suministrada la información en sucesivas circulares telegráficas (CITEL). De acuerdo a estas directrices, los embajadores proporcionaron nombres de individuos para visitar Argentina que eran adecuados para cumplir con la tarea de transmitir lo experimentado e incluir una imagen positiva del gobierno receptor.[17] También hubo casos en los cuales los embajadores informaron sobre visitas ya programadas de periodistas, como fueron las de Jacques Schoonjans y de Fernando Vizcaíno Casas, que luego fueron incorporadas al programa.[18] En estos intercambios se evidencia que, así como el cuerpo diplomático apoyó el despliegue del accionar represivo extraterritorial (Fernández Barrio, 2017), también fue indispensable como primer filtro en la selección de candidatos para mejorar la imagen de Argentina. En este desempeño “productivo” de la dictadura, la última decisión respecto a quién elegir y a quién descartar era tomada por la autoridad máxima: la DGPyD en Buenos Aires.

Además de un tratamiento de la información que se perpetuó entre las diferentes etapas, una práctica recurrente fue invitar a periodistas y figuras influyentes capaces de proporcionar apoyos al régimen frente a situaciones críticas. Tal como sucedió con Mira Avrech, del periódico israelí Yedioth Ahronoth, a quien se convocó explícitamente con el propósito de demostrar que en Argentina no había un problema de antisemitismo, en contraposición a lo denunciado por Jacobo Timerman tras haber sido liberado luego de estar más de dos años en cautiverio.[19]
Sin embargo, la selección de periodistas no se limitó exclusivamente a partidarios del régimen. Aunque hubo profesionales dispuestos a demostrar su colaboración con entusiasmo más allá de lo requerido,[20] también fueron seleccionados otros perfiles más inquisidores y cuestionadores dispuestos a introducir las denuncias que pesaban contra la dictadura. Este fue el caso de Irène Jarry (corresponsal de Le Figaro, Francia) invitada a mediados de 1980. La falta de alineamiento al régimen se hizo evidente durante el proceso de selección, tanto en la investigación de antecedentes como al momento en que la DGPyD recibió el cuestionario con las preguntas, requisito para organizar un encuentro con el presidente Videla.[21] Esta información que habría podido implicar la cancelación de su viaje, o del encuentro con Videla, no impidió que continuaran los preparativos. Podemos asumir que los funcionarios de la DGPyD aceptaron el riesgo con la certeza de que mantendrían el control de la entrevista y dispondrían de varios meses para preparar las respuestas de Videla. No obstante, la invitación a una periodista “crítica” –o más bien, dispuesta a abordar temas clave para la imagen del régimen en el exterior–, podría haberse planteado con la intención de proporcionar respuestas oficiales en escenarios controlados respecto a las situaciones denunciadas internacionalmente. Volveremos sobre este punto.
La defensa política de la dictadura no fue la única finalidad perseguida por este programa. También hubo casos en que esta pareció ser desplazada a un segundo plano para priorizar crónicas turísticas del país. Ese fue el caso del periodista elegido Gene Mueller, editor de la sección “outdoors” del periódico estadounidense The Washington Star. Antes de ser seleccionado, el embajador en Estados Unidos Jorge Antonio Aja Espil, había informado más detalles sobre otro candidato en uno de sus cables: “Esta embajada mantiene desde hace tiempo una sólida relación con el periodista Jeremiah O’Leary a cargo de Asuntos Latinoamericanos, quien ha visitado la Argentina en numerosas oportunidades”.[22] Pero la DGPyD le respondió que optaba por continuar las tratativas con Mueller, cuyo perfil era el de un experto en temas de deporte y turismo. Como analizaremos en breve, de estas presuntas coberturas “no políticas” se obtuvieron notas atractivas y tentadoras que beneficiaron la imagen de la dictadura argentina.
Después de completar el proceso de selección de los invitados, proseguía la etapa de organización de las visitas que incluían encuentros con destacados representantes políticos y empresariales argentinos, así como recorridos por diferentes ciudades del país. De estos intercambios se observa que para la DGPyD era un momento crucial lograr audiencias con el presidente Videla; es que para conseguir una entrevista solicitada por el periodismo extranjero, la Dirección debía contactar a la SIP, la entidad ya mencionada como responsable de la comunicación y las relaciones de prensa del Poder Ejecutivo.
En la primera etapa de la DGPyD las disputas con la SIP fueron evidentes.[23] Por lo tanto, no sorprende que aún a fines de 1978 la SIP rechazara estos pedidos, incluyendo el del periodista mexicano Fairlie Fuentes del periódico El Heraldo.[24] Sin embargo, en la segunda etapa las solicitudes de audiencia con el presidente Videla fueron tramitadas con mayor fluidez. Así, en contraste con los procedimientos que continuaron en ambos períodos, aludidos previamente, en este último se observa un cambio significativo.
La agilización del proceso para fijar audiencias con Videla coincidió con la asunción de un nuevo liderazgo en Cancillería: bajo el brigadier mayor C. W. Pastor de la Fuerza Aérea,[25] fue nombrado como director de la DGPyD el comodoro (RE) Luis Antonio Nicotra (desde diciembre de 1978 a junio de 1979) y luego el comodoro (RE) Julio C. Boitier (desde junio de 1979 a marzo de 1981). Estas autoridades iniciaron una mejora en las relaciones con la SIP. Tal como fue reflejado en el documento de Cancillería que indicaba que se lanzaba un nuevo “Plan de Acción para el año 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto [que] es contribuyente al Plan Nacional de Comunicación Social de la Secretaría de Información Pública”.[26] Esta resolución muestra que desde esa fecha la DGPyD comenzó a operar bajo las directrices de la SIP, medida que tuvo un impacto significativo en la política de propaganda exterior. Se destaca que, a partir de entonces, la figura de Videla cobró mayor presencia en los medios de comunicación internacionales.[27] Por lo antedicho, es evidente que la DGPyD no solo no fue dada de baja tras la salida de Massera del gobierno, sino que fue refuncionalizada bajo la dirección del Poder Ejecutivo.
La fase final del programa: los trofeos de la dimensión productiva
La última fase del programa contemplaba la recepción de artículos escritos por los invitados en sus idiomas nativos. Nuevamente, eran los embajadores quienes los recepcionaban y enviaban a la DGPyD, configurando así el factor de cierre de las carpetas “halladas”. Para tener en cuenta el impacto de este programa, de las siete u ocho visitas –según se incluya o no la del escritor Louis Pauwels–,[28] se generaron casi 50 artículos que fueron publicados en periódicos extranjeros y locales (tales como La Nación, La Razón, Convicción, La Opinión, entre otros).[29] Asimismo, como parte de los logros obtenidos por este programa debe considerarse la producción del documental Argentina after Terrorism realizado en 1981 como una continuación del film Argentina y el terrorismo.[30] Este conjunto de materiales da cuenta de una producción mediática considerable que desempeñó un papel significativo en la defensa y la promoción de la dictadura argentina a nivel internacional.
Es posible reconocer en el universo más amplio de artículos escritos como resultado de este plan de comunicación, ciertas “invariables” o temas recurrentes a lo largo de los años, que permiten captar algunos ejes de la estrategia comunicacional de la dictadura. Se proponía una visión de Argentina como una nación en constante desarrollo, encaminada hacia una nueva organización, caracterizada por la estabilidad política y económica, y con un gran potencial basado en sus abundantes recursos naturales. Se apelaba a todos estos aspectos como logros de la “recuperación”, tras referenciar sin ofrecer mayores detalles del proceso, que la nación había sido ganada al “terrorismo” –término utilizado con mayor frecuencia que el de “subversión”–.[31] Superada esa batalla, no quedaban rastros visibles de la violencia: se enfatizaba que ni siquiera en las calles se notaba la presencia policial y de las Fuerzas Armadas.
Ninguno de estos artículos divulgaba el verdadero origen de estas notas, es decir, que habían sido producidas con el auspicio de Cancillería y como parte de la maquinaria propagandística de la dictadura. Del mismo modo que en el film Argentina after Terrorism se ordenó obviar la inclusión de las más altas autoridades como Videla.[32] Eran trabajos que ganaban credibilidad al presentarse con la autoría de periodistas y figuras políticas que, tras “un viaje reciente” como corresponsales de los medios en los que trabajaban, eran capaces de describir sus impresiones sobre el país. Varias de estas notas fueron también distribuidas y publicadas en medios locales. Tampoco en esos escritos se mencionaba al programa de Cancillería. Un ejemplo paradójico fue el caso del periodista belga Schoonjans: la dictadura le entregó un artículo listo para ser publicado sobre Argentina –escrito en primera persona (“Cuando llegué a la Argentina sabía que encontraría un país en guerra. Pero no fue así…”)–, el periodista lo difundió a través de Le Nouvel Europe Magazine (marzo de 1978) y luego lo reprodujo La Razón bajo el título “Cómo nos ven” (abril de 1978) (Schenquer, 2024). Este caso permite ilustrar cómo la propaganda realizada para ganar apoyos externos se combinó con la construcción de legitimidad interna. Ambos objetivos fueron parte de este programa de comunicación.
Como ya se destacó, no todos fueron artículos referidos a temas políticos (entendiendo la política en términos estrechos). El periodista estadounidense Gene Mueller, del periódico The Washington Star, llegó a Argentina en agosto de 1979. La Dirección organizó sus recorridos por Buenos Aires, Corrientes y Bariloche. Del mismo modo, le indicó sobre qué aspectos debía escribir. Fue el embajador Aja Espil quien explicó cómo habían sido pautadas las notas y temas: la pesca del dorado dada la creciente “afición de ese deporte en medios norteamericanos”, y el fútbol en función de la “importancia que ese deporte está teniendo en EE.UU.”[33] Frente a dicha demanda, Mueller demostró una habilidad innegable –como en el artículo “In Argentina, Soccer Time is Holiday Time” en el que relató su experiencia de ver jugar a Maradona[34] y en “River Tiger: The mighty Dorado” inspirado en el intento de resaltar los beneficios de una vida bucólica resistente a los cambios de la modernidad–.[35] Estos escritos no solo lograron eludir hábilmente las referencias al contexto represivo que atravesaba Argentina, sino también –como lo había explicitado la Directiva N° 1 de la DGPyD– se destacaban “hechos positivos” que contrastaban “sin rebatir” las denuncias en el extranjero.[36]
Sobre todo a partir de 1979, con los cambios de autoridades, el régimen conducido por Videla procuró recuperar legitimidad a través de cierta “apertura” interna hacia los civiles y externa hacia otros países. Para ello, se decidió dejar de negar y enfrentar con una versión oficial las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Fue esa “apertura” la que promovió la invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en septiembre de 1979 (Canelo, 2008).
También ese fue el clima en el cual se produjeron las visitas de cierto periodismo habilitado a entrevistar a Videla y plantear el problema de los desaparecidos en Argentina. La periodista francesa Irène Jarry y el grupo de periodistas belgas –formado por Maurice Schmieder (La Derniere Heure), Bernard Mercier (miembro del ministerio del Interior), Ward Hulsemans (Gazet Van Antwerpen), Luc Beyer (parlamentario europeo) y Jacques Offergeld (La Nouvel Europe Magazine)– arribaron entre mediados de 1979 y de 1980. Fueron recibidos por Videla en encuentros oficiales en los que se cumplió con las formalidades –entre ellas, el envío con anticipación de las preguntas–. A diferencia de Jarry, los belgas no anticiparon el abordaje de la problemática de las denuncias sobre desaparecidos y, aun así, Videla se mostró preparado y disponible para responder.[37] La repercusión de estos encuentros, vista a través de los artículos periodísticos publicados, fue bien distinta en estos casos. Mientras que Jarry, en el marco de notas favorables que resaltaban una imagen positiva de la dictadura, apuntó a temas críticos (como las situaciones generadas en el marco del conflicto diplomático entre Francia y Argentina por la desaparición de las monjas francesas),[38] los belgas se centraron en desacreditar como “clichés” las denuncias que pesaban sobre la dictadura argentina.[39] A pesar de estas diferencias, que podrían haber dado lugar a lecturas e interpretaciones diversas por quienes eran lectores de esos medios, ambas visitas fueron celebradas por los funcionarios de la DGPyD con notas de agradecimiento y envíos a los medios locales para su publicación. Es posible pensar que ambas fueron un espacio privilegiado para que las autoridades difundieran su versión oficial respecto a las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Argentina.
Huellas de las detenidas-desaparecidas en la Dirección de Prensa
Dentro de las diversas dependencias de Cancillería, la DGPyD se destacó como la única cuyo establecimiento y objetivos iniciales estuvieron ligados intrínsecamente al proyecto político de Massera. Esta conexión se evidencia no solo por su jerarquización y el nombramiento de represores de la ESMA como funcionarios en esa área, sino también por haber sido el sitio al que fueron destinadas mujeres detenidas en la clandestinidad, obligadas a cumplir funciones junto a la burocracia legal de esta dependencia. Ellas “cada jornada eran trasladadas desde la Escuela de Mecánica de la Armada” a Cancillería y devueltas al centro clandestino al terminar el día laborable (Vázquez, 2022a). Las sobrevivientes relataron que en Cancillería se veían forzadas a efectuar labores intelectuales similares a las que realizaban en la ESMA. De hecho, Graciela García recordó la confección en el centro clandestino de una revista con la intención de que se convirtiera en “el órgano oficial de Cancillería”.[40] Así, la ESMA se convirtió “en un lugar sin límites” como lo investigó Claudia Feld (2022b), aspecto que propició que la DGPyD se erigiera como la cara visible y emergente de ese circuito represivo y productivo al mismo tiempo.[41]
En las carpetas de la DGPyD “halladas”, utilizadas en este artículo para investigar el funcionamiento del organismo y su plan de recepción del periodismo extranjero, es posible identificar evidencias de ese circuito. Resulta esperable encontrar los nombres de funcionarios de primera y segunda línea de Cancillería que sabemos estuvieron involucrados en la ESMA. Entre ellos se destacan el capitán Pérez Froio, director de la DGPyD, y el capitán Gualter O. Allara, subsecretario de Relaciones Exteriores. Bajo su autoridad, se encontraban el capitán de corbeta Eugenio B. Vilardo y al teniente de navío Alejandro Spinelli. Sus actividades son rastreables hasta casi un año después del cambio de autoridades en Cancillería a fines de 1978. Esto podría sugerir que la depuración de marinos vinculados a Massera fue gradual y paulatina.[42]
En cambio, más inesperado fue el encuentro en estas carpetas de documentos oficiales con nombres de mujeres y detalles de sus labores, que podrían pertenecer a las prisioneras trasladadas a Cancillería en situación ilegal. En el marco de los preparativos realizados por parte de empleados y funcionarios de la DGPyD ante la llegada del periodista Fairlie Fuentes (en marzo de 1979), se menciona la participación de la “Sra. Alvarez” como se puede apreciar en la imagen 2 –que tal vez fuera Marta Álvarez, detenida desde junio de 1976 en la ESMA y trasladada a Cancillería junto con otras tres mujeres desde comienzos de 1978 (Fernández Barrio, 2020)–:

Desde una perspectiva judicial, la mera aparición de este u otros nombres incompletos en los documentos no constituye una prueba.[43] No obstante, para las investigaciones académicas el potencial de estas huellas radica en la posibilidad del entrecruzamiento con otras fuentes de información. En ese sentido, el nombre de “Elisa” (que quizás fuera Elisa Tokar detenida en la ESMA y quien también era llevada a cumplir tareas en la DGPyD) cobra una nueva impronta a la luz de los datos proporcionados por Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA. Ella recordó una anécdota que sugiere que Elisa Tokar podría haber desempeñado tareas en la recepción de Cancillería (“mesa de entrada”),[44] tal como se indica en el siguiente documento:

A Tokar la “incorporaron a la oficina en el Palacio San Martín bajo su verdadero nombre, aun cuando se escondía que era una detenida ilegal” (Fernández Barrio, 2020, pp. 298-324). De allí que la posibilidad de encontrar en esos documentos burocráticos-administrativos su nombre verdadero fuera más concreta, pese a haber estado en una situación de total irregularidad.
También Enrique Vázquez relató el impacto de descubrir huellas de las detenidas en los documentos, especialmente en uno que formaba parte de la carpeta número 321 (ver imagen 4). Vázquez relató que, durante su investigación, vivió un momento conmovedor al reconocer una hoja abrochada en el interior de la carátula que sintetizaba la operación de prensa organizada con periodistas de Bélgica. Destacó que era “una cuadrícula torpemente trazada con el apoyo de una regla y cada raviol está ocupado por una nota manuscrita. La persona que escribió esa reseña dormía a la noche sobre el suelo de “la capucha” con los tobillos engrillados” (Vázquez, 2022b).

Del mismo modo que con los nombres incompletos, esta cuadrícula devino un hallazgo a la luz del proceso de investigación del periodista. Vázquez, no lo indicó, pero probablemente contaba con el relato testimonial de una sobreviviente que identificaba el valor de ese material como prueba de su paso por Cancillería y su labor burocrático-administrativa junto a otras detenidas, funcionarios y empleados de dicho ministerio. Tal como lo advierte Ludmila Da Silva Catela (2007): “los documentos nada revelan por sí mismos. O mejor, revelarán o no revelarán según la lógica de los agentes que los utilicen” (p. 206). En este caso, las carpetas de la DGPyD aportan evidencias materiales –que hasta el momento no teníamos– que solo son útiles en el marco de testimonios e investigaciones que permitan interpretar su contenido y, sobre todo, conocer con mayor precisión la labor de estas mujeres en el devenir del funcionamiento de esta agencia que tuvo a su cargo la recepción del periodismo extranjero.
Además de estos entrecruzamientos, propios de todo proceso de investigación, es fundamental reconocer el valor testimonial de estas huellas. No porque entendamos ese valor en un sentido positivista (que indicaría que lo que está allí escrito es “la verdad”), sino en tanto se trata de registros oficiales del Estado terrorista cuya intención era borrar el accionar represivo. Por lo tanto, esos nombres y esa cuadrícula constituyen una marca a “contrapelo” de aquella intención. Las autoridades de la DGPyD actuaron en pos de enmascarar y negar la situación irregular en la que ellas se encontraban en el ministerio. Sin embargo, estas inscripciones advierten sobre su presencia: las historias de mujeres que formaron parte del funcionamiento de la Dirección de Prensa y que transitaron por el circuito constituido entre la ESMA y la Cancillería.
Conclusiones
A la luz de la problemática de las estrategias comunicacionales y propagandísticas gubernamentales, hemos estudiado a la DGPyD de Cancillería utilizando una documentación cuya existencia fue anunciada recientemente. El objetivo central de este trabajo consistió en analizar el funcionamiento de este organismo y su accionar en el plan de recepción del periodismo extranjero. Para ello, hemos revisado la documentación en busca de patrones recurrentes y cambios significativos que nos posibiliten adentrarnos en los procesos burocráticos de la DGPyD.
En trabajos previos habíamos identificado que la DGPyD atravesó dos períodos distintos: el primero, bajo los miembros de la Armada; y el segundo, cuando quedó a cargo de las autoridades de la Aeronáutica (1979-1981). Ahora, con esta nueva documentación pudimos avanzar en reconocer los procedimientos comunes (como en lo relativo a las modalidades de selección e invitación de periodistas y referentes extranjeros), y los que cambiaron en forma evidente. En particular, en la segunda etapa se agilizó la organización de entrevistas con el presidente Videla, que redundaron en la constitución de este mandatario como una figura central de la propaganda política desarrollada sobre todo hacia el exterior.
Además, hemos analizado el proceso de selección de periodistas y el delineamiento de tres perfiles bien específicos de invitados que podían desarrollar diferentes habilidades en el marco del programa de propaganda dirigida al exterior: a) periodistas capaces de escribir artículos políticos favorables a la dictadura; b) periodistas que, sin dejar de delinear una imagen positiva de esta, expresaron las denuncias que pesaban sobre la dictadura por violaciones a los derechos humanos en un contexto en que el régimen había optado por dejar de negar y dar respuestas a dichas denuncias; c) periodistas que fueron invitados para realizar coberturas “no políticas” y turísticas de la realidad argentina. En todos los casos, se presentó como una invariante (característica común de estos trabajos) la utilización de las autorías de las y los periodistas invitados, aspecto que desplazó o evitó cualquier tipo de mención al auspicio de la Cancillería del programa de recepción oficial del periodismo extranjero.
Finalmente, en estas carpetas de la DGPyD hemos reconocido marcas o inscripciones a las cuales les conferimos el carácter de evidencias del circuito clandestino conformado entre la ESMA y la Cancillería. A través de ese procedimiento circularon personas (represores y mujeres detenidas), y también es probable que hayan existido prácticas comunes –realizadas en continuidad entre un ámbito y el otro– como consecuencia del funcionamiento de este circuito con fines tanto represivos como productivos.
Anexo







